Desde hace ocho años unas 216 personas que habitaron históricamente el sector de El 18- San Cayetano y que fueron desplazadas principalmente por el conflicto armado, han pedido el regreso a sus tierras en condiciones de dignidad y tranquilidad. El primer paso en este proceso ha sido legalizarse como Consejo Comunitario, el mismo que lograron en diciembre del año pasado.

El consejo está conformado por 63 familias afrodescendientes entre niños, niñas, jóvenes y adultos. El reconocimiento ante la Secretaría de Gobierno se formalizó en diciembre y desde ese momento se hizo el trámite de inscripción ante el Ministerio del Interior, en la dirección de asuntos étnicos. Su reto principal es que la Agencia Nacional de Tierras garantice la titulación colectiva.

Sandra Patricia Valencia, representante legal del Consejo Comunitario, señala que la conformación del grupo no fue una tarea fácil y les tomó ocho años: “Fue un trabajo muy arduo, teníamos que organizar y determinar si era mejor conformarnos como Junta de Acción Comunal o como Consejo Comunitario. Llegamos a la conclusión de que como éramos afros y mestizos de la carretera debíamos ser un Consejo Comunitario”. 

La organización Adacho, la Diócesis de Quibdó y la Agencia Nacional de Tierras apoyaron esta conformación con el propósito de otorgar garantías para la recuperación del sector denominado el 18, de donde varias familias tuvieron que huir por la violencia en 1996.

Sandra Valencia, en compañía de otras lideresas, después de varias conversaciones con abogados y el apoyo de la Diócesis de Quibdó logró reunir a las 63 familias y establecer acuerdos para la conformación del consejo. El 30 de noviembre de 2023 se realizó la asamblea mayor en el kilómetro 18, sitio conocido como La Playa. En esa reunión se socializaron los objetivos, los compromisos y el reglamento interno. La conformación fue el primero de diciembre y, el 11 de ese mes, realizaron el registro ante la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de El Carmen de Atrato, y se hizo la inscripción ante el Ministerio del Interior. “Llevamos 27 años siendo desplazados y 18 de estos defendiendo este territorio”, puntualiza Valencia.

La titularidad de las tierras 

Uno de los asuntos claves de todo este proceso ha sido la titulación de las tierras del sector El 18, zona rural de El Carmen de Atrato. Esaud Lemun Maturana, secretario general de Adacho y coordinador del comité de tierras, destaca que en el acuerdo 330 de 2018 se le asignaron 24 hectáreas y 257 metros a la comunidad afrodescendiente. “Adacho, en representación de las víctimas del conflicto armado, buscó que en 2019 se le reconociera a los afro las 24 hectáreas que ya estaban asignadas, pero pasaron siete años en silencio administrativo. Este acuerdo indica que les pertenecen 60 metros cuadrados alrededor del río Atrato, y El Palmar está dentro de los 60 metros”.

Sandra Valencia cuenta que no se ha efectuado la entrega de las tierras por parte de las comunidades indígenas por un conflicto que lleva más de nueve años, cuando las comunidades acordaron que las 24 hectáreas serían para la comunidad afro, y que otras 1.051 hectáreas serían para el resguardo indígena. Sin embargo, los líderes del resguardo desconocen que esa decisión haya sido producto de un acuerdo, y piden que les den la tierra. Mientras tanto, los afro insisten en que la tierra es suya: “Tenemos un derecho, pero ellos no hacen la entrega del territorio porque no lo aceptan”. Desde el consejo se ha pedido la intervención de la Agencia Nacional de Tierras para dar solución a la situación.

Una de las zonas en conflicto es El Palmar. Aunque las comunidades indígenas fueron notificadas de que esa zona la tenían que desalojar, por no ser parte del resguardo, a la fecha no se han ido. Incluso, los líderes del Consejo Comunitario denuncian que esa zona se ha convertido en un cementerio y que hace poco enterraron a un indígena. “Esto para nosotros representa una barrera como consejo comunitario para que podamos retomar las labores en el territorio que nos pertenece, por eso les pedimos retirar el cuerpo y enterrarlo en otro sitio”, dice Lina Marcela Carvajal, secretaria del Consejo Comunitario. 

Por su parte, las comunidades indígenas advierten que no les han brindado las garantías para desplazarse. En medio de las obras de la carretera Quibdó- Medellín el consorcio vial Latinco, trasladó a varias familias indígenas a El Palmar y nunca les asignó un nuevo lugar. Narciso Estevez Tequia, líder indígena, pide que la reubicación se haga en condiciones dignas. “No nos han brindado las garantías para el traslado. No vemos el compromiso de la Alcaldía, la institucionalidad y la empresa Latinco”.

Búsqueda de acuerdos y soluciones ante robos y amenazas

Tanto el Consejo Comunitario como las comunidades indígenas han dicho que están dispuestas al diálogo para dar solución a los temas de inseguridad y el problema de tierras. 

Sandra Valencia cuenta que han denunciado ante la Fiscalía, la Personería Municipal y el Ministerio del Interior casos de robos, maltratos y ataques, pero no hay ninguna respuesta de las instituciones. Adicionalmente, las mujeres lideresas del Consejo Comunitario solicitan acompañamiento psicosocial y jurídico: “Hago un llamado muy respetuosamente a las instituciones para que nos apoyen. A la Unidad de Protección y a las organizaciones para que nos ayuden y apoyen al máximo en esta situación”.

Isabel Cristina Rincón, presidenta de la junta de acción comunal 11, 12 y Piñón, cuenta que en esa zona se han registrado robos de gallinas, pollos, mangueras, racimos de plátano y alimentos de las cocinas. “Eso causa daño moral y tristeza. No dormimos tranquilos pensando que se nos van a llevar los productos”, dice.

María Elena Rincón vive con sus 5 hermanos en el 11, es ama de casa y maneja un restaurante. Su familia regresó a su finca hace 16 años, luego de haberla abandonado durante 14 años a causa del conflicto armado. “Hemos tenido dificultades con el ganado, ahora vemos a muchachos con drogas y que van robando. Una vez se llevaron hasta el techo de una caseta. Es una situación insostenible para todas las familias de La Trocha”, cuenta. Según la comunidad, este año más de 12 familias campesinas se han desplazado por temor ante la inseguridad y la falta de apoyo de la administración local. 

Por ello, Valencia propone trabajar en mesas de diálogo. “Pedimos movernos en esta vía carreteable sin miedo y que haya un consenso. Que todos nos podamos sentar y brindarnos esa oportunidad. Queremos vivir tranquilamente y formular propuestas conjuntas”, dice.

Por su parte Humberto Tequia, líder de la comunidad indígena El 18, avala que se llame a hacer acuerdos. “Nosotros estamos en El 18, debemos buscar una estrategia para dar solución al problema. Pedimos no hablar de manera generalizada, porque no todos los indígenas son delincuentes. Nosotros nunca hemos amenazado. Pido que se instale una mesa con todos las autoridades y comunidades indígenas e informar de inmediato cualquier situación irregular”, propone.

Jhon Fredy Ceballos, secretario de Gobierno, también hace un llamado a la unidad y a la búsqueda de soluciones para ambas comunidades. “Desde la administración se programarán mesas de diálogo y concertación permanente para darle solución definitiva a los problemas interétnicos que tenemos en el territorio. Como administración podemos hacer acompañamiento”, dice. 

Desde el 20 de febrero inició en el municipio la construcción del plan de desarrollo, la hoja de ruta de la administración de Jaime Arturo Herrera para destinar recursos a los proyectos priorizados y alineados con los objetivos territoriales durante los próximos cuatro años. 

Aunque se hicieron mesas de diálogo con diferentes sectores, el proceso ha tenido varios tropiezos. En la primera convocatoria de la Alcaldía no fue incluido el Consejo Comunitario Afro El 18 San Cayetano, ni algunas veredas del sector conocido como La Trocha. La administración sólo accedió a hacer una concertación en la vereda El 15 cuando   las comunidades enviaron un derecho de petición. Además, tampoco se convocó a la Mesa Social y Ambiental.

A esto se suma que los líderes de varios sectores del municipio han manifestado que no se sienten representados por las personas que conforman el Consejo Territorial de Planeación. Éste es el encargado, según la Ley 152 de 1994, de revisar, discutir, analizar y formular recomendaciones sobre el Plan Desarrollo Territorial y servir como instancia de participación ciudadana para garantizar que se reflejen las necesidades de la comunidad. Los líderes aseguran que los consejeros están desconectados de las organizaciones y de los gremios, además de ser apoyo político del alcalde. 

El próximo 27 de abril, Asocomunal se reunirá en asamblea ampliada con siete miembros de cada una de las juntas de acción comunal del municipio, para evaluar el proceso de la construcción del Plan de Desarrollo, pues aseguran que el borrador que revisaron no refleja lo concertado en las mesas de trabajo con la comunidad.

Este año el Plan de Desarrollo deberá ser aprobado por el Consejo Municipal y la Asamblea Departamental a más tardar el 31 de mayo. Consonante habló con distintos líderes y presidentes de las JAC para visibilizar las principales propuestas y necesidades planteadas por las comunidades. 

Solucionar el problema de tierras y los conflictos interétnicos de La Trocha

El saneamiento del territorio y el avance en los procesos de titulación de tierras es la petición más recurrente entre los campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes que viven a lo largo de la vía Quibdó-Medellín. Aunque la mayor parte de estas acciones están en manos de organizaciones estatales con carácter nacional, como la Agencia Nacional de Tierras, las comunidades piden mayor acompañamiento de las autoridades locales y que el papel de la nueva administración sea de mediador.

El principal problema es el conflicto por la tierra en el municipio. Por una parte están los siete resguardos indígenas que aseguran que no tienen suficiente espacio. Según los cálculos de los líderes que representan a El Fiera, Quebrada Borbollones, La Puria, Alto El Consuelo, Sabaletas, El Diecisiete y El Dieciocho, necesitan por lo menos 10.000 hectáreas más. Además, piden ayuda para solucionar una serie de disputas vigentes en torno a la titulación de tierras de los resguardos. “Eso no es competencia de la Alcaldía pero ellos nos pueden ayudar en la gestión. Para Sabaleta se requieren 2.000 hectáreas, para la Puria 4.000, la proyección en total son cerca de 10.000”, dice Javier Arrieta, coordinador de la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó.

Por otra parte, la lucha del Consejo Comunitario Afro El 18 San Cayetano es la recuperación de sus tierras ancestrales. A pesar de que a través de una sentencia lograron recuperar 24 hectáreas, la Agencia Nacional de Tierras aún no realiza la entrega oficial de estos predios. 

Adicionalmente, a los líderes afrodescendientes les preocupa que los indígenas también están reclamando parte de esos terrenos asegurando que están traslapados dentro de las hectáreas que pertenecen al resguardo. 

Desde Asocomunal proponen “la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de El Carmen de Atrato, teniendo en cuenta la inclusión de los corregimientos El Dieciocho, El Doce y Guaduas como está registrado en los mapas del IGAC y en los registros territoriales de la Gobernación del Chocó”. Además, la inclusión de veredas nuevas y la legalización del asentamiento del barrio La Paz, cuyos pobladores son familias campesinas víctimas del conflicto armado. 

Así como la actualización del catastro multipropósito “es más que preocupante que a pesar de que hay una oficina municipal para este propósito el avance es muy poco en esta tarea fundamental de ordenamiento de los baldíos nacionales, territorios colectivos y propiedad privada”, dice el documento con las propuestas que Asocomunal le envió a la alcaldía.

A esto se suma que en todo el municipio hay problemas con la titulación de tierras por la “falsa tradición”; algo que ocurre  cuando la venta de la tierra es realizada por personas que no son los propietarios legítimos, o que no tienen los documentos para demostrarlo. Para una lideresa de la vereda El 15, cuyo nombre no quiere que se publique, esta es una prioridad porque “en su mayoría las compras son de boca y algunos ni siquiera cuentan con un papel de compra venta”, explica.

Algo similar pasa en el Pueblo de la Memoria Histórica donde los pobladores carecen de títulos de propiedad de sus parcelas a pesar de que se asentaron allí hace 27 años como una estrategia de resistencia contra la guerra.

Además del saneamiento del territorio, los líderes y lideresas de estas comunidades piden acompañamiento psicosocial para la solución de los conflictos interétnicos que se presentan en la zona. Y que la Alcaldía dé continuidad a los diálogos interétnicos que se plantearon desde el año pasado.

Proyectos productivos y apoyo para la comercialización

El Carmen de Atrato es el único municipio del Chocó en el que se produce café. Sin embargo, los caficultores no tienen quién les compre el producido en el municipio, pues las dos cooperativas cerraron el año pasado. Los campesinos tienen que ir hasta Ciudad Bolívar, en Antioquia, para vender su café o acomodarse al precio de los particulares, que no es favorable. A esto se suma el alto costo de los insumos. Su petición es que la Alcaldía incluya en el Plan de Desarrollo Municipal un verdadero apoyo para la comercialización de los productos del municipio.

“Lo que yo veo que necesitamos es un mejor mercado con mejores precios para lo que producimos. Igualmente que se facilite para los campesinos la compra de los fertilizantes puesto que es muy difícil conseguirlos en el mismo municipio y cuando se consigue es a un precio muy elevado; haciendo que los gastos de producción sean muy altos y el campo sea poco rentable”, comenta Fabián Betancur, caficultor del municipio.

Los caficultores no son los únicos afectados por la situación. Un productor de papa criolla debe vender el kilo del producto a aproximadamente 3.000 pesos para poder recuperar parte de su inversión. Sin embargo, los tenderos casi siempre prefieren comprar la papa en Medellín, donde el kilo puede costar 2.000 pesos, por lo que les resulta mejor negocio. Lo mismo pasa con productos como la cebolla, el plátano y algunas frutas.

A esto se suma la propuesta de otros campesinos que, aunque tienen tierras fértiles, no han podido consolidar un proyecto proactivo por falta de recursos. "Una como campesina lo que necesita es tierra, pero para que una tierra si una no tiene plata pa’ trabajar. Y si, digamos, qué pudiera sembrar y cultivar, sería súper hacer nuestro propio café y nuestra propia marca de café" cuenta una mujer de la vereda La Argelia. Su petición es capacitación y capital semilla para iniciar un nuevo negocio.

Desde Asocomunal plantean el fortalecimiento agropecuario que responda a  las necesidades,  las tradiciones y cultura de los pueblos; que incluya: tecnificación agrícola y fortalecimiento de procesos de transformación, diseños de marca y comercialización. Además de fortalecimiento de propuestas productivas de café, frijol, maíz, aguacate, granadilla, gulupa, mora, tomate de árbol y lulo. Así como apoyo a la producción de especies menores, ganadería sostenible y turismo sostenible.

Esta también ha sido una petición de las comunidades indígenas, quienes piden proyectos productivos que se adapten al suelo.

Atención a los jóvenes 

Otra de las prioridades de las comunidades son los jóvenes. Para los delegados y presidentes de las Juntas de Acción Comunal, el incremento de consumo de sustancias psicoactivas y la prostitución es una preocupación latente y debe de ser una prioridad en el plan de desarrollo. “Los jóvenes son el futuro y tienen que tener la mente ocupada. Acá hay prostitución, drogadicción, pero yo creo que si tienen una meta o un proyecto en qué trabajar puede que las cosas cambien”, comenta una lideresa que pidió reservar su nombre por seguridad.

Para Maria Alejandra Serna, integrante del Consejo de Juventudes y líder Juvenil campesina, la prioridad es aumentar las oportunidades de empleo y encontrar estrategias pedagógicas para hacer frente a la drogadicción: “yo he encontrado muchos jóvenes que dicen que no pueden conseguir trabajo, envían hojas de vida y nada, se necesitan más oportunidades. También el tema de la drogadicción, falta más autoridad, enseñanza, advertencia”, comenta.

También opina que se debe trabajar por aumentar el sentido de pertenencia: “Además de proyectos en los que se puedan incluir jóvenes que no tienen una carrera, o la manera de estudiar, sería bueno tener capacitaciones para tener sensibilidad a lo propio, a veces son los jóvenes quienes dañan el mismo territorio”.

A estas problemáticas se suma el tema de salud mental. En 2023 se suicidaron dos jóvenes, de 22 y 14 años en las comunidades indígenas Santa Isabel y El Doce; y hubo cuatro intentos de suicidio de cuatro mujeres entre los 12 y 20 años.Además, en 2022 hubo siete suicidios en jóvenes y 15 intentos de quitarse la vida. Situación que ha alertado de la urgencia de que la política pública atienda  la salud mental en los pueblos indígenas de El Carmen de Atrato. 

Al respecto, el alcalde Jaime Arturo Herrera dijo en entrevista con Consonante que su prioridad el primer año sería “recuperar a la juventud”: “porque hoy el 40 o el 50 por ciento en la cabecera municipal se está yendo por el camino de las drogas y el del alcoholismo”. Su propuesta es crear un centro de rehabilitación dentro del municipio.

Fortalecimiento y apoyo a las organizaciones sociales

Otra de las solicitudes es que la nueva alcaldía fortalezca e incluya en la discusión pública a las diferentes iniciativas de carácter social que existen en el municipio. Entre ellas la Plataforma del Campesinado, la Fundación Mesa Social y Ambiental, los Guardianes del Río Habita, Agroecotur y Asocomunal, que reúne a más de 800 personas. 

“Requerimos que en el plan de desarrollo 2024- 2028, se apruebe una partida presupuestal para el funcionamiento de la Asocomunal y con ello garantizar la participación activa de todas las juntas en el proceso, además de que a través de este rubro podamos cumplir con nuestra función de capacitar, apoyar y continuar acompañando el fortalecimiento de las mismas”, solicitan desde Asocomunal.

También piden capacitación y formación; apoyo económico o incentivos y la contratación de las organizaciones para la ejecución de recursos públicos y de compensaciones ambientales o sociales.

En agosto de 2023 se inició la construcción de ‘La Casa de la Mujer y el Artesano’ en el Carmen de Atrato. Aunque esta inicialmente debía entregarse en un plazo de seis meses, es decir, en febrero de 2024, no va ni por la mitad, ya cumple ocho meses de construcción. “Hay aproximadamente un 40 por ciento de avance. Ya tenemos prácticamente culminado todo lo que es el esquema estructural y estamos pendientes de iniciar con la obra gris y la obra blanca”, asegura Cristian Ruiz, secretario de Planeación.

El contrato lo firmó el exalcalde Jaiberth Ríos, el 25 de julio de 2023, por un valor superior a los 2.000 millones de pesos con el Consorcio Carmen Atrato, conformado por las empresas Cobertura Global S.A.S. y Construobras F.D.C.S.A.S. Las obras iniciaron el 8 de agosto, sin embargo, no han avanzado como se tenía planeado por problemas estructurales que no se tuvieron en cuenta en la formulación del proyecto por la administración de Ríos. “Hubo unos detallitos en temas arquitectónicos y estructurales que tuvimos que ir solucionando sobre la marcha. Fue un proyecto que el que lo diseñó no tuvo en cuenta el terreno de acá ni los espacios, entonces hubo temas que tuvimos que solucionar y eso nos retrasó”, agrega Ruiz.

Según Ruiz, la administración del actual alcalde Jaime Herrera, recibió la obra en un 20 por ciento de ejecución. Asegura que desde ese momento han encontrado problemas con el pozo del ascensor y la reserva del agua para el sistema contra incendios, lo que hacía que el edificio no cumpliera con la normatividad. A esto se suma las pausas por las lluvias y los recesos de diciembre y de las fiestas de los Reyes Magos a inicios de enero.

Sin embargo, más allá del retraso, el reclamo de las mujeres en el municipio es por la falta de información y socialización de la obra. Aunque el proyecto fue propuesto por la alcaldía de Jaiberth Ríos para el “desarrollo integral de las mujeres y emprendimiento para los procesos productivos, laborales y sociales”, a la fecha se desconocen cuáles serán los programas ofertados allí.

Lo único que se sabe, y que repiten los funcionarios de la alcaldía actual, es lo que está en el contrato: en el edificio de tres plantas van a funcionar locales comerciales, oficinas y un auditorio. Pero las mujeres no saben quiénes van a poder acceder a ellos, cómo será el proceso de elección de quienes usarán estos espacios, cuántos cupos habrá y cómo esto va a ayudar a solucionar las problemáticas que viven a diario las mujeres del municipio.

“Alcanzo a ver que son tres pisos, pero no conozco la fecha de entrega, ni cuántas oficinas, ni qué va a pasar allí”, comenta Olga Isabel Acevedo Zapata, quien tiene un proyecto de manualidades y artesanías. Como Olga, varias mujeres del municipio manifestaron lo mismo.

“En relación a la casa de la mujer sé que están construyendo una pero no sé bien qué es ni para qué es, sé que van a quedar ahí las mujeres artesanas, pero no sé nada más”, agrega Nora Sofia Aguilar, comerciante carmeleña.

A la falta de información se suman otros factores como la ausencia del enlace de género en la nueva alcaldía y una nula socialización de la política pública de género. Estos hechos preocupan a las mujeres del municipio. “En este momento la alcaldía ni siquiera ha contratado el enlace de mujer y género, entonces eso también representa un retroceso, una lentitud en todo lo que tiene que ver con los programas encaminados a mujer y género”, comenta Natalia Mazo, líder y excandidata a la alcaldía.

Desde la administración de Herrera, a pesar de que ya van casi cuatro meses de mandato, todavía no tienen programas ni proyectos para las mujeres del municipio. “Estamos en la elaboración del plan de desarrollo donde se está formulando apenas las estrategias de acción basadas en las necesidades de toda la comunidad carmeleña”, dice Cristina Ruiz, primera dama y gestora social.

Las prioridades de las mujeres siguen siendo el empleo y la atención psicosocial

Las lideresas han advertido en varias ocasiones que lo que se necesita es abordar problemas como el desempleo, para atender las necesidades económicas y sociales de las mujeres en el municipio. 

Según datos del Dane en 2022 el Chocó fue el tercer departamento con la mayor tasa de desempleo de mujeres del país con un 17,3 por ciento, después de Tolima y Cesar. En el departamento hay una brecha entre hombres y mujeres de 7,6 por ciento. Cifra que se agrava para las mujeres rurales: la mayor brecha en la tasa de desocupación entre mujeres y hombres en el trimestre noviembre 2023 y enero 2024 en todo el país se presentó en centros poblados y rural disperso.

Nora Sofía Aguilar es comerciante y tiene un hotel. Para Nora, la principal barrera para acceder al empleo es la falta de capacitación y la poca independencia económica: “A veces hay mujeres que quieren salir adelante, pero no son capaces por falta de mucha capacitación o más ayuda en la parte económica”, explica. 

Para Nora una de las soluciones es apostarle a la mujer campesina: “me gustaría mucho que las mujeres se empoderaran en la parte agrícola, porque El Carmen de Atrato fue una despensa agrícola y en este momento se ha dejado muy aparte este tema, aquí la mayoría de gente tiene su tierra y sería bueno que las mismas mujeres vuelvan a cultivar y sacarle un tiempo al campo, hasta inclusive en los solares se podrían sembrar lechuga, repollo y zanahoria”.

Para eso, complementan otras mujeres, es necesario crear programas de capacitación para mujeres emprendedoras: “A veces uno puede tener la idea pero no sabe cómo desarrollarla o cómo llevarla a cabo, por eso es bueno que nos puedan asesorar en cómo iniciar y cómo dar continuidad a su proyecto, a las mujeres nos falta acompañamiento en capacitaciones y en recursos porque podamos iniciar cualquier proyecto”, opina Olga Isabel Acevedo.

Dora Agudelo Vázquez es ama de casa, artesana, repostera y ambientalista. Para ella el problema es tan grave que incluso las mujeres que son profesionales encuentran muchas barreras y pocas oportunidades para emplearse.  “Se deberían ofrecer oportunidades de empleo con horarios flexibles en donde las mujeres puedan atender sus demás responsabilidades, sus hijos, y donde se generen espacios para la articulación social de las mujeres”, propone Agudelo.

Todas acuerdan que se deben tener en cuenta las labores de cuidado a la hora de hablar de estas oportunidades. “Las principales problemáticas para las mujeres en El Carmen son en términos de oportunidades: de estudio, laborales, para las mujeres emprendedoras. Sigue siendo un tema muy complejo el que la mujer pueda distanciarse de sus labores del hogar para que tenga el espacio de estudiar, o de trabajar”, agrega Natalia Mazo.

Otra de las solicitudes es que las estrategias tengan un enfoque diferencial. “Las mujeres afro no tenemos mucha cabida en El Carmen. No hay una oficina que atienda las necesidades de las mujeres afro, y menos las mujeres afro en el campo. Hay que tener proyectos de acuerdo con las necesidades: que se les entreguen los títulos, que tengan acceso a créditos blandos para que ellas puedan cultivar y que se tengan más en cuenta a las mujeres”, opina Anny Yulieth Rodríguez, lideresa del consejo comunitario afro de El 18.

Las propuestas de las mujeres para La Casa

En medio de la ausencia de información, las lideresas del municipio tienen muy claro para qué debería servir esta nueva estructura. Anny Yulieth Rodríguez propone la construcción de un espacio para que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar puedan pasar la noche: “debe tener una oficina que atienda las necesidades de las mujeres, una buena atención y orientación psicológica. Incluso debería tener una habitación para cuando las mujeres llegan con problemas familiares”, comenta.

Dora Agudelo Vázquez asegura que La Casa de la Mujer debe ser un lugar de capacitación: “A mí me gustaría que hubiese espacios de escucha y de empoderamiento, capacitación y talleres continuos y no esporádicos en donde se capacite a las mujeres, se empoderen y allí mismo cuenten con espacios para comercializar sus productos: artesanías y sus obras manuales”, propone.

También piden que haya atención psicológica. “Yo me imagino que allí se podría ayudar a las mujeres más vulnerables, que exista una parte donde haya psicólogas y otra parte donde se impulse a las mujeres emprendedoras”, expone Nora Sofía Aguilar.

“Espero que ese recinto que están construyendo se vuelva un refugio para las mujeres, que no sea solo cemento. Sino que la mujer vaya y encuentre no solo un apoyo psicológico, emocional, sino que encuentre oportunidades y soluciones a sus problemáticas”, puntualiza Natalia Mazo.

Si hay un pueblo en Colombia que tenga un pasado libertario es Tadó. En sus tierras se gestó el levantamiento de personas esclavizadas más grande del país, liderado por su propio rey: Barule. Y con la negra Agustina, el primer acto de rebelión de una mujer en el Chocó. Con ellos no solamente se sentaron las bases de la independencia de todo el departamento, sino que le dieron al municipio un nuevo reconocimiento: se convirtió en el pueblo rebelde del Chocó.

Según la historia oficial, el 19 de marzo se cumplieron 491 años desde su fundación el 19 de marzo de 1533. Por eso, y en honor a San José, desde el 10 hasta el 19 de marzo se celebraron varios actos religiosos en el municipio. Se hicierion eucaristías, novenarios y la imagen del santo pasó por diferentes lugares como el hospital, la catedral y la guardería García Gómez. Además, cada barrio lideró varias actividades lúdicas y el alcalde decretó como día cívico este martes.

A propósito de la celebración, en Consonante le contamos cinco datos que dan cuenta de la riqueza histórica del municipio.

1. No se sabe cuántos años exactamente tiene Tadó

Hoy hay controversia sobre cuántos años tiene el municipio. La fecha “oficial” es la del 19 de marzo de 1533, que fue cuando por primera vez llegaron esclavistas españoles al territorio. Según cuenta Wilson Murillo, historiador tadoseño, esa es la primera historia reseñada, pero no es la única.

“Cuando hablamos de Tadó algunos interpretan al municipio como la cabecera municipal y otros como debe ser: a Tadó como territorio. Si lo miramos así, en 1533 fue el año en que por primera vez llegaron al territorio esclavizadores y personas africanas sometidas a la esclavitud, después de subir el río Andagueda y caer al San Juan, llegando a Monte Carmelo”, explica Murillo.

La otra fecha en discusión es 1728, que fue cuando se creó el Palenque de Tadó. “Los esclavizados dijeron en ese momento ya no más, por eso Tadó es un pueblo de reivindicación, de lucha, somos herederos de Barule y tenemos un pensamiento Baruleano, que es luchar por la libertad, la superación y la liberación”, agrega el historiador. Además, fue en 1821 que se dio la creación de Tadó como distrito del cantón de San Juan y se convirtió en municipio, creado bajo la ley octava de la República. Desde esa perspectiva se contarían 203 años.

Por su parte, el también historiador Hermes Sinisterra, dice que Tadó realmente está cumpliendo 296 años: “El pueblo en el que estamos viviendo hoy solo está cumpliendo 296 años, esto a partir del hecho cierto de que Pueblo Viejo (donde estaba antes) fue incinerado en febrero de 1728, entonces ¿cómo el Tadó que habitamos va a tener tiene 491 años?”, comenta Sinisterra.

Para Leviston Perea, líder del municipio, las cuentas no dan incluso teniendo en cuenta la fecha oficial. “En 1984 se celebraron los 400 años de Tadó, ese mismo día fue inaugurado el puente que pasa sobre el río San Juan. Con el municipio de Istmina nos orientamos teniendo presente que primero fue creado Tadó como municipio, y hacía parte de la Provincia del cantón del San Juan perteneciente a la región del Cauca”. Con esto en cuenta, Tadó estaría cumpliendo 444 años.

2. Tadó tuvo el levantamiento de personas esclavizadas más grande de la historia del país 

Desde el 1 de noviembre de 1727 se tiene registro del inicio de la lucha del rey Barule, un esclavo que fue traído de Jamaica a Tadó y decidió rebelarse contra la corona española. Barule no se sometió y buscó otros aliados para emanciparse, por eso nació el Palenque de Tadó y la primera lucha libertaria que se hizo en el Pacífico colombiano.

Según la serie documental ‘Invisibles’, de Señal Colombia, donde se cuentan las historias particulares y colectivas de afrodescendientes que hicieron aportes significativos a la construcción de Colombia, Tadó tuvo el levantamiento de personas esclavizadas más grande de la historia del país en noviembre de 1727. Aunque empezaron unos pocos, bajo el liderazgo del rey Barule, más de 2000 cimarrones se congregaron en Tadó y lucharon contra el ejército español. Desde ese momento lograron autonomía administrativa, cultural y política. Unos meses después, en 1728, Barule y sus aliados fueron encerrados y asesinados.

Tras este levantamiento de personas esclavizadas en el Chocó se sentaron las bases de la independencia del departamento y con esto un modelo de producción nuevo basado en la minería. El palenque de Tadó terminó desatando una cadena de asesinatos de amos en otras partes y despertó una especie de red con la que intentaron poner en jaque el sistema esclavista de Popayán y las ciudades cercanas.

3. En Tadó se dio el primer acto de rebelión de una mujer en Chocó

Agustina fue una de las primeras personas esclavizadas que llegaron al Tadó antiguo, conocido como Pueblo Viejo, en el año de 1795. La mujer adelantó un proceso de denuncia contra su esclavista Miguel Gómez por abusarla y haberla dejado embarazada. 

Aunque lo denunció ante las autoridades españolas, la ‘justicia’ de ese entonces determinó que debía ser azotada como castigo, causándole un aborto. Ante tal injusticia, la mujer incineró la hacienda de Miguel Gómez. Este fue el primer acto de rebelión de una mujer registrado en Chocó, incluso provocó revueltas en diferentes sectores de la región.

Hernán Valderrama, exdiputado y líder del municipio, reseña a Agustina como una mujer que “se enfrentó a sus opresores que la hicieron abortar y quien arremetió contra su amo”. Incluso, Wilson Murillo, se atreve a decir que fue la primera mujer de América que tuvo la valentía de luchar y enfrentarse a su esclavista por razones de género.

4. Tadó nació en Carmelo

El primer lugar que conformó Tadó es el corregimiento de Carmelo, antes llamado Monte Carmelo. De allí la comunidad se trasladó a Pueblo Viejo y luego, al casco urbano. Este fue el primer rey de Minas del Chocó. Era la categoría que se le daba a una localidad o distrito donde su principal actividad económica era la minería. Fue un título, según historiadores, instalado por la corona española para promover actividades económicas a partir de la extracción de minerales.

“El nombre de Carmelo se dio en honor a la virgen Carmelita o del Carmen, el significado de Carmelo en hebreo quiere decir tierra fértil, y fue la tierra prometida que Moisés no pudo pisar. De acuerdo a los informes que Sergio Arboleda y Nicassio Arboleda enviaron a Popayán en Carmelo la corona española hicieron su primer campamento”, indica Helmer Sinisterra. 

Lo mismo manifiesta Wilson Murillo, otro historiador tadoseño, quien asegura que las primeras personas esclavizadas fueron traídas por españoles después de pasar por los ríos Atrato y Andágueda el 16 de julio del año 1533. Por eso, para muchos historiadores Tadó cumpliría 491 años.

5. Tadó ha tenido dos nombres y se debe a tres santos

Según Helmer Sinisterra, en el año de 1772 fue la primera consagración del municipio de Tadó a un santo, por eso el primer nombre de Tadó fue San Francisco.Hoy un barrio lleva ese nombre. El cual fue consagrado por el reverendo Francisco Antonio Cerezo. 

Sin embargo, cada compañía religiosa que venía al Chocó adoraba a un santo; los jesuitas, en el año de 1800, cambiaron el nombre de San Francisco por San José de Tadó, como es ahora conocido.

El historiador tadoseño resalta que en el año de 1900 los marianos a través del padre Salazar consagraron a Tadó con la virgen María o la virgen de La Pobreza.

Los primeros barrios fundados en Tadó fueron San Francisco y Modelo, después del incendio de 194. Estos barrios fueron organizados por el padre Francisco Onety que también fue el encargado de organizar las festividades en honor a la virgen de la pobreza.

El dato: Tadó en Katio significa sal profunda, río de sal y en lengua africana significa muralla.

Desde el 5 de febrero varias instituciones en municipios del sur del departamento han tenido dificultades para recibir a los alumnos por problemas con la infraestructura, falta de cupos y de profesores. Lo único que parecía estar listo, según anunció la Secretaría de Educación Departamental, era la contratación del PAE y el servicio de transporte escolar para los 12 municipios no certificados. Los dos contratos con mayor presupuesto en el ámbito educativo.

Este año el contrato para el servicio de transporte escolar se firmó desde finales de 2023 con la Unión Temporal Aleewaa, conformada por las empresas Transportes Relaturg (en su tercer contrato para este servicio) y Express Caribe Radiante. El tiempo de ejecución del contrato es de 87 días calendario escolar y se dio por un valor de 28.736 millones de pesos.

Sin embargo, en algunas veredas de Fonseca y San Juan del Cesar aún no llegan los buses ni las camionetas. Además, aunque la Gobernación aseguró que este año se aprobaron más rutas y vehículos, para los líderes de varias veredas todavía es insuficiente.

En la vereda Los Toquitos, en Fonseca, el servicio no ha iniciado, además, la comunidad prevé que no será suficiente, pues llevan pidiendo más cupos para todos los niños desde el año pasado. “Para este año estamos en la misma situación. Es complicado porque además de la intermitencia, son camionetas viejas, con llantas en mal estado y van con sobrecupo. Este año tenemos más niños, es un solo carro para Quebrachal y Los Toquitos, donde quebrachal tiene 20 niños y Los Toquitos 21. Son 41 niños, no es suficiente, así es imposible que nuestros niños estudien”, denuncia Díaz.

Para Fonseca y sus veredas el año pasado se aprobaron 16 vehículos y 16 rutas. Este año, según la respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, solamente se aumentó una ruta y un vehículo. Por su parte, para San Juan del Cesar, el año pasado funcionaban 43 vehículos que cubrían las 38 rutas aprobadas. Mientras que para este año fueron asignados 50 vehículos y se aprobaron dos rutas más que el año anterior.

Un historial de contratos con tintes políticos

Este es el tercer contrato para prestar el servicio escolar en los 12 municipios no certificados que obtiene la empresa Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira “Transportes Relaturg”. En 2018 y 2019 (periodo que se alargó hasta 2022 por la pandemia) la empresa resultó ganadora de los contratos en medio de licitaciones públicas que tuvieron varios reparos. El común denominador en cada proceso fue que el gobernador o gobernadora de turno tenía el respaldo político del clan Nueva Fuerza Guajira, liderado por Alfredo Deluque, actual senador del partido de la U en la comisión primera.

Transportes Relaturg tiene más de 20 años de experiencia en el sector del transporte en el departamento. La empresa era propiedad de Edgar Acosta Romero quien falleció en 2021 y era primo del exministro de minas Amilkar Acosta, y excandidato a la alcaldía de Riohacha por el partido Conservador. En el departamento se dice a voces que los Deluque y los Acosta siempre han sido aliados políticos. 

El primer contrato para prestar el servicio de transporte escolar en los 12 municipios no certificados del departamento se firmó en 2018 con Tania María Buitrago, quien fue designada por el expresidente Juan Manuel Santos como Gobernadora Encargada de La Guajira. Buitrago fue presentada como parte de una terna entregada por el Partido Conservador y el Partido de la U para culminar el período del suspendido gobernador Wilmer González Brito.

También es conocida por ser uno de los alfiles políticos del grupo de Alfredo Deluque. Él mismo celebró el nombramiento en su momento: “Fui un incansable luchador del tema de la terna, no porque tuviera algo en contra del gobernador Weildler Guerra Curvelo, ni su equipo de trabajo, todo lo contrario en muchas ocasiones me puse a la orden para ayudar en lo que estuviera a mi alcance en favor de La Guajira”, dijo el congresista.

El proceso de adjudicación del contrato, que finalmente fue por 28,881 millones de pesos, inició siendo polémico. Desde que se lanzó la licitación, el entonces director del área de licitaciones, Manuel Durango García, envió un oficio a la Gobernación pidiendo que se modificaran varios aspectos del pliego de condiciones pues impedían la pluralidad de oferentes.

A esto se suma que la propuesta de Relaturg era 2.537 millones de pesos más alta que la del otro proponente, la Unión temporal Guajira 2018, cuya propuesta era por 24.869 millones. En ese momento, Yamir Durán, representante de la Unión Temporal Guajira 2018, envió un documento al procurador Fernando Carrillo y al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez denunciando que el tiempo del proceso para concursar se alargó injustificadamente.

Aunque el contrato fue firmado finalmente por la representante legal de la empresa, Yolanis Beatríz Varela, en la audiencia pública para definir quién se quedaba con la licitación, la persona que fungió como apoderada legal de Relaturg fue Rita Deluque, prima del mismo Alfredo Deluque.

En 2019 el contrato de transporte escolar fue adjudicado a la unión temporal Eikajuluin, que estaba conformada por Relaturg, con una participación del 99 por ciento, y la empresa Busservi del Caribe S.A.S con solamente el uno por ciento. El encargado de firmar fue el gobernador encargado, John Fuentes, cinco días antes de que se posesionara Nemesio Raul Roys, quien llegó a la gobernación apadrinado por Alfredo Deluque. El contrato fue por un costo superior a 27.926 millones de pesos.

En ese momento, en redes y algunos medios, se denunció  que Édgar Acosta tenía aparentes intereses en la campaña de Nemesio Roys a la Gobernación y que en la sede de la empresa había vallas publicitarias de estos candidatos, así como en varios buses. 

Aunque Acosta negó ese apoyo, según el reporte de Roys al Consejo Nacional Electoral, para su campaña en 2019, uno de los contribuyentes fue José Domingo Acosta Hernandez, uno de los 16 hermanos de Édgar Acosta Romero, quien aportó 18 millones de pesos.

Este proceso de licitación también tuvo el mismo problema del primero. La Procuraduría General de la Nación solicitó al entonces Gobernador de La Guajira, John Eduardo Fuentes Medina, aclarar la forma como se definieron los requisitos para escoger a la empresa. 

Además, al proceso de licitación final solo se presentó la unión temporal Eikajulin después de que la gobernación tomara la decisión de no realizar el anticipo del contrato, dejando sin la posibilidad de participar a seis empresas que estaban interesadas. Este contrato estuvo atravesado por la pandemia, por lo que en medio de prórrogas terminó funcionando hasta septiembre de 2022.

El contrato para 2024 fue firmado el 17 de noviembre de 2023, dos semanas después de la elección de Jairo Aguilar Deluque, primo y alfil principal de Alfredo Deluque en las elecciones. Aguilar es de la misma línea de Nemesio Roys, incluso fue nombrado Secretario de Gobierno de La Guajira durante su administración.

La encargada de firmar el documento fue la gobernadora Diala Patricia Wilches, cercana al congresista Alfredo Deluque. Wilches formó parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de él en la Cámara de Representantes de Colombia entre 2015 y 2016. Además, la jefe de la oficina asesora de contratación del departamento, encargada de revisar el contrato, fue Rita Deluque.

El contrato de transporte escolar para los 12 municipios no certificados de La Guajira no es el único que tiene Relaturg actualmente. Según una investigación de El Tiempo, la empresa  está contratada para ejercer “control y seguimiento” al suministro de los 40 carrotanques contratados por la Ungrd para entregar agua en el departamento. Un contrato por un poco más de 133 millones de pesos.

Además, tuvo otros tres contratos en 2023: dos para el transporte escolar de niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad en Riohacha, por valores de más de 1.600 millones de pesos cada uno; y otro para transportar al contralor de La Guajira, por 21 millones de pesos. También fue contratada durante 2022 para prestar el servicio de transporte escolar en Riohacha, por 3.806 millones de pesos; y en Barranquilla por más de 7.700 millones.

Por su parte, Express Caribe Radiante, es una empresa de transporte de pasajeros, actividades de operadores turísticos y organización de convenciones y eventos comerciales ubicada en Santa Marta. 

El antiguo representante legal, y propietario del 80 por ciento de la empresa, es Daniel Elías Ceballos Brito, diputado de La Guajira por el partido ASI, uno de los partidos que conformaron la coalición que le dio el aval al actual gobernador Jairo Aguilar Deluque.  Daniel Ceballos y su padre Rafael Ceballos Sierra exalcalde de Riohacha, apoyaron a Jairo Aguilar Deluque para la gobernación.

Durante 2022 la empresa de Ceballos prestó el servicio de transporte escolar en Manaure, Maicao, Uribia y Riohacha. Contratos que lo llevaron a transitar dos demandas de pérdida de investidura que terminaron siendo negadas. Además, en 2023 fue contratado para prestar el servicio de transporte terrestre especial para los funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd) en el departamento “con ocasión a la temporada de lluvias y huracanes”. Un contrato de 56 millones de pesos.

Las inconsistencias

Aunque no es contra la ley contratar continuamente con el mismo operador en procesos de licitación pública, Óscar Hernández, gerente regional de la Alianza para las Contrataciones Abiertas, una organización que trabaja para lograr que la información de compras públicas en el país sea accesible, recomienda revisar los procesos para asegurar que sí se esté dando pluralidad de oferentes y se descarten posibles hechos de corrupción.

 “Lo primero que hay que ver es sí se  están presentando otros proveedores a competir. Si la respuesta es no y año tras año se le sigue adjudicando al mismo a través de un proceso que “es competitivo”, entonces hay que preguntarse cómo está estructurado ese contrato y si se está generando de alguna forma una barrera de entrada para los demás proveedores. Porque sabemos que muchas veces se hacen licitaciones públicas que ya están amarradas”, apunta el experto.

Transportes Relaturg ya ha sido protagonista de varios escándalos por presentar documentos falsos durante los procesos de licitación y, presuntamente, tener vehículos en mal estado. En 2022 se presentaron nuevamente para obtener el contrato de transporte escolar, pero en medio del proceso la otra empresa que estaba participando denunció que uno de los documentos aportados por Relaturg era falso. 

Esto llevó a que el juez declarara desierto el proceso de licitación el 19 de septiembre, después de verificar las pruebas y adelantar una audiencia pública. De acuerdo a la Superintendencia de Transporte, el paz y salvo que Relaturg  anexó al proceso de licitación para la prestación del servicio de transporte escolar, correspondía a otra empresa de transporte. 

Además, en 2019 la empresa Unión Temporal Guajira 2018 denunció que, supuestamente, Relaturg no contaba con buses con aire acondicionado y que habrían utilizado camionetas de segunda mano provenientes de Venezuela. También que los certificados que presentó del curso de seguridad vial que debían tener los conductores no contaban con el aval del Sena y que, al parecer, sus vehículos estarían matriculados en Venezuela y no en Colombia, como lo pedían los requisitos de la licitación en ese entonces.

El precio de los pasajes en mototaxis subió este año 500 pesos en la zona urbana y 4.000 pesos por trayecto en la zona rural, esta modificación en los precios se realizó sin hacer una socialización previa con la comunidad. Los pasajeros, que a diario hacen uso de ese transporte, reclaman que no hay una planilla que deje claro cuánto cuesta el servicio.

En Tadó hay 600 mototaxis y motocarros, dado que este es el principal medio de transporte de sus habitantes, y a su vez, la mayor fuente de empleo en los hogares. Sin embargo, en este municipio el mototaxismo no está legalmente constituido y es un transporte informal.

Hasta el año pasado, un pasaje en mototaxi por persona costaba 2.000 pesos antes de las 8:00 de la noche, luego de esta hora el servicio valía  3.000 pesos. Ahora, para ambos horarios el trayecto tuvo un incremento de 500 pesos por servicio, algo que afecta a las comunidades que cuentan con menos recursos. Por otro lado, en la zona rural los pasajes subieron hasta 4.000 pesos. Por ejemplo, antes, transportarse a Playa de Oro costaba 8000 pesos,  ahora el pasaje está en los 10.000 pesos; mientras que  en otras zonas, como Mumbú, el trayecto oscila en los  20.000 pesos, o a Tabor en 15.000 pesos, un incremento en ambos pasajes de 4.000 pesos con respecto al 2023. 

¿Qué dice la gente?

Desde comienzos de este mes hay inconformidad de algunas personas de la localidad, debido al incremento del pasaje y la falta de claridad en las tarifas. Sandra Perea, habitante de Tadó, cuenta que sus ingresos son insuficientes como para  pagar 5.000 pesos en una salida. “Entiendo que los mototaxistas tienen un gremio, pero no estoy de acuerdo con ese incremento. Deben hacer una reunión y hablar con la comunidad, en esto debe haber un diálogo. Se sabe que la gasolina está cara y con esos 5.000 pesos en una salida puedo usarlo en el almuerzo”, agrega.  Perea puntualiza que sus hijos deben pagar mototaxis para ir a estudiar y cuando no les alcanza, les toca caminar. 

“Cuando me dijeron que un trayecto costaba 2.500 pesos me sorprendí, porque la economía está muy difícil y pagar hasta 1.000 pesos más es muy duro. Me di cuenta cuando me monté al vehículo y el conductor me dijo de la nueva alza. Le respondí que ellos no tenían la culpa, pero los invité a que se reunieran y revisarán cómo está la situación económica en la localidad”, dice una mujer que pidió no revelar su nombre. 

Por su parte, el gremio de mototaxistas informa que el aumento se dio luego de una reunión con los conductores. Se acordó un aumento de 500 pesos por pasaje en sectores cercanos y para los barrios Reinaldo, San Pedro, y Villas del Remolino este tiene un costo de 3.000 pesos. A pesar de que  estas  distancias no superan los  10 minutos.

Además, aclaran que no todos son propietarios de los vehículos y que deben entregar utilidades a los dueños entre los 35.000 a 40.000 pesos por día, lo que hace que las tarifas tengan que aumentar. 

Jefferson Hinestroza, conductor de mototaxi, asegura que hay gente que pelea cuando se les cobra los 2.500 pesos y él prefiere mantener el precio para evitar problemas. “Hay quienes se quejan cuando uno le cobra los 500 pesos de más, pero yo no lucho con ellos y les recibo los 2.000 pesos, y les recalco que la gasolina subió y también tenemos cosas por responder”, agrega. El galón de gasolina actualmente está en 16.200 pesos y para tanquear sus motos gastan al día 32.000 pesos.

Nelson Ampudia, uno de los líderes del gremio de mototaxistas, afirma que con este servicio se sostienen muchos hogares en Tadó y pide a la gente entender que no puede mantenerse el mismo precio. “Entre líderes y compañeros concertamos que se debe subir la tarifa y buscamos a las autoridades competentes como el alcalde, el secretario de Gobierno y les comunicamos que no podemos sostener la tarifa y por eso el alza. Necesitamos un consenso”, dice.

“Al principio hubo inconvenientes porque algunos mototaxistas cobraban 2.500 pesos y otros 3.000 pesos y por eso se hizo la reunión, para que se pida lo mismo. La comunidad tadoseña hoy se queja por el alza del pasaje, pero no dicen nada por el incremento del precio de los productos de la canasta familiar, como  el queso, la carne, el huevo, el pollo, y el pescado”, puntualiza.

¿Qué dicen las autoridades?

Deisner Luis Palacios Mosquera, secretario de Gobierno, aclara que hasta el momento no se ha aceptado que aumenten las tarifas. “Este es el principal medio en el cual se mueven los habitantes del municipio. Es importante manifestar que el mototaxismo es un medio de transporte informal y que no está regulado como transporte público por la normatividad colombiana. Hemos venido trabajando con ellos, ya que decidieron para el año 2024 establecer unas nuevas tarifas, toda vez que aducen que se elevó el precio de la gasolina, de la canasta familiar, y están afectados con las alzas”, indica.

Según Palacios, el gremio de mototaxistas estableció una tarifa de 2.500 pesos para lugares cercanos y 3.000 en zonas lejanas. Sin embargo, aclara que estos precios no están regulados y desde la Alcaldía se pidió revisar el tema: “Le manifesté al gremio de rapimoteros la necesidad de que se pusieran en los zapatos de la comunidad, la cual esta sufriendo por el tema económico y que mantengan la tarifa de los 2.000 pesos para los lugares más cercanos y pudieran hacer un alce de 500 pesos para las distancias largas”.

Lo que sigue

El gremio de mototaxistas indica que pondrán en orden todos sus documentos para iniciar trámites que los constituyan legalmente. Es importante destacar que seguirán prestando el servicio con normalidad. Además, se adelantan capacitaciones en seguridad vial y normas de tránsito con policía de carreteras.

La Secretaría de Gobierno también plantea que en el municipio haya una oficina de Tránsito y Transporte para que se pueda orientar a los conductores. 

Frente a las tarifas, la comunidad impulsa que se deje en cada mototaxi una planilla con todos los precios de los pasajes y que este sea previamente socializado. Mientras tanto, algunos mototaxistas dicen que aceptarán que se paguen las tarifas del año pasado hasta que se llegue a un acuerdo. 

Las obras de la vía que conduce de Fonseca hasta Sitio Nuevo llevan 14 meses de retraso. Aunque la fecha de entrega inicial de esta obra era el 14 de diciembre de 2022, inconvenientes con el material, el personal, los pagos y la contratación, han demorado la entrega de una carretera que solamente tiene 12.7 kilómetros.

Actualmente hay maquinaria haciendo trabajos de relleno y pavimento en cerca de cinco kilómetros. Según la respuesta que dio la Secretaría de Planeación de Fonseca a un derecho de petición enviado por Consonante, la obra se encuentra en un avance físico del 89 por ciento y la nueva fecha que se prevé para la entrega es el 12 de abril de 2024.

A dos meses de la posible entrega, los habitantes de Sitio Nuevo no están conformes con los trabajos y tienen varias dudas sobre lo que recibirán al final. “Desde que se reactivó todo ha sido como a las carreras, no he visto que tengan los tiempos para el material óptimo sino que enseguida echan asfalto”, dice Esau Mendoza, habitante del corregimiento de Sitio Nuevo.

Con este panorama los concejales de Fonseca citaron el 14 de febrero a Hernando José Quintero, secretario de Planeación del alcalde Micher Pérez, a un debate de control político para que respondiera por el proceso y estado de la obra. Este no es el primer cuestionamiento al proyecto, dado que desde el 2022 tiene dos investigaciones por parte la Procuraduría y la Contraloría por la alta probabilidad de incumplimiento y posibles inconsistencias en la destinación de los recursos.

Hay inconsistencias y contradicciones en la nueva administración

Oscar Pérez, concejal de Fonseca, fue quien lideró el debate de control político en el que además se cuestionó al secretario por la construcción de  las 563 viviendas rurales, los servicios públicos en El Hatico, entre otros temas. Durante la sesión, que duró más de tres horas, los concejales expresaron su preocupación porque el secretario aseguró que se desembolsó el 92 por ciento del dinero dispuesto para la obra: “yo he hecho el recorrido de esa vía y puedo decir que, si el plan tortuga en ejecución se mantiene como está, ni cuatro años más van a alcanzar para la terminación de esa obra”, aseguró  en el debate el concejal Deiver Guerra.

Los concejales aseguraron que las suspensiones de la obra son, entre otras cosas, por cambios en las intervenciones de varios puntos. Incluso, en el encuentro Subregional Sierra Nevada – Serranía del Perijá realizado el año pasado, el entonces alcalde de Fonseca, Hamilton Garcia, dijo que tuvieron que cambiar los diseños del puente de Sitio Nuevo y que hubo cambios en el material: pasó de asfalto a concreto rígido. Sin embargo, en respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, Hernando Quintero aseguró que la obra no había tenido ningún cambio en el diseño inicial.

Tampoco hay consenso sobre el estado actual de la obra. Aunque en la respuesta al derecho de petición el secretario aseguró a Consonante que la obra estaba en un avance del 89 por ciento, en el debate Quintero habló de un 65 por ciento:  “Yo estoy asombrado, el concejal del periodo pasado tenía que entrar a revisar. El contrato está pagado casi el 92 por ciento, mejor dicho, está pagado casi todo al contratista, pero hoy no está en un 65 por ciento (...) Le hicieron dos adiciones de tiempo y estoy seguro que hoy no cumplen en cabalidad a terminar la obra en su tiempo”, aseguró Quintero.

Las respuestas del secretario no fueron satisfactorias para los concejales, por lo que esperan un informe detallado a final del mes. “Uno cita un debate y hace sus preguntas, si uno no queda satisfecho se hace lo que estamos haciendo: conformar una comisión accidental para investigar a fondo lo de esa vía”, explica Óscar. La Secretaría de Planeación tiene plazo para entregar el informe a esta comisión antes de terminar febrero. 

Según datos de la Secretaría de Planeación, el contrato inicial se efectuó con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por 31.327 millones de pesos con Meg Obras de Valledupar a un plazo inicial de 12 meses. El 29 de septiembre de 2023 se aumentaron 414 millones de pesos por modificaciones al contrato. El total del contrato está actualmente en  31.742 millones de pesos.

Este contrato está en la lupa de la Contraloría desde octubre del año pasado. En el último informe la Contraloría reportó hallazgos administrativos por 37 millones de pesos. "Se observó que el contratista incluyó en el plan de inversión del anticipo del contrato de obra un ítem correspondiente al Gravamen a los Movimientos Financieros - GMF (4x1.000) por valor de $37.443.022, advirtiendo que es un gasto que debe asumir el propio contratista, toda vez que el anticipo es de uso exclusivo para la adquisición de elementos, insumos básicos y costos de personal", dice el documento.

Los habitantes denuncian riesgo de inundaciones y falta de transparencia

La obra ha tenido problemas desde el inicio y se ha suspendido en cuatro ocasiones. En abril de 2022 se realizó un paro porque para la construcción de la obra no contrataron gente de la comunidad. “El primer problema fue que la contratación de la mano de obra calificada no era del corregimiento. Hemos hecho paros, protestas y nada”, comenta un líder que pidió no ser identificado.

Las otras suspensiones fueron en noviembre y diciembre de 2022 y febrero de 2023. Según la Secretaría de Planeación, por problemas técnicos y financieros. “Lo manifestado por el contratista para argumentar el atraso de la obra es la suspensión de carácter técnico y financiero y debido a ello, fue imposible seguir ejecutando hasta no resolver dicha problemática. De igual manera, se ha presentado modificatoria del contrato, lo que ha ocasionado el atraso del mismo” dice en la respuesta al derecho de petición.

Sin embargo, en la comunidad denunciaron que no han recibido información de manera oportuna: “nunca nos han notificado las razones por la cuales ellos (los contratistas) han parado, a pesar de que yo he pasado cartas, derechos de petición a la administración anterior preguntando por que el cese de actividades y nunca fue respondida la solicitud“, manifiesta un habitante de Sitio Nuevo que pidió reservar su identidad.

El segundo problema se dió con el cambio de material, pues cada vez que llueve el agua se estanca en la carretera. “Se le pasó una queja al alcalde actual porque en dónde pega el asfalto con el (concreto) rígido, como en 50 metros, queda un hundimiento y va a ocasionar un estancamiento. Pensábamos que iban a hacer que las aguas salieran a la calle y cogieran su curva natural o por medio de cunetas las transportaran a la alcantarilla más cercana, pero eso no se hizo y hay muchas casas que se van a inundar”, cuenta  Esau Mendoza.

Otro de los problemas es el estado del puente de La Quebrada, que comunica al sector de Trigo con Sitio Nuevo. Entre los habitantes no hay claridad de cómo será incluido en la obra. “Tenemos una duda del puente de La Quebrada en la vereda Las iguanas, porque ese puente no está apto para el tránsito; eso quedó en que se iba a meter en la adición, pero estamos esperando que eso llegue para que la obra esté al 100 por ciento”, comenta Julián Brito, representante legal del Consejo Comunitario de Sitionuevo. 

“Me preocupa el puente de La Quebrada porque no lo van hacer y ojala Dios no lo permita pero en cualquier momento puede colapsar y puede quedar incomunicada la región, dicen que el puente cuesta varios millones que no entraron en el presupuesto o no lo aprobaron”, denuncia una líder que pidió no ser citada.

Además, hay denuncias de trabajos incompletos; Jaider Granadillo, quien trabajó nueve meses en la vía, cuenta que en La Vereda Las Iguanas no hicieron unos filtros. “En Las Iguanas tenían que colocar unos filtros y no los colocaron. Echaron unas piedras y volvieron y sellaron”, comenta. En la vereda temen que más adelante se presente un hundimiento en la carretera por el agua y la humedad provenientes de las siembras de arroz que hay en la zona.

Además, hay preocupación por la resistencia de la carretera: “Se rumora que ese asfalto tenía que ser de 15 y se lo redujeron a 10 diciendo que iban a recortar gastos para invertirlos al puente, al puente que ya no van hacer porque el puente de La Quebrada ya no va”, dice un empleado de la obra. Comenta, además, que la mayoría de los box culvert (alcantarillas) ya están agrietadas.

A esto se suma que, para proteger los cimientos del puente de Sitio Nuevo, crearon unos gaviones dentro del río, lo que redujo el cauce y ha causado la acumulación de materiales de desecho: “lo hicieron sin salvaguardar la integridad de la comunidad, porque eso ahí puede causar apalancamiento y eso causaría desbordes del río a nuestra comunidad”, comenta un habitante. También denuncian que por el tránsito de la maquinaria pesada hay daños en otras calles que no han sido resueltos.

Los y las estudiantes de Fonseca han tenido un regreso a clases atropellado. A pesar de que la fecha estipulada para volver a las aulas era el cinco de febrero, la mayoría de las instituciones educativas tuvieron problemas para tal inicio porque todavía no hay personal contratado para prestar el servicio de aseo y vigilancia y los cupos no son suficientes para atender a todos los estudiantes. A esto se suman problemas en la infraestructura de los colegios, que ya cumplen más de 80 años de uso.

Por ejemplo, en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Fonseca denuncian daños graves en las instalaciones del colegio, como lo manifiesta el rector Francisco Javier Núñez: “Han pasado 80 años, entonces es una infraestructura vieja. El tema del cerramiento es un problema grave, la tapia es muy bajita, tiene muchas grietas y huecos. Tenemos problemas con las baterías sanitarias, que también están en mal estado”, cuenta.

Esto obligó a que el ingreso se hiciera de manera gradual entre el 5 y el 14 de febrero, una vez culminen las vacaciones por los carnavales. En Consonante revisamos qué está listo y qué no para que los estudiantes regresen a las aulas. Esto es lo que encontramos: 

Los problemas no son nuevos

Desde hace varios años el panorama para el inicio de las clases es el mismo: aulas que están en mal estado y en las que ya no caben los niños, baños que funcionan a medias, filtraciones en los techos, conexiones eléctricas obsoletas y salones sin pintura.

En esa situación recibió la escuela el nuevo rector de la institución Juan Jacobo Aragón: ”En términos generales la infraestructura está muy deteriorada, recursos cero, con muy poco personal de aseo y de vigilancia”. confirma Leonel Rizo Gnecco. 

Por eso José Alberto Velázquez Romero, rector de la Institución Ernesto Parodi Medina, cuenta que decidieron no iniciar las clases a tiempo. “El domingo (4 de febrero) la Asociación de rectores del departamento de La Guajira nos reunimos y acordamos no entrar a clases por el mal estado en que se encuentran las instituciones, no solamente el Ernesto Parodi, sino que esto es a nivel departamental”, dice. 

A los problemas de infraestructura se suma la demora en la llegada de nuevos docentes, el poco incremento de nuevas plazas y la falta de transparencia en el proceso que han denunciado varios maestros en el departamento. Para las cuatro sedes de la I.E. Ernesto Parodi, llegaron  17 docentes nuevos dos semanas tarde, sin embargo, aún faltan tres para la sede principal. “Me preocupa la falta de docentes, los que venían con horas extras este año no quisieron aceptarlas y ha quedado cierta cantidad de horas disponibles en diferentes áreas. Por ejemplo, el profesor de educación física, el de artística y de matemáticas”, explica Velázquez, rector de la institución.

Esto a pesar de que la población estudiantil de La Guajira ha aumentado el 13 por ciento entre el 2019 y el 2023. Según el reporte del SIMAT a corte 30 de septiembre del 2023, había 82.583 estudiantes matriculados en los 12 municipios no certificados: 31.521 pertenecientes a comunidades indígenas y 51.062 estudiantes no étnicos. En 2024, según afirma la Gobernación, se espera una cifra de 90.000 estudiantes. “La población creció y las aulas quedaron muy reducidas para el número de estudiantes”, denuncia Zulay Amaya, rectora de la Institución Agro ambiental José Pérez de El Hatico. En esta escuela faltan cinco docentes.

Además, el año pasado las escuelas de los 12 municipios no certificados de La Guajira sufrieron por la falta de contratación de personal de aseo y vigilancia. Esto se tradujo en que varios colegios en Fonseca fueron víctimas de robo y tuvieron que iniciar clases este año sin algunos enseres. “Los bienes del colegio están expuestos a los ladrones, ya que se nos llevaron varios aires acondicionados, no podemos dejar nada de valor en el colegio porque se lo llevan. Además no tenemos aseadoras, los niños encontraron las aulas sucias, los patios y le toca a un padre de familia barrer”, manifiesta Amaya.

Por el momento, lo único que está seguro es el transporte y la alimentación escolar. Para el transporte escolar, por primera vez en más de cuatro años, aumentaron la cantidad de rutas y vehículos contratados. 

Para la prestación PAE en la población mayoritaria –urbana y rural no étnica– en los 12 municipios no certificados del departamento, la Gobernación suscribió un acuerdo de cooperación internacional con el Programa Mundial de Alimentos (PMA). El contrato, para toda la vigencia del 2024, es por 39.000 millones de pesos. 30.000 millones que aporta la Gobernación y 9.000 millones que aporta el PMA, estos últimos representados en costos de implementación, soporte y asistencia técnica. 

Por su parte, la alimentación escolar de 31.521 estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas, será atendida por 20 operadores indígenas. Para esto se destinaron 25.000 millones de pesos.

Los padres de familia piden aumento de cupos y atención a la infraestructura

Yuleisy Fernández es miembro de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Villa Hermosa y madre de dos niñas que estudian en el colegio Ernesto Parodi Medina. Su mayor preocupación es por los niños que no alcanzan a tener  cupos. “Me siento con inconformismo porque hay muchos estudiantes que están sin cupos y queda uno con un sinsabor de esos niños que no tiene acceso a la educación. Ahora con la salida de los niños de los CDI se colapsaron los colegios de estudiantes y el problema más grave es que no le buscan una solución. Yo fui a buscar unos cupos y me dijeron que no había porque estaban colapsados”, cuenta.

Yuleisy reclama también la falta de ventilación de los salones “Hay fallas en las estructuras del colegio. Ellos se la pasan desde las 12 hasta las 6 dando clases sin abanicos, con unas condiciones bravas porque estas temperaturas se ponen tesas”, agrega.

Nailin Molina, por su parte, tiene dos hijos que estudian en la I.E. Agroambiental Jose Pérez de El hatico, donde cursan tercer y sexto grado. Uno de los problemas que más le preocupa es la ausencia de personal de seguridad y la poca cantidad de salones. “El año pasado estuvieron sin vigilante y ya se han presentado robos en el colegio. Además se necesita más infraestructura porque dijeron que iban a construir más salones pero no se sabe cómo va ese proyecto y hay grados nuevos que van a comenzar este año. No todos los salones cuentan con aire o ventiladores”, explica Nailin.

No hay soluciones a la vista

El primero de febrero los rectores del departamento de La Guajira tuvieron una reunión con el nuevo gobernador, Jairo Aguilar, y la secretaría de Educación Departamental, Ladys Diana Ochoa. Durante el encuentro los rectores expusieron todas las problemáticas, sin embargo, sienten que no hay soluciones de fondo. 

“Llegamos con un optimismo muy bajo porque no plantearon soluciones de fondo. Yo le decía que esta institución tiene 4.6 hectáreas, 2000 estudiantes, y tengo una sola aseadora. Pero el gobernador Jairo Aguilar se fue de la reunión sin dar una solución a la problemática”, puntualiza Leonel Rizo.

Angelica Solano, secretaria de Desarrollo Social con competencias en salud y educación en Fonseca, reconoce las deficiencias pero asegura que poco pueden hacer desde la alcaldía. “La infraestructura lleva más de 80 años, se encuentran bastante deterioradas, no hay garantías para tener a nuestros estudiantes bajo esta inseguridad. No todo le corresponde al municipio, pero sí vamos a trabajar en armonía. Hay que tocar puertas para poder convenir con los actores y mirar de qué manera minimizamos estos problemas. Yo creo que este proceso va a ser lento, pero créanme que hay mucho compromiso de parte de la administración”, explica Solano.

María Victoria Palacios Umaña, o la “Flaka palacios”, es una mujer trans, negra, y creadora de la Fundación Latidos Chocó, una de las pocas organizaciones del Chocó que acompaña y asesora a las personas LGBTIQ+. 

Con su liderazgo, y el apoyo de otras lideresas trans, crearon en 2022 la Red de Alianza de Mujeres Trans del Pacífico, o red Doroty, que trabaja defendiendo los derechos de las mujeres trans negras en el Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

Ese trabajo hizo que Red Doroty fuera merecedora del premio Tulipán de Derechos Humanos, que entregó el 2 de febrero la Embajada de los Países Bajos en Colombia como reconocimiento a la labor de un defensor o defensora de los derechos humanos.

Más allá del premio, María Victoria se ha convertido en impulsora de políticas públicas que incluyan a personas trans y garanticen derechos como el acceso a servicios de salud. Hoy espera que en todo el departamento se respete y proteja la diversidad sexual.

Consonante: ¿Qué significa para usted este premio?

Maria Victoria Palacios: El premio Tulipán para los Derechos Humanos, otorgado por la Embajada de Países Bajos, es un premio que nos da fuerza y resiliencia para seguir aportando a la transformación social del territorio; principalmente para las mujeres trans afro del Pacífico. Nuestra tarea es recuperar el tejido social en medio de la vulneración histórica que hemos sufrido como mujeres, más cuando hablamos de mujeres trans, y aún más cuando hablamos de mujeres trans afro en territorios como el Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

C.: ¿Usted cree que hoy se puede decir que hay igualdad de derechos en estos territorios?

M.V.P: Para mí la igualdad es darle a todos por igual. Yo hablo más de equidad, porque no es lo mismo ofrecer un empleo a un hombre que a una mujer. Entonces más que darle trabajo a todos por igual miremos la equidad del trabajo: ¿Será que las mujeres estamos ganando al mismo ritmo que ganan los hombres?, ¿cuál es el trabajo que ejercen los hombres y cuál es el trabajo que ejercen las mujeres?

Buscamos esa transformación, dejar ese yugo histórico en el que se ha enmarcado a las mujeres por verse como el sexo débil, pero no se reconoce como esa mujer aguerrida, empoderada y transformadora.

C.: ¿Qué cree que hace falta para lograr esa equidad?

M.V.P: Para hablar de esa equidad falta mucho más que un decreto o una ley. Hace falta reconocimiento, empatía y comenzar a hablar de transformación social.

C.: ¿Qué hace la Fundación Latidos Chocó?

M.V.P: Latidos Chocó es una organización sin ánimo de lucro que nació en 2015. En 2018 se constituyó legalmente y comenzó a hacer un trabajo mucho más amplio en todo el territorio, lo que ha llevado a que hoy muchas mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y una línea muy gruesa de población LGBTIQ+  pueda acceder a la justicia y pueda tener garantizado sus derechos.

Hablo mucho de la reconciliación, de la paz y del amor porque es desde allí que nace Latidos Chocó, una apuesta de amor y respeto para desmarcar esos prejuicios y estereotipos frente a la diversidad sexual.

C.: ¿Cómo ha sido su trabajo para lograr un Chocó más diverso e inclusivo?

M.V.P:  El Chocó ha sido históricamente un departamento bastante machista, que poco reconoce los derechos de las mujeres y mucho menos cuando hablamos de la mujer diversa. 

Por eso hemos impulsado mucho a los territorios a visibilizarse, a hablar desde su cuerpo, pero su cuerpo en su territorio. No es lo mismo hablar desde el municipio de Quibdó, la capital chocoana, que venga a hablar un líder o lideresa en Baudó, en Bagadó, en Pizarro o en Juradó, que son territorios bastante apartados al que el acceso y comunicación es bastante difícil.

Hoy lo que buscamos es que desde nuestro quehacer misional como mujeres trans afro del Pacífico, y de lo que hemos venido desarrollando en cada uno de los espacios, se entienda que la mujer es la base fundamental para el cambio social, para la paz, para que desde ese amor que ella emana se pueda seguir reconstruyendo el tejido social que día a día hemos ido perdiendo.

C.: ¿Cómo es el trabajo en el municipio de Tadó?

M.V.P: En Tadó tenemos una organización que está aportando a esa transformación social, a ese cambio sistemático. 

Quiero felicitar a Daniel Benítez por su trabajo y su aporte al territorio. Daniel está haciendo una apuesta de transformación desde el arte y la creatividad para vernos mucho más allá de solamente un discurso. También  están otros chicos, chicas y chiques que están dando esa batalla para que el territorio pueda ser un territorio de paz y amor.

Siento que hoy no solamente en Tadó, sino todo el San Juan hay una  red  de líderes y lideresas que se creó en 2021 gracias al apoyo de Christian Aid mediante Colombia Diversa.

C.: ¿Qué retos tiene la fundación?

M.V.P: No contamos con músculo financiero, lo que ha dificultado en gran parte accionar mucho más allá de ciertos temas. Entonces lo que buscamos hoy son procesos que nos permitan auto sostenernos y poder seguir con las acciones que hemos venido emprendiendo.

C.: ¿Cuáles son los principales problemas y trabas de las instituciones que enfrenta la población trans?

M.V.P: La dificultad de reconocimiento de las identidades, pero también la falta de reconocimiento de los procesos que cada uno y cada una ha venido desarrollando. Todavía seguimos con prejuicios y estereotipos frente a los temas de diversidad sexual.Se necesitan garantías, respeto y reconocimiento.

C.: ¿Existe una política pública para la población trans?

M.V.P: Quibdó cuenta con una política pública LGBTIQ+ para la garantía de derechos. Se comenzó a trabajar, hay mucho interés y el alcalde está muy interesado en que esa sea una herramienta que garantice esos derechos.

Buscamos también que la Gobernación también pueda iniciar un trabajo de construcción de política pública y que cada uno de los municipios pueda facilitar también ese reconocimiento y esa garantía mediante políticas públicas en los territorios.

C.: ¿Qué le puede decir a esas personas que tienen miedo a "salir del clóset"?

M.V.P: El clóset ha sido uno de los espacios más violentos en los que se ha encasillado a las personas LGBTIQ+. Yo siempre digo que la libertad, y como ya he dicho mucho, el amor y el respeto son las bases fundamentales para transformar la sociedad, el tejido social y lograr la reconciliación de esos espacios. 

Que la familia entienda que no es malo, que la sociedad entienda que no es malo, que la sociedad entienda que no somos peligrosas, que somos seres humanos llenos de amor, llenos de resiliencia y de muchas ganas de conquistar el mundo.

La construcción de viviendas en sitio propio en Fonseca, una promesa de la administración del exalcalde Hamilton García, sigue con retrasos y en medio de varias críticas. El proyecto de vivienda ha generado choques entre los beneficiarios y la entidad responsable del contrato (Comfacesar) por supuestas irregularidades que se han presentado en el desarrollo de este programa de interés social con la designación de los beneficiarios y con la falta de servicios públicos en las viviendas ya entregadas.

El programa “construcción en sitio propio de viviendas rurales en el municipio de Fonseca” consta de 563 viviendas rurales. De estas, 212 son en el corregimiento de Conejo, 140 para El Hatico, 13 para Jawey, 7 para El Puy, 8 para Hatico Viejo, 70 para Los Altos, 41 para Los Toquitos, 4 para Mamonal, y 68 para Quebrachal. 

De las 563, hasta el momento se han entregado 450 y la actual administración de Micher Pérez tendría a cargo unas 113 faltantes.

¿Qué dice la gente?

Maydelin Martínez, beneficiaria del proyecto en el corregimiento de El Hatico, cuenta que no ha podido habitar la casa porque hay inconsistencias en la construcción. “Al principio fue traumático, ya que a eso le metieron política, pero al final pude obtener mi vivienda. No la he podido habitar ya que tiene inconsistencias en la construcción, el techo se mueve, las puertas se atrancan y no cierran bien, las cerraduras están dañadas y son de mala calidad”, dice. 

“Adquirir mi vivienda fue difícil, me pusieron muchos obstáculos, yo obtuve el terreno en el patio de la casa de mi madre, que es bastante amplio, pero me toco tumbar una parte”, indica. Además, tanto ella como otros vecinos informan que se han registrado robos, se han llevado partes de los baños y la cocina.

Otro de los problemas principales ha sido que las listas de beneficiarios se han cambiado en varias oportunidades. “Mi hermano Marvin Martínez estaba en el listado y cuando lo publicaron nuevamente ya no aparecía. Él es de acá, se crió acá, su familia está acá, tiene el terreno y no tiene vivienda. Ya he instaurado denuncias, tutelas y estoy haciendo todo de manera legal para que se le respete su derecho a una vivienda propia”, agrega Maidelyn Martínez.

Pero el corregimiento de El Hatico no es el único que presenta inconvenientes, casos similares se registran en Conejo. Así lo dio a conocer el líder social Deiber Guerra: “Muchas de las viviendas están siendo entregadas con deficiencias, tanto estructurales como funcionales. Se están entregando sin el funcionamiento de los servicios públicos, sin alcantarillado, algunas sin energía eléctrica y esto ha generado que los nuevos dueños realicen acometidas eléctricas sin cumplir ningún estándar de calidad y dejando cualquier cableado. No son viviendas dignas”.

“Hay personas que han sido revictimizadas porque no contaban con viviendas, vivían en un cambuche el cual les hicieron destruir porque les iban a construir su vivienda y al final ni una cosa, ni la otra”, agrega Guerra. Estas personas aparecían en los listados y luego fueron excluidas aduciendo que no aplicaban para el subsidio de vivienda porque ya tenían una.

Guerra cuestiona el costo de las viviendas: “El precio de cada una es de unos 70 millones de pesos y por ese dinero se podría conseguir una excelente vivienda en Fonseca en condiciones realmente dignas. Se han interpuesto todos los recursos necesarios ante las entidades correspondientes, pero esto no ha servido de nada”, finalizó.

¿Qué dicen las autoridades?

El alcalde de Fonseca, Micher Pérez Fonseca, indica que el proyecto está financiado en su totalidad y que seguirán las obras. “Las casas se seguirán construyendo como se ha venido haciendo, este proyecto está financiado en su totalidad y se le entregará la vivienda a quien tenga su adjudicación. No vamos a vulnerar los derechos de ningún beneficiario siempre y cuando todo esté en el marco de legal”. Frente a las quejas por irregularidades, Pérez dice que “quienes presenten algún inconveniente, se les brindará todo el acompañamiento y apoyo y asesoría para solucionar el problema que tengan”.

Por su parte, el exalcalde Hamilton García le dijo a Consonante en diciembre que en Fonseca se habían entregado 300 viviendas y que el proyecto iba en un 80 por ciento. “Hemos entregado más de 130 de las 212 que corresponden allá, la intención es que la vivienda que vamos haciendo, vivienda que vamos entregando.”, agregó en su momento.

García dijo, como confirmó Micher Pérez, que este proyecto tiene los recursos garantizados. “Está contratado y deberá seguir con su ejecución normalmente de la mano con Comfacesar quienes serían los responsables de seguir con su ejecución”, puntualizó.

Por su parte, Deiner Torres, secretario de Planeación departamental y quien fue secretario de Planeación en la administración de Hamiltón García, cuenta que ha recibido información de viviendas que han sido pintadas de amarillo y con modificaciones en las fachadas y puntualiza que durante los primeros cinco años no se podían hacer modificaciones o esa era causal de perder la vivienda y que sea entregada a otra familia.

Lo que sigue

Se espera que este proyecto continúe sin mayores contratiempos y se solucionen las quejas de las familias sobre presuntas inconsistencias. Por otra parte, la comunidad ha pedido revisión de los entes de control para revisar los hallazgos alrededor del proyecto.

Este viernes 12 de enero, cuando un alud de tierra sepultó a 39 personas, la carretera que conduce de Quibdó a Medellín volvió a ser noticia. El desastre natural ocurrió en el sector de El 17, a dos horas del casco urbano de El Carmen de Atrato.

Sin embargo, la tragedia que hoy enluta al Chocó no ha sido la única: en 2009 ocurrió una tragedia similar a la reciente en la que 41 personas murieron después de que un desbordamiento de tierra hiciera que el conductor de un bus de Rápido Ochoa cayera a un precipicio. Y entre 2012 y 2018 más de 100 personas fallecieron en accidentes de tránsito.

La historia se ha repetido a lo largo de los años: en junio de 2016 hubo por lo menos seis muertos y dos heridos por otro derrumbe en el sector del 20. Y entre 2022 y 2023 murieron otras tres personas en los sectores de El 16 y el 20.

La promesa de terminar esta vía, además, se ha hecho gobierno tras gobierno desde hace más de 15 años. Terminarla, incluso, fue el compromiso institucional del gobierno Santos asumido tras dos paros cívicos que detuvieron al Chocó en 2016 y 2017. 

Desde el inicio de la obra en 2009, sin embargo, toda clase de adiciones, nuevas licitaciones y obstáculos han retrasado la entrega de un trayecto que no suma más de 127 kilómetros. 

De las casi 200 familias que viven en la zona, la mayoría pertenecen a las 28 comunidades indígenas que hay en El Carmen de Atrato. Hoy, estas familias vuelven a sentir el miedo y la zozobra de que ocurra otra emergencia en cualquier momento.

Un saneamiento ancestral

Después del deslizamiento el presidente Gustavo Petro prometió la destinación de medio billón de pesos para terminar, en un año, la pavimentación de la vía y hacer las obras de seguridad en los puntos críticos. Aunque líderes y lideresas de comunidades que viven alrededor celebran los anuncios, piden diferenciar otras acciones urgentes. 

Hay, por ejemplo, una solicitud de intervención con enfoque ancestral para esta vía. Claudia Domicó, guardiana del río Atrato por la mesa departamental indígena y habitante del sector de El 17, solicita que se tenga en cuenta el saneamiento territorial: “La intervención no es de la manera en que piensa el mundo occidental, sino desde lo espiritual, desde el saber y el conocimiento ancestral, porque se han movido muchas cosas del territorio que han afectado a las diferentes comunidades indígenas que existen en la zona”.

Lo mismo opina Javier Arrieta, coordinador de la mesa departamental de los pueblos indígenas: “La vía Quibdó- El Carmen de Atrato es un territorio sagrado, la vía también tiene su cosmogonía y hay que hacerle un saneamiento espiritual; si no, la tierra, la naturaleza, nos va a seguir cobrando”.

Uno de los tres derrumbes que cayeron el viernes pasado causó afectaciones en una vivienda en el resguardo Abejero y allí, según cuenta Domicó, la familia está en estado de shock: “No hablan mucho de lo que pasó y solamente lloran”, cuenta la guardiana. 

Por eso, otra de las solicitudes que tienen los líderes es apoyo psicológico y cursos de emergencia para enfrentar riesgos de avalanchas y otros desastres naturales. 

Aunque el secretario de planeación Cristian Ruíz aseguró a Consonante que ya se está prestando apoyo psicosocial en la zona, esta familia aún no recibe ningún tipo de acompañamiento. “La atención se concentró en el gran derrumbe. No han tenido en cuenta que de ahí para abajo hubo otros derrumbes que hicieron daño a otras familias”, denuncia Domicó.

Eso lo corrobora Froilan Zapata, a quien el deslizamiento le dañó su sembrado de chontaduro, árbol de pan, yuca, caña, marañones y guayacanes. “Desde el miércoles se me han venido cinco derrumbes por el fenómeno del niño, y el talud que ya estaba resentido, la vía lo botó y eso afectó la pata de la montaña”, cuenta.

Por eso José Manuel Correa Henao, conocido como Marmato, campesino y presidente de la junta de acción comunal de El 15, donde vive desde hace más de 13 años, aunque conmovido profundamente por la tragedia reconoce que lo que sucedió fue producto de las lluvias, por un lado, pero por otro por falta de profesionalismo en la intervención de la vía. 

“Lo que pasó es por culpa de estas montañas tan movidas que están y el invierno, acá llueve día y noche. Pero que trabajen con más técnica y tecnología y que la adecuación en la topografía no tenga que lastimar tanto a las montañas”, comenta el líder.

Correa no es el único habitante que tiene la percepción de que no se ha hecho el tratamiento adecuado para mejorar la seguridad vial. Isabel Rincón, presidenta de la junta de acción comunal El 11 y  El 12, dice que en varias ocasiones la comunidad ha pedido que hagan “terraceo”, una técnica para estabilizar la tierra y evitar posibles nuevos deslizamientos. “Aquí nunca le han puesto atención a los taludes, hemos pedido que por favor hagan terraceo y dicen que no se necesita, que eso ya está peinado”, afirma.

Montañas lastimadas

Según afirma el ingeniero chocoano Leyner Mosquera, quien tiene amplia experiencia en desarrollo, análisis económico y financiero y quien realizó un estudio sobre la vía para la Universidad de los Andes, la percepción de una intervención inadecuada en la vía no es errada. 

El problema técnico, explica el académico, sería una de las posibles causas del accidente y debería ser una de las prioridades. “Al Chocó se le mira con ese pincel de hacer cosas un poco mediocres. Entonces, esta obra contempló la pavimentación pero no contempló el aseguramiento de los puntos críticos que son esos taludes que sostienen la montaña para que no se venga abajo”. 

Mosquera añade, a su vez, que no se hizo un ejercicio juicioso de incorporar en el análisis financiero ese aseguramiento de la tierra.

Según le aseguró el Invías a Consonante en marzo de 2023, los diferentes contratos que estaban en ejecución en la zona tenían prevista su culminación para el segundo semestre del año pasado, pero esto no pasó.

Los retrasos han sido por varias razones. Primero, están los constantes paros que han hecho las 28 comunidades indígenas que habitan la zona para pedir que las empresas que intervienen la vía y les causan afectaciones, cumplan los compromisos que han hecho en la última década. 

Por ejemplo, las comunidades de Fieras, Eborro y Mirlas, agrupadas en el resguardo indígena ‘El Fiera’, ubicado en la transversal, han detenido en varias ocasiones los vehículos del consorcio Vías y Equipos Pacifico 2021 (Latinco) para exigir el cumplimiento por parte del Invias de los compromisos de compensación por la intervención en la vía adquiridos con la comunidad en el 2020.

En segundo lugar están los problemas con algunos de los consorcios que han detenido tramos de la obra por varios meses. Entre esos el contrato 1456 de 2017 que estaba a cargo del consorcio Vías para el Chocó, que incluía dos de las empresas involucradas en el escándalo de la Unión Temporal Centros Poblados: ICM Ingenieros S.A.S. (con el 50 por ciento) e Intec de la Costa S.A.S. (con el 20 por ciento). Para ese momento, el Invias tuvo que suspender el contrato y la obra duró siete meses sin avances.

Lo que sigue

Las comunidades de la zona han celebrado la declaración de desastre natural que expidió el presidente Petro y el anuncio de la inversión. Sin embargo, plantean la necesidad de hacer comités de seguimiento a la inversión.

“Hay que crear comités y veedurías ciudadanas para la inversión en todo el municipio, tanto en la cabecera municipal, como los resguardos indígenas y en las veredas. Porque en esa vía solo han cortado y tirado cemento, más no le han hecho los muros de contención o los trabajos requeridos en los puntos que siempre han sido críticos, además de incumplir acuerdos pactados con las comunidades”, dice Claudia Domicó.

Mientras tanto, las gobernaciones de Antioquia y Chocó firmaron el año pasado los estatutos de la Rap de los Dos Mares en las que se propone, entre otras cosas, la construcción de un túnel de aproximadamente ocho kilómetros en una conexión de 26 kilómetros, entre el municipio de Ciudad Bolívar y el corregimiento de El Siete. 

La Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S, una empresa comercial del Estado con capital público varias entidades y la encargada de la obra,  aseguró que esta sería la solución final al problema de la vía. Sin embargo, esto está apenas en estudios preliminares que pueden durar, por lo menos, un año más y las comunidades no se sienten escuchadas ni conformes.

Escucha esta carta aquí:

Hola. Soy Yurlis Arleis Mosquera, periodista local de Consonante, y me place invitarte a un lugar maravilloso de mi tierra chocoana: Tadó, conocido como el mejor vividero del mundo.

Lo es porque se respira paz. 

Lo es porque hay mucha hermandad. 

Por ejemplo, hay familias que cocinan e incluyen la porción para pasarte. Por ejemplo, la comadre puede prestarte una cebolla, una libra de arroz, un poquito de aceite o lo que te falte para hacer el almuerzo. 

Es tanta la solidaridad que, cuando muere alguien, nadie está solo. El velorio y el entierro de un ser querido se acompaña comunitariamente, puede incluso llegar el barrio a tu casa. A veces, hasta el pueblo entero va vestido para acompañar a los dolientes en el novenario. 

En Tadó, el vecino es familia. En Tadó, la selva es familia. 

Si llegas desde Pereira, la vegetación, los ríos y quebradas te incitan a darte un chapuzón. Es un recorrido de cinco horas, aproximadamente, con grandeza natural a su paso.

Si llegas desde el cielo, despegando en avión desde Bogotá o desde Medellín, te recibe la pista de El Caraño de Quibdó. Pero temprano, para que alcances la camioneta que viene hacia Tadó en menos de una hora.

A 20 minutos de Quibdó está el municipio de Atrato, que se reconoce por el paso de un puente largo sobre el imponente y majestuoso río Atrato que, al igual que el San Juan, es uno de los más importantes del Chocó.

El trayecto sigue y con él, más sitios para deleitar el corazón y para sentarse a tertuliar un rato. 

A 25 minutos de Yuto está Certegui, allí te recomiendo visitar Recta Larga, un lugar donde venden los famosos chorizos Pertigueños, hechos por mujeres chocoanas que le ponen todo el amor a su preparación. 

Diez minutos después está la Ye, un corregimiento del municipio Unión Panamericana. Por ahí está la vía al Mar Pacífico, por ahora en construcción, pero tan pronto se termine nos llevará hasta Nuquí vía terrestre: ¡Qué maravilla!

En Tadó te recibe el barrio San Pedro y luego pasas el puente sobre el río San Juan y adivina: te encuentras con el centro del pueblo. Te reirás de felicidad y luego verás, entre árboles milenarios, al Rey Barule al lado de la iglesia catedral. 

Junto al Rey Barule está la Negra Agustina, los dos fueron grandes activistas y defensores de las personas afrodescendientes. Ellos gestaron y lideraron grandes batallas hasta lograr el respeto de los colonos.

El parque es un lugar mágico. Ahí se reúnen estudiantes, amigos, vecinos, propios y visitantes a pasar un rato ameno. Tienes que degustar un delicioso chontaduro, la fruta representativa de esta bella tierra. Pero no es lo único: hay un puesto donde venden diferentes jugos afrodisiacos, lo verás, y que dan mucha energía: está el famoso arrechón (un tipo de jugo preparado con cola granulada, huevo de codorniz y otros ingredientes). El puesto es especial porque lo atienden dos mujeres cabeza de familia, amables, que también ponen su amor en cada bebida.

Tú solo ubícate en el parque y observa a la gente. Te aseguro que de ahí saldrás con muchos conocidos, pues la gente tadoseña es amable, hospitalaria y con un espíritu de alegría contagioso.

Con el calor, el plan de baño es infaltable. Te recomiendo ir a Mumbú, solo hay que tomar un mototaxi, que es un tipo de transporte urbano donde caben tres personas. El viaje es de 45 minutos hasta llegar a las aguas cristalinas del río que atrapan a cualquiera con su belleza y nos hacen olvidar que existe otro mundo.

Al llegar a Mumbú solo hay que preguntar por Martha y su mamá, Rosa, a la que le dicen “Rosa Culebra” porque es una mujer muy activa. Son mujeres líderes de la comunidad y muy hospitalarias en cuya casa tienen varias habitaciones en la parte alta. "La hice grande para darle posada a quienes visiten esta comunidad y quieran quedarse a dormir", dice ella.

Y Mumbú no es el único río. También está Arrastradero, Bochoromá, el Pureto y el mismo río San Juan. Incluso se puede ir a la piscina, o a la playa Senén, en el río Tadocito, un lugar muy concurrido por su belleza. Allí puedes realizar un paseo de olla o llevar la comida preparada.

Tadó es el mejor vividero del mundo. Camina por sus calles sin zozobra, sin miedo. Disfruta de su belleza y del valor heredado de los cimarrones, los mismos que gestaron batallas hasta conseguir el respeto de sus opresores. Arrópate con lo poco o mucho que tengan, porque es un gesto para que te sientas parte de lo que somos.

Nos vemos, hasta pronto.

El Hospital San José de Tadó continúa en crisis a pesar del llamado de la Supersalud para que se mejoraran los servicios hospitalarios. En agosto de este año fueron reparadas dos ambulancias con una inversión de 40 millones de pesos, pero solo funcionaron por dos meses. Hoy, cuando ocurre una emergencia, se debe solicitar apoyo de ambulancias prestadas por el Ejército Nacional y el Hospital de Istmina.

El gerente del hospital, Everth Casas, informa que el Ministerio de Salud aprobó dos ambulancias básicas con una inversión de 509 millones de pesos y que esperan que lleguen al municipio para la primera semana de enero. Mediante la resolución No 002014 del 29 de noviembre 2023 se destinaron 34 mil millones de pesos para varios municipios del país y del Chocó, entre esos Tadó, para financiar los programas de fortalecimiento del nivel primario y la infraestructura y atención de emergencias.

Además de la falta de ambulancias, se necesita adecuar la planta física, adquirir nuevos equipos médicos y adquirir medicamentos. En la lista de equipos que necesitan ser cambiados están: Rayos X, electrocardiógrafo, camas, camillas, equipos para la unidad de odontología, equipos de hematología y química sanguínea. Y todos los equipos de las áreas de consulta externa, urgencias, hospitalización y sala de partos.

¿Qué dice la gente?

Francisco Antonio Asprilla, veedor ciudadano, indica que los problemas del Hospital de Tadó vienen de tiempo atrás. “La crisis viene de hace muchos años debido a que el hospital se ha convertido en una asignación del alcalde y un cargo político. Se pueden hacer reformas a la salud, pero si no hay voluntad en los administradores no pasara nada”, asegura.

Yuber Antonio Perea, agricultor de 71 años y habitante del barrio El Esfuerzo, dice que la atención por urgencias sigue siendo demorada. “No sé cuál es el motivo, en ocasiones nos dicen que los médicos no quieren venir a Tadó porque son vulnerados. Yo vine al hospital el domingo 26 de noviembre con un dolor en el pecho y me atendieron rápido, pero porque no había tantos pacientes. Sin embargo, hay días en los que es una espera para que llamen los médicos”, agrega.

Una paciente, quien prefirió no mencionar su nombre, afirma que uno de los problemas principales es la entrega de medicamentos. “No entiendo como algunas personas hablan maravillas del hospital y están sufriendo igual que yo por la falta de atención. Llevo dos meses reclamando los medicamentos de la hipertensión y no los hay y en odontología solo atienden algunas cosas leves porque no tienen equipos”, dice. Algunas de las personas consultadas informaron que les están recentado medicamentos, pero que a la hora de reclamarlos les dicen que no los hay y deben comprarlos en una droguería.

Sin embargo, hay quienes se sienten satisfechos con la atención del hospital. María Sánchez afirma que no tiene quejas: “Vengo al hospital a tratamiento odontológico y a planificación familiar y nunca he tenido inconvenientes porque siempre me atienden y me realizan los procedimientos que he requerido”, señala.

¿Qué dicen las autoridades?

Everth Casas, gerente del hospital, indica que para suplir la crisis de las ambulancias ha recibido apoyo del Ejército Nacional y del Hospital de Istmina y en ocasiones le toca alquilar dependiendo la naturaleza de la emergencia. “Dependo de otras autoridades y esperamos que durante la primera semana de enero el centro asistencial cuente con una de las ambulancias dadas mediante la resolución referida por el Ministerio de Salud”, dice. Casas afirma que antes de terminar enero de 2024 el centro asistencial contará con dos ambulancias nuevas.

“Esta semana nos llegó la resolución por más de 700 millones de pesos para la atención primaria. Atenderemos a los pacientes en su casa, es una medicina preventiva para evitar que la gente vaya al médico solo cuando está grave. Actualmente hay 6 médicos y vamos a necesitar 12 médicos y más enfermeras”, agrega Casas. También informa que está a la espera de comprar e instalar otros equipos como de Rayos X y de odontología.

Michel Córdoba, coordinador de Salud, indica que por ahora solo se cuenta con una ambulancia y que se necesita coordinar el mantenimiento a tiempo. “Actualmente no existe un programa de mantenimiento de las ambulancias y cuando un vehículo de esos pide arreglo la situación es complicada porque ya están vencidos. Esperamos que con la llegada de los nuevos automotores la E. S. E. cree un plan para que los automotores funcionen siempre”, dice.

Por su parte, Marisol Ledezma, funcionaria de la farmacia del hospital, señala que se tienen los medicamentos básicos para urgencias. Sin embargo, reconoce que se reciben quejas porque se van acabando. “Los usuarios hacen comentarios negativos y hoy, para las enfermedades de base como la hipertensión, no tenemos todos los medicamentos, pero el gerente va y los consigue”, cuenta.

Lo que sigue

La comunidad espera que las ambulancias lleguen al Hospital de Tadó en enero. Además, que se invierta en nuevos equipos médicos para las áreas de urgencias, hospitalización y odontología. Por otra parte, queda pendiente la adquisición de más medicamentos y la adecuación de la planta física.

Mia Valentina González empezó a cantar desde los seis años cuando veía a su papá (el compositor Ismael González) escribir y cantar sus canciones. También aprendió a rimar, a pegar las frases, a encontrar una melodía y a inspirarse en lo que tiene alrededor para componer: la naturaleza, su familia, o el colegio. Luego aprendió a tocar guitarra, pasó también por la guacharaca y finalmente encontró su verdadero amor: el acordeón. “El acordeón me da tranquilidad, cuando lo toco puedo expresar mis sentimientos”, dice Valentina, quien tiene 12 años. 

En su colegio hace versos, se anota en las presentaciones y escribe sobre el tema que le pongan: en su graduación de quinto de primaria, por ejemplo, fue la encargada de la presentación final. 

A pesar de esa experiencia, Mia Valentina dice que es la primera vez que “seriamente” se sienta a escribir. Desde hace un mes, junto a su grupo de siete compañeros de la escuela de música a la que asiste, se puso a la tarea de escribir una canción para concursar en la categoría de aficionados de la versión 46 del Festival nacional de compositores de música vallenata. 

“Fuimos a dar una serenata a la familia de un compañero y vimos a la luna, estaba grande y redonda. En ese momento el profe nos dijo que escribiéramos sobre eso. Pensábamos que era mamadera de gallo, pero luego la canción se fue dando, le hicimos la letra, la melodía y ahí fue que nos dijo: “pónganse pilas que esa canción la vamos a presentar en el festival””, cuenta Mia Valentina.

En el proceso de composición, que duró un mes, participaron seis niñas y dos niños. Entre esos estaba Andrés Camilo Maestre, de 15 años. Por sus venas también corre las letras del vallenato: su padre es cantante y compositor, y se enorgullece en decir que es primo de Rafael Orozco, considerado como uno de los mejores y más completos compositores y cantantes Vallenatos del país.“En un cumpleaños de mi papá, cuando tenía siete años, lo escuché cantar por primera vez. Ahí me sentí muy emocionado y me empecé a motivar para aprender a cantar también”, cuenta.

Andrés Camilo toca la guitarra y canta. Su inspiración más grande es la naturaleza y por eso se le hizo fácil escribir sobre la luna sanjuanera en diciembre. La misma que inspiró en su momento a Roberto Calderón y que terminó convirtiéndolo en el autor del himno del Festival. 

“Cuando escucho la guitarra  siento que es una melodía muy hermosa y así sacó bastante canciones. La guitarra me inspira, también la naturaleza, mi familia y mis amistades”, dice Andrés.

Mia Valentina, Andrés Camilo y sus compañeros presentaron su canción el jueves 7 de diciembre. Y aunque solo pasaron a la primera ronda, haber hecho su primera composición, en sus palabras, marcó un antes y después.

En cuna de compositores hay pocos espacios de formación

Este año el Festival realizó el Concurso 'Las Notas de Juancho', para que jóvenes desde los 14  hasta los 17 años (acordeonero, cajero y guacharaquero) participaran. Sin embargo, Mia Valentina y Andrés Camilo le piden al festival más inclusión para los niños y niñas. Y, en general, más apoyo a procesos de formación en composición y música. 

Aunque el municipio es la sede del Festival, cuna de compositores, y varios de los versos de reconocidas canciones se han vuelto refranes entre sus habitantes, la comunidad dice que su cultura se está perdiendo y que es necesario involucrar a las nuevas generaciones.

Sin embargo, en San Juan del Cesar solo hay dos escuelas musicales, ambas privadas. Una de ellas es la Fundación Empresarial Desarrollo Social, que  tiene el programa de música “Acompáñame a cantar” al que pertenecen Mía Valentina y Andrés Camilo. La Fundación funciona desde hace 10 años y actualmente está formando 86 niños en acordeón, guitarra, percusión y canto. 

“Tenemos un semillero de música para que nuestra cultura no se pierda, ya cuando hay otros ritmos extraños que están metiéndose por todos los rincones de Colombia. Si no hay esto, nuestra cultura se puede perder”, cuenta José Gregorio Argote, director de la fundación.

Adicionalmente, la Casa de la Cultura ofrece algunos cursos ocasionales. Actualmente se están formando 16 guitarristas y 14 acordeoneros. Sin embargo, los cursos son por periodos cortos y la financiación depende de la voluntad del alcalde de turno. “Esos procesos se quedan ahí porque simplemente son convenios y se hacen por cuatro, cinco o seis meses”, cuenta Obdulio Mendoza, director de la casa de la cultura. 

Desde allí también gestionaron para que el Sena abriera el técnico en ejecución musical para los jóvenes que salgan de bachillerato. Sin embargo, todos reconocen la falta de espacios para los niños y niñas. 

El nuevo alcalde debe garantizar recursos para la cultura

Antes de las elecciones, el sector cultural del municipio se reunió con los dos candidatos a la alcaldía: Moises Daza y ‘Cubita’ Enrique Urbina. Ambos firmaron el Pacto por la cultura, en el que se comprometieron, entre otras cosas, a seguir y fortalecer los procesos de formación dentro de la Casa de la Cultura durante su periodo de gobierno.

Hasta ahora, a excepción de algunos cursos cortos en la Casa de la Cultura, ninguna escuela ha abierto espacios para enseñar a los niños y niñas sobre la composición. Desde esta primera experiencia en el Festival, la Fundación de Jose Argote seguirá en este camino con los niños del programa.

“Ellos tenían muchas ganas y emoción por participar en este concurso por primera vez, entonces ya entienden el mensaje de que hay que componer, que esa es otra faceta del músico y entre todos ellos ya tienen su primera canción. Ahora tenemos un taller con ellos que individualmente deben tener una canción y ya con eso le estamos abriendo el camino para que avancen en el cuento de hacer su primeras canciones”, cuenta Jose Gregorio.

Al final, además de fortalecer la cultura, el propósito de fondo es darle a los niños y niñas una nueva opción de vida. “Estamos cambiando la mentalidad de los jóvenes y de los niños. Que no miren hacia la drogadicción, el alcoholismo que lo vemos por todos lados. Con la música se les cambia el hábito de vida, se sienten útiles porque cuando uno los presenta en cualquier evento que hacemos ellos se sienten a gusto y alegres”, puntualiza Obdulio.

Mientras tanto, Mia Valentina y Andrés Camilo están soñando en grande. Quieren ser cantantes de vallenato, escribir más canciones y ser embajadores del folclor de su pueblo. “Para mi fue un reto, con esto ya sé que puedo escribir más canciones que expresen mis sentimientos, que cuenten historias. Yo siento que con la música puedo alegrar los corazones de las demás personas”, dice la ahora compositora, Mia Valentina.

Más de 3.000 estudiantes recibieron la semana pasada la ración vacacional de la alimentación escolar (PAE). Un mercado que busca reponer, durante las vacaciones, la alimentación que reciben normalmente los niños y niñas en el colegio.

Aunque la entrega generó opiniones encontradas entre la comunidad educativa, el sentimiento colectivo es el mismo: preocupación por la poca cantidad de alimentos. El mercado debería durar los 42 días de vacaciones, pero las cuentas no dan. 

¿Cumple su propósito?

El PAE+, como nombró el gobierno a esta ración, busca aportar al "Programa Hambre Cero" que lidera la Presidencia, con el objetivo de poner fin al hambre en Colombia, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición. Para esto el Gobierno Nacional priorizó algunos departamentos del país que registran alto índice de inseguridad alimentaria, entre esos el Chocó.

En Tadó, el encargado de entregar esta alimentación es la Fundación Cultural Pacífico en Paz, que a su vez distribuye la alimentación en Unión Panamericana, Condoto, el Litoral del San Juan, Medio San Juan y Río Iró. En el municipio son 3.662 estudiantes beneficiados y cada ración contiene los siguientes alimentos:

• 2 libras de arroz
• Un aceite por 500 ml
• Una bolsa de leche
• Dos atunes
• Una libra de harina de trigo
• Una libra de frijoles
• Una libra de lentejas
• Una libra de garbanzos
• Una bolsa de pastas
• Una panela

En el papel, la ración vacacional es sólo para el estudiante y debería ser un complemento que dure todos los días de vacaciones. Sin embargo, en la realidad, las familias usan la comida para todos, y las cantidades no son suficientes para cerca de 40 días. 

“Cuando la comida llega a la casa uno no va a cocinar por gramos para cada persona, de ahí comen todos. Además las vacaciones son de un mes y días, lo cual sería imposible que durara, así saquen de a cucharada para cocinar”, dice una madre de familia, quien prefiere no ser identificada. 

El PAE, de acuerdo con los cálculos oficiales, debe aportar el 50 por ciento de energía y nutrientes para los y las estudiantes, por lo que a las familias tadoseñas les queda la responsabilidad de cubrir el 50 por ciento restante. Sin embargo, para muchos estudiantes de Tadó esta es su única comida del día.

Natali Gamboa Córdoba, nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia y quien ha trabajado en el Chocó desde hace 13 años acompañando la construcción de las minutas del PAE en el municipio Quibdó, considera que estos productos sí son una ayuda, pero en un porcentaje pequeño. “No puedo decir que es suficiente porque aunque es para el estudiante, en el contexto en que estamos eso lo usa toda la familia y en ese caso es muy poco, pero sí es un apoyo a un porcentaje mínimo de nutrición y eso es valioso”, cuenta.

¿Qué dicen los padres de familia?

En el municipio hay opiniones encontradas entre los padres de familia. Algunos manifiestan estar conformes porque es una ración que les servirá para, por lo menos, cinco días. Pero hay otros que dicen que es muy poco. 

“Acá hay mucha gente desempleada que se mantiene del barequeo (extracción artesanal del oro) y no se está consiguiendo; entonces algunas familias comen todos  de esa ración. Es una ayuda, pero sería bueno que el gobierno la aumentara”, dice María Andrade, madre de un estudiante de la I.E. Normal Demetrio Salazar Castillo.

Lo mismo opina Robert Javier Quiñonez, profesor de la I..E. Nuestra Señora de la Pobreza y coordinador del PAE en la escuela. “Sabemos que hay niños que realmente comen es en el restaurante escolar y sabemos que ya en la casa toda la familia va a comer de ahí, entonces si el gobierno aumentara la ración sería muy bueno”, dice el docente.

Una madre de familia de la I.E. Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro, quien pidió no revelar su nombre, dijo que no estaba conforme con esta ración. “No estoy conforme porque aunque dieron dos atunes, no entregaron los huevos y eso rendía más que los atunes. Además, solo dan dos libras de arroz que en una familia de siete personas solo alcanza para una comida”.

Otra madre de la misma institución dijo estar muy contenta porque recibió cinco raciones, ya que tiene cinco hijos estudiando. “Yo estoy muy feliz y agradecida porque con esos cinco mercaditos puedo sostener a mis hijos durante dos o tres semanas, ya que reuní 10 atunes, 5 libras de pasta, 5 bolsas de leche, 5 libras de lentejas, 5 libras de garbanzos, 5 libras de harina, 10 de arroz, 5 aceiticos y 5 panelas. Esa es una ayuda para mí porque solo me toca buscar más arroz y carne”.

Lo que sigue con el PAE

Varios padres y madres de familia del municipio no recibieron la ración vacacional la semana pasada y están a la espera de que llegue esta semana.

Mientras tanto, la Gobernación debe asegurar que se preste el servicio de alimentación escolar desde el primer día de clase en 2024. Con la llegada de la nueva gobernadora, Nubia Carolina Córdoba Curi, aún no está claro cuál será la modalidad de contratación para el otro año. Por ahora, el mismo operador prestará el servicio durante el mes de enero. 

Desde hace once meses 205 familias damnificadas por la temporada de lluvias están esperando la ayuda única de 500.000 pesos que destinó el Gobierno Nacional para ayudar a la superación de la crisis humanitaria por la temporada de lluvias y el fenómeno de La Niña que se dio a finales del año pasado. Aunque el desembolso del dinero se hizo desde el 2 de enero, solamente 110 familias de las 315 que salieron beneficiadas en el municipio, pudieron reclamar.

Merys Pinto es una de las afectadas. Vive en el barrio El Campo y desde el 2017 tiene problemas en su casa cada vez que llueve. La vivienda se inunda constantemente y el agua ha debilitado la estructura de bahareque. Incluso su casa se ha hundido varios centímetros. 

Mery, al igual que los otros beneficiarios, no pudo reclamar la ayuda porque en el registro hubo errores ortográficos: su nombre apareció con “i” en vez de “y”, como aparece en su cédula, y por eso el banco no le entregó el dinero. Desde entonces, no ha parado de buscar que le respondan por la ayuda para solventar su situación y la de sus vecinos. “Cada vez que llueve vivo con el amén en la boca”, dice.

La Alcaldía y la Unidad para la Gestión del Riesgo se responsabilizan mutuamente

El proceso para obtener esta ayuda ha estado lleno de tropiezos. La Alcaldía inicialmente hizo el censo de damnificados y cargó la información. Y aunque desde la oficina de gestión del riesgo del municipio dicen que los errores fueron del listado que llegó desde Bogotá, en la Ungrd dicen que el error de digitación llegó desde Fonseca. 

“La Ungrd recibe estos listados de jefes y jefas de hogar y se procede a realizar un cruce con la base de datos de la Registraduría. Si se encuentran inconsistencias en los listados, estos se remiten de nuevo a la Alcaldía para que se subsanen y va acompañado de la reapertura de la plataforma para que ingresen los datos de los beneficiarios correctamente. También es competencia de la Alcaldía Municipal realizar las correcciones de las inconsistencias identificadas desde la UNGRD”, respondió la Unidad a Consonante.

Wilmer Pitre, integrante del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Fonseca, explica que enviaron las correcciones desde el 16 de febrero pero la Unidad no ha vuelto a desembolsar el dinero por problemas internos. “Después de que envíamos la lista nuevamente, pudieron pagarle como a 15 personas por Supergiros. Pero a los que están por el Banco Agrario no les han podido pagar. En reunión con Pablo Castañeda, de Bogotá, dijeron que van a buscar un nuevo operador porque el Banco Agrario les ha quedado mal. Pero seguimos esperando el reembolso, no tenemos más conocimiento”, asegura el funcionario.

En total se han realizado tres ciclos de pagos de esta ayuda en Fonseca: el 2 de enero, el 13 de febrero y el 29 de mayo. Sin embargo, Mery y las otras 205 familias no han podido recibir el dinero.

Sin ayudas y viviendo en zonas de alto riesgo 

Al igual que Merys está Lidubeth Brito. Su angustia comienza cada vez que llueve, sobre todo en septiembre y octubre, cuando suele llegar la temporada de precipitaciones . “Yo tengo una niña de 12 años que tiene un trauma, me dice yo quisiera pedirle a papito dios que nunca lloviera. Se pone nerviosa cada que llueve. Aquí todo el mundo vive preocupado”, cuenta Brito.

Su casa queda en el barrio Nueva Esperanza, al lado de un canal que se desborda cuando llueve. En los últimos aguaceros a Lidubeth se le dañó la lavadora, la nevera, la turbina, un computador, varias bolsas de cemento y los libros de sus hijos. Por eso, aunque espera poder recibir los 500.000 pesos, su petición es resolver el problema de fondo. “Yo no puedo mudarme de aquí porque no tengo la facilidad, vivo de la venta de empanadas y de pasteles. Por eso queremos que el Gobierno se ponga las manos en el corazón, ya sea con una nueva vivienda, porque cada que llueve la situación es la misma”, opina.

Lo mismo le pasa a Herminia Maria Granados de Miranda, a quien por no tener el “María” en su registro no le entregaron el dinero. Su casa está  ubicada en el barrio El Retiro, al frente del caño El Saín, y se inunda cada vez que este desborda. “A mi se me hundió la cocina, se cayó el mesón, se hundieron los cuartos, el agua se metió debajo de la casa”, cuenta. A otras personas, incluso, el agua estancada les ha causado problemas en la piel.

Para Yefer Santoya y su familia esta es la segunda vez que no recibe las ayudas que le asignan. En su casa, en la que vive desde hace 14 años, las paredes están dañadas y los útiles escolares y papelería de sus hijos se han perdido ya en dos ocasiones. “Esto pasa casi cada año. La primera vez nos dijeron que nos iban a ayudar a reparar las paredes, nos iban a ayudar con comida, pero nunca nos dieron. Ahora con el bono de alimentación tampoco nos dieron nada”, cuenta.

Lo que sigue

A pesar de que ya han pasado once meses, la Ungrd no es clara sobre las fechas en las que los afectados podrán recibir este dinero. “La reprogramación de los reintegros se encuentra en proceso y las nuevas fechas de pago para estos beneficiarios será informada por parte de la Ungrd desde la subcuenta Colombia Vital”, dice la entidad. Pero hasta el momento ni la Alcaldía, ni los damnificados han sido informados de estas fechas.

Yefer y su familia, al igual que otras familias damnificadas, tienen la esperanza de poder recibir el subsidio, pero también piden una solución definitiva. “Nosotros estamos esperanzados porque en este momento estoy desempleado, entonces el subsidio sería de gran ayuda. Pero también le pedimos al gobierno que nos reubique”, dice el padre de familia. 

En Fonseca, según Wilmer Pitre, hay por lo menos 420 hogares en situación de riesgo por las lluvias. A pesar de esto, hay pocas iniciativas para resolver el problema de fondo. Según el funcionario, el proyecto de viviendas rurales que está construyendo la Alcaldía con recursos del Sistema General de Regalías en el Hatico, Conejo y Almapotoque es la solución. Además, de un proyecto con Air-e para mejorar las redes de energía. Sin embargo, hay hogares en zonas de alto riesgo a las que ni la Alcaldía, ni alguna otra entidad, les está ayudando.

Después de casi tres meses de estar suspendido, volvió a funcionar el servicio de alimentación escolar (PAE) en las dos instituciones educativas de El Carmen de Atrato. Y aunque la noticia alegró a la comunidad educativa, la llegada del nuevo operador, Unión Temporal Programa de Alimentación Escolar Chocó, trajo otros inconvenientes.

Cocineras, rectores, docentes y padres de familia enumeran las fallas. La primera es la escasez. En una institución donde 30 niños y niñas cursan desde preescolar hasta noveno, puntualiza una manipuladora de alimentos que los insumos son insuficientes: “A veces solo mandan una cubeta de huevos, por lo que tenemos que partir un huevo para dos niños”.

Para el jugo de un solo día de 30 estudiantes, reciben tres mangos con muy poca azúcar. Y, sobre la proteína, tienen una pechuga de pollo que debe durar dos días, el mismo número de zanahorias y un repollo para una semana.

“Anteriormente, cuando yo recibía los alimentos, era con la medida suficiente y en algunos casos, podían repetir", cuenta otra cocinera. “Con el nuevo operador la comida llega en muy malas condiciones, la legumbre es pésima y las cantidades, más bajas”.

En el casco urbano no fue distinto. “No sé si era por el tema de bodegaje o por el tema de transporte pero, en varias ocasiones, los alimentos llegaron en estado de deterioro: frutas, verduras, legumbres”, cuenta Melvin Becerra Palomeque, rector de la institución Corazón de María. “Le informamos al operador pero no logramos hacer sinergia con la persona encargada de representarlo ante el municipio”, dice.

La salud de algunos estudiantes también se deterioró. “En una ocasión les dieron una mandarina con chocolate y el niño llegó intoxicado a la casa”, dice preocupada una madre de familia que prefiere no ser identificada. Y a esto se sumaron problemas de higiene con elementos de aseo que debía entregar el proveedor. “No es justo que, habiendo lavalozas específicos, el operador decida que los platos se lavan con Fab, sabiendo que es difícil quitar el olor y el sabor del jabón, pero no nos hacen caso”, comenta Betty Hernández, coordinadora de la Institución Marco Fidel Suarez.

Además, según los lineamientos del Ministerio de Educación para la planificación de los menúes es necesario tener en cuenta aspectos como el contexto cultural, sin embargo, en El Carmen de Atrato no ha sido así. “Mandaron unos envuelticos de arepa harina que acá no están acostumbrados a consumirlos, entonces se hacía necesario cambiarlo por masitas fritas y el aceite, que ya era bien poquito, se reducía más”, confirma Betty Hernández.

Con la contratación de las cocineras también hubo desaciertos. A pesar de que trabajaron varios meses con el nuevo contratista, nunca firmaron contrato y la información que les dieron fue que les pagarían entre 1.200 a 1.500 pesos por alumno atendido, lo que se traduciría en 45.000 pesos por día trabajado. Sin embargo, denuncian que el operador no cumplió con lo que habían pactado verbalmente y sólo les liquidaron $20.000 pesos el día. 

Pero las manipuladoras no se atreven a demandar a nombre propio ya que no tienen soportes jurídicos para hacerlo y ninguna quiere insistir en el asunto por las repercusiones.

¿Por qué no mejora con el cambio de operador?

Durante el primer semestre del año la contratación la hizo la Alcaldía con recursos de la Gobernación. El operador fue la Fundación Serranía Colombia. La demora en la contratación, así como los acuerdos de transferencia por solo 30 días, hizo que el servicio solo se prestara durante dos meses, es decir, 60 días calendario escolar. Para ese momento, un almuerzo le costaba a la Gobernación 2.500 pesos y el desayuno o merienda 1.900 pesos.

Varias cocineras manifiestan que cuando la Alcaldía manejó el contrato, la calidad de los alimentos era buena, igual que la cantidad. El problema principal, además de la intermitencia, fueron los retrasos en el pago a las manipuladoras de alimentos.

El último periodo de alimentación escolar se activó con nuevo operador el 8 septiembre. El encargado era la Unión Temporal Implementación del Programa de Alimentación Escolar en el Chocó, conformado por las fundaciones Symech, con 60 por ciento de participación, y Cultural Pacífico en Paz, que también presta el servicio en Tadó y otros municipios.

Este operador, a diferencia de otras ocasiones, no fue contratado por la alcaldía, sino por la Alianza Pública para el Desarrollo Integral, Aldesarrollo, quien fue contratado, a su vez, por la Gobernación para ejecutar el dinero de las regalías del departamento, dinero con el que se financió el programa en los últimos 90 días.

Para el reciente contrato aumentó el valor de la ración. En todos los municipios no certificados del Chocó, un almuerzo del PAE le costó a la gobernación 4.812 pesos y el desayuno o merienda 2.816 pesos. Y aunque fue un aumento significativo, en El Carmen de Atrato no se sintió el cambio. 

Además de los problemas en la calidad de los alimentos, con la llegada del nuevo operador varias cocineras fueron despedidas, según denuncian, por no apoyar a un candidato a la alcaldía. Otras renunciaron de manera voluntaria porque apoyaban a un candidato contrario. 

Dionne Cruz, ex Presidenta e integrante de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública, asegura que esto es algo que suele pasar en varios municipios y es una de las causas que, según identificó la Asociación, perpetúa los problemas del programa. “Hay corrupción, malos manejos, falta de idoneidad de los contratistas y operadores ―porque son elegidos para pagar favores políticos y no por mérito o experiencia―. Y también hay captura de estas rentas públicas por clanes políticos, mafias e incluso grupos al margen de la ley”, explica la experta.

Entre los rectores, además, está la percepción de que los operadores ajenos a El Carmen de Atrato tienen más problemas; por falta de pertenencia y problemas de logística. “Tener que traer alimentos de otros lugares, buscando abaratar costos, pone en riesgo la calidad con la que estos alimentos llegan”, opina Melvin Becerra.

El problema según opina Betty Hernandez, coordinadora de la institución Marco Fidel Suárez, también es el traslado. “Consiguieron proveedores para las legumbres desde Quibdó, toda esa legumbres llegaban aquí dañadas y deterioradas, si lo iban a suministrar desde allá lo deberían hacer la remesa cada ocho días, pero la hacían cada 15 días, entonces el daño fue significativo”.

Además, hay desconexión entre la Gobernación, el operador y la comunidad educativa. Según Juan Carlos Quinto, secretario de Integración Social del Chocó, en su despacho no han recibido ninguna queja sobre el funcionamiento del PAE. "Nosotros hacemos seguimiento al programa en los municipios, es nuestro deber, pero lo que hemos evidenciado es que ningún rector ha manifestado alguna inconformidad con el programa", dijo el secretario que además manifestó no saber cuáles son las empresas que conforman la UT PAE Chocó.

Y aunque los rectores y coordinadores manifestaron que habían contactado a Sandra Mazo, representante legal de la UT PAE Chocó, para manifestar sus preocupaciones; Mazo asegura que solamente ha recibido felicitaciones. “La comunidad educativa siente que el PAE ha cambiado y que el tema de las raciones servidas ha mejorado muchísimo en cuanto a cantidad y a calidad. Tengo hasta reportes de las instituciones de que sobraron alimentos de las últimas entregas”, dice.

Otras consecuencias de un servicio deficiente

Durante el tiempo en que el PAE estuvo suspendido en el municipio, la solución más inmediata de docentes y rectores fue recortar la jornada escolar; esto significó que los estudiantes estudiaron entre una y dos horas menos todos los días por más de tres meses. 

En la I.E. Marco Fidel Suárez, por ejemplo, los estudiantes de jornada única pasaron de salir a las tres de la tarde, a salir a la una y media. Lo mismo en la I.E. Corazón de María. 

“Es una jornada que va de siete de la mañana a tres de la tarde, pero como tenemos estudiantes de las zonas rurales, hay estudiantes que salen de su casa a las cinco de la mañana y regresan tipo cinco de la tarde dependiendo del clima. Por eso las repercusiones nutricionales y académicas son muchas”, añade Betty Hernandez.

Aunque el PAE está pensado desde el Ministerio de Educación como un complemento alimenticio, en las instituciones de El Carmen, y de otros municipios del Chocó, hay varios estudiantes para los que es la única comida del día, lo que agrava la situación. 

“Para muchos de los muchachos es el único alimento que reciban en el día, cuando el Programa de Alimentación Escolar no se presta en las condiciones debidas, afecta de manera significativa no solo la prestación del servicio educativo, sino que ponen riesgo su propia salud”, denuncia Melvin Becerra Palomeque.

Según explica Dionne Cruz, además de las limitaciones académicas las repercusiones son físicas y mentales. “Afecta en su talla y en su peso. Retardos en el crecimiento físico, y en el desarrollo cognitivo. Una menor capacidad de aprendizaje, de concentración. Estamos hablando de problemas asociados a la desnutrición, que es una causa de mortalidad en Colombia. Debilidad, situaciones de anemia, una serie de problemas que nuestros niños y niñas no deberían estar sufriendo”, comenta la experta.

Esto, a su vez, se traduce en deserción escolar. “Cuando los insumos no son suficientes, hay muchachos que se quedan sin alimentación y eso automáticamente genera deserción escolar, porque nosotros tenemos sedes ―incluyendo la principal― con estudiantes que solamente cuentan con la alimentación que se le suministra en los planteles educativos”, manifiesta Betty Hernández.

Una de las madres rurales lo confirma: “nosotros como padres de familia suponemos que el programa funcionará todo el año escolar, sin embargo, cuando el programa se paraliza, debemos buscar plata de donde no tenemos para comprar el algo a los niños o darles plata para que ellos compren cualquier cosa”.

Lo que viene con el PAE en el 2024

Con la llegada de la nueva gobernadora, Nubia Carolina Córdoba Curi, aún no está claro cuál será la modalidad de contratación para el otro año. Por ahora, estos mismos operadores prestarán el servicio durante el mes de enero. 

“Nosotros tenemos recursos para ejecutar el PAE hasta finales de enero del próximo año. Una vez esos días se terminan, usamos los recursos que envía el Gobierno Nacional. Esperamos que la nueva gobernadora nos diga cómo va a entrar a manejar el tema. Si va a ser directamente con los municipios o centralizado como está ahora”, dice Juan Carlos Quinto.

Sin embargo, las madres y padres de familia de la zona rural, al igual que las manipuladoras de alimentos, opinan que la contratación debería ser de las Juntas de Acción Comunal o de las juntas de padres, como lo había anunciado el gobierno nacional. Dicen que así se le daría prioridad a la producción del campesinado carmeleño y los alimentos estarían frescos y de mejor calidad, además de generar ingresos al interior del municipio.

Lo mismo recomiendan desde la Asociación Colombiana de Salud Pública. “Está la necesidad de un rediseño del plan de alimentación escolar y de la arquitectura institucional que lo sostiene, orientada a que sea la comunidad la que maneje el servicio”, comenta Dionne Cruz. 

La Defensoría del Pueblo, por su parte, recomendó después de su visita al departamento hacer una planeación adecuada para que los procesos precontractuales y contractuales no afecten la operación y continuidad durante todo el calendario escolar, y, con ello, los derechos de niñas, niños y adolescentes beneficiarios sean garantizados.

Además, hizo un llamado a padres, madres y cuidadores para que exijan la conformación del Comité de Alimentación Escolar en las instituciones educativas en donde no se encuentra constituido, y donde ya esté conformado, sean establecidas rutas de seguimiento y vigilancia claras que permitan verificar oportunamente las irregularidades en el PAE.

Con el voto de opinión y bajo la promesa de gobernar con el pueblo y priorizar la zona rural llegó Juan Carlos Palacios a la alcaldía de Tadó. Su elección mostró un pequeño giro a como estaba funcionando la política en el municipio: después de 8 años quedó electo un candidato que pertenece al partido Liberal y no iba apoyado por una coalición de partidos.

Además, por primera vez en 12 años, el nuevo alcalde no tiene relación con el partido de la U. En 2011 la alcaldía la ganó Mancio Agualimpia por ese partido. En 2015 ganó Arismendi García con la coalición Convergencia que agrupaba a los partidos de la U, Liberal, Mais y Verde. Y en 2019  quedó electo Cristian Copete, quien era considerado el candidato de Arismendi, con la coalición “Por Tadó me la juego toda” que unió a los partidos Cambio Radical y, nuevamente, al Partido de la U.

Palacios es distante de la administración actual, lo que implica que no dará continuidad a la forma de gobierno de Cristian Copete. “Es un gobierno (el de Copete) que no es afín con mi propuesta, no es un gobierno amigo”, dijo el alcalde electo en entrevista con Consonante. A pesar de estar asociado con estructuras de partidos tradicionales, muchos de sus votantes le atribuyen ser “el cambio”.

Su énfasis será en políticas públicas diseñadas para las necesidades de la gente que, aunque es lo común en la gestión administrativa, no solía ocurrir así en Tadó. Además, esas políticas públicas a la medida incluirán, por primera vez, una con enfoque de género y otra que reconoce a las familias como sujetos de derechos. Además, habrá otra con las diferentes actividades deportivas, culturales, educativas, recreativas y sociales, otra para atender a la población con capacidades diferentes y para fortalecer el turismo.

Su llegada al palacio municipal implica también, según lo anunciado, una reestructuración administrativa. Palacios piensa crear la secretaría de Inclusión, Equidad y Género; la secretaría de Turismo; la secretaría de Desarrollo Económico y rediseñar el modelo de seguridad del municipio. 

También promete apostar fuertemente a la inclusión de la ruralidad. Su cierre de campaña fue una “toma del alto San Juan”, un evento multitudinario en el que recorrió varios corregimientos El reto será  mejorar los puestos de salud rurales de cada corregimiento, la infraestructura de las escuelas.También mejorar el acceso al acueducto y alcantarillado y potenciar el turismo con estas comunidades.

El reto de trabajar con un Concejo “independiente”

Palacios llegará con apenas dos concejales de su línea directa: Luis Fermin Palomino, quien ha sido concejal durante casi 20 años por el partido Liberal, pero apoyó a Cristian Copete el periodo anterior. Y Wilson Andrade, un concejal nuevo del partido Alianza Verde.

La participación de la mujer disminuyó para este periodo. Solamente Claudia Patricia Hinestroza logró una curul con el partido Conservador, cuando en otros años hubo entre dos y tres mujeres en el Concejo.

El partido con más votos fue el Partido Conservador, que ha sido históricamente fuerte en la región y logró cuatro espacios en el Concejo. Este partido ha logrado mantener la cantidad de curules con el paso del tiempo: en 2011 logró tres; en 2015 cuatro y en 2019 cuatro nuevamente. Mientras que el partido Liberal ha perdido su fuerza con los años y ahora solo tiene una curul en el Concejo, esto pese a que la gobernadora del departamento cuenta con su respaldo.

En contraste, los partidos Centro Democrático y Colombia Humana no alcanzaron el umbral de 558 votos para tener por lo menos una silla en el recinto. El primero solo alcanzó 450 votos y el segundo 61.

Aunque aún no se ha definido la posición de los concejales, la tendencia, según dicen algunos, será una mayoría declarada “independiente”, es decir, que no apoyarán 100 por ciento al alcalde pero tampoco serán oposición. Sin embargo, más allá de la ideología, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explica que esto se traducirá en la realidad en un ejercicio de negociación permanente.

“El alcalde va a tener que mandar a su secretario de Gobierno a hablar con cada uno de los operadores políticos locales y decirles, ‘bueno: este es el plan de desarrollo’, y los concejales probablemente le van a decir ‘¿qué me vas a dar a cambio para aprobarlo?’ . Eso es lo que termina pasando. Y aunque hay concejales honestos, no es lo usual”, dice Bonilla.

La bancada del Partido de la U, con dos puestos, sigue definiendo cuál será su papel: “me tocaría hablarlo con mi bancada, aunque yo creo que lo voy a hacer como independiente y creo que esa es la tendencia”, dice Luis Moreno, actual presidente del Concejo Municipal. Lo mismo el partido Cambio Radical, que también logró dos curules, “lo único que sabemos ahora es que no vamos a ser oposición”, dice Danning Perea, concejal electo de este partido.

Quien según la ley lideraría la oposición es Jesus Hamilton Peña, quien aceptó la curul por ser el segundo candidato más votado, pero la línea aún no está clara. Declararse oposición, en municipios como Tadó, suele salir muy caro y es poco frecuente. En el municipio el mayor empleador es la alcaldía, y los puestos públicos suelen renovarse con el mandatario de turno. “Para que te den un contrato hay que tener una recomendación de un concejal. Entonces, para que un concejal diga que es la oposición quiere decir que no necesita meter contratos en la alcaldía y eso es casi imposible”, opina la experta.

Hasta el momento, el partido Conservador es el que no tiene ninguna inclinación: “Que el movimiento perdiera, no significa que me vaya a declarar en oposición. Depende de la charla que tengamos con el alcalde Juan Carlos, depende de lo que él plantee sobre cómo va a trabajar… Si en su trabajo va a tener en cuenta a las personas que en las elecciones no estuvimos con él ”, explica Orlando Delgado, quien sigue a la espera de la conformación del nuevo mandato.

El alcalde electo no tendrá problemas para armar coalición en un Concejo acostumbrado a seguirle el ritmo al mandatario de turno. Pero por su naturaleza transaccional, el Concejo pondrá a prueba la promesa de Palacios de ser un gobierno transparente y no caer en la entrega de puestos por favores políticos.

La relación con la gobernación podría favorecerle

El nuevo alcalde fue fórmula de la gobernadora electa Nubia Carolina Córdoba Curi. Ambos pertenecen al partido Liberal y estuvieron juntos en varios momentos de la campaña electoral. Incluso, Córdoba estuvo presente en el cierre de campaña de Juan Carlos Palacios en la zona rural.

Córdoba Curi tuvo el respaldo de la base social del Pacto Histórico en Chocó y, a diferencia de elecciones anteriores, el liberalismo unió sus bases en torno a su candidatura. En Tadó, donde tiene a parte de su familia, ganó con 4.552 votos.

La buena relación entre ambos mandatarios puede facilitarle a Palacios la consecución de recursos de inversión para invertir en educación, así como otros temas en los que el municipio depende de la Gobernación. 

“El presupuesto público solo le alcanza (a Palacios) para pagar la nómina de los maestros, la del hospital público y se acabó la plata. Todo lo que haya prometido, le toca gestionarlo por fuera y la manera de hacer gestión es a través de otros operadores políticos” explica Laura Bonilla. “Si Palacios tiene una buena relación con la gobernadora y la gobernadora a su vez  tiene una buena relación con el gobierno nacional, es probable que atraiga recursos al municipio”, agrega la experta.

Nubia Carolina Córdoba Curi hizo parte del grupo de nuevos mandatarios regionales que citó el presidente Petro a la casa de Nariño el pasado 7 de noviembre. La reunión fue solamente con los gobernadores electos simpatizantes de Petro y la cercanía de la mandataria con el Gobierno Nacional fue explícita, al menos en el contenido compartido del encuentro por parte de la gobernadora y el presidente Gustavo Petro.

Palacios lo tiene claro  y ve en Córdoba Curi la forma de lograr sus proyectos. “Hoy tenemos una gobernación que nos puede colaborar y se identifica con nuestra línea de gobierno”, expresó  el mandatario a Consonante. Además, la Gobernadora tiene el mismo propósito del alcalde Palacios, que es precisamente centrar mayores esfuerzos en el campo: “es muy importante llevar inversión a la zona rural”, dijo tajantemente durante su visita a la capital.

El próximo 17 de diciembre se realizarán las nuevas elecciones en Fonseca, La Guajira, luego de que se destruyera más del 25 por ciento del material electoral en las elecciones del pasado 29 de octubre.

En estas elecciones se elegirá al próximo alcalde de Fonseca y a los integrantes al Concejo. Según informó la Registraduría delegada de Riohacha, la decisión de repetir las elecciones se dio tras perderse la cadena de custodia y material electoral en tres puestos de votación. Los disturbios ocurrieron en los colegios Calixto Maestre y María Inmaculada, en zona urbana; y el colegio Agrícola, en Conejo.

Es de aclarar que las elecciones se repetirán en todo el municipio y no solo en las mesas afectadas.

1. ¿Por qué se tomó la decisión de repetir las elecciones?

La resolución 007 del 10 de noviembre de 2023 resolvió las reclamaciones, apelaciones y desistimientos sobre el proceso electoral y escrutinios de las elecciones territoriales para el periodo 2024- 2027. El documento expone que para el 29 de octubre, al final de la jornada, se registraron hechos vandálicos llevando a la destrucción y el abandono de material electoral en 3 de los 12 puestos de votación.

El colegio María Inmaculada tiene 16 mesas y votan en ese punto 5.278; en el Calixto Maestre 18 mesas y votan 5.860; y en el puesto de Conejo, 7 mesas y votan 2.201 personas. “Una vez la Comisión Municipal recibió en su despacho diversas reclamaciones y recursos de las comisiones auxiliares y la municipal se declararon en desacuerdo, antes de definir si se podía declarar la elección de las autoridades municipales, absteniéndose de declarar el concejo municipal y el cargo de alcaldía”, dice la resolución.

En el documento se informa que no se declaran las elecciones de Alcaldía y Concejo Municipal y, por tanto, resuelve: “excluir de la votación de las 41 mesas de los tres puestos de votación citados e incluir las 57 mesas de votación de los 9 puestos de votación que fueron debidamente escrutados para la declaración del cargo de Gobernador y Asamblea del departamento de La Guajira”.

2. ¿Los candidatos siguen siendo los mismos? ¿Quienes se unen incurren en doble militancia?

Desde que se convocaron a nuevas elecciones, la Registraduría aclaró que los candidatos serían los mismos a los que se postularon para las elecciones del 29 de octubre. No habrá inscripciones porque esto no es una elección atípica sino que responde a una nueva convocatoria tras actos de vandalismo. Sin embargo, quienes quieran renunciar a la candidatura pueden hacerlo de manera formal ante la Registraduría.

Para Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y con experiencia de 25 años en temas electorales, si dos candidatos quieren unirse, alguno de estos debe renunciar para no generar inhabilidad. “Así como se inscribió ante la Registraduría debe renunciar ante la misma (...) Los candidatos deben ser los mismos porque la inscripción ya pasó, las coaliciones están realizadas y ya no hay esa posibilidad porque incurriría en doble militancia por apoyar a un partido distinto”.

Gutiérrez puntualizó que un candidato “no puede apoyar a un aspirante distinto al de su partido o antes debe renunciar a la candidatura de manera oficial”.

3. ¿Qué consecuencias tiene repetir las elecciones?

Para Pedro Gutiérrez tener unas nuevas elecciones implica que haya menos tiempo para el empalme que realiza el alcalde actual y el alcalde electo. “Lo único que perjudica es la logística de empalme, ya que no tienen mucho tiempo. Pero se sabe que si el resultado está antes del 31 de diciembre, la Alcaldía se asume desde el primero de enero, comenzando el periodo constitucional”. Además, Gutiérrez agrega que lo prioritario ahora es brindar garantías para que la población pueda votar con normalidad.

4. ¿A qué sanciones se enfrentan quienes incurran en delitos electorales y alteren de nuevo las elecciones?

Las sanciones están establecidas por ley. Las personas que atenten contra la jornada electoral y dañen el material se enfrentan a consecuencias penales, por ser un delito electoral que se debe judicializar como responsabilidad individual.

Este delito está tipificado en la Ley 1864 de 2017, artículo 386, como perturbación en el certamen democrático y contempla que quien impida la votación y el escrutinio incurrirá en una condena de prisión de 4 a 9 años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales vigentes. Y la pena en prisión aumenta de 6 a 12 años cuando la conducta se realice por medio de violencia.

Las autoridades de Fonseca ofrecieron una recompensa el 30 de octubre de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables de los actos vandálicos del pasado 29 de octubre.

5. ¿Habrá nuevamente sorteo de jurados?

Los jurados serán los mismos de los asignados el 29 de octubre. Este es un cargo obligatorio y por ley, si no participa debe cumplir una sanción. Según la Ley 163 de 1994, la multa por no asistir es de hasta 10 salarios mínimos, es decir más de 10 millones de pesos.

“Son particulares que cumplen una función pública. Si llegan a incumplir esa obligación, se someten posiblemente a un acto disciplinario y eventualmente a una sanción económica”, indica Gutiérrez.

6. ¿Cómo afecta a la democracia que se haya demorado en tomar la decisión de unas nuevas elecciones?

Pedro Gutiérrez agrega que aunque no se afectó la democracia si hay pérdida económica y de tiempo. “La ciudadanía se vio frustrada pero sí hay democracia porque se efectuará una nueva elección y los gobernantes estarán para el periodo constitucional que inicia el primero de enero.

La mayor afectación es en la logística y el tiempo que se perdió para hacer el empalme, pero en cuestión de 15 días ya la Alcaldía podría estar funcionando normalmente”, agrega.

7. ¿Qué entidades estarán presentes para hacer veeduría y garantizar el desarrollo de las elecciones?

En las elecciones están presentes la Policía, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la MOE y los delegados del Consejo Nacional Electoral. En cada punto de votación debe haber una mesa de justicia con alguno de estos representantes para que estén al tanto de los incidentes y de las posibles denuncias frente a irregularidades.

8. ¿Qué medidas se deben usar para garantizar transparencia en el proceso de elecciones?

Para las fuentes consultadas, lo más importante es permitir que la gente vote con total tranquilidad. “Se deben revisar las inhabilidades, el tema de recursos públicos que se pueden utilizar en la campaña electoral. Todo eso, es lo que se da en un proceso electoral para garantizar la igualdad y la libertad al elector, igualdad de condiciones en los candidatos y la protección del elector. Esto se garantiza permitiendo votar sin ninguna coacción, cuando se acerca al cubículo solo y que escoja qué opción decide apoyar o si se abstiene a votar, porque también es un derecho del ciudadano abstenerse a votar”, indica Pedro Gutiérrez.

9. ¿Qué dicen algunos candidatos sobre repetir las elecciones? ¿Consideran que hay garantías?

Algunos candidatos consultados por Consonante consideran que sí se cuentan con las garantías necesarias para efectuar esta nueva jornada electoral y confían en que lograrán más votos. Eredis Brito, aspirante nuevamente al Concejo, señala que espera que no haya contratiempos y que va a continuar en su campaña. “La gente me sigue dando el apoyo, he llegado a estas personas y van a volver a votar por mí. Confío en que todo va a salir bien en estas elecciones. En lo que se pudo contar logré 277 votos y con eso ya estaba entre las concejales con credencial y confío en que se van a mantener esos votos y aspiro alcanzar unos 700 votos”, indicó.

Lo mismo opina Luis Manuel Campo, candidato al Concejo. Dice que está optimista por esta nueva oportunidad de unas nuevas elecciones. “Estamos seguros que vamos a lograr el electorado necesario. Tuve de apoyo 255 votos, pero hay que tener en cuenta que hubo votos que no se pudieron contar por los actos vandálicos y deseamos que ahora todo se dé de la mejor manera. Siento que las garantías están dadas para todos”, agregó.

Los expertos consultados señalan que el orden público debe ser garantizado por la Alcaldía y la Gobernación. Y, en el caso particular de Fonseca, es de conocimiento del Gobierno Nacional. Por ello, piden que haya más Fuerza Pública y garantizar que la ciudadanía se pueda acercar con tranquilidad a votar.

10. ¿Confía la gente en las elecciones?

Las opiniones de algunos ciudadanos de Fonseca se encuentran divididas entre los que confían y tienen dudas de la jornada electoral.

Wilmar Díaz, miembro de la campaña de Enrique Fonseca, dice que no confía en las elecciones. “Los perdedores cuando vean una fila de un kilómetro de personas y ellos no registren votos, vuelven y hacen la guachafita y dañan el proceso”.

Díaz cuestiona que “no han condenado a ninguno de los vándalos. No ha habido ningún ejemplo, entonces para ellos es fácil dañar y que en febrero volvamos a elecciones”.

Otro simpatizante de la campaña de Fonseca quien pidió no ser citado dice que sí confía en la nueva jornada. “Hay que confiar nuevamente en las elecciones. Lo que no confío es en las campañas políticas que últimamente se están haciendo en Fonseca excluyendo el candidato mío”, dice.

Early Díaz, miembro de la campaña de Enrique Fonseca, comenta que “las elecciones de aquí van hacer una más del montón, van a cometer más errores. Lo importante es que van a estar ahora más vigilados por la MOE y por todas las entidades porque son las únicas elecciones que se harán en el país”.

Luis Dario Ortiz, simpatizante de la campaña de Benedicto González, dice que confía en que las autoridades competentes van a tomar las medidas necesarias. “Confío en que se va a garantizar que la democracia se instaure de manera definitiva en estas elecciones y que se vuelva un comportamiento normal para las futuras elecciones”.

Juan Contreras, miembro de la campaña de Benedicto González, no confía. “ Para mi seria bueno que intervinieran organizaciones garantes la ONU, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones internacionales que velen por las elecciones de Fonseca. No vemos garantías por parte de la administración que se ha metido de lleno con un candidato, entonces ese el miedo de los habitantes de Fonseca”.

Fidel Vagas, simpatizante de Benedicto González, dice que no confía en las elecciones porque la gente denuncia y las autoridades no hacen nada. “No le ven el interés de verificar o corroborar dicha información entonces por la práctica de compra masiva de voto, las elecciones se vuelven a costa del dinero, por ese lado las elecciones no son confiables en el municipio de Fonseca”, agrega.

Verenice Santiago, adepta de la campaña de Micher Pérez, dice que confía. “Creo en las elecciones porque es la oportunidad que le están dando a la democracia de hacer las cosas bien. El 29 de octubre fue un proceso fraudulento y no se le dio la oportunidad a la democracia, entonces es por ello que hay que hacerlas de nuevo y que se garantice que el proceso sea bajo criterios de transparencia”.

Jeider Martínez, partidario de la campaña de Micher Pérez, opina que “se confía siempre y cuando cambien toda la vigilancia posible de afuera. Que manden Policía y un registrador que sea neutro y que resguarden a toda Fonseca”.