Los y las estudiantes de Fonseca han tenido un regreso a clases atropellado. A pesar de que la fecha estipulada para volver a las aulas era el cinco de febrero, la mayoría de las instituciones educativas tuvieron problemas para tal inicio porque todavía no hay personal contratado para prestar el servicio de aseo y vigilancia y los cupos no son suficientes para atender a todos los estudiantes. A esto se suman problemas en la infraestructura de los colegios, que ya cumplen más de 80 años de uso.
Por ejemplo, en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Fonseca denuncian daños graves en las instalaciones del colegio, como lo manifiesta el rector Francisco Javier Núñez: “Han pasado 80 años, entonces es una infraestructura vieja. El tema del cerramiento es un problema grave, la tapia es muy bajita, tiene muchas grietas y huecos. Tenemos problemas con las baterías sanitarias, que también están en mal estado”, cuenta.
“Tenemos 11 aulas y nos hace falta, porque aquí los profesores trabajan por talleres y toca habilitar, por ejemplo, la sala de informática o los laboratorios. Incluso tenemos un profesor que da clases debajo de los árboles”
Francisco Javier Núñez
Esto obligó a que el ingreso se hiciera de manera gradual entre el 5 y el 14 de febrero, una vez culminen las vacaciones por los carnavales. En Consonante revisamos qué está listo y qué no para que los estudiantes regresen a las aulas. Esto es lo que encontramos:
Desde hace varios años el panorama para el inicio de las clases es el mismo: aulas que están en mal estado y en las que ya no caben los niños, baños que funcionan a medias, filtraciones en los techos, conexiones eléctricas obsoletas y salones sin pintura.
En esa situación recibió la escuela el nuevo rector de la institución Juan Jacobo Aragón: ”En términos generales la infraestructura está muy deteriorada, recursos cero, con muy poco personal de aseo y de vigilancia”. confirma Leonel Rizo Gnecco.
Por eso José Alberto Velázquez Romero, rector de la Institución Ernesto Parodi Medina, cuenta que decidieron no iniciar las clases a tiempo. “El domingo (4 de febrero) la Asociación de rectores del departamento de La Guajira nos reunimos y acordamos no entrar a clases por el mal estado en que se encuentran las instituciones, no solamente el Ernesto Parodi, sino que esto es a nivel departamental”, dice.
A los problemas de infraestructura se suma la demora en la llegada de nuevos docentes, el poco incremento de nuevas plazas y la falta de transparencia en el proceso que han denunciado varios maestros en el departamento. Para las cuatro sedes de la I.E. Ernesto Parodi, llegaron 17 docentes nuevos dos semanas tarde, sin embargo, aún faltan tres para la sede principal. “Me preocupa la falta de docentes, los que venían con horas extras este año no quisieron aceptarlas y ha quedado cierta cantidad de horas disponibles en diferentes áreas. Por ejemplo, el profesor de educación física, el de artística y de matemáticas”, explica Velázquez, rector de la institución.
Esto a pesar de que la población estudiantil de La Guajira ha aumentado el 13 por ciento entre el 2019 y el 2023. Según el reporte del SIMAT a corte 30 de septiembre del 2023, había 82.583 estudiantes matriculados en los 12 municipios no certificados: 31.521 pertenecientes a comunidades indígenas y 51.062 estudiantes no étnicos. En 2024, según afirma la Gobernación, se espera una cifra de 90.000 estudiantes. “La población creció y las aulas quedaron muy reducidas para el número de estudiantes”, denuncia Zulay Amaya, rectora de la Institución Agro ambiental José Pérez de El Hatico. En esta escuela faltan cinco docentes.
Además, el año pasado las escuelas de los 12 municipios no certificados de La Guajira sufrieron por la falta de contratación de personal de aseo y vigilancia. Esto se tradujo en que varios colegios en Fonseca fueron víctimas de robo y tuvieron que iniciar clases este año sin algunos enseres. “Los bienes del colegio están expuestos a los ladrones, ya que se nos llevaron varios aires acondicionados, no podemos dejar nada de valor en el colegio porque se lo llevan. Además no tenemos aseadoras, los niños encontraron las aulas sucias, los patios y le toca a un padre de familia barrer”, manifiesta Amaya.
Por el momento, lo único que está seguro es el transporte y la alimentación escolar. Para el transporte escolar, por primera vez en más de cuatro años, aumentaron la cantidad de rutas y vehículos contratados.
Para la prestación PAE en la población mayoritaria –urbana y rural no étnica– en los 12 municipios no certificados del departamento, la Gobernación suscribió un acuerdo de cooperación internacional con el Programa Mundial de Alimentos (PMA). El contrato, para toda la vigencia del 2024, es por 39.000 millones de pesos. 30.000 millones que aporta la Gobernación y 9.000 millones que aporta el PMA, estos últimos representados en costos de implementación, soporte y asistencia técnica.
Por su parte, la alimentación escolar de 31.521 estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas, será atendida por 20 operadores indígenas. Para esto se destinaron 25.000 millones de pesos.
Yuleisy Fernández es miembro de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Villa Hermosa y madre de dos niñas que estudian en el colegio Ernesto Parodi Medina. Su mayor preocupación es por los niños que no alcanzan a tener cupos. “Me siento con inconformismo porque hay muchos estudiantes que están sin cupos y queda uno con un sinsabor de esos niños que no tiene acceso a la educación. Ahora con la salida de los niños de los CDI se colapsaron los colegios de estudiantes y el problema más grave es que no le buscan una solución. Yo fui a buscar unos cupos y me dijeron que no había porque estaban colapsados”, cuenta.
Yuleisy reclama también la falta de ventilación de los salones “Hay fallas en las estructuras del colegio. Ellos se la pasan desde las 12 hasta las 6 dando clases sin abanicos, con unas condiciones bravas porque estas temperaturas se ponen tesas”, agrega.
“Hay fallas en las estructuras del colegio. Ellos se la pasan desde las 12 hasta las 6 dando clases sin abanicos, con unas condiciones bravas porque estas temperaturas se ponen tesas”
Yuleisy Fernández
Nailin Molina, por su parte, tiene dos hijos que estudian en la I.E. Agroambiental Jose Pérez de El hatico, donde cursan tercer y sexto grado. Uno de los problemas que más le preocupa es la ausencia de personal de seguridad y la poca cantidad de salones. “El año pasado estuvieron sin vigilante y ya se han presentado robos en el colegio. Además se necesita más infraestructura porque dijeron que iban a construir más salones pero no se sabe cómo va ese proyecto y hay grados nuevos que van a comenzar este año. No todos los salones cuentan con aire o ventiladores”, explica Nailin.
El primero de febrero los rectores del departamento de La Guajira tuvieron una reunión con el nuevo gobernador, Jairo Aguilar, y la secretaría de Educación Departamental, Ladys Diana Ochoa. Durante el encuentro los rectores expusieron todas las problemáticas, sin embargo, sienten que no hay soluciones de fondo.
“Llegamos con un optimismo muy bajo porque no plantearon soluciones de fondo. Yo le decía que esta institución tiene 4.6 hectáreas, 2000 estudiantes, y tengo una sola aseadora. Pero el gobernador Jairo Aguilar se fue de la reunión sin dar una solución a la problemática”, puntualiza Leonel Rizo.
"(...)El gobernador Jairo Aguilar se fue de la reunión sin dar una solución a la problemática”
Leonel Rizo
Angelica Solano, secretaria de Desarrollo Social con competencias en salud y educación en Fonseca, reconoce las deficiencias pero asegura que poco pueden hacer desde la alcaldía. “La infraestructura lleva más de 80 años, se encuentran bastante deterioradas, no hay garantías para tener a nuestros estudiantes bajo esta inseguridad. No todo le corresponde al municipio, pero sí vamos a trabajar en armonía. Hay que tocar puertas para poder convenir con los actores y mirar de qué manera minimizamos estos problemas. Yo creo que este proceso va a ser lento, pero créanme que hay mucho compromiso de parte de la administración”, explica Solano.
María Victoria Palacios Umaña, o la “Flaka palacios”, es una mujer trans, negra, y creadora de la Fundación Latidos Chocó, una de las pocas organizaciones del Chocó que acompaña y asesora a las personas LGBTIQ+.
Con su liderazgo, y el apoyo de otras lideresas trans, crearon en 2022 la Red de Alianza de Mujeres Trans del Pacífico, o red Doroty, que trabaja defendiendo los derechos de las mujeres trans negras en el Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Ese trabajo hizo que Red Doroty fuera merecedora del premio Tulipán de Derechos Humanos, que entregó el 2 de febrero la Embajada de los Países Bajos en Colombia como reconocimiento a la labor de un defensor o defensora de los derechos humanos.
Más allá del premio, María Victoria se ha convertido en impulsora de políticas públicas que incluyan a personas trans y garanticen derechos como el acceso a servicios de salud. Hoy espera que en todo el departamento se respete y proteja la diversidad sexual.
Maria Victoria Palacios: El premio Tulipán para los Derechos Humanos, otorgado por la Embajada de Países Bajos, es un premio que nos da fuerza y resiliencia para seguir aportando a la transformación social del territorio; principalmente para las mujeres trans afro del Pacífico. Nuestra tarea es recuperar el tejido social en medio de la vulneración histórica que hemos sufrido como mujeres, más cuando hablamos de mujeres trans, y aún más cuando hablamos de mujeres trans afro en territorios como el Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
M.V.P: Para mí la igualdad es darle a todos por igual. Yo hablo más de equidad, porque no es lo mismo ofrecer un empleo a un hombre que a una mujer. Entonces más que darle trabajo a todos por igual miremos la equidad del trabajo: ¿Será que las mujeres estamos ganando al mismo ritmo que ganan los hombres?, ¿cuál es el trabajo que ejercen los hombres y cuál es el trabajo que ejercen las mujeres?
"Más que darle trabajo a todos por igual miremos la equidad del trabajo: ¿Será que las mujeres estamos ganando al mismo ritmo que ganan los hombres?, ¿cuál es el trabajo que ejercen los hombres y cuál es el trabajo que ejercen las mujeres?
María Victoria Palacios
Buscamos esa transformación, dejar ese yugo histórico en el que se ha enmarcado a las mujeres por verse como el sexo débil, pero no se reconoce como esa mujer aguerrida, empoderada y transformadora.
M.V.P: Para hablar de esa equidad falta mucho más que un decreto o una ley. Hace falta reconocimiento, empatía y comenzar a hablar de transformación social.
M.V.P: Latidos Chocó es una organización sin ánimo de lucro que nació en 2015. En 2018 se constituyó legalmente y comenzó a hacer un trabajo mucho más amplio en todo el territorio, lo que ha llevado a que hoy muchas mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y una línea muy gruesa de población LGBTIQ+ pueda acceder a la justicia y pueda tener garantizado sus derechos.
Hablo mucho de la reconciliación, de la paz y del amor porque es desde allí que nace Latidos Chocó, una apuesta de amor y respeto para desmarcar esos prejuicios y estereotipos frente a la diversidad sexual.
M.V.P: El Chocó ha sido históricamente un departamento bastante machista, que poco reconoce los derechos de las mujeres y mucho menos cuando hablamos de la mujer diversa.
Por eso hemos impulsado mucho a los territorios a visibilizarse, a hablar desde su cuerpo, pero su cuerpo en su territorio. No es lo mismo hablar desde el municipio de Quibdó, la capital chocoana, que venga a hablar un líder o lideresa en Baudó, en Bagadó, en Pizarro o en Juradó, que son territorios bastante apartados al que el acceso y comunicación es bastante difícil.
Hoy lo que buscamos es que desde nuestro quehacer misional como mujeres trans afro del Pacífico, y de lo que hemos venido desarrollando en cada uno de los espacios, se entienda que la mujer es la base fundamental para el cambio social, para la paz, para que desde ese amor que ella emana se pueda seguir reconstruyendo el tejido social que día a día hemos ido perdiendo.
M.V.P: En Tadó tenemos una organización que está aportando a esa transformación social, a ese cambio sistemático.
Quiero felicitar a Daniel Benítez por su trabajo y su aporte al territorio. Daniel está haciendo una apuesta de transformación desde el arte y la creatividad para vernos mucho más allá de solamente un discurso. También están otros chicos, chicas y chiques que están dando esa batalla para que el territorio pueda ser un territorio de paz y amor.
Siento que hoy no solamente en Tadó, sino todo el San Juan hay una red de líderes y lideresas que se creó en 2021 gracias al apoyo de Christian Aid mediante Colombia Diversa.
M.V.P: No contamos con músculo financiero, lo que ha dificultado en gran parte accionar mucho más allá de ciertos temas. Entonces lo que buscamos hoy son procesos que nos permitan auto sostenernos y poder seguir con las acciones que hemos venido emprendiendo.
M.V.P: La dificultad de reconocimiento de las identidades, pero también la falta de reconocimiento de los procesos que cada uno y cada una ha venido desarrollando. Todavía seguimos con prejuicios y estereotipos frente a los temas de diversidad sexual.Se necesitan garantías, respeto y reconocimiento.
M.V.P: Quibdó cuenta con una política pública LGBTIQ+ para la garantía de derechos. Se comenzó a trabajar, hay mucho interés y el alcalde está muy interesado en que esa sea una herramienta que garantice esos derechos.
Buscamos también que la Gobernación también pueda iniciar un trabajo de construcción de política pública y que cada uno de los municipios pueda facilitar también ese reconocimiento y esa garantía mediante políticas públicas en los territorios.
M.V.P: El clóset ha sido uno de los espacios más violentos en los que se ha encasillado a las personas LGBTIQ+. Yo siempre digo que la libertad, y como ya he dicho mucho, el amor y el respeto son las bases fundamentales para transformar la sociedad, el tejido social y lograr la reconciliación de esos espacios.
"El clóset ha sido uno de los espacios más violentos en los que se ha encasillado a las personas LGBTIQ+"
María Victoria Palacios
Que la familia entienda que no es malo, que la sociedad entienda que no es malo, que la sociedad entienda que no somos peligrosas, que somos seres humanos llenos de amor, llenos de resiliencia y de muchas ganas de conquistar el mundo.
La construcción de viviendas en sitio propio en Fonseca, una promesa de la administración del exalcalde Hamilton García, sigue con retrasos y en medio de varias críticas. El proyecto de vivienda ha generado choques entre los beneficiarios y la entidad responsable del contrato (Comfacesar) por supuestas irregularidades que se han presentado en el desarrollo de este programa de interés social con la designación de los beneficiarios y con la falta de servicios públicos en las viviendas ya entregadas.
El programa “construcción en sitio propio de viviendas rurales en el municipio de Fonseca” consta de 563 viviendas rurales. De estas, 212 son en el corregimiento de Conejo, 140 para El Hatico, 13 para Jawey, 7 para El Puy, 8 para Hatico Viejo, 70 para Los Altos, 41 para Los Toquitos, 4 para Mamonal, y 68 para Quebrachal.
De las 563, hasta el momento se han entregado 450 y la actual administración de Micher Pérez tendría a cargo unas 113 faltantes.
Maydelin Martínez, beneficiaria del proyecto en el corregimiento de El Hatico, cuenta que no ha podido habitar la casa porque hay inconsistencias en la construcción. “Al principio fue traumático, ya que a eso le metieron política, pero al final pude obtener mi vivienda. No la he podido habitar ya que tiene inconsistencias en la construcción, el techo se mueve, las puertas se atrancan y no cierran bien, las cerraduras están dañadas y son de mala calidad”, dice.
"No la he podido habitar ya que tiene inconsistencias en la construcción, el techo se mueve, las puertas se atrancan y no cierran bien, las cerraduras están dañadas y son de mala calidad”
Maydelin Martínez, beneficiaria del proyecto en el corregimiento de El Hatico
“Adquirir mi vivienda fue difícil, me pusieron muchos obstáculos, yo obtuve el terreno en el patio de la casa de mi madre, que es bastante amplio, pero me toco tumbar una parte”, indica. Además, tanto ella como otros vecinos informan que se han registrado robos, se han llevado partes de los baños y la cocina.
Otro de los problemas principales ha sido que las listas de beneficiarios se han cambiado en varias oportunidades. “Mi hermano Marvin Martínez estaba en el listado y cuando lo publicaron nuevamente ya no aparecía. Él es de acá, se crió acá, su familia está acá, tiene el terreno y no tiene vivienda. Ya he instaurado denuncias, tutelas y estoy haciendo todo de manera legal para que se le respete su derecho a una vivienda propia”, agrega Maidelyn Martínez.
Pero el corregimiento de El Hatico no es el único que presenta inconvenientes, casos similares se registran en Conejo. Así lo dio a conocer el líder social Deiber Guerra: “Muchas de las viviendas están siendo entregadas con deficiencias, tanto estructurales como funcionales. Se están entregando sin el funcionamiento de los servicios públicos, sin alcantarillado, algunas sin energía eléctrica y esto ha generado que los nuevos dueños realicen acometidas eléctricas sin cumplir ningún estándar de calidad y dejando cualquier cableado. No son viviendas dignas”.
“Hay personas que han sido revictimizadas porque no contaban con viviendas, vivían en un cambuche el cual les hicieron destruir porque les iban a construir su vivienda y al final ni una cosa, ni la otra”, agrega Guerra. Estas personas aparecían en los listados y luego fueron excluidas aduciendo que no aplicaban para el subsidio de vivienda porque ya tenían una.
Guerra cuestiona el costo de las viviendas: “El precio de cada una es de unos 70 millones de pesos y por ese dinero se podría conseguir una excelente vivienda en Fonseca en condiciones realmente dignas. Se han interpuesto todos los recursos necesarios ante las entidades correspondientes, pero esto no ha servido de nada”, finalizó.
El alcalde de Fonseca, Micher Pérez Fonseca, indica que el proyecto está financiado en su totalidad y que seguirán las obras. “Las casas se seguirán construyendo como se ha venido haciendo, este proyecto está financiado en su totalidad y se le entregará la vivienda a quien tenga su adjudicación. No vamos a vulnerar los derechos de ningún beneficiario siempre y cuando todo esté en el marco de legal”. Frente a las quejas por irregularidades, Pérez dice que “quienes presenten algún inconveniente, se les brindará todo el acompañamiento y apoyo y asesoría para solucionar el problema que tengan”.
“Las casas se seguirán construyendo como se ha venido haciendo, este proyecto está financiado en su totalidad y se le entregará la vivienda a quien tenga su adjudicación"
Micher Pérez, alcalde de Fonseca
Por su parte, el exalcalde Hamilton García le dijo a Consonante en diciembre que en Fonseca se habían entregado 300 viviendas y que el proyecto iba en un 80 por ciento. “Hemos entregado más de 130 de las 212 que corresponden allá, la intención es que la vivienda que vamos haciendo, vivienda que vamos entregando.”, agregó en su momento.
García dijo, como confirmó Micher Pérez, que este proyecto tiene los recursos garantizados. “Está contratado y deberá seguir con su ejecución normalmente de la mano con Comfacesar quienes serían los responsables de seguir con su ejecución”, puntualizó.
Por su parte, Deiner Torres, secretario de Planeación departamental y quien fue secretario de Planeación en la administración de Hamiltón García, cuenta que ha recibido información de viviendas que han sido pintadas de amarillo y con modificaciones en las fachadas y puntualiza que durante los primeros cinco años no se podían hacer modificaciones o esa era causal de perder la vivienda y que sea entregada a otra familia.
Se espera que este proyecto continúe sin mayores contratiempos y se solucionen las quejas de las familias sobre presuntas inconsistencias. Por otra parte, la comunidad ha pedido revisión de los entes de control para revisar los hallazgos alrededor del proyecto.
Este viernes 12 de enero, cuando un alud de tierra sepultó a 39 personas, la carretera que conduce de Quibdó a Medellín volvió a ser noticia. El desastre natural ocurrió en el sector de El 17, a dos horas del casco urbano de El Carmen de Atrato.
Sin embargo, la tragedia que hoy enluta al Chocó no ha sido la única: en 2009 ocurrió una tragedia similar a la reciente en la que 41 personas murieron después de que un desbordamiento de tierra hiciera que el conductor de un bus de Rápido Ochoa cayera a un precipicio. Y entre 2012 y 2018 más de 100 personas fallecieron en accidentes de tránsito.
La historia se ha repetido a lo largo de los años: en junio de 2016 hubo por lo menos seis muertos y dos heridos por otro derrumbe en el sector del 20. Y entre 2022 y 2023 murieron otras tres personas en los sectores de El 16 y el 20.
La promesa de terminar esta vía, además, se ha hecho gobierno tras gobierno desde hace más de 15 años. Terminarla, incluso, fue el compromiso institucional del gobierno Santos asumido tras dos paros cívicos que detuvieron al Chocó en 2016 y 2017.
Desde el inicio de la obra en 2009, sin embargo, toda clase de adiciones, nuevas licitaciones y obstáculos han retrasado la entrega de un trayecto que no suma más de 127 kilómetros.
De las casi 200 familias que viven en la zona, la mayoría pertenecen a las 28 comunidades indígenas que hay en El Carmen de Atrato. Hoy, estas familias vuelven a sentir el miedo y la zozobra de que ocurra otra emergencia en cualquier momento.
Después del deslizamiento el presidente Gustavo Petro prometió la destinación de medio billón de pesos para terminar, en un año, la pavimentación de la vía y hacer las obras de seguridad en los puntos críticos. Aunque líderes y lideresas de comunidades que viven alrededor celebran los anuncios, piden diferenciar otras acciones urgentes.
Hay, por ejemplo, una solicitud de intervención con enfoque ancestral para esta vía. Claudia Domicó, guardiana del río Atrato por la mesa departamental indígena y habitante del sector de El 17, solicita que se tenga en cuenta el saneamiento territorial: “La intervención no es de la manera en que piensa el mundo occidental, sino desde lo espiritual, desde el saber y el conocimiento ancestral, porque se han movido muchas cosas del territorio que han afectado a las diferentes comunidades indígenas que existen en la zona”.
Lo mismo opina Javier Arrieta, coordinador de la mesa departamental de los pueblos indígenas: “La vía Quibdó- El Carmen de Atrato es un territorio sagrado, la vía también tiene su cosmogonía y hay que hacerle un saneamiento espiritual; si no, la tierra, la naturaleza, nos va a seguir cobrando”.
“La vía Quibdó- El Carmen de Atrato es un territorio sagrado, la vía también tiene su cosmogonía y hay que hacerle un saneamiento espiritual; si no, la tierra, la naturaleza, nos va a seguir cobrando”
Javier Arrieta, coordinador de la mesa departamental de los pueblos indígenas
Uno de los tres derrumbes que cayeron el viernes pasado causó afectaciones en una vivienda en el resguardo Abejero y allí, según cuenta Domicó, la familia está en estado de shock: “No hablan mucho de lo que pasó y solamente lloran”, cuenta la guardiana.
Por eso, otra de las solicitudes que tienen los líderes es apoyo psicológico y cursos de emergencia para enfrentar riesgos de avalanchas y otros desastres naturales.
Aunque el secretario de planeación Cristian Ruíz aseguró a Consonante que ya se está prestando apoyo psicosocial en la zona, esta familia aún no recibe ningún tipo de acompañamiento. “La atención se concentró en el gran derrumbe. No han tenido en cuenta que de ahí para abajo hubo otros derrumbes que hicieron daño a otras familias”, denuncia Domicó.
Eso lo corrobora Froilan Zapata, a quien el deslizamiento le dañó su sembrado de chontaduro, árbol de pan, yuca, caña, marañones y guayacanes. “Desde el miércoles se me han venido cinco derrumbes por el fenómeno del niño, y el talud que ya estaba resentido, la vía lo botó y eso afectó la pata de la montaña”, cuenta.
Por eso José Manuel Correa Henao, conocido como Marmato, campesino y presidente de la junta de acción comunal de El 15, donde vive desde hace más de 13 años, aunque conmovido profundamente por la tragedia reconoce que lo que sucedió fue producto de las lluvias, por un lado, pero por otro por falta de profesionalismo en la intervención de la vía.
“Lo que pasó es por culpa de estas montañas tan movidas que están y el invierno, acá llueve día y noche. Pero que trabajen con más técnica y tecnología y que la adecuación en la topografía no tenga que lastimar tanto a las montañas”, comenta el líder.
Correa no es el único habitante que tiene la percepción de que no se ha hecho el tratamiento adecuado para mejorar la seguridad vial. Isabel Rincón, presidenta de la junta de acción comunal El 11 y El 12, dice que en varias ocasiones la comunidad ha pedido que hagan “terraceo”, una técnica para estabilizar la tierra y evitar posibles nuevos deslizamientos. “Aquí nunca le han puesto atención a los taludes, hemos pedido que por favor hagan terraceo y dicen que no se necesita, que eso ya está peinado”, afirma.
“Aquí nunca le han puesto atención a los taludes, hemos pedido que por favor hagan terraceo y dicen que no se necesita, que eso ya está peinado”
Isabel Rincón, presidenta de la junta de acción comunal de El 11 y El 12
Según afirma el ingeniero chocoano Leyner Mosquera, quien tiene amplia experiencia en desarrollo, análisis económico y financiero y quien realizó un estudio sobre la vía para la Universidad de los Andes, la percepción de una intervención inadecuada en la vía no es errada.
El problema técnico, explica el académico, sería una de las posibles causas del accidente y debería ser una de las prioridades. “Al Chocó se le mira con ese pincel de hacer cosas un poco mediocres. Entonces, esta obra contempló la pavimentación pero no contempló el aseguramiento de los puntos críticos que son esos taludes que sostienen la montaña para que no se venga abajo”.
Mosquera añade, a su vez, que no se hizo un ejercicio juicioso de incorporar en el análisis financiero ese aseguramiento de la tierra.
Según le aseguró el Invías a Consonante en marzo de 2023, los diferentes contratos que estaban en ejecución en la zona tenían prevista su culminación para el segundo semestre del año pasado, pero esto no pasó.
Los retrasos han sido por varias razones. Primero, están los constantes paros que han hecho las 28 comunidades indígenas que habitan la zona para pedir que las empresas que intervienen la vía y les causan afectaciones, cumplan los compromisos que han hecho en la última década.
Por ejemplo, las comunidades de Fieras, Eborro y Mirlas, agrupadas en el resguardo indígena ‘El Fiera’, ubicado en la transversal, han detenido en varias ocasiones los vehículos del consorcio Vías y Equipos Pacifico 2021 (Latinco) para exigir el cumplimiento por parte del Invias de los compromisos de compensación por la intervención en la vía adquiridos con la comunidad en el 2020.
En segundo lugar están los problemas con algunos de los consorcios que han detenido tramos de la obra por varios meses. Entre esos el contrato 1456 de 2017 que estaba a cargo del consorcio Vías para el Chocó, que incluía dos de las empresas involucradas en el escándalo de la Unión Temporal Centros Poblados: ICM Ingenieros S.A.S. (con el 50 por ciento) e Intec de la Costa S.A.S. (con el 20 por ciento). Para ese momento, el Invias tuvo que suspender el contrato y la obra duró siete meses sin avances.
Las comunidades de la zona han celebrado la declaración de desastre natural que expidió el presidente Petro y el anuncio de la inversión. Sin embargo, plantean la necesidad de hacer comités de seguimiento a la inversión.
“Hay que crear comités y veedurías ciudadanas para la inversión en todo el municipio, tanto en la cabecera municipal, como los resguardos indígenas y en las veredas. Porque en esa vía solo han cortado y tirado cemento, más no le han hecho los muros de contención o los trabajos requeridos en los puntos que siempre han sido críticos, además de incumplir acuerdos pactados con las comunidades”, dice Claudia Domicó.
Mientras tanto, las gobernaciones de Antioquia y Chocó firmaron el año pasado los estatutos de la Rap de los Dos Mares en las que se propone, entre otras cosas, la construcción de un túnel de aproximadamente ocho kilómetros en una conexión de 26 kilómetros, entre el municipio de Ciudad Bolívar y el corregimiento de El Siete.
La Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S, una empresa comercial del Estado con capital público varias entidades y la encargada de la obra, aseguró que esta sería la solución final al problema de la vía. Sin embargo, esto está apenas en estudios preliminares que pueden durar, por lo menos, un año más y las comunidades no se sienten escuchadas ni conformes.
Escucha esta carta aquí:
Hola. Soy Yurlis Arleis Mosquera, periodista local de Consonante, y me place invitarte a un lugar maravilloso de mi tierra chocoana: Tadó, conocido como el mejor vividero del mundo.
Lo es porque se respira paz.
Lo es porque hay mucha hermandad.
Por ejemplo, hay familias que cocinan e incluyen la porción para pasarte. Por ejemplo, la comadre puede prestarte una cebolla, una libra de arroz, un poquito de aceite o lo que te falte para hacer el almuerzo.
Es tanta la solidaridad que, cuando muere alguien, nadie está solo. El velorio y el entierro de un ser querido se acompaña comunitariamente, puede incluso llegar el barrio a tu casa. A veces, hasta el pueblo entero va vestido para acompañar a los dolientes en el novenario.
En Tadó, el vecino es familia. En Tadó, la selva es familia.
Si llegas desde Pereira, la vegetación, los ríos y quebradas te incitan a darte un chapuzón. Es un recorrido de cinco horas, aproximadamente, con grandeza natural a su paso.
Si llegas desde el cielo, despegando en avión desde Bogotá o desde Medellín, te recibe la pista de El Caraño de Quibdó. Pero temprano, para que alcances la camioneta que viene hacia Tadó en menos de una hora.
A 20 minutos de Quibdó está el municipio de Atrato, que se reconoce por el paso de un puente largo sobre el imponente y majestuoso río Atrato que, al igual que el San Juan, es uno de los más importantes del Chocó.
El trayecto sigue y con él, más sitios para deleitar el corazón y para sentarse a tertuliar un rato.
A 25 minutos de Yuto está Certegui, allí te recomiendo visitar Recta Larga, un lugar donde venden los famosos chorizos Pertigueños, hechos por mujeres chocoanas que le ponen todo el amor a su preparación.
Diez minutos después está la Ye, un corregimiento del municipio Unión Panamericana. Por ahí está la vía al Mar Pacífico, por ahora en construcción, pero tan pronto se termine nos llevará hasta Nuquí vía terrestre: ¡Qué maravilla!
En Tadó te recibe el barrio San Pedro y luego pasas el puente sobre el río San Juan y adivina: te encuentras con el centro del pueblo. Te reirás de felicidad y luego verás, entre árboles milenarios, al Rey Barule al lado de la iglesia catedral.
Junto al Rey Barule está la Negra Agustina, los dos fueron grandes activistas y defensores de las personas afrodescendientes. Ellos gestaron y lideraron grandes batallas hasta lograr el respeto de los colonos.
El parque es un lugar mágico. Ahí se reúnen estudiantes, amigos, vecinos, propios y visitantes a pasar un rato ameno. Tienes que degustar un delicioso chontaduro, la fruta representativa de esta bella tierra. Pero no es lo único: hay un puesto donde venden diferentes jugos afrodisiacos, lo verás, y que dan mucha energía: está el famoso arrechón (un tipo de jugo preparado con cola granulada, huevo de codorniz y otros ingredientes). El puesto es especial porque lo atienden dos mujeres cabeza de familia, amables, que también ponen su amor en cada bebida.
Tú solo ubícate en el parque y observa a la gente. Te aseguro que de ahí saldrás con muchos conocidos, pues la gente tadoseña es amable, hospitalaria y con un espíritu de alegría contagioso.
Con el calor, el plan de baño es infaltable. Te recomiendo ir a Mumbú, solo hay que tomar un mototaxi, que es un tipo de transporte urbano donde caben tres personas. El viaje es de 45 minutos hasta llegar a las aguas cristalinas del río que atrapan a cualquiera con su belleza y nos hacen olvidar que existe otro mundo.
Al llegar a Mumbú solo hay que preguntar por Martha y su mamá, Rosa, a la que le dicen “Rosa Culebra” porque es una mujer muy activa. Son mujeres líderes de la comunidad y muy hospitalarias en cuya casa tienen varias habitaciones en la parte alta. "La hice grande para darle posada a quienes visiten esta comunidad y quieran quedarse a dormir", dice ella.
Y Mumbú no es el único río. También está Arrastradero, Bochoromá, el Pureto y el mismo río San Juan. Incluso se puede ir a la piscina, o a la playa Senén, en el río Tadocito, un lugar muy concurrido por su belleza. Allí puedes realizar un paseo de olla o llevar la comida preparada.
Tadó es el mejor vividero del mundo. Camina por sus calles sin zozobra, sin miedo. Disfruta de su belleza y del valor heredado de los cimarrones, los mismos que gestaron batallas hasta conseguir el respeto de sus opresores. Arrópate con lo poco o mucho que tengan, porque es un gesto para que te sientas parte de lo que somos.
Nos vemos, hasta pronto.
El Hospital San José de Tadó continúa en crisis a pesar del llamado de la Supersalud para que se mejoraran los servicios hospitalarios. En agosto de este año fueron reparadas dos ambulancias con una inversión de 40 millones de pesos, pero solo funcionaron por dos meses. Hoy, cuando ocurre una emergencia, se debe solicitar apoyo de ambulancias prestadas por el Ejército Nacional y el Hospital de Istmina.
El gerente del hospital, Everth Casas, informa que el Ministerio de Salud aprobó dos ambulancias básicas con una inversión de 509 millones de pesos y que esperan que lleguen al municipio para la primera semana de enero. Mediante la resolución No 002014 del 29 de noviembre 2023 se destinaron 34 mil millones de pesos para varios municipios del país y del Chocó, entre esos Tadó, para financiar los programas de fortalecimiento del nivel primario y la infraestructura y atención de emergencias.
Además de la falta de ambulancias, se necesita adecuar la planta física, adquirir nuevos equipos médicos y adquirir medicamentos. En la lista de equipos que necesitan ser cambiados están: Rayos X, electrocardiógrafo, camas, camillas, equipos para la unidad de odontología, equipos de hematología y química sanguínea. Y todos los equipos de las áreas de consulta externa, urgencias, hospitalización y sala de partos.
Francisco Antonio Asprilla, veedor ciudadano, indica que los problemas del Hospital de Tadó vienen de tiempo atrás. “La crisis viene de hace muchos años debido a que el hospital se ha convertido en una asignación del alcalde y un cargo político. Se pueden hacer reformas a la salud, pero si no hay voluntad en los administradores no pasara nada”, asegura.
“Los usuarios tienen que denunciar a los funcionarios que vulneren sus derechos a la salud. Esta labor no es solo de la veeduría"
Francisco Asprilla, veedor ciudadano.
Yuber Antonio Perea, agricultor de 71 años y habitante del barrio El Esfuerzo, dice que la atención por urgencias sigue siendo demorada. “No sé cuál es el motivo, en ocasiones nos dicen que los médicos no quieren venir a Tadó porque son vulnerados. Yo vine al hospital el domingo 26 de noviembre con un dolor en el pecho y me atendieron rápido, pero porque no había tantos pacientes. Sin embargo, hay días en los que es una espera para que llamen los médicos”, agrega.
Una paciente, quien prefirió no mencionar su nombre, afirma que uno de los problemas principales es la entrega de medicamentos. “No entiendo como algunas personas hablan maravillas del hospital y están sufriendo igual que yo por la falta de atención. Llevo dos meses reclamando los medicamentos de la hipertensión y no los hay y en odontología solo atienden algunas cosas leves porque no tienen equipos”, dice. Algunas de las personas consultadas informaron que les están recentado medicamentos, pero que a la hora de reclamarlos les dicen que no los hay y deben comprarlos en una droguería.
Sin embargo, hay quienes se sienten satisfechos con la atención del hospital. María Sánchez afirma que no tiene quejas: “Vengo al hospital a tratamiento odontológico y a planificación familiar y nunca he tenido inconvenientes porque siempre me atienden y me realizan los procedimientos que he requerido”, señala.
Everth Casas, gerente del hospital, indica que para suplir la crisis de las ambulancias ha recibido apoyo del Ejército Nacional y del Hospital de Istmina y en ocasiones le toca alquilar dependiendo la naturaleza de la emergencia. “Dependo de otras autoridades y esperamos que durante la primera semana de enero el centro asistencial cuente con una de las ambulancias dadas mediante la resolución referida por el Ministerio de Salud”, dice. Casas afirma que antes de terminar enero de 2024 el centro asistencial contará con dos ambulancias nuevas.
“Esta semana nos llegó la resolución por más de 700 millones de pesos para la atención primaria. Atenderemos a los pacientes en su casa, es una medicina preventiva para evitar que la gente vaya al médico solo cuando está grave. Actualmente hay 6 médicos y vamos a necesitar 12 médicos y más enfermeras”, agrega Casas. También informa que está a la espera de comprar e instalar otros equipos como de Rayos X y de odontología.
Michel Córdoba, coordinador de Salud, indica que por ahora solo se cuenta con una ambulancia y que se necesita coordinar el mantenimiento a tiempo. “Actualmente no existe un programa de mantenimiento de las ambulancias y cuando un vehículo de esos pide arreglo la situación es complicada porque ya están vencidos. Esperamos que con la llegada de los nuevos automotores la E. S. E. cree un plan para que los automotores funcionen siempre”, dice.
Por su parte, Marisol Ledezma, funcionaria de la farmacia del hospital, señala que se tienen los medicamentos básicos para urgencias. Sin embargo, reconoce que se reciben quejas porque se van acabando. “Los usuarios hacen comentarios negativos y hoy, para las enfermedades de base como la hipertensión, no tenemos todos los medicamentos, pero el gerente va y los consigue”, cuenta.
La comunidad espera que las ambulancias lleguen al Hospital de Tadó en enero. Además, que se invierta en nuevos equipos médicos para las áreas de urgencias, hospitalización y odontología. Por otra parte, queda pendiente la adquisición de más medicamentos y la adecuación de la planta física.
Mia Valentina González empezó a cantar desde los seis años cuando veía a su papá (el compositor Ismael González) escribir y cantar sus canciones. También aprendió a rimar, a pegar las frases, a encontrar una melodía y a inspirarse en lo que tiene alrededor para componer: la naturaleza, su familia, o el colegio. Luego aprendió a tocar guitarra, pasó también por la guacharaca y finalmente encontró su verdadero amor: el acordeón. “El acordeón me da tranquilidad, cuando lo toco puedo expresar mis sentimientos”, dice Valentina, quien tiene 12 años.
En su colegio hace versos, se anota en las presentaciones y escribe sobre el tema que le pongan: en su graduación de quinto de primaria, por ejemplo, fue la encargada de la presentación final.
A pesar de esa experiencia, Mia Valentina dice que es la primera vez que “seriamente” se sienta a escribir. Desde hace un mes, junto a su grupo de siete compañeros de la escuela de música a la que asiste, se puso a la tarea de escribir una canción para concursar en la categoría de aficionados de la versión 46 del Festival nacional de compositores de música vallenata.
“Fuimos a dar una serenata a la familia de un compañero y vimos a la luna, estaba grande y redonda. En ese momento el profe nos dijo que escribiéramos sobre eso. Pensábamos que era mamadera de gallo, pero luego la canción se fue dando, le hicimos la letra, la melodía y ahí fue que nos dijo: “pónganse pilas que esa canción la vamos a presentar en el festival””, cuenta Mia Valentina.
En el proceso de composición, que duró un mes, participaron seis niñas y dos niños. Entre esos estaba Andrés Camilo Maestre, de 15 años. Por sus venas también corre las letras del vallenato: su padre es cantante y compositor, y se enorgullece en decir que es primo de Rafael Orozco, considerado como uno de los mejores y más completos compositores y cantantes Vallenatos del país.“En un cumpleaños de mi papá, cuando tenía siete años, lo escuché cantar por primera vez. Ahí me sentí muy emocionado y me empecé a motivar para aprender a cantar también”, cuenta.
Andrés Camilo toca la guitarra y canta. Su inspiración más grande es la naturaleza y por eso se le hizo fácil escribir sobre la luna sanjuanera en diciembre. La misma que inspiró en su momento a Roberto Calderón y que terminó convirtiéndolo en el autor del himno del Festival.
“Cuando escucho la guitarra siento que es una melodía muy hermosa y así sacó bastante canciones. La guitarra me inspira, también la naturaleza, mi familia y mis amistades”, dice Andrés.
Mia Valentina, Andrés Camilo y sus compañeros presentaron su canción el jueves 7 de diciembre. Y aunque solo pasaron a la primera ronda, haber hecho su primera composición, en sus palabras, marcó un antes y después.
Este año el Festival realizó el Concurso 'Las Notas de Juancho', para que jóvenes desde los 14 hasta los 17 años (acordeonero, cajero y guacharaquero) participaran. Sin embargo, Mia Valentina y Andrés Camilo le piden al festival más inclusión para los niños y niñas. Y, en general, más apoyo a procesos de formación en composición y música.
Aunque el municipio es la sede del Festival, cuna de compositores, y varios de los versos de reconocidas canciones se han vuelto refranes entre sus habitantes, la comunidad dice que su cultura se está perdiendo y que es necesario involucrar a las nuevas generaciones.
Sin embargo, en San Juan del Cesar solo hay dos escuelas musicales, ambas privadas. Una de ellas es la Fundación Empresarial Desarrollo Social, que tiene el programa de música “Acompáñame a cantar” al que pertenecen Mía Valentina y Andrés Camilo. La Fundación funciona desde hace 10 años y actualmente está formando 86 niños en acordeón, guitarra, percusión y canto.
“Tenemos un semillero de música para que nuestra cultura no se pierda, ya cuando hay otros ritmos extraños que están metiéndose por todos los rincones de Colombia. Si no hay esto, nuestra cultura se puede perder”, cuenta José Gregorio Argote, director de la fundación.
Adicionalmente, la Casa de la Cultura ofrece algunos cursos ocasionales. Actualmente se están formando 16 guitarristas y 14 acordeoneros. Sin embargo, los cursos son por periodos cortos y la financiación depende de la voluntad del alcalde de turno. “Esos procesos se quedan ahí porque simplemente son convenios y se hacen por cuatro, cinco o seis meses”, cuenta Obdulio Mendoza, director de la casa de la cultura.
Desde allí también gestionaron para que el Sena abriera el técnico en ejecución musical para los jóvenes que salgan de bachillerato. Sin embargo, todos reconocen la falta de espacios para los niños y niñas.
“Somos amantes del folklore, de la música, del verso, de la composición, del vallenato, pero hay muy pocas escuelas, pocos espacios. Se necesita mucho apoyo, también del Ministerio, que miren más la formación no como eventos, sino como proceso para darle las herramientas al niño, al joven, y al adulto para que haga las cosas profesionalmente”
Obdulio Mendoza
Antes de las elecciones, el sector cultural del municipio se reunió con los dos candidatos a la alcaldía: Moises Daza y ‘Cubita’ Enrique Urbina. Ambos firmaron el Pacto por la cultura, en el que se comprometieron, entre otras cosas, a seguir y fortalecer los procesos de formación dentro de la Casa de la Cultura durante su periodo de gobierno.
Hasta ahora, a excepción de algunos cursos cortos en la Casa de la Cultura, ninguna escuela ha abierto espacios para enseñar a los niños y niñas sobre la composición. Desde esta primera experiencia en el Festival, la Fundación de Jose Argote seguirá en este camino con los niños del programa.
“Ellos tenían muchas ganas y emoción por participar en este concurso por primera vez, entonces ya entienden el mensaje de que hay que componer, que esa es otra faceta del músico y entre todos ellos ya tienen su primera canción. Ahora tenemos un taller con ellos que individualmente deben tener una canción y ya con eso le estamos abriendo el camino para que avancen en el cuento de hacer su primeras canciones”, cuenta Jose Gregorio.
Al final, además de fortalecer la cultura, el propósito de fondo es darle a los niños y niñas una nueva opción de vida. “Estamos cambiando la mentalidad de los jóvenes y de los niños. Que no miren hacia la drogadicción, el alcoholismo que lo vemos por todos lados. Con la música se les cambia el hábito de vida, se sienten útiles porque cuando uno los presenta en cualquier evento que hacemos ellos se sienten a gusto y alegres”, puntualiza Obdulio.
Mientras tanto, Mia Valentina y Andrés Camilo están soñando en grande. Quieren ser cantantes de vallenato, escribir más canciones y ser embajadores del folclor de su pueblo. “Para mi fue un reto, con esto ya sé que puedo escribir más canciones que expresen mis sentimientos, que cuenten historias. Yo siento que con la música puedo alegrar los corazones de las demás personas”, dice la ahora compositora, Mia Valentina.
Más de 3.000 estudiantes recibieron la semana pasada la ración vacacional de la alimentación escolar (PAE). Un mercado que busca reponer, durante las vacaciones, la alimentación que reciben normalmente los niños y niñas en el colegio.
Aunque la entrega generó opiniones encontradas entre la comunidad educativa, el sentimiento colectivo es el mismo: preocupación por la poca cantidad de alimentos. El mercado debería durar los 42 días de vacaciones, pero las cuentas no dan.
El PAE+, como nombró el gobierno a esta ración, busca aportar al "Programa Hambre Cero" que lidera la Presidencia, con el objetivo de poner fin al hambre en Colombia, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición. Para esto el Gobierno Nacional priorizó algunos departamentos del país que registran alto índice de inseguridad alimentaria, entre esos el Chocó.
En Tadó, el encargado de entregar esta alimentación es la Fundación Cultural Pacífico en Paz, que a su vez distribuye la alimentación en Unión Panamericana, Condoto, el Litoral del San Juan, Medio San Juan y Río Iró. En el municipio son 3.662 estudiantes beneficiados y cada ración contiene los siguientes alimentos:
En el papel, la ración vacacional es sólo para el estudiante y debería ser un complemento que dure todos los días de vacaciones. Sin embargo, en la realidad, las familias usan la comida para todos, y las cantidades no son suficientes para cerca de 40 días.
“Cuando la comida llega a la casa uno no va a cocinar por gramos para cada persona, de ahí comen todos. Además las vacaciones son de un mes y días, lo cual sería imposible que durara, así saquen de a cucharada para cocinar”, dice una madre de familia, quien prefiere no ser identificada.
El PAE, de acuerdo con los cálculos oficiales, debe aportar el 50 por ciento de energía y nutrientes para los y las estudiantes, por lo que a las familias tadoseñas les queda la responsabilidad de cubrir el 50 por ciento restante. Sin embargo, para muchos estudiantes de Tadó esta es su única comida del día.
Natali Gamboa Córdoba, nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia y quien ha trabajado en el Chocó desde hace 13 años acompañando la construcción de las minutas del PAE en el municipio Quibdó, considera que estos productos sí son una ayuda, pero en un porcentaje pequeño. “No puedo decir que es suficiente porque aunque es para el estudiante, en el contexto en que estamos eso lo usa toda la familia y en ese caso es muy poco, pero sí es un apoyo a un porcentaje mínimo de nutrición y eso es valioso”, cuenta.
En el municipio hay opiniones encontradas entre los padres de familia. Algunos manifiestan estar conformes porque es una ración que les servirá para, por lo menos, cinco días. Pero hay otros que dicen que es muy poco.
“Acá hay mucha gente desempleada que se mantiene del barequeo (extracción artesanal del oro) y no se está consiguiendo; entonces algunas familias comen todos de esa ración. Es una ayuda, pero sería bueno que el gobierno la aumentara”, dice María Andrade, madre de un estudiante de la I.E. Normal Demetrio Salazar Castillo.
Lo mismo opina Robert Javier Quiñonez, profesor de la I..E. Nuestra Señora de la Pobreza y coordinador del PAE en la escuela. “Sabemos que hay niños que realmente comen es en el restaurante escolar y sabemos que ya en la casa toda la familia va a comer de ahí, entonces si el gobierno aumentara la ración sería muy bueno”, dice el docente.
Una madre de familia de la I.E. Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro, quien pidió no revelar su nombre, dijo que no estaba conforme con esta ración. “No estoy conforme porque aunque dieron dos atunes, no entregaron los huevos y eso rendía más que los atunes. Además, solo dan dos libras de arroz que en una familia de siete personas solo alcanza para una comida”.
Otra madre de la misma institución dijo estar muy contenta porque recibió cinco raciones, ya que tiene cinco hijos estudiando. “Yo estoy muy feliz y agradecida porque con esos cinco mercaditos puedo sostener a mis hijos durante dos o tres semanas, ya que reuní 10 atunes, 5 libras de pasta, 5 bolsas de leche, 5 libras de lentejas, 5 libras de garbanzos, 5 libras de harina, 10 de arroz, 5 aceiticos y 5 panelas. Esa es una ayuda para mí porque solo me toca buscar más arroz y carne”.
Varios padres y madres de familia del municipio no recibieron la ración vacacional la semana pasada y están a la espera de que llegue esta semana.
Mientras tanto, la Gobernación debe asegurar que se preste el servicio de alimentación escolar desde el primer día de clase en 2024. Con la llegada de la nueva gobernadora, Nubia Carolina Córdoba Curi, aún no está claro cuál será la modalidad de contratación para el otro año. Por ahora, el mismo operador prestará el servicio durante el mes de enero.
Desde hace once meses 205 familias damnificadas por la temporada de lluvias están esperando la ayuda única de 500.000 pesos que destinó el Gobierno Nacional para ayudar a la superación de la crisis humanitaria por la temporada de lluvias y el fenómeno de La Niña que se dio a finales del año pasado. Aunque el desembolso del dinero se hizo desde el 2 de enero, solamente 110 familias de las 315 que salieron beneficiadas en el municipio, pudieron reclamar.
Merys Pinto es una de las afectadas. Vive en el barrio El Campo y desde el 2017 tiene problemas en su casa cada vez que llueve. La vivienda se inunda constantemente y el agua ha debilitado la estructura de bahareque. Incluso su casa se ha hundido varios centímetros.
Mery, al igual que los otros beneficiarios, no pudo reclamar la ayuda porque en el registro hubo errores ortográficos: su nombre apareció con “i” en vez de “y”, como aparece en su cédula, y por eso el banco no le entregó el dinero. Desde entonces, no ha parado de buscar que le respondan por la ayuda para solventar su situación y la de sus vecinos. “Cada vez que llueve vivo con el amén en la boca”, dice.
El proceso para obtener esta ayuda ha estado lleno de tropiezos. La Alcaldía inicialmente hizo el censo de damnificados y cargó la información. Y aunque desde la oficina de gestión del riesgo del municipio dicen que los errores fueron del listado que llegó desde Bogotá, en la Ungrd dicen que el error de digitación llegó desde Fonseca.
“La Ungrd recibe estos listados de jefes y jefas de hogar y se procede a realizar un cruce con la base de datos de la Registraduría. Si se encuentran inconsistencias en los listados, estos se remiten de nuevo a la Alcaldía para que se subsanen y va acompañado de la reapertura de la plataforma para que ingresen los datos de los beneficiarios correctamente. También es competencia de la Alcaldía Municipal realizar las correcciones de las inconsistencias identificadas desde la UNGRD”, respondió la Unidad a Consonante.
Wilmer Pitre, integrante del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Fonseca, explica que enviaron las correcciones desde el 16 de febrero pero la Unidad no ha vuelto a desembolsar el dinero por problemas internos. “Después de que envíamos la lista nuevamente, pudieron pagarle como a 15 personas por Supergiros. Pero a los que están por el Banco Agrario no les han podido pagar. En reunión con Pablo Castañeda, de Bogotá, dijeron que van a buscar un nuevo operador porque el Banco Agrario les ha quedado mal. Pero seguimos esperando el reembolso, no tenemos más conocimiento”, asegura el funcionario.
En total se han realizado tres ciclos de pagos de esta ayuda en Fonseca: el 2 de enero, el 13 de febrero y el 29 de mayo. Sin embargo, Mery y las otras 205 familias no han podido recibir el dinero.
Al igual que Merys está Lidubeth Brito. Su angustia comienza cada vez que llueve, sobre todo en septiembre y octubre, cuando suele llegar la temporada de precipitaciones . “Yo tengo una niña de 12 años que tiene un trauma, me dice yo quisiera pedirle a papito dios que nunca lloviera. Se pone nerviosa cada que llueve. Aquí todo el mundo vive preocupado”, cuenta Brito.
Su casa queda en el barrio Nueva Esperanza, al lado de un canal que se desborda cuando llueve. En los últimos aguaceros a Lidubeth se le dañó la lavadora, la nevera, la turbina, un computador, varias bolsas de cemento y los libros de sus hijos. Por eso, aunque espera poder recibir los 500.000 pesos, su petición es resolver el problema de fondo. “Yo no puedo mudarme de aquí porque no tengo la facilidad, vivo de la venta de empanadas y de pasteles. Por eso queremos que el Gobierno se ponga las manos en el corazón, ya sea con una nueva vivienda, porque cada que llueve la situación es la misma”, opina.
“Yo no puedo mudarme de aquí porque no tengo la facilidad, vivo de la venta de empanadas y de pasteles. Por eso queremos que el Gobierno se ponga las manos en el corazón, ya sea con una nueva vivienda"
Lidubeth Brito, damnificada.
Lo mismo le pasa a Herminia Maria Granados de Miranda, a quien por no tener el “María” en su registro no le entregaron el dinero. Su casa está ubicada en el barrio El Retiro, al frente del caño El Saín, y se inunda cada vez que este desborda. “A mi se me hundió la cocina, se cayó el mesón, se hundieron los cuartos, el agua se metió debajo de la casa”, cuenta. A otras personas, incluso, el agua estancada les ha causado problemas en la piel.
Para Yefer Santoya y su familia esta es la segunda vez que no recibe las ayudas que le asignan. En su casa, en la que vive desde hace 14 años, las paredes están dañadas y los útiles escolares y papelería de sus hijos se han perdido ya en dos ocasiones. “Esto pasa casi cada año. La primera vez nos dijeron que nos iban a ayudar a reparar las paredes, nos iban a ayudar con comida, pero nunca nos dieron. Ahora con el bono de alimentación tampoco nos dieron nada”, cuenta.
A pesar de que ya han pasado once meses, la Ungrd no es clara sobre las fechas en las que los afectados podrán recibir este dinero. “La reprogramación de los reintegros se encuentra en proceso y las nuevas fechas de pago para estos beneficiarios será informada por parte de la Ungrd desde la subcuenta Colombia Vital”, dice la entidad. Pero hasta el momento ni la Alcaldía, ni los damnificados han sido informados de estas fechas.
Yefer y su familia, al igual que otras familias damnificadas, tienen la esperanza de poder recibir el subsidio, pero también piden una solución definitiva. “Nosotros estamos esperanzados porque en este momento estoy desempleado, entonces el subsidio sería de gran ayuda. Pero también le pedimos al gobierno que nos reubique”, dice el padre de familia.
En Fonseca, según Wilmer Pitre, hay por lo menos 420 hogares en situación de riesgo por las lluvias. A pesar de esto, hay pocas iniciativas para resolver el problema de fondo. Según el funcionario, el proyecto de viviendas rurales que está construyendo la Alcaldía con recursos del Sistema General de Regalías en el Hatico, Conejo y Almapotoque es la solución. Además, de un proyecto con Air-e para mejorar las redes de energía. Sin embargo, hay hogares en zonas de alto riesgo a las que ni la Alcaldía, ni alguna otra entidad, les está ayudando.
Después de casi tres meses de estar suspendido, volvió a funcionar el servicio de alimentación escolar (PAE) en las dos instituciones educativas de El Carmen de Atrato. Y aunque la noticia alegró a la comunidad educativa, la llegada del nuevo operador, Unión Temporal Programa de Alimentación Escolar Chocó, trajo otros inconvenientes.
Cocineras, rectores, docentes y padres de familia enumeran las fallas. La primera es la escasez. En una institución donde 30 niños y niñas cursan desde preescolar hasta noveno, puntualiza una manipuladora de alimentos que los insumos son insuficientes: “A veces solo mandan una cubeta de huevos, por lo que tenemos que partir un huevo para dos niños”.
Para el jugo de un solo día de 30 estudiantes, reciben tres mangos con muy poca azúcar. Y, sobre la proteína, tienen una pechuga de pollo que debe durar dos días, el mismo número de zanahorias y un repollo para una semana.
“Anteriormente, cuando yo recibía los alimentos, era con la medida suficiente y en algunos casos, podían repetir", cuenta otra cocinera. “Con el nuevo operador la comida llega en muy malas condiciones, la legumbre es pésima y las cantidades, más bajas”.
En el casco urbano no fue distinto. “No sé si era por el tema de bodegaje o por el tema de transporte pero, en varias ocasiones, los alimentos llegaron en estado de deterioro: frutas, verduras, legumbres”, cuenta Melvin Becerra Palomeque, rector de la institución Corazón de María. “Le informamos al operador pero no logramos hacer sinergia con la persona encargada de representarlo ante el municipio”, dice.
“No sé si era por el tema de bodegaje o por el tema de transporte pero, en varias ocasiones, los alimentos llegaron en estado de deterioro: frutas, verduras, legumbres”
Melvin Becerra Palomeque, rector de la institución Corazón de María
La salud de algunos estudiantes también se deterioró. “En una ocasión les dieron una mandarina con chocolate y el niño llegó intoxicado a la casa”, dice preocupada una madre de familia que prefiere no ser identificada. Y a esto se sumaron problemas de higiene con elementos de aseo que debía entregar el proveedor. “No es justo que, habiendo lavalozas específicos, el operador decida que los platos se lavan con Fab, sabiendo que es difícil quitar el olor y el sabor del jabón, pero no nos hacen caso”, comenta Betty Hernández, coordinadora de la Institución Marco Fidel Suarez.
Además, según los lineamientos del Ministerio de Educación para la planificación de los menúes es necesario tener en cuenta aspectos como el contexto cultural, sin embargo, en El Carmen de Atrato no ha sido así. “Mandaron unos envuelticos de arepa harina que acá no están acostumbrados a consumirlos, entonces se hacía necesario cambiarlo por masitas fritas y el aceite, que ya era bien poquito, se reducía más”, confirma Betty Hernández.
Con la contratación de las cocineras también hubo desaciertos. A pesar de que trabajaron varios meses con el nuevo contratista, nunca firmaron contrato y la información que les dieron fue que les pagarían entre 1.200 a 1.500 pesos por alumno atendido, lo que se traduciría en 45.000 pesos por día trabajado. Sin embargo, denuncian que el operador no cumplió con lo que habían pactado verbalmente y sólo les liquidaron $20.000 pesos el día.
Pero las manipuladoras no se atreven a demandar a nombre propio ya que no tienen soportes jurídicos para hacerlo y ninguna quiere insistir en el asunto por las repercusiones.
Durante el primer semestre del año la contratación la hizo la Alcaldía con recursos de la Gobernación. El operador fue la Fundación Serranía Colombia. La demora en la contratación, así como los acuerdos de transferencia por solo 30 días, hizo que el servicio solo se prestara durante dos meses, es decir, 60 días calendario escolar. Para ese momento, un almuerzo le costaba a la Gobernación 2.500 pesos y el desayuno o merienda 1.900 pesos.
Varias cocineras manifiestan que cuando la Alcaldía manejó el contrato, la calidad de los alimentos era buena, igual que la cantidad. El problema principal, además de la intermitencia, fueron los retrasos en el pago a las manipuladoras de alimentos.
El último periodo de alimentación escolar se activó con nuevo operador el 8 septiembre. El encargado era la Unión Temporal Implementación del Programa de Alimentación Escolar en el Chocó, conformado por las fundaciones Symech, con 60 por ciento de participación, y Cultural Pacífico en Paz, que también presta el servicio en Tadó y otros municipios.
Este operador, a diferencia de otras ocasiones, no fue contratado por la alcaldía, sino por la Alianza Pública para el Desarrollo Integral, Aldesarrollo, quien fue contratado, a su vez, por la Gobernación para ejecutar el dinero de las regalías del departamento, dinero con el que se financió el programa en los últimos 90 días.
Para el reciente contrato aumentó el valor de la ración. En todos los municipios no certificados del Chocó, un almuerzo del PAE le costó a la gobernación 4.812 pesos y el desayuno o merienda 2.816 pesos. Y aunque fue un aumento significativo, en El Carmen de Atrato no se sintió el cambio.
Además de los problemas en la calidad de los alimentos, con la llegada del nuevo operador varias cocineras fueron despedidas, según denuncian, por no apoyar a un candidato a la alcaldía. Otras renunciaron de manera voluntaria porque apoyaban a un candidato contrario.
Dionne Cruz, ex Presidenta e integrante de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública, asegura que esto es algo que suele pasar en varios municipios y es una de las causas que, según identificó la Asociación, perpetúa los problemas del programa. “Hay corrupción, malos manejos, falta de idoneidad de los contratistas y operadores ―porque son elegidos para pagar favores políticos y no por mérito o experiencia―. Y también hay captura de estas rentas públicas por clanes políticos, mafias e incluso grupos al margen de la ley”, explica la experta.
Entre los rectores, además, está la percepción de que los operadores ajenos a El Carmen de Atrato tienen más problemas; por falta de pertenencia y problemas de logística. “Tener que traer alimentos de otros lugares, buscando abaratar costos, pone en riesgo la calidad con la que estos alimentos llegan”, opina Melvin Becerra.
El problema según opina Betty Hernandez, coordinadora de la institución Marco Fidel Suárez, también es el traslado. “Consiguieron proveedores para las legumbres desde Quibdó, toda esa legumbres llegaban aquí dañadas y deterioradas, si lo iban a suministrar desde allá lo deberían hacer la remesa cada ocho días, pero la hacían cada 15 días, entonces el daño fue significativo”.
Además, hay desconexión entre la Gobernación, el operador y la comunidad educativa. Según Juan Carlos Quinto, secretario de Integración Social del Chocó, en su despacho no han recibido ninguna queja sobre el funcionamiento del PAE. "Nosotros hacemos seguimiento al programa en los municipios, es nuestro deber, pero lo que hemos evidenciado es que ningún rector ha manifestado alguna inconformidad con el programa", dijo el secretario que además manifestó no saber cuáles son las empresas que conforman la UT PAE Chocó.
Y aunque los rectores y coordinadores manifestaron que habían contactado a Sandra Mazo, representante legal de la UT PAE Chocó, para manifestar sus preocupaciones; Mazo asegura que solamente ha recibido felicitaciones. “La comunidad educativa siente que el PAE ha cambiado y que el tema de las raciones servidas ha mejorado muchísimo en cuanto a cantidad y a calidad. Tengo hasta reportes de las instituciones de que sobraron alimentos de las últimas entregas”, dice.
Durante el tiempo en que el PAE estuvo suspendido en el municipio, la solución más inmediata de docentes y rectores fue recortar la jornada escolar; esto significó que los estudiantes estudiaron entre una y dos horas menos todos los días por más de tres meses.
En la I.E. Marco Fidel Suárez, por ejemplo, los estudiantes de jornada única pasaron de salir a las tres de la tarde, a salir a la una y media. Lo mismo en la I.E. Corazón de María.
“Es una jornada que va de siete de la mañana a tres de la tarde, pero como tenemos estudiantes de las zonas rurales, hay estudiantes que salen de su casa a las cinco de la mañana y regresan tipo cinco de la tarde dependiendo del clima. Por eso las repercusiones nutricionales y académicas son muchas”, añade Betty Hernandez.
Aunque el PAE está pensado desde el Ministerio de Educación como un complemento alimenticio, en las instituciones de El Carmen, y de otros municipios del Chocó, hay varios estudiantes para los que es la única comida del día, lo que agrava la situación.
“Para muchos de los muchachos es el único alimento que reciban en el día, cuando el Programa de Alimentación Escolar no se presta en las condiciones debidas, afecta de manera significativa no solo la prestación del servicio educativo, sino que ponen riesgo su propia salud”, denuncia Melvin Becerra Palomeque.
Según explica Dionne Cruz, además de las limitaciones académicas las repercusiones son físicas y mentales. “Afecta en su talla y en su peso. Retardos en el crecimiento físico, y en el desarrollo cognitivo. Una menor capacidad de aprendizaje, de concentración. Estamos hablando de problemas asociados a la desnutrición, que es una causa de mortalidad en Colombia. Debilidad, situaciones de anemia, una serie de problemas que nuestros niños y niñas no deberían estar sufriendo”, comenta la experta.
Esto, a su vez, se traduce en deserción escolar. “Cuando los insumos no son suficientes, hay muchachos que se quedan sin alimentación y eso automáticamente genera deserción escolar, porque nosotros tenemos sedes ―incluyendo la principal― con estudiantes que solamente cuentan con la alimentación que se le suministra en los planteles educativos”, manifiesta Betty Hernández.
"Cuando los insumos no son suficientes, hay muchachos que se quedan sin alimentación y eso automáticamente genera deserción escolar, porque nosotros tenemos sedes con estudiantes que solamente cuentan con la alimentación que se le suministra en los planteles educativos"
Betty Hernández, coordinadora I.E. Marco Fidel Suárez
Una de las madres rurales lo confirma: “nosotros como padres de familia suponemos que el programa funcionará todo el año escolar, sin embargo, cuando el programa se paraliza, debemos buscar plata de donde no tenemos para comprar el algo a los niños o darles plata para que ellos compren cualquier cosa”.
Con la llegada de la nueva gobernadora, Nubia Carolina Córdoba Curi, aún no está claro cuál será la modalidad de contratación para el otro año. Por ahora, estos mismos operadores prestarán el servicio durante el mes de enero.
“Nosotros tenemos recursos para ejecutar el PAE hasta finales de enero del próximo año. Una vez esos días se terminan, usamos los recursos que envía el Gobierno Nacional. Esperamos que la nueva gobernadora nos diga cómo va a entrar a manejar el tema. Si va a ser directamente con los municipios o centralizado como está ahora”, dice Juan Carlos Quinto.
Sin embargo, las madres y padres de familia de la zona rural, al igual que las manipuladoras de alimentos, opinan que la contratación debería ser de las Juntas de Acción Comunal o de las juntas de padres, como lo había anunciado el gobierno nacional. Dicen que así se le daría prioridad a la producción del campesinado carmeleño y los alimentos estarían frescos y de mejor calidad, además de generar ingresos al interior del municipio.
Lo mismo recomiendan desde la Asociación Colombiana de Salud Pública. “Está la necesidad de un rediseño del plan de alimentación escolar y de la arquitectura institucional que lo sostiene, orientada a que sea la comunidad la que maneje el servicio”, comenta Dionne Cruz.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, recomendó después de su visita al departamento hacer una planeación adecuada para que los procesos precontractuales y contractuales no afecten la operación y continuidad durante todo el calendario escolar, y, con ello, los derechos de niñas, niños y adolescentes beneficiarios sean garantizados.
Además, hizo un llamado a padres, madres y cuidadores para que exijan la conformación del Comité de Alimentación Escolar en las instituciones educativas en donde no se encuentra constituido, y donde ya esté conformado, sean establecidas rutas de seguimiento y vigilancia claras que permitan verificar oportunamente las irregularidades en el PAE.
Con el voto de opinión y bajo la promesa de gobernar con el pueblo y priorizar la zona rural llegó Juan Carlos Palacios a la alcaldía de Tadó. Su elección mostró un pequeño giro a como estaba funcionando la política en el municipio: después de 8 años quedó electo un candidato que pertenece al partido Liberal y no iba apoyado por una coalición de partidos.
Además, por primera vez en 12 años, el nuevo alcalde no tiene relación con el partido de la U. En 2011 la alcaldía la ganó Mancio Agualimpia por ese partido. En 2015 ganó Arismendi García con la coalición Convergencia que agrupaba a los partidos de la U, Liberal, Mais y Verde. Y en 2019 quedó electo Cristian Copete, quien era considerado el candidato de Arismendi, con la coalición “Por Tadó me la juego toda” que unió a los partidos Cambio Radical y, nuevamente, al Partido de la U.
Palacios es distante de la administración actual, lo que implica que no dará continuidad a la forma de gobierno de Cristian Copete. “Es un gobierno (el de Copete) que no es afín con mi propuesta, no es un gobierno amigo”, dijo el alcalde electo en entrevista con Consonante. A pesar de estar asociado con estructuras de partidos tradicionales, muchos de sus votantes le atribuyen ser “el cambio”.
Su énfasis será en políticas públicas diseñadas para las necesidades de la gente que, aunque es lo común en la gestión administrativa, no solía ocurrir así en Tadó. Además, esas políticas públicas a la medida incluirán, por primera vez, una con enfoque de género y otra que reconoce a las familias como sujetos de derechos. Además, habrá otra con las diferentes actividades deportivas, culturales, educativas, recreativas y sociales, otra para atender a la población con capacidades diferentes y para fortalecer el turismo.
Su llegada al palacio municipal implica también, según lo anunciado, una reestructuración administrativa. Palacios piensa crear la secretaría de Inclusión, Equidad y Género; la secretaría de Turismo; la secretaría de Desarrollo Económico y rediseñar el modelo de seguridad del municipio.
También promete apostar fuertemente a la inclusión de la ruralidad. Su cierre de campaña fue una “toma del alto San Juan”, un evento multitudinario en el que recorrió varios corregimientos El reto será mejorar los puestos de salud rurales de cada corregimiento, la infraestructura de las escuelas.También mejorar el acceso al acueducto y alcantarillado y potenciar el turismo con estas comunidades.
Palacios llegará con apenas dos concejales de su línea directa: Luis Fermin Palomino, quien ha sido concejal durante casi 20 años por el partido Liberal, pero apoyó a Cristian Copete el periodo anterior. Y Wilson Andrade, un concejal nuevo del partido Alianza Verde.
La participación de la mujer disminuyó para este periodo. Solamente Claudia Patricia Hinestroza logró una curul con el partido Conservador, cuando en otros años hubo entre dos y tres mujeres en el Concejo.
El partido con más votos fue el Partido Conservador, que ha sido históricamente fuerte en la región y logró cuatro espacios en el Concejo. Este partido ha logrado mantener la cantidad de curules con el paso del tiempo: en 2011 logró tres; en 2015 cuatro y en 2019 cuatro nuevamente. Mientras que el partido Liberal ha perdido su fuerza con los años y ahora solo tiene una curul en el Concejo, esto pese a que la gobernadora del departamento cuenta con su respaldo.
En contraste, los partidos Centro Democrático y Colombia Humana no alcanzaron el umbral de 558 votos para tener por lo menos una silla en el recinto. El primero solo alcanzó 450 votos y el segundo 61.
Aunque aún no se ha definido la posición de los concejales, la tendencia, según dicen algunos, será una mayoría declarada “independiente”, es decir, que no apoyarán 100 por ciento al alcalde pero tampoco serán oposición. Sin embargo, más allá de la ideología, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explica que esto se traducirá en la realidad en un ejercicio de negociación permanente.
“El alcalde va a tener que mandar a su secretario de Gobierno a hablar con cada uno de los operadores políticos locales y decirles, ‘bueno: este es el plan de desarrollo’, y los concejales probablemente le van a decir ‘¿qué me vas a dar a cambio para aprobarlo?’ . Eso es lo que termina pasando. Y aunque hay concejales honestos, no es lo usual”, dice Bonilla.
La bancada del Partido de la U, con dos puestos, sigue definiendo cuál será su papel: “me tocaría hablarlo con mi bancada, aunque yo creo que lo voy a hacer como independiente y creo que esa es la tendencia”, dice Luis Moreno, actual presidente del Concejo Municipal. Lo mismo el partido Cambio Radical, que también logró dos curules, “lo único que sabemos ahora es que no vamos a ser oposición”, dice Danning Perea, concejal electo de este partido.
"Me tocaría hablarlo con mi bancada, aunque yo creo que lo voy a hacer como independiente y creo que esa es la tendencia”
Luis Moreno, concejal electo por el Partido de la U
Quien según la ley lideraría la oposición es Jesus Hamilton Peña, quien aceptó la curul por ser el segundo candidato más votado, pero la línea aún no está clara. Declararse oposición, en municipios como Tadó, suele salir muy caro y es poco frecuente. En el municipio el mayor empleador es la alcaldía, y los puestos públicos suelen renovarse con el mandatario de turno. “Para que te den un contrato hay que tener una recomendación de un concejal. Entonces, para que un concejal diga que es la oposición quiere decir que no necesita meter contratos en la alcaldía y eso es casi imposible”, opina la experta.
Hasta el momento, el partido Conservador es el que no tiene ninguna inclinación: “Que el movimiento perdiera, no significa que me vaya a declarar en oposición. Depende de la charla que tengamos con el alcalde Juan Carlos, depende de lo que él plantee sobre cómo va a trabajar… Si en su trabajo va a tener en cuenta a las personas que en las elecciones no estuvimos con él ”, explica Orlando Delgado, quien sigue a la espera de la conformación del nuevo mandato.
El alcalde electo no tendrá problemas para armar coalición en un Concejo acostumbrado a seguirle el ritmo al mandatario de turno. Pero por su naturaleza transaccional, el Concejo pondrá a prueba la promesa de Palacios de ser un gobierno transparente y no caer en la entrega de puestos por favores políticos.
El nuevo alcalde fue fórmula de la gobernadora electa Nubia Carolina Córdoba Curi. Ambos pertenecen al partido Liberal y estuvieron juntos en varios momentos de la campaña electoral. Incluso, Córdoba estuvo presente en el cierre de campaña de Juan Carlos Palacios en la zona rural.
Córdoba Curi tuvo el respaldo de la base social del Pacto Histórico en Chocó y, a diferencia de elecciones anteriores, el liberalismo unió sus bases en torno a su candidatura. En Tadó, donde tiene a parte de su familia, ganó con 4.552 votos.
La buena relación entre ambos mandatarios puede facilitarle a Palacios la consecución de recursos de inversión para invertir en educación, así como otros temas en los que el municipio depende de la Gobernación.
“El presupuesto público solo le alcanza (a Palacios) para pagar la nómina de los maestros, la del hospital público y se acabó la plata. Todo lo que haya prometido, le toca gestionarlo por fuera y la manera de hacer gestión es a través de otros operadores políticos” explica Laura Bonilla. “Si Palacios tiene una buena relación con la gobernadora y la gobernadora a su vez tiene una buena relación con el gobierno nacional, es probable que atraiga recursos al municipio”, agrega la experta.
“Si Palacios tiene una buena relación con la gobernadora y la gobernadora a su vez tiene una buena relación con el gobierno nacional, es probable que atraiga recursos al municipio”
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares)
Nubia Carolina Córdoba Curi hizo parte del grupo de nuevos mandatarios regionales que citó el presidente Petro a la casa de Nariño el pasado 7 de noviembre. La reunión fue solamente con los gobernadores electos simpatizantes de Petro y la cercanía de la mandataria con el Gobierno Nacional fue explícita, al menos en el contenido compartido del encuentro por parte de la gobernadora y el presidente Gustavo Petro.
Palacios lo tiene claro y ve en Córdoba Curi la forma de lograr sus proyectos. “Hoy tenemos una gobernación que nos puede colaborar y se identifica con nuestra línea de gobierno”, expresó el mandatario a Consonante. Además, la Gobernadora tiene el mismo propósito del alcalde Palacios, que es precisamente centrar mayores esfuerzos en el campo: “es muy importante llevar inversión a la zona rural”, dijo tajantemente durante su visita a la capital.
El próximo 17 de diciembre se realizarán las nuevas elecciones en Fonseca, La Guajira, luego de que se destruyera más del 25 por ciento del material electoral en las elecciones del pasado 29 de octubre.
En estas elecciones se elegirá al próximo alcalde de Fonseca y a los integrantes al Concejo. Según informó la Registraduría delegada de Riohacha, la decisión de repetir las elecciones se dio tras perderse la cadena de custodia y material electoral en tres puestos de votación. Los disturbios ocurrieron en los colegios Calixto Maestre y María Inmaculada, en zona urbana; y el colegio Agrícola, en Conejo.
Es de aclarar que las elecciones se repetirán en todo el municipio y no solo en las mesas afectadas.
La resolución 007 del 10 de noviembre de 2023 resolvió las reclamaciones, apelaciones y desistimientos sobre el proceso electoral y escrutinios de las elecciones territoriales para el periodo 2024- 2027. El documento expone que para el 29 de octubre, al final de la jornada, se registraron hechos vandálicos llevando a la destrucción y el abandono de material electoral en 3 de los 12 puestos de votación.
El colegio María Inmaculada tiene 16 mesas y votan en ese punto 5.278; en el Calixto Maestre 18 mesas y votan 5.860; y en el puesto de Conejo, 7 mesas y votan 2.201 personas. “Una vez la Comisión Municipal recibió en su despacho diversas reclamaciones y recursos de las comisiones auxiliares y la municipal se declararon en desacuerdo, antes de definir si se podía declarar la elección de las autoridades municipales, absteniéndose de declarar el concejo municipal y el cargo de alcaldía”, dice la resolución.
En el documento se informa que no se declaran las elecciones de Alcaldía y Concejo Municipal y, por tanto, resuelve: “excluir de la votación de las 41 mesas de los tres puestos de votación citados e incluir las 57 mesas de votación de los 9 puestos de votación que fueron debidamente escrutados para la declaración del cargo de Gobernador y Asamblea del departamento de La Guajira”.
Desde que se convocaron a nuevas elecciones, la Registraduría aclaró que los candidatos serían los mismos a los que se postularon para las elecciones del 29 de octubre. No habrá inscripciones porque esto no es una elección atípica sino que responde a una nueva convocatoria tras actos de vandalismo. Sin embargo, quienes quieran renunciar a la candidatura pueden hacerlo de manera formal ante la Registraduría.
Para Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y con experiencia de 25 años en temas electorales, si dos candidatos quieren unirse, alguno de estos debe renunciar para no generar inhabilidad. “Así como se inscribió ante la Registraduría debe renunciar ante la misma (...) Los candidatos deben ser los mismos porque la inscripción ya pasó, las coaliciones están realizadas y ya no hay esa posibilidad porque incurriría en doble militancia por apoyar a un partido distinto”.
Gutiérrez puntualizó que un candidato “no puede apoyar a un aspirante distinto al de su partido o antes debe renunciar a la candidatura de manera oficial”.
Para Pedro Gutiérrez tener unas nuevas elecciones implica que haya menos tiempo para el empalme que realiza el alcalde actual y el alcalde electo. “Lo único que perjudica es la logística de empalme, ya que no tienen mucho tiempo. Pero se sabe que si el resultado está antes del 31 de diciembre, la Alcaldía se asume desde el primero de enero, comenzando el periodo constitucional”. Además, Gutiérrez agrega que lo prioritario ahora es brindar garantías para que la población pueda votar con normalidad.
“Lo único que perjudica es la logística de empalme, ya que no tienen mucho tiempo"
Pedro Gutierrez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral.
Las sanciones están establecidas por ley. Las personas que atenten contra la jornada electoral y dañen el material se enfrentan a consecuencias penales, por ser un delito electoral que se debe judicializar como responsabilidad individual.
Este delito está tipificado en la Ley 1864 de 2017, artículo 386, como perturbación en el certamen democrático y contempla que quien impida la votación y el escrutinio incurrirá en una condena de prisión de 4 a 9 años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales vigentes. Y la pena en prisión aumenta de 6 a 12 años cuando la conducta se realice por medio de violencia.
Las autoridades de Fonseca ofrecieron una recompensa el 30 de octubre de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables de los actos vandálicos del pasado 29 de octubre.
Los jurados serán los mismos de los asignados el 29 de octubre. Este es un cargo obligatorio y por ley, si no participa debe cumplir una sanción. Según la Ley 163 de 1994, la multa por no asistir es de hasta 10 salarios mínimos, es decir más de 10 millones de pesos.
“Son particulares que cumplen una función pública. Si llegan a incumplir esa obligación, se someten posiblemente a un acto disciplinario y eventualmente a una sanción económica”, indica Gutiérrez.
Pedro Gutiérrez agrega que aunque no se afectó la democracia si hay pérdida económica y de tiempo. “La ciudadanía se vio frustrada pero sí hay democracia porque se efectuará una nueva elección y los gobernantes estarán para el periodo constitucional que inicia el primero de enero.
La mayor afectación es en la logística y el tiempo que se perdió para hacer el empalme, pero en cuestión de 15 días ya la Alcaldía podría estar funcionando normalmente”, agrega.
En las elecciones están presentes la Policía, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la MOE y los delegados del Consejo Nacional Electoral. En cada punto de votación debe haber una mesa de justicia con alguno de estos representantes para que estén al tanto de los incidentes y de las posibles denuncias frente a irregularidades.
Para las fuentes consultadas, lo más importante es permitir que la gente vote con total tranquilidad. “Se deben revisar las inhabilidades, el tema de recursos públicos que se pueden utilizar en la campaña electoral. Todo eso, es lo que se da en un proceso electoral para garantizar la igualdad y la libertad al elector, igualdad de condiciones en los candidatos y la protección del elector. Esto se garantiza permitiendo votar sin ninguna coacción, cuando se acerca al cubículo solo y que escoja qué opción decide apoyar o si se abstiene a votar, porque también es un derecho del ciudadano abstenerse a votar”, indica Pedro Gutiérrez.
Algunos candidatos consultados por Consonante consideran que sí se cuentan con las garantías necesarias para efectuar esta nueva jornada electoral y confían en que lograrán más votos. Eredis Brito, aspirante nuevamente al Concejo, señala que espera que no haya contratiempos y que va a continuar en su campaña. “La gente me sigue dando el apoyo, he llegado a estas personas y van a volver a votar por mí. Confío en que todo va a salir bien en estas elecciones. En lo que se pudo contar logré 277 votos y con eso ya estaba entre las concejales con credencial y confío en que se van a mantener esos votos y aspiro alcanzar unos 700 votos”, indicó.
Lo mismo opina Luis Manuel Campo, candidato al Concejo. Dice que está optimista por esta nueva oportunidad de unas nuevas elecciones. “Estamos seguros que vamos a lograr el electorado necesario. Tuve de apoyo 255 votos, pero hay que tener en cuenta que hubo votos que no se pudieron contar por los actos vandálicos y deseamos que ahora todo se dé de la mejor manera. Siento que las garantías están dadas para todos”, agregó.
Los expertos consultados señalan que el orden público debe ser garantizado por la Alcaldía y la Gobernación. Y, en el caso particular de Fonseca, es de conocimiento del Gobierno Nacional. Por ello, piden que haya más Fuerza Pública y garantizar que la ciudadanía se pueda acercar con tranquilidad a votar.
Las opiniones de algunos ciudadanos de Fonseca se encuentran divididas entre los que confían y tienen dudas de la jornada electoral.
Wilmar Díaz, miembro de la campaña de Enrique Fonseca, dice que no confía en las elecciones. “Los perdedores cuando vean una fila de un kilómetro de personas y ellos no registren votos, vuelven y hacen la guachafita y dañan el proceso”.
Díaz cuestiona que “no han condenado a ninguno de los vándalos. No ha habido ningún ejemplo, entonces para ellos es fácil dañar y que en febrero volvamos a elecciones”.
Otro simpatizante de la campaña de Fonseca quien pidió no ser citado dice que sí confía en la nueva jornada. “Hay que confiar nuevamente en las elecciones. Lo que no confío es en las campañas políticas que últimamente se están haciendo en Fonseca excluyendo el candidato mío”, dice.
Early Díaz, miembro de la campaña de Enrique Fonseca, comenta que “las elecciones de aquí van hacer una más del montón, van a cometer más errores. Lo importante es que van a estar ahora más vigilados por la MOE y por todas las entidades porque son las únicas elecciones que se harán en el país”.
Luis Dario Ortiz, simpatizante de la campaña de Benedicto González, dice que confía en que las autoridades competentes van a tomar las medidas necesarias. “Confío en que se va a garantizar que la democracia se instaure de manera definitiva en estas elecciones y que se vuelva un comportamiento normal para las futuras elecciones”.
Juan Contreras, miembro de la campaña de Benedicto González, no confía. “ Para mi seria bueno que intervinieran organizaciones garantes la ONU, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones internacionales que velen por las elecciones de Fonseca. No vemos garantías por parte de la administración que se ha metido de lleno con un candidato, entonces ese el miedo de los habitantes de Fonseca”.
Fidel Vagas, simpatizante de Benedicto González, dice que no confía en las elecciones porque la gente denuncia y las autoridades no hacen nada. “No le ven el interés de verificar o corroborar dicha información entonces por la práctica de compra masiva de voto, las elecciones se vuelven a costa del dinero, por ese lado las elecciones no son confiables en el municipio de Fonseca”, agrega.
Verenice Santiago, adepta de la campaña de Micher Pérez, dice que confía. “Creo en las elecciones porque es la oportunidad que le están dando a la democracia de hacer las cosas bien. El 29 de octubre fue un proceso fraudulento y no se le dio la oportunidad a la democracia, entonces es por ello que hay que hacerlas de nuevo y que se garantice que el proceso sea bajo criterios de transparencia”.
Jeider Martínez, partidario de la campaña de Micher Pérez, opina que “se confía siempre y cuando cambien toda la vigilancia posible de afuera. Que manden Policía y un registrador que sea neutro y que resguarden a toda Fonseca”.
En su segundo intento por llegar a la Alcaldía, el liberal Jaime Arturo Herrera salió electo con 2.183 votos. ‘Puntillo’, como es conocido en el municipio, puso en el centro de su campaña política la propuesta de que el campo sea el centro de la economía en un municipio que ha ido perdiendo la vocación agrícola por una más minera.
Para esto, según le dijo Herrera a Consonante, formulará proyectos ante la Presidencia para que haya más inversión en el campo. También aseguró que entre sus prioridades está la pavimentación de vías terciarias y la construcción de escenarios deportivos: “Le voy a proponer a Miner S.A. que trabajemos en conjunto. Vamos a meterle plata a lo social y a los escenarios deportivos que es muy necesario”. Aún no es claro cómo será la relación entre Miner y el alcalde electo porque, a diferencia de las últimas tres alcaldías, no viene de trabajar en la mina ni ha tenido una relación cercana a esta.
“Le voy a proponer a Miner S.A. que trabajemos en conjunto. Vamos a meterle plata a lo social y a los escenarios deportivos que es muy necesario”
Jaime Arturo Herrera.
Herrera es un exconcejal y empresario de origen campesino que lleva más de 20 años administrando una droguería en Quibdó. En 2014, y como propietario de la Droguería La 20, fue capturado junto con otras siete personas que eran investigadas porque presuntamente se habrían apropiado de más de 1.700 millones de pesos que estaban destinados para pagar servicios de salud a la población vulnerable de el Chocó. Según la Rama Judicial, Herrera fue dejado en libertad en 2015. El alcalde le dijo a Consonante que en este momento no tenía ningún lío judicial y que lo que pasó es que fue “asaltado en la buena fé”.
Su recorrido político inició hace cuatro años cuando se lanzó a la Alcaldía y quedó segundo por una diferencia de 15 votos. Al ocupar ese puesto tuvo derecho a ser concejal, cargo que ocupó por un año. Luego se dedicó a su campaña y en las votaciones de octubre le sacó más de 300 votos al exalcalde Jorge Iván Bedoya, el segundo más votado.
Con su triunfo Herrera frenó las posibilidades de que el partido de La U pusiera un tercer alcalde de forma consecutiva y le devolvió el poder al partido Liberal que no ponía mandatario desde 2011. Pero el liberalismo no sólo ganó la Alcaldía. También eligió como gobernadora a Nubia Carolina Córdoba, con quien Herrera hizo campaña, y fue el partido más votado en el Concejo con 1.561 votos y el que puso más concejales: cuatro de once. Por ahora, parece que Herrera llegará a la Alcaldía, el 1 de enero de 2024, con vientos a su favor a nivel municipal y departamental.
Aunque la elección de los concejales no suele ser tan mediática como la de la Alcaldía, también es clave. El Concejo es el que debate las propuestas del alcalde, le hace control político y aprueba o no el Plan de Desarrollo y el presupuesto municipal —que este año fue de más de 14 mil millones de pesos—, que son las cartas de navegación de la administración en obras planes y programas y en cómo se invierten los recursos públicos.
En el caso de El Carmen, el Concejo estará conformado por cuatro liberales, dos conservadores, dos del partido de La U, una del partido Verde, uno de MAIS y una curul que será de Jorge Iván Bedoya del partido de La U, ASI y la Fuerza de la paz, quien aceptó el espacio que le corresponde por ser el segundo más votado a la Alcaldía.
Estos resultados dejan dos conclusiones. La primera es que el Concejo se renovó. De los cinco concejales que trataron de reelegirse sólo lo logró Carlos Alberto Restrepo del partido Liberal. A diferencia de hace cuatro años, el espacio de las mujeres se redujo y pasó de dos curules a una, esta vez por el partido Verde con Gloria Isabel Calle, que apoyó a la candidata Natalia Mazo a la Alcaldía.
La segunda conclusión es que con el partido Liberal de su lado, que es el que tiene más concejales, Herrera tiene la posibilidad de tener una mayoría de concejales afines (coalición de gobierno) que le apruebe de forma más rápida lo que debe pasar por el Concejo. “Con un Concejo a favor del alcalde lo que uno esperaría es que se aceleren los procesos, que no haya trabas y que las propuestas sean tramitadas con facilidad y con eficiencia. En caso contrario tendría que empezar a negociar con otros partidos o con otras corrientes y eso ya le compromete, de alguna manera, la gestión burocrática (puestos y nombramientos) y presupuestal”, explica Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia.
“Con un Concejo a favor del alcalde lo que uno esperaría es que se aceleren los procesos, que no haya trabas y que las propuestas sean tramitadas con facilidad y con eficiencia"
Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia.
De entrada, el alcalde electo dice que cuenta con una mayoría a su favor: “Elegimos cuatro liberales y tenemos buena relación con los dos conservadores. Tenemos la mayoría, pero lo más importante es que llego a trabajar. Creo que cuando los concejales vean mi trabajo y vean que le estoy metiendo 24/7 a la comunidad, los proyectos van a salir por un tubo”.
Eso dependerá de la posición política que asuman los concejales al posesionarse y en la que deberán elegir si, frente a la Alcaldía, son de gobierno, independiente o de oposición. Aunque la decisión final la pueden tomar hasta febrero (un mes después de que inicie el gobierno), por ahora, pinta a favor de Herrera. Al menos tres concejales electos de distintos partidos están de acuerdo con ‘Puntillo’ al decir que apoyarán su gestión si ven que está trabajando a favor del municipio. También aseguraron que, de entrada, no harán oposición.
“Personalmente no voy a ser oposición y tampoco voy a estar con el Alcalde. Estaré del lado del bien común”, afirmó Jaime Gabriel Taborda elegido por el partido Conservador. Dijo que junto con su compañero Jesús Antonio Londoño, se declararán de independencia. “La oposición es muy relativa — dice Gloria Calle, electa por el partido Verde — debemos ser un equipo y trabajar para beneficio de El Carmen”, comentó que también se declarará en independencia.
Consonante intentó comunicarse con Bedoya para saber si se declarará en independencia o si liderará la oposición contra el Alcalde, pero hasta el momento no contestó las llamadas. Con este panorama, y si La U decide ser oposición, contaría con tres de los once concejales en su coalición. Zuluaga Gil dice que tener un Concejo que en su mayoría es a favor de la Alcaldía acelera los procesos y puede beneficiar a la comunidad, pero cuenta que también puede deteriorar el control político: “Se deteriora un poco el control político porque es a los concejales a los que les corresponde hacerlo, pero también se fortalece porque los que quedan como una minoría haciendo oposición deben y tienen que ser más exigentes con el control y los mecanismos que usan para ser escuchados”.
Por ahora, una de las preocupaciones que se escuchan en el municipio es la renovación de la planta de la Alcaldía. El temor es que con una administración nueva y que era opuesta a la actual, no se renueven contratos para algunos trabajadores, más en un municipio como El Carmen en el que las principales fuentes de empleo son la Alcaldía o la mina. “Hay rumores, aún nada comprobado, de que va a llegar gente de afuera de El Carmen, de otros municipios, porque el alcalde elegido debe favores y los va a pagar con puestos de la Alcaldía”, dijo un habitantes de El Carmen.
Herrera le dijo a Consonante que no llegará a “barrer” con los puestos y que todo su gabinete será de carmeleños: “Yo voy a llegar es a construir, están equivocados conmigo. El que esté trabajando y haciendo las laborales bien, se queda. Eso sí, el gabinete será mío, porque no es justo que sea el mismo gabinete desde hace ocho años”.
En el Chocó, la gobernadora electa es la liberal Nubia Carolina Córdoba, la más votada en El Carmen para ese cargo. Córdoba fue la fórmula de ‘Puntillo’ y desde ya la ven como aliada para el municipio. El concejal electo del partido Liberal, Jorge Alexander Machado, lo ve como “el mejor momento para el departamento del Chocó, incluyendo El Carmen, porque sabemos que con nuestro alcalde y de la mano de la gobernadora vamos a hacer un muy buen trabajo”.
Herrera cuenta que desde la campaña electoral Córdoba se comprometió con tres acciones para el municipio: la pavimentación de la vía El Siete - El Carmen, la construcción de un hospital nuevo e inversión en el campo. Además de los compromisos, es clave que entre ambos mandatarios haya una relación fluida y cordial porque El Carmen es un municipio de sexta categoría y, por lo mismo, depende de la Gobernación para, por ejemplo, cofinanciar proyectos o que les giren recursos para educación y salud.
“Los municipios en Colombia suelen ser muy débiles financieramente y gran parte de los proyectos que puede ejecutar un alcalde dependen de la coordinación que tengan con el gobierno departamental — explica Zuluaga Gil —. Si un alcalde va en llave con el gobernador y tienen buenas relaciones, va a ser más fácil que cuando lo llame consiga de forma más rápida que le apruebe y le financie proyectos”.
Esa relación también es clave porque los recursos de participación como los del Plan de Alimentación Escolar (PAE) llegan por medio de la Gobernación. Y es esa entidad la que tramita casos como traslados de los profesores. “Un profesor de municipio pequeño (al que la comunidad no quiera, por ejemplo), puede convertirse en un problema muy grave porque tiene una incidencia directa con la comunidad y si el alcalde no tiene buen diálogo con el departamento, pues no le traslada el profesor, se gana a la comunidad de enemiga y eso puede minar su gobernabilidad”.
Además, la Gobernación también funciona como interlocutora con el Gobierno Nacional y puede ayudar o no a que bajen recursos o proyectos al municipio o que las necesidades del mismo estén en la agenda nacional. En el caso de Córdoba y Herrera, que son del mismo partido, la relación y la gestión entre ambos también es importante para mantener el poder en futuras elecciones, ya sea por la misma colectividad o con candidatos propios. Si a los dos les va bien, sus votantes van a ver con buenos ojos a quienes ellos o sus partidos apoyen. “Esa es una dinámica propia del debate electoral: dar buenos resultados buscando la continuidad en el poder”, expone Zuluaga.
Aún sin posesionarse, y como es común en tiempos de empalme entre un gobierno y otro, el alcalde electo ya empezó a moverse. Y lo hizo con un tema clave: la pavimentación de la vía El Siete - El Carmen. En su cuenta de Facebook anunció que se reunió con el gobernador Ariel Palacios quien aprobó 16 mil millones de pesos para la obra. “Si la pavimentación de la vía se logra, va a ser un alcalde que va a quedar en la memoria de los carmeleños”, dice la concejala electa Gloria Calle.
“Si la pavimentación de la vía se logra, va a ser un alcalde que va a quedar en la memoria de los carmeleños”
concejala electa Gloria Calle.
Pero ese legado dependerá de la gestión de los próximos cuatro años y de cómo avance la relación entre Gobernación y Alcaldía. Por ahora, Herrera reconoce la importancia de dejar huella: “Si nosotros no nos comprometemos con el pueblo, el pueblo después nos cobra una factura que es la ingratitud, el desprecio. Por eso es que muchos alcaldes salen por la puerta de atrás”.
Juan Carlos Palacios es el sucesor del alcalde de Tadó, Cristian Copete. En las elecciones locales, del 29 de octubre, Palacios obtuvo 4.996 votos; casi el doble de votos que acumuló Copete hace cuatro años. En su candidatura con el partido Liberal, Palacios contó con el apoyo de los excandidatos Mancio Agualimpia, Manuel Eugenio Agualimpia, Deisner Palacios y la exalcaldesa Yocira Lozano.
Es conocido como ‘El Padre’ por su carrera de 13 años como sacerdote. Palacios decidió dejar la sotana y, según cuenta, hacerle caso a varios tadoseños y tadoseñas que le pidieron lanzarse como candidato a la Alcaldía. “Ven en mí una esperanza de que el municipio pueda salir adelante”, asegura con la convicción de que está preparado para el cargo.
Además de sacerdote, Palacios es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas y especialista en Gerencia Social. Actualmente está estudiando su segunda especialidad en Desarrollo Territorial y Gestión Pública. Ha trabajado con la Diócesis Istmina-Tadó cómo director pastoral, coordinador de proyectos nacionales e internacionales, coordinador de los programas de primera infancia y coordinador de educación contratada entre la secretaría de Educación departamental y la Diócesis.
En entrevista con Consonante, Palacios habla sobre sus prioridades para el próximo año y explica cómo va a intentar cumplir su mayor propuesta: gobernar con el pueblo en medio de un ambiente de desconfianza en el municipio.
Juan Carlos Palacios: La recibí con mucha satisfacción, reconociendo el trabajo que había realizado en la zona rural y en la cabecera municipal.
A Hamilton le diría que estoy aquí para servirle a él y a cada uno de sus seguidores, soy el alcalde de todos. Más allá de la diferencia política no hay que perder el horizonte frente al desarrollo que queremos para nuestro querido municipio.
J.C.P.: Ya colocamos las denuncias como la ley lo ordena y ya los organismos encargados pueden constatar que muchas personas fallecidas tuvieron su voto. También hubo muchas personas que cuando iban a votar ya habían marcado por ellos.
J.C.P.: Sí, esta mañana (31 de octubre) tuvimos una conversación con ella. Somos del mismo partido y ella tiene afinidad con el municipio de Tadó, sus familiares son de aquí. Queremos trabajar de la mano para sacar este terruño adelante.
J.C.P.: Desde luego, la ley lo exige, debe haber un empalme. Con él propiamente no hemos hablado, es un gobierno que no es afín con mi propuesta, no es un gobierno amigo, pero tendremos que sentarnos a la mesa a ver cómo está quedando la administración.
J.C.P.: Sencillamente porque ellos estaban apoyando al otro candidato. Aún sabiendo que el alcalde no puede participar en elecciones todo su equipo y su maquinaria estaba direccionada hacia allá.
J.C.P.: Dándole a conocer a la gente cada paso que demos en la administración. Primero diciéndole a la comunidad cómo recibimos, qué tenemos para desarrollar y cómo lo vamos desarrollando, que la gente conozca por los diferentes medios y estén informados de qué está haciendo el alcalde por su comunidad.
J.C.P.: Nosotros contamos con un presupuesto de aproximadamente 32 mil millones de pesos, que son mínimos frente a las tantas necesidades que tienen los pueblos.
J.C.P.: Por medio de proyectos. También están las regalías departamentales, hoy tenemos una gobernación que es amiga, que nos puede colaborar y se identifica precisamente con nuestra línea de gobierno. Tenemos planteado en el programa de gobierno también proyectos con el Gobierno Nacional y creemos que por allí podemos jalonar muchos recursos y darle cumplimiento a lo que hemos planteado.
J.C.P.: A la problemática que tenemos hoy en día en materia de salud: no contamos con los servicios básicos que debe prestar el Hospital San José de Tadó y vamos a habilitar los centros de salud en zona rural para que el campesino y campesina tenga la facilidad de tener su médico ahí. Así como también tener una salud preventiva.
Además hoy no podemos desconocer que tenemos en el departamento del Chocó mayores índices de desempleo, y más con la pandemia. A eso también.
J.C.P.: Los programas que son del Estado deben estar funcionando en el municipio, vamos a usar cada uno de ellos para eso. También tener una sinergia con las diferentes instituciones que prestan servicios en nuestro territorio y estar atento a la cooperación internacional.
Por ejemplo, tenemos políticas públicas de atención a la primera infancia, eso lo presta la alcaldía y los diferentes operadores por medio de Bienestar Familiar, entonces ellos nos pueden ayudar a esa generación de empleo.
J.C.P.: Queremos tener la secretaría del turismo, la secretaría municipal de la mujer teniendo el precedente de que ya tenemos el Ministerio de la Igualdad; allí podemos ayudar a muchas mujeres, madres cabeza de hogar a desarrollar proyectos. También la Secretaría de Desarrollo económico teniendo presente hoy que una de las actividades económicas de nuestro municipio ha sido precisamente el campo y se ve con un descuido notable.
J.C.P.: Ya tenemos el programa de gobierno, gracias a Dios. Hay que visitar a las comunidades, ya lo hice como candidato y ahora lo voy a hacer como alcalde electo. Que ellos nos cuenten las problemáticas y nosotros les damos las posibles soluciones de acuerdo al presupuesto municipal. Sencillamente el pueblo me eligió y yo tengo que consultarle a ellos.
J.C.P.: Voy a hacer audiencias, pero no voy a centrar todo en la cabecera municipal, sino tener la posibilidad de llegar hacia zona rural y escuchar cada una de sus propuestas que tienen los integrantes de esas comunidades. Ellos también necesitan hablar con su alcalde.
J.C.P.: Nosotros tenemos un presupuesto muy mínimo para todas las necesidades que hay. Necesitamos recursos de la Gobernación, también que podamos jalonar por medio del Ministerio de Educación teniendo como presente que la Ministra es una mujer que conoce las necesidades del departamento del Chocó y de cada uno de sus municipios, y nos puede ayudar en esta tarea.
J.C.P.: Aquí necesitamos facilidad de llegar a los jóvenes por medio del deporte, esperamos tener esos espacios deportivos con ellos y ellas para consolidar la relación por el tema de la formación. También estamos avanzando con los temas de becas universitarias..
El Consejo de juventudes ha estado conmigo en su gran mayoría. Tuvimos un conversatorio con ellos y efectivamente logramos hacer unas políticas públicas de juventudes que hay que poner en marcha.
Hay que escuchar todo y de la mano ir recogiendo. Como dicen los mayores "Roma no se hizo en un día", entonces vamos con lentitud pero con paso firme y que la gente vea una transformación en lo administrativo.
"Hay que escuchar todo y de la mano ir recogiendo. Como dicen los mayores "Roma no se hizo en un día", entonces vamos con lentitud pero con paso firme"
J.C.P.: Tenemos hoy necesidades insatisfechas en materia acueducto y alcantarillado, en eso básicamente nos vamos a enfocar. Pero también hay que extender la posibilidad de que las empresas de servicios públicos de recolección de los residuos puedan estar también allá en cada una de esas comunidades. Las tres prioridades son saneamiento básico, educación y turismo.
J.C.P.: Hay muchas cosas que hay que llegar a conocer, pero por ahora conozco hoy que el hospital tiene un pasivo muy alto, que no tiene una ambulancia, que los temas de servicios hospitalarios están insatisfechos, que en la zona rural no han llegado algunas cosas. Hay que conocer cuánto tenemos hoy del recurso y por el PIB municipal ver cuánto podemos invertir.
Con el 100 por ciento de las mesas informadas, Juan Carlos Palacios es el alcalde electo de Tadó. El candidato conocido como ‘El Padre’ acumula 4.996 votos y logra sacarle una ventaja de 832 votos a Hamilton Perea ‘Peñita’, quien contabiliza 4.164 votos.
La votación obtenida por Palacios es significativamente mayor a la que acumuló el actual alcalde Cristian Copete hace cuatro años de 2.816 votos.
El ambiente en las calles a medida que se conocen los resultados es de alegría. “Si mi candidato queda salgo corriendo al Bunde para llamar a todo el mundo, porque vivir con dignidad sí es posible. Representa un cambio porque estamos sumergidos desde hace muchos años. El ambiente se siente sabroso, de pura alegría”, le dijo una persona a Consonante.
La cantidad de votantes en el municipio alcanzó los 9.975. En las elecciones de 2019 votaron 9.151 personas.
Ambos candidatos se trasladaron al puesto de votación del casco urbano, en la Institución Educativa Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, para esperar los resultados del preconteo. A las afueras del colegio se conglomeraron cerca de 200 personas, simpatizantes de Juan Carlos Palacios y de ‘Peñita’.
Palacios cuenta con el apoyo de los excandidatos Mancio Agualimpia, Manuel Eugenio Agualimpia, Deisner Palacios y la exalcaldesa Yocira Lozano. Esta es su primera aspiración a un cargo público en el municipio.
Al inicio de la jornada, se presentaron retrasos en la entrada de los testigos electorales a varios puntos de votación porque no contaban con las escarapelas de identificación. Los documentos llegaron cerca del mediodía.
Según Walter Rengifo, delegado de la Registraduría en Playa de Oro, “fue un problema a nivel nacional. Se colapsó la plataforma y no se pudieron imprimir las credenciales de algunos testigos. Por eso, no los dejó entrar la Policía”.
Los principales vigilantes del desarrollo de las elecciones fueron los ciudadanos. Los simpatizantes de Juan Carlos Palacios se encargaron de hacer veeduría en varios puestos de votación y de impedir la entrada de personas con paquetes sospechosos. “Un policía quería ingresar con un bolso (al puesto de Playa de Oro) y los votantes de Juan Carlos no lo dejaron entrar”, dijo una persona. Una situación similar se presentó en el puesto de votación del casco urbano.
En el corregimiento de Playa de Oro varias personas alertaron que Yasser Mosquera, inspector de policía de la zona rural, estaba actuando como testigo electoral para la campaña de Hamilton Perea ‘Peñita’ y presuntamente movilizaba votos para el candidato.
A siete minutos de cerrarse las urnas, el mismo Palacios denunció a través de sus redes sociales que en las elecciones hubo fraude electoral y se usaron cédulas de personas fallecidas para votar.
En el corregimiento de Playa de Oro cuatro fuentes le confirmaron a Consonante que Yasser Mosquera, Inspector de Policía de la zona rural, está ejerciendo como testigo electoral de la campaña de Hamilton Perea Peña. Además, Mosquera estaría promoviendo votos para el candidato.
Varias personas han comentado que esta situación les genera preocupación. “El inspector está siendo testigo electoral en Playa de Oro. Es uno de los que más manipula el teléfono celular. Entra y sale (del puesto). Yo creo que eso no es conveniente”, dijo una de ellas.
Según la Constitución, los miembros de la Fuerza Pública tienen prohibido participar en actividades que de una u otra manera impliquen el ejercicio de la política y al hacerlo estaría cometiendo el delito de intervención en política de servidor público.
En el corregimiento, donde pueden votar 1.176 personas, también se retrasó la entrada de los testigos electorales. Siete testigos, tres de Hamilton Perea y cuatro de Juan Carlos Palacios, tuvieron que quedarse por fuera por no tener las escarapelas que los identificaban como testigos. Solo hasta las 11:10 a.m. llegaron los documentos.
Además, durante la mañana, un líder político decidió votar en la mesa donde está el jurado de votación y no en el cubículo indicado para hacerlo. Posteriormente le indicó a otra persona hacer lo mismo. Las personas que estaban ahí dicen que la intención era mostrar que sí habían votado por el candidato Hamilton Perea.
A cinco días de las elecciones, circularon varios videos en los grupos y chats de Whatsapp de San Juan del Cesar. En el video, una consejera de juventudes le devolvía un dinero que supuestamente el alcalde Álvaro Díaz le había dado para apoyar al candidato ‘Cubita’ Enrique Camilo Urbina. El conjunto de imágenes parecía ser una prueba de la presunta participación política del alcalde Díaz en la campaña del candidato. Los videos y la denuncia fueron registrados por RCN y Semana. Pero tan solo un día después apareció otra versión de uno de los videos con un audio totalmente distinto que descartaba la supuesta injerencia del alcalde. Ambos videos circularon por todas partes y las redes se llenaron de comentarios a favor de una u otra versión.
Estos videos se unen a la lista de informaciones confusas, presuntas amenazas, denuncias públicas de presiones y hechos violentos que se han visto en el municipio desde el inicio formal de las campañas electorales el 29 de julio. Los sanjuaneros y sanjuaneras han sido testigos de agresiones que han trascendido el mundo digital y han pasado al físico.
“Las campañas políticas de ambos candidatos las he notado muy sucias (...) Aquí sí hay plata, pero sale para patrocinar otras cosas, las campañas de hoy son quien más denigre a la otra”
Dice un líder local.
En abril empezaron a sonar las denuncias de un grupo de trabajadores del Hospital San Rafael, a los que no les renovaron su contrato, hablaron en Radio Cardenal y aseguraron que se quedaron sin trabajo por sus afinidades políticas pues apoyaban la candidatura a la alcaldía de Moisés Daza y no la de Enrique Urbina, quien es conocido como el candidato de la administración de Álvaro Díaz. En septiembre, tres personas le aseguraron a Consonante que funcionarios del Hospital estaban presionando a algunos trabajadores para que apoyaran y votaran a favor de Urbina, a referir personas para que también voten por el candidato y a que asistan a eventos de campaña en su tiempo libre.
Por medio de redes sociales se conoció del daño de vallas publicitarias, pendones y afiches de ambas campañas, hechos que fueron rechazados por la comunidad. El 15 de septiembre varios pendones de Moises Daza aparecieron rasgados en las calles del municipio. Y la valla de ‘Cubita’ también apareció cortada por la mitad.
El candidato Moisés Daza recibió un atentado a las ocho de la noche del miércoles 19 de octubre cuando intentaba abordar su vehículo estacionado a pocos metros de su sede política. En ese momento también denunció que dos candidatos al concejo que apoyan su candidatura José Lopez y Ender Brito habían sido amenazados en otra ocasión. Esta situación también dio de qué hablar y algunas personas incluso dijeron que había sido un autoatentado.
“Me preocupa bastante lo que está sucediendo, porque cuando le hicieron el atentado a José López e incluso al aspirante a la alcaldía Moises la gente lo justificó con que eran unos lambones y que el otro se había hecho un autoatentado, sin tener empatía. Preocupa porque aquí en San Juan más que sea mentira o sea cierto lo que sucedió con esos dos aspirantes, nos fijamos más en el bochinche por el egoísmo”, expresa Mario Torres, un joven del municipio.
Ni siquiera en ese momento, que parecía marcar un punto grave de la campaña, alguno de los candidatos salió a pedir más calma. Catalina Moreno, coordinadora de la línea de inclusión social de Karisma, aunque estas expresiones han sido reiterativas en los escenarios políticos y no deben censurarse, sí es responsabilidad de los candidatos encargarse de que no se convierta en violencia política.
“A pesar de que la ley 1475 hace un llamado a que deben sancionar a sus miembros que incurran en actos de violencia, pocas veces hemos visto cómo funciona la realidad. A los candidatos y campañas hay que pedirles que hagan un llamado a sus seguidores y a sus candidatos a bajarle el tono”, explica Moreno.
En San Juan muchos aseguran que se ha notado la afinidad de la alcaldía con la campaña de Enrique Urbina, y que esto fue evidente cuando la administración de Díaz le negó el permiso a Moisés Daza para hacer un acto público de campaña el domingo 22 de octubre.
"A los candidatos y campañas hay que pedirles que hagan un llamado a sus seguidores y a sus candidatos a bajarle el tono”
Catalina Moreno, coordinadora de la línea de inclusión social de Karisma.
Según un comunicado publicado por Daza el 20 de octubre, su equipo había enviado la solicitud del cierre desde el 11 de octubre a la administración municipal y solo se recibió respuesta por parte de la misma el 19 de octubre mediante oficio, señalando haber elevado consulta a la Procuraduría Regional, sin obtener respuesta. Por eso, en sus redes convocó a sus seguidores a una misa. Sin embargo, la administración de Díaz aseguró que solamente le estaban pidiendo adelantar la fecha para ceñirse a la ley de Propaganda Electoral que establece qué “el proselitismo político se suspende una semana antes del día de la realización de las elecciones”.
La violencia que se ha visto en las campañas ha contagiado a los simpatizantes de ambos candidatos. En redes sociales también se ha desatado una pelea constante de insultos e información que no es fácil de verificar. Las campañas y sus simpatizantes han publicado “puyas”, agresiones verbales y expresiones retadoras que se replican en eventos públicos y “suben los ánimos” de los ciudadanos. Un ejemplo de esto son las provocaciones del reconocido periodista Álvaro Álvarez quién se inventó algunos cánticos que dicen frases como "entréguense que están rodeados juka ja juka ja" y que incluso se las van a cantar a la clínica de la que es propietario el candidato Moises Daza.
“Un bando le tira al otro y el otro responde y eso se está saliendo de control, ya eso no es política si no más en una pelea personal entre ellos dos y uno como sanjuanero termina mal, porque el que pierde es el pueblo, porque cada uno se monta a la alcaldía en busca de sus propios intereses y no los del pueblo" expresa Steven Saez Brito, joven deportista y diseñador gráfico.
El enfrentamiento entre ambos candidatos arrastra una historia que, para varias fuentes consultadas por Consonante, ha llevado a que la carrera por la alcaldía se haya tornado personal. Enrique Camilo Urbina busca ser alcalde por tercera vez y Moises Daza, quien ya fue alcalde, busca quitarle el poder a su antiguo aliado Álvaro Díaz.
Daza hizo parte de la Unidad de Gestión de Proyectos del municipio al inicio del gobierno de Álvaro Díaz, que buscaba formular proyectos para invertir en San Juan. Sin embargo, cuando Daza estaba en el cargo, se pelearon según una fuente cercana a Daza, una de las varias razones por las que esto pasó fue porque ambos decidieron apoyar candidatos distintos en las elecciones al Congreso. y se alejaron. La relación quedó tan debilitada que a finales de marzo, el alcalde Díaz denunció que desde la casa de los hermanos Daza Mendoza se estaba planificando u orquestando un atentado criminal contra él. En ese entonces, Moisés Daza le aseguró que lo iba a denunciar por injuria y calumnia.
Hamilton Daza, excandidato a la alcaldía y periodista, considera que esta historia ha marcado la campaña. “La guerra es porque hay un candidato que no quiere perder por tercera ocasión (Enrique Camilo Urbina) y con ese candidato está alineada toda la institucionalidad. El otro candidato (Moisés Daza) era el aliado número uno del actual alcalde pero ellos salieron disgustados y después de ser los mejores aliados y amigos hoy son los peores enemigos y han llegado al plano de amenazas”, comenta Daza.
Para Hugues Gamez, reconocido periodista conductor del programa “Gente, Cultura y Pueblo”, también influye que esta es la primera vez que solo hay dos candidatos en la contienda electoral. “Por primera vez se presentan sólo dos candidatos, antes lo hacían cuatro, seis, ocho, esto le da al proceso una connotación especial y ha generado polarización. Genera una tensión muy alta, hay problemas interpersonales entre militantes de ambos bandos, hay ofensas, injurias, burlas, problemas externos al verdadero sentido de la democracia”, asegura Gamez.
Mario Torres coincide en asegurar que esta historia entre ambos candidatos ha profundizado las divisiones entre la población pues la gente siente que debe elegir un lado. "A diferencia de las otras elecciones el pueblo está más polarizado porque solo aspiran dos personas y porque la política y los fanáticos se han tomado esto muy a pecho, anteriormente se veía el fanatismo, pero esto ha trascendido", opina Torres.
Las razones para votar es una de las consecuencias que, según explica Ángel Tuiran, docente investigador del programa de Ciencia Política de la Universidad del Norte, puede dejar una campaña como esta: “No vamos al fondo del debate, a las propuestas, a las ideas, sino que termina siendo instrumentalizada la indignación o la emoción, por lo que muchas veces se termina sacando provecho de este estado de poder para beneficios personales” explica el experto.
Además, a futuro, se reduce la capacidad de gobernar. “La principal consecuencia a futuro es la imposibilidad de construir proyectos conjuntos, de cara a los intereses que pueda tener la comunidad. Al mismo tiempo puede haber divisiones en el concejo que impida una vez más al mandatario que resulte electo sacar adelante un proyecto”.
Tuirán explica que la división que ha producido la campaña en el pueblo también puede llegar a favorecer una falta de transparencia durante el gobierno, pues el ganador de estas elecciones tendrá menos posibilidades para elegir su equipo de gobierno. Es decir, una posible vinculación a la administración dependerá de la cercanía o el rol que se cumplió en campaña y no de la capacidad o el mérito que pueda tener un funcionario o una funcionaria en el municipio.
“La principal consecuencia a futuro es la imposibilidad de construir proyectos conjuntos, de cara a los intereses que pueda tener la comunidad. Al mismo tiempo puede haber divisiones en el concejo que impida una vez más al mandatario que resulte electo sacar adelante un proyecto”
Ángel Tuiran, docente investigador del programa de Ciencia Política de la Universidad del Norte
Además, que se sigan presentando estos hechos permite normalizar el tipo de violencia política y rompe la comunidad.“Ese tipo de polarización se refleja en el electorado y es posible también que se rompan los vínculos entre la comunidad porque las comunidades y aún las familias también se dividen”, comenta Tuiran.
Por eso, para algunas personas, el verdadero perdedor en estas elecciones será San Juan del Cesar. “Los enfrentamientos van a seguir, las denuncias van a seguir y todo esto repercute en las necesidades en que tiene que enfocarse el alcalde que gane, seguramente no le va a quedar tiempo para solucionar los problemas estructurales”, dice Hamilton Daza.
“Estamos esperando a ver con qué tanta celeridad el presidente puede retomar los temas a través del Congreso. Y si no, estoy seguro que en La Guajira en cualquier momento puede haber una situación fuera de control, porque ya la gente no aguanta más”, opina Ariel López, uno de los líderes perteneciente a la mesa de diálogo del sur de La Guajira que se reunió con el Presidente durante su visita al departamento en junio de este año. Como él, los líderes y ciudadanos están a la expectativa de lo que hará el Gobierno después de que la Corte Constitucional decidiera hace dos semanas declarar inexequible la declaratoria de emergencia económica que había dictado Petro.
Esto significa, inicialmente, que varios de los decretos que había expedido el gobierno con los que pretendía solucionar los problemas de acceso a agua potable, servicios de salud, energía, y educación, ya no tienen valor jurídico y no se pueden implementar. Solamente seguirán en pie hasta el 2 de julio de 2024 los decretos que la Corte considere que están orientados a superar la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua.
La Corte argumentó que el Gobierno no logró sustentar por qué los mecanismos y las facultades que ya tiene, no son suficientes para hacerle frente a la emergencia humanitaria y solucionar problemas que este tribunal considera estructurales.
Más allá de las formas, lo que sí reconoció fue la gravedad de la situación en el departamento y la necesidad de enfrentar los problemas. Incluso hizo un llamado al Gobierno y al Congreso para que a través de otras medidas, tomen acción para superar la crisis.
En medio de este panorama, y sin que el Presidente haya contado cuál será su plan B para hacerle frente a la crisis, Consonante le explica cuáles son las posibilidades que tiene el Gobierno y cuáles son las peticiones urgentes que siguen haciendo los líderes del departamento.
El 10 de octubre el presidente publicó en sus redes sociales un mensaje en el que aseguró que todos los decretos iban a ser presentados en el Congreso con mensaje de urgencia el 11 de octubre. Sin embargo, no se ha comprobado que esto se hubiera hecho.
Este ha sido el único mensaje público que ha emitido el Gobierno Petro hasta el momento, Ningún representante de la Consejería de las Regiones, ni del Ministerio del Interior han dicho cuál es el plan ahora.
Solo el Departamento de Prosperidad Social, en cabeza de Laura Sarabia, anunció esta semana que el gobierno incluirá en Tránsito a Renta Ciudadana (antes Familias en Acción) a 27.000 familias Wayuu con niños y niñas en primera infancia y/o madres gestantes, que se encontraran en estado de desnutrición o en riesgo inminente de estarlo. Esto como respuesta a la caída del decreto en la que se daba una transferencia única de 500.000 pesos a estas familias. Ahora los 27.000 hogares que el DPS había seleccionado en su decreto van a ser vinculados y recibirán el primer pago en diciembre.
Todavía no está claro cuáles son los decretos que van a poder funcionar hasta el 2 de julio de 2024 y no será sino hasta las próximas semanas que un grupo de la Corte estudiará varios de estos. La Corte Constitucional no ha publicado la sentencia que explica los detalles de la decisión, solamente se sabe que serán los que le hagan frente a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua, pero es un concepto muy amplio.
“Nosotros creemos que existen dos interpretaciones posibles, una es que en principio todos los decretos que digan más o menos la palabra agua probablemente pueden pasar, pero la otra interpretación es que existen algunas medidas que aunque no necesariamente hablan de la menor disponibilidad de agua, sí están conectadas y podrían pasar también”, comenta Barragán.
Sin embargo, lo único cierto es que en estos momentos la única alternativa del Gobierno es usar los mecanismos y las rutas tradicionales para resolver los problemas que ya diagnosticó. Otra alternativa, sería tramitar las iniciativas propuestas en los decretos a través de un proyecto de ley con mensaje de urgencia en el Congreso. Esto reduciría los tiempos normales que conlleva el trámite.
También tiene la posibilidad de usar los mecanismos derivados del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el Fondo Adaptación, o los contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversiones.
Según el Gobierno, La Guajira está atravesando una crisis humanitaria. Esta crisis sería la suma de varias situaciones: la falta de acceso a servicios básicos vitales: la escasez de agua potable para el consumo humano; la crisis alimentaria por dificultades para el acceso físico y económico a los alimentos; los efectos del cambio climático que afectan las fuentes de agua; la crisis energética y la falta de infraestructura eléctrica adecuada; la baja cobertura de los servicios de salud y la baja cobertura en el sector de educación, con altos índices de deserción escolar, infraestructura de baja calidad y malas condiciones laborales para los profesores.
El Presidente ha dicho que varios de estos problemas son históricos, pero al anunciar la declaratoria de emergencia dijo que la crisis se intensificó desde junio de 2023 y que podría empeorar por la probable llegada del fenómeno del Niño. A esto agregó que para el 2022 los principales proyectos de inversión en el departamento no fueron suficientes para superar la crisis y que la sentencia T-302 de 2017, con la que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales, no ha sido efectiva.
La llegada del fenómeno del niño y el riesgo que esto implicaba para el agua en La Guajira. Esto, porque según la Organización Meteorológica Mundial por primera vez en siete años hay altas probabilidades de que reaparezca este fenómeno, lo que agravaría la situación ya de por sí crítica de las fuentes abastecedoras de agua.
El acceso a la salud fue otro de los puntos más graves. Según el diagnóstico del gobierno, el modelo de atención en salud en La Guajira tiene varias fallas: resultados deficientes e inequitativos con cifras superiores a las registradas en el resto del país y bajas coberturas para la gestión del riesgo en salud especialmente en zonas rurales. Por ejemplo, desde 2017 las tasas de mortalidad por desnutrición, infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda en menores de cinco años son entre seis y ocho veces más altas que el promedio nacional.
Además, la oferta de servicios es fragmentada y con una distribución insuficiente y desigual entre lo rural y lo urbano. De las 437 sedes de IPS en el departamento, el 80 por ciento son urbanas y el 20 por ciento son rurales lo que no corresponde con la distribución poblacional: el 49 por ciento de la población reside en el área urbana y el 51 por ciento en el área rural según proyecciones Dane a 2022. Todo esto agravado con la falta de un modelo de salud propio e Intercultural concertado con las autoridades indígenas Wayuu.
Además, hay problemas de empleo y barreras para la soberanía y garantía de la seguridad alimentaria, para el acceso a la tierra, la celebración de convenios interadministrativos o de asociación, la comercialización e industrialización agropecuaria, el desarrollo del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso ilícitos, y la formalización del uso y aprovechamiento del agua en la agricultura de subsistencia.
En el marco de la declaratoria de emergencia, varios ministerios habían expedido uno o varios decretos con proyectos que respondían a los distintos problemas. Por ejemplo, el Departamento de Prosperidad Social proponía la creación de una transferencia no condicionada que atendía a las familias con niños y niñas en primera infancia y/o madres gestantes, que se encontraran en estado de desnutrición o en riesgo inminente de estarlo.
El Ministerio de Educación había decretado la creación de una institución de educación superior indígena propia del pueblo Wayuú y reformuló varios aspectos relacionados con el programa de alimentación escolar (PAE).
Otros Ministerios proponían temas como la exención temporal de algunos impuestos para impulsar el turismo, tarifas especiales en el pago de servicios públicos, la creación de un modelo de salud propio del pueblo Wayuú y de un instituto para gestionar el agua en el departamento.
El problema con estos decretos es que aunque muchos sí hacían frente a la crisis, otras implicaban grandes cambios como la creación de instituciones. Así lo explica Mariluz Barragán, subdirectora misional de Dejusticia. “En nuestro criterio muchas de las medidas que se estaban proponiendo eran medidas idóneas y realmente estaban pensadas para superar la crisis, pero otras eran estructurales que no debían ser adoptadas a través de decretos de emergencia, sino que respetando la separación de poderes y las reglas del Estado debían ser tramitados a través del Congreso de la República”, dice Barragán.
La sensación en general es de incertidumbre. Los líderes que hicieron parte de la conversación con el Gobierno y un gran sector de la ciudadanía, tenían la esperanza de un cambio real con la implementación de los decretos. Temen que después de esto todo siga igual.
“Para nosotros como guajiros ha sido una situación difícil. Estamos esperando a ver con qué tanta celeridad el presidente puede retomar los temas a través del Congreso. Y si no, estoy seguro que en La Guajira en cualquier momento puede haber una situación fuera de control, porque ya la gente no aguanta más”, comenta Ariel López, abogado y exdiputado perteneciente a la mesa de diálogo del sur de La Guajira.
Otros se atreven a decir que había motivaciones ocultas detrás de la decisión: “La intención del gobierno es importante, pero hubo presión por parte de los industriales en este proceso, ellos tienen personas ubicadas estratégicamente para impulsar o bloquear los proyectos que no les convienen y creo que en este caso bloquearon el decreto de emergencia para que la multinacional pueda seguir haciendo uso del agua indiscriminadamente”, dice Juan Carlos Solano, líder sindical de Sintracarbón.
Diala Wilches, quien fue posesionada en febrero de 2023 es la doceava gobernadora que ejerce este cargo en los últimos siete años. Cuando se dio a conocer la decisión, la gobernadora Wilches aseguró que acataría la orden pero que la intención del Gobierno si era válida. En ese momento invitó a que en la discusión del presupuesto general para 2024 que se estaba dando desde julio y fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes el 18 de octubre, se tuvieran en cuenta las inversiones previstas en los decretos de emergencia para que se aplique un enfoque diferencial para atender a La Guajira.
Sin embargo, el gobierno departamental enfrenta problemas de gobernabilidad y confianza entre la gente. El constante cambio de gobernadores ha minado la continuidad de proyectos y programas, y la confianza del gobierno nacional y sectores privados para invertir en el departamento.
Lo mismo ha sucedido con algunos secretarios. El departamento ha tenido cinco secretarios de educación desde que Nemesio Roys, quien fue destituido el pasado 21 de julio de 2022, asumió como gobernador en 2020. El 14 de enero de 2022, se posicionó Olidey Meza Freyle en reemplazo de Rosmira Peralta, que había asumido la dirección de la cartera en febrero de 2021. En junio se posesionó Fabián Acosta, quien fue reemplazado por el secretario en encargo Danilo Araujo y ahora está Adaulfo Manjarrés.
Todos coinciden en que la intervención, sea cuál sea la forma, sigue siendo necesaria y urgente, sobre todo en el tema de agua, alimentación y empleo.
“En La Guajira el tema crítico es el tema del agua, desde la parte norte hasta la parte sur. En la parte norte, en la comunidad indígena, hay niños que se están muriendo de hambre. Nosotros estamos pidiendo con suma urgencia que esto se retome, de la forma que se quiera, puede ser a través del Icbf si se puede, pero no solamente esperar el tiempo que se demora un proyecto en convertirlo en ley. Mientras eso sucede acá en la Guajira pasan muchas cosas y la gente sigue muriéndose de hambre”, explica Ariel López.
También piden proyectos productivos y de sostenimiento, así como herramientas para el desarrollo económico y agrícola. “La segunda prioridad son proyectos productivos, pero no el proyecto productivo donde te doy cuatro chivos y tu miras si los chivos paren o no, ya estamos cansados de ese tipo de proyectos, a La Guajira le hace falta empleabilidad. De irse la multinacional el trabajador queda desprotegido, entonces también pedimos un desarrollo integral para que el pueblo guajiro cuando se vaya la minería pueda atender sus necesidades”, comenta Juan Carlos Solano.
Además, piden que haya personas dedicadas solamente a atender la crisis. “Se requiere focalizar todas las problemáticas y ponerle una persona de carne y hueso que logre el dinamizar y ayudar a canalizar los recursos. No vemos verdaderamente que el peso del poder del Gobierno Nacional se esté sintiendo en favor de los guajiros que seguimos a la espera de que todo esto cambie”, opina Luis Dario Ortíz, líder de la junta municipal de coordinación de Colombia Humana municipio de Fonseca.
También concuerdan con el Gobierno en que deben poner en funcionamiento la represa Ranchería y que se deben mejorar las vías para poder comercializar los productos.
El número de candidatos a reemplazar al alcalde Cristian Copete en la Alcaldía se redujo en las últimas semanas. La campaña la iniciaron siete candidatos: seis hombres y una mujer. Sin embargo, a 17 días de las elecciones, solamente quedan dos opciones en firme: Juan Carlos Palacios, sacerdote que ha trabajado con la Diócesis de Istmina-Tadó y Hamilton Perea Peña, licenciado en matemáticas que aspira por segunda vez a este cargo.
Los excandidatos Mancio Agualimpia, Manuel Eugenio Agualimpia y Deisner Palacios se unieron a la campaña de Juan Carlos Palacios, conocido como “El Padre”. Mientras que a la candidatura de Hamilton Perea “Peñita” se adhirieron Sócrates Kury Perea y Ana Yancy Rodríguez, quien era la candidata de Cristian Copete por su cercanía laboral como enlace de víctimas en su administración.
Aunque en el tarjetón aparecerán seis candidatos, los tadoseños tendrán que elegir solo entre Palacios y Perea. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), los votos que obtengan los otros candidatos no se sumarán a los candidatos de la campaña a la que se adhirieron. Es decir, los votos que reciban los candidatos que no siguen en la competencia se declararán nulos o simplemente contarán para esos candidatos así no estén en campaña.
La lucha por quedarse con la alcaldía está reñida entendiendo que al final quien ocupe este lugar será la máxima autoridad administrativa, el jefe de la Policía en el municipio y el ordenador de los gastos del presupuesto municipal, que para el 2022 fue de 31.974 millones de pesos. Además, el alcalde es quien nombra a los cuatro secretarios que estarán al frente de temas de gobierno, planeación, hacienda y desarrollo social.
Consonante revisó quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Tadó y cuáles son sus propuestas, contrastándolas en cinco frentes: seguridad, salud, educación, acueducto y empleo. Varias de las peticiones más urgentes que le ha hecho la comunidad al próximo mandatario.
Los dos planes de gobierno — el documento en el que plasman su visión y las propuestas que tienen para el municipio – coincidencialmente tienen la misma extensión: 28 páginas. Los candidatos abordan las problemáticas sin apoyarse en datos, sin citar fuentes ni especificar cuánto se invertirá en cada área o de dónde saldrá el dinero para financiar las propuestas.
En el tema de seguridad, ambos proponen la instalación de cámaras para disminuir la delincuencia. Hamilton Perea habla de instalarlas en la cabecera municipal y “los puntos vulnerables” haciendo referencia a lugares en la zona rural. Mientras que Juan Carlos Palacios propone instalarlas solo en la zona urbana y complementar con la creación de alianzas con las redes de apoyo ciudadano y la vigilancia privada en busca de la prevención del delito. Sin embargo, no especifican cuántas cámaras se instalarán, cómo se monitorearán y cuál será el costo de implementación de esta estrategia.
Otra de las peticiones recurrentes de los ciudadanos ha sido diversificar las fuentes de trabajo en Tadó. Sobre el empleo Palacios propone mejorar la oferta educativa según la proyección vocacional del municipio para la formación de profesionales, técnicos, tecnólogos y la certificación de competencias laborales. Mientras que Perea habla de promover encuentros comerciales nacionales, departamentales e internacionales a través de alianzas. Así como apostarle al turismo.
Sobre el plan para mejorar el hospital San José de Tadó, una de las principales peticiones de la comunidad tadoseña, Juan Carlos Palacios reconoce el problema de mala calidad en el servicio y la falta de insumos para la atención. El centro médico fue intervenido el año pasado por la Superintendencia de Salud y acumulaba una deuda de más de 2.000 pesos a comienzos de 2023. Frente a esta situación, Palacios propone recuperar y gestionar la modernización y dotación del centro médico, sus puestos de salud de la zona rural y fortalecer la infraestructura hospitalaria. Una gran tarea de la que no da más detalles. Mientras que Hamilton Perea no reconoce el problema y su propuesta más relevante es la gestión de la continuación del bloque pediátrico de la ESE.
En Tadó la comunidad educativa ha alertado en varias ocasiones sobre el mal estado de los colegios. Sin embargo, en este frente las propuestas de Perea van más encaminadas a la formación de docentes y la entrega de computadores portátiles, tablets e internet móvil. Mientras que las propuestas de Palacios se centran en la consecución de recursos que financien la construcción y el mejoramiento de la infraestructura física de las instituciones educativas, nuevas tecnologías y dotación de mobiliario.
Los candidatos coinciden en destacar la importancia de mejorar el servicio del acueducto. Pero hablan de abordajes distintos. Hamilton Perea propone construir una planta de recibo, tratamiento e impulso de agua potable para dar agua las 24 horas del día. Por su parte, Juan Carlos Palacios propone avanzar en el mejoramiento de las redes de acueducto actual y alcantarillado en la zona urbana y rural del municipio. Sin embargo, ninguno de los dos candidatos explica de dónde saldrán los recursos, ni deja claro por qué a través de estas medidas se mejorará, por un lado la calidad del agua y, por el otro, la distribución y el uso de las redes del alcantarillado.
Los dos aspirantes proponen un gobierno “incluyente” con propuestas específicas para mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, población LGBT y personas con capacidades diferentes. También coinciden en darle un papel más importante al turismo, el comercio y el emprendimiento. Palacios más desde la creación de políticas públicas y Perea con proyectos específicos.
Revise a continuación los perfiles y las propuestas de ambos candidatos:
Licenciado en matemáticas con énfasis en computación y auxiliar contable. Trabajó como docente durante 16 años. Fue jefe de personal y asistente administrativo del palacio municipal durante dos años. También fue gerente de la empresa Aguas de Tadó. En el 2019 aspiró sin éxito a la Alcaldía, con el aval del partido Conservador, y ocupó el tercer lugar con 1902 votos.
Puede consultar el plan de gobierno completo aquí.
Sacerdote ordenado desde el 2012 por el Seminario Mayor San Pío X en Istmina. Es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas y especialista en Gerencia Social. Actualmente está estudiando su segunda especialidad en Desarrollo Territorial y Gestión Pública. Ha trabajado con la Diócesis Istmina-Tadó cómo director pastoral, coordinador de proyectos nacionales e internacionales, coordinador de los programas de primera infancia y coordinador de educación contratada entre la secretaría de Educación departamental y la Diócesis. Cuenta con el apoyo de la exalcaldesa Yocira Lozano.
Puede consultar el plan de gobierno completo aquí.
