La sed del desierto

El río Ranchería es singular. Si se tratara del río Magdalena o del río Atrato, para las comunidades sería natural que el agua dulce, que nace en un páramo, corra montañas abajo para mezclarse y morir en el agua salada del mar. Pero en el desierto, que es gran parte de La Guajira, esto es un pecado.

El Ranchería es el río más importante de la región. Aunque cerca al mar —en el municipio de Dibulla— hay varios afluentes y en la frontera con Venezuela se sitúa la vertiente del Lago de Maracaibo; es este el que durante siglos ha regado las tierras del sur, de la media y parte de la alta Guajira. Pero siempre ha sido un río impredecible: antes, en invierno, se crecía por las lluvias y se llevaba todo a su paso y, en verano, se secaba tanto que a Riohacha no llegaba sino un hilo de agua. Por eso, hace más de 40 años, una parte de la población vio la necesidad de represarlo.

La idea fue liberar por minuto una cantidad de agua que alcanzara para que hombres y mujeres la tuvieran en sus viviendas, pudieran regar los cultivos, dieran de beber a los animales y mantuvieran viva la flora y fauna que depende del paso del río. Así, pensaron, se evitarían las inundaciones y sería poca el agua que desembocaría en los tres puntos en los que se divide en Riohacha.

Pero Heriberto Fidel Manjarrés, de 72 años, camina por su finca y la tierra que pisa está seca. Beto, como todos lo llaman, se ve cómodo y seguro a pesar de las culebras, los insectos y otros animales que rondan su terreno. Tiene una parcela que conoce casi desde antes de nacer. Su madre lo alimentó con frutas, verduras y granos que brotaron de este mismo suelo, ahora sediento. En su finca, hay muy poca agua disponible a pesar de estar en la vereda El Cercado, a escasos tres kilómetros de la Represa El Cercado: un embalse que contiene 198 millones de metros cúbicos de agua del río Ranchería.

La represa empezó a contemplarse en 1987 pero solo hasta 2002 empezaron los estudios y diseños. En 2010, lista la primera fase, se desvió el río y se empezó a regular su caudal. Aunque el plan era que en los siguientes cuatro años se llenara el embalse y se adelantaran las fases siguientes de la obra, esto nunca pasó. Por cuenta del Fenómeno de la Niña, la represa se llenó en cuatro meses y el gobierno nunca la terminó.

Desde entonces, el Ranchería no solo no vierte como antes sus aguas en el delta; sino que el agua dulce no llega a varios corregimientos (Los Tunales o Caracolí), lo que provoca enfermedades y pérdidas económicas, y hay lugares donde la inseguridad alimentaria se produce por falta de riego en sus cultivos (Caracolí y la Alta Guajira).

Conectar los acueductos de nueve municipios de La Guajira a la represa, crear una pequeña central hidroeléctrica que surtiera de energía a la región y hacer dos distritos de riego, son necesidades todavía desatendidas.

Así, campesinos como Heriberto y María Luisa se quedaron esperando a que el agua llegara a su finca. Y, como no pasó, su principal alternativa para surtirse de agua sigue siendo un pozo profundo que cavaron hace más de cuarenta años. Con esa agua salobre que brota de la tierra, cocinan, se bañan y dan de beber a las vacas, gallinas y burros que viven en su tierra. Pero cada verano, cuando las temperaturas alcanzan los 40 grados celsius, el pozo se seca, y Beto debe cavar un poco más. Hoy el pozo ya tiene seis metros de profundidad.

El problema, explica María Luisa, es que “se niegan las lluvias”. Por eso, los cultivos se mueren, los charcos se secan y los animales sufren de sed.

La Guajira es el departamento de Colombia en el que menos llueve, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). El municipio de Uribia es el más seco: caen alrededor de 300 milímetros (mm) de lluvia al año, es decir, 300 litros de agua por metro cuadrado. Cerca de la Sierra Nevada y en el sur (Dibulla, San Juan del Cesar, La Jagua del Pilar, El Molino, Villanueva y Urumita) las precipitaciones son de entre 1.000 y 1.500 milímetros de lluvia al año. Mientras que en regiones como el Pacífico o la Amazonía reciben entre 5.000 y 11.000 mm por año.

Antes Beto sembraba maíz, yuca, papaya y ají, pero ahora cultiva poco. “El verano ha acabado con eso. Yo llenaba carros de papaya, pero ya nada”, dice. A veces, cuando el pozo se seca, Beto se monta en su burro una hora y media y arrea a las vacas para ir hasta el río en busca de agua.

La luz es como el agua

En la zona rural de San Juan del Cesar al menos otras diez comunidades, corregimientos o centros poblados no están conectadas a un acueducto. Todos sus habitantes tienen que abastecerse de agua extraída de pozos profundos, pozos artesanales o jagüeyes.

Eso hace Dayángela Pérez de 30 años de edad, habitante de la vereda Los Tunales, quien tiene que conformarse con la poca agua que derraman unos tubos en las viviendas al extraerla de la tierra con una turbina. “Es agua de pozo profundo y es salada. No es apta para el consumo humano. Pero, ¿qué hace uno? Tomársela, porque no hay más”, asegura.

Lo mismo tienen que hacer otros 75 habitantes. Y aunque a través de la Junta de Acción Comunal gestionaron ese sistema, cuando se quedan sin luz —con mucha frecuencia—, también se quedan sin agua. “¡Esa turbina de vaina está prendida, oyó!”, dice Pedro Guerrero, habitante de la comunidad.

La situación en el casco urbano no es muy distinta. En al menos diez barrios hay fallas para acceder al agua, aunque según la empresa Veolia, que está a cargo de la operación del acueducto, “la cobertura de su sistema en el perímetro urbano es superior al 98 por ciento”. Pero el agua que se suministra no es suficiente para la población que habita el municipio.

Según la empresa, hay cuatro razones que explican el problema. La principal es que hay “un número significativo de conexiones no autorizadas sobre la línea de conducción, que generan que más del 40% del agua producida no llegue al casco urbano, siendo esta agua utilizadas para riego de cultivos y otros usos diferentes al de consumo humano”. La empresa también argumenta que los usuarios desperdician mucha agua, que hay baja medición y, además, que no hay planificación territorial y los entes de control no tienen control urbanístico. Que el pueblo creció sin más.

Esto afecta a usuarios como Elvina Daza, de 66 años. En su casa casi todos los días se trasnocha. Pero no por gusto, sino por necesidad. Vive en el barrio Las Tunas con su esposo y sus tres nietos que deben despertar temprano para él trabajar y los niños ir a estudiar. Como ama de casa encargada del cuidado de su familia, Elvina organiza su rutina alrededor de sus oficios. El problema es que casi todos necesitan agua y las tuberías de su casa permanecen secas.

Como quiere mantener su casa en pie y a su familia limpia y alimentada, Elvina se acuesta antes de las diez de la noche para intentar dormir, al menos, dos horas. Entre las 12 de la noche y las tres de la madrugada se despierta, se lava la cara y abre las llaves de agua. A esa hora, como casi todos están durmiendo, es posible que caigan algunas gotas. Ese es el indicador que necesita para saber que va pasando agua por la tubería ubicada al frente de su casa.

Entonces, despierta a su esposo para que saque la turbina y una manguera. Conecta el aparato a un tomacorriente y lo une a una serie de tubos que permanecen al lado de la casa. Luego utiliza la manguera para rodear la vivienda y la mete por la ventana del baño. Así, el agua que succiona la turbina de los tubos, fluye por la manguera y cae directamente en un tanque en el baño de la casa. Horas más tarde sus nietos y su esposo se bañan con esa agua, Elvina prepara el desayuno y el almuerzo y, si le sobra algo de tiempo, limpia la casa.

En el mejor de los casos, Elvina recoge 50 litros de agua que intenta hacer rendir durante poco más de un día, pero solo si en la noche siguiente no logra despertarse o no llega el agua.

“Uno se enferma, se le irritan los ojos del trasnocho, le da gripa y en las noches tiene que tomar hasta pastillas para relajarse”, dice ella con impotencia. Esto sin contar el gasto que le ha supuesto esta solución improvisada. Su familia destinó 50 mil pesos en la conexión de la turbina, alrededor de 120 mil pesos en el aparato y otros pesos en la manguera, la extensión y los recipientes. Cada dos días compra una paca de bolsas de agua a un vecino que conformó una empresa de agua tratada, porque no se atreve a tomarla.

Elvina ha pasado hasta tres días sin bañarse por falta de agua. Algunas veces ha optado por ir al Corral de Piedra, un corregimiento a 11 kilómetros de su casa, donde tiene una pequeña finca, para utilizar agua del río Cesar. “Yo tengo años de no consumir esta agua. Hace tiempo comencé a hervir el agua y ahora no puedo consumir el agua cruda porque me da dolor de estómago. Una vez tomé agua con un hielo de agua sin tratar y me dio malestar y diarrea”, asegura.

Elvina ha pasado hasta tres días sin bañarse. Algunas veces camina 11 kilómetros desde su casa para utilizar agua del río Cesar.

En esta misma situación están otros barrios como Tunas ll, Enrique Echeverry, Juan Antonio Araujo, El Betel, Loma Fresca, La Victoria, Rancho Luna, Nueva Colombia, La Esperanza y El Chumbulum. Y también otros corregimientos como Caracolí. En cuanto a la energía de ese corregimiento, como la hidroeléctrica fue inundada en 2010, la provisión de luz fue asumida por la represa —que está ahí—, y tampoco funciona bien. En mayo la comunidad hizo una protesta y cerró la válvula de la represa porque habían quedado sin luz a raíz de una deuda que la represa tenía con A-ire.

El agua que envenena

En su hogar, donde Dayángela vive con su esposo y sus hijas de dos y siete años, también saben que consumir esa agua es perjudicial para la salud. Lucía, la niña menor, lo vivió en carne propia. “Cuando ella tenía dos meses le salió un brote en el cuerpo. La llevamos al pediatra y, como él conocía la zona, me dijo: lo que a ella le está causando el brote es el agua salada que sacan de los pozos. Prueba con el agua dulce. La empecé a bañar con el agua dulce y se le quitó”, recuerda.

Dayángela cuenta que no siempre puede conseguir agua dulce en su vereda porque no hay acueducto. “Me tocaba decirle al transporte que viene que me llenara una canequita y me la trajera, pero es pesado porque me toca estar molestando a la persona y, a veces, no tengo para pagar la traída, que son cuatro mil pesos cada dos días”, agrega.

Dione Cruz, integrante de la Junta Directiva y expresidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, explica que hay al menos siete enfermedades importantes asociadas al consumo de agua sin tratar y, además, hay enfermedades transmitidas por mosquitos o vectores, como la chikungunya, el dengue o el zika. “En La Guajira este es un problema estructural. Se sabe de enfermedades diarreicas agudas, que afectan sobre todo a niños menores de 5 años, problemas en la piel, mortalidad… Las comunidades se ven obligadas a extraer el agua de fuentes que no son aptas. Tienen elementos contaminantes como materia fecal o metales pesados”, explica.

Y el consumo de agua salobre trae otros problemas. “Una de las causas más frecuentes a nivel mundial para desarrollar enfermedad renal están asociadas a la contaminación del agua, a la presencia de metales pesados como el mercurio, cromo, sales, metaloides y fluoruros, que pueden ocasionar insuficiencia renal crónica, hiperqueratosis, cáncer de la piel o cáncer de la vejiga”, detalla Dione Cruz.

Por eso, una de las recomendaciones para el cuidado del riñón de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) es consumir agua potable. El agua llena de sal que extraen de los pozos está cerca de ser letal.

La vida en el agua

En el Río Ranchería, hace 20 años, había al menos 20 especies de peces, pero ya solo quedan seis. “Desde que hicieron la represa, las especies se han acabado. Se acabó el barbudo, el coroncoro, la mojarra, la copetona, el bezote… todo se acabó”, dice Adindo Nieves, conocido en su pueblo, Chorrera, como el “Guabino”. Adindo es pescador desde sus once años y viene de una familia de pescadores, pero siempre aclara que pesca para comer, no para vender. Le gustan tanto los animales que usa el nombre de un pez.

Guabino trabajó durante 12 años en el Proyecto Multipropósito Ranchería. Primero como aseador y luego como conservador de especies: desde serpientes hasta chigüiros y felinos. Conoce la zona a lo largo y ancho, y presenció el momento en el que, en 2007, el agua se llenó de pescados muertos en la superficie. “Cuando se desvió el río y fueron a tirar el agua por el túnel, mandaron a limpiar el túnel porque tenía como una baba, pero no la sacaron. Echaron el agua y hubo una mortandad de pescados: se contaminó el agua y cuando les pagaba esa agua en las agallas, prefirieron salirse del río”, cuenta. “Ahora hay más pescadores que peces”.

Se debe a que gran parte de los animales están en el embalse, atrapados tras el muro que represa el río. El chorro de agua que surte el caudal lleva peces, pero no los suficientes para el sustento de las poblaciones ribereñas.

En Chorrera, según Guabino, el agua se ve afectada por los cultivos de arroz y de palma. “Ahora está contaminada. Al arroz le echan glifosato y esas aguas dan aquí al río. Para bañarse, tiene que estar en la orilla del otro lado, porque del puente de Caracolí para acá, el río está perdido”.

Él reconoce los impactos de la represa en el débil sustento de los pescadores, de hecho, recuerda el tiempo que trabajó rescatando animales. Recita sin equivocarse los nombres de las especies de culebras que hay en los alrededores de la represa y explica cuáles son venenosas y cuáles son cazadoras. Por eso, cuando piensa en que tal vez pronto terminen el proyecto multipropósito, anhela tres cosas: agua limpia para la gente, abundancia de peces y volver a trabajar en esas montañas.

Pero ni Guabino o alguna de las más de 20 fuentes consultadas por Consonante está segura de que esto suceda. Han sido 13 años de quietud, con visitas esporádicas de funcionarios desde 2010 que van a “verificar” el funcionamiento de la represa o de la planta de tratamiento Metesusto o a alguna reunión con una comunidad.

Sin agua, ni tierra

En La Guajira todos saben que la represa El Cercado prometió más que agua potable.

Aunque ahora esa es la prioridad, no solo hay preocupación en los pescadores; también los cultivadores lo manifiestan. La represa prometió dos distritos de riego, uno para San Juan del Cesar y otro, llamado Ranchería, para los municipios Distracción, Fonseca y Barrancas. La idea era convertir al sur de La Guajira en una despensa agrícola. Para el primero se prometieron tres mil hectáreas y, para el segundo, 15 mil hectáreas. En total, 18.536 hectáreas.

Según Jairo Parodi Toncel, secretario de la Asociación de Usuarios del Ranchería (Asoranchería), en este momento se están utilizando seis mil hectáreas de arroz y parte de pancoger. “Y seguimos con la esperanza de que el resto de tierras hagan parte del distrito de riego para el desarrollo agrícola y agroindustrial que nosotros estamos esperando”, explica.

En esta región, el río es desviado de dos formas para regar cultivos. Una, a través de acequias, que son canales artificiales por los que corre el agua, que atraviesan decenas de fincas y riegan los cultivos de arroz que necesitan agua constantemente, pero también de palma de aceite y algunos cultivos de plátano y yuca. Otra, como en Fonseca y en Distracción, a través de tuberías perforadas que llevan el agua de la planta Metesusto a los hogares para regar la tierra, a pesar de que esta agua es clorada.

Según Jairo Parodi, la idea es que la represa sea la que libere agua para abastecer el distrito de riego sin afectar el volumen de líquido para consumo humano. Sin embargo, es mucho más complejo de lo que suena.

“En la construcción del distrito de riego juegan dos fuerzas: el constructor y el dueño de la tierra. El dueño tiene que saber cuánto le va a costar la adecuación de una hectárea, porque la tiene que pagar”, aclara el secretario de Asoranchería. Por eso muchos productores no están de acuerdo con el distrito.

Edilberto Solano y Albina Figueroa, arroceros de El Hatico en Fonseca, gestionan sus cultivos utilizando una de las cuatro acequias que salen del Ranchería. Para lograrlo se ponen de acuerdo con los vecinos que también utilizan el agua, de modo que no haya dos personas al tiempo regando.

“Estos canales también le dan vida a la naturaleza pero dicen que van a borrar el agua de las acequias y traerla con tuberías. Estamos en desierto, pero Fonseca es un oasis gracias a las acequias. Por tuberías es nomás para los cultivos. ¿Y lo demás?”, se pregunta Edilberto. “¿De qué vive la gente acá? De los cultivos, pero la vida la da el agua”, dice Albina.

La despensa seca

La vida de los caracoliceros cambió por completo con la construcción de la represa del Río Ranchería. El embalse, que está ubicado en su territorio, inundó su vía de acceso, la hidroeléctrica autogestionada que proveía de energía al pueblo y las tierras más fértiles para la producción agrícola.

Caracolí es un corregimiento de San Juan del Cesar considerado como uno de los abastecedores más importantes del municipio. Actualmente lo habitan 2.744 personas que en su mayoría se dedican a trabajar en el campo en cultivos de pancoger para el comercio. También hay maestros y maestras, pequeños emprendedores y estudiantes que caminan por las calles polvorientas del pueblo cercano a la Sierra Nevada de Santa Marta al que, para llegar, hay que subir en vehículos 4x4 durante dos horas.

Con la puesta en marcha de la obra, entre 2008 y 2010, varios de los campesinos en Caracolí se vieron obligados a malvender sus tierras, para que se pudiera llevar a cabo su construcción. Marcelino Camargo de 72 años, fue uno de estos. Asegura que vendió terreno de 14 hectáreas al que llamaban el "El Melao" por ocho millones de pesos cada hectárea. Allí, junto a su familia, se dedicaba a cultivar.

"Teníamos un vecindario muy bueno, porque se trataba de familia. La tierra era un terreno francoarenoso (ideal para cultivos) muy productivo, de muy fácil riego, se cultivaba palma de coco, plátano guineo, caña, que la usábamos para el forraje de animales, la piña, la yuca, el fríjol y pastos. El clima era muy agradable. Teníamos crías de gallinas ponedoras, éramos muy unidos entre vecinos", recuerda Camargo con nostalgia sentado sobre una piedra y con el embalse a sus espaldas. Donde hoy hay agua, antes había tierra fértil.

Luego de vender, le tocó comprar nuevas tierras en la parte alta de la Sierra, porque en el pueblo quedaban pocos terrenos que nadie quería dejar. "Quien tenía su pedazo de tierra no lo iba a vender. Completamos con unos recursos que teníamos de nuestros ahorros y compramos unas 52 hectáreas allá arriba", agrega.

Los habitantes de Caracolí aseguran que con el pasar de los años han visto cómo se ha desmejorado la calidad de la tierra en la que se ven obligados a cultivar. "No es comparable una tierra plana con su riego propio, con sus acequias, a una tierra que es quebrada, que no tiene esa facilidad para el riego, aunque es tierra fresca, pero siempre hay que esperar la temporada de lluvia para poder cultivar", relata Marcelino Camargo. Además, considera que el cambio que ha tenido la producción de cultivos ha sido significativo, ahora dependen de las lluvias y sus siembras se dan por temporadas.

En el verano la situación es compleja. "Aquí antes uno cultivaba a la hora que quería, no importaba que fuera verano, ni que fuera invierno porque teníamos el agua propia del Ranchería. Ahora no”, dice.

A pesar de los cambios y todas las dificultades que han tenido que pasar, en Caracolí todos los jueves bajan productos de la zona de Marokaso y suben varios camiones a comprar para distribuir en el resto del departamento y el Cesar. Las tierras en las que se cultivan en algunos casos son propias y en otros tienen que alquilarlas.

Liliana Fragozo, de 55 años, vive hace 30 años en Caracolí y actualmente está asociada con su comadre Noraida, conocida como "La Mona", juntas buscaron una tierra ajena para cultivar, conocida como "Loma Verde". Cuando llega la fecha de sacar sus cultivos deben repartir ganancias con el propietario. "Nosotros no tenemos donde cultivar entonces buscamos socios, para ayudarnos, ellos prestan la tierra y nosotros cultivamos". Esta actividad no es suficiente para ambas, entonces también venden comidas por encargos y arepas de queso a $1.500 por las noches. Así es como ambas se sostienen.

Juntas buscaron una tierra ajena para cultivar, conocida como "Loma Verde". Cuando llega la fecha de sacar sus cultivos deben repartir ganancias con el propietario.

Para poder realizar estas actividades, Liliana y Noraida necesitan de agua, ya sea para el riego de sus cultivos o para cocinar los alimentos que venden. Para lo primero no tienen un sistema de riego y dependen de las lluvias, por lo que en ocasiones se les han perdido varios por falta de agua.

Para lo segundo, cocinar, usan el agua que proviene de un acueducto que hay en el pueblo, que no es apta para el consumo. "Ese no es un acueducto adecuado para consumir nosotros esa agua, porque viene por medio de gravedad, y así como entra, sale. Trae desechos de hoja, culebras… Para poder usarla debemos hervirla", cuenta Fragozo. Aún así la utilizan, pero previamente la tratan. "Le echamos cloro y se tiene ahí para hacer las comidas", agrega. A veces también la hierven.

El acueducto de Caracolí consiste en una manguera que viene de una alberca ubicada en la zona de Barrialito, que intenta suministrar agua cada tres días a los cuatro sectores en los que se divide el pueblo. Pero, en ocasiones, han estado hasta 15 días sin recibirla, entonces a la gente le toca dirigirse al río para llevar agua hasta sus casas en canecas o para ir a lavar. Además, el sistema no tiene filtros ni una planta de tratamiento. No hay ni siquiera una tapa que proteja la alberca para que no entren animales, hojas o basura.

"Yo no creo que a eso se le pueda llamar acueducto, eso es una manguera que viene desde la alberca. Ahí cae cuanto animal se pueda imaginar y así como viene el agua nos la bebemos", asegura Máximo Luna, líder del corregimiento, quien considera que es mejor consumir el agua del río y no la del acueducto por la contaminación que trae. "En el río lo que cae, se va pero en la alberca lo que cae, ahí queda".

Consumir esta agua ha causado que Liliana Fragozo se enferme del estómago, por eso ha optado por comprar pacas de bolsas de agua que llevan desde pueblos vecinos.

"Es imposible que la parte baja tenga agua y nosotros que somos los dueños de la represa, los cuidadores, no vamos a tener agua", manifiesta Máximo Luna, el presidente de la Asociación de Productores Hortofrutícolas de Caracolío. Lo que piden es que también ellos sean beneficiados de los sistemas de tratamiento de agua que el gobierno plantea para los municipios que están río abajo.

Un futuro sin agua

Aunque el río que baja de la represa es abundante y caudaloso, cuando llega a Fonseca, apenas 20 kilómetros aguas abajo, es escaso y calmado. El agua va a parar a las acequias que surten los cultivos de arroz, palma de aceite y pancoger. Luego, en Barrancas, el río rodea la mina de carbón a cielo abierto Cerrejón y su caudal sigue disminuyendo.

“La tierra que ha intervenido Cerrejón es la que antes tenían los más importantes arroyos que nutrían el Río Ranchería en su cuenca media. Lo que uno ve en instrumentos gratuitos como Google Earth es que los circuitos de los arroyos, no del Río Ranchería, se han roto. Yo cuento 17 venitas rotas”, explica César Arismendy, coordinador de la Veeduría Ciudadana para la implementación de la sentencia T-302 de 2017.

En la región del “Arhuaco” o el “Cercado”, como se le conoce a esta zona de San Juan del Cesar, algunos campesinos han instalado tubos y motobombas en el río para llevar agua a sus fincas, pero no todos cuentan con el dinero suficiente para hacer esta obra, como lo aseguran propietarios de 15 predios en una vereda contigua. Y lo necesitan.

Hace 13 años, cuando el gobierno inauguró la primera fase de la Represa El Cercado —que prometía regular el caudal del Río Ranchería—, la comunidad esperó que en los años siguientes el Gobierno nacional implementara la segunda fase. Es decir, que conectaran los acueductos de los municipios y también a las fincas.

Entre las prioridades del gobierno está resolver la provisión de agua para consumo humano pero los sistemas de riesgo es una alternativa lejana. Además, no se espera que este año haya avances significativos, más cuando en octubre la población guajira decidirá cuáles serán sus alcaldes y gobernadores que comenzarán a trabajar en 2024.

Un anuncio reciente del presidente Gustavo Petro renovó las expectativas de algunos habitantes de la zona. Aunque Beto y María Luisa son escépticos, Petro afirmó que cumplirá la orden que dio el Consejo de Estado en junio sobre terminar la represa del Ranchería.

Dentro de los planes de este cuatrienio, el objetivo es llevar agua para el consumo humano al departamento, es decir, cumplir con una parte de la segunda fase del Proyecto Multipropósito Ranchería: conectar los acueductos de nueve municipios de La Guajira: San Juan del Cesar, Fonseca, Distracción, Barrancas, Maicao, Uribia, Manaure, Hatonuevo y Albania a la represa.

Conectar los acueductos es tan solo una de las cuatro promesas que el Estado, a través del Incoder, le hizo a las comunidades de La Guajira a principios de los años 2000. Pero en los últimos 20 años la represa solo ha cumplido con regular el caudal del Río Ranchería.

Como respuesta a la orden del Consejo de Estado y también a la sentencia T-302, el gobierno Petro ha hecho algunas acciones institucionales. Por ejemplo, el 26 de julio emitió el decreto de emergencia en el territorio. Con este, “la represa El Cercado, que era propiedad administrativa de la Agencia de Desarrollo Rural, pasa a manos del Viceministerio de Agua (del Ministerio de Ambiente) inmediatamente”, explica Luis Alberto Higuera Malaver, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural. Además, se creó el Instituto de Manejo del Agua para La Guajira, que sería la autoridad “encargada de gerenciar el agua para la vida humana”, según Higuera.

Esto no pasará de la noche a la mañana. Las instituciones nacionales tendrán que trabajar conjuntamente con el departamento y las alcaldías, algo que no se ha hecho en los últimos años. Además, este trabajo implica no solo conectar los acueductos sino también idear cómo se llevará agua a las veredas y corregimientos que, aún estando cerca de San Juan del Cesar, siguen abasteciéndose de agua salada que brota de pozos profundos. Para esto, los municipios deben determinar cuántos recursos propios pueden destinar para construir o adecuar plantas de tratamientos de agua y extender tuberías hasta la represa.

Los planes del gobierno nacional para los nueve municipios de La Guajira cercanos al Río Ranchería consisten, por un lado, en conectar los acueductos urbanos a la represa y, por el otro, en construir plantas de tratamiento en puntos cercanos a los municipios para hacer acueductos locales para comunidades rurales. Esto implica que el nivel central esté articulado con el local y que el propio presidente de la ADR ve como un reto.

“¿Por qué en el multipropósito no se ha avanzado más? Por los costos, porque quizás el proyecto desde que se estructuró tenía una visión de cofinanciación y tampoco ha sido posible conseguir apoyo de Gobernación o municipios en cuanto al agua potable, porque las pequeñas plantas de tratamiento de agua deberían ser apoyadas por las autoridades territoriales municipios y departamento”, afirma Luis Alberto Higuera.

“La coordinación debe ser obligatoria, pero claro, el Gobierno Nacional respeta la autonomía territorial. Hoy estamos a puertas de un proceso electoral, municipal y departamental y las decisiones que tome el pueblo guajiro quisiéramos que estén pensadas en esta propuesta de gobierno: hay que elegir a los comprometidos con el agua”, agrega.

"Los derechos de la comunidad de Caracolí están siendo sojuzgados, limitados y desconocidos por el propio Estado", agrega Luis Alberto Higuera.

La realidad de las zonas rurales evidencian que las plantas de tratamiento se quedarían cortas si no se extiende una red que lleve agua a las veredas y corregimientos más apartados del desierto, o si no se plantean soluciones alternativas a la conexión de acueductos. Estas inversiones tendrían que estar a cargo de los municipios.

En el caso de Beto y María Luisa, el acceso al agua es un sueño que ven lejano, pues hasta ahora no los han incluido ni a ellos, ni a las otras fincas cercanas, en los planes que tiene este gobierno para llevar agua. Ni siquiera se ha hecho una caracterización de cuántas personas viven alrededor de la represa y, aunque son pocas, los campesinos están convencidos de que deben saber que están ahí, porque el acceso al agua es su derecho.

Así mismo lo aseguró el presidente de la ADR a Consonante: "No hemos hablado con ellos, no nos hemos reunido. El primer paso es caracterizarlos porque no sabemos cuántos son, ni en cuántas hectáreas, si están dispersos…". El funcionario plantea que puede hacerse una pequeña bocatoma y llevar el agua a través de mangueras, o construir un “mini distrito de riego”.

Y también está la situación de Caracolí. El presidente de la ADR reconoce el atropello. “Los derechos de la comunidad de Caracolí están siendo sojuzgados, limitados y desconocidos por el propio Estado, por lo tanto es nuestro deber garantizarles agua potable, la posibilidad de energía eléctrica, servicios públicos y movilidad a través de la buena carretera y agua para riego a esta comunidad, que fue la que más puso en el proyecto”.

La Agencia de Desarrollo Rural junto a la Alcaldía de San Juan del Cesar, la Gobernación de La Guajira, el Ministerio de Transporte y el Viceministerio de Agua se reunieron con la comunidad el 4 de agosto y acordaron comenzar con los estudios y diseños para hacer un verdadero acueducto en Caracolí.

“Una ingeniera del Viceministerio del Agua nos visitó y su concepto es que debe usarse el agua del río, no de la represa. Dijo que van a colgar la licitación para los estudios y diseños en los próximos 15 días”, explica Máximo Luna. Además, Invías se comprometió a gestionar los recursos para pavimentar 14 kilómetros de la vía, pero una vez se entreguen los estudios que contrató la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de San Juan del Cesar —a principios de este año—. Mientras la comunidad está en vísperas de un acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el anhelo no cambia: calmar la sed en el desierto.

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Créditos

Investigación: Maira Fragozo y Beatriz Valdés Correa | Realización y producción audiovisual: Gabriel Linares López | Imágenes de dron: Andrés Suárez y Agencia de Desarrollo Rural | Edición: Carolina Arteta Caballero y Manuela Saldarriaga H.