Desde la vereda Los Toquitos hasta la Escuela Vocacional de Fonseca, ubicada en la vía a Valledupar, hay más de 13 kilómetros. Una moto tarda 23 minutos en recorrer este trayecto. Una persona caminando, una hora y media. En el camino hay que atravesar la cabecera municipal de Fonseca, incluyendo el barrio Ocho de enero. Es justo en ese sector donde los y las estudiantes suelen esperar que algún conductor, de moto o carro, los acerque hasta la institución educativa. Hace un mes, un grupo de ocho estudiantes estaba en esas cuando fue sorprendido por dos ladrones. Los hombres les robaron sus celulares a dos de ellos y, en el forcejeo, uno de los asaltantes disparó un arma de fuego.
Al igual que ese grupo de estudiantes, otros siete mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a las instituciones educativas rurales de los 12 municipios no certificados de La Guajira deben arreglárselas para llegar a clases todos los días desde hace casi dos meses. Algunos caminan más de dos kilómetros desde sus casas hasta la escuela, otros arriesgan sus vidas viajando de a cuatro en motos y muchos simplemente optan por quedarse en sus casas y faltar a la escuela.
El lunes 5 de septiembre se venció el contrato de transporte escolar que tenía la Gobernación con la Unión Temporal integrada por la Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira, Busservi del Caribe S.A.S. y Transportes Relaturg Limitada y, desde entonces, se quedaron sin el servicio. Casi dos meses después del vencimiento del contrato, el 24 de octubre, el gobernador encargado José Jaime Vega declaró la emergencia manifiesta para poder adelantar un contrato sin hacer un proceso de licitación pública y agilizar el reinicio de la prestación del servicio. Sin embargo, lo cierto es que faltando poco menos de un mes para el inicio de las vacaciones, unos 1 014 estudiantes de San Juan del Cesar y otros 439 en Fonseca, continúan varados.
Las alternativas
Entre los criterios para acceder al servicio de transporte escolar que patrocina el Estado en La Guajira, está que los y las estudiantes vivan a más de dos kilómetros de la institución educativa, pertenezcan a nivel socioeconómico uno y dos y estén en un entorno inseguro. Es decir, que puedan estar expuestos a caminar largos trayectos o sufrir daños en su integridad física. Los estudiantes de Los Toquitos cumplen con estos requisitos. En la vereda solo hay una escuela que ofrece educación primaria, y para cursar el bachillerato los y las jóvenes tienen que ir hasta el casco urbano, a 13 kilómetros de distancia. Además, pasar por zonas peligrosas. Son 16 los y las estudiantes que tienen que hacer este recorrido diariamente.
“Todos los días deben de movilizarse, algunos padres de familia, dos o tres, tienen moto y pueden llevarlos, pero los demás tienen que buscar la forma de llegar. De pronto una bicicleta, o un chance más que todo. Y el día que no le pasa el tiempo el chance, los niños simplemente no pueden ir a clase porque ya se les hace muy tarde, entonces ahí van perdiendo horas de clase que se reflejan en los periodos finales”, cuenta Sobeida Díaz Epiayú, líder comunal.
A media hora de Fonseca, en San Juan del Cesar, la situación es similar. Desde la vereda La Peña a La Junta hay un poco más de dos kilómetros. Los dos mellizos de Maira Luz Oñate cursan grado décimo en la Institución Educativa Rural Hugues Manuel Lacouture. Sin el servicio de transporte escolar su asistencia ha sido intermitente. Cuando tienen suerte su mamá los lleva en moto, pero cuando no, caminan durante más de una hora y media para llegar a clase. Varias veces les han llamado la atención por llegar tarde.
“Ayer y hoy ha estado lloviendo y para ellos irse a pie es difícil, llegan mojados y tarde. Ayer me los anotaron por llegar tarde. Yo tengo una moto y la moto ayer amaneció pinchada… a veces no tenemos con qué echar gasolina porque yo soy madre cabeza de hogar”, explica Maira Luz Oñate.
Maira Luz cuenta que hoy en día se ven grupos de niños y niñas de 9, 11 y 16 años caminando por el costado de la carretera. También, hasta cuatro o cinco estudiantes montados en una sola moto, y mototaxis viajando con el cupo al máximo.
El riesgo es otro en el trayecto de Guayacanal a El Totumo, donde está la sede de primaria y bachillerato a la que asisten 15 estudiantes. Aunque están relativamente cerca, a los dos corregimientos los separa el río Cesar. Normalmente, cuando el servicio escolar funcionaba, el recorrido era más largo pero más seguro. Ahora, para acortar distancias caminando, los y las estudiantes atraviesan un puente colgante que está a medio construir. Eso sí, cuando llueve y el río crece, nadie puede pasar por ahí. “Estamos corriendo el riesgo por la inseguridad y delincuencia. Además les toca correr el riesgo de pasear por el río a pie”, asegura Federico Nuñez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Guayacanal.
Los rectores están preocupados porque la interrupción del servicio de transporte escolar se ha traducido en pupitres vacíos. Aunque no tienen cifras, han identificado que los estudiantes asisten a clases de manera intermitente como sucedió durante los momentos más álgidos de la pandemia de Covid-19. Es decir, los niños, niñas y jóvenes van al colegio dependiendo de si pueden caminar hasta las escuelas o si sus padres consiguen el dinero para pagarles el transporte. “Esta situación (la falta del transporte) es causal de deserción o retiro definitivo de los niños, niñas y adolescentes ya que los padres de familias prefieren tenerlos seguros en sus casas y no exponerlos a las condiciones y peligros de nuestros territorios” resalta el documento técnico de transporte escolar para La Guajira 2022.
Y es que el recorrido en mototaxi de Los Toquitos a Fonseca cuesta, mínimo, unos 5 mil pesos por persona. La mayoría de veces, el trayecto cuesta 15 mil pesos ida y vuelta. Al mes la cuenta ya llega a los 300 mil pesos, un gasto que la mayoría de padres de familia no puede cubrir. “Hemos unido a dos, tres padres de familia y contratar un mototaxi para que los pueda traer a menor costo, pero pues también está el tema del alza de la gasolina por lo que no tenemos más opción que dejarlos faltar en algunos casos”, cuenta Sobeida. “La gran mayoría de gente acá vive del día a día, lo poco que ganamos es para solventar lo del hogar. Es difícil tener una mensualidad para pagarles un transporte particular”, dice Federico.
Otro asunto que preocupa a los docentes es que la mayoría de los y las niños beneficiados con el servicio de transporte residen en la zona rural y pertenecen a familias de escasos recursos. Al no poder trasladarse hasta la institución, tampoco pueden acceder al programa de alimentación escolar (PAE). “Según los estudios que se han hecho, un porcentaje muy alto de estudiantes tiene por lo menos el 50 por ciento de su carga nutricional diaria en lo que consume en la institución”, cuenta Edward Fragozo, rector de la Institución Educativa El Carmelo en San Juan del Cesar, y presidente de la Asociación de Directivos de la Educación Guajira.
¿Por qué se interrumpió el servicio?
El 24 de junio, la Gobernación de La Guajira abrió un proceso de licitación por más de 18 millones de pesos para el servicio de transporte escolar. Al proceso se presentaron dos empresas: Transportes Relaturg y Transporte Sensación. En medio del proceso, el 28 de agosto, transporte Sensación denunció que uno de los documentos aportados por el otro oferente era falso. Esto llevó a que el juez declarara desierto el proceso de licitación el 19 de septiembre después de verificar las pruebas y adelantar una audiencia pública. Es decir, ninguno de los proponentes sería contratado y debía comenzar de nuevo el proceso.
Sin embargo, han pasado casi dos meses y todavía no hay un nuevo contrato. Durante este tiempo, la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira ha hecho acompañamiento a los alumnos y padres de familia durante diferentes jornadas de protesta. Incluso, en algunos encuentros llegaron a acuerdos con el gobernador encargado Jose Jaime Vega y el secretario de Educación (E) del momento, Danilo Araújo. Acuerdos que, según el sindicato, han sido incumplidos.
“Por estas razones, la Asociación de Trabajadores de la Educación en La Guajira, alza su voz defendiendo los derechos de más de 9 mil niños y niñas que cursan sus estudios en las instituciones educativas de estos doce municipios y que no cuentan con las herramientas y servicios necesarios para una educación de calidad”
comunicado publicado por el sindicato el 18 de octubre
A esta situación se sumó la designación de un nuevo secretario de Educación departamental. La semana pasada, Adolfo Manjarrés se convirtió en el quinto secretario de Educación que ha tenido el departamento desde que el gobernador Nemesio Roys, quien fue destituido el pasado 21 de julio, asumió en 2020. El 14 de enero de 2022, se posicionó Olidey Meza Freyle en reemplazo de Rosmira Peralta, quien había asumido la dirección de la cartera en febrero de 2021. Y antes, en junio se había posesionado Fabián Acosta, quien fue reemplazado por el secretario en encargo Daniel Araújo. Es decir, el manejo de la educación se ha convertido en una “papa caliente” que ha pasado de mano en mano en los últimos años.
Aún así, Adaulfo Manjarrez asegura que la falta de transporte escolar se solucionará pronto. Según el Secretario, la Gobernación ya lanzó una invitación para que las empresas de transporte asentadas en La Guajira se presenten yel nuevo contrato estará listo el próximo martes. El funcionario no quiso dar una fecha para la reanudación del servicio y explicó que el proceso que se debe surtir es largo pues después de elegir una empresa y verificar que cumple con los lineamientos y las exigencias de la Gobernación, es necesario verificar el estado de cada vehículo que prestaría el servicio. “Luego de que eso llegue al Ministerio, ellos verifican que sea cierto, que los documentos sean reales y dan la habilitación. Posteriormente a eso es el tema de la póliza y ahí es que iniciamos con la ejecución del contrato”, explicó Adaulfo.
Un problema sinfín
Esta no es la primera vez que se presentan problemas con la contratación del servicio de transporte escolar en La Guajira. En el 2019, cuando se eligió a la unión temporal Elkajuluin, la firma del contrato se retrasó cuatro meses pues Jhon Fuentes, en ese entonces gobernador encargado de La Guajira,, revocó la apertura de la primera licitación pública después de que la Procuraduría hiciera varias observaciones sobre el proceso. Entre estas, el ente de control pidió aclarar cómo se definieron los requisitos para escoger esta empresa.
Por otro lado, los padres y madres de familia y líderes comunitarios han denunciado varias veces deficiencias en el servicio. “Solo había una camioneta para dos veredas. Como solo cabían 10 o 15 niños, y nosotros tenemos 16, nos turnábamos. Una semana iba la mitad de aquí y la otra, mitad de allá y así”, ilustra Sobeida. Es decir, el servicio no era el adecuado. “Y no podemos costear los servicios particulares”, agrega.
Por su parte, Federico sostiene que “esos vehículos ninguno cuenta con aire acondicionado, y solo las sillas de los puestos de adelante tienen cinturón de seguridad. Son vehículos de más de dos décadas de existencia. Eso es deficiente”.
Hoy, desde Los Toquitos en Fonseca, hasta Guayacanal en San Juan del Cesar, pasando por las decenas de veredas de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Manaure, Urumita y Villanueva, los y las estudiantes rurales solo tienen una petición: que ir al colegio deje de ser una travesía.
