El pasado 21 de marzo, una comisión de la Alcaldía visitó la inspección de Campo Hermoso para conocer las solicitudes y propuestas de las Juntas de Acción Comunal (JAC) para los próximos cuatros años. La visita hace parte de una estrategia de participación ciudadana que promueve el alcalde Luis Trujillo para construir lo que será su Plan de Desarrollo Municipal, la hoja de ruta de su gobierno, en el que planteará sus prioridades, proyectos, metas y los recursos que dispondrá para cumplirlos.
Para lograrlo las JAC son claves porque son las que conocen de primera mano las necesidades de los barrios y veredas que representan. En San Vicente hay 400 de estas organizaciones entre el área rural y urbana, por lo que recogen una parte significativa de los habitantes.
El documento final del Plan de Desarrollo deberá ser aprobado por el Concejo, a más tardar, el 31 de mayo. Desde la organización comunal, la desconfianza sigue presente porque llevan años haciendo las mismas solicitudes sin que estas sean resueltas; pero, del mismo modo, con cada alcaldía nueva, guardan la esperanza de que esta vez puedan cumplirse.
Acueducto y alcantarillado, las necesidades que unen a la zona rural y urbana
San Vicente es sobre todo un municipio rural. Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para 2018, el 53,2% de su población vive en zona rural. Hoy, el municipio está dividido en inspecciones que contienen centros poblados con cerca de 400 habitantes, a su vez, estas se dividen en veredas.
La ruralidad también es clave porque en la campaña a la Alcaldía, Trujillo se concentró en esta zona que representaba el 33% del censo electoral, aunque más de la mitad de su votación vino del casco urbano. Ambos sectores son relevantes y coinciden en decir que la urgencia más grande que tienen, y que ha sido una solicitud histórica, es la de contar con acueducto y alcantarillado.
Por ejemplo, en la zona rural, hasta hace cuatro años, la cobertura de saneamiento básico era nula. Martín Eduardo Palacio, fiscal de la JAC de la inspección Campo Hermoso, contó que tienen dos necesidades principales. La primera es la construcción de un acueducto porque el agua que usan sale de un pozo, y aunque se distribuye a las casas no es tratada. Eso es algo que sucede en toda la zona rural. El Plan de Desarrollo de hace cuatro años — que tiene el diagnóstico más actualizado del municipio— cuenta que en la ruralidad no había acueducto y la mayoría bombeaba agua de pozos y quebradas o recogían el agua lluvia para su consumo.
La segunda es la mejora del alcantarillado, que se quedó corto para los más de 2 mil habitantes. “Tenemos un acueducto en pésimas condiciones, el agua no es potable y el alcantarillado que hay no es suficiente para la población existente” dice Palacio. Hasta 2020, la zona rural no contaba con cobertura de alcantarillado y las aguas residuales se vertían a ríos, quebradas o pozos sépticos. Estos últimos tampoco funcionan de la mejor manera, sólo el 65% de las aguas residuales son tratadas.
“Tenemos un acueducto en pésimas condiciones, el agua no es potable y el alcantarillado que hay no es suficiente para la población existente”
Martín Eduardo Palacio, fiscal de la JAC de la inspección Campo Hermoso.
En la zona urbana no es muy distinto. Hasta 2020, apenas el 61% del casco urbano de San Vicente contaba con redes de alcantarillado y sólo el 30% están en buen estado. “Necesitamos con urgencia el alcantarillado porque realmente las aguas corren por las cunetas ocasionando muchas enfermedades, mal olor y demasiados zancudos”, comenta Claudia Castañeda, presidenta de la JAC Villa Camacho. Asegura que para hacerle frente a esto han tenido que hacer jornadas de limpieza, pagadas de su bolsillo, para disminuir la proliferación de insectos.
La petición va de la mano con acciones que han adelantando algunas JAC. María Fernanda Palencia, presidenta del Sector 3 de Ciudad Bolívar, dice que ya han adelantado la solicitud de permisos ante Corpoamazonía (la Corporación Autónoma Regional que cubre al municipio), Aguas del Caguán y el dueño de un predio para gestionar una posible conexión con el alcantarillado. “Hemos pagado topografía, diseños y estamos dispuestos a poner la mano de obra. Lo que ha faltado es voluntad política”, comenta Palencia.
En eso coincide Yudi Lomelin, presidenta de la JAC Villa Colombia - Ciudad Bolívar: “Creo que ya es hora de que estas peticiones sean una realidad. (...) Acá somos muy organizados, ellos (la Alcaldía) nos puede donar la tubería del alcantarillado y nosotros ponemos la mano de obra”. La propuesta va de la mano con la naturaleza de las JAC en el país que, hasta el 2018 y según el Ministerio del Interior, eran las responsables de construir el 30% de la infraestructura comunitaria nacional.
Por el aporte que pueden dar en planeación y ejecución del Plan de Desarrollo, es que tanto en la zona rural como urbana ven como una necesidad su fortalecimiento organizativo. “Necesitamos que capaciten a cada junta con su directiva”, dice Lomelin, pero también pide que sea con enfoque de género para las JAC que cuentan con mujeres que tienen otras ocupaciones y no pueden dedicarse tiempo completo a esta labor.
“Necesitamos que capaciten a cada junta con su directiva”
Yudi Lomelin, presidenta de la JAC Villa Colombia - Ciudad Bolívar.
También piden que la Alcaldía pueda contar con un gestor de proyectos para las Juntas de Acción Comunal que podría significar un alivio económico y mayores posibilidades de gestión para las comunidades que representan. “No ha sido posible tener esta vinculación (el gestor), nosotros sacamos los recursos y pagamos a una persona que nos cobra casi el 20 o el 30 por ciento de los proyectos para poder postularnos”, dice Palencia de la JAC de Ciudad Bolívar.
Aunque las redes de acueducto y alcantarillado y el fortalecimiento organizativo son las principales necesidades, no son las únicas.
Vías, alumbrado público y puestos de salud
En la zona urbana las Juntas de Acción Comunal coinciden en tres necesidades: atender el riesgo de deslizamientos en algunas zonas, mejorar las vías y ampliar el alumbrado público. Claudia Castañeda, presidenta de la JAC Villa Camacho, dice que para responder a los riesgos por deslizamientos que tienen algunas zonas requieren más información: “Necesitamos el estudio detallado de cada una de las viviendas para saber cuáles son las que están realmente en riesgo y así construir los muros de contención”, cuenta.
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de San Vicente, dice que hay varios barrios que están en zonas con riesgo de deslizamiento de tierras. Desde las Juntas de Acción Comunal, como la que representa Castañeda, han propuesto la construcción de muros de contención para que sean una respuesta rápida y una forma de mitigar este riesgo.
Por otro lado están las solicitudes relacionadas con el espacio público. Isnory Montoya, presidenta de la Junta del barrio Buenos Aires, cuenta que para ellos el arreglo de las vías ha sido tan importante que ya se han metido la mano al bolsillo para mejorarlas. “Nosotros habíamos arreglado las vías con plata de la comunidad y la administración pasada había prestado la maquinaria”, dice Montoya. Pero esa obra sólo duró un par de meses en buen estado. Según cuenta, las vías se deterioraron con el paso de la maquinaria pesada que se movía por estas para la construcción del Parque Poli-recreativo que entregaron a finales del año pasado. Por esto, la necesidad de intervenir la vía ha vuelto a ser una prioridad para la comunidad.
En cuanto al alumbrado público, Montoya dice que hay sectores que no cuentan con ningún tipo de iluminación. Montoya asegura que por el momento esto no representa un riesgo para la seguridad, sino que es más un tema de apropiación del espacio público. En la JAC de Villa Camacho también sienten que el alumbrado público es necesario, pero en este caso consideran que es clave para iluminar las vías y evitar accidentes de tránsito en la noche.
Mientras que en la urbanidad las solicitudes son más de infraestructura, en la zona rural requieren más inversión en temas de salud. Martín Eduardo Palacio, fiscal de la JAC de la inspección de Campo Hermoso, dice que necesitan la intervención del único puesto de salud de la inspección que hoy cuenta con más de 2 mil habitantes. “El puesto se encuentra en estado precario: solo hay una enfermera, pero necesitamos un médico y una ambulancia”, asegura Palacio. Eso dificulta la atención de emergencias en salud. La cifra más actualizada dice que hasta 2018, el municipio contaba con 0,13 ambulancias por cada mil habitantes.
Un ejemplo de esto es lo que sucede en la vereda Las Damas de Campo Hermoso. Gonzalo Lombana, presidente de esta Junta de Acción Comunal, cuenta el reto que implica no tener un puesto de salud en buenas condiciones: “la falta de recursos y la distancia entre el caserío y la cabecera municipal son los principales desafíos a la hora de atender las emergencias de salud”. Lombana dice esto porque todas las emergencias deben trasladarse a la cabecera de San Vicente que está a dos horas de distancia.
Entre la desconfianza institucional y la esperanza
Hasta el momento, la participación de las JAC ha sido activa y la estrategia de enviar comisiones a zonas rurales ha sido bien recibida. “Estamos muy sorprendidos porque esta administración sí trajo ese Plan de Desarrollo a estas caseríos para poder mostrar las necesidades que tenemos”, cuenta Lombana. Esa esperanza de ser escuchados se combina con la desilusión que han vivido con anteriores mandatarios.
“La esperanza es lo último que se pierde, pero queremos hacerle un llamado al alcalde para que coloque el 100% de él para que todo sea viable a favor de las comunidades”, dice María Fernanda Palencia de Ciudad Bolívar. Un llamado similar hace Claudia Castañeda de la JAC de Villa Camacho: “Pónganse la mano en el corazón y cumplan, las cosas no se hacen es por falta de compromiso político”.
"Las cosas no se hacen es por falta de compromiso político”
Claudia Castañeda de la JAC de Villa Camacho.
La esperanza es que esta alcaldía pueda dar cumplimiento a las solicitudes de las Juntas en los casi tres años y medio que tendrá Trujillo para llevar a cabo sus propuestas. Para las JAC esa sería una forma de demostrar que no son relevantes sólo en época electoral. “A nosotros nos manosean cada cuatro años. Cuando hay elecciones se acuerdan que estamos sin agua, sin luz, sin alcantarillado, sin infraestructura en el puesto de salud”, dice James William Giraldo presidente del caserío de la inspección de Puerto Betania.
El primer paso para que se cumplan las solicitudes de las JAC es que estas sean tenidas en cuenta en el Plan de Desarrollo y que desde la Alcaldía propongan proyectos, estrategias y destinen recursos para suplirlos. Una decisión que está en manos de la Alcaldía de Trujillo y de las proposiciones y modificaciones que haga el Concejo.
