Por qué es importante

Han transcurrido ocho meses desde que Cristian Copete asumiera nuevamente el poder, después de que fuera destituido por una supuesta inhabilidad que, logró demostrar, no existía. Sin embargo, una nueva acción jurídica abre la puerta a una posible anulación de su elección que, al final, significa más inestabilidad política en un municipio que, en dos años y medio, ha tenido tres alcaldes: Copete, Rafael Bolaños, designado como alcalde encargado y Yocira Lozano, elegida en unas elecciones atípicas.

Qué está pasando

El martes 28 de junio el Consejo de Estado le notificó al Tribunal Administrativo del Chocó que tiene 20 días para dictar un nuevo fallo en el proceso por trashumancia electoral o trasteo de votos que pide anular la elección de Cristian Copete como alcalde de Tadó. Esta vez, el Consejo de Estado le dijo al Tribunal que debe, por fin, evaluar las pruebas que indican que hubo 41 personas que votaron en las elecciones locales de alcaldes de 2019, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) les había cancelado las cédulas considerando que podrían configurar trashumancia. 

Este caso lleva dos años y medio andando, y en este tiempo el Tribunal ha dictado dos sentencias que han sido reversadas por el Consejo de Estado, pues este organismo encontró que estaban equivocadas. Este hecho ha abierto nuevamente el debate sobre si el alcalde se va o se queda, y si su elección es legítima o no. 

Entonces, ¿qué podría pasar?

El fallo del Consejo de Estado es claro. El ente pudo evidenciar que “en 40 casos el Tribunal Administrativo del Chocó erróneamente señaló que la inscripción de la cédula de ciudadanía para los comicios de 27 de octubre de 2019 no había sido cancelada” y uno más no lo valoró, a pesar de que las cédulas de los votantes están incluidas en un listado de personas excluidas del censo electoral en Tadó, mediante una resolución del Consejo Nacional Electoral. Por esto le pide al Tribunal que valore “la totalidad de las pruebas aportadas de manera legal y oportuna al proceso”.

Con esas claridades, el Tribunal puede tomar dos decisiones.

• Determinar que hubo trashumancia electoral. Para Danilo Sepúlveda, subdirector del Observatorio de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), esta es la decisión más probable, pues “el Consejo de Estado marca el camino que debe seguir el Tribunal. No le dice cómo debe fallar, pues esto hace parte de la autonomía del juez, pero ya es claro que no valoraron bien las pruebas”. Según esta posibilidad, el juez tendría que anular los 41 votos que no valoró en la sentencia anterior. Esto, sin embargo, no necesariamente significa que se anulará la elección de Cristian Copete.
  
  El Consejo de Estado señala que, si el Tribunal anula los votos, debe determinar si esos votos tuvieron incidencia en el resultado. Se tendría que aplicar un método que existe desde 1999, por medio del cual los votos anulados se restarían de las mesas en las que ocurrieron, pero aplicando una fórmula basada en el cálculo de porcentajes que representa cada voto en cada mesa. El proceso, que detalla la sentencia, podría modificar el resultado final de la elección. Aunque fueron 41 votos trashumados y solo 8 votos de diferencia entre los candidatos, las matemáticas no son tan sencillas. O sea, podría ser que aún restando los votos, el ganador sea Cristian Copete.

• Determinar que no hubo trashumancia electoral y mantenerse en su decisión. Esta posibilidad, aunque existe, se ve complicada. Danilo Sepúlveda sostiene que el fallo del Consejo de Estado es bastante claro y señala los dos errores que han tenido las dos sentencias del tribunal, por lo que ignorarlo sería complicado. Sin embargo, el juez, en su autonomía, lo puede hacer.
  
  En todo caso, en la sentencia que se debe conocer en los próximos días se sabrá quién es el alcalde del municipio.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

• Cristian Copete fue elegido el 27 de octubre de 2019, pero su elección ha estado en entredicho desde el principio, pues la diferencia de votos con su contrincante política, Yocira Lozano Mosquera, fue de apenas ocho votos. 

• Tras la elección, Lozano presentó una demanda de nulidad electoral por una supuesta inhabilidad de Copete y otra por presunta trashumancia. En esta última argumentaba que hubo 43 votos fraudulentos que habrían sido decisivos para la elección.

• El 26 de febrero de 2021, más de un año después de haber interpuesto la segunda demanda, el Tribunal Administrativo del Chocó negó la pretensión de Yocira Lozano. La respuesta del Tribunal fue que no se podía calcular el impacto de esos votos en el resultado de las elecciones, pues Lozano no aportó copias de los formularios E-24  de las mesas en las que esas 43 personas votaron.

• Pero esta seguidilla de acciones legales no paró ahí. La Procuraduría 186 Judicial I para Asuntos Administrativos de Quibdó interpuso una tutela contra la decisión del Tribunal, pues consideró que no se respetó el debido proceso. La Sección Primera del Consejo de Estado resolvió la tutela y le dio la razón al Ministerio Público el 8 de abril de 2021. En ese momento le ordenó al Tribunal del Chocó que profiriera una nueva decisión en la que valorara los formularios E-24 que sí estaban en el expediente.

• 19 días después de esta orden, el Tribunal dictó una nueva sentencia: nuevamente negó la petición de Yocira Lozano de declarar nula la elección. El argumento fue que solo encontraron dos votos fueron fraudulentos. 

• La Procuraduría, entonces, presentó una nueva tutela contra el Tribunal, pero el Consejo de Estado la declaró no la aceptó y la declaró improcedente el 20 de enero de 2022. La Procuraduría impugnó la decisión del Consejo de Estado. Esa impugnación la resuelve la sentencia del Consejo de esta semana. 

¿Qué dice esto de la justicia electoral?

En estos dos años y medio, el Consejo de Estado ha tenido que resolver dos tutelas, dos equivocaciones del Tribunal Administrativo del Chocó y una equivocación del mismo Consejo en el mismo caso de trashumancia electoral.

Higinio Mosquera, director de la Veeduría Ciudadana del Chocó, dice que este caso debería representar una alerta sobre la actuación del Tribunal. “No entendemos todo lo que está pasando ahí, pero nos parece que eso no es una actividad santa, que ese fallo tiene unos intereses más particulares que jurídicos o basados en la ley”. Mosquera espera que el Tribunal haga “un fallo un derecho”, pues “el concepto del Consejo de Estado en esta tutela ya es muy claro”. 

Para el veedor, este problema tiene a Tadó “una interinidad mental” que genera un traumatismo en la administración pública y “una inseguridad en el manejo de los recursos públicos”, además de que no continúan las acciones o compromisos de la administración anterior. Por esta razón, según él, muchas personas ya no creen en la justicia. Esto es precisamente lo que dicen algunos habitantes de Tadó, que no confían en ningún tribunal. 

Además de las sospechas sobre intereses particulares, de este fallo llama la atención que 41 personas hayan ido a votar a pesar de que la inscripción de sus cédulas fue anulada por el Consejo Nacional Electoral ese mismo año. Para Danilo Sepúlveda, subdirector del Observatorio de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), esto evidencia las pocas herramientas del Estado para controlar el trasteo de votos. “Hay un cortocircuito porque el CNE anula, pero es posible que esa información no se pase a la Fiscalía para que entre a determinar si hay un fenómenos de trashumancia y cómo opera en ese caso concreto”. 

¿Qué sigue?

Más allá del sistema judicial, las consecuencias para los tadoseños son graves. Aunque nadie se atreve a hablar con nombre propio sobre este tema, pues en el pueblo todo lo mueve la política y muchos temen perder su trabajo o no conseguir uno, sí se comenta que tantos procesos judiciales parecen poner en pausa las necesidades del pueblo: la crisis del Hospital San José de Tadó, la dura situación de los productores agropecuarios, la falta de empleo y la prestación de servicios públicos. Falta un año y medio para que el mandato termine y la gente no ve avances. “Los enredos judiciales no le han permitido (al alcalde) pensar en adelantar grandes proyectos para el municipio, yo estimo que estos cuatro años se fueron sin obras importantes”, dice un ciudadano que pidió no ser citado. Además, algunos temen que, en caso de que el fallo del tribunal anule la elección del alcalde, haya enfrentamientos entre los seguidores de Copete y Yocira, como pasó en octubre del año pasado, cuando el primero volvió a la Alcaldía. “Es un retroceso para la gobernabilidad del municipio y esto retrasa el desarrollo del mismo”, dice otro tadoseño.

La veeduría del Chocó esperará el fallo del tribunal, pero Mosquera asegura que están dispuestos “a hacer la denuncias respectivas para que se revisen las actuaciones de las personas que actúan en ese tipo de intervenciones de la autoridad competente, en este caso el Tribunal Administrativo del Chocó”.

1. Tribunal del Chocó deberá determinar si hubo trashumancia en la elección de Cristian Copete

El Tribunal Administrativo del Chocó tiene 20 días para reevaluar las pruebas que indican que en la elección de alcaldes de Tadó de 2019 hubo trashumancia electoral y dar una nueva decisión. Esta orden la dio el Consejo de Estado esta semana a través de una sentencia, considerando que el Tribunal del Chocó se equivocó al decir que en la elección solo hubo dos votos fraudulentos. Para los magistrados sí  hay pruebas en el expediente que dejan ver que hay al menos 41 votos que no deben ser válidos, pues corresponden a personas que sufragaron a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) les había anulado la inscripción de cédulas en Tadó. 

Este proceso lleva dos años y medio andando, y comenzó pocos días después de que Cristian Copete resultara elegido por una diferencia de apenas ocho votos. En ese entonces Yocira Lozano, su contendora, interpuso una acción de nulidad asegurando que ella fue quien ganó las elecciones y que hubo trashumancia. La Procuraduría 186 Judicial I de Quibdó continuó el proceso como demandante. Yocina Lozano dice que la decisión final sigue siendo incierta. “Los tiempos han sido largos. Las normas dicen unas cosas, pero cada juez lo interpreta… Yo no estoy tan pendiente. Tenemos que esperar”. Por otro lado, Cristian Copete ha preferido no dar declaraciones al respecto. Este fallo no anula la elección de Copete, pero sí la pone en entredicho, pues el Tribunal deberá decidir si anula esos votos, lo que podría cambiar el resultado de la elección. Las y los tadoseños llevan todo este tiempo con la incertidumbre de no saber quién es realmente el alcalde, pues en dos años y medio ha habido tres personas en el cargo.

2. Selección de Tadó llega a cuartos de final de la Copa Faraón en Cértegui

La Selección de Tadó pasó a los cuartos de final en la versión 28 de la Copa Faraón que se juega en Cértegui y que tendrá su partido final el domingo 3 de julio. Tadó, que tiene su partido programado para las 3:30 p.m. de este viernes contra Condoto, ha ganado dos de los tres partidos que ha jugado y tiene emocionados a sus seguidores. Yerson Danilo Hurtado es uno de ellos y dice que “los muchachos están preparados física y psicológicamente para responder y ascender a la final”. 

Los jóvenes deportistas, junto al coordinador de Deportes Wilmer Cossio y su técnico Dalio Murillo, han viajado a atender las citas deportivas en Cértegui y han compartido con los 16 equipos de los municipios vecinos con apoyo económico de la Alcaldía. El fútbol es uno de los deportes que enorgullece a los tadoseños, pues varios jóvenes del municipio han llegado a equipos nacionales y recientemente Yeimar Gómez, jugador del Seattle Sounders jugó en la Selección Colombia.

3. Ataque de abejas africanizadas en el puente preocupa a la población 

Este lunes un grupo de personas que transitaban por el puente principal del municipio fueron atacados por un enjambre de abejas africanizadas que tenían su panal debajo de la estructura. A causa de las picaduras, alrededor de seis personas terminaron en el hospital, donde les aplicaron hidrocortisona y medicamentos para el dolor. Tras este hecho la Umata y el cuerpo de Bomberos se acercaron al lugar para atender la situación. “No podemos hacerle daño a las abejas por el rol que ellas ocupan en el ecosistema. El lunes se hizo un control con humo y se lograron ahuyentar. Al menos en el puente no están”, explica Marcelo Perea, coordinador de la Umata.

Esta no es la primera vez que suceden este tipo de accidentes. Enfermeras del Hospital recuerdan haber atendido aproximadamente cuatro casos en los últimos siete años, pero nunca tan cerca del centro del pueblo. Según la Umata, es usual que esto ocurra en zonas rurales y, sobre todo, a productores agropecuarios. Perea recomienda a la población que, en lo posible, no tenga contacto con las abejas o sus panales. “También que informen a las autoridades y se alejen cuando vean una situación de estas”.

4. La celebración del día del campesino recibe críticas

El 26 de julio la Alcaldía de Tadó celebró el Día del campesino, en honor al santo patrono de esta población, San Isidro. La administración municipal, por medio de la Umata, entregó insumos agropecuarios como fertilizantes orgánicos y productos contra plagas, así como bombas de fumigar, machetes y palas. El encuentro, en el que participaron delegaciones de organizaciones campesinas, recibió críticas pues para algunos esta fiesta es un pañito de agua tibia para los campesinos. 

Arcilo Pino, habitante de la comunidad La Esperanza y cultivador de piñas, borojo y chontaduro, resaltó la fiesta como un espacio de integración, pero se mostró preocupado porque “la Umata solo camina por las vías carreteables y para La Esperanza o partes lejanas no van a visitar”. Por su parte, Ricardo Perea, presidente de la Asociación de Usuarios Campesinos de Tadó (Anuc) agradeció a la Alcaldía por “el trabajo conjunto con el que venimos mejorando la casa campesina para que esté al servicio de todos ustedes. Sin embargo, pido a la Umata que en la próxima debe haber mejor comunicación para que no sea por delegación sino abierta esta fiesta”.Marcelo Perea, coordinador de la Umata, señaló que la institución sí está trabajando por los campesinos que están “muy golpeados por la pandemia”, especialmente con alianzas productivas. “Venimos trabajando fuertemente para que tengan garantizada la producción y comercialización de sus productos”, aseguró el funcionario.

5. Jóvenes del Carmelo se unen para limpiar el corregimiento

Este miércoles un grupo de jóvenes del corregimiento del Carmelo organizaron una jornada de limpieza o “rocería” en la comunidad, con miras a embellecer el pueblo, pues ya se avecinan las fiestas patronales de la Virgen del Carmen que se celebrarán el 16 de julio. Además, el aumento de casos de paludismo, sobre todo en la zona rural, terminó por motivar al grupo para buscar y eliminar los criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad. A la fecha, la Alcaldía tiene un registro de 705 casos de esta enfermedad en lo que va del año. Nelly Perea, que ha sido promotora de salud, señala que estas jornadas “de rocería y el drenaje es una de las cosas que se deben hacer para controlar la malaria, porque al no haber charcos y si los alrededores están limpios, esto evita la reproducción del zancudo”. 

Con esta primera jornada el grupo quiere empezar a rescatar el trabajo comunitario que, dicen, se ha venido perdiendo, pues ya la comunidad no sale a hacer jornadas colectivas, y menos los jóvenes. Walner Conrado, uno de los participantes de la jornada, explica que se están uniendo para no perder las costumbres. Nosotros queremos aportar al bienestar del pueblo, pero los líderes y los adultos no nos ayudan”. Sin embargo, habitantes como Samira Mosquera, señalan que “es importante que los adultos incluyan y tengan en cuenta a los jóvenes en la toma de decisiones y en los espacios como el Consejo Comunitario”. El grupo ya tiene previstas otras jornadas para terminar de rozar los alrededores del pueblo, hacer cunetas o drenajes de las zonas que lo requiera, así como limpiar y pintar todas las zonas públicas que los habitantes del Carmelo usan para su esparcimiento.

Además, 

Comienza el reinado Miss Juventud 

Como una previa al reinado Miss Juventud Tadó, el pasado domingo 26 de junio se desarrolló el desfile de carrozas en la calle principal de Tadó. El autor de esta iniciativa es Daniel Benítez, emprendedor y consejero de juventud, quien busca “potenciar, enseñar, impulsar y mostrar los talentos ocultos de nuestra juventud tadoseña”. Este domingo se realizará el reinado Miss Juventud en el polideportivo municipal de Tadó, a partir de las 2:00 pm. 

1. Después de ocho años de espera, habitantes denuncian que las casas de interés social rural que les prometieron están en veremos

Los beneficiarios del proyecto de viviendas de interés social rural (VISR) denuncian que, tras ocho años de espera, no les dan claridad sobre la construcción de las 10 casas que hacen falta. Esta noticia la conocieron en una reunión ocurrida el miércoles 29 de junio  por  solicitud de las 50 familias que estaban a la espera de su casa. En el encuentro, que contó con la presencia del Secretario de Planeación Municipal Omar Benítez y Mónica Tuberquia, enlace municipal de víctimas, no asistió ningún representante de Fiduagraria, la entidad ejecutora del presupuesto del DNP, a pesar de que la Alcaldía los invitó. Al final lograron establecer comunicación con uno de los funcionarios que indicó, según lo informado por algunos de los asistentes, que las demás viviendas no podrían construirse. Maricela Villa, una de las beneficiarias del proyecto, contó qué “sin respuesta de Fiduagraria nos dicen que el proyecto está sin vigencia y que se quedó sin vigencia, los funcionarios nunca llegaron y las familias se quedarán sin vivienda”.

Hace más de un año Consonante registró el inicio de la construcción de 16 de las 115 casas que hacían parte del proyecto de viviendas de interés social rural en el municipio, una noticia que les dio esperanza a muchos pero que con el paso del tiempo se quedó estancada. El año pasado Fiduagraria afirmó que empezarían la construcción de 26 viviendas con tres contratos. El primero, de 16 viviendas ya fue entregado y pagado; el segundo era de una vivienda y el último, de nueve. Esas últimas diez viviendas fueron declaradas inviables porque, con el paso del tiempo y por factores como el difícil acceso al transporte, el alza de precios e incluso la pandemia, el costo de la construcción es mucho mayor de lo que se tenía estimado.

El Banco Agrario, que tiene esta información desde noviembre del año pasado, tiene dos opciones ahora: devolver estas diez viviendas o aumentar el presupuesto para que se puedan realizar. En todo caso la gente quedó en el limbo y mientras tanto conformaron una comisión para buscar toda la documentación del proyecto, incluyendo los derechos de petición interpuestos, con el propósito de instaurar acciones legales.

2. Se definen los veedores ambientales para la segunda audiencia pública de Miner S.A.

Esta semana tuvo lugar la Mesa Técnica del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, como parte del cumplimiento de la orden quinta de la sentencia de la Corte Constitucional T-622 de 2016 que le otorga derechos al río Atrato. En la reunión, que contó con la presencia del Ministerio, organizaciones ambientales y alcaldías municipales, definieron los veedores que acompañarán la segunda parte de la audiencia pública ambiental de la empresa minera que tendrá lugar a final de mes. La veeduría estará a cargo del colectivo Siembra, el cuerpo colegiado de guardianes, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

En la reunión también se definieron las problemáticas ambientales claves a tratar en el municipio de El Carmen: el monitoreo de las cuencas de los ríos Habita y Atrato  para medir factores de contaminación por mercurio y otros metales. Según Ramón Cartagena, guardián del río Atrato, además del monitoreo por parte de Codechocó los veedores ambientales esperan “que se logre capacitar a las organizaciones de la comunidad como la Fundación Mesa social y Ambiental, Los Guardianes del Río Habita y Agroecotur, para que las comunidades acompañemos y efectuemos monitoreos propios y estos puedan ser contrastados con los informes de la autoridad ambiental”.

3. Derrumbe de gran magnitud deja inhabilitada la vía Quibdó-Medellín 

En medio del caos por la temporada de lluvias en todo el país, el miércoles pasado se presentó un deslizamiento de gran magnitud a 8 kilómetros del corregimiento La Mansa. El derrumbe, de aproximadamente de 2.000 metros cuadrados,mantuvo cerrada la vía Quibdó- Medellín por casi un día entero.

La caída de piedras y tierra, si bien no provocó afectaciones en viviendas ni tampoco dejó algún vehículo afectado, obligó al Consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021, el encargado de habilitar la vía, a cerrarla completamente para trabajar en ella . A las 11:15 am del jueves 30 de julio se habilitó el paso a un solo carril, aunque el paso total podría demorarse más de dos días en permitirse. Mientras tanto, quienes deban ir al departamento del Chocó, tendrán que tomar la ruta Medellín-Pereira-Quibdó, recorrido que extiende el viaje hasta unas ocho horas.

4. Jurado del Festival Nacional de Danza Folclórica dio un reconocimiento al grupo School Dance

El Grupo de danzas School Dance 'alma y pasión' recibió como reconocimiento una medalla y un diploma por su notable participación en el XXXVII Festival Nacional de Danza Folclórica, en Titiribí, Antioquia el pasado fin de semana. Su intervención resaltó ante el jurado y las 35 delegaciones de toda Colombia que participaron en el evento. La muestra fue de tres danzas: un cuadro de Mapalé exótico, Afrodance y un Rito africano.

Los asistentes aseguran que los aplausos sobraron. “Es una alegría muy grande sentir cómo después de cada presentación la gente celebraba lo que acababa de ver, porque era un esfuerzo constante por ensayar para que todo quedara excelente” contó Manuela Castañeda, integrante del grupo de baile.

Además, 

Con ‘caravana verdolaga’ celebraron los hinchas del Nacional su última estrella

El domingo se coronó campeón el Atlético Nacional en  la final de la liga de fútbol profesional colombiano. El triunfo se sintió con fuerza en El Carmen, donde decenas de hinchas se reunieron para ver el partido y celebrar su estrella número 17 con una caravana que empezó en el parque principal y llegó hasta el sector de El Siete, a 4 kilómetros del casco urbano.

1. Los tadoseños y tadoseñas celebran el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez

El triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en las elecciones presidenciales se celebró con una caravana y varias fiestas en el municipio al final de la jornada. En la segunda vuelta más tadoseños y tadoseñas acudieron a las urnas motivados por el deseo de cambio y la afinidad con Francia Márquez, quien es afro al igual que la mayoría de la población tadoseña. La participación creció un 3 por ciento, y se vio reflejada en la votación que obtuvieron Petro y Márquez, que en primera vuelta lograron 3.330 votos, y en segunda, 4.245. Al igual que en la primera vuelta, el candidato del Pacto Histórico obtuvo la mayor cantidad de votos en el municipio: 73 por ciento para Gustavo Petro y 24 por ciento para Rodolfo Hernández.

“Con la doctora Márquez tenemos las más grandes esperanzas y le reiteramos que creemos en ella”, dijo el abogado Edinson Quintero, miembro del comité de campaña del Pacto Histórico en Tadó. La gente espera que este nuevo gobierno le preste más atención al Chocó y a Tadó, específicamente. Sin embargo, la victoria tiene sus matices. Para Manuel Álvarez Perea, barequero de oficio, es lamentable que el Chocó no tenga senadores electos: “estamos huérfanos en el Senado, pero amparados por Presidencia”, afirma.  

2. La tienda D1 abre sus puertas en a Tadó

Este miércoles 23 de junio finalmente abrió sus puertas la primera Tienda D1 en el municipio. Alrededor de 50 de personas esperaron pacientemente esa mañana para hacer sus primeras compras y adquirir implementos de aseo, víveres y mecatos en el almacén. La apertura de la tienda —que está ubicada en la vía principal de Tadó hacia Risaralda, muy cerca a la cancha deportiva Emiliano Chaverra— ha generado gran expectativa entre la población.

¿Qué dice la gente? “Tenía que desplazarme a las ciudades de Quibdó e Istmina para acceder a estos productos, donde gastaba 50 o 100 mil pesos en transporte, lo que muchas veces me descompletaba la lista de compras”, dice Andrés Mosquera Rentería, un habitante de Playa de Oro que bajó a mercar en D1. Lo mismo le pasaba a Yulieth Rivas Contreras, quien cada mes viajaba a mercar a Istmina y dice que “no se cambia por nadie”, ya que siente que su economía va a equilibrarse. Pero la alegría de la gente contrasta con la preocupación que sienten los tenderos de barrio. Aunque no quieren hablar sobre el posible impacto de D1 sobre sus ventas, sí están preocupados, porque los precios que ofrece la tienda son más competitivos.  

Un dato: D1, según el informe de la Superintendencia de Sociedades, en 2021 fue la octava empresa con mayores ingresos en el país, con 9.95 billones de pesos. 

3. Equipo del barrio Reinaldo disputa la final del octavo torneo de microfútbol con el equipo LGBTI

Este sábado tendrá lugar la final del campeonato torneo de microfútbol femenino mixto en el polideportivo municipal entre los equipos dle barrio Reinaldo y LGBTI. El campeonato se inició el pasado martes 21 de junio y ha contado con la participación de los habitantes de los barrios Reinaldo, Remolino y San Pedro. Según Yodier Perea, monitor deportivo municipal, el torneo se organizó “en aras de contrarrestar el alto consumo de sustancia psicoactivas y buscar que los jóvenes gocen de espacios sanos de esparcimiento y traten de aprovechar su tiempo libre en estas vacaciones a través del deporte”. A cada partido han asistido entre 150 y 200 personas, y los organizadores esperan que mañana vayan muchos más espectadores. 

La polémica: Este es el segundo año en que el torneo invita a participar a un equipo conformado por población LGBTI (lesbianas, gais, bisecuales, trans e intersexuales), aunque el equipo que está jugando está conformado únicamente por hombres gais. El año anterior el equipo ganó el torneo y este año está en la final. Algunas mujeres, aunque prefieren no ser citadas, dicen que a veces les da miedo enfrentarse a los jugadores porque son más fuertes. Aún así, han perdido algunos partidos. Para Mileydy Mosquera, quien apoya la organización del evento, “la idea es integrarse y no dejarlos por fuera”. 

4. Los tadoseños reclaman por altos costos del recibo de la luz

Alrededor de 50 personas del casco urbano y de la zona rural le exigieron a la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac) que explicara por qué los recibos de energía eléctrica llegaron caros este mes. Ante los reclamos de los usuarios, la empresa se comprometió a resolver los casos uno a uno. 

Este lío comenzó la semana pasada, cuando los usuarios recibieron las facturas y empezaron a hablar de hacer un paro si la empresa no resolvía el problema. Este martes 21 de junio, la gente se acercó a las oficinas, pero como las respuestas de la empresa no fueron claras, el personero Yirson Marino Ledezma pidió una reunión con la compañía, que se dio el miércoles. Según dijo el gerente de Dispac, Jovany Mosquera, el problema pudo deberse a que, por cuenta del paro armado en mayo, los empleados que hacen la lectura de los medidores no pudieron hacerla y “la empresa promedió el cobro basado en los últimos meses”. 

Además

Nueve niños de Mumbú llevan dos años sin recibir clases de manera regular

En Mumbú hay nueve niños y niñas, de entre 3 y 6 años, que aún no han podido comenzar el año escolar. Esto se debe a que la Secretaría de Educación no ha enviado un profesor que acompañe a los estudiantes de primaria, que llevan prácticamente dos años sin recibir clases de forma regular.  “Yo debería estar cursando el quinto grado porque el año pasado hice cuarto grado. A veces me pongo a leer y a realizar sumas”, dice Daisury Arias Mosquera, una estudiante de 12 años, que está triste porque no ha recibido ni un solo día de clases este año. 

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1. El 62 por ciento de los electores tadoseños votó por Gustavo Petro

En la primera vuelta a la presidencia, Gustavo Petro superó por mucho al resto de candidatos en Tadó. Esta vez, el 62 por ciento de los electores votaron por Petro, es decir, de 5.701 votantes, 3.330 votaron por los candidatos del Pacto Histórico. Esto contrasta con la votación de hace cuatro años, cuando, tanto en primera como en segunda vuelta, ganó Iván Duque. Esta vez la campaña fue distinta. Al comité del pacto se sumaron algunos liberales y militantes del Partido de la U, mientras que a Federico Gutiérrez, el candidato del uribismo, lo apoyó solo el partido Conservador. Desde la campaña del Pacto Histórico afirman que siguen “trabajando con todo para la segunda vuelta”, que se desarrollará el 19 de junio entre Petro y Rodolfo Hernández. 

2. El asesinato de un hombre durante las elecciones genera zozobra

El domingo 29 de mayo, mientras se desarrollaba la primera vuelta de la elección presidencial, en el barrio Carmelita fue asesinado a tiros José Danilo Copete Murillo, de 39 años. Copete Murillo, oriundó del corregimiento de Profundó, dejó cinco hijos menores de edad. El asesinato, que ocurrió a tan solo 100 metros de la Estación de Policía de Tadó, generó zozobra entre la población, pues el segundo homicidio de este año. Así se lo expresaron a Consonante varias personas que prefirieron no decir sus nombres, pues sienten temor. Yirson Marino Ledezma, personero municipal, dice que hay indicios de que el hecho pudo estar motivado por “ajustes de cuentas entre grupos armados ilegales”. Y agrega, “Tadó es el mejor municipio para vivir del Chocó, porque goza de una buena convivencia entre sus habitantes. Sin embargo, cuando sucede un homicidio como el ocurrido se genera una tensión en la población y en las autoridades”. Ledezma afirma que siguen investigando. Este hecho se suma a otros que han puesto en alerta a la población, como los grafitis con las siglas “Agc”, que aparecieron en cinco casas el 28 de marzo o el paro armado que decretó el grupo ilegal el 5 de mayo. 

3. Los problemas de convivencia escolar continúan

En la mañana de este viernes 3, mientras los estudiantes iban de regreso a sus casas, se presentó una nueva agresión entre los estudiantes del municipio. Tras una discusión, un estudiante grado cuarto de la sede Francisco Miranda de la Normal Superior le pegó en la frente, con un palo, a otro del mismo grado. El niño agredido terminó en urgencias. Este hecho confirma lo que ya han reportado los profesores y psicorientadoras: tras la pandemia, los estudiantes regresaron agresivos e intolerantes, pero también tristes e inestables. Esto, según los docentes y varios expertos, puede obedecer a la soledad de la pandemia, la falta de herramientas emocionales, problemas económicos y la falta de acompañamiento durante los casi dos años que estuvieron en casa. 

Lea aquí cómo podrían tratarse estos problemas. 

Además

4. A un mes de las protestas en El Tapón, comunidades dicen que hay pocos avances con Invías

Ha pasado un mes desde que el Instituto Nacional de Vías (Invias) se comprometió a cumplir con los compromisos que estableció con las comunidades que bloquearon la vía Quibdó - Risaralda, sin embargo, líderes de la protesta dicen que el avance ha sido lento. El 2 de mayo empezó a correr el tiempo para cumplir compromisos como reparar las casas agrietadas por la construcción de la carretera y el acueducto de El Tapón, así como reembolsar los gastos en los que incurrieron las personas que ya hicieron arreglos. Si bien para esto tienen dos meses, Jorge Murillo, uno de los delegados por la comunidad, explica que hasta el momento los funcionarios no han regresado al territorio. “Detectaron las viviendas que tenían afectaciones totales y parciales y los predios. Quedaron de regresar la semana entrante para dar un informe de las viviendas”, pero las comunidades no saben cuál es la fecha. Tampoco han avanzado en la construcción del acueducto. Murillo espera que la institución cumpla en el plazo establecido. 

1. Comunidades indígenas bloquean la vía Medellín-Quibdó durante tres días

Las comunidades indígenas del municipio mantuvieron bloqueada la transversal Medellín- Quibdó desde el lunes hasta el miércoles 1 de junio, cuando acordaron levantar el paro tras una negociación con la Alcaldía de El Carmen de Atrato y la Gobernación del Chocó. Con la minga, los indígenas buscaban que las instituciones respondieran a una serie de compromisos que, insisten, les han incumplido. Julio Cesar Queragama, coordinador de la Mesa Indígena, que agrupa a los 10 resguardos del municipio, explica que llegaron a “un preacuerdo”. y van a esperar hasta después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para oficiar nuevamente a las instituciones de orden nacional, como varios ministerios y agencias. Según el alcalde Jaiberth Ríos, se instalarán “unas mesas de trabajo a partir del 18 de julio con la institucionalidad local y departamental”, y la Alcaldía y la Gobernación se comprometieron a gestionar el traslado de una comisión de líderes indígenas a Bogotá para que pueda reunirse con funcionarios de las instituciones pertinentes.

Entre las exigencias de las comunidades indígenas están la construcción del colegio Tobías Queragama en el resguardo El Dieciocho, y la contratación del personal requerido para su operación, incluyendo las manipuladoras de alimentos. También piden que la Agencia Nacional de Tierras avance en la ampliación de resguardos indígenas; la electrificación de todas las comunidades y la reparación colectiva e individual a las víctimas del conflicto, entre otras. Para esto es claro que se requiere de la intervención coordinada de toda la institucionalidad. 

2. 159 indígenas de la comunidad de El Dieciocho se desplazan a Medellín

Ya son 159 los integrantes de la comunidad indígena embera katío de El Dieciocho los que se desplazaron desde la semana pasada a Medellín por temor a las posibles actuaciones del Clan del Golfo o las Agc en su territorio. En la capital antioqueña, la población fue ubicada en albergues y la Alcaldía y la Personería les están proveyendo comida y atención en salud, sin embargo, Sonia Peña, líder del Grupo de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados de la Personería de Medellín, explica que en una reunión realizada este jueves 2 de junio, los líderes indígenas le pidieron a la entidad que mejore la alimentación y la atención en salud a los menores de edad, así como la extensión de la permanencia en el albergue hasta que la Unidad para las Víctimas se ponga al frente de la situación. 

Mientras tanto, funcionarios de la Alcaldía de El Carmen de Atrato, junto a la Personería, hicieron una visita de verificación al territorio este jueves 2 de junio. A pesar de que todavía no hay una fecha establecida para el comité de justicia transicional, el alcalde Jaiberth Ríos dice que en esa reunión “se dará explicación de lo que se hizo y se pondrá en consideración si se declara el confinamiento”.

3. MinTic dice que los equipos de los centros digitales rurales no son su responsabilidad 

Casi un año después de que Centros Poblados instalara equipos para ofrecer internet a los estudiantes y las comunidades aledañas a diez escuelas rurales, el servicio sigue sin funcionar y el Ministerio de las Tecnologías dice que la custodia de los servidores, antenas y radios instalados no es su responsabilidad. Esta fue la respuesta del Mintic a un derecho de petición enviado por Consonante. Según la entidad, “los equipos presuntamente instalados, en caso de que existan, no fueron recibidos por la interventoría y, en consecuencia, tampoco por la entidad contratante en el marco del Contrato de Aporte No. 1043 de 2020 y su custodia no es responsabilidad de la entidad”.

Los equipos, que costarían unos 215 millones de pesos, deberían conectar a las comunidades y facilitar las clases. Para el profesor Edgar Javier Correa esto es grave, pues el internet era “la única opción que tenían los estudiantes para medio nivelarse con todo lo que se perdió en la pandemia”. Mientras tanto, la gente de las veredas sigue esperando el nuevo contrato, aunque todavía no se sabe cuándo podrían instalar el internet. 

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4. Rodolfo Hernández: el más votado en El Carmen de Atrato 

A pesar de no tener comité de campaña en el municipio, el candidato presidencial Rodolfo Hernández ganó la primera vuelta a la presidencia en El Carmen de Atrato. Este fue el único municipio del Chocó en el que Hernández se impuso sobre Gustavo Petro. El domingo 29 de mayo, con una participación del 50 por ciento del electorado, 1.251 personas votaron por el ingeniero de 77 años, del que se escuchaban comentarios positivos en las calles y los negocios desde hace varias semanas. En segundo lugar quedó Federico Gutiérrez, con 1.054 votos, quien contaba con el apoyo del partido de La U en el municipio. Y en tercer lugar, con 908 votos, quedó Gustavo Petro, que fue impulsado por un comité de campaña local. Las elecciones transcurrieron en total normalidad, aunque algunos adultos mayores se quejaron del lugar de votación, pues tienen que subir la loma a pie.

Además,

5. 250 niños y niñas participan en la primera feria de educación ambiental

Alrededor de 250 niños y niñas participaron de la primera Feria Ambiental que se desarrolló este viernes 3 de junio en el parque principal, como una conmemoración al día del medio ambiente, que se celebra el 5 de junio. En esta feria de educación ambiental, instituciones como la Umata, el Sena, Codechocó, la Biblioteca municipal y Aguas del Carmelo, y empresas como Miner S.A. explicaron cómo están cuidando el medio ambiente y le enseñaron a los niños y niñas cómo pueden contribuir al cambio. Por ejemplo, Codechocó llevó un área móvil llamada Ali en la que a través de juegos enseña el código de colores para el reciclaje o las pequeñas acciones que pueden tomar para no contaminar. David Jiménez, director de la Umata, explica que con esta actividad quieren “incentivar y dejar en los niños esa semillita del cuidado del medioambiente”. Niñas y niños terminaron la actividad con trovas alusivas al cuidado del ambiente.

Por qué es importante

Los centros digitales de El Carmen de Atrato hacen parte del contrato que firmó el MinTic con la Unión Temporal Centros Poblados por 1,07 billones de pesos para llevar internet a siete mil escuelas rurales de 15 departamentos. Entre estos, Chocó. Este contrato está en el centro de un escándalo de corrupción que comenzó en agosto del año pasado cuando se conocieron una serie de irregularidades. Entre estas, que el Mintic le entregó un anticipo de 70 mil millones de pesos al contratista que había presentado una supuesta garantía bancaria falsa y que, además, no tenía la experiencia ni la capacidad para asumir el contrato. En septiembre de 2021, Karen Abuninen presentó su renuncia como ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por este caso.

Qué está pasando

En la zona rural de El Carmen de Atrato, hay diez centros digitales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) que no funcionan. Los equipos –entre los que hay antenas, baterías, cargadores y servidores– están apagados desde septiembre del año pasado cuando, de un momento a otro, dejaron de funcionar. 

Los diez centros digitales fueron instalados en junio del año pasado por un operador logístico de la Unión Temporal Centros Poblados. Esto, a pesar de que el contrato incluía  la creación de 14 centros digitales en el municipio de manera obligatoria y seis más opcionales.  En ese momento, quedaron conectadas las sedes rurales de las instituciones educativas Marco Fidel Suárez y Corazón de María, así como la I.E. Indígena Amado Arce, sede La Puria, y la I.E. Katío Chamí- Sabaleta.

Sin embargo, los equipos funcionaron durante poco tiempo y algunos nunca dieron internet. En julio, apenas un mes después de su instalación, dejaron de funcionar cuatro centros digitales. Es decir, los niños y niñas de cuatro sedes rurales que regresaron a clases presenciales en ese momento no pudieron conectarse a internet. Luego, el 10 de septiembre, un día después de la renuncia de la entonces ministra de las TIC y sin previo aviso, todos se quedaron sin conexión.

El profesor Edgar Javier Correa, docente de informática de la I.E. Marco Fidel Suárez, recuerda que en la institución estuvieron felices de tener internet durante un tiempo, pues les facilitó la preparación de las clases. Sin embargo, “cuando menos lo pensábamos, reventó lo de Centros Poblados y nos quedamos sin internet”, recuerda. Para Correa, esto representó “otro rezago más para los muchachos”, pues la conexión a la red era “la única opción que tenían los estudiantes para medio nivelarse con todo lo que se perdió en la pandemia”.

Hoy, los rectores de las instituciones educativas rurales no saben qué va a pasar con los equipos. A pesar de que destinaron parte del espacio disponible en sus escuelas para ubicarlos, todavía no han recibido un correo, una llamada o al menos un mensaje de parte del MinTic que les diga qué deben hacer. Entonces, los cuidan, pero no les sirven para nada.

Lo que no saben en El Carmen de Atrato es que en el MinTic no hay registros de que los equipos que tienen en sus escuelas existen. En respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, el Ministerio explica que no existen actas de recibo a satisfacción de ningún Centro Digital del municipio reportado por el entonces ejecutor del Contrato de Aporte No. 1043 de 2020, es decir, Centros Poblados. Según la entidad, “los equipos presuntamente instalados, en caso de que existan, no fueron recibidos por la interventoría y, en consecuencia, tampoco por la entidad contratante en el marco del Contrato de Aporte No. 1043 de 2020 y su custodia no es responsabilidad de la entidad”.

Esto quiere decir que los equipos instalados en El Carmen, que tendrían un valor aproximado de 215 millones de pesos, no le pertenecen a nadie. El costo estimado de los equipos surge a partir de estimaciones de Consonante basadas en los precios manejados por dos proveedores de tecnología para los equipos instalados en un centro digital. Es decir, los equipos de cada centro digital costarían 21,5 millones de pesos. Esto, teniendo en cuenta el costo de mercado de los siguientes equipos: cuatro baterías Vertiv (cada una por valor de un millón y medio de pesos); un integrador (de seis millones de pesos); un rack o estructura metálica (de dos millones de pesos); un switch (que se consigue desde 500 mil pesos hasta 4 millones de pesos); un inversor de baterías (4 millones de pesos); un poste de concreto (que puede costar entre 8 y 10 millones de pesos) y dos antenas de radio enlace que se consiguen por entre 500 mil y un millón y medio de pesos. Este valor no incluye el costo de las antenas satelitales instaladas por el proveedor de internet, en este caso, HughesNet, que según uno de los proveedores, costaría alrededor de 350.000 pesos. 

Los equipos sí existen

Consonante verificó que los centros digitales efectivamente sí fueron instalados en diez escuelas rurales del municipio. En la siguiente tabla, explicamos el estado de estos.

El nuevo contrato

En mayo de este año el Ministerio firmó un nuevo contrato con la Unión Temporal ETB NET Colombia Conectada tras exigirle en agosto a Centros Poblados que devolviera el anticipo de 70 mil millones entregado. ETB NET, quien fue el segundo oferente de la licitación del proyecto, es ahora el encargado de instalar los 6.589 centros digitales que correspondían a la Región B. En este nuevo contrato, las 14 escuelas rurales de El Carmen de Atrato siguen priorizadas en la “Región B”. Sin embargo, todavía no hay una fecha estipulada para el inicio del trabajo de ETB NET en el Chocó. Para que esto suceda, es necesario que se firme el acta de inicio del contrato de la Región B, algo que el Ministerio estimaba hacer apenas este 1 de junio. “No hay todavía un cronograma de trabajo”, afirma la entidad en la respuesta al derecho de petición enviado por Consonante. En pocas palabras, nadie sabe cuándo volverá el internet a las 14 escuelas rurales de El Carmen de Atrato.

El internet sigue haciendo falta

El proyecto de los Centros Digitales, según el propio Ministerio, pretendía cerrar la brecha de conectividad entre las zonas rurales y las urbanas. Planteaba que, con el acceso a internet, los ciudadanos y estudiantes pudieran “contar con las herramientas necesarias para consultar gratuitamente diversas fuentes de información, acceder a servicios, realizar trámites en línea, desarrollar emprendimientos, capacitarse, encontrar nuevas oportunidades de empleo, estar en contacto con familiares que se encuentren lejos”. Sin embargo, muchas personas de estas 14 comunidades de El Carmen de Atrato no pueden hacer nada de esto. Y la situación se complica aún más para las nueve veredas que no tienen siquiera señal de celular. 

Esto afectó el proceso educativo. Durante la pandemia, los colegios de El Carmen de Atrato trabajaron con guías pedagógicas, pues no había forma de tener clases virtuales. Y ahora, con el regreso a la presencialidad, los docentes tienen únicamente con los recursos con los que han contado toda la vida: un tablero y una tiza o un marcador. “La conectividad les da a los profesores la pericia para preparar sus clases y tener materiales. Lo mismo para los alumnos para hacer las actividades. Es fundamental la conectividad”, dice Vicente Ayala, rector de la I.E. Marco Fidel Suárez, que esperaba tener a sus sedes conectadas para mitigar el impacto negativo de la pandemia en el nivel de educación de sus estudiantes. 

En las comunidades indígenas sucedió lo mismo. “Nosotros tenemos un servicio de internet donado por la empresa Talasa el año pasado, pero está ubicado en la parte administrativa. Ellos (Centros Poblados) se comprometieron a venir a arreglar los equipos, pero nunca se comunicaron con nosotros”, dice Fainory Rodríguez, rectora de la I.E. indígena katío chamí de la comunidad de Sabaleta. Allá, además de que no hay señal de celular, tampoco tienen una sala de informática. Sin embargo, muchas familias tienen celulares que les servirían a los niños y jóvenes para buscar información, y a la comunidad para estar comunicada con el resto del municipio y del país.

• Alicia Villegas, habitante de El Porvenir, recuerda que durante el mandato de Juan Manuel Santos tenían un kiosko digital. “los niños hacían las tareas, se dictaban cursos para manejar los equipos, fue todo un éxito”, pero este proyecto terminó. “Cuando pusieron esta antena estábamos muy contentos, porque no todo el mundo puede pagar internet o datos en el celular. En este momento estamos fatal”, dice.
  
• En la vereda Guaduas solo hay una casa que tiene internet satelital. En este momento el profesor de la escuela, Orlando Bedoya, debe ir hasta donde este vecino para, por ejemplo, comunicarse con el rector o preparar clases y no darles a los niños “ejercicios viejos de los libros”. Cuenta que “cuando tenía internet, yo les llevaba un computador y los niños eran felices”.

Lo que sigue

• El 1 de junio se debería firmar el nuevo contrato entre el MinTic y ETB para instalar los centros digitales en el Chocó. A partir de esto, se debería definir el cronograma de trabajo. 
  
• Las comunidades están a la espera de que en el marco del nuevo contrato por fin puedan tener internet. Además, dice el profesor Orlando Bedoya, “sería muy bueno que los reutilizaran. Aquí han venido ya varios centros de internet y siempre pasa que se llevan los equipos, pero estos siguen aquí”. La Unión Temporal Centros Poblados, de hecho, indicó el año pasó que ponía a disposición del nuevo operador los equipos recibidos por la interventoría, aunque los que están en las escuelas de El Carmen, según el Ministerio, no hacen parte de esos. 

Por qué es importante

El Pueblo de la Memoria Histórica es una comunidad que está conformada por víctimas del conflicto provenientes de Antioquia, Chocó y Valle del Cauca.que, tras vivir diferentes hechos como el desplazamiento forzado, construyeron sus viviendas allí. Según Adanies Palacios Rivas, personero municipal, hasta hoy continúan llegando personas desplazadas y vulnerables para asentarse en este lugar. El mal estado de la única vía de acceso, para la población, constituye una vulneración a sus derechos como víctimas, pues no les permite vivir dignamente. 

¿Qué está pasando?

La vía que conduce de la vereda El Porvenir al Pueblo de la Memoria Histórica (PMH) es una trocha que se convierte en un barrizal cada vez que llueve con fuerza. La vía es angosta y tiene una curva pronunciada, además, está al lado de una montaña inestable en la que cada tanto hay deslizamientos de tierra. El punto más crítico de los 200 metros de vía es por el que pasa la quebrada Honda, pues este afluente baja desde las montañas y no necesita que llueva demasiado para crecer y llevarse todo lo que encuentra a su paso. Cuando esto sucede, las 100 familias que viven en la zona deben saltar por encima de palos y piedras y arreglárselas para lograr llegar a sus lugares de trabajo, la escuela o el casco urbano. 

Desde el inicio de la época invernal, en marzo, son más frecuentes las emergencias que han debido enfrentar en la zona por los problemas con la vía. Además,  varios habitantes de la comunidad temen que se generen avalanchas y derrumbes que los terminen por dejar atrapados.

El último de estos incidentes se presentó el 19 de abril, cuando tras una noche de lluvia, varias personas de la comunidad del PMH emprendieron la ruta hacia sus trabajos y los niños y niñas hacia el colegio, y se encontraron con que la vía estaba intransitable. La quebrada se había crecido durante la noche y había arrastrado piedras, lodo y palos que taparon el tubo de cemento que pasa por debajo de la vía, y el camino era pura agua y barro. 

Ese día, Cicerón Tirado recuerda que tuvo que cargar a muchos niños y niñas para que fueran al colegio, así como a mujeres y otras personas de la comunidad. “Iba con botas y ellos no eran capaces de pasar. Me fui para el trabajo con las botas llenas de agua”, dice Cicerón. Algunos días después, la administración municipal envió una máquina, la comunidad puso su mano de obra y el Consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021, que está a cargo de un tramo de la Transversal El Carmen-Quibdó, aportó los tubos para reponer los que se habían dañado. En dos días arreglaron la vía, pero la comunidad sabe que volverá a suceder.

El problema de la titularidad de la tierra

La población ha pedido en varias ocasiones que la Alcaldía arregle el camino que conduce a sus viviendas. Incluso, en noviembre de 2020, hicieron un paro y cerraron la carretera Medellín-Quibdó para protestar por este y otros problemas que enfrentan como la mala atención en salud. Para ellos y ellas, es evidente la falta de inversión en el territorio. Pero la respuesta a sus reclamos es que los terrenos son un baldío de la Nación y que, por esta razón, es imposible invertir recursos públicos allí. 

Y es que las víctimas del Pueblo de la Memoria Histórica se asentaron alrededor del antiguo Sanatorio de Tuberculosis, inaugurado en 1951 y abandonado a principios de los años 90, cuando no se necesitó más. Los pobladores, agrupados en la Organización de Víctimas de la Violencia, llevan más de 15 años ahí, por lo que le han exigido a las autoridades que les titulen la tierra aledaña y el propio sanatorio. Pero, según Froilán Zapata, representante legal de la organización de víctimas, las diferentes administraciones municipales han sido negligentes con las peticiones de la comunidad, pues dicen que el Pueblo de la Memoria Histórica es una invasión y unos terrenos baldíos sobre los que no cabe inversión social. “Se nos ha prometido de manera recurrente la titulación de los predios del PMH para que de esta manera se pueda invertir en él y no se siga argumentando que no hay atención a las problemáticas del lugar, debido a que son baldíos del Estado”, dice Zapata. Sin embargo, esto todavía no ha pasado.

Tras el paro de 2020, la Gobernación del Chocó y la Alcaldía municipal se comprometieron a “ver el estado jurídico real del predio y generar una ruta y un cronograma de trabajo” para transferir la infraestructura del sanatorio del departamento al municipio. Además, ordenaron un estudio de título del lote, según consta en un acta de la reunión. El personero municipal dice que en ese momento “se explicó que este (el sanatorio) estaba envuelto en un proceso de liquidación, con la empresa Dasalud. No obstante, los predios aledaños eran baldíos del Estado, y el compromiso de Gobernación y Alcaldía era solicitar la adquisición de los predios para asimismo hacer el proceso de titulación y de inversión social”. 

Pero después de dos años, el proceso no ha tenido mayores avances. El alcalde Jaiberth Ríos se refirió al tema durante una entrevista con Consonante en marzo. “Hay unas mesas de trabajo instaladas con la Gobernación y hay que organizar con la Agencia Nacional de Tierras el tema de la titulación”, dijo. El estudio de títulos que acordaron las autoridades, según la Personería, el líder Froilán Zapata y la Alcaldía, se hizo, pero la comunidad no tiene el resultado ni la Alcaldía ha solicitado la titulación ante la ANT.

Aún así, el 14 de febrero Omar Benítez, secretario de Planeación municipal, técnicos de la Secretaría, el personero Adanies Palacios y la inspección de Policía se trasladaron a la vía para verificar el estado del camino y planear acciones para mitigar el daño. 

En esa ocasión, algunos líderes de la comunidad conversaron con los funcionarios y se plantearon alternativas como un puente o un box culvert. Para Cicerón Tirado, la segunda puede ser una opción viable para resolver las avenidas torrenciales de la quebrada. “Un puente va a valer un viajado de plata. No nos lo van a hacer. Pero lo que hemos conversado es que nos hagan siquiera un box culvert, que lo que baje, pase por ahí”, afirma. El informe técnico de la Secretaría de Planeación reconoce los problemas de la vía y recomienda hacer un canal, estabilizar los taludes y “modificar el radio de la curva” para que no sea tan angosta. Sin embargo, no es claro que estas obras se puedan hacer, dado el problema de la titulación.

Una comunidad organizada

El Pueblo de la Memoria Histórica nació como un grupo de familias que se negaron a desplazarse y decidieron hacer resistencia pacífica en el territorio que en 1996 era utilizado por grupos armados, quienes finalmente abandonaron el sitio. “En el Pueblo de la Memoria Histórica, sus habitantes prohibieron el ingreso de actores armados, resignificaron espacios como el antiguo hospital para enfermos de tuberculosis, la capilla y el convento, e impulsaron proyectos productivos y autosostenibles como los trapiches de caña y el cultivo de café”, reseñó el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Desde entonces, el PMH viene luchando el reconocimiento como víctimas del conflicto armado en condición de discriminación y vulnerabilidad. Su identidad está asociada a la frase “somos un pueblo que tiene memoria y que tiene historia”, pues reclaman que las autoridades no invisibilice la comunidad ni su proceso de exigencia de derechos. En este territorio, además, hicieron la Casa Museo de la Memoria (CMM), ubicada en un antiguo convento de monjas, donde guardan los archivos de su resistencia.

Para la gente, el Pueblo no es una invasión. Está organizado, tiene unos líderes visibles y por eso buscan mejorar la calidad de vida de las familias víctimas que residen allí, exigiendo los mínimos: atención en salud, recreación para niños y niñas y una buena vía para salir a trabajar y a estudiar. Para esto se han acercado a distintas entidades, incluida la ANT, pero no ha habido respuestas.

¿Qué dice la gente? 

• Gladys Guevara, habitante del Pueblo de la Memoria Histórica, cuenta que “la basura se acumula acá porque el camión no tiene por dónde entrar. Los trabajos que se han hecho allí se los lleva la quebrada, porque es algo como artesanal”, cuenta. Además, el bus escolar tampoco puede entrar a buscar a los niños. “Si hay un enfermo, ¿cómo lo sacamos? Es la única vía de acceso”. 
  
• “Me da miedo que en un momento uno esté pasando y lo alcance de pronto una piedra o la misma avalancha se lo lleve a uno”, dice Milton Rodríguez, quien vive en la comunidad hace pocos meses. Para él la vía necesita una ampliación y el box culvert. Además, como en El Carmen siempre llueve, “por lo regular a uno le toca andar más lento porque se llena de barro, la moto se llena de barro y hay mucho charco, mucho hueco”, agrega.
  
• Ubeimar Flores dice que este problema no es nuevo, pues en 1953, este paso de Cañada Honda cobró la vida de tres de sus tíos (Silvio, Héctor y Gilberto) que eran arrieros, así como a sus mulas. 
  

Lo que sigue

La comunidad sigue a la espera de que la Administración municipal, de acuerdo con lo que observó en la visita de febrero y en el arreglo que hicieron en abril, decida con qué obra puede mitigar el impacto de la Cañada Honda, pues temen que en otra de estas crecientes haya heridos o muertos.

Por qué es importante

Los colegios son los primeros lugares en los que los niños, niñas y adolescentes aprenden sobre la vida en sociedad, la empatía y el respeto por la diferencia. Sin embargo, la pandemia limitó ese aprendizaje que viene con la convivencia y que es una base para el desarrollo de las personas y para la vida en sociedad.

¿Qué está pasando? 

A finales de marzo, un estudiante de la Escuela Normal Demetrio Salazar llevó un machete al colegio. El estudiante tenía la intención, al parecer, de agredir a un compañero con el que había tenido una discusión. Este hecho, que terminó con la suspensión indefinida del adolescente, les sirvió a los profesores y directivos del municipio para confirmar algo que intuían desde el inicio del año escolar cuando retomaron las clases presenciales: los problemas de convivencia entre las y los estudiantes del municipio no solo están aumentando, sino que son cada vez más graves. 

Para los rectores, docentes y psicorientadores de distintos colegios, las y los estudiantes regresaron agresivos e intolerantes después de dos años de clases virtuales a raíz de la pandemia de Covid-19. El mes pasado, por ejemplo, otro estudiante —en este caso del Instituto Técnico Agroambiental (ITA)— golpeó fuertemente a un compañero, tanto que por poco le ocasiona un daño permanente en uno de sus ojos. Para María Ernestina Murillo, psicorientadora de la I.E. Nuestra Señora de Fátima del corregimiento Playa de Oro, el problema es evidente: antes de la pandemia atendía una o dos riñas a la semana o, a veces ninguna. Ahora reporta entre dos y cinco cada día. “Este es un retroceso impresionante”, asegura.

Sin embargo, las reacciones agresivas no son lo único que preocupa a los profesores. Eudecelina Ramírez, rectora de la Escuela Normal Demetrio Salazar Castillo, dice que también ven estudiantes tristes o desanimados. “Hemos conseguido estudiantes que han venido bastante indisciplinados, algunos que por cualquier cosa están agresivos, otros que por cualquier cosa lloran, como que se deprimen muy rápido. En términos generales, ellos han venido con un nivel alto de intolerancia, aunque todavía nos escuchan y cuando uno les llama la atención, obedecen y algunos están dispuestos al diálogo”, dice Ramírez. Fabiola Palacios, psicorientadora de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza, agrega que también han identificado problemas de disciplina e irrespeto hacia los docentes. “Hay saboteo de las clases e incumplimiento con las tareas académicas. No repasan lo enseñado ni se preparan para las evaluaciones”, dice. 

Este tipo de situaciones ha tomado por sorpresa a los responsables de las instituciones educativas que han intentado controlar las agresiones a través del diálogo, llamados de atención, castigos y suspensiones. “Nos ha tocado tener aquí prácticamente una inspección de Policía. Como no tenemos psicorientadora, a los que hacemos parte del Comité de Convivencia nos ha tocado tener reuniones cada dos o tres días”, dice Danilo Parra Murillo, rector del ITA. Los directivos han llamado a muchos padres de familia y estos manifiestan que los estudiantes en la casa tampoco hacen caso.

Michael Córdoba Palacios, coordinador de Educación municipal, cuenta que un equipo de la administración visitó la Escuela Normal Demetrio Salazar para reunirse con los estudiantes, padres de familia y directivos implicados en el caso del estudiante que llevó el machete al colegio. “Se socializó el manual de convivencia, que es el reglamento interno, con cada uno de los padres de familia, luego nos reunimos con el consejo directivo de la institución educativa”, cuenta. Según Córdoba, la Coordinación fue enfática en que en ese caso la sanción debía ser “proporcional, razonable y pedagógica”, es decir, no debían sacar al adolescente de clases. Pero actualmente el estudiante, quien pidió perdón públicamente, no ha regresado al colegio. La institución dice que el proceso continúa, por lo que no se refirieron al caso. En el caso del estudiante del ITA, la decisión fue suspenderlo durante cinco días.

Las posibles causas

Hay al menos cuatro factores que sucedieron al tiempo en muchos hogares y que podrían explicar el comportamiento de los estudiantes. 

• La pandemia. El Covid-19 cambió la manera que tenían los estudiantes de relacionarse. Así lo han señalado varios expertos. Entre ellos Julián de Zubiría, quien sostuvo en una entrevista realizada por Consonante que “los jóvenes sufrieron muchísimo porque en la pandemia no se pueden construir amistades profundas. Cuando retornaron a los colegios llegaron con dificultad de mirar a los ojos, de socializar y con dificultades emocionales”. El investigador explica que esta afectación fue más grave para los que tienen entre 12 y 15 años, “porque no habían construido los grupos en los que se define la identidad”.
  
  Eudecelina Ramírez coincide. “Creo yo que el hecho de que los muchachos hayan estado solos mucho tiempo, pues a muchos papás les tocaba irse para los trabajos y a ellos sin estar en la escuela socializando con otros, haciéndose cargo de los hermanos menores… eso los fue cargando emocionalmente”, dice. 
  
  A esto se suma haber estado tanto tiempo encerrados sin socializar con otros compañeros ni andar libremente por la calle. La profesora Ramírez dice que el mismo hecho de no poder abrazar a otras personas puede haber tenido consecuencias en los jóvenes.

• Falta de herramientas emocionales. Óscar Alexander Perea, estudiante de grado 10 de la Escuela Normal, ha observado que muchos de los problemas que suceden en su colegio se dan porque los compañeros no saben resolver los problemas. “Muchas veces la gente no sabe controlar sus emociones, va explotando y diciendo todo lo que se viene a la mente. Eso genera conflictos. Incluso yo a veces me he sentido así, pero me he sabido controlar”, opina. 
  
  Para Luz Karime Abadía, Coodirectora del Laboratorio Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, hubo un cambio psicológico en toda la comunidad educativa “por todo lo que ocurrió durante casi que los dos años de clases remotas, por la situación económica que vivieron muchos hogares, por la violencia, por el hambre”. Esto se expresa, por ejemplo, con ausentismo o agresividad, y, afirma,  “requiere una atención que desafortunadamente no todos los docentes están preparados para poder atender”. Esto se hace aún más complicado en colegios que no tienen psicorientadora, como el ITA, que les ayuden a los estudiantes a desarrollar lo que las instituciones como la Unesco y el Ministerio de Educación llaman habilidades o competencias socioafectivas, como la empatía, la gestión emocional y el relacionamiento con otros.
  
  Katherin Nicole Copete, estudiante de noveno de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza, cuenta que muchas peleas están motivadas también por el bullying o irrespeto de algunos estudiantes hacia otros “que tienen capacidades diferentes, y también hacia algún compañero que no tiene algo”. Julián de Zubiría explica que los conflictos son usuales en la convivencia, pero al regresar al colegio, tras vivir situaciones de falta de acompañamiento, de autoritarismo o de violencia, las cosas no se canalizan bien. “Al retornar a los colegios llevan también esos problemas, esa ausencia de mediación. Faltó cariño, cuidado, la palabra sabia, el consejo del compañero…”, dice.

• Falta de acompañamiento escolar. El profesor Danilo Parra Murillo, rector del ITA,  piensa que un factor importante en el desorden y la desobediencia que han registrado en las instituciones tiene que ver con que los estudiantes estuvieron casi dos años trabajando con guías pedagógicas sin la supervisión de adultos, pues muchos estudiantes no tenían internet. “Los pelaos a veces hacían las guías o no las hacían y los profesores tenían que reportarles la calificación”.
  
  Martha Moreno, psicoorientadora de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza sede San Pedro, agrega que en la pandemia “se dialogaba poco con los hijos, siendo este un factor importante en la formación integral del ser. Los padres de familia se limitaron meramente a responder por las guías, cuando lo hacían, y descuidaron la comunicación asertiva y la práctica de valores”. 
  
  Para Nathalia Arbeláez, psicóloga y magistra en Educación, los padres y madres de familia, más que descuidar a sus hijos, tuvieron que priorizar cómo llevar comida a la mesa. Para ella lo que sí es claro es que en la pandemia los estudiantes ya no tenían en su día a día la estructura ni el acompañamiento incluso emocional que recibían en las escuelas. “El colegio ayudaba a los muchachos a organizar su día. En la pandemia no había esa estructura de: me levanto, voy a mi colegio, tengo necesidades que hago en contrajornada. Eso le da una lógica a la vida del niño y del adolescente. Como no estábamos en la escuela, muchos quedaron a la deriva”.

• Problemas económicos. Los profesores y psicorientadoras consultados por Consonante coinciden en que muchos de los padres de familia de sus instituciones son mineros informales o tienen otros trabajos que les demandan mucho tiempo y esfuerzo y poca remuneración. “Con hambre nadie quiere hablar. Cuando tú sales del colegio y no hay la esperanza de comerte siquiera un poquito de arroz, nadie tiene buen genio para hablar y nadie quiere trabajar (en las tareas)”, dice Eudecelina Ramirez. Para ella la situación económica ha sido un factor determinante en muchos de sus estudiantes. 
  
  El profesor Danilo Parra difiere. “No creo que sea la parte económica porque, aunque la mayoría de los padres son humildes mineros artesanales, hacen sacrificios para mal acostumbrar a los hijos y conseguirles ropa y celulares, menos utensilios académicos. Me decía un profesor de un colegio de aquí que en una clase le pidió a sus estudiantes que colocaran los celulares en el pupitre y todos tenían de alta gama, así que no creo que la parte económica afecte mucho”. 
  
  Sin embargo, para los expertos es claro que la parte económica es central, pues, además de que a muchos padres y madres les tocó escoger entre trabajar y acompañar a sus hijos, sigue habiendo dificultades en cuestión de infraestructura, como tener un computador, internet e incluso luz permanente.

¿Qué dicen los y las estudiantes?

• Diana Castañeda, estudiante de Nuestra Señora de la Pobreza, cuenta que sus compañeros “sí pelean, pero nunca he visto que lleven algún tipo de arma para agredir a otro. Cuando ellos pelean, los llaman a coordinación y allá les dan charlas formativas”.
  
• Katherin Nicole Copete cuenta que el encuentro con los compañeros ha sido bonito, pero sí ha presenciado agresiones. “Falta tolerancia, falta convivencia entre los compañeros”. 
  
• “La niña le cogió un poco más de pereza al estudio, se ve un poquito más la desobediencia y la niña se puso más hiperactiva en el colegio. Creo que es porque ellos estuvieron dos años sin compartir con amigos ni con docentes”, dice una madre de familia que prefiere no mencionar su nombre. 
  
• Óscar Alexander Perea se siente aliviado de volver a clases, pues “tuve muchos problemas para resolver esas guías. Ganaba de suerte”. Aunque siente que él y varios de sus amigos han mejorado sus lazos sociales, reconoce que “sí se han presentado muchas agresiones físicas y verbales, y en todas las instituciones. Es algo muy normal que pase”.
  
• Otra madre le dijo a Consonante que ha notado que a una de sus hijas se le ha dificultado volver a clases y dejar el hogar, pues ya estaba habituada. Sin embargo, les dice a los padres que pueden “buscar ayuda en las instituciones educativas, para que nos faciliten la forma de orientar a los niños”.

¿Cuál podría ser la solución?

Luz Karime Abadía considera que debe haber una “una estrategia a nivel nacional para brindar atención psicológica y socioemocional a todos los estudiantes y docentes y en general a toda la comunidad académica que lo requiera. (...) Para ello se requiere capacitar a los docentes. Necesitamos que todos los docentes o la gran mayoría estén en capacidad de, al menos, atender en un primer momento, poder tener las herramientas para atender situaciones y saber qué hacer en términos psicológicos, qué pasa si hay bullying en el colegio y, mejor, saber cómo prevenirlo”. 

Precisamente, funcionarios del Ministerio de Educación han empezado a visitar algunos colegios para aplicar la “Estrategia de Formación de Competencias Socioemocionales en la Educación Secundaria y Media”, aunque esta no ha sido ampliamente difundida ni aplicada en todas las instituciones. Nathalia Arbeláez considera que a nivel municipal también podrían ajustarse los Planes de Intervenciones Colectivas (PIC) para atender las necesidades socioemocionales de los estudiantes, así como “hacer un trabajo que incorpore a las secretarías de salud, de la mujer, las Comisarías. Todos tienen acciones, pero ¿hasta qué punto están articuladas”. Para ella, sin embargo, lo más importante es “escucharlos a ellos”, pues sus comportamientos pueden obedecer a problemas distintos.

Mientras tanto, en Tadó la Coordinación de Educación de la Alcaldía, tras el hecho en la Escuela Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, empezó dos procesos paralelos para afrontar los problemas de convivencia escolar. El primero trata de una serie de charlas sobre la importancia del respeto y la paz en las aulas. El segundo es un diagnóstico que pretende conocer qué está generando las riñas y cuál o cuáles son los detonantes. Este proceso lo está adelantando un equipo psicosocial con estudiantes y padres de familia, en el momento, de la Escuela Normal. 

“Una vez el equipo psicosocial termine las intervenciones, eso arrojará unos resultados que haremos públicos y tomaremos decisiones para mitigar esas consecuencias que han generado problemáticas mentales en los estudiantes, que se están reflejando en las instituciones tras el confinamiento”, dice Michael Córdoba.

Para escuchar y orientar a los niños y niñas, las instituciones tienen psicorientadores. Sin embargo, en el colegio ITA llevan más de un año pidiendo que les asignen una, y todavía no pasa, por lo que la institución no tiene a disposición de los estudiantes esta posibilidad.

En las instituciones educativas que sí hay psicorientadoras se han realizado charlas con los estudiantes, han citado a los padres y madres de familia y en varios casos han suscrito compromisos con padres y estudiantes para no repetir los hechos. “Nuestra estrategia es darles mucho afecto. Estamos todos en esa tónica, además de los encuentros con los padres de familia”, dice María Ernestina Murillo, psicorientadora.

Lo que sigue

La Coordinación de Educación espera el resultado de las intervenciones del equipo psicosocial para definir cuáles serán las acciones para resolver estos problemas.

Los docentes y directivos esperan que a nivel municipal, departamental y nacional implementen estrategias para mitigar esta situación. Para las psicorientadoras estas tendrían que estar enfocadas en atender la salud mental y emocional de los estudiantes.

La Rectora Eudecelina Ramírez llama a la comunidad educativa a prestarle más atención a los estudiantes y a que los padres y madres hablen más con sus hijos.

Soledad y miedo. Eso sintieron algunos jóvenes de Tadó en los días en los que la población estuvo confinada por cuenta de la orden del Clan del Golfo. Al menos así lo dejaron ver en cuatro dibujos que hicieron con el objetivo de intentar poner en imágenes lo que vivieron.

Consonante les propuso dibujar pensando en estas preguntas: ¿Para ti cómo se ve el pueblo en el paro armado? ¿Cómo lo viviste tú? desde lejos o desde cerca. ¿Qué sentimientos o pensamientos pasaron por tu cabeza y tu corazón durante esos días? ¿Cómo les ha afectado la situación de los últimos días? ¿Qué piensas de esta violencia? Cuatro jóvenes decidieron dibujar para expresar lo que sintieron y vieron: control, tristeza e incertidumbre. Los jóvenes enviaron sus dibujos a Consonante y explicaron un poco más sobre lo que querían representar. Estas son las ilustraciones.

La tristeza

Robert Arley Palacios Abadía, 21 años

Este joven dibujó la tristeza del encierro. Este paro armado ocurrió el fin de semana del Día de las madres, cuando tradicionalmente la población tadoseña está en las calles. Esta vez no fue así. “Quise mostrar la tristeza, porque en Chocó se vive mucha cultura, las personas son alegres y activas, pero cuando no pueden volver a la calle están tristes sin poder estar con amigos y familia”, dice.

El control

Edilmert Gabriel Murillo Mena, 18 años

El dibujo de Edilmert habla sobre el control de los armados sobre Tadó. “Siempre nos toca quedarnos en casa por el miedo de que nos vaya a pasar algo a nosotros o a nuestros familiares”, cuenta. Esto no se ciñe únicamente a este paro de las AGC o Clan del Golfo, sino también cuando los paros los decreta, por ejemplo, el Eln. La iglesia de Tadó dentro de la cabeza de un hombre armado representa el control de estos grupos sobre el municipio.

La incertidumbre

Jeiner Andrés Perea Andrade, 24 años

Miedo, zozobra e incertidumbre. Esos fueron los sentimientos de Jeiner durante los días de paro armado, pues estuvo lejos de su familia. Su representación gráfica muestra un panorama general, no de lo que pasó en Tadó, donde no hubo acciones violentas, sino de lo que pasó en otros lugares y pudo haber pasado en su pueblo. “Estar lejos de mi familia en momentos como ese… es más el temor que le puede a uno, de pensar en que pueden ser sorprendidos por actos terroristas, y que uno no puede hacer nada”, cuenta. Este dibujo lo hizo para mostrarlo, porque “a muchos no les ha tocado y ni se imaginan vivirlo”.

La ansiedad

Keira Daliana Ibarguren Ledezma, 13 años 

“Cuando hay un paro, mi pueblo se ve diferente. No hay comercio, la gente no sale, no hay clases. Siempre hay incertidumbre sobre lo que pueda pasar, como disparos o explosiones. La gente se mantiene alerta y a la defensiva”, dice Keira. Ella dibujó las calles de su pueblo y sus propios sentimientos: una niña que tiene muchas preguntas, tristeza y ansiedad. Y una cosa más, temor por el futuro, la posibilidad que abre la violencia. Para ella son las “metas incumplidas”.

Por qué es importante

El Estado colombiano ha reconocido en múltiples leyes, decretos y sentencias judiciales los derechos de las personas LGBT+, y entidades, como la Defensoría del Pueblo, han llamado a que tanto instituciones como personas en general los protejan y garanticen, pues las personas diversas se han enfrentado a discriminación y violencia por el hecho de ser quienes son. Según la organización Colombia Diversa, entre 2019 y 2020 al menos 448 personas LGBT fueron violentadas

¿Quién es Viviana Cartagena?

Viviana Marcela Cartagena Taborda se asumió públicamente como una mujer lesbiana a los 15 años. A pesar de que desde entonces ha sido discriminada, su autorreconocimiento le dio libertad. Algo esquivo para la población LGBT+ de El Carmen de Atrato. Viviana, a pesar de las agresiones verbales, se ha atrevido a mostrarse como le gusta, a actuar como quiere y a no esconderse. Esto la ha convertido en una figura visible e incluso irreverente en este municipio chocoano en el que el tabú alrededor de la diversidad sexual es tan fuerte que aún no existe un colectivo o una organización que defienda los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans. En la Alcaldía ni siquiera tienen un estimado de cuántas personas se reconocen como personas diversas en términos de  sexualidad y género. 

En una ocasión estuvieron cerca de visibilizarse públicamente cuando, entre 2018 y 2019, alrededor de 20 personas comenzaron a reunirse para hablar sobre sus derechos con el acompañamiento de la Fundación Johana Maturana. Sin embargo, el proceso se detuvo con la llegada de la pandemia y, de nuevo, se impuso el silencio.

Sentada en un café del parque principal, Viviana Cartagena —quien a sus 30 años trabaja como instructora deportiva en la Alcaldía— habló con Consonante sobre el rechazo que existe en el pueblo hacia las personas LGBT y la necesidad de que la población local les dé el respeto que merecen. 

Consonante: Cuando te asumiste públicamente como lesbiana, ¿enfrentaste discriminación?

Viviana Cartagena: Sí, eso fue de todo. "Machorra, lesbiana, usted es un hombre, usted va a acabar con todo aquí en El Carmen de Atrato. Eso es del diablo, tan cochina, tan desagradable".

Con mi mamá especialmente viví algo muy fuerte, porque ella no lo aceptaba, nunca me trató mal, pero no paraba de llorar. No entendía el tema. ¿Por qué si yo era mujer me gustaba otra mujer? Y el bullying, o que las personas que uno quería se alejaran porque lo trataron a uno como si tuviera una enfermedad. En ese momento yo salí del clóset con una pareja y la suegra de ese entonces nos trataba súper feo, nos hacía escándalos, le pegaba a mi pareja de ese momento por ser lesbiana. Fueron episodios muy duros.

C: ¿Conocías otras personas que se autorreconocieran como población LGBT en ese momento?

V.C.: Cuando yo salí del clóset, si había cuatro personas declaradas, eran muchas. Decir lesbiana y gay eso era como.. O sea, sigue siendo un tabú, pero decir esas palabras era hasta malo. "No, no voy a dejar juntar a mi hija con usted, porque se va a volver lesbiana", decían. 

C: ¿Ha cambiado ese panorama?

V.C.:Realmente, y con el dolor en el alma, tengo que decir que no. No ha cambiado y tal vez vamos de mal en peor. Cuando se me hace la pregunta de si ha crecido el número de lesbianas y gays, sí se lo puedo decir: ha crecido bastante, pero el hecho de que crezca este número no quiere decir que nos acepten. Tal vez las familias se hacen las que entienden cuando son cosas de lejos, pero cuando es alguien de la familia, que los toca a ellos, se vuelve un descontrol total. "No acepto, no apoyo, se me va del pueblo, no le voy a dar más estudios". Y eso no es algo que uno elige, uno nace. Uno nace así y se demora en mostrarse como es verdaderamente por el miedo, el estigma, el rechazo, el bullying. 

Lastimosamente, desde hace 15 años que salí del clóset a pleno 2022, las cosas no han cambiado. El rechazo es algo fuerte con lo que tenemos que trabajar todos los días y a lo que nos tenemos que enfrentar las personas de la comunidad LGBT aquí en El Carmen de Atrato.

C: ¿Cómo explicas que más personas están asumiendo públicamente su orientación sexual o identidad de género diversa a pesar del rechazo de la sociedad? 

V.C.: Suena muy cliché, pero yo creo que es el amor. Nadie es ajeno a que el amor lo toque. Eso es lo que ha hecho que la gente diga: soy lesbiana, no me voy a esconder, quiero quiero vivir mi amor, quiero saber qué es esto. Yo creo que puede más la fuerza del amor y el querer ser y el mostrarse como uno es. Nos enfrentamos a mucho bullying y rechazo. ¿Qué otra respuesta podemos dar si vamos a darnos el lujo de demostrarnos y enfrentarnos a todo esto? ¿A son de qué? A son de ser lo que queremos ser.

C: ¿Cuáles son las principales barreras que impiden que muchos se atrevan? 

V.C.: La barrera principal es la familia. Por ejemplo, por el hecho de que yo sea lesbiana, no dejan juntar a sus hijas conmigo porque "se le va a pegar la enfermedad de ser lesbiana". En mi trabajo como instructora deportiva, manejo todo tipo de edades y algunas personas dicen: “no, no voy a permitir que mi hija vaya allá, porque la profe es lesbiana”. O: “usted me la va a volver lesbiana”. O: “usted va a querer estar con todas las niñas”. El hecho de que yo sea lesbiana no quiere decir que me gusten todas las mujeres, y hay algo que cuando uno es profesional los profesionales no tiene que ver absolutamente y son cosas que tienen que entender las madres de familia y las personas que hacen parte de estos procesos deportivos. Pero no puedo decir que he tenido algún rechazo en el trabajo, son más bien como chismes de pasillo.

C: ¿Qué ha pasado con la política pública LGBT?

V.C.: La política pública hace demasiada falta. Se han demorado en crearla, en constituirla, hacerla institucional. Por medio de la política pública podemos crear estrategias con la ayuda de las diferentes instituciones para que este tema se vuelva más visible y la gente tenga un mejor conocimiento y no siga creyendo que esto es una enfermedad. También para que desde todas las instituciones se pueda tener el apoyo para que para que entiendan que uno necesita ser. Una persona lesbiana, gay, bisexual que sepa lo que quiere y no pueda mostrarse tal cual es, va a tener consecuencias en todos sus ámbitos, en toda su personalidad, no va a poder ser. 

Vamos a tener niños tristes, vamos a tener jóvenes que no van a saber qué quieren ser cuando sean grandes, porque si no saben aún cómo salir verdaderamente de lo que son, no van a tener sus ideales claros y no van a ser personas que crean en sí mismos. Entonces la política pública se necesita urgentemente para educar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a los abuelos, a los profesores. Los profesores son los primeros aquí en juzgar, en decir: “a usted no le gustan las mujeres, es que usted es una esto, eso es un bobada suya o usted tienen que quejar que un hombre le haga lo que ya sabemos para que vea que no le gustan las mujeres”. O: “usted no me va a entrar a clase”, o “usted no se me va a hacer en grupo con aquellas porque usted es lesbiana”. Desde las desde los salones de clase, vemos esto, entonces necesitamos políticas públicas que sean de apoyo para las mujeres, para la comunidad LGBT y para las diferentes organizaciones.

C: ¿Qué crees que debe pasar para que esto empiece a cambiar?

V.C.: En los colegios debería de ser un tema. Así como se habla de planificar, del aborto, y de todos esos temas intrafamiliares. El tema de la comunidad LGBT es algo sumamente importante. Aquí hay mucho machismo. Aquí ven un niño jugando con una muñeca y de una se la quitan: "no, es que usted es un hombre", le dicen. 

Es importante comenzar a tratar estos temas desde las familias. Que las familias tengan un buen conocimiento de esto y que no cierren las puertas a hablar con sus hijos, porque muchas cosas pasan por falta de conocimiento.  Y no solamente en la comunidad LGBT.  Nos tratan esto como si fuera una enfermedad y no lo es. Siempre he dicho que no necesitamos que nos comprendan, que nos echen al bolsillo, como se dice, pero que sí nos respeten, y respeten nuestra forma de ser.  Somos un mundo diferente.

Por qué es importante

El 10 de noviembre del año pasado la Comisión de la Verdad realizó un acto de reconocimiento de la dignidad de las víctimas de El Carmen de Atrato al que no asistieron excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc, responsable de una toma guerrillera en el pueblo. Esto dejó insatisfechas a las víctimas, pues consideraron que les quedaron faltando respuestas importantes para terminar de entender las causas del conflicto. 

¿Qué pasó?

El 11 de noviembre, en Medellín, un grupo de 13 víctimas de El Carmen de Atrato se reunió con siete excombatientes del extinto frente Aurelio Suárez. Este encuentro fue el resultado de dos años de diálogos entre la Comisión de la Verdad y cada una de las partes. La reunión, aunque había sido planeada inicialmente para tener lugar de manera pública, resultó siendo privada por condiciones de seguridad. Las víctimas carmeleñas, entonces, viajaron desde El Carmen a Medellín el 10 de abril.  

Según Alba Ceballos, al inicio del encuentro hubo silencio y algo de tensión, pero una vez comenzó la conversación, el ambiente cambió poco a poco. Los excombatientes fueron claros en que no querían volver a la guerra y por eso estaban ahí. Por su parte, los representantes de la comunidad hicieron las preguntas que llevaban guardando por más de veinte años: ¿por qué escogieron El Carmen para hacer presencia? ¿Por qué la toma guerrillera? ¿Cómo elegían a quién secuestrar? Al finalizar la jornada, los excombatientes se comprometieron a averiguar con sus compañeros sobre algunos temas específicos de los que no tenían información en el momento, y algunas víctimas se acercaron a ellos y les dieron la mano.

¿Qué dijeron las exFarc?

Además de responder las preguntas que llevaron las víctimas, los excombatientes reconocieron su responsabilidad en hechos como el uso de los territorios indígenas y el desplazamiento de muchas familias como consecuencia de su accionar. En un comunicado publicado después del encuentro, los exguerrilleros dejaron escritas las verdades que reconocieron. Estas son algunas de ellas. 

- La toma guerrillera y los cilindros bomba

El 5 de agosto de 2000 un grupo de guerrilleros se tomó el pueblo a fuerza de cilindros bomba. En el acto, que se extendió por 18 horas, la guerrilla atacó la estación de Policía del pueblo, que está cerca de la Alcaldía y de la Iglesia, y junto a casas de civiles. Murieron tres policías y dos civiles, y el pueblo quedó destruido. Sin embargo, casi 22 años después, la gente seguía preguntándose por qué eligieron El Carmen “si este era un municipio pobre”, como dijo Anotnio Castro, coordinador de la Mesa municipal de Víctimas. 

Los excombatientes explicaron que su llegada a El Carmen, en 1992, estuvo motivada por sus ideales políticos y su estrategia de expansión nacional, y que la toma no iba dirigida a la población civil. Según los excombatientes, lo hicieron por  “las alianzas entre los paramilitares, la Policía y el Ejército del Batallón Nutibara”, dice el comunicado. Además, señalan que hicieron uso de cilindros bomba porque eran “una guerrilla campesina sin dinero para adquirir armamento sofisticado”. “Debíamos derribar las trincheras bien elaboradas y muros de cemento de la Estación (de Policía), no teníamos otra alternativa que acudir a nuestros propios recursos elaborados artesanalmente y por ende imprecisos”, explicaron.

Sobre estos hechos, los excombatientes reconocieron su responsabilidad. “Fue una acción que solo realizamos los frentes 5, 34, 57 y 58 de las Farc-Ep (...), la hicimos sin ningún apoyo o alianza con otro grupo armado. La responsabilidad por los hechos es enteramente nuestra”.

Alba Ceballos, que perdió a su esposo en la toma, cuenta que los excombatientes pidieron perdón a las víctimas y enviaron un pedido de perdón a la población. Sin embargo, pensar en el perdón todavía es muy difícil para ella , entonces se limitó a escuchar. Aun así, insiste en la importancia de “la reconciliación entre todos y la reparación económica”. 

- La responsabilidad del desplazamiento y el daño económico

Tras la toma guerrillera aumentó el desplazamiento forzado en el municipio, que había ido en aumento desde la llegada de los paramilitares, en 1996. En el año 2000, según el Registro Único de Víctimas, se desplazaron 825 personas. En 2001 fueron 3.020. Esto también lo reconocieron los exguerrilleros, aunque dijeron que no era su objetivo. “Reconocemos que, como consecuencia de la toma guerrilla, parte de sus pobladores decidieron desplazarse y tuvieron que llegar a hacinarse al municipio de Quibdó, tratando de huir del horror; del pensar que en algún momento volverían tal vez a vivir un impacto tan fuerte como lo es un accionar militar”. 

Además, hablaron del señalamiento que sufrieron las y los carmeleños durante el desplazamiento, cuando tuvieron que  soportar “el ser estigmatizados desde aquel entonces y hasta ahora por tener su origen en El Carmen de Atrato, lugar donde nosotros hicimos presencia mediante la toma, pensando que eran cercanos a nosotros cuando no fue así”, dicen en el comunicado. 

Como lo han señalado las víctimas, el desplazamiento y la propia toma dejó grandes consecuencias a nivel de la economía de las familias. A esto se suma que las Farc les cobró vacunas a ganaderos, comerciantes, cafeteros, transportadores e incluso a Miner S.A. Esta responsabilidad también la aceptaron.

- Uso de territorios indígenas

Los excombatientes les dijeron a las víctimas que su presencia en la vía “La Trocha” tenía como objetivo mantenerse comunicados con el Frente Aurelio Rodríguez, el Valle del Cauca y el Oriente Antioqueño, por ventaja militar. Luego reconocieron la gravedad de haber ingresado a los resguardos indígenas, que están a los lados de esta vía. “Nuestra presencia, así fuera de paso, atentaba para ellos, contra sus creencias y prácticas tradicionales por ser el territorio en el que moran, sagrados y prohibidos para los demás”. No obstante, los excombatientes dijeron que fueron las Fuerzas Militares las que afectaron la movilidad de la gente en la vía al imponer bloqueos dirigidos a ellos.

- Reclutamiento y asesinatos

En el encuentro, los exguerrilleros reconocieron que reclutaron a tres jóvenes carmeleños conocidos por ellos como “David”, “Robledo” y “Guangarales”. Dos eran adolescentes y, según ellos, pidieron ingresar a la guerrilla. Los excombatientes dijeron que dos de ellos murieron y uno desertó. “Reconocemos que este reclutamiento, aunque voluntario, generó dolor y sufrimiento a sus familias”, dijeron. Además, también reconocieron el asesinato de dos exguerrilleros del Ejército Revolucionario Guevarista (Erg) que, según la versión de los exFarc, eran “informantes y guías del Batallón Nutibara”.

La controversia

Aunque han pasado tres semanas desde el encuentro, las víctimas que no asistieron no han recibido información detallada sobre lo que pasó en Medellín. Para Jhon Edwin Mejía, un sociólogo que acompaña a la Organización de Víctimas de la Violencia de El Carmen desde hace cinco años, muchas personas están inconformes porque a pesar de que acordaron que se realizara de manera privada y eligieron a sus representantes esperaban tener mejor comunicación. “Quienes participaron en el evento no realizaron un informe o le dieron detalles a quienes no asistimos de lo que fue ese encuentro o de lo que fue ese diálogo, más allá de uno o dos comentarios. Tampoco la Comisión de la Verdad generó un documento en el que se pudiera saber en qué terminó ese encuentro”, dice Jhon.

El acompañante de las víctimas, además, cuenta que algunas personas decidieron no continuar con el proceso de la Comisión tras el acto de reconocimiento de noviembre del año pasado.

Lo que sigue

• Las víctimas que no asistieron al encuentro siguen esperando un informe o comunicado en el que las personas que asistieron les cuenten qué pasó y qué verdades salieron a flote. 

• Con este encuentro finaliza el acompañamiento de la Comisión de la Verdad en el proceso. La información que Farc se comprometió a aclarar deberá enviársela a las víctimas.

* La foto de portada de este artículo fue cambiada el 4 de mayo a las 3:30 p.m.

Por qué es importante

Tadó es un municipio principalmente consumidor, pues son pocos los alimentos que se producen en el pueblo. Además de las musáceas (plátano, primitivo y banano), se siembra yuca, papa china y chontaduro; y se crían pollos, peces y cerdos. Sin embargo, algunos de estos productos no están disponibles en el mercado local todo el año. 

Qué está pasando

Conseguir un plátano o un primitivo para hacer el desayuno o echarle a la sopa se ha convertido en una tarea complicada para las familias tadoseñas. Ya no se encuentran grandes cantidades de estos alimentos, vitales en la dieta de la gente, y los pocos que hay se venden rápido.

Al mismo tiempo, otros alimentos han subido de precio. Este es el caso del pollo, el pescado y el cerdo. El año pasado una libra de pollo costaba entre 4 mil y 5 mil pesos, y ahora se consigue por entre 6 mil y 9 mil pesos. El pescado pasó de costar entre 4 mil y 5 mil por libra a 6 mil o 9 mil pesos. El cerdo, que valía entre 7 y 8 mil pesos, ahora puede llegar a costar hasta 12 mil pesos por libra. El huevo, que en febrero y principios de marzo no se conseguía, alcanzó un valor de 18 mil pesos por 30 unidades.

En este contexto, a muchos ya no les alcanza el dinero para comprar la comida. Juana Torres dice que hace algunos meses con 50 mil pesos le alcanzaba para comprar una arroba de arroz, un galón de aceite y algo más, pero que ahora escasamente logra comprar aceite y media arroba de arroz. Además, ha tenido que dejar de comprar otros alimentos y elementos no prioritarios para su hogar.

Las posibles causas de la escasez

• Una plaga. Una enfermedad ha provocado que las plantas de musáceas, banano, plátano y primitivo o pía, se marchiten y no den frutos. Aunque Tadó no es un gran productor a nivel departamental, estos alimentos sí son fundamentales a nivel local. Lo más preocupante es que aún se desconoce de qué plaga se trata, por lo que no hay un remedio a la vista.
  
  Marcelo Perea, coordinador de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), explica que tiene previsto hacer una visita a Tadocito, donde les han reportado de la plaga, “y poder darnos cuenta si son enfermedades de origen, que le corresponden al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) o si nos competen, porque sabemos que nos ataca mucho lo que es la sigatoka negra, la sigatoka amarilla y la podemos entrar a controlar directamente desde la Umata”. 

• El aumento de los precios de los insumos. En Tadó, lo que más se produce es pescado, pollo de engorde y cerdo, y el precio del cuido o concentrado, el alimento más común, ha aumentado significativamente. Esto ha encarecido el proceso de producción. Por ejemplo, el año pasado el bulto de concentrado costaba 78 mil pesos y este año está en 98 mil. Desde el inicio de la pandemia, otros insumos utilizados para cultivar también aumentaron de precio. Rafael Fernando Mazo, comerciante de insumos agropecuarios, dice que sumado a los altos precios, muchos campesinos no saben cómo establecer el precio de sus productos. “El campesino después de todo un año de bregar con sus productos, no sabe a cómo vender y vende a cualquier precio. Eso no le compensa el costo de vida y todos los días es más pobre”.

• La gente ha dejado de cultivar. En Tadó no está actualizado el censo agropecuario, por lo que no se sabe a ciencia cierta cuántas personas trabajan en el campo ni qué cultivan. Según Marcelo Perea, esto se debe a la inestabilidad política del municipio hasta finales del año pasado, cuando el alcalde Cristian Copete volvió al poder. Sin embargo, para él y para el secretario departamental de Desarrollo Económico, Lorenzo Pacheco, es claro que en todo el Chocó se quedaron “sin mano de obra campesina”. 
  
  Según Pacheco, esto tiene varias razones, pero para él la más importante es la falta de carreteras y ríos navegables que hagan más sencillo y económico sacar la producción a los centros poblados es una de ellas. De hecho, el mismo plátano que se produce en Tadocito no puede ser transportado por el río porque ya no es navegable. Entonces “todo el mundo se aburre y se va para las cabeceras municipales. Los jóvenes estudian y lógicamente ya no cogen hacha ni pala ni motosierra, sino que van al campo a hacer otras cosas”, explica Lorenzo Pacheco. Para los jóvenes en Tadó hay otras alternativas más atractivas que sembrar o criar animales, como la minería o incluso el rebusque. El campo envejece y cada vez hay menos personas produciendo alimentos. 

Qué dice la gente

• “Es triste que algo que es de nuestra comunidad y utilizamos tanto en las sopas y sancocho, ya no se vea. Estamos utilizando la pasta (para las sopas) por la ausencia del plátano”, dice Yeisy Eliana Perea, habitante del municipio. Además cuenta que ahora desayuna con pan o galletas en vez de hacerlo con primitivo. Ella considera que la escasez y la poca producción de alimentos se debe también al abandono del campo y el conflicto armado que padecieron los campesinos.

• Laura Sofía Perea, madre de familia del corregimiento de Playa de Oro, tuvo que cambiar el desayuno habitual de su casa, que era con plátano o primitivo, por arepas, yuca y papa. “Un racimo de plátano lo conseguimos a 20 mil o 27 mil pesos, cuando antes lo conseguíamos a 10 mil pesos”, explica. Además, cuenta que en su familia ahora tienen que comprar todo, porque ya no cultivan por miedo a encontrar una mina antipersonal. El último accidente de este tipo se reportó en 2016, pero la gente no está segura de que el territorio esté libre de peligro. 

• “En las comunidades no estamos comiendo bien porque el banano, el plátano y el pía casi no se están dando. Para volver a comer bien tenemos que sembrar”, dice Yirley Sauqui Tanicamo, integrante de la comunidad indígena de Tarena. Una parte del plátano y el primitivo o pía que se comercializa en Tadó viene de comunidades indígenas. Yirley agrega que el incremento en los precios de los alimentos le impiden a muchas personas comprar la comida. “Los que tienen la posibilidad para comprar, compran; los que no, comen su bananito, pero no es como antes”.

Las posibles soluciones

• Hacer el concentrado para los animales. En las actividades pecuarias, como lo que realmente incrementa el precio del producto es el costo de los alimentos para los animales, el Sena, en cabeza del instructor Leonardo Mosquera, ha desarrollado iniciativas para que la gente elabore su propio concentrado. Dennis Perea es uno de los productores que lo está haciendo. “La verdad que yo casi no siento mucho el alza, porque estoy preparando mi propio concentrado. La materia prima, por ejemplo, que es el maíz, la compro en Medellín y me sale más económico. Los nutrientes también los compro allá, entonces yo hago acá la premezcla, de acuerdo a la fórmula que tengo”. Según Mosquera, una buena práctica es utilizar suplementos alimenticios con plantas y productos de la región mediante el ensilado, que es un proceso de conservación de la tierra.

• Asociarse. En Tadó no hay alianzas que le permitan a los campesinos garantizarles a los comerciantes sus productos, sino que cada quien va por su lado. Dennis Perea, por ejemplo, dice que, a pesar de que tiene buena capacidad de producción, no puede sacarla toda al tiempo. “Tengo cuatro galpones que tranquilamente a cada uno le puede caber 800 y hasta 1.000 pollos. Tengo estanque que uno le puede echar 20.000 hasta 30.000 alevinos, pero no puedo sacar todo ese producto de una vez porque el mercado no está asegurado, entonces yo tengo que irlo sacando de a poquito”.
  
  Una posible solución podría ser asociarse. Desde la secretaría de Desarrollo Económico del Chocó están empezando unas mesas de trabajo para que esta organización se haga por producto a nivel departamental. Lorenzo Pacheco lo explica así: “la idea está orientada a que esos productores se organicen porque en la misma mesa exige que haya unos eslabones, una cadena, en la que debe haber el productor, el que transforme, el que comercialice. Con esto podemos presentar unos proyectos creíbles y de compromisos”. Ya conformaron la del coco y tienen pensado hacerla con otros alimentos, como el chontaduro y el plátano. 
  
  Además, están formulando una alianza productiva para vincular a 40 productores de plátano. Esta se presenta ante el Ministerio de Agricultura y, de aprobarse, los campesinos tendrían asegurado que les van a comprar la producción, posiblemente en Istmina, como propuso una alianza del chontaduro, ya aprobada. Para Marcelo Perea esto podría “estimular a los campesinos para que siembren más”, porque habría más demanda. 

• Apoyo municipal, departamental y nacional. Algunos productores dicen que hacen falta políticas públicas y apoyo por parte de las entidades competentes. Además de acompañamiento de la academia, de modo que puedan tecnificar el campo y aprovechar los programas, proyectos y convocatorias para mitigar los impactos externos y ambientales. La Umata y la Secretaría de Desarrollo Económico reconocen que las políticas públicas hacen falta, aunque a nivel departamental el secretario dice que están investigando a qué deben responder específicamente.
  
  Sin embargo, para Lorenzo Pacheco el cuello de botella es que no hay vías. “Los campesinos le dicen a uno: asegúrenos los mercados. Salimos, nos movemos, una rueda de negocios, pero cuando se trata de garantizar los productos, si se necesita en Bogotá, debo ponerlo en Bogotá. Pero si no se puede sacar desde la parte local, entonces se incumple”. El funcionario agrega que los contratos con mercados nacionales no se están firmando “porque los departamentos sin carreteras no pueden hacerlo”. Por eso pide a las instituciones del nivel central que crean en el potencial del Chocó para invertir en la infraestructura.

Lo que sigue

Más allá de esto, la escasez parece ser también el resultado de un problema de base, que es lo poco rentable que resulta trabajar el campo, así como la dependencia del Chocó de otros departamentos que producen, por ejemplo, el maíz con el que alimentan a los pollos, o de la incapacidad de transformar esos productos en concentrado para los animales. 

Según Marcelo Perea, la administración municipal está empezando el proceso de contratación para visitar Tadocito con el ICA y atender la plaga del plátano. Además, dice que buscarán apoyo departamental  “para ver si se hace un eco y nos escuchan para ver cómo se promueven incentivos que mitiguen el costo de los insumos”. De esta manera esperan que las pérdidas disminuyan y las alimentos no sigan encareciéndose. El secretario departamental Lorenzo Pacheco, por su lado, asegura que se compromete “a investigar qué está pasando con ese tema (la escasez) en Tadó”, pues no está claro si este problema va a continuar aunque se erradique la plaga.

Los campesinos esperan trabajar con las entidades competentes, Umata, Alcaldía, gobernación e incluso el ICA, para buscar estrategias que les permitan mitigar o solucionar las problemáticas expresadas, a través de programas y proyectos.

Por qué es importante

El empleo para las mujeres colombianas sigue siendo un reto. En enero de 2022, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo fue de 11,2 por ciento. Sin embargo, en el caso de las mujeres esta cifra fue mayor pues se ubicó en 19,4 por ciento. Esto, a pesar de que se registraron 913 mil mujeres ocupadas más que en el año anterior. Según la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, este dato significa una gran recuperación de los 1,5 millones de empleos que perdieron las colombianas por la pandemia del Covid -19.

¿Qué está pasando?

En El Carmen de Atrato hay al menos tres factores que influyen en la falta de empleo para las mujeres:

• No hay oferta de educación superior. Las opciones de estudio en el municipio llega hasta el bachillerato y para estudiar en una universidad, pública o privada, deben irse a otra ciudad. Pocas personas pueden pagar los costos que implica el cambio de territorio. El resultado es la baja cualificación en la población femenina.

• Pocas fuentes de empleo. Las dos mayores fuentes de empleo son la Minera El Roble y la Alcaldía Municipal. Aunque ambas hacen esfuerzos para emplear mujeres, no parecen alcanzar. Para 2020 el 16 por ciento del total del personal de la mina estaba compuesto por mujeres. Una cifra ligeramente superior al promedio nacional del sector, que se ubica en 15 por ciento, según un estudio de 2020 de la Universidad de Antioquia. El municipio, por su parte, cuenta con una planta de personal “en la que el 90 por ciento son mujeres”, afirma la gestora social, Xiomara Murillo.

• Dedicación a labores de cuidado no remuneradas. Las tareas del hogar y la crianza de los hijos siguen siendo responsabilidad principal de las mujeres. Además, quienes tienen parejas masculinas que trabajan por fuera de la casa, también se dedican a atenderlos y, según varias organizaciones de mujeres, es frecuente que los varones les prohíban trabajar. En el caso de las madres solteras, tienen que encontrar formas de llevar sustento a sus casas y, al tiempo, encargarse del cuidado. 

Las mujeres que están haciendo las cosas diferente

En El Carmen hay quienes están impulsando los derechos económicos y laborales de las mujeres a través de su trabajo. Consonante habló con cuatro carmeleñas que están convencidas de que la fuerza de transformación del territorio viene de ellas. Estas son sus historias.

• Mujeres Artesanas Carmeleñas: 15 años de juntanza artesana

En una esquina del parque principal de El Carmen de Atrato está “la casa de las Mac”, como las conocen. Son las Mujeres Artesanas Carmeleñas, y desde 2008 encontraron en la marroquinería una opción para generar ingresos económicos. Pero, sobre todo, lo que han encontrado en este trabajo, es independencia y juntanza femenina.

Eucaris Ramírez, artesana, es de la vereda Guaduas y vivió allá hasta que se tuvo que desplazar a causa del conflicto armado. Era modista, así que siempre tenía trabajo por hacer. Sin embargo, en su casa sufría violencia machista por cuenta de su pareja de entonces. “A mí no me da pena, yo lo viví, pero siempre que usted tenga como mantenerse no tiene porque aguantar porque el otro tenga la plata. Uno tiene que salir adelante por su propio medio”, dice. 

Pensando en expandir ese mensaje, han puesto a la orden la casa para distintos talleres sobre violencia de género y otras capacitaciones. Aunque no ha sido sencillo. “Comenzando era muy difícil para las que tenían sus esposos, porque no lo veían como venir a trabajar, sino que ellas tenían que estar era en la casa. Siempre vivieron dificultades. Comenzamos viniendo medio tiempo y luego ya todo el día. Y pues los esposos aceptaron eso”, cuenta Eucaris. El espacio del trabajo también tuvieron que conquistarlo en sus familias. 

Las mujeres artesanas están ahí porque les gusta, “porque nacimos con ese arte”, dice Eucaris. Pero no ha sido fácil. Pueden pasar dos meses sin vender nada. Cuando comenzaron eran 15 mujeres, pero el gran esfuerzo que debían hacer no necesariamente se veía reflejado en dinero, por lo que muchas se salieron. Hoy quedan seis. Hacen billeteras, bolsos, correas y llaveros, todo a mano, y lo venden en el mercado local, pero también en Quibdó, donde gusta su técnica y color.  

Por eso lo que piden es que desde la administración municipal hagan gestiones para impulsar su trabajo y sus ventas.  “Si eso fuera posible, pues nosotros daríamos más empleo”, explica Eucaris Ramírez. 

• Muproca, una iniciativa por las mujeres víctimas

Cuando la organización Mujeres Productoras de Cárnicos (Muproca) empezó, en 2016, l20 mujeres llevaron sus propios cuchillos y tablas para picar las verduras. La producción del chorizo carmeleño, que fue lo que las llevó a unirse a la idea de María Eugenia Laverde, entonces gestora social del municipio, implicó trabajar sin recursos y con lo que tenían a la mano. 

María Eugenia recuerda que llegó al cargo con la intención de sacar un emprendimiento adelante. “Las mujeres manifestaban que estaban sin empleo, que no tenían para darles el estudio, la ropa a los hijos o llevarles comida, entonces a mí eso me empezó a atormentar, porque mi mamá vivía un proceso así con nosotros cuando éramos pequeños, pasó muchas necesidades.Yo me imaginaba que estas muchachas también estaban viviendo lo mismo”, explica. 

Sin recursos, pues afirma que como gestora social no tenía asignado un presupuesto, convocó a las mujeres víctimas del conflicto para que empezaran a emprender juntas. Ahumaban el chorizo en un fogón improvisado, los empacaban en bolsas plásticas y lo vendían a la gente del pueblo, “pero las ventas eran muy escasas, porque acá hay mucha gente que hace chorizo y es un pueblo pequeño”, dice María Eugenia. “Entonces dijimos: ¿por qué no ofrecerle a la mina? Porque allá pues tienen cantidad de empleados. Hicimos una propuesta y la llevamos, les dimos una degustación de chorizo, les gustó y ellos son los que nos han venido apoyando desde el año 2017”, agrega. Con ese apoyo han podido mejorar sus condiciones: sacaron el registro INVIMA y la mina las dotó de maquinaria para hacer mejor el trabajo.

El dinero, aunque lo dividen equitativamente, sigue sin ser mucho, y por eso ya solo hay cinco mujeres en la organización, dos de ellas son adultas mayores. El objetivo es que el emprendimiento crezca y tengan la posibilidad de enviar el chorizo carmeleño a otras ciudades de forma constante y no esporádica como ha sido hasta ahora.

• Mujeres Construyendo Porvenir: un trabajo remunerado para las madres cabeza de familia

Marisbey Correa crió a sus tres hijos como madre cabeza de hogar, y por eso siempre pensó en formas de hacer compatible el trabajo de cuidado con otro trabajo remunerado. Pensó en hacer velas, traperos y hasta detergentes artesanales, pero después de analizar y desechar estas ideas entendió que a su alrededor tenía una mejor opción: las frutas que se producen en el municipio. Así que optó por procesarlas y convertirlas en pulpas. 

Comenzó sin plata, pero con convicción. Invitó a madres cabeza de hogar que conocía y logró juntar 15. Pidió plata prestada, registró la organización ante la Cámara de Comercio y empezó. Tenían una licuadora, una pesa de reloj y una vela y una sierra para sellar las bolsas. “Empezamos empíricamente”, dice Marisbey. 

En los tres años y medio que llevan trabajando han contado con el apoyo de la mina, que les compra las pulpas para la comida de los trabajadores. Además, en el pueblo las conocen y comercializan sus productos tanto con supermercados como con familias comunes. Para su fundadora, lo más importante es que la microempresa se ha convertido en el sustento de las ocho mujeres que continúan trabajando allí. Es su posibilidad de independencia económica.

“Hay muchas mujeres que pueden tener un esposo o un compañero en la casa, pero el machismo sigue y entonces dicen: no, ellos no son hijos míos. A mí no me corresponde llevar un arroz ni levantar a sus hijos. Entonces las mujeres tienen que trabajar siempre. Estos emprendimiento son muy importantes para que las mujeres puedan tener su independencia. Son madres cabeza de hogar que pagan arriendo, que tienen que comer, dar el estudio a sus hijos, el vestido, la medicina”, explica Marisbey.

Para ella, es claro que las mujeres carmeleñas necesitan oportunidades de empleo y no promesas vacías de campañas políticas, porque “en el momento de que llegan al poder se les olvidan verdaderamente las necesidades de estas mujeres”. Su sueño es que Mujeres Construyendo Porvenir se convierta en una empresa con más capacidad que pueda aportar al desarrollo de las carmeleñas.

• Jeraldin, la única mujer minera de El Roble

Jeraldin Monsalve es carmeleña e ingeniera junior del área de mina de Miner S.A. Hizo sus prácticas profesionales en la empresa y se quedó. Cuando habla de su trabajo, se le escucha la emoción. Habla de mezclas de concreto, del laboratorio de relleno y de máquinas con propiedad. Actualmente, es la única mujer que trabaja en la mina por fuera del área administrativa o en labores de apoyo, aunque no es la primera. 

En los últimos años, la presencia de las mujeres en la empresa ha aumentado. “No había gente capacitada en el pueblo para ejercer estos cargos, pero la gente se ha ido preparando”, afirma. Para ella, es clave que la mina pueda abrirles las puertas a la población carmeleña y especialmente a la femenina, porque les da la posibilidad de “estar con la familia y en el pueblo, donde la vida es más económica. Tenemos la posibilidad de crecer, aprender y tener una economía mejor”. 

Sin embargo, es consciente de que mientras no haya posibilidades de educarse, la situación no cambiará mucho. “La única solución es la educación. Podemos mejorar esa situación de maltrato, machismo, de mujeres que no ven una solución, dándoles la oportunidad de aprender”. Para ella esto podría pasar si llevan al pueblo opciones de estudio técnico, tecnológico y profesional.  

Por qué es importante

El problema de las vías es uno de los que más afecta la vida de los habitantes del municipio, pues los derrumbes son frecuentes y el municipio no tiene la maquinaria necesaria para atender las emergencias. Para algunas personas, estas lluvias prenden las alarmas, pues las olas invernales de noviembre de 2020 y de marzo de 2021 generaron fuertes afectaciones en la estructura vial, la movilidad, el saneamiento básico e incluso en algunas viviendas del municipio.

Omar David Benítez, secretario de Planeación, es el encargado de gestionar la infraestructura del municipio. En entrevista con Consonante explicó cómo ha actuado la Alcaldía en los últimos días.

Consonante: ¿Cuál ha sido el impacto de las lluvias de los últimos días sobre las vías de acceso a la veredas y al municipio?

Omar Benítez: Hace poco empezaron las lluvias en nuestro municipio y tenemos varias afectaciones: un deslizamiento en la vereda La Argelia, donde en ese momento se encuentra una pajarita haciendo la remoción del derrumbe con el fin de dar paso provisional porque la vereda en este momento está incomunicada. Se le solicitó apoyo al Consorcio Vías y Equipos, contratista del Instituto Nacional de Vías. También en la vereda Guaduas. De igual manera, ahí en el sector El Recodo y más abajo, cerca de la familia de Patricia Úsuga, sucedió una avenida torrencial, donde la quebrada creció y no hay paso. El tema es que la vivienda sí se encuentra muy cerca a esta quebrada. Desde la Oficina de Planeación Municipal queremos enviar el mensaje para que las personas no construyan a orillas de quebradas, a orillas de ríos, en zonas de alto riesgo cerca a deslizamientos.

También se nos vinieron unos deslizamientos en la vía que conduce al municipio de Urrao, Antioquia, lo que llamamos El Carmen - Depresión La Eme. Tanto la vía a Guaduas como la vía El Carmen - Depresión La Eme son vías que están a cargo del Instituto Nacional de vías. Se han radicado las diferentes solicitudes con el fin de recibir apoyo. Lo que podemos decir en este momento es que se está trabajando en la vereda La Argelia y que próximamente vamos a trabajar en la vereda Guaduas. 

C: ¿Con qué maquinaria cuenta el municipio?

O.B.: El municipio cuenta solo con una pajarita o retrocargador de llantas. No tenemos la suficiente maquinaria amarilla para atender las diferentes emergencias, por eso nos toca con el apoyo de terceros. En este momento la pajarita se encuentra ubicada en El Siete, hay que cambiarle las llantas, entonces está inoperativa. De igual manera, estamos trabajando con el apoyo de la minera El Roble en la vía que conduce a Urrao, ya hay paso provisional pero entonces estamos pendientes de la vereda Guaduas.

Muchas veces nosotros trabajamos no solo desde el municipio, porque estos municipios de sexta categoría tienen muy pocos recursos, sino a través de terceros del sector público y terceros del sector privado. Contamos con el apoyo de la empresa Minera El Roble, ellos nos facilitan maquinaria amarilla para dar paso provisional en las diferentes vías terciarias a cargo del municipio. De igual manera, nos prestan apoyo los contratistas del Instituto Nacional de Vías que trabajan en ese momento en el corredor vial, en la transversal Quibdó-Medellín.

C: ¿Cuándo planean arreglar las llantas de la pajarita del municipio?

O.B.: Estamos adelantando el proceso interno, la contratación. Las administraciones públicas trabajan con cotizaciones y un proceso de contratación. Ya estamos en eso porque es muy importante tener estas llantas como ayuda para gestionar esas emergencias.

C: Respecto al arreglo de la vía a Guaduas, hace un mes estaban a la espera de que Invias hiciera una visita al territorio. Finalmente, ¿qué pasó con esa visita?

O.B.: En Invias vincularon a la territorial Chocó y con estos funcionarios se hizo una visita con la participación de la Presidenta de la Junta de Acción Comunal y unas personas conocidas de la vereda. La visita de campo con la Oficina de Planeación se hizo el 11 de febrero. Hicimos el diagnóstico y el reconocimiento, donde se les presentó un informe con registro fotográfico al día y quedamos en que el Invias elaboraba el presupuesto de obra para construir y reconstruir las obras principales que hacen falta para tener paso provisional, porque estamos hablando aproximadamente de 23 kilómetros aproximadamente. Es una vía que carece de obras de arte (drenajes, cunetas, entre otros), tiene muchos sitios inestables y hay que hacer unas obras de drenaje y mantenimiento. 

Insisto, esto tiene que ser a través de proyectos porque nosotros como municipio no tenemos la maquinaria suficiente para para hacerle mantenimiento, entonces estamos esperando que el Invías nos presente el presupuesto para gestionar los recursos. Sino es con el Ministerio de Transporte, buscaremos otras entidades como la Unidad de Víctimas o el Departamento para la Prosperidad Social.

C: ¿Qué otra solución han contemplado?

O.B.: Otra opción que se ha hablado con el alcalde es incluir esta vía en el programa Colombia Rural, del Instituto Nacional de Vías. En este se les instalan placa huellas a estas vías y se mejoran las condiciones. Sabemos que unas vías en buenas condiciones mejoran la conectividad y se mejora el transporte de los productos agrícolas y pecuarios que tiene la región, y mejora la situación económica para sus habitantes.

C: ¿Cuál es esa solución a largo plazo para mejorar la infraestructura vial del municipio?

O.B.: Para tener una solución a largo plazo tiene que ser con proyectos macro para poder hacer una inversión definitiva. Por el momento, lo que podemos hacer es atender y dar paso provisional. Toca formular unos proyectos y que nos ayuden las diferentes entidades para poder atender, porque es una inversión muy alta y el municipio no tiene cómo hacer este tipo de acciones. Se han radicado oficios en el Ministerio de Transportes, en Invias, hasta en Presidencia. 

Estas son unas peticiones, que es un inicio para poder formular ese tipo de proyectos, porque no es ir, mirar y tomar la foto. Los insumos de todo este tipo de proyectos son unos estudios y diseños en los que, por ejemplo que hay que actualizar la topografía de los 23, kilómetros o los 20 kilómetros. Hay que hacer estudios de suelos; estudios de Hidrología e hidráulica; el diseño del pavimento; si se tienen que hacer muros de contención, pues el diseño estructural del estudio del suelo; si se tiene que hacer puentes, como en el caso de la vía a Guaduas, los diseños del puente. Es una inversión que nosotros como municipio en este momento no tenemos cómo hacer. Necesitaríamos el apoyo de la Gobernación del Chocó o de otras entidades para poder hacer esto. 

Por qué es importante

En 2020, la mina produjo 44.534 toneladas de concentrado en las que se incluyeron 9 mil toneladas de cobre, 306 kilos de oro y poco más de una tonelada de plata. Esto, según Atico Mining, dueño del 90 por ciento de la Minera El Roble, representó una utilidad neta de 8,4 millones de dólares (unos 32 mil millones de pesos). Esta es la única mina de cobre en explotación en el país, y ha operado en El Carmen de Atrato durante 35 años. La minera se ha convertido en la mayor fuente de empleos directos e indirectos para la gente de este municipio en el que no hay empresas.

¿Qué está pasando?

Este 23 de enero vence el contrato de concesión que la empresa Minera El Roble, o Miner S.A., tiene con el Estado. Sin embargo, a pocos días del vencimiento de su licencia no se ha anunciado la renovación de la concesión. Desde 2020, Miner S.A. está bajo la observación de las autoridades porque no ha pagado el concepto de participación nacional ni las regalías correspondientes por su actividad. Es decir, no ha cumplido con la obligación que tienen las compañías petroleras y mineras de pagarle al Estado colombiano un porcentaje del valor de su producción por explotar yacimientos de un recurso natural no renovable.

¿En qué consiste el pleito por las regalías?

Según una cláusula del contrato suscrito en 1987, la empresa debía pagar el concepto de la participación nacional si producía más de 100 mil toneladas de mineral por año. Sin embargo, existen dos interpretaciones encontradas sobre este punto. Mientras que el Estado, a través de la Agencia Nacional de Minería, sostiene que estas toneladas son de “mineral bruto en boca de mina”, como lo dicen otras leyes, la empresa afirma que son de mineral concentrado.

Esta diferencia técnica ha mantenido enfrentadas a ambas partes. Pero para Darío Cújar, ingeniero de minas y metalurgia que ha investigado a fondo este caso, es claro que la empresa debía pagarle al Estado la participación nacional, al menos, desde 2014. "A partir de 2014, cuando entró Atico (como socio mayoritario), la producción ya subió a 138 mil toneladas por año de material en bocamina, y debieron empezar a pagar la participación nacional", explica. 

Además, desde 1991, en la nueva Constitución Política se estableció el concepto del pago de regalías, por lo que la empresa también estaría obligada a pagar este rubro, aunque el contrato fuera anterior. "En diferentes sentencias de demanda la Corte Constitucional ha reiterado que la regalía es un imperativo constitucional. Hay que pagarla", dice Cújar. Miner, entonces, debe este monto de 1991, que corresponde al 5 por ciento del material explotado (en caso de oro y plata, 4 por ciento) bajo un precio fijado por el Estado.

En 2017, la Agencia Nacional de Minería interpuso una demanda contra la empresa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el no pago del concepto de participación nacional. Luego, en junio de 2021, la Contraloría empezó a investigar a la ANM por no cobrarle a la mina alrededor de 22 mil millones de pesos por ese concepto, más intereses.

¿Entonces?

El 29 de diciembre de 2021, a menos de un mes de finalizar el contrato, Atico Mining, el socio mayoritario de la mina, anunció en un comunicado que llegó a un acuerdo de pago con la Agencia Nacional de Minería. Al día siguiente, mediante un comunicado, la entidad gubernamental celebró el “acuerdo de pago de 87 mil millones con Minera El Roble”. Esto con el fin de “normalizar el estado del título minero”. Este dinero, según Cújar, corresponde al pago de las regalías desde 1991 y sus intereses, y la participación ciudadana desde 2018 (pues entre 2014 y 2017 está demandado y deben esperar una decisión judicial).

Saldar esta deuda era un requisito para la aprobación de una nueva concesión que solicitó la empresa el 22 de enero de 2020 por medio de un oficio (con radicado Rad. 20205501003872). 

A la fecha no se conoce la respuesta a esta solicitud, aunque en el mismo comunicado Atico Mining asegura que “avanza favorablemente”. La empresa dijo que continuará trabajando después de la fecha de terminación del contrato, cosa que ya consultaron con la ANM.

El reclamo por la compensación

La posible renovación del contrato de Miner S.A. genera expectativa entre la población carmeleña. En los últimos años las divisiones a favor y en contra de la empresa se han hecho más profundas. En 2020, integrantes de la Mesa Social y Ambiental —ahora constituida como una fundación— hicieron un plantón para protestar por la llegada de una maquinaria pesada que, aseguraron, estaba dañando las vías del pueblo. Por otro lado, a finales del año pasado hubo una recolección de firmas en respaldo a la actividad de la mina y a los empleos que genera.

Muchos se preguntan sobre las labores de compensación que debería hacer la empresa en el pueblo. Esto, a pesar de que según el contrato firmado en 1987 la empresa no estaba obligada a elaborar y ejecutar planes de gestión social. De acuerdo con la respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, la Minera El Roble considera que ha realizado una serie de actividades sociales en los últimos años en beneficio de la comunidad. 

A pesar de que no demostró tener un Plan de Gestión Social, un requisito que actualmente contempla la ley para este tipo de concesiones, la empresa adjuntó una serie de videos en los que muestran que han apoyado a algunos productores y emprendedores, y otras publicaciones de Facebook en las que constan que desde 2020 tiene un programa de becas para apoyar la educación superior, aunque no especifica a cuántos jóvenes han apoyado y con cuánto dinero. Además, en otras publicaciones se refirió a préstamos de maquinaria para remover derrumbes, apoyo en la pavimentación de una vía, donaciones de pipetas de oxígeno al hospital, señalización del parque principal y la liberación de un venado, entre otras.

La cuestión ahora, de cara al nuevo contrato, es si el Estado podrá negociar cláusulas que traigan beneficios para la población carmeleña. Para Darío Cújar, es posible que eso suceda pues hay antecedentes. “La Drummond (explotación de carbón), por ejemplo, tuvo que comprometerse a hacer una inversión en temas críticos de la región en la que están. Además, había unas inversiones permanentes en el tiempo en el que fueran a estar en la región. También acordaron que en 10 años iban a otorgar 200 becas en diez años”, cuenta. En su opinión, “Miner es una empresa más pequeña, pero podría establecerse 4 o 5 becas anuales”, dice. Además, el investigador afirma que, conforme suba el precio del mineral, podría incrementar el valor de las regalías. 

¿Qué pide la gente?

Estos son los pedidos de varios sectores de la población de El Carmen de Atrato.

• Más diálogo y transparencia

El principal reclamo que se escucha en el pueblo gira en torno a la falta de participación de la gente en el nuevo proceso.“Me parece fundamental que se tengan en cuenta a las comunidades. Hace un mes y medio hablamos con la Agencia Nacional de Minería y les preguntamos por qué a la gente no la  convocan, por qué no tenemos derecho de participar con los señores de la compañía y la institucionalidad. La respuesta que ellos dieron es que eso no era necesario”, asegura Ramón Cartagena, presidente de la Fundación Mesa Social y Ambiental. 

Él, como otros carmeleños y carmeleñas, espera que se socialice el nuevo contrato y que se escuche a la comunidad en la construcción del Plan de Gestión Social que prevé la ley Ley 685 de 2001 y que desde el 9 de junio de 2015 deben adoptar los concesionarios que firmen Contratos de Concesión con la ANM. Otras personas piensan que tanto la empresa como el Estado deben explicarles qué está pasando, en qué va el proceso, pero esto no ha pasado.

• Proyectos productivos para impulsar el campo

En la memoria de los carmeleños y carmeleñas está la imagen de los y las campesinas del municipio sacando sus productos y enviándolos a Quibdó. Eso hoy no sucede. “Hoy es todo lo contrario, a nosotros nos tienen que mandar comida para sobrevivir”, dice Cartagena. Melvin Becerra, rector de la Institución Educativa Corazón de María, coincide. “Una empresa como Atico Mining debería estar pensando en cómo contribuir con proyectos estructurales para facilitar la transición en el momento en que la empresa deje de tener ese material disponible. El Carmen ha sido de vocación agropecuaria y debería haber unos proyectos desde la empresa, liderados por la administración municipal o en asocio, que permitieran que esa transición fuera cómoda y fácil para la comunidad. Ese tipo de proyectos no se conocen”.

Para ambos estos proyectos deben estar enfocados al restablecimiento de la cadena productiva a largo plazo. Para Ramón “se necesita inyectarle al campo unos proyectos robustos ya sea en ganadería, café o las hortalizas”.

• Más becas para educación universitaria y apoyo a las instituciones educativas

Jaime* es un joven estudiante universitario cuya familia trabaja en la mina, por lo que pidió proteger su identidad. Por esta razón puede acceder a un beneficio económico producto del trabajo del sindicato de trabajadores de la empresa: cada semestre la mina le gira un millón doscientos mil pesos para un parte del pago de su matrícula. “Eso lo agradezco porque con mis recursos no hubiese sido fácil entrar a la universidad”, asegura. Sin embargo, es consciente de que la mayoría de los jóvenes del municipio no tienen esa oportunidad. 

“En la mina se ve mucho el aporte al deporte en El Carmen, pero deberían tener más en cuenta a las personas que no se enfocan en el deporte sino que quieren ser abogados, médicos, psicólogos, aportarles más a los que quieren estudiar. Priorizar la educación universitaria”, dice. Según Darío Cújar, podrían negociarse cuatro o cinco becas anuales, de acuerdo con la capacidad de la empresa. De esta forma, podría asegurarse mano de obra cualificada incluso para la misma mina.

El rector Melvin Becerra confirma que su institución ha recibido computadores y tablets. En febrero de 2021 la I.E. Corazón de María y la I.E. Marco Fidel Suárez recibieron nueve computadores y una tablet, así como materiales pedagógicos. En otras ocasiones han recibido implementos deportivos y adecuaciones en las instalaciones. Sin embargo, dice Becerra, desde hace algunos años las gestiones son más complicadas. 

Los rectores Melvin y Fainory Rodríguez, rectora de la Institución Indígena katío chamí Sabaleta, coinciden en que la alimentación escolar es un apoyo que necesitan todas las instituciones del municipio. “La empresa podría apoyar de manera más significativa para que los niños en las instituciones realmente puedan recibir un desayuno y un verdadero almuerzo, porque lo que reciben es un 33 por ciento de desayuno y un 33 por ciento de almuerzo, que es con los recursos que dan las autoridades y la empresa”, dice Melvin Becerra.

• Trato diferencial a la población indígena 

“En los proyectos que ellos (Miner) desarrollan, a nivel de comunidades indígenas somos aislados. No hacemos parte de ningún tipo de proyecto productivo o apoyo por parte de la mina. No porque no se hayan tocado las puertas, porque se ha hecho en varias oportunidades, sino simplemente porque el apoyo que ellos ofrecen a la comunidad es clasificado a ciertos grupos de personas”, expone Fainory Rodríguez, rectora de la Institución Indígena katío chamí Sabaleta. 

La docente espera que con el nuevo contrato haya más inclusión. “Ellos (la mina) a nivel de apoyos educativos tienen mejoramiento de alimentación escolar, becas universitarias, apoyo en material pedagógico, eventualmente hacen dotación de equipos tecnológicos, entre otras ayudas. En ninguna de estas estamos incluidos nosotros y claro que necesitamos apoyo en material tecnológico, porque no lo tenemos. No tenemos material pedagógico. Tenemos la alimentación escolar, pero no es suficiente. Yo no conozco el primer indígena que haya sido becado por la mina para educación universitaria, y no es que no hayan indígenas estudiando en universidades, claro que los hay”.

En la misma línea de la rectora habla el líder indígena José Tanugama: “nosotros por parte de la mina nunca tenemos apoyo, aporte o regalías para nada”. Tanugama, además, pide que contraten indígenas para trabajar en la empresa y agrega que ha sido difícil conseguir una reunión para dialogar con ellos. Además, asegura que están afectados por la contaminación del río aguas abajo. “Según lo que nos cuentan nuestros abuelos, el río Atrato era un río sano. Y aunque los inodoros de El Carmen de Atrato tiran acá, nunca fue como es ahora. Los indígenas siempre se bañan en el río, pero ahora eso no se puede hacer porque dan rasquiñitas con brotes en la piel. A veces echan cosas que no sé qué son en la mina y el río queda oscuro, negro o gris. Antes la gente vivía de la pesca, tenía mucho pescado, pero ahora va y pesca y no mata nada”. 

El pedido es que se sienten con ellos y los escuchen, y agrega que “Si no tienen en cuenta la voz de las comunidades indígenas, pues vamos a bloquear (la vía a la mina)”. La profesora Fainory dice que es tiempo de tener en cuenta a la población.

• El cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

Desde 2001, de acuerdo con la Resolución 030 de Codechocó, la autoridad ambiental del departamento, se acogió un Plan de Manejo Ambiental que obliga a la empresa, entre otras cosas, a mantener permanentemente la vía que comunica la cabecera municipal con la mina, a sembrar mínimo cinco hectáreas de árboles por año y a monitorear las fuentes hídricas, además de reportar los vertimientos a Codechocó. Para la Fundación Mesa Social y Ambiental, estas obligaciones no se han cumplido y, además, ni la mina ni Codechocó les han respondido cuando han pedido explicaciones. “Lo que pedimos es que lo cumplan”, dice Ramón Cartagena. 

Para Darío Cújar, quien en el año 2000 aprobó este plan siendo funcionario de Codechocó, una medida de compensación ambiental sería fortalecer la planta de tratamiento de aguas, de modo que se garantice que no haya impactos en la calidad del agua.

"Desde el punto de vista ambiental tengo cuatro medidas para implementar. Primero, prevenir un impacto ambiental. Si veo que se va a producir, lo tengo que minimizar para que no se agrave. Cuando se presenta, corrijo e implemento las medidas para evitar que se prolongue. Y por último, cuando el impacto que causo no lo puedo evitar, lo compenso. Por ejemplo, si estoy arrojando colas al río Atrato y el tratamiento que utilizo no me garantiza que el agua sea 100 por ciento aceptable, entonces lo compenso con otra cosa". 

• Obras: la construcción de un hospital de segundo nivel y un escenario deportivo

Para Ramón Cartagena “la mina tiene una gran deuda social y ambiental con el municipio de El Carmen de Atrato y lo que esperamos es que en ese nuevo contrato haya una cláusula en la que esa empresa y la institucionalidad se comprometan con las autoridades a hacer un trabajo grande, como un hospital de segundo nivel”. El hospital del municipio es de primer nivel, por lo que cualquier complicación o servicio especializado debe ser remitido a Medellín o a Quibdó. 

Por otro lado, María*, propietaria de un restaurante que pidió no revelar su nombre, dice que esperaría que la empresa “haga un lugar para que los niños tengan algo que hacer y no caigan tanto en el vicio. Ellos tienen el grupo de patinaje y de fútbol, pero le deberían invertir más a la parte de infraestructura para que ellos tengan donde patinar y ocupar el tiempo libre. Que vaya más allá y sea una inversión que le quede al pueblo y a la juventud”. 

• Un proyecto de vivienda para los trabajadores de la mina

“Yo siempre me he soñado que la empresa adquiera un lote donde se puedan construir unos proyectos de vivienda para sus propios empleados, porque hay personas que trabajan en la empresa que reciben salarios relativamente bajos, de 1.300 o 1.500 y tienen que pagar arriendos de 500 o 600 mil pesos, como están de costosos en este municipio, y le queda un mínimo para sobrevivir con tres hijos”, dice el profesor Melvin Becerra.

Por qué es importante

En Tadó solo existe un medio de comunicación local: La Soberana Estéreo, una emisora comunitaria que tiene espacios informativos pero no cubre todo el municipio. La falta de información periodística sobre temas de la actualidad local ocasiona la difusión de rumores y desinformación entre la población. 

Qué pasó en 2021

El debate público tadoseño giró principalmente en torno a cinco temas: la destitución y el reintegro del alcalde Cristian Copete; la pandemia y la falta de alternativas para acabar con la prolongada crisis del principal centro médico del municipio, la ESE Hospital San José de Tadó; el regreso a las clases presenciales de casi 3.000 estudiantes tras casi dos años de intermitencia educativa; y las oportunidades de empleo para la población, especialmente por fuera de la minería y el agro.

Estos acontecimientos coincidieron con el inicio de la red de periodistas locales de Consonante en el municipio, quienes se esforzaron por identificar en tiempo real los temas de los que hablaba la mayor parte de la población para publicar noticias que esclarecieron lo que estaba sucediendo.

1. Política: ¿Quién gobierna en Tadó?

En noviembre de 2020 el Tribunal Administrativo del Chocó anuló la elección del alcalde Cristian Copete luego de tan solo quince meses en el cargo por supuesta inhabilidad electoral. En mayo de 2021 se realizaron las elecciones atípicas para elegir un nuevo gobernante. Yocira Lozano resultó vencedora tras obtener casi 4 mil votos en la contienda. Sin embargo, desde ese momento empezaron a circular rumores sobre una tutela presentada por Copete ante el Consejo de Estado. En el documento, que efectivamente estaba siendo revisado en el alto tribunal, Copete alegaba que no estaba inhabilitado al momento de su elección en 2019, y que el Tribunal Administrativo del Chocó le había violado sus derechos al destituirlo. María Fernanda Padilla, periodista de Consonante, investigó qué estaba pasando en este tribunal y cuáles eran las posibilidades reales de que Copete regresara. 

En octubre se confirmó la noticia tras una sentencia en segunda instancia del Consejo de Estado que ordenó el reintegro de Copete como alcalde de Tadó. A pesar de la claridad de esta decisión, aún existían muchas dudas entre la población local sobre qué sucedería. Los seguidores de Lozano defendían su elección democrática y los de Copete hacían lo mismo. En ese entonces, se presentaron marchas y otras manifestaciones que reseñamos en este hilo. En noviembre, Cristian Copete retomó su cargo, luego de un año entero de batallas legales. A pesar de que el mandatario estableció una serie de prioridades para sacar adelante durante el tiempo que le queda, el proceso socavó la confianza de la gente en las instituciones del Estado y profundizó las divisiones ideológicas entre la població

2. Salud: la crisis hospitalaria y la pandemia

El hospital San José de Tadó, que atiende a 22 mil personas en el casco urbano, lleva diez años en crisis y es un lío conseguir una cita médica. Además, solo hay una ambulancia disponible para transportar a los enfermos hasta Istmina o Quibdó, y faltan elementos tan importantes como un desfibrilador para las reanimaciones. 

Las deudas del centro médico son millonarias. Hasta julio de 2021 se hablaba de un pasivo de 5.000 millones de pesos por el pago de prestaciones a los funcionarios activos de planta, retirados, pensionados y proveedores. Sin embargo, entre la población local existen muchas dudas sobre el verdadero estado del centro. “En el hospital no comunican qué van a hacer para la crisis del hospital”,  dijo Ana Sofía Perea, habitante de Tadó, en este artículo sobre el estado del hospital que fue publicado en septiembre. 

La situación del hospital cobró relevancia a raíz de la pandemia. En Chocó se han presentado 16.572 casos de Covid-19, y en Tadó, 564. Además, la elección de Yocira Lozano como nueva alcaldesa en mayo de 2021 generó expectativa entre parte de la población local que vaticinó la creación de un plan para sanear las finanzas del centro médico. Lozano se destacó por su buena gestión como gerente del hospital San José de Tadó hace varios años. Durante su tiempo en el poder, la alcaldesa logró que se aprobaran $210.000.000 como apoyo de saneamiento fiscal y financiero para el hospital. Sin embargo, la gente sigue esperando que le digan qué va a pasar con el centro médico.

3. Minería: el problema sobre su legalidad 

La minería es una actividad económica tradicionalmente relevante en Tadó. El profesor Wilson Murillo, quien lleva más de 10 años acompañando a mineros de Tadó, calcula que más del 70 por ciento de la población local se dedica a la minería. Esta actividad también se practica en otros municipios del departamento. Según Ariel Quinto, presidente de la Federación de Pequeños Mineros del Chocó (Fedemichocó), al menos 60 mil familias derivan sus ingresos de la minería en el Chocó. “Somos el renglón más importante de la economía del Chocó”, nos dijo Quinto. 

Entre el 18 y el 29 de octubre de 2021, los mineros del Chocó organizaron protestas y cerraron las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira para exigir al gobierno nacional la formalización de la pequeña y mediana minería. De acuerdo con la legislación actual, toda minería que se haga con maquinaria y sin tener licencia ambiental ni título minero es ilegal. Es decir, no importa que la maquinaria sea una motobomba o que sean dragas y retroexcavadoras, todas entran en el rótulo de lo ilegal. 

Tras diez días de protestas, representantes del Ministerio de Minas y Energía se sentaron a dialogar con los mineros, y se comprometieron a agilizar las solicitudes de formalización que están pendientes y un plan de choque para expedir licencias temporales.

Wilman Arrieta, integrante de la Red y habitante de El Carmelo—uno de los corregimientos en los que más se hace minería en el municipio—, entrevistó a mineros locales y otros expertos para entender mejor el problema. Además, desde Bogotá Beatriz Valdés, periodista del Consonante, entrevistó a un experto del Foro Mundial para la Naturaleza que trabaja con mineros tadoseños.

4. Agro: ¿hay futuro para el campo?

El desempleo es uno de los temas que más preocupó a los tadoseños y tadoseñas, especialmente a los más jóvenes. La gente se dedica a la minería, y algunos tienen negocios propios, pues la única fuente de empleo formal es la administración municipal. Sin embargo, en un municipio cuyo territorio es principalmente rural, la agricultura y las actividades pecuarias no son una opción para la mayoría. Es un trabajo duro y no siempre bien remunerado. 

Uno de los productos estrella, el chontaduro, sufrió desde 2004 la plaga del Picudo Negro, un cucarrón que deposita larvas en el tallo de la palma de chontaduro y marchita la planta. Esto dejó prácticamente en la quiebra a los campesinos productores de chontaduro en Tadó y todo el país. Desde entonces, los cultivadores que decidieron seguir produciendo chontaduro en el municipio enfrentan serias dificultades económicas. En un intento por rescatar los cultivos, cuarenta campesinos tadoseños hicieron una alianza productiva el año pasado.

¿Pero es suficiente para impulsar el campo? Según Leonardo Mosquera, ingeniero industrial y tecnólogo acuícola integrante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), hace falta mejorar las técnicas de producción de las familias campesinas o, en otras palabras, tecnificar el campo. Mosquera, que es instructor del Sena y trabaja hace ocho años asesorando a campesinos, también dice que "El campo en Tadó se está quedando viejo". 

A pesar de que en el municipio hay dos colegios con énfasis agropecuario, los egresados y estudiantes aseguran que no reciben una formación intensiva que les permita estar preparados para trabajar en el campo cuando se gradúan. Esto obedece, según algunos maestros, a la falta de espacios para practicar lo enseñado, además de que no hay presupuesto estatal específicamente destinado en el énfasis de la institución.

5. Educación: el regreso a las clases presenciales: ¿Cómo impactó la pandemia?

En Tadó, como en el resto del mundo, las clases presenciales fueron suspendidas a raíz de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, en este municipio, debido a la falta de conectividad y acceso a equipos de la mayoría de la población, no hubo clases virtuales. La respuesta fue estudiar a través de guías pedagógicas que construían los maestros y maestras para sus estudiantes. Esto, sin embargo, no fue suficiente. 

En octubre, cuando el Gobierno anunció que todos los colegios debían regresar a clases presenciales, más de 3.000 estudiantes de las tres instituciones educativas de Tadó también volvieron. Para esto fue necesario que padres y madres de familia, y directivos gestionaran recursos de la Alcaldía municipal, la Gobernación del Chocó, el Ministerio de Educación y otras entidades nacionales para adecuar los planteles. Aún así, varias adecuaciones quedaron pendientes. “Agua tenemos porque las tinas se arreglaron pero tenemos un problema con el servicio de transporte, porque el bus se dañó y no se ha arreglado, por lo tanto no están viniendo todos los estudiantes”, dijo Luis Enrique Guio, coordinador del ITA.

Desde entonces, la comunidad advertía sobre la posible pérdida de interés de los niños y niñas en la escuela.

Algunas semanas después se hicieron evidentes los rezagos en la educación. Un balance a final de año arrojó que 200 estudiantes dejaron de asistir a las aulas de clase, 1.000 disminuyeron su rendimiento académico y por lo menos 20 resultaron embarazadas. Julio, un estudiante retirado, afirmó que tomó la decisión de dejar los estudios porque simplemente no lograba seguir el ritmo que la institución había impuesto en la pandemia. “Me daba ansiedad ver esa cantidad de guías, no entendía qué debía hacer y no tenía a quién preguntarle”.

Además, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, en el segundo trimestre del 2021 se vio un aumento del 6,3 por ciento de los embarazos en niñas y adolescentes de 14 a 19 años. Esto, para las niñas, puede significar también dejar la escuela. “Me preocupa cómo mantener a mi hija, soy muy joven y mis padres son quienes me mantienen. Ellos son mineros y vivimos de lo que ellos hacen al día”, cuenta Lina, una estudiante de 14 años que quedó embarazada en medio de la pandemia.

Aunque la comunidad educativa espera que el próximo año se mantenga el modelo presencial y estas situaciones no se repitan, todavía queda mucho trabajo por hacer para subsanar el impacto de la pandemia. Para la investigadora Juliana Kairuz esta es una oportunidad de reconstruir la educación. "(Debemos) entender que debemos evolucionar no solo en los planes de estudio sino en la forma y premisas pedagógicas. El mundo cambió y la educación debe cambiar también", opinó Kairuz. 

Por qué es importante

Este municipio chocoano, en límites con Antioquia, tiene 15.015 habitantes y solo dos medios de comunicación: un canal de televisión cerrado que cubre la parte urbana del municipio y una emisora comunitaria que, aunque cubre todo el municipio, no tiene espacios de información local.

Los hechos de 2021

La agenda noticiosa de El Carmen de Atrato fue variada. El mal estado de vías como la de la vereda Guaduas y dos deslizamientos en la vía a la mina El Roble y a la vereda La Argelia fueron algunos de los temas más graves que se presentaron en materia de infraestructura. Además, las tensiones medioambientales en la zona continuaron. En cuanto a la salud, la liquidación de la EPS Barrios Unidos dejó varios líos para los usuarios. Hacia el final del año, el octubre, la Comisión de la Verdad realizó un encuentro que llevó a los carmeleños y carmeleñas a pensar en lo que sufrieron en el conflicto armado. En diciembre, antes de finalizar el año, los jóvenes eligieron a sus siete consejeros de juventud.

1. Infraestructura: el problema de las vías

El Carmen de Atrato se encuentra en la mitad de la Transversal Medellín - Quibdó, que está en obras desde hace aproximadamente 15 años. Por eso el camino hacia el pueblo, ya sea desde Medellín o desde Quibdó, siempre es complicado. En la primera hay varios “pare y siga” y puntos críticos en los que siempre se desliza tierra cuando llueve. En la segunda, a la que le llaman la “trocha” por su estado, está trabajando el concesionario Vías y Equipos Pacífico 2021. Esta empresa, el 3 de junio de 2012, le anunció a la comunidad de La Argelia que utilizaría la vía de acceso para disponer escombros en un lugar que queda a 4,2 kilómetros de la entrada de la vereda. Después de esto ocurrieron dos grandes derrumbes que dejaron confinada a la población. Además, se dañó la vía que, según los pobladores, estaba en buen estado.

Este caso llevó a la declaratoria de alerta roja por parte de Codechocó, la autoridad ambiental, y a que la Alcaldía municipal preguntara a la autoridad si este Consorcio tenía permiso para establecer el botadero. Pero nadie le responde a la comunidad ni a las personas que deben usar esta vía aun arriesgando su vida, como Yenny, una docente del ICBF que trabaja con mujeres gestantes y madres de niños y niñas de la primera infancia. 

Pero no fue la única vía en mal estado. La de la vereda Guaduas es un dolor de cabeza para las 75 familias que viven allí: impide el tránsito de la gente, pero también el transporte de productos agropecuarios que son la fuente de ingresos de la gente. Y nada que la arreglan.

Este año también ocurrió un trágico accidente que cobró la vida de Cristian Valderrama y por el que continúa desaparecido Alejandro Cartagena. El 18 de mayo los dos jóvenes se dirigían a trabajar a la Minera El Roble, cuando, cerca al sector La Clara, un deslizamiento de tierra les cayó encima. La comunidad se unió para buscar a Alejandro y acompañar a la familia Cartagena Taborda.

2. Medio ambiente: entre la tensión y la acción

La Mesa Social y Ambiental es el grupo que ha liderado la defensa del medio ambiente en el municipio y ha exigido que la empresa Miner S.A., que explota cobre hace 30 años en el municipio, compense al pueblo por “el daño que se ha causado”, dijo un habitante de El Carmen. Sin embargo, la mina también es la mayor fuente de empleo directo e indirecto del municipio, lo que ha causado una división que este año se hizo evidente en una celebración por el día de la tierra que causó opiniones encontradas.

En El Carmen, además, nace el río Atrato, uno de los más importantes de Chocó. Este afluente tiene, desde 2016, una sentencia que lo protege y lo declara sujeto de derechos. El cumplimiento de esta sentencia está a cargo del Ministerio de Ambiente, pero desde la sociedad civil hay un cuerpo de guardianes del río. Este grupo de personas llevaba cuatro años esperando que el Ministerio de Agricultura presentara un plan para garantizar la soberanía alimentaria en el territorio, cosa que pasó a principios de septiembre.

Mientras tanto, Codechocó puso en marcha el plan de manejo del río Habita, el primero que desemboca en el Atrato, después de cuatro años de haber sido construido. En este también se contempla la figura de los guardianes del río, aunque no quedaron muy claras sus funciones y alcances.

¿Pero qué significa proteger un río? ¿Qué motiva a los guardianes? En este pódcast que realizaron Laura Giraldo y Adrián Foronda, integrantes de la Red Consonante en El Carmen, hay algunas respuestas.

3. Salud: los líos de liquidar una EPS

En mayo, el Estado liquidó la EPS Barrios Unidos y trasladó sus afiliados a 10 entidades prestadoras de salud en todo el país. En El Carmen de Atrato unos 5.500 usuarios fueron transferidos a la Nueva EPS en mayo, cuando empezaron a tener problemas para acceder a servicios de salud en el municipio. Desde dificultades para tener citas médicas por haber sido asignadas a IPS por fuera de El Carmen de Atrato hasta problemas económicos por deudas que dejó Barrios Unidos. Además, muchos usuarios no sabían a qué entidad pertenecían.

Esos problemas poco a poco se fueron solucionando, pero en noviembre la gente se encontró con un nuevo problema: la atención especializada que antes recibían en Medellín y en Ciudad Bolívar (Antioquia) la pasaron para Quibdó. Para los y las carmeleñas esto resultó problemático porque este pueblo tiene más tradición antioqueña que chocoana, y por lo tanto la gente tiene más familiaridad con el departamento vecino. Además, el estado de la vía a Quibdó no es el mejor. Consonante habló con directivos de la Nueva EPS sobre este problema e indicaron que la atención se devolvió para Antioquia. Sin embargo, en el territorio todo sigue igual.

4. Verdad del conflicto

El Carmen fue fuertemente afectado por la guerra. Tanto así que aproximadamente siete de cada diez habitantes del municipio sufrieron algún tipo de hecho victimizante. La gran mayoría debió desplazarse forzosamente. En el territorio se registraron una toma guerrillera, al menos cuatro masacres y 622 asesinatos selectivos. A pesar de que han pasado los años y los grupos que violentaron a la población se desmovilizaron, no ha habido justicia ni reparación, y la verdad les ha llegado a medias. Además, la amenaza de la reactivación de la guerra no se va.

De hecho, el 9 de septiembre amanecieron 12 pintas con las letras “AGC” en casas y negocios del corregimiento La Mansa. Los supuestos graffitis del grupo paramilitar enrarecieron el ambiente en la comunidad y llevaron a militarizarla.

Pero por el lado de la verdad del conflicto de guerrillas y paramilitares de los 90 y del 2000, poco se sabe. Es decir, poco sabe la gente sobre por qué pasó lo que pasó. Por esta razón la Comisión de la Verdad, la entidad creada con el Acuerdo de Paz para esclarecer lo que sucedió en la guerra, comenzó un proceso con un grupo de víctimas del municipio. La idea, inicialmente fue hacer un encuentro con exguerrilleros de las Farc. La gente reclamaba respuestas.

Sin embargo, el 10 de noviembre se realizó un encuentro para reconocer la verdad de las víctimas. La gente contó sus historias de dolor y resistencia, pero quedó el sinsabor de no escuchar a la contraparte.

5. Juventud: por fin hay representación

El 5 de diciembre, por primera vez en Colombia, se eligieron consejeros de juventud, una figura clave para que este sector ejerza veeduría y control sobre los planes de las entidades públicas para la juventud y proponga planes y proyectos en su beneficio. En El Carmen esto fue muy importante, pues en el municipio no hay Plataforma juvenil ni había, hasta ahora, ninguna iniciativa para visibilizar los intereses de los y las jóvenes.

En las elecciones participaron apenas 265 jóvenes, de los 2.140 habilitados para votar, pero se desarrollaron en absoluta calma. Resultaron elegidos popularmente siete jóvenes: seis por partidos políticos y uno por la Organización de Víctimas de la Violencia. Además, dos jóvenes más fueron seleccionados por comunidades indígenas y campesinas en las curules especiales.

Las prioridades de las y los consejeros son varias, pero entre las que más les preocupan está la falta de acceso a la educación superior, pues en el municipio no hay una universidad, y la creciente adicción a las drogas entre los jóvenes.

Angelee Laverde Agudelo, consejera electa, considera que este último es un problema de salud y quisiera “gestionar un convenio con alguna EPS o alguna fundación para que los jóvenes que quieran solucionar su problema, lo hagan, también hacer charlas y actividades para que los no consumidores no caigan en la drogadicción”. Emmanuel Zapata, por su lado, dice que comenzará “por impulsar proyectos que vayan orientados a una mejor calidad de estudio, también la posibilidad de una universidad”. Todavía está por ver cómo será la interlocución con la administración municipal.

Por qué es importante

En cada región de Colombia hay un sancocho típico. Es más, cada familia tiene su propia receta y sus secretos. Tanto así que, el Gran Libro de la Cocina Colombiana, reseña que en el país hay al menos 12 tipos de sancocho, con ingredientes tan variados como el chivo o el bocachico. En Tadó —aunque  existen algunos particulares como el de guagua— el sancocho trifásico es el más apetecido. Las familias de este municipio chocoano usualmente lo preparan con una, dos o tres carnes: de res, cerdo y pollo o gallina. Lo sirven especialmente el 31 de diciembre en las casas o el 1 de enero en los paseos de olla a orillas del río San Juan, en lugares como Mumbú o Bochoromá. 

Pero a pesar de su popularidad, no es fácil encontrar la receta que permite lograr el sabor ideal de un buen sancocho trifásico. Rosa Mosquera y Osiris Martínez, dos tadoseñas conocidas por su buena sazón,  coinciden en varios puntos, pero reconocen que no han compartido su receta con su descendencia.

El sancocho tadoseño

“Ese sirve para levantar a más de un borracho, hasta a los muertos”, dice Rosa Mosquera, una tadoseña de 64 años que lleva más de 40 preparando este plato con las hierbas de su azotea. Rosa no es cocinera, y, de hecho, desde hace un año no prepara un solo sancocho porque está sufriendo de rinitis. Sin embargo, en años anteriores sus amigos y vecinos le pedían que hiciera este plato en fechas especiales, como cumpleaños o celebraciones de grado. 

Osiris Martínez, de 57 años y también tadoseña, aprendió a hacer sancocho desde pequeña, porque su mamá le enseñó. Aunque hace sancocho frecuentemente, no le ha enseñado a sus hijos.

Consonante habló con ellas para conocer sus secretos y construir la receta de un buen sancocho trifásico tadoseño.

La receta 

Ingredientes

• Pollo o gallina
• Cerdo ahumado o fresco
• Carne de res salada o fresca
• Tomate
• Cebolla roja
• Cebolla de rama
• Ajo
• Zanahoria
• Papa
• Yuca
• Plátano verde
• Mazorca
• Aceite 
• Poleo
• Albahaca chocoana
• Cilantro cimarrón (tiene sabor y aroma similar al cilantro común. Crece de forma espontánea en potreros y huertas)
• Cilantro paisa (opcional, en caso de no tener el chocoano)
• Oregano chocoano 

Preparación

• Para empezar a preparar las carnes, Rosa recomienda, por un lado, sofreir el pollo y sacarlo del sartén o caldero cuando esté dorado. Por otro lado, poner a ablandar la carne de res en una olla a presión. 
• En una olla mediana, sofreír las verduras cortadas: tomate, cebolla, ajo, cebolla de rama y zanahoria. Reservar. 
• En la olla donde preparará el sancocho, adicionar la carne de res blanda, el cerdo  y el sofrito. Cuando la carne del cerdo esté blanda,  agregar el pollo, la yuca, la papa, el plátano y la mazorca. 

• Cocinar hasta que el caldo esté espeso. “Se deja cocinar hasta que ya esté espeso, que vaya cogiendo consistencia y no quede tan clarucho. Ni tan espeso ni tan aguado”, dice Rosa. 
• Finalmente, agregar las hierbas. “Después de que ya está próximo a bajarlo, unos diez minutos antes, uno le echa cilantro paisa, el de acá chocoano, el poleo, albahaca, lo deja que cocine un poquito y uno lo apaga y queda muy sabroso".

• Servir caliente. Puede ser solo o con arroz blanco. 
• Agregar  limón al gusto.

“El sancocho es celosito. No es bueno que todo el mundo meta la mano. Después de que se baja del fogón, es mejor que lo sirva una sola persona. Por ejemplo, cuando es en un cumpleaños que se hace temprano para dejarlo a la media noche, es mejor que una sola persona lo esté manipulando porque tienen a avinagrarse”, explica Rosa Mosquera.

Por qué es importante

En El Carmen de Atrato 10.224 personas fueron afectadas por el conflicto, según la Unidad para las Víctimas. Es decir, aproximadamente siete de cada diez habitantes del municipio sufrieron algún tipo de hecho victimizante. La gran mayoría debió desplazarse forzosamente. En el territorio se registraron una toma guerrillera, al menos cuatro masacres y 622 asesinatos selectivos. 

A pesar de que han pasado los años y los grupos que violentaron a la población se desmovilizaron, no ha habido justicia ni reparación, y la verdad les ha llegado a medias. Además, la amenaza de la reactivación de la guerra no se va.

El conflicto que se vivió en El Carmen de Atrato

A principios de los 90, la guerrilla del Eln llegó a la vereda Guaduas y empezó a formar políticamente a un grupo de campesinos. De este proceso surgió un nuevo grupo guerrillero llamado el Ejército Revolucionario Guevarista en 1993. Al mismo tiempo, la guerrilla de las Farc avanzó por el Chocó y llegó a El Carmen. Para 1996, cuando aparecieron en el pueblo los paramilitares, ya los otros grupos habían cometido asesinatos selectivos de líderes y campesinos que no se alineaban con sus proyectos y varias familias se habían desplazado.

Ese año el conflicto empeoró. Según documentó la Diócesis de Quibdó, en 1996, los “paras” cometieron una masacre en la comunidad de El Siete e incursionaron “en la zona de la carretera Carmen-Quibdó donde con muertes y destrucción de viviendas, sembraron terror y ocasionaron un masivo desplazamiento”. El Bloque Élmer Cárdenas de las AUC buscaba “limpiar ese pueblo de guerrilleros”.

La Diócesis registró en 1998 la tortura de un hombre en la vereda de La Argelia, que ocasionó el desplazamiento masivo de la población; la incursión en la vereda Guaduas, la masacre de tres personas, la muerte de animales también a manos de los armados, la quema de las casas y el desplazamiento de la poblacion. Ese mismo año, además, entraron a la población indígena de Sabaleta, masacraron y desplazaron. En el 98, según el Registro Único de Víctimas, hubo 1.777 personas afectadas por la guerra. Tres veces más que el año anterior.

En julio de 2000, los paramilitares masacraron a cinco pobladores de La Argelia y provocaron un nuevo desplazamiento. Y solo un mes después, el 5 de agosto a las cinco de la tarde, la guerrilla de las Farc se tomó el pueblo a fuerza de cilindros bomba y fusiles.

Alba Ceballos recuerda bien ese día. “La toma fue una cosa muy miedosa. Nos cogió a todos por sorpresa. Fue muy duro saber que mi esposo estaba ahí entre esta guerra y las balas. Ellos pelearon desde las 5:30 de la tarde del día 5 hasta las 4:30 del día siguiente. Ellos aquí tenían el pueblo controlado, a cargo de ellos. (...) Por ahí siendo la una de la tarde ese municipio el Ejército pudo entrar a El Carmen y ahí la guerrilla se retiró”.

El esposo de Alba era José Misael Vega, uno de los tres policías que murieron en la toma. Tras ese episodio el pueblo quedó destruido, como lo reportaron los noticieros, y el tejido comunitario, que venía ya muy dañado, en ruinas. Hubo 3.191 víctimas ese año.

Sin reparación ni justicia

La gente en El Carmen ha visto como todos los grupos armados se han desmovilizado. El ERG lo hizo junto a las AUC, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, en 2008. Las Farc lo hicieron en 2016, con la firma del Acuerdo Final de Paz. Sin embargo, estos actos no han significado reparación ni esclarecimiento de la verdad de lo que les pasó. De hecho, tampoco han significado el fin de la guerra. En la zona rural de El Carmen sigue habiendo presencia de grupos armados. En marzo la comunidad indígena de El Consuelo Parte Baja fue atacada y tuvieron que desplazarse. Y en septiembre, como lo registró Consonante, pintadas de las AGC aparecieron en casas y negocios del corregimiento de La Mansa.

La Comisión de la Verdad, la institución creada por el Acuerdo de Paz para esclarecer lo que pasó en el conflicto, realizará un acto de “Reconocimiento de la dignidad de la población triétnica de El Carmen de Atrato por las afectaciones sufridas en el conflicto armado”. Este tendrá lugar en el parque principal del pueblo el 10 de noviembre desde las 9:00 a.m.

“Esta es una región en la que sus pobladores sufrieron el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes, y si bien estos elementos se mantienen, es un buen lugar para reflexionar sobre la importancia de la implementación profunda e integral del Acuerdo de Paz. Eso es lo que hace y permite que en muchas comunidades y regiones como esta la guerra se mantenga. Porque faltan oportunidades para los jóvenes. En El Carmen muchos y muchas tuvieron que salir del territorio para conseguir una oportunidad de ir a estudiar en otro lugar, y allá fueron estigmatizados y discriminados. ¿Cuántos no tuvieron esa oportunidad? ¿Cuántos se siguen manteniendo en esas condiciones porque sus padres no tuvieron la oportunidad de mandarlos a estudiar a otros lugares y terminan siendo presa fácil del conflicto?”, reflexiona el comisionado de la Verdad Leyner Palacios.

La construcción de este encuentro comenzó en diciembre de 2020, cuando la Comisión empezó a reunirse con las víctimas, y continuó hasta octubre de este año. Durante ese tiempo, las víctimas dieron sus testimonios.

Este es un paso importante y así lo reconocen varias víctimas, pero no es suficiente. Las afectaciones fueron desproporcionadas. La gente mestiza y campesina, que son la mayoría, tuvo que salir de sus tierras y muchas personas perdieron el arraigo al campo. Pero no solo eso, la confianza se rompió.

El padre Yeison Palacios, párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, dice que, incluso las instituciones, cuando van a las comunidades todavía tienen que hacer un primer trabajo para generar confianza, “de decir que están en un espacio en el que se pueden comentar las situaciones del desarrollo de la vida comunitaria. Este es un trabajo bastante grande que hay que hacer. Uno nota que institucionalmente no se llega”.

La gente tiene razones para estar prevenida. Según Froilán Zapata, representante de la Asociación de Víctimas de la Violencia y campesino, “la gente era muy ingenua, les daba posada, les dio comida, en cierta forma protegió a esos grupos. Por eso tuvimos tanta fama de ser guerrilleros en El Carmen”.

Los reclamos

Para hablar de una reparación integral, la población de El Carmen de Atrato necesita que el Estado resuelva varias cosas:

• Pedir perdón. Para Zapata, “ellos (las Farc) nos tienen que dar la cara. Así como vinieron tan envalentonados en la toma guerrillera, con sus fusiles, tirando pipas de gas, también les pedimos que se presenten aquí, pidiéndole perdón al pueblo”.
  
  El padre Yeison Palacios, quien lleva 20 años acompañando los procesos de la Diócesis de Quibdó, coincide. “Cuando se dio la desmovilización en Guaduas (del ERG), la Diócesis acompañó de inicio a fin esa situación, pero hoy miramos que ha faltado restablecimiento de derechos y actos que favorezcan y faciliten la asimilación de las situaciones. O sea, que los actores de la guerra puedan reconocer en un acto público su responsabilidad, pedir perdón”. 

• Conocer quién dio las órdenes. “Uno siempre les carga la culpa a los militares, a los que apretaban los fusiles, a los que vio uniformados. Pero también hubo unos civiles involucrados, que financiaban, que daban dedo (señalaban), que hacían la inteligencia, y esos no se reinsertaron”, dice Froilán Zapata. “Las heridas siguen abiertas y cierto silencio es peligroso, es mejor vomitar los sapos a tiempo. Nos toca decirnos la verdad y reconocerla. Pero alguien que sigue en eso, que tiene una gran culpa y se sigue camuflando, no funciona”. 
  
  El comisionado Leyner Palacios dice, en el mismo sentido, que “falta reconocer la responsabilidad por parte de algunas autoridades militares. También reconocer y valorar cuáles son los intereses que subyacen y que hacen posible que el conflicto armado se mantenga en ese territorio tan rico y tan biodiverso, con tan importante aporte agrícola. Es importante valorar qué nivel de responsabilidad pueden tener ejercicios de presencia de proyectos mineros, no solamente con la afectación a los derechos humanos, sino también  la afectación al territorio y al medioambiente, porque el daño ecológico y ambiental es profundo, máxime cuando está el nacimiento del río Atrato”.

• Saber dónde están los desaparecidos. La parroquia de El Carmen está acompañando a 35 familias que todavía tienen a sus seres queridos desaparecidos en el conflicto armado. Este proceso, que adelantan junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, le ha permitido al padre Yeison dimensionar el dolor y la incertidumbre de estas personas. Para él es urgente que se esclarezca “de dónde se originó el conflicto, las desapariciones y asesinatos selectivos. Eso permitiría que hubiera más tranquilidad en las familias, porque está pendiente la identificación, las familias viven angustiadas. Desde la parroquia hemos abierto el espacio para dialogar y la situación es urgente”.

• Una vida digna. En una montaña cercana a la cabecera municipal queda el Pueblo de la Memoria Histórica: el resultado de la resistencia campesina y pacífica a los actores de la guerra. Es un terreno de cinco hectáreas donde hicieron sus casas 160 familias, muchas campesinas y la mayoría víctimas. El centro del Pueblo es el Salón de la Memoria, un esfuerzo colectivo para no dejar en el olvido lo que les pasó, para no pasar de largo sin recordar que ese lugar fue un sanatorio de tuberculosis que luego usaron los grupos armados como trinchera, y que la gente, como una forma de oponerse a esa presencia, empezó a ocuparlo para hacer reuniones.
  
  Esa resistencia les costó vidas, amenazas y miedo, pero no se volvieron a desplazar. Sin embargo, la vida campesina no volvió a ser una opción para muchos. “Aquí pedimos que esto vuelva a ser como antes, ojalá mejor”, dice Froilán. Se refiere a que haya apoyo para que el campo crezca, como antes del desplazamiento, que trajo desarraigo. Pero también a que se les garanticen los derechos básicos. 
  
  "Hemos luchado por una guardería y no tenemos guardería. Intentamos acondicionar un lugar y nos sacaron a los niños y niñas de allá. Tenemos una cancha y queremos que sea un lugar agradable, pero es un pantanero y no han hecho nada. Parece que esos niños y niñas no tienen derechos. Esa entrada al Pueblo de la memoria Histórica, qué peligro. (...) Nosotros hemos avanzado mientras el Estado es indiferente. Allá tenemos calles, carreras, hay energía, acueducto, y el Estado sigue mirando para otro lado”. 
  
  El reconocimiento de la Comisión de la Verdad es un primer paso para reivindicar la dignidad de las y los carmeleños, pero la gente sigue esperando respuestas y reparación.