Por qué es importante
En El Carmen de Atrato 10.224 personas fueron afectadas por el conflicto, según la Unidad para las Víctimas. Es decir, aproximadamente siete de cada diez habitantes del municipio sufrieron algún tipo de hecho victimizante. La gran mayoría debió desplazarse forzosamente. En el territorio se registraron una toma guerrillera, al menos cuatro masacres y 622 asesinatos selectivos.
A pesar de que han pasado los años y los grupos que violentaron a la población se desmovilizaron, no ha habido justicia ni reparación, y la verdad les ha llegado a medias. Además, la amenaza de la reactivación de la guerra no se va.
El conflicto que se vivió en El Carmen de Atrato
A principios de los 90, la guerrilla del Eln llegó a la vereda Guaduas y empezó a formar políticamente a un grupo de campesinos. De este proceso surgió un nuevo grupo guerrillero llamado el Ejército Revolucionario Guevarista en 1993. Al mismo tiempo, la guerrilla de las Farc avanzó por el Chocó y llegó a El Carmen. Para 1996, cuando aparecieron en el pueblo los paramilitares, ya los otros grupos habían cometido asesinatos selectivos de líderes y campesinos que no se alineaban con sus proyectos y varias familias se habían desplazado.
Ese año el conflicto empeoró. Según documentó la Diócesis de Quibdó, en 1996, los “paras” cometieron una masacre en la comunidad de El Siete e incursionaron “en la zona de la carretera Carmen-Quibdó donde con muertes y destrucción de viviendas, sembraron terror y ocasionaron un masivo desplazamiento”. El Bloque Élmer Cárdenas de las AUC buscaba “limpiar ese pueblo de guerrilleros”.
La Diócesis registró en 1998 la tortura de un hombre en la vereda de La Argelia, que ocasionó el desplazamiento masivo de la población; la incursión en la vereda Guaduas, la masacre de tres personas, la muerte de animales también a manos de los armados, la quema de las casas y el desplazamiento de la poblacion. Ese mismo año, además, entraron a la población indígena de Sabaleta, masacraron y desplazaron. En el 98, según el Registro Único de Víctimas, hubo 1.777 personas afectadas por la guerra. Tres veces más que el año anterior.
En julio de 2000, los paramilitares masacraron a cinco pobladores de La Argelia y provocaron un nuevo desplazamiento. Y solo un mes después, el 5 de agosto a las cinco de la tarde, la guerrilla de las Farc se tomó el pueblo a fuerza de cilindros bomba y fusiles.
Alba Ceballos recuerda bien ese día. “La toma fue una cosa muy miedosa. Nos cogió a todos por sorpresa. Fue muy duro saber que mi esposo estaba ahí entre esta guerra y las balas. Ellos pelearon desde las 5:30 de la tarde del día 5 hasta las 4:30 del día siguiente. Ellos aquí tenían el pueblo controlado, a cargo de ellos. (...) Por ahí siendo la una de la tarde ese municipio el Ejército pudo entrar a El Carmen y ahí la guerrilla se retiró”.
El esposo de Alba era José Misael Vega, uno de los tres policías que murieron en la toma. Tras ese episodio el pueblo quedó destruido, como lo reportaron los noticieros, y el tejido comunitario, que venía ya muy dañado, en ruinas. Hubo 3.191 víctimas ese año.
Sin reparación ni justicia
La gente en El Carmen ha visto como todos los grupos armados se han desmovilizado. El ERG lo hizo junto a las AUC, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, en 2008. Las Farc lo hicieron en 2016, con la firma del Acuerdo Final de Paz. Sin embargo, estos actos no han significado reparación ni esclarecimiento de la verdad de lo que les pasó. De hecho, tampoco han significado el fin de la guerra. En la zona rural de El Carmen sigue habiendo presencia de grupos armados. En marzo la comunidad indígena de El Consuelo Parte Baja fue atacada y tuvieron que desplazarse. Y en septiembre, como lo registró Consonante, pintadas de las AGC aparecieron en casas y negocios del corregimiento de La Mansa.
“Se le robaron la alegría a la gente. Aquí en la década del 80 la gente bailaba, había ese ambiente folclórico, el baile. La gente se movía de una vereda a otra y caminaban, había poquitos carros. La gente venía de El Siete, subía a El Carmen a unos bailaderos, se veía a la gente la forma cómo celebraba la navidad, los rituales religiosos. Eso ya no existe”.
Froilán Zapata, líder social de El Carmen de Atrato
La Comisión de la Verdad, la institución creada por el Acuerdo de Paz para esclarecer lo que pasó en el conflicto, realizará un acto de “Reconocimiento de la dignidad de la población triétnica de El Carmen de Atrato por las afectaciones sufridas en el conflicto armado”. Este tendrá lugar en el parque principal del pueblo el 10 de noviembre desde las 9:00 a.m.
“Esta es una región en la que sus pobladores sufrieron el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes, y si bien estos elementos se mantienen, es un buen lugar para reflexionar sobre la importancia de la implementación profunda e integral del Acuerdo de Paz. Eso es lo que hace y permite que en muchas comunidades y regiones como esta la guerra se mantenga. Porque faltan oportunidades para los jóvenes. En El Carmen muchos y muchas tuvieron que salir del territorio para conseguir una oportunidad de ir a estudiar en otro lugar, y allá fueron estigmatizados y discriminados. ¿Cuántos no tuvieron esa oportunidad? ¿Cuántos se siguen manteniendo en esas condiciones porque sus padres no tuvieron la oportunidad de mandarlos a estudiar a otros lugares y terminan siendo presa fácil del conflicto?”, reflexiona el comisionado de la Verdad Leyner Palacios.
La construcción de este encuentro comenzó en diciembre de 2020, cuando la Comisión empezó a reunirse con las víctimas, y continuó hasta octubre de este año. Durante ese tiempo, las víctimas dieron sus testimonios.
“Para nosotros como Comisión es importante reconocer ese nivel de atropellamiento, de degradación que sufrió la población de El Carmen de Atrato. Pero también es fundamental reconocer su dignidad”
Leyner Palacios, comisionado de la Verdad
Este es un paso importante y así lo reconocen varias víctimas, pero no es suficiente. Las afectaciones fueron desproporcionadas. La gente mestiza y campesina, que son la mayoría, tuvo que salir de sus tierras y muchas personas perdieron el arraigo al campo. Pero no solo eso, la confianza se rompió.
El padre Yeison Palacios, párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, dice que, incluso las instituciones, cuando van a las comunidades todavía tienen que hacer un primer trabajo para generar confianza, “de decir que están en un espacio en el que se pueden comentar las situaciones del desarrollo de la vida comunitaria. Este es un trabajo bastante grande que hay que hacer. Uno nota que institucionalmente no se llega”.
La gente tiene razones para estar prevenida. Según Froilán Zapata, representante de la Asociación de Víctimas de la Violencia y campesino, “la gente era muy ingenua, les daba posada, les dio comida, en cierta forma protegió a esos grupos. Por eso tuvimos tanta fama de ser guerrilleros en El Carmen”.
Los reclamos
Para hablar de una reparación integral, la población de El Carmen de Atrato necesita que el Estado resuelva varias cosas:
- Pedir perdón. Para Zapata, “ellos (las Farc) nos tienen que dar la cara. Así como vinieron tan envalentonados en la toma guerrillera, con sus fusiles, tirando pipas de gas, también les pedimos que se presenten aquí, pidiéndole perdón al pueblo”.
El padre Yeison Palacios, quien lleva 20 años acompañando los procesos de la Diócesis de Quibdó, coincide. “Cuando se dio la desmovilización en Guaduas (del ERG), la Diócesis acompañó de inicio a fin esa situación, pero hoy miramos que ha faltado restablecimiento de derechos y actos que favorezcan y faciliten la asimilación de las situaciones. O sea, que los actores de la guerra puedan reconocer en un acto público su responsabilidad, pedir perdón”.
- Conocer quién dio las órdenes. “Uno siempre les carga la culpa a los militares, a los que apretaban los fusiles, a los que vio uniformados. Pero también hubo unos civiles involucrados, que financiaban, que daban dedo (señalaban), que hacían la inteligencia, y esos no se reinsertaron”, dice Froilán Zapata. “Las heridas siguen abiertas y cierto silencio es peligroso, es mejor vomitar los sapos a tiempo. Nos toca decirnos la verdad y reconocerla. Pero alguien que sigue en eso, que tiene una gran culpa y se sigue camuflando, no funciona”.
El comisionado Leyner Palacios dice, en el mismo sentido, que “falta reconocer la responsabilidad por parte de algunas autoridades militares. También reconocer y valorar cuáles son los intereses que subyacen y que hacen posible que el conflicto armado se mantenga en ese territorio tan rico y tan biodiverso, con tan importante aporte agrícola. Es importante valorar qué nivel de responsabilidad pueden tener ejercicios de presencia de proyectos mineros, no solamente con la afectación a los derechos humanos, sino también la afectación al territorio y al medioambiente, porque el daño ecológico y ambiental es profundo, máxime cuando está el nacimiento del río Atrato”.
- Saber dónde están los desaparecidos. La parroquia de El Carmen está acompañando a 35 familias que todavía tienen a sus seres queridos desaparecidos en el conflicto armado. Este proceso, que adelantan junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, le ha permitido al padre Yeison dimensionar el dolor y la incertidumbre de estas personas. Para él es urgente que se esclarezca “de dónde se originó el conflicto, las desapariciones y asesinatos selectivos. Eso permitiría que hubiera más tranquilidad en las familias, porque está pendiente la identificación, las familias viven angustiadas. Desde la parroquia hemos abierto el espacio para dialogar y la situación es urgente”.
- Una vida digna. En una montaña cercana a la cabecera municipal queda el Pueblo de la Memoria Histórica: el resultado de la resistencia campesina y pacífica a los actores de la guerra. Es un terreno de cinco hectáreas donde hicieron sus casas 160 familias, muchas campesinas y la mayoría víctimas. El centro del Pueblo es el Salón de la Memoria, un esfuerzo colectivo para no dejar en el olvido lo que les pasó, para no pasar de largo sin recordar que ese lugar fue un sanatorio de tuberculosis que luego usaron los grupos armados como trinchera, y que la gente, como una forma de oponerse a esa presencia, empezó a ocuparlo para hacer reuniones.
Esa resistencia les costó vidas, amenazas y miedo, pero no se volvieron a desplazar. Sin embargo, la vida campesina no volvió a ser una opción para muchos. “Aquí pedimos que esto vuelva a ser como antes, ojalá mejor”, dice Froilán. Se refiere a que haya apoyo para que el campo crezca, como antes del desplazamiento, que trajo desarraigo. Pero también a que se les garanticen los derechos básicos.
"Hemos luchado por una guardería y no tenemos guardería. Intentamos acondicionar un lugar y nos sacaron a los niños y niñas de allá. Tenemos una cancha y queremos que sea un lugar agradable, pero es un pantanero y no han hecho nada. Parece que esos niños y niñas no tienen derechos. Esa entrada al Pueblo de la memoria Histórica, qué peligro. (...) Nosotros hemos avanzado mientras el Estado es indiferente. Allá tenemos calles, carreras, hay energía, acueducto, y el Estado sigue mirando para otro lado”.
El reconocimiento de la Comisión de la Verdad es un primer paso para reivindicar la dignidad de las y los carmeleños, pero la gente sigue esperando respuestas y reparación.
