Han pasado dos meses desde que iniciaron las clases en todo el país y algunos colegios del sur de La Guajira siguen sin transporte escolar lo que dificulta el desplazamiento de los alumnos desde la zona rural, hay casos en los que, incluso, los estudiantes han dejado de asistir a sus clases; como Cristian Bravo, de 13 años; Rafael Tapias y Jaider Puerta, ambos de 16 años. 

Los tres viven en la vereda Los Toquitos, en zona de Almapotoque, a 20 minutos en mototaxi desde el casco urbano de Fonseca y este año no han podido ir a estudiar porque no tienen cómo desplazarse a sus colegios.

Aunque en esta vereda hay 41 estudiantes activos, solo se está enviando un carro en el que de forma irregular suben hasta 25 menores. Es decir, que el resto de alumnos deben ir en mototaxis y pagar hasta 24 mil pesos por los dos trayectos, o ir a pie por cerca de 3 horas y pasar por barrios en los que  se han reportado atracos.

Los Toquitos es un caserío de 40 casas, la mayoría de barro. Es una vereda en construcción que aún no tiene servicios públicos ni calles pavimentadas, y en la que habitan unas 200 personas. Las familias de esta zona no cuentan con trabajos estables por lo que sus ingresos son del día a día.

Por ello, aunque Cristian, Rafael y Jaider quieren estudiar, sus padres no cuentan con los recursos para pagar el transporte, razón por la que no asisten al colegio, una clara vulneración de su derecho a la educación. Estas son sus historias:

Rafael Tapias 

Rafael Tapias tiene 16 años. Desde agosto del 2023, mientras cursaba sexto grado en el colegio Ernesto Parodi, dejó de ir a estudiar porque sus padres no tienen los recursos económicos ni el dinero para pagar un transporte escolar de Los Toquitos a Fonseca. A esto se sumó que no pudieron comprar el uniforme ni los útiles escolares. Este año, al ver que el problema del traslado a las instituciones educativas no estaba resuelto, tampoco lo enviaron. “El transporte nada que llega, siempre lo ponen después de Semana Santa y luego salen de vacaciones y nos dejan de nuevo sin vehículos”, comenta Elsie Castro, madre de Rafael.

La familia de Rafael vive en Los Toquitos en una casa de barro. Elsi, su madre, es ama de casa y Luis, su padrastro, se dedica a “oficios varios y a lo que salga”. Actualmente, Luis está trabajando como ayudante de albañilería en la construcción de las viviendas en sitio propio de Los Toquitos donde le pagan 40 mil pesos diarios, con los que cubre los gastos de la comida. Cuando no tiene trabajo se dedica a la agricultura.

“Siento preocupación, dolor e impotencia por no ayudarlo a que él esté estudiando, pero no tenemos dinero. Eso me causa mucha tristeza”, puntualiza Elsie. Rafael, además, tiene un stent en el corazón desde los 14 años y cada 6 meses tiene controles médicos rigurosos.   

Elsie cuenta que ha ido en varias ocasiones al colegio para solicitar un cupo y asignación de transporte escolar, pero no le han resuelto nada. Y como Rafael ya tiene 16 años no lo pudo matricular porque le dicen que no puede estar en clases ordinarias sino que debe estudiar de 6:00 p.m. a 9:30 p.m. y ver cuatro materias diarias .

“Hemos pedido ayuda por medio de líderes para el colegio de mi hijo, para el transporte, los uniformes y los útiles escolares. Me dijeron que en Corpovida (escuela de validación) puede ir unos 24 sábados, pero deben pagarse 360 mil pesos y 300 mil pesos más del derecho de grado”, agrega Elsie.

El año pasado, cuando no había transporte en la vereda, Elsie mandaba a Rafael en un mototaxi, pero para eso gastaba hasta 24.000 diarios o se iban en vehículos particulares. La última opción era caminar los 12,4 kilómetros en un trayecto que podría tardar 3 horas .  “Ese trayecto es inseguro porque el año pasado al sobrino de mi comadre lo atracaron ahí en la salida del barrio 8 de enero. Estaban esperando ‘chance’ (alguien que los subiera en otro vehículo) para venirse y le quitaron el teléfono”, cuenta. 

Rafael ingresaba al colegio a las 6 de la mañana y salía a las 12 del mediodía y además de las clases, practicaba fútbol. Ahora que no está estudiando ayuda a sus padres en los quehaceres de la casa y dejó el deporte.

Jorge Alberto Velásquez, rector del colegio Ernesto Parodi, afirma que quienes tienen 16 años y cursan el bachillerato deben estudiar en la jornada nocturna. “Ya tienen extraedad y, por lo tanto, tienen que trasladarse a la jornada nocturna que es para los adultos que trabajan en el día y se pueden educar en la noche. Inclusive la edad para entrar en la noche son a los 16 años”, comenta.

Jaider Puerta Rodríguez

Jaider tiene 16 años. Dejó de estudiar desde julio de 2023 cuando cursaba séptimo grado en el Colegio Ernesto Parodi. Para esa fecha no había transporte escolar en su vereda.

Jaider tiene seis hermanos y dos de ellos hacen la primaria en Los Toquitos, quienes ingresan a sexto grado deben trasladarse a Fonseca. Su mamá, Johana Rodríguez, es ama de casa y su esposo, Félix Puerta, trabaja como agricultor en una finca. Desde hace 4 años viven en Los Toquitos en una casa que tiene un cuarto en obra gris y el resto en barro.

“A la Alcaldía le pedimos una ruta permanente para que todos los niños que viven acá en la zona rural tengan como transportarse e ir a estudiar a Fonseca”, dice Johana.

“Siento tristeza porque uno quiere que los hijos salgan adelante y se preparen mejor para que no pasen por tanta necesidad. Estoy buscando un trabajo para que mi hijo estudie. Él iba ingresar a validar, pero tiene que pagar todos los sábados 15.000 pesos y no tenemos dinero. El sueño de mi hijo es terminar de estudiar y hacer un curso en el Sena”, agrega.

En este tiempo, Jaider ayuda a su padre a trabajar en una finca, pero su familia pide evaluar la posibilidad de tener un cupo en el colegio y garantizar el transporte:  “Acá se necesitan más carros, el colegio queda muy lejos”, puntualiza.

Cristian Bravo

Cristian Bravo tiene 13 años de edad y terminó quinto grado en 2023 en el colegio de Los Toquitos, pero este año su papá no lo pudo matricular en una institución de Fonseca porque no cuenta recursos para los uniformes y el transporte escolar.

Cristian tiene tres hermanos. Dos estudian la primaria en el colegio de Los Toquitos y su otro hermano vive en Barrancas. Gustavo Bravo es padre soltero de 4 hijos, tiene 39 años y se dedica, según dice, a lo que salga en el día. “Vivo del rebusque y de oficios varios, los principales son ser potrero y la albañilería”, cuenta.

“Algunos maestros me han preguntado por la ausencia de Cristian y les digo que sin un trabajo estable se me dificulta. En el colegio se comprometieron con poner un transporte, pero hasta el momento no ha ocurrido”, agrega. Gustavo y su familia viven en un rancho que adaptaron con toldillos y láminas. 

“Siento tristeza porque yo quiero que él estudie y no tengo recursos”, asegura. Gustavo ha pedido ayuda a los líderes y rectores para que se gestione el transporte escolar y que todos en la vereda puedan salir adelante.

Por ahora, Cristian está ayudando en la casa a cuidar de sus hermanos mientras su papá hace oficios como de cortar árboles y lo que le salga para solventar los gastos.

Un problema que trasciende las cifras

Aunque mucho se habla de la deserción escolar en el país, no hay un diagnóstico real que documente las afectaciones en los municipios de La Guajira. Para el 2022, en el último informe del Ministerio de Educación, en este departamento la deserción escolar fue de 5,05 por ciento (en  primaria hay 5, 09 por ciento y, en secundaria, 5,48 por ciento). Sin embargo, no hay datos ni en Mineducación ni en el Dane sobre los municipios del sur del departamento, como Fonseca y La Guajira. Todas las cifras incluyen sólo al departamento.

Ante la falta de cifras, los rectores consultados por Consonante calculan que al año entre el 3 al 4 por ciento de los alumnos (unos 10 niños) no terminan sus clases.

Para José Alberto Velázquez, rector de la Institución Educativa Ernesto Parodi Medina desde hace 40 años, la causa principal de la deserción escolar es la mala situación económica que viven los padres de familia y la inestabilidad del lugar de vivienda. “Como las familias son de escasos recursos económicos viven trasladándose de un lugar a otro. Son nómadas y personas que no son estables sino que viven cambiando de ciudad y de pueblo a cada rato”.

Según Velázquez, hacen falta fuentes de trabajo para los padres de familia y que estos puedan brindar condiciones adecuadas que cubran las necesidades de los estudiantes. “Hay estudiantes que viven en barrios muy alejados y que no tienen transporte. Están en el 8 de Enero, que es el barrio más lejos de acá, y faltan a clases o llegan tarde todos los días. La Gobernación está pagando un transporte escolar pero no abastece a la cantidad de estudiantes en la zona rural, la cobertura ha aumentado en todo el municipio y no hay transporte para traerlos”, cuenta. Los estudiantes de la Institución Ernesto Parodi viven en Los Toquitos, Quebrachal y El Hatico.

Desde los colegios de Fonseca, advierte Velázquez, se ha solicitado a la Secretaría de Educación Departamental garantizar el transporte escolar desde el primer día de clases. Para Fonseca y sus veredas el año pasado se aprobaron 16 vehículos y 16 rutas. Este año, según la respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, solamente se aumentó una ruta y un vehículo que no responde a la cantidad de estudiantes que hay en cada zona. En el caso del colegio Ernesto Parodi cubre la ruta “Quebranchal, Los Toquitos y fincas aledañas” pero solo hay cupo para 23 estudiantes que resulta ser insuficiente para los 41 alumnos que hay en la vereda.

Para  Francisco Javier Núñez, rector del colegio Técnico Agropecuario desde el 16 de  enero de este año, hay varias causas que llevan a la deserción escolar. “En nuestro colegio son pocos los casos pero los factores son el cambio de domicilio, los problemas económicos y algunos estudiantes prefieren trabajar y empiezan a buscar ingresos para llevar dinero a sus casas, otros tienen familias disfuncionales”, cuenta.

Por ello, Núñez pide que se articulen estrategias con el Estado. “El problema de la deserción es un hecho social grave. En el caso de trabajo infantil tenemos labores de socialización y concientización para que su única actividad sea estar en el colegio y no deben ocuparse en otros trabajos. Hay que apoyarlos en sus actividades académicas e incentivarlos, decirles que el estudio es la mejor opción para salir de los círculos de pobreza”, indica. 

En el colegio Técnico Agropecuario el año pasado se retiraron 5 niños porque sus padres cambiaron de pueblo. “Lo preocupante es que los que desertan en el Técnico Agropecuario son los niños de sexto y séptimo cuando están iniciando su bachillerato, son niños entre los 12 y 15 años. En estos casos es difícil que regresen y al año son unos 10”, agrega.

A este colegio llegan niños principalmente de Cardonal, Mayabangloma y El Hatico. “Entendiendo las condiciones especiales del departamento, aceptamos a un estudiante que no haya podido ingresar por falta de transporte escolar. La escuela es incluyente y no se le puede cerrar la puerta y menos a un muchacho en esas condiciones. Y para que esté al día le tocaría hacer una estrategias de nivelación con los maestros”, propone Núñez.

Profesores hablan de la ausencia de estudiantes

Edwin Pana, profesor de educación física del Ernesto Parodi desde hace 25 años, cuenta que la deserción escolar incluye otros factores como la falta de orientación. “Durante los años que tengo acá he visto casos de deserción escolar por falta de orientación a los jóvenes y a sus padres de familia. Hay muchos niños con problemas de convivencia en sus casas y en los salones de clase”, agrega.

“Uno nota sus faltas porque una de las clases preferidas de los estudiantes es la asignatura de educación física. Estamos en un sitio que es vulnerable y los jóvenes tienen dificultad para llegar a las instituciones y se ven obligados a moverse de pueblos”, puntualiza. 

El profesor advierte que la contratación de transporte escolar es fundamental para evitar la deserción escolar. “Eso afecta la asistencia porque los que viven en la zona rural se les dificulta llegar a tiempo y a veces los padres de familia tienen que sacrificarse mucho y la situación no es fácil. Algunos no tienen cómo mandar a los niños al colegio, que lleguen vehículos es fundamental”, concluye Edwin.

Algo similar opina Onaider Gutiérrez, profesor desde hace 44 años de materias como sociales, filosofía, religión, naturales y ética. “Todos los años y en cada curso hay deserciones a causa de la movilidad especialmente de quienes viven en la frontera. Las familias se mueven a otras zonas, hay conflictos internos en los hogares y otros factores que llevan a un desempeño escolar muy bajo”, indica.

“Es reiterativo la deserción escolar porque manejamos personal de barrios vulnerables donde la situación social es más precaria”, concluye.

Los puestos de salud de cinco corregimientos de Tadó ­– El Tabor, Playa de Oro, Carmelo, Corcovado y Tapón – están en completo abandono, destruidos y sin la dotación necesaria. Quienes viven en estas zonas, unas 6.250 personas aproximadamente, deben desplazarse hasta el Hospital San José de Tadó, en el casco urbano, y cuando llegan no encuentran turnos ni se les garantiza la atención. 

El puesto de salud en El Tabor es el más nuevo. Está ubicado a unos 41 kilómetros de Tadó y fue construido en diciembre del año pasado. La infraestructura es óptima y mantiene su fachada blanca, recién pintada; sin embargo, no tiene los equipamientos necesarios ni se ha contratado al personal médico. Solo es una casa de un nivel, en el que hoy no funciona nada.

Juana Bolaños, habitante de El Tabor, comenta que su comunidad lleva más de 5 años sin un centro de salud y debe acudir al Hospital de Tadó. “Cuando alguien se enferma le toca ir al hospital en mototaxi debido a que no tenemos otro medio de transporte. Cuando llegamos a la sala de urgencias debemos esperar por horas, y ahí comienza el viacrucis”, indica.

“Es imposible sacar una cita médica para que lean los exámenes y esta situación lleva a muchos enfermos a no visitar el hospital y solo acuden cuando no se pueden valer por sí mismos”, agrega Bolaños.

En este corregimiento hay unas 3.000 personas que requieren un centro de salud adecuado. Magaly Sánchez, otra habitante, cuestiona que no se aproveche al personal médico del municipio: “En el 2023 construyeron un puesto de salud en El Tabor, pero a este le hace falta dotación y contratar al personal. Tenemos auxiliares de enfermería que nos brindan los primeros auxilios cuando alguien se enferma, pero están sin empleo y esperan que se les vincule”.      

En Playa de Oro, a 35 kilómetros de Tadó y un corregimiento con 2.000 habitantes, la situación también preocupa. Hay un centro de salud donde solo trabaja una enfermera. En este lugar hay humedad, tanques averiados y con tinas llenas de agua en el patio que lleva a la proliferación de mosquitos.  

Ramón Eliseo Lemus, habitante del corregimiento, resalta que una sola enfermera no es suficiente. “Tenemos una enfermera que todos los días está ahí, de lunes a viernes. Ella hace lo que esté a su alcance para atender a la gente y estamos satisfechos con el servicio de ella, pero sabemos que hay procedimientos que se salen de sus manos.  Ella hace el reporte, llama al centro de salud de Tadó y remite el paciente, pero allá tampoco nos atienden”, recalca.

Lo mismo opina Ana Billy Castro, habitante de Playa de Oro, quien pide que se asegure la atención de los pacientes de la zona rural: “Cuando llega un paciente tiene que esperar altas horas para ser atendido y no le dan respuesta. Necesitamos un médico permanente en la zona rural, pedimos que arreglen el puesto de salud de Playa de Oro y tengamos un médico para la atención de las veredas y corregimientos del alto San Juan”, concluye.

Por su parte, la enfermera Luz Dary Mosquera Valencia, quien atiende el puesto de salud de Playa de Oro, recalca que el estado del lugar es regular y está sin la dotación suficiente. “La planta física necesita arreglos. Hace unos días pusimos en conocimiento del ministro de Salud la problemática de la zona rural. Pedimos que se cree un centro de atención primaria y nos pidieron que pasáramos una propuesta”, agrega.

“En el puesto de salud hacen falta microscopios, sillas de ruedas, camas, colchonetas y todos los elementos básicos para una atención adecuada. Además, necesitamos médicos, ecógrafos, bacteriólogos, nos faltan profesionales de salud en todas las áreas”, cuestiona. Además, Mosquera agrega que no tienen ambulancias en la zona rural. Las dos ambulancias que asignó el Ministerio de Salud tampoco han llegado al municipio y actualmente solo hay ambulancia alquilada en el hospital.

En Carmelo, a 40 kilómetros de Tadó y con 590 habitantes, el centro de salud está en una zona de alto riesgo y, por ello, la gente pide que sea reubicado. El lugar está en ruinas, lleno de maleza, con paredes destruidas por la humedad y con techos en mal estado.

Francisca Nelly Mosquera, habitante del corregimiento del Carmelo, asegura que desde el 2016 el centro de salud está abandonado. “Las autoridades locales han dicho que este puesto lo van a reubicar porque está en zona de inundaciones. Muchas personas han muerto por falta de atención médica, ya que no hay quién ni con qué prestar los primeros auxilios. Hemos hecho la propuesta a las administraciones locales para que al menos nos alquilen una casa para brindar los primeros auxilios”, indica.

“Cuando alguien se enferma debemos buscar llegar a Tadó de cualquier forma y la vía está en muy mal estado. Primero lo tratamos con medicina tradicional ancestral para que resista y sí la enfermedad es muy grave, lo llevamos a un centro asistencial, pero allá nos dicen que no hay ficho (turno) para consulta externa”, agrega.

En Corcovado, a 22 kilómetros de Tadó y con 390  habitantes, el puesto de salud está también cubierto de maleza. No cuenta con techos, ni ventanas y está completamente abandonado. 

Ramiro Mosquera, habitante del corregimiento, asegura que este puesto de salud lleva cinco años deteriorado. “Acá no ha llegado el alcalde a hablar con la gente, los enfermos son trasladados en mototaxi porque tampoco llegan las ambulancias. Y ni siquiera podemos tomar citas médicas en el Hospital de Tadó”, agrega. 

En El Tapón, a 8 kilómetros de Tadó y con 270 personas, la casa que antes funcionaba como puesto de salud queda solo un aviso. Está sucio, con las puertas destruidas, sin ventanas y en ruina total. En los salones hay palos y hasta murciélagos.

Yuly Constancia Murillo Bolaño, líder del corregimiento de Tapón, cuenta que el puesto de salud de El Tapón lleva más de ocho años inhabilitado. “No tenemos enfermeras ni quien nos atienda en salud. La mayoría de nuestra gente sufre de presión arterial y nos toca bajar a Tadó para que se las tomen. Aquí muere la gente y no pasa nada”, agrega.

Otros ciudadanos hablan de los impedimentos para acceder a la atención en salud. “La gente no quiere ir al hospital por los malos tratos y los rechazos. A uno le duele ese servicio. Nos dicen que no están autorizadas para suministrar ciertos medicamentos”, dice Aleris Copete, habitante de Tadó. 

Lo mismo opina otra mujer que pide reservar su nombre: “El gerente del hospital debe ponerse serio con la atención a los pacientes, no puede ser que solo nos ordenen ibuprofeno y acetaminofén, a la gente la mandan a la casa igual de enferma”.

Una promesa que aún no llega

El alcalde de Tadó, Juan Carlos Palacios Agualimpia, ha dicho a las comunidades que va a dotar el puesto de salud con médicos, enfermeras y trabajadoras sociales. Pero la realidad es que quienes requieren algún procedimiento deben viajar hasta Quibdó, a dos horas de Tadó. En entrevista con Consonante, en noviembre de 2023, Palacios aseguró que su prioridad durante el primer año sería mejorar el Hospital San José de Tadó y habilitar los centros de salud rurales. Una promesa que viene desde la administración de Cristian Copete y que aún no se ve.

Brenda Yulieth Mosquera Sánchez, coordinadora de salud municipal, reconoce que los puestos de salud del municipio “se encuentran en un estado deplorable” y que llevan años sin una intervención en su planta física y dotación. “Estamos en un proceso de gestión para poder intervenir todos estos puestos de salud, están en estudio y esperando el documento de red para saber cómo van a quedar los puestos de salud”, indica.

Sin embargo, Mosquera agrega que no tienen una fecha de intervención de estos lugares: “No sabemos en qué tiempo pondremos a funcionar los puestos de salud debido a que en estos momentos estamos en el proceso de construcción de la operatividad y de intervención desde el Ministerio de Salud. Estos puestos de salud están en ruina y la intervención no solo es superficial, sino que deben incluir la infraestructura y la dotación”. Mosquera puntualiza que los recursos deben ser asignados por el Gobierno.  

Everth Casas, gerente del Hospital de Tadó, señala que con la administración local están trabajando en un proyecto de intervención para que desde el Ministerio de Salud se asignen recursos para mejorar los puestos de salud de Playa de Oro, Carmelo y Guarato.  El proyecto, según informa, será radicado en la primera semana de abril. 

Mientras tanto las comunidades esperan que se habiliten los puestos de salud y que se garantice la atención primaria en sus corregimientos. “Les pedimos a la administración y al Gobierno que esa propuesta de vivir con dignidad se vea reflejada en la salud de nuestra gente”, puntualiza Francisca Nelly Mosquera, de Carmelo.

En la Casa de la Mujer en Tadó, el espacio que prometía fortalecer el emprendimiento en el municipio para las mujeres, hoy solo hay un salón de belleza y un restaurante en el que trabajan 8 mujeres. En el salón funciona un restaurante donde venden desayunos y almuerzos, y el área de belleza, donde se realizan manicure, pedicure y peinados. El reclamo principal de las mujeres es que 90 emprendedoras, que se capacitaron por Asodamas (asociación que se encargó de la formación de las mujeres), no hacen parte de los programas y, por eso, piden a la Alcaldía que se abran nuevos espacios de producción y se involucren más personas.

En el municipio hay 9.000 mujeres, que representan al 50 por ciento de la población total y viven de empleos informales: trabajo por horas en minería, venta de productos en la plaza principal y en restaurantes. Por lo tanto, esperaban que ese lugar les permitiera abrir nuevas plazas. 

¿Qué dicen las mujeres?

Las capacitaciones que recibieron por Asodamas se hicieron en temas como: memoria histórica, emprendimiento e innovación, economía solidaria, seguridad alimentaria, balance financiero, situaciones de violencia, cursos de belleza y reciclaje. Pero no se abrieron proyectos productivos ni emprendimientos en todos estos aspectos.

Sandra Perea, representante legal de la Asociación por la salud y la belleza de las mujeres en Tadó, señala que aunque fueron convocadas para hacer parte de los proyectos, no han podido participar en la casa de la mujer. “Más de 120 mujeres fuimos convocadas para dos emprendimientos, uno para belleza y el otro para restaurante con el objetivo de visibilizar nuestro trabajo y lograr una independencia propia. Planteamos salir adelante con los productos de la región y con comidas típicas y no tuvimos la oportunidad de participar. Hay egoísmo y este espacio sirvió para pocas mujeres”.

“Como mujer y lideresa, hoy pedimos que la casa social sea liderada por una persona que tenga el compromiso y que dé la oportunidad a aquellas mujeres que fueron aisladas”, agrega.  Perea cuenta que aunque su grupo está legalizado ante la Cámara de Comercio no tienen cómo impulsar sus emprendimientos por falta de un espacio y de recursos. “Nos prometieron un espacio para impulsar las artesanías y nuestra memoría histórica y de eso no existe nada”, recalca.

Otra mujer, que pidió no revelar su nombre y se dedica al comercio, pide que estos lugares no se usen como fortín político: “La mujer tadoseña está olvidada porque a todo le meten politiquería, si no estás con x candidato, no te aceptan.  Esperamos que esta nueva administración nos ayude porque muchas queremos emprender, solo que necesitamos un empujoncito. Necesitamos mayor énfasis en educación financiera y apoyo a nuestros emprendimientos”. 

Una lideresa, integrante del grupo de mujeres que trabaja en la casa social, describe que les faltan herramientas de trabajo. “Este es un lugar que debemos sostener nosotras y de lo que ganamos sacamos un incentivo para mantener el salón y el restante para sostener nuestros hogares. Soñamos con que sea un espacio para apoyar y resaltar los emprendimientos”.

“Nos preocupa es que el techo está en mal estado y se está cayendo, le pedimos a la Alcaldía revisar la estructura y que nos ayude con todos los proyectos”, dice. 

¿Qué dicen las autoridades? 

La casa de la mujer fue promovida por la administración del exalcalde Cristian Copete. Y se llamó Casa Social de la Mujer de Tadó Margareth Cristal, nombre que hace referencia a la hija de la gestora social y exprimera dama, Sandra Perea.

Desde el plan de gobierno de la administración de Cristian Copete, quien dijo que se “la jugaría todo por las mujeres”, se consignaban cuatro acciones: construir la casa de la mujer, formular e implementar la política de la misma, crear la coordinación de la mujer y establecer estrategias de prevención de la violencia intrafamiliar. De las anteriores  solo se trabajó en la casa de la mujer. El municipio sigue sin una política a favor de las mujeres y tampoco hay programas para la prevención de la violencia intrafamiliar.

Tatiana Barrios, coordinadora de la casa de la mujer, cuenta que fueron las mujeres quienes pidieron que los dos programas a implementar fueran el restaurante y el salón de belleza. “Estos proyectos fueron pedidos por las mujeres. Si una de ellas no está bien económicamente y tiene conocimientos en belleza y en restaurantes, podemos ofrecerle hacer parte. Además, incluimos a mujeres de otros municipios o de otras regiones”. 

Según Barrios, la atención no se limita en estos temas. “En estos momentos cualquier mujer que se sienta vulnerada en sus derechos de salud en el hospital puede acercarse a nuestra casa de la mujer. Actualmente no tenemos el equipo psicosocial, pero hacemos la guía y la ruta ante la Comisaría de Familia”, recalca. Sin embargo, Barrios destaca que no hay recursos para más cursos.

Por su parte, desde la Alcaldía se informa que se está trabajando en una política pública a favor de las mujeres. Luis Palacios, secretario de Gobierno, indica que se está avanzando en la formulación de la política y que será socializada con ellas. “Se están haciendo unas propuestas y trataremos de avanzar y de ver cómo permitimos que las mujeres de Tadó puedan ser beneficiarias de este programa. Desde la Alcaldía haremos una convocatoria para que nuestras mujeres se postulen y que sean partícipes del proyecto”.

“Desde nuestro plan de desarrollo, que ya está en construcción, se incluye a las mujeres y a todos los miembros de la comunidad”, agrega. 

Palacios también cuestiona que desde la administración anterior solo se dejaron dos proyectos y plantea que se estudiará la posibilidad de otros emprendimientos: “Se necesita una estrategia para que las mujeres puedan acudir a hacer otro tipo de oficio profesional que les permita obtener recursos. La Alcaldía está dispuesta a apoyar otros emprendimientos que las mujeres presenten y que la ley nos permita”.

En los hogares de Tadó solo llega el suministro de agua una o dos horas al día y en verano el servicio es intermitente. Esto se presenta en todo el municipio, pero afecta principalmente a los sectores más vulnerables como la Urbanización Villas de Remolino (Las Torres), Urbanización Villa Esperanza y el barrio San Pedro, donde solamente se cuenta con el servicio cuando llueve. En estos barrios, sus habitantes ya suman dos semanas sin agua.

El agua llega al municipio por bombeo lo que hace que solo tengan ese suministro cuando llueve. En época de verano la gente tiene que recurrir a comprar bolsas de agua y lavar en quebradas.

(Este video explica el problema del agua en Tadó)

A esto se suma un reclamo que la comunidad lleva haciendo desde que existe el acueducto: el agua no es potable ni está bien tratada. Hasta el momento, no hay estudios sobre la calidad del agua que llega a las casas. En una respuesta a la Veeduría Ciudadana de Tadó, el 14 de febrero, el gerente de la empresa Aguas de Tadó, Francisco Valderrama, confirma que durante el mes de enero no se realizó el estudio de calidad del agua desde su fuente de captación.

¿Qué dice la gente?

Clara Luz Mosquera, habitante del barrio San Pedro, cuenta que tiene agua solo cuando llueve y por un tiempo máximo de tres horas. “En ocasiones la ponen media hora o un tiempo más largo entre tres y cuatro horas, y solo cuando llueve”, afirma.

Mosquera reclama que la comunidad desconoce si el agua es potable: “No sabemos si el agua es tratada, aunque la empresa dice que sí. El acueducto tiene fugas por el sector La Poza y hasta donde tengo entendido no se ha arreglado”.

Yarlenis Mosquera, habitante del barrio Reinaldo, también asegura que en su vivienda el servicio es ocasional. “El agua llega una hora, dos o máximo por tres horas. Sin embargo, cuando llueve la ponen más de medio día y para ese momento la gente ya no la necesita porque ya recogió agua lluvia en su tinas o albergues”.

“Ahora, en verano, todos necesitamos agua. Falta que la empresa mejore el servicio. Hoy, por ejemplo, llevamos tres días sin agua”, agrega.

Elizabeth Asprilla, habitante del barrio El Esfuerzo, afirma que lleva dos semanas sin agua en su casa a pesar de que está al día en sus pagos: “El acueducto funciona una vez al día y en la mañana, en verano nos dejan dos semanas o más sin servicio. Yo pago el agua puntual, que son seis mil pesos”.

“Cuando está lloviendo el agua llega todos los días y en este verano todos sufrimos por falta de agua, le solicitamos a la empresa una explicación”, agrega. Asprilla, agrega que en su barrio hay también fugas de agua cerca al hospital.

¿Qué dicen las autoridades?

Juan Carlos Palacios Agualimpia, alcalde municipal de Tadó, reconoce que el acueducto no tiene la capacidad suficiente para brindar el servicio a toda la comunidad. “Estamos haciendo el diagnóstico para saber qué necesitamos intervenir, no solo en la zona urbana sino también en la rural. El acueducto de Tadó hace unos años recibió una intervención significativa por más de 19 mil millones de pesos por parte de cooperación internacional Española y del Ministerio de Vivienda, pero los resultados no se ven como se esperaban”, afirma.

Palacios puntualiza que no hay recursos para mejorar el acueducto. “No contamos con los recursos para atender las necesidades de agua potable en el municipio, pero presentaremos un proyecto ante la Gobernación para buscar su financiación con recursos de regalías ya que la gobernadora ha mostrado interés de atender las políticas del gobierno de la gente y darle prioridades a los acueductos”, dice.

Por su parte, Francisco Valderrama, gerente de la empresa Aguas de Tadó, indica que no hay un diagnóstico real de la problemática del acueducto y no tienen cómo atender las fugas de agua. “No existen los trámites ante el Invías para atender las fugas de agua en las vías nacionales en los barrios Popular, Escolar y San Pedro”. El acueducto, según la comunidad, presenta fugas en varios sectores del municipio como son el barrio San Pedro, Reinaldo, Villas del Remolino y en la parte céntrica del municipio de Tadó.

Según Valderrama, el 75 por ciento de los habitantes de Tadó cuentan con acueducto. Sin embargo, este no funciona las 24 horas porque las plantas de captación no están en buen estado. “Buscamos que el acueducto se haga por gravedad o cambiar los motores por unos nuevos, creemos que necesitamos 30 mil millones de pesos para que el acueducto funcione en óptimas condiciones”, agrega.

“La empresa  ESPAT hoy se encuentra en un estado muy regular, encontré muchas deudas del año pasado y la empresa no se encuentra en un buen estado financiero.  La empresa presta el servicio diariamente 6 horas pero hemos tenido inconvenientes con los motores de la planta de bombeo, que tienen más de 15 años de uso y se dañan mucho”, dice Valderrama, quien advierte que por ahora no hay un plan para mejorar el acueducto.

Yirson Marino Ledezma, personero municipal, advierte que la empresa Aguas de Tadó se encuentra en un déficit fiscal histórico y que a pesar de las alertas no se ha solucionado. “El acueducto de Tadó presta un servicio regular. La empresa dice que suministra 7 horas al día, pero todos vemos que solo presta entre dos y cuatro horas, cuando en el convenio hecho con la Cooperación Española se dijo que el acueducto funcionaría de 18 a 24 horas al día”.

“El suministro de agua es insuficiente, porque solo se pone cuatro horas y tampoco le llega a todo mundo. La red que suministra ese preciado líquido solo llega a la zona céntrica del municipio y no a las zonas periféricas que es donde mayormente se debe concentrar la atención”, reclama.

Ledezma agrega que no hay claridad sobre la potabilidad del agua: “El río donde se capta el agua tiene antecedentes de presencia de mercurio por el trabajo de minería. En las visitas de tratamiento hemos visto los procesos donde el agua tratada tiene un color diferente a la no potabilizada”.

Lo que sigue

El gerente de la empresa Aguas de Tadó, Francisco Valderrama, asegura que en 18 meses adelantará un plan de mejora para que el acueducto funcione las 24 horas al día. Sin embargo, tanto la empresa como la Alcaldía, advierten que no hay recursos para que este servicio mejore. Por eso, la administración dice que presentará un proyecto ante la Gobernación para buscar financiación.

A un mes de la tragedia en la que un alud de tierra sepultó a 40 personas en el sector de El Diecisiete, en la vía Quibdó- Medellín y a dos horas del casco urbano de El Carmen de Atrato, para las familias que viven en la carretera no ha cambiado nada y las ayudas, por ahora, quedaron en papel. 

Lo más visible en la vía fue cómo una montaña de lodo cubrió la casa de Rocío Mazo y Alberto Olaya, ubicada sobre la carretera y de unos 25 por 15 metros, y la vida de otras 38 personas que se refugiaban de una lluvia incesante que duró 27 horas, entre el jueves 11 y viernes 12 de enero. La zona luce como si una aplanadora hubiera pasado por la vivienda borrando todo el rastro a su paso y deslizándola hasta el abismo que da al río La Playa.

En la carretera viven más de 200 familias, la mayoría pertenecientes a las 28 comunidades indígenas y comunidades campesinas y afro que hay en El Carmen de Atrato. Todos tienen historias de algún accidente y esperan que el del 12 de enero sea el último y no quedar, de nuevo, en el olvido. 

Algunos afirman que la movilización de las autoridades y unidades de emergencia solo duró unas semanas. “La Unidad de Riesgo por acá no ha llegado a decirnos qué debemos hacer ante una emergencia. En los demás accidentes ha pasado lo mismo, traen los mercados, tenemos los ojos encima de todas entidades por unas semanas y de nuevo nos abandonan”, cuestiona Dorian Arias, vendedor de 56 años y habitante del sector de El Quince.

La vivienda de Dorian Arias está a 10 minutos en moto al punto donde ocurrió la tragedia reciente. “El jueves, como a la 1 de la tarde, fui en moto a la casa de Olaya a comprar gasolina y empezó a lloviznar y les dije que me iba. Fue la última vez que los ví”, cuenta.

El viernes, como en la casa de Olaya, a la tienda de Dorian también llegaron varias personas a refugiarse de la lluvia. “Lo que recuerdo de ese día es la forma de llover, llevaba meses sin llover de esa forma y, lo más curioso, es que se zafó el barranco que se llevó a todo el mundo y escampó”, agrega.

Para Dorian, cada vez que ocurre un derrumbe y un bloqueo, en su negocio dura hasta tres días sin vender nada porque sus principales clientes son camioneros. Los productos llegan más caros y dice que no se ven turistas porque la gente tiene miedo de que ocurra otra emergencia: “Después de la tragedia se veían pocos carros porque la gente tenía miedo de pasar y los medios de comunicación decían más de lo que era e informaban que iban a cerrar la vía por tres meses. En esta parte uno se siente tranquilo porque está más plano, pero no deja uno de sentir miedo cuando llueve”.

En la vía falta señalización, no hay defensas (barandas metálicas) y en algunos puntos solo hay unos palos con cintas amarillas de “peligro no pase”. Tampoco hay señales de “curva pronunciada” ni se avisa cuáles los puntos críticos. Esto se deja al conocimiento de los camioneros que a diario pasan por la vía para transportar alimentos. “Hay zonas que faltan por pavimentar, hicieron unos cortes para el ensanche de la vía y quedaron sin terracear (técnica para estabilizar la tierra y evitar posibles nuevos deslizamientos). Ha fallado el Invías y los encargados de la obra”, denuncia Dorian. 

Dorian Arias agrega que en su comunidad, conformada por 30 familias, solo llegaron de ayudas unas botellas de agua y un mercado pequeño. “Nos hace falta todo, de El Siete para acá uno dice que va para la jungla porque no se ve nada como emprendimientos, negocios, espacios deportivos. La solución no es solo dar comida, necesitamos herramientas para producir la tierra y espacios productivos. Le pediría al Gobierno que solucionen el problema con las comunidades indígenas porque les prometen y no les cumplen. No hay seguridad alimentaria”.

Él ha vivido siempre en El Carmen de Atrato y asegura que es poco lo que ha llegado de ayudas a esta zona de La Trocha. “La han bautizado como 'La trocha de la muerte', pero es más por el descuido y porque somos la cenicienta del municipio de El Carmen de Atrato. En todas las comunidades indígenas y en los demás municipios hay inversión, pero en la trocha y esta zona (El Quince) anda quieta”, advierte.

Las familias de El Quince también han reclamado la falta de apoyo psicosocial y conocer cómo se van a destinar los dineros que prometió el gobierno de Gustavo Petro. “Estamos de nuevo en el olvido. El presidente Petro dijo que se invertiría dinero para que se evitara ese tipo de situaciones, pero de eso no nos han socializado nada. El municipio lo único que hizo fue traer unos mercados para la gente y les dijimos: 'Ustedes nos vienen a traer es miseria'. Ese kit tenía un juego de pocillos de plástico, una ollita, una chocolatera y comida por ahí unos 80 mil”, recalca Dorian Arias.

Sobre esto, el alcalde Jaime Arturo Herrera señaló que se demoraron porque no tenían un censo de todas las familias afectadas. “Recibimos 2 000 mercados de ayudas, pero no se podían entregar de una sino que se necesitaba hacer un listado de las afectaciones, familia por familia. No tenemos un censo completo de las familias que viven en La Trocha, de El Dieciocho hasta la cabecera municipal. Solo sabemos que son 26 comunidades indígenas y 6 resguardos indígenas”. La Alcaldía hizo un censo y solo hasta el jueves 25 de enero, 14 días después de la emergencia, entregaron los mercados a las familias. 

La escasez y el invierno

Lo mismo cuestiona Luz Ayde Bailarín, de 31 años y quien vive en el resguardo Abejero en el sector El Diecisiete, ubicado al frente a la carretera y a dos kilómetros de donde ocurrió la emergencia. Advierte que a su comunidad, conformada por 23 familias Embera Eyabida, han llegado pocas ayudas: “Solo nos dieron dos tarros de agua y unos kits de alimentos por estar afectados cerca al lugar de la tragedia. Nosotros hemos pedido que nos reubiquen y no ha pasado nada”.

Luz Ayde describe que ha tenido afectaciones en su vivienda cuando hay detonaciones y obras en la carretera. Y sus cultivos y crías de marranos, su principal sustento, se mueren. “Uno va a sembrar algo y ya no da. Tres crías de marranos murieron porque cuando se escuchaban las explosiones, los animales corrían y botaban toda su cría. Mi casa está llena de agujeros en el techo por las piedras que caen y ellos no ven eso como afectaciones”, agrega.

Tanto Luz Ayde, como los 11 integrantes de su familia, recalcan que no se sienten seguros en el lugar donde viven: “Yo acá me siento en peligro total. Nosotros decimos que la tierra avisa. Cuando llueve demasiado uno ve que se empieza a desgranar un poquito y eso nos da miedo. Pido que nos reubiquen pero que me dejen en la misma comunidad y que no tenga una montaña encima, me da miedo que se derrumbe. Los contratistas dañaron espacios que eran sagrados”.

“A veces llueve hasta tres días y uno va viendo los derrumbes. Por los cortes que hicieron en la montaña, les decimos a las familias que si llueve es mejor que se vayan a una casa segura y en un terreno plano porque hay derrumbes. Por eso en mi casa, al lado de una montaña, yo no duermo si llueve”, agrega.

Esta líder indígena Embera Eyabida también recuerda cómo se vivió la emergencia del 12 de enero. “Toda la noche llovió, hubo tres derrumbes más y por eso la gente no se movía. Antes de que se viniera todo el lodo, cayeron dos rocas grandes y luego todo quedó tapado. No hubo tiempo de reaccionar y la gente quedó encerrada. Ni los de acá (El Diecisiete) ni los de El Quince podíamos ir a ayudar porque había una cola enorme de carros, caían rocas y lodo. Era imposible pasar”, dice.

Anny Julieth Rodríguez Tabares es líder de la comunidad de El Dieciocho desde hace 8 años y advierte que allí también la gente vive asustada de que pueda ocurrir otra emergencia, especialmente en invierno: “Todos vivimos con temor, y se agudiza cuando está lloviendo porque residimos frente a zonas donde hay lomas, y cuando llueve, uno no sabe qué puede pasar. Cuando está lloviendo u oímos cualquier ruido, estamos alerta, pensando por dónde correr si pasa algo o dónde refugiarnos”.

Esta líder afro, de 54 años, insta a las autoridades a que intervengan urgentemente y prevean posibles tragedias.  “Nos han dicho que estamos en un zona de alto riesgo, pero tampoco nos reubican. Les pedimos que intervengan antes de que vuelva a ocurrir otra tragedia como la que vivimos el 12 de enero. No se pueden quedar quietos. Si una familia está en una zona peligrosa y no conocemos su ubicación, los encargados del trabajo de campo deberían informarles que es época de salirse antes de que ocurra algo", advierte. A esta comunidad, según Anny Julieth, solo llegó un paquete de la Alcaldía. 

Otra de las veredas afectadas es la del sector El Once. Ramiro Giraldo Henao, campesino, asegura que siempre ha vivido con la incertidumbre de posibles accidentes en la zona. “Esto no ha cambiado nada porque se sigue viviendo con la zozobra de que mañana o pasado mañana vuelva y ocurra otra tragedia como esa”, dice.

Ramiro es testigo de un sin número de accidentes a causa de los deslizamientos. “Siempre ha sido así desde que yo tengo uso de razón. Han ocurrido deslizamientos, volcamientos en esta trocha, y una suma de más de 200 muertos”, agrega.

Para Ramiro, la tragedia se agravó porque la empresa encargada de la pavimentación no previó adecuadamente los riesgos: “Hacen cortes y desvíos en la vía y no evalúan cómo mueven la montaña. Cuando entra el invierno, la gente sabe que habrá un derrumbe o un deslizamiento, porque con eso hemos vivido durante años”.

Ramiro cuenta que, hasta el momento, no ha recibido ayuda de la Alcaldía ni del Gobierno. Sin embargo, destaca la colaboración de la Diócesis de Quibdó, liderada por el padre Rodrigo Ortega, que hace unos 15 días distribuyó minimercados a varias personas en la zona. “No he tenido contacto directo con ninguna entidad ni con la Alcaldía. En la carretera, el Padre Rodrigo ha sido una persona muy querida y colaboradora con nosotros. Hace aproximadamente 15 días, vino y distribuyó algunos minimercados a muchos habitantes de la comunidad”.

Agrega que los cierres de la vía ocasionados por los derrumbes afectan la movilidad y el suministro de alimentos. “Al no haber tránsito libre, la comunidad comienza a padecer por la alimentación y la disponibilidad de diversos víveres. No pueden traer ni pasar productos desde Quibdó hasta Medellín. Esta restricción se convierte en la afectación más grande que tenemos”

Además, Ramiro expresa su preocupación por los incumplimientos del Gobierno y de las empresas encargadas: “Al Gobierno le pido que se tome en serio la selección de empresas para los proyectos, ya que muchas de ellas incumplen sus compromisos. Pareciera que solo tienen interés en llevar a cabo sus proyectos sin considerar las afectaciones a los habitantes de acá".

Ramiro era amigo de Alberto Olaya, el dueño de la casa en donde ocurrió la tragedia. En medio de su tristeza recuerda el día de los hechos. “Las lluvias habían provocado derrumbes durante todo el día. Estaba esperando a unas personas que se dirigían hacia mi casa debido a la falta de paso en la zona afectada cuando recibí la noticia de que un nuevo deslizamiento había arrastrado una casa. Él no solo era mi amigo, sino que también formaba parte activa de la asamblea de la Junta de Acción Comunal. Nos apoyamos en muchas reuniones comunitarias”, agrega.

“El gobierno promete actuar, terminar obras pendientes y brindar ayuda a las personas afectadas. Uno se vuelve un poco incrédulo porque ha escuchado tantas veces las mismas promesas. Uno sigue esperando y llega otra tragedia, y resulta que no han cumplido nada", asevera.

A Ramiro también le preocupa que nunca han recibido capacitación para enfrentar una emergencia. “Aquí no nos han capacitado para una emergencia, nosotros hablamos de puntos críticos y lo único que rogamos es que no ocurra otra tragedia”. 

¿Qué ha pasado con las ayudas del Gobierno?

Los líderes consultados de los sectores El Once, El Quince, El Diecisiete y El Dieciocho confirman que a ninguno se les ha socializado cuáles serán las ayudas del gobierno de Gustavo Petro luego de la emergencia. Lo poco que escucharon fue lo que se informó por medios de una inversión de medio billón de pesos para terminar en un año las obras de la vía tras ser declarada desastre natural. Pero la promesa de concluir la vía viene desde el mandato del expresidente Juan Manuel Santos.

Esta vía, que debía entregarse en el 2018, lleva 15 años en obras ante incumplimientos de los contratistas, paros en la vía y firmas a cargo que se han declarado en insolvencia. Mientras tanto, conductores y habitantes arriesgan su vida a diario pasando por una vía que en algunos sectores está al borde del abismo. Tanto así que desde el 2009 ya van 190 muertos.

Petro desde su cuenta “X”, antes Twitter, también reconoció una de las principales alertas que se ha hecho desde la comunidad de El Carmen de Atrato: la falta de prevención de taludes. “Nunca contrataron la construcción de la carretera a Quibdó con el tratamiento de taludes, cuando es una de las zonas más lluviosas del mundo. Ralentizaron los tiempos de construcción a través del mecanismo financiero llamado "vigencias futuras". Así la carretera a Quibdó, como otras, lleva más de 20 años de construcción”, dijo Petro en la red social. Sin embargo, ese es uno de los reclamos de los líderes de La Trocha y que hoy sigue sin atenderse. Sumado a denuncias de veedores por el mal uso de recursos en la vía  y de posibles sobrecostos en la construcción de puentes y muros. Y ante la evidencia de estructuras abandonadas y oxidadas en la vía de lo que al parecer eran puentes.

Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez dijo el 15 de enero que se iba a atender y garantizar el inicio del calendario escolar y las necesidades de las familias afectadas, así como garantizar el PAE. Pero en sectores como El Diecisiete todavía hay niños sin cupo y que no pueden ir a estudiar. En las comunidades consultadas tampoco se han entregado kits escolares ni se han realizado campañas de apoyo emocional y psicológico como se anunció en su momento el Ministerio de Educación. Además, el PAE dejó de funcionar desde el lunes 5 de febrero.

El alcalde Jaime Arturo Herrera dijo, en entrevista con Consonante, que el Gobierno se comprometió a ayudar al municipio: “En el kilómetro 17, el presidente Petro cuestionó por qué se está haciendo esa vía a medias y revisó el área de la afectación y se encontró que en verdad la han construido muy artesanalmente y sin las técnicas como se hace en otros departamentos para vías 4G”.

“Les dijimos al Presidente y a la Vicepresidenta que el Chocó ha sido olvidado por otros gobiernos pasados y a nosotros nos ven con migajas. Él se comprometió este año a terminar la vía. A nosotros no nos hicieron una vía 4G, no hay pilares de cemento para que sostenga la montaña”, agregó el alcalde Herrera en la entrevista. En el recorrido que hizo Consonante por la zona se encontró que hay pocos obreros en la vía y maquinaria a un lado sin funcionar.

Tras la tragedia, también se evidenció que el Hospital San Roque, de El Carmen de Atrato, no está preparado para atender este tipo de emergencias. Para esto, según la Alcaldía, se destinarán 35.000 millones de pesos. “Tuvimos que sacar a la gente hacia Antioquia porque no había espacio, no teníamos camillas. (...) Hay que decirle al ministro de Salud: mire, tengo fotos de heridos acostados en el suelo porque no teníamos dónde recibirlos. Venga y denos la plata para el municipio porque puede haber otras emergencias en la vía, en el casco urbano, en las veredas”. recalcó Herrera.

Escucha esta carta aquí:

Soy Olga Arenas, periodista local de Consonante, y quiero llevarte a mi municipio: San Vicente del Caguán, en Caquetá. Un lugar en el que disfrutas la belleza de los paisajes, hay varias cascadas y charcos que transmiten un sonido y una magia espectacular. En mí logran provocar paz, tranquilidad y agradecimiento.

En el Salto de la Danta me sentí libre y dichosa en mi infancia. Este lugar me permitía abrazar los árboles, sentir el olor de las flores silvestres, recibir la luz del sol en la cara y escuchar el sonido de la lluvia y de las hojas secas cayendo sobre la tierra. 

Lo conocí a los seis años. Vivía en una finca llamada La Trinidad, en la vereda La Danta, muy cerca de la fonda de Omar Gaona, una casa grande de madera donde llegaba la gente a dejar sus caballos para caminar hasta el Salto. Un día, Fanny, la esposa de Gaona me contó que ese bosque estaba lleno de dantas que la gente cazaba para su alimentación. Por eso se nombró así a la vereda y al Salto, antes de que las dantas desaparecieran de ahí. 

El Salto de la Danta es una cascada de 30 metros de altura aproximadamente, que forma una piscina natural y cristalina. Si vas desde San Vicente te demoras unos 40 minutos en carro para llegar a la casa de Gaona, donde empieza el camino a la cascada. El trayecto cuesta entre 15 000 o 20 000 pesos.

En el sendero escucharás grillos o el cantar de un pájaro. Basta con tener los sentidos dispuestos para detectarlos. Y al ver el manantial dan ganas de sumergirse en él y disfrutar de esa agua cristalina. Disfrutar de sus olores, sonidos y el ambiente ya es un regalo perfecto para la vida. 

Lo que rodea la reserva es un bosque diverso y verde que se va haciendo más tupido a medida que te acercas a la cascada. Hay un camino natural que te lleva hasta la cima, pero nunca he llegado hasta allá. Mi hija, Elena, sí ha subido y me contó que desde arriba puedes mirar hacia todos lados, y que se puede ir a otro sitio donde también se bañan: “El salto de la bruja”. 

También puedes visitar el río Caguán durante el festival de verano. Hay un muelle que es un lugar atractivo para andar y es, a su vez, muy importante para que los campesinos y campesinas traigan sus productos al pueblo. Puedes apreciar también otros ríos, quebradas y cascadas como: Perlas 1 y 2, charco Bogotá, el balneario ecoturístico El Pescador, los Cajones del Pato, la Azufrada, el cañón Aguas Claras, el charco El Poira, San Venancio y el Arenoso. 

En estos lugares puedes comer un “fiambre”, una preparación de gallina, yuca y arroz que va envuelta en un trozo de hoja de plátano. Pero hay también a quienes les gusta la comida preparada en el sitio. Algunos, por ejemplo, hacen en leña un sancocho de gallina, una carne asada o un rico chocolate de cacao amazónico. 

La gastronomía es una de las mejores. Puedes disfrutar de la deliciosa lechona, los tamales, el sancocho de gallina, los envueltos de choclo, el chicharrón, los pasteles y bebidas como la de caña dulce recién molida llamada guarapo.

Por la diversidad del relieve también tenemos variedad de climas y de cultivos: cacao, lulo cocona, arazá, piña, plátano, yuca y hortalizas, incluyendo plantas aromáticas y medicinales.

San Vicente del Caguán cuenta con gente pujante y trabajadora que tiene muchos emprendimientos y artesanías para mostrar. Y en el mercado campesino puedes comprar productos orgánicos sembrados, cosechados y transformados por la gente del campo.

Si visitas la plazoleta de comidas “Don Pompilio” podrás encontrar variedad de comidas rápidas, de parrilla y de olla, que te darán sabores, olores e historia. Allí también se puede apreciar el monumento Los Vaqueros, símbolo de resiliencia.

Otros monumentos principales son “Los Colonos”, que representa la familia trabajadora y fundadora; el monumento “El Hacha”, que nos recuerda a nuestros antepasados como signo de fuerza y trabajo; el monumento “Las Heliconias”, alusivo a la paz de las familias actuales y a la abundancia de nuestra tierra, flora, fauna y cultura. Este último monumento está ubicado en el parque principal. 

Tenemos una historia muy importante sucedida para la época del despeje, que aún está en nuestros recuerdos y hemos aprendido a valorar cada día más. El puente colgante de madera, que está sobre el río Caguán, es patrimonio de nuestro pueblo. Hace parte de nuestra memoria colectiva donde el amor, el perdón y la reconciliación han logrado todo lo que hoy se aprecia del municipio. 

Hoy es un privilegio para mí contarte un poquito de mi vida y de aquel lugar al que deseo puedas llegar a visitar. Aquí te esperaré, seré muy feliz de verte.

Escucha este recorrido aquí:

Soy Oscar Peñaranda (Zehero), periodista de Fonseca. Buscando razones para que vengan a este municipio les pregunté a algunos habitantes por qué vale la pena venir a nuestra casa. Luego, busqué hechos cotidianos y de mi infancia y con eso construí un recorrido por estaciones fonsequeras con el fin de presentarles la mejor invitación para cautivar los corazones de los futuros visitantes y lectores de este trabajo. 

Estoy seguro que si no vienen a conocerlo pronto por lo menos este nombre estará incluido en su lista de próximos destinos. Venir a Fonseca es estar en una tierra donde abundan los cantores, donde entre cardón y tunas escucharán el sonido de un acordeón, como lo dijo el maestro Chema Gómez en su canción.  Estar en Fonseca se resume en la frase de Efraín Medina “Fracho”, quien dice que volver a Fonseca es “repetir la dicha de nacer”.  Todos estos recuerdos y vivencias componen las diez estaciones en donde les mostraré por qué deben venir a este rincón guajiro.

1. Estación música

En cada hogar fonsequero hay un niño, joven o adulto con dones para el acordeón, guitarra, la caja, la guacharaca y la trompeta, instrumentos que hacen parte del legado ancestral guajiro. Fonseca es tierra de cantores y es reconocida nacional e internacionalmente por sus aportes en la cultura. Conocer sus composiciones es una de las primeras estaciones obligadas.

Sus orígenes de acordeón están marcados, sobre todo, por importantes composiciones y sonatas de juglares como Carlos Huertas “El Cantor de Fonseca”,  Luis Enrique Martínez “El Pollo Vallenato”, Chema Gómez, Luis Pitre, Hugues Peñaranda y José Hilario Gómez. Todos han construido el legado de este lugar a través de sus obras. Legado que artistas jóvenes como Jane Fernández,  Jhon Daza, Sara Acosta, Iván Pallares, José Oñate Junior y Fawell Solano actualmente contribuyen a conservar.

2. Estación diversidad

La descendencia de estas tierras es bastante pluricultural: en Fonseca convivimos desde la etnia wayuu, que son nativos ancestrales, con mestizaje africano y español, que no solo han diversificado la etnia, también los orígenes musicales. Además, en Fonseca hay una gran cantidad de personas migrantes provenientes de Venezuela, país fronterizo, y una enorme comunidad paisa que se ha asentado en el territorio.

3. Estación paz

Fonseca es territorio de paz. Actualmente es un municipio PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Conejo fue seleccionado para los diálogos que se llevaron a cabo para la reconciliación y hoy hay varios proyectos sociales y obras que están contribuyendo a consolidar la economía, cultura, turismo y emprendimiento en esta zona con reincorporación a la sociedad como el área de Pondores, a media hora del casco urbano de Fonseca.

4. Estación turismo 

El río Ranchería,  la Serranía del Perijá y otros lugares paradisíacos como las cascadas descubiertas hacia las marimondas, en el corregimiento de Conejo. Así como las cavernas y piscinas naturales en el resguardo Mayabangloma son otras paradas imperdibles. 

En Mayabangloma se destaca el baile típico “La Yonna”, donde las mujeres usualmente invitan a bailar a los hombres persiguiéndolos por toda la pista de baile. Verlo es una experiencia muy bonita y divertida y los colores expuestos de  las ventas de artesanías wayuu, como el maquillaje y los paisajes semidesérticos, hacen de la experiencia una inigualable en Colombia.

5. Estación noche

Con más de veinte disco-bares, terrazas y discotecas, la noche en Fonseca es bastante concurrida por su música y alegría. Alrededor de estos sitios también podemos encontrar ventas de comida. En todo el casco urbano, por las diferentes calles y las 24 horas, encuentran cómo saciar el apetito, incluso con servicio a domicilio. 

6. Estación gastronomía

El plato típico es la iguana con coco, que aunque es muy apetecido tanto por la población local como por los visitantes, es una especie en extinción. Desde hace muchos años, sin embargo, se come este plato en Fonseca. ‘El negro iguana’ es uno de los anfitriones más reconocidos para la preparación, tanto que al preguntar dónde encontrarlo más de un residente les indica cómo llegar. 

Entre otras preparaciones no pueden dejar de probar en su paso por estas tierras el sancocho de mondongo y de gallina, de este último también pueden encontrar un platillo guisado, así como de conejo: todas son preparaciones que muestran lo mejor del sazón fonsequero. 

Tampoco pueden dejar de probar las variedades de arroces que preparan en el Hatico, donde mujeres cocineras aprendieron a hacer más de diez preparaciones distintas de arroz, pues en nuestras tierras abundan estos cultivos.  

El arroz de café y de chocolate, ya que he tenido la oportunidad de probarlos, son deliciosos. Y cerca al Hatico está Mayabangloma, resguardo indígena wayuu en donde encontrarán comida típica ancestral, lugares que los cautivarán al estar rodeado por montañas de la Serranía del Perijá.

De paso por el restaurante Zuny, en el resguardo indígena, no solo pueden encontrar artesanías hechas por nativos como mochilas, mantas y chinchorros con diseños guajiros propios; también platillos como: chivo con bollo y freche.

También están otras preparaciones típicas de nuestra región como la variedad de dulces de maduro, leche, toronja, ñame, espejuelos y demás preparaciones hechas por manos de importantes dulceras del municipio.

7. Estación comercio 

Tanto la cultura como el comercio se han diversificado. En los últimos años han  surgido varios emprendimientos que también han aumentado el flujo de negocios y por lo tanto la economía local. Acá podemos encontrar almacenes de cadena y hasta una plaza comercial, con diferentes autoservicios, y cacharrerías en donde los fonsequeros y habitantes de municipios y corregimientos vecinos vienen a hacer sus compras del diario.

El comercio está diversificado culturalmente tanto con locales propios, de paisas, ecuatorianos a los que amistosamente le decimos “los kinguis” y venezolanos así como de habitantes de otras regiones del país que ven en Fonseca un potencial comercial. Con seguridad, de algo se antojan. 

8. Estación de culto 

Con tres iglesias católicas dentro del casco urbano y más de diez templos cristianos, Fonseca parece uno de los municipios más devotos a Dios. Acá se dan importantes celebraciones religiosas como la Virgen del Carmen, el patrono San Agustín (que está desde la época de las colonias), Jesús de la Misericordia y otros. 

Otra de las paradas obligadas es el mausoleo de Carlos Huertas, en el cementerio de Fonseca; y el de Luis Enrique Martínez, en el cementerio de El Hatico. También hay en la glorieta dos esculturas de cada uno. Todo el que viene sabe que esos son puntos de encuentro en el municipio. 

Si desean conocer la historia musical y costumbres de estas tierras con mayor profundidad, no pueden dejar de visitar El Museo Nacional del Vallenato, abierto el 9 de diciembre de 2022,  donde se reúne historia del vallenato y algunos principales exponentes fonsequeros y guajiros.

Dentro de este recinto está el Museo Histórico y Casa La Provinciana, que por años contribuyeron a conservar las memorias del municipio. Una unión entre dos instituciones que se llevó a cabo en acuerdo de sus fundadores para conservar todas las riquezas patrimoniales en un solo lugar. 

En el campamento de los firmantes de paz, en Conejo, está el Museo de Cultura de Paz en donde se narran todos los eventos del conflicto armado hasta la firma del acuerdo.

Y en El Hatico está la Casa Museo Luis Enrique “El Pollo Vallenato”, lugar de nacimiento del juglar. Allí encontrarán toda la historia del personaje que se inmortalizó por los acordes que dejó para tocar la música de acordeón.

9. Estación carnaval

Recién finaliza las festividades de diciembre y en febrero se prende toda la alegría del carnaval donde los diferentes barrios articuladamente con la Alcaldía preparan a su reina y sus comparsas para mostrar sus talentos en la danza, confección de trajes y su creatividad y toda la riqueza de este folclore como el baile típico de fonseca “colita abierta y colita cerrá”, que por estos días se puede ver bailar  en la tarima tierra de cantores.

10. Estación Festival del retorno

Este año se llevó a cabo la edición 49 del Festival del Retorno, quizás el evento más importante de Fonseca debido a que se suma a la celebración de actos religiosos como el patrono San Agustín. En el retorno a los fonsequeros que vuelven a casa se muestran los talentos en la música y el arte como: composición, canto, baile, acordeonistas,  exposiciones de artes, comida típica y emprendimientos locales en donde tanto anfitriones como visitantes aprecian los distintos eventos.  

Estas son las 10 razones que encontré para invitarlos a Fonseca y como fonsequero que soy me despido al son de una canción: “Allá en fonseca donde brilla la luna entre cardón y tunas suena un acordeón”.

El municipio de Tadó cuenta con solo tres escenarios deportivos para practicar fútbol: las canchas Emiliano Chaverra, Chipichipi y El Barrito. Estos espacios no están en óptimas condiciones tanto que la comunidad los denomina como potreros. Están cubiertos por maleza, no están delimitados ni cuentan con barreras de protección y cuando llueven se forma un pantano. 

Los deportistas y entrenadores de este municipio han reclamado por años contar con espacios para realizar sus prácticas deportivas. Incluso desde hace 12 años, los últimos tres mandatarios locales le han prometido a los tadoseños contar con una cancha sintética. Esta construcción se encuentra en marcha desde octubre por la alcaldía de Cristian Copete, pero aunque la fecha de entrega era diciembre hasta ahora empezaron las obras.

“En materia deportiva tenemos un déficit en los escenarios deportivos ya que no se encuentran en óptimas condiciones para la práctica de niños, jóvenes, y adolescentes. A través de muchos mecanismos hemos tocado puertas y solicitado el mejoramiento de estos”, dice Yodier Perea, monitor deportivo. 

La cancha Emiliano Chaverra

Es el escenario deportivo más importante del municipio de Tadó, pero debido a su estado lo han calificado de potrero. En este se realizan varios campeonatos como: la Copa Rey Barule y otros campeonatos barriales, intercolegiados y se invitan a comunidades de la zona rural y de municipios aledaños. También se llevaban a cabo las fechas del torneo primera C donde participan los dos equipos tadoseños Mineritos Fútbol Club y Nueva Generación Tadó.

En las últimas semanas este escenario ha sido blanco de críticas debido a que allí se va a construir la cancha sintética de Tadó, una de las promesas de la administración del alcalde Cristián Copete y en la que se invertirá 6.000 millones de pesos. Esta obra comenzó en octubre y aun sigue en obra aunque la fecha de entrega era diciembre.

Winer Cossío, coordinador deportivo de la Alcaldía, indica que hubo un malentendido sobre las medidas de las canchas y que eso demoró el proceso. “El contratista, el secretario de Planeación y el alcalde corroboraron las medidas que va a tener la cancha y está claro que son medidas reglamentarias como lo establece la norma”.

“Para esta construcción se van a invertir 6.040 millones que ya están garantizados por parte de la Gobernación y aspiramos que con estos recursos se nos brinde un escenario digno, donde podamos disfrutar del deporte de la mejor manera”, agrega Cossío.

Yodier Perea, exmonitor deportivo, cuestiona que aunque el municipio de Tadó es fuerte en materia deportiva falta donde practicar: “Los escenarios en malas condiciones no permiten un buen desarrollo de los deportistas, por eso a muchos les toca salir de aquí para buscar otros horizontes en vista de que en esta localidad no lo pueden practicar bien y ver como consiguen un mejor futuro en otras ciudades”.

La cancha del Chipichipi del barrio San Pedro

Este es el segundo escenario deportivo más importante del municipio de Tadó. Es de arena y cascote. Se encharca cuando llueve y la cancha no está encerrada, lo que genera quejas de los vecinos. Ante el cierre de la cancha Emiliano Chaverra, para la construcción de la cancha sintética, en este espacio han tenido que entrenar los futbolistas de las clases inferiores y mayores. 

Yodier Perea, exmonitor deportivo, cuestiona que esta sea la única cancha disponible para practicar. “Esta cancha se debe enmallar porque es una problemática muy grande que tenemos con los vecinos por el tema de los balones. Hemos pedido ejecutar este proyecto de manera urgente porque es la única cancha habilitada para una práctica deportiva”. 

A su vez, Wilmer Cossio, coordinador deportivo, recalca que esta cancha se va a mejorar. “Es el único escenario deportivo que tenemos para practicar el fútbol, estamos en el proceso de organizarla y hacerle unos detallitos (...) Se está interviniendo en el sueño anhelado que todos teníamos en el municipio de Tadó como lo es la construcción de la cancha sintética”, dice.

El Barrito en el barrio San Pedro, sector Pantanito

Este escenario deportivo está en pésimo estado. En esta cancha se realizaron varios campeonatos y clásicos como: Pantanito vs. la Punta, Pantanito vs. Guacheneth y Pantanito vs. la Trili. 

Es un escenario de arena y fue hecho a mano por los habitantes de este sector. La administración de Copete no ha realizado ninguna inversión en esta cancha, aunque en años anteriores se realizaban jornadas de limpieza y torneos. Cuando esta cancha estuvo en funcionamiento era punto de encuentro en el municipio.

En esta cancha de arena jugó Yeimar Pastor Gómez Andrade, quien tuvo un paso por algunos clubes argentinos y hoy limita en el Seattle Sounders de la League Soccer de los Estados Unidos. Juan Carlos Mosquera Moreno, quien jugó en la liga colombiana en Real Santander, de segunda categoría.

Hernán Valderrama, docente y líder tadoseño, lamenta que la cancha El Barrito esté en completo abandono. “Es un escenario donde se realizaron varios campeonatos, pero en este momento es un potrero. Se necesita que la Junta Municipal de Deporte haga mantenimiento a esta cancha porque en realidad este fue un escenario de muchos eventos deportivos”.

“Tadó necesita una villa deportiva donde se practiquen todos los deportes. Tadó merece un escenario en óptimas condiciones, porque tiene deportistas que han salido a nivel nacional e internacional. Algunos muchachos como Yeimar Gómez y Deiver Machado que se formaron en estas canchas barriales o de arena y de piedra, y que en este momento están a nivel profesional”, agrega Valderrama.

Las personas coinciden en que este escenario deportivo fue muy importante y donde se disputaron varios torneos. Wilner Cosio, coordinador de Deporte de la Alcaldía, agrega que “para la recuperación de este escenario se debe hablar con el secretario de Planeación y la comunidad para hacer una inversión a futuro, de tal forma que cuando haya una creciente no se vaya a dañar. Cuando el río crece se mete a la cancha y deteriora este escenario, por lo que hay que analizar bien el tema de inversión”.

Además de estas canchas, Tadó cuenta con cuatro placas deportivas que están ubicadas en los barrios Reinado, San Pedro, Apolo, en la casa lúdica, y otra en el escenario principal que es polideportivo municipal. Sin embargo, todas se encuentran en pésimas condiciones y requieren mantenimientos. 

Lo que sigue

Ante la intervención de la cancha Emiliano Chaverra se espera que la administración municipal realice el mantenimiento en los otros escenarios para que estén óptimos para las prácticas deportivas. Y así, poder dar a conocer a los grandes talentos que hay. 

En Fonseca, durante las elecciones del 29 de octubre, un grupo de personas destruyó el material electoral de dos puntos de votación y agredió a algunos jurados. En el piso del colegio Calixto Maestre quedaron los tarjetones electorales, las sillas y las mesas de votación. La situación se replicó en la Institución Educativa Agropecuaria del corregimiento de Conejo. Esto llevó a que la Alcaldía decretara toque de queda desde las seis de la tarde hasta la mañana siguiente. Mientras tanto, el escrutinio continuó en los puestos de votación que no fueron violentados. 

De acuerdo con el Delegado del Registrador en La Guajira, José Fernando Mejía Castaño, se dañó el material de 43 de las 98 mesas de votación instaladas. En entrevista con El Tiempo, Mejía sostuvo que el material fue recogido por la Comisión Escrutadora y trasladado hasta el lugar de los escrutinios para decidir si daba validez al conteo de votos en las mesas. 

Según los resultados preliminares de la Registraduría, hasta el momento hay 57 mesas informadas, que representan un 58% de las mesas instaladas. Esos votos darían como ganador, con un 39,05 por ciento, a Enrique Luis Fonseca, el candidato que cuenta con el apoyo de la administración municipal. 

Luego de los disturbios y los daños, las personas y los candidatos en Fonseca se preguntan qué pasará con las elecciones. Sin embargo, tres días después de lo ocurrido, no hay información oficial sobre la validez de los resultados obtenidos ni de los votos en las mesas afectadas. Algunas campañas políticas han pedido que se repita la jornada electoral al considerar que no hubo garantías para que los ciudadanos y ciudadanas ejercieran su derecho al sufragio. 

En esta entrega de El Explicador, Consonante analiza la situación en Fonseca, los posibles caminos y las implicaciones de repetir o no las elecciones en el municipio.

¿De qué depende la decisión de repetir las elecciones? 

Las elecciones deben repetirse en el municipio o en los puestos de votación afectados dependiendo de la posibilidad que tienen los votantes de alterar los resultados. En caso de que se afecte a más del 25 por ciento de los ciudadanos inscritos en las elecciones, según el artículo 288 de la ley 1437 de 2022, “se ordenará repetir la elección en toda la circunscripción”. 

“En este caso, si fueron 43 mesas las afectadas, estamos hablando de unas elecciones que no se lograron ejecutar y que, por ende, deben repetirse”, señala Alfonso Portela, consultor electoral y exdelegado electoral de la Registraduría. 

De acuerdo con Portela, los actos violentos en Fonseca “atentan contra la democracia y son graves porque impidieron que la gente siguiera votando libremente y no se sabe nada de los votos”. 

En eso coincide Alberto Yepes, exmagistrado del Consejo de Estado, para quien “hay un ingrediente de nulidad no solo en las mesas violentadas, sino de los resultados finales, porque hay un porcentaje significativo que hace que las elecciones sean ilegítimas y nulas”. Se trata, en sus palabras, de “una cuestión de principios del derecho, porque los resultados que se van a dar sin las mesas violentadas no van a corresponder a la verdad electoral”.

¿Quién decide si se repiten o no las elecciones? 

Yann Basset, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, explica que quien tiene ahora que decidir es el Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque esa decisión puede ser apelada en otra instancia por el Consejo de Estado. 

En este caso, ni la Registraduría ni la Gobernación tienen facultades para convocar nuevas elecciones, pues su función es dar garantías para que se celebre la jornada electoral. “Si la circunstancia ocurre antes de terminar el proceso electoral, la decisión es del Gobierno y del organismo electoral. Es desde ese momento donde se deben declarar nulas las elecciones y no pasar a un escrutinio. Las condiciones no permiten dar una declaratoria de elecciones”, indica Portela.

La Registraduría, explica la Misión de Observación Electoral (MOE), únicamente presta el apoyo logístico y asume la función de Secretaría de las Comisiones. Por lo tanto, no tiene facultades decisorias sobre las reclamaciones y solicitudes que se presentan en la sede de escrutinios.

Si no se repiten las elecciones, ¿qué legitimidad tienen?

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), indica que el error fue que en Fonseca no se suspendieron las elecciones de manera definitiva en el momento de las elecciones y eso significa que debe seguir el proceso de escrutinio. “Todos los partidos políticos pueden interponer reclamaciones, esa elección muy seguramente se va a demandar, entonces va a llegar al escrutinio municipal y ahí no se va a lograr nada. Muy seguramente llaman a elecciones, pero si no se puede demandar la elección y termina definiendo un tribunal administrativo. Considero que van a terminar convocando a elecciones atípicas porque el desastre que armaron fue mayor”.

En un comunicado, la MOE rechazó las alteraciones de orden público e invitó a las campañas a hacer uso de los mecanismos legales. "En los casos en que la suspensión solo afectó algunos puestos de votación específicos, el escrutinio del municipio sigue en marcha, por los que las decisiones recaen sobre las Comisiones Escrutadoras", dice.

Para Yann Basset, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, si no se decide hacer las elecciones de nuevo “se está considerando que los resultados son confiables para no poder cambiarlos o que son pocas las urnas afectadas y que el margen de error no es tan grande que no afecta los resultados”.

“El Consejo Nacional Electoral es quien tiene que declarar el ganador y constatar si efectivamente se dañó o no el material electoral y los votos. Si faltan resultados se tiene que convocar a unas nuevas elecciones y más si fueron destruidos”, agrega Basset.

En otros lugares del país donde ocurrieron disturbios y se destruyó material electoral se repetirán las elecciones, ¿por qué no se ha tomado esta decisión en Fonseca?

De acuerdo con Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, en Santiago, Putumayo y en Ricaurte, Nariño, se repetirán las elecciones teniendo en cuenta que “no se pudieron llevar a cabo los escrutinios porque la votación que quedó es muy poca o porque las Comisiones Escrutadoras no pudieron cumplir con el escrutinio porque la documentación se perdió”. “En donde haya documentación electoral que no haya sido alterada, continua el escrutinio”, precisa.

En el caso de Fonseca, según explica la MOE, a diferencia de los otros municipios, las votaciones no se suspendieron a tiempo. En algunos videos se evidenció que faltaban funcionarios de la Registraduría y ninguna autoridad atendió a tiempo la situación de orden público.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos y los candidatos en este escenario? 

El consultor electoral Alfonso Portela señala que tanto ciudadanos como campañas pueden interponer recursos de tutela y reclamaciones. “Depende de las circunstancias que se tomen, si las autoridades no hacen la convocatoria, tanto los candidatos como ciudadanos pueden hacer  una reclamación o radicar una tutela al organismo electoral. A todos les asiste el derecho de, primero, ejercer el derecho al voto y, para los segundos, poder ser elegido”, explica.

Lo mismo agrega el profesor Yann Basset: “Las campañas electorales tienen sus testigos y sus voceros. Estos pueden interponer las reclamaciones del caso si no están de acuerdo con las Comisiones Reclutadoras y el CNE, pueden apelar esta decisión en el Consejo de Estado, aunque es un proceso que toma tiempo”. 

En palabras de Alberto Yepes, exmagistrado del Consejo de Estado, “cada parte puede exponer sus argumentos sobre por qué quieren repetir o no las elecciones”. “Es una controversia jurídica que depende de un juicio de racionalidad”, explica.

La MOE explica que las solicitudes que realicen las organizaciones políticas a través de testigos y/o apoderados en las Comisiones Escrutadoras deben quedar registradas en el Acta General de Escrutinios. Estas comisiones son autónomas en acceder o no a las solicitudes de recuento. Cada campaña debe asegurarse de que las reclamaciones y solicitudes estén justificadas y se presenten de manera formal a la Comisión Escrutadora. En caso de que la decisión sea no recontar, los testigos electorales pueden presentar estas solicitudes (impugnación o apelación) en la siguiente instancia del escrutinio, de auxiliar a municipal o municipal a departamental.

¿Qué consecuencias podrían enfrentar quienes comenzaron estos hechos? 

Las personas que atentaron contra la jornada electoral y dañaron el material se enfrentan a consecuencias penales, por ser un delito electoral que se debe judicializar como responsabilidad individual.

Este delito está tipificado en la Ley 1864 de 2017, artículo 386, como perturbación en el certamen democrático y contempla que quien impida la votación y el escrutinio incurrirá en una condena de prisión de 4 a 9 años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales vigentes. Y la pena en prisión aumenta de 6 a 12 años cuando la conducta se realice por medio de violencia. 

¿Qué garantías existen para que esta situación no se repita?

Para Yann Basset, “lo importante es que las campañas habiliten testigos electorales y el mayor número de ojos en las elecciones, durante el conteo de votos y el escrutinio. En esto falta mucho porque las campañas no hacen ese esfuerzo. Deben estar capacitadas y con una respuesta inmediata”. “Es importante que la gente entienda que el preconteo no es válido, y que hay errores, pero en materia de seguridad es deber de la Policía hacer esa vigilancia para que no salga de control”, agrega.

“Esto es una cuestión de seguridad, de mantener el orden público y evitar estas situaciones. Si se veía que la situación política estaba polarizada, no se podían dejar solos estos puestos de votación”, puntualiza Alfonso Portela.

Este domingo, unos 13.500 habitantes en Tadó están habilitados para votar y elegir a su próximo alcalde, concejales y gobernador. El municipio tendrá habilitados 13 puestos de votación, uno de estos en la zona urbana y los demás ubicados en cada corregimiento.

El último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de “Mapas y factores de riesgo electoral” advierte que el 90 por ciento de los municipios de Chocó están en riesgo de violencia. En total, 27 de los 30 municipios están en riesgo y 16 de estos se ubican en riesgo extremo, entre los que se encuentra Tadó.

En el caso de Tadó, la MOE alerta que hay una alerta por baja participación electoral que puede estar dada por hechos de violencia y trashumancia, un delito más conocido como trasteo de votos. “En Tadó lo que ha sucedido es una tendencia muy alta en votos nulos, es un fenómeno muy atípico y antecedentes de trashumancia y en violencia la presencia del Eln”, dice Mauricio Vela Barón, coordinador del observatorio político- electoral de la MOE.

Vela advierte que lo que más preocupa a la MOE “es el control que tiene el Eln sobre la movilidad, la quema de vehículos en las vías y que podrían afectar las elecciones (...) Hemos pedido revisar los casos de desplazamiento y confinamiento. Esto podría afectar las elecciones, se debe tener un plan de contingencia muy claro por parte de la Fuerza Pública”.

Aunque hay un cese al fuego entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno, la presencia de la guerrilla en la zona rural es habitual. Hasta agosto de este año, la MOE registró 6 acciones armadas en el municipio, siendo el autor principal el Eln. También se reportaron bloqueos de vías, y denuncias por la exigencia de “vacunas” y extorsiones.

Los hechos de violencia se registraron en la vereda Manungarrá, Mondó, sobre la vía Quibdó- Pereira con la quema de vehículos, y en la comunidad indígena de Mesetas con la incursión de la guerrilla y el Eln en esta zona.  Para la MOE, en todo Chocó hay niveles altos y extremos de violencia. “En este departamento preocupa la presencia del Eln y del Clan del Golfo que se siguen enfrentando y están generando confinamientos y desplazamientos masivos por el control social”, señala Vela.

El personero de Tadó, Yirson Ledezma Martínez, recalca que entre mayo y agosto se registraron varios hechos que denotaron la presencia activa del Eln en la zona rural de Tadó. “Hubo presencia del grupo armado con alusión a las banderas y se generó desplazamiento y posible confinamiento de la comunidad de Mesetas ante la presencia armada. Pero no es algo nuevo, porque siempre se ha sabido que están ahí”.

Sin embargo, Ledezma asegura que en las reuniones, los comités de vigilancia y de seguimiento electoral no han comentado de situaciones que comprometan la seguridad durante la jornada electoral: “Hay garantías para la participación democrática, se han suscitado particularidades, pero nada que altere el devenir correcto de las elecciones”.

“Respecto a la seguridad no hay situaciones que a la Personería generen alerta. Hay presencia militar necesaria. Hay una aparente tranquilidad durante las elecciones. Hasta ahora no se ha escuchado que van a coaccionar a los electores, la gente dice que va a salir a votar y se espera que la participación sea mayor”, agrega.

En Tadó habrá 5 observadores en la cabecera municipal. Y quienes conozcan de alguna irregularidad podrá denunciarlo en las mesas de justicia, que están ubicadas en los puestos de votación.

El padre Napoleón García, coordinador de la Misión de Observación Electoral en el Chocó, confía en que el Eln va a cumplir. “Pensamos que la guerrilla no va a perturbar el desarrollo de las elecciones. En primer lugar, porque tiene un compromiso por el cese de hostilidades y, segundo, porque aún pese a las alarmas que ha habido en ocasiones anteriores, no han interferido ni presionando a los pobladores por alguna u otra campaña”.

No obstante, el padre García resalta que la gente no denuncia y que esto genera mayor impunidad. “Se escucha que las bandas extorsionan a los candidatos para dejarlos entrar. Pero nadie pone denuncias porque consideran que no van para ninguna parte y que se pone en riesgo la vida”, agrega.

Alerta de violencia por rechazo de resultados

Además de la violencia por la presencia del Eln, otro punto que llama la atención de la misión electoral es que ante la sospecha de irregularidades o de fraudes se registren asonadas, ataques o manifestaciones.  “Nos preocupa que no se reconozcan los resultados, esperemos que no ocurran hechos de violencia”, advierte Mauricio Vela. 

Por su parte, el personero Yirson Ledezma insiste en que se debe garantizar que el ejercicio electoral se haga de manera transparente y que se acepten los resultados: “Tenemos antecedentes de manifestaciones y desmanes en elecciones pasadas. Pedimos que sea lo más transparente posible de cara a que los ciudadanos y votantes sientan que se brindaron las garantías y quien sea el ganador, sea quien designe el mismo pueblo”.

El padre García también advierte de posibles hechos de violencia que puedan surgir tras las elecciones. “Los partidos no tienen jurados o testigos en todas las mesas y terminan siendo escenarios para irregularidades”, dice. Y agrega que una de las preocupaciones de la MOE sigue siendo la compra y venta de votos. “Me pregunto de dónde sale tanta plata para las campañas en Tadó. Se han convocado movilizaciones multitudinarias con gastos realmente desbordados”, cuestiona.

Ciudadanos hacen un llamado a la calma

Las elecciones de hace cuatro años (octubre de 2019) fueron las más accidentadas y controvertidas en la historia del municipio. En dos años y medio Tadó tuvo tres alcaldes: Cristián Copete, Rafael Andrés Bolaños y Yocira Lozano. Copete fue elegido con una diferencia de ocho votos y mientras estuvo inhabilitado (13 de noviembre de 2020) pasaron por la administración Bolaños y Lozano. Y finalmente, un año después, en 2021, el Consejo de Estado ordenó el reintegro de Copete.

Con estos antecedentes, el principal llamado de los habitantes en Tadó es que haya transparencia y que no queden dudas sobre el ganador. A su vez, solicitan que los resultados se tomen en calma y que no haya hechos de violencia.

“Esperamos que gane el mejor y el que más votos tenga, me preocupa que no sean completamente transparentes. Necesitamos que los jurados de mesas y testigos electorales garanticen el ejercicio electoral. Escuché que a Tadó llegaron unas cédulas de otras partes y no sé qué tiene eso de cierto, nosotros no tenemos cómo revisar eso, le toca al Gobierno. Pedimos que haya transparencia y que todo salga bien por el pueblo de Tadó”, dice Luis Murillo.

Su voz se une a la de Hermes Sinisterra, historiador y habitante de Tadó, quien pide que el voto se marque con argumentos y sentido de pertenencia y no por el dinero. “Las campañas de las elecciones pasadas se vieron permeadas por dinero de dudosa procedencia y terminan llegando alcaldes con problemas de gobernabilidad, sin independencia y sin buen manejo administrativo del municipio”, cuestiona. 

“Hay que cambiar y avanzar en el crecimiento de la sociedad y del pueblo. La gente se siente atraída por el dinero, pero no sabe cuál será la finalidad. Este es un pueblo que tiene un 70 por ciento de analfabetismo, con necesidades y gobernantes de turno que no se preocupan por comenzar a resolverlos sino que se dedican a pagar a cambio de votos”, agrega. Sinisterra también pide garantías y transparencia en el proceso electoral para evitar que se altere el orden público y malos entendidos.

Gloria Mosquera Murillo, profesora y habitante del barrio San Pedro, espera que haya transparencia y que la jornada transcurra en paz. “Nos han dicho que habrá buena seguridad para enfrentar las dificultades. Espero que la gente salga a votar tranquila y con transparencia. Deben meditar su voto y tener claro a quién apoyan”.

“Espero que no haya dificultades. Le pido al pueblo que vote, no importa el partido, pero que piensen en las necesidades de la gente. (...) Hasta ahora no he escuchado de compra de votos ni otra irregularidad y esperemos que todo siga así, por mi parte estoy tranquila, con mucha paz, como ciudadana daré mi voto a conciencia” , agrega.

Por su parte, Francisco Asprilla, veedor ciudadano, dice que espera que no ocurra lo mismo de las elecciones de hace cuatro años: “Espero que no corten la luz porque eso se prestó para otras cosas, que se haga el conteo de forma transparente y que se garantice que el pueblo decida. Independientemente del ganador, se respetará la democracia, que no haya trampas y que no se inventen votos”.

“Espero que todo esté en completa normalidad y que la gente pueda salir en paz. Y que quienes salgan a celebrar lo hagan sin atacar al otro”, puntualiza.

Soluciones para el hacinamiento, las deficiencias en las estructuras de las instituciones educativas, el mal estado de los baños, y la falta de transporte escolar son algunos de los reclamos que reciben los representantes estudiantiles de las tres instituciones educativas de Tadó casi todos los días. Pero poco pueden hacer porque a menos de dos meses de terminar el año escolar aún no tienen claras sus funciones ni las rutas para tramitar estas peticiones. 

“Ser personero es una responsabilidad muy grande. Me ha tocado escuchar las opiniones de los demás para ver cómo se pueden resolver los problemas y las inconformidades de los estudiantes. Pero quedo frenado porque no tengo todas las herramientas ni los recursos para actuar. Mi labor queda solo en escuchar”, reconoce Édison Kalet Rentería Palomeque, personero de la I.E. Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro.

En la misma situación se encuentran Yenci Liliana Enrique Mosquera, personera de la I.E. Técnico Agroambiental de Tadó (ITA) y Yuselfy Ampudia, personera de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza. Ninguno de los tres, elegidos hace seis meses, ha recibido algún tipo de acompañamiento de las autoridades municipales o escolares. Solo han recibido consejos por parte de profesores de Ciencias Sociales y coordinadores quienes se están tomando la tarea de asesorar a estos estudiantes.

“Aquí vinieron unos funcionarios de la Alcaldía y nos dijeron que nos iban a capacitar, pero hasta el momento no han llegado a decirnos algo más. Nos olvidaron”, cuenta Édison Rentería. “Quisiera recibir asesoría y acompañamiento en el desarrollo de mis funciones o que me digan qué es lo que puedo hacer y con qué recursos cuento”, agrega. 

¿Por qué es importante?

Los personeros estudiantiles tienen como función principal velar por los derechos de sus compañeros y luchar para que estos cumplan con sus deberes. Flor María Perea, profesora de Ciencias Sociales de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza, explica que los personeros "son parte elemental del gobierno escolar y son la voz de sus compañeros para promover una mejor educación en los colegios y en el municipio”.

Al igual que los Consejeros de Juventudes, los personeros deben ser la voz de los niños y jóvenes del municipio. Ambas figuras deberían ser importantes en Tadó, pues representan una porción importante de la población del municipio.

Las peticiones de los estudiantes

Los personeros aseguran que conocen de cerca las necesidades de la comunidad estudiantil. Por ejemplo, Yenci Liliana Enrique Mosquera cuenta que su institución no tiene la infraestructura adecuada y solo hay un baño para los 410 estudiantes que hay en la institución. “Acá faltan sanitarios, en el colegio solo había dos y se dañó uno y eso no da abasto para el grupo de estudiantes”, dice.

También señala que hacen falta profesores. “Nos preocupa que el año pasado enviaron a todos los profesores de las áreas fundamentales, pero este año no se dio ese mismo compromiso. El profesor de física se fue por retiro forzoso ya hace más o menos 4 meses y esta es la fecha que no nos han enviado a su reemplazo y eso es algo que nos afecta”.

Otro tema que preocupa a los estudiantes es la falta de transporte escolar, que durante todo el año es intermitente. Hace dos meses no hay este servicio y los estudiantes deben pagar un mototaxi desde el Tabor y Mumbú entre 30 mil y 40 mil pesos ida y vuelta hasta Tadó.

“En nuestra institución necesitamos que la Alcaldía nos apoye y que nos garantice el transporte escolar, que mejore ese servicio porque muchas veces a mis compañeros que vienen de los corregimientos Tabor y Mumbú les toca pagar por su cuenta o perder sus clases. Es algo que en muchas ocasiones se sale de control porque los padres de familia no siempre tienen el dinero”, reclama Édison.

Por su parte, Yuselfy  Ampudia, personera de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza, señala que en el municipio hace falta articulación entre todas las instituciones, que haya una mejor inversión y apoyo por parte de la Secretaría de Educación Departamental y el Ministerio de Educación. “Necesitamos que la Alcaldía colabore más con inversión, que su compromiso con la educación sea de verdad. La planta física de la institución está en mal estado y nadie actúa. Es evidente que hacen falta escritorios, tableros, sillas y materiales”, indica.

Yuselfy dice que se necesita con urgencia la remodelación de la planta física. “Las aulas son estrechas. Hay paredes con humedad, con poca ventilación, y como estamos sobre la vía principal se escucha todo el ruido de la calle”, agrega.

Los personeros coincidieron que para mejorar la educación en Tadó y atender todas las situaciones de convivencia se hace necesario el apoyo de entidades externas como el Instituto de Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Alcaldía, los rectores y las asociaciones de padres de familia.

¿Qué dicen las autoridades?

El personero municipal Yirson Ledezma reconoce que este año no han realizado capacitaciones ni han dado herramientas de liderazgo a los personeros. “Estas son reuniones que hemos dejado de hacer, pero atendemos las situaciones de emergencia y de convivencia que hay en los colegios. Reconocemos que debemos actuar con la comunidad educativa y directiva de las instituciones y con los padres de familia”, dice.

Por su parte, Michael Córdoba, secretario de Educación y de Salud de Tadó, reconoce la falta de acompañamiento. Según Córdoba, este año la Alcaldía no realizado capacitaciones en las instituciones educativas por falta de presupuesto.

“No hay recursos para estas capacitaciones. Más del cincuenta por ciento de los recursos  que llegaron para la educación se han utilizado para cubrir el transporte escolar en las instituciones educativas Nuestra Señora de Fátima e Institución Educativa Institución Técnico Agro Ambiental”, dice.

Sin embargo, Córdoba insiste en que el trabajo de los personeros estudiantiles se debe articular con la Personería Municipal. “Desde la Personería debe realizarse sensibilización con los representantes estudiantiles, este ente territorial tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los derechos de los estudiantes. Desde la administración les hemos manifestado que estamos de puertas abiertas para apoyarlos en lo que requieran o realizar acciones conjuntas que ayuden a mejorar la calidad de la educación”.

Lo que sigue

Los personeros estudiantiles esperan que las autoridades educativas pongan en marcha un plan que los oriente y acompañe en su participación con el gobierno escolar. Además, piden participar en el gobierno escolar (integrado por rectores, padres de familia y personeros estudiantiles).

Las clases terminan en dos meses y por ende sus cargos, pero los representantes esperan que esto sirva de base para que a los próximos delegados se les den las herramientas para actuar. Además, hacen un llamado a la Secretaría de Educación, rectores y a la Personería para que se realice la elección de un comité que permita a los representantes mayor acción. 

Hace casi cinco años nos embarcamos en una tarea verdaderamente desafiante: contemplar nuestro país con una mirada fresca y enfocarnos en lo que sucede a nivel local, sin embellecer ni distorsionar la realidad. En esta búsqueda, hemos trabajado estrechamente con ciudadanos y ciudadanas que tienen un profundo conocimiento de su entorno.

Sabemos que aún tenemos un largo camino por recorrer y continuaremos perseverando en esta misión. Porque si algo nos ha enseñado este tiempo, es que el poder del periodismo local está en la gente.

La comunidad de Tabaco nunca pensó que su territorio, fundado en 1780 por negros africanos en la Serranía del Perijá, iba a desaparecer. Se habían convertido en una despensa agrícola y pecuaria, rodeada por el río Ranchería y el arroyo Tabaco, de la que se surtían otras comunidades afro y wayúu de la zona. Incluso, cuentan que sus productos cruzaban hacia Venezuela. Pero todo cambió en 2001 cuando Cerrejón, entonces operada por Carbocol e Intercor, compró los predios de la mayoría de sus habitantes y desalojó, junto con el Ministerio de Minas, la Alcaldía de Hatonuevo y el Esmad, a las nueve familias que permanecieron en el territorio.

“Veíamos la mina desde las montañas y sus luces estaban demasiado lejos. Como a 10 kilómetros. El Cerrejón se fue comiendo todo ese territorio, todas esas comunidades hasta que nos llegó a nosotros en 1997. Comenzaron a presionarnos que si no vendíamos a las buenas, nos sacaban por las malas y así fue, en el año 2001, hicieron efectivas las amenazas”, cuenta Samuel Arregocés, representante legal del consejo comunitario de Tabaco. 

El corregimiento de Tabaco es una de las poblaciones desplazadas por la expansión de la explotación minera de carbón a cielo abierto que Cerrejón ha realizado en La Guajira desde hace 40 años. La Corte Suprema de Justicia ordenó la reubicación de esta comunidad pero, después de 22 años, no ha habido mayores avances. Hoy sus habitantes están ubicados en casas a orillas de la vía que conduce hacia Hatonuevo, donde la empresa le dio casas, además, a otras comunidades afro también desplazadas: Roche, Patilla y Chancleta. 

La voz de Arregocés y otros habitantes de las comunidades desplazadas han tomado relevancia con la noticia de una posible nueva mina de carbón que quiere explotar el conglomerado turco Yildirim Holding en el corregimiento de Cañaverales, sur de La Guajira y dos nuevos proyectos de cobre que desarrollaría la canadiense Max Resourse y la colombiana Carbomas. Consonante conversó con líderes afro y wayúu, y expertos para analizar los aprendizajes de la experiencia de Cerrejón. 

1. Los reasentamientos deben hacerse bajo protocolos

Jairo Fuentes, cabildo gobernador del resguardo de Tamaquito II (nombre que asumió su comunidad después de la reubicación), cuenta que los mayores ya no sueñan porque en el nuevo territorio no tienen sus ombligos enterrados y se ha perdido la conexión con el territorio. Aunque su resguardo fue una de las últimas comunidades reasentadas y ha sido el “modelo” a seguir, afirma que tienen afectaciones culturales y espirituales que no pueden ser reparadas, y que Cerrejón ha incumplido los acuerdos para garantizarles bienestar en el nuevo resguardo.

“La empresa todavía niega que fuimos desarraigados por los daños ambientales, cuando los teníamos a 200 metros por un lado y cuatro kilómetros en otra parte de la explotación”, afirma Fuentes. “No nos dejamos dividir ni que cambiaran nuestro modelo de vivir. Aunque tenemos una vivienda digna, no han cumplido con que los proyectos productivos sean autosostenibles. Aquí la comunidad es consumidora, tiene que comprar la mazorca y la yuca porque no hay agua suficiente para cultivar, ni siquiera para mantener las huertas en las casas. Antes teníamos ríos, cuencas y pozos profundos”, agrega.  

Tanto la comunidad de Tabaco como la de Tamaquito representan para Leonardo González, investigador del Instituto de Ideas para la Paz (Indepaz), una forma de desplazamiento forzado que no es reconocido. “El reasentamiento involuntario es una forma de llamar al desplazamiento forzado por desarrollo. Se denomina así en Naciones Unidas y en diferentes instancias. Genera todos los impactos igual que un desplazamiento forzado por el conflicto armado: psicológicos, en el tejido social y demás”, explica González.

El investigador, quien le ha hecho seguimiento a las afectaciones de Cerrejón, afirma que los reasentamientos debieron darse de una forma justa con las comunidades. Para ello, detalla, es necesario que se garantice el tejido social y que las compañías mejoren la calidad de vida los y las habitantes tenían antes del traslado. “De los cinco reasentamientos colectivos que tiene en estos momentos Cerrejón, especialmente Roche, Patilla, Chancleta, Tamaquito y Las Casitas —sin contar Tabaco porque fue expulsada—, dejaron de ser una comunidad rural para ser urbana o semiurbana. Roche era la capital agrícola de Barrancas y del sur de La Guajira y hoy es un barrio que tiene hasta casas caídas”, agrega. 

Una de las formas que han logrado para que se reconozca la vulneración a un reasentamiento justo ha sido apelar a la normatividad del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. Ambas entidades le piden a las empresas o países, a los que les prestan dinero, que cumplan con una evaluación exhaustiva de los posibles impactos sociales, un plan de reasentamiento; el apoyo para la reubicación y la recuperación de medios de vida; la consulta y la participación activa de las comunidades afectadas; la compensación justa y el apoyo para la restauración o mejora de medios de vida, entre otros.

2. Las comunidades deben tener claridad sobre los alcances del proyecto

Jairo Fuentes recuerda que no hubo socialización por parte del Estado ni de la empresa sobre las afectaciones que podría generar la explotación de carbón. Fue a través de los cambios en el agua, las plantas, los animales y las enfermedades que fueron conscientes de las implicaciones. “Nunca tuvimos una garantía del Gobierno ni de los entes de control que deberían garantizar nuestros derechos. No importaba a pesar de que somos minoría y estamos protegidos por una Constitución. Aquí el gobierno era la misma empresa”, lamenta Fuentes. 

Al respecto, Leonardo González cuestiona que la empresa no fue clara en decirle a la gente que tenía la opción de vender individualmente o ser reubicada en colectivo con su comunidad. Asegura que actualmente varias personas han presentado tutelas y han ganado pues no se les reconoció el derecho a la consulta previa. “(Las empresas) deben ser transparentes y decirle a la gente ‘vamos a operar en esta zona y los vamos a tener que mover’. Lo mejor es trasladar a toda la comunidad para garantizar el tejido social pero, por supuesto, les sale más barato comprarle la tierra a unos”, agrega González.

Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), alerta que el desconocimiento y la incertidumbre que se genera en las comunidades se da, además, por la falta de claridad sobre el tamaño del título minero que se les otorga. “Las empresas dicen ‘vamos a abrir esta minita chiquita, denme la licencia ambiental’ y resulta que luego van solicitando las licencias de los otros pedacitos. Así empezó Cerrejón, siendo una mina pequeña y luego se fue expandiendo”, afirma Mateus. “En Cañaverales, la empresa ha presentado el proyecto como una cosa pequeñita y que no va a crecer y resulta que sí, va a ser más grande que el Cerrejón, por lo que tenemos entendido, con los títulos que se les han entregado”, agrega. 

3. La reglamentación debe priorizar los derechos humanos

La minería es una actividad de utilidad pública. Esto significa que es considerada de bienestar para los y las habitantes del país y, por ende, las autoridades pueden expropiar terrenos privados para desarrollarla. Para Mateus y González esto es problemático porque a costa de los megaproyectos se han vulnerado los derechos humanos y se ha afectado la biodiversidad y las distintas culturas en el país. “Se debe dejar de pensar que la economía se derrumba si no les dan vía libre a estos proyectos porque, al contrario, estos han empobrecido a la gente y a los territorios. Nos han hecho perder una cantidad inmensa de biodiversidad que nadie mide”, dice Mateus. 

Hay tres aspectos que dan cuenta de la debilidad institucional que ha marcado la operación de Cerrejón, según Mateus, González y los líderes de las comunidades. La primera es que en Colombia no hay una legislación sobre asentamientos involuntarios por lo que han acudido a normas internacionales. La segunda es la falta de una licencia ambiental para realizar la explotación. “Nunca se les ha exigido porque están en un régimen de transición. Presentamos una acción de nulidad que está en conocimiento del Consejo de Estado en la que discutimos que la empresa no cumple con un proceso de licenciamiento ambiental que tenga el estudio de impacto ambiental y unos planes de manejo ambiental como correspondería”, agrega la abogada. 

Por último, un líder de la comunidad de Roche, quien pidió mantener el anonimato de su nombre por miedo a represalias, agrega que ha habido pasividad por parte de las autoridades para investigar las afectaciones y las denuncias, incluidas las amenazas contra la vida de quienes se han opuesto al proyecto. Para dar solución a esta situación, González y Mateus coinciden en que se debe cambiar la legislación colombiana para que proteja los derechos de las comunidades. La abogada del Cajar agrega que junto a otras organizaciones están trabajando en un proyecto de ley que se convierta en un marco normativo que ligue las actividades empresariales con las garantías de los derechos humanos.

4. El desarrollo debe llegar a los territorios

Heli Arregocés, un conductor de camión de Cerrejón, recuerda que era un joven cuando entró a la empresa soñando con tener un trabajo estable. Esta idea de convertirse en un trabajador de la mina se repite entre varios jóvenes que sueñan con salir de la franja del desempleo. Sin embargo, Arregocés cuestiona que las garantías laborales que han tenido no compensan los daños ocasionados a sus comunidades y al departamento.“Hoy no tenemos desarrollo de ninguna índole. En nuestras poblaciones, no hay hospitales, no hay universidades, no hay salud. Es una desgracia el saqueo que ha hecho la mina”, afirma Arregocés. 

La posibilidad de emplearse en la mina fue una de las promesas que les han hecho a los habitantes de la zona de influencia de la minera. Sin embargo, Samuel Arregocés y Jairo Fuentes coinciden en que esto no se ha dado plenamente. “Puedo contar con mi dedo de la mano la cantidad de gente que nosotros tenemos trabajando hoy en Cerrejón. Rescato la experiencia de un líder de nosotros que lo llevaban a comer todos los días a Maicao y después, cuando ya no lo utilizaron no lo llevaban a comer ni siquiera tenía una casa en Roche”, agrega Arregocés.

Juana Rita Velásquez Ipuana, habitante de la Serranía de Maureen cerca a Puerto Bolívar, donde la empresa realiza su operación portuaria, agrega: “Habrá desarrollo cuando la empresa se siente a contar la verdad sobre el impacto que genera. Las comunidades también deben participar. No es que nos tengan como animales porque entran, explotan toda la riqueza y dejan un hueco. Cerrejón tiene una fundación de artesanías, de alimentación y tantas cosas. ¿Quién se queda con esa plata? ¡Cerrejón! Aquí no han dejado nada. Hasta los trabajadores se están muriendo por ese polverío de carbón como la misma naturaleza”.

Heli Arregocés asegura que el Estado debería asumir la generación de otras fuentes de empleo para los y las jóvenes. “Ingresamos aquí y sabemos las afectaciones que esto produce y llega la contradicción, porque no hay oportunidades para que nuestras familias se sostengan. Hay que luchar para que esto no vuelva a repetirse y haya posibilidad de impulsar ideas y acciones para que el Estado atienda a la juventud y no vuelva a tener las contradicciones que ahora tengo”, afirma Arregocés. 

5. Afectaciones incalculables 

Los líderes y las lideresas junto a los expertos consultados por Consonante coinciden en que las afectaciones hasta la fecha por Cerrejón son incalculables y se concentra, principalmente, en la salud, el ambiente y en la división comunitaria. Juana Rita Velásquez cuenta que su comunidad no ha sido reconocida por ser zona de influencia de la empresa. Sin embargo, cuenta que ha habido muertes por accidentes durante el paso del tren y de los camiones. Además, asegura que las lluvias han disminuido, los pastos están secos, los árboles se llenan de comején, los animales han disminuido y las plantas sagradas ya no pueden curar las enfermedades.

“Dice que los niños murieron desnutrición pero es por las afectaciones, por las contaminaciones. No se mueren así no más. Antes con la medicina tradicional se curaban pero hoy en día parece ser que no tienen cura”, cuenta Velásquez. Por su parte, Heli Arregocés agrega que el cáncer es una de las enfermedades principales en las comunidades alrededor de la mina y entre sus compañeros de trabajo. “Hay un gran número de afectados pulmonares, la patología osteomuscular es una de las más que más abundan y la ansiedad y depresión. Lo peor del caso es que una vez que se adquieren, comienza una guerra contra el sistema para que lo reconozcan como afectación laboral y así recibir tratamiento”, cuenta Arregocés.

Las comunidades de Roche y Tabaco están a la espera de que su reasentamiento y compensación llegue algún día. La Alcaldía de Hatonuevo y la empresa tienen pendiente la caracterización de los habitantes de Tabaco para reubicarlos en un nuevo predio que compró Cerrejón para darle cumplimiento a la sentencia T-329-17 de la Corte Constitucional. Por lo pronto, los líderes y lideresas esperan que su bienestar pueda darse en la medida que la nueva situación lo permita y esperan que otras comunidades no permitan el avance de proyectos minero energéticos en La Guajira.

“Le decimos a las comunidades no se salgan de su territorio a pesar de la contaminación. Hay que buscar el mecanismo de cómo frenar esto porque nos estamos quedando sin territorio. Acá se puede presentar una guerra entre clanes porque las cuencas de agua se están perdiendo por las voladuras. El río está muriendo y nos vamos a quedar sin agua para consumir. Hay comunidades que se dejan fraccionar y los líderes que lo hacen es porque no tienen sentido del dolor o no miran al futuro. No queremos que a nadie le vaya a pasar lo que estamos viviendo aquí. No somos felices en este nuevo lugar”, agrega Jairo Fuentes.

Yuranis del Carmen Bolaños dejó su casa en el barrio Cristo Rey el 24 de agosto. Ese día habían pasado 13 horas de lluvia constante y su casa estaba bajo un metro de agua. No era la primera vez que se inundaba. Cada año, entre agosto y hasta octubre durante la temporada de lluvia se desbordan las aguas del canal y a su paso solo le han dejado pérdidas económicas de hasta dos millones de pesos y enfermedades a su hija de dos años como gripas, fiebres y tos. Yuranis del Carmen Bolaños cuenta que este año las afectaciones han sido más fuertes que antes, lo que produjo que su casa fabricada de barro se hundiera 15 centímetros, alrededor de esta se hicieran huecos, y por el temor de que no aguantara el paso del invierno, decidió dejarla.

Bolaños vive en arriendo en una casa de ladrillos del barrio Cristo Rey, a solo tres calles donde antes vivía. Cuenta que su calidad de vida mejoró porque el agua ya no se mete dentro de las casas a pesar de que inundan las calles. Le toca pagar un arriendo mensual de 200 mil pesos pero ella actualmente está desempleada y se dedica a las labores del hogar y del cuidado no remuneradas, por lo que depende económicamente de su pareja. Además, está a cargo de sus tres hijos en especial a su hija de 2 años que se recupera de una neumonía.

La pesadilla que vivió Yuranis del Carmen Bolaños se repite cada año para los habitantes de los barrios Ocho de Enero, La Bendición de Dios, El Doce de Octubre y Cristo Rey, ya que estos se encuentran ubicados en las partes bajas del municipio y cerca de la acequia de Penzo y el canal El Zaino. Este año ocho barrios se vieron afectados con los fuertes aguaceros de agosto pero los casos con mayores pérdidas y afectaciones se dan en algunos sectores informales de los barrios del municipio, que están en la parte baja de Fonseca y el proceso de poblamiento se ha dado por medio de la invasión a predios privados o terrenos baldíos donde los pobladores construyen casas con tablas o plásticos.

La acequia de Penzo y el canal Zaino son dos cuerpos de agua que rodean al municipio en una trayectoria de diez kilómetros. Sus aguas provienen del río Ranchería y sirven para regar los cultivos de arroz. Sin embargo, en su recorrido y con los fuertes aguaceros que se presentan en la temporada de invierno, su caudal va recogiendo, la basura de otros barrios que va desde colchones viejos, plásticos, animales muertos, y toda clase de desechos que quedan apilados en los barrios más bajos, donde el agua no encuentra salida, desbordándose para las casas cercanas al canal.

La debilidad en la infraestructura de las viviendas en estos sectores ocasiona que la creciente del agua se lleve las casas y las afectaciones sean más altas. A pesar de esto, cuentan los pobladores, no han encontrado una respuesta de fondo por parte de las entidades para solucionar la situación. Ese es el caso de la comunidad de El Manguito, situada en la parte final del barrio 12 de octubre a orillas de la acequia, que lleva dos años de existencia. Damaris Batista de 57 años, una de las habitantes, cuenta que la crisis de la pandemia la dejó en la calle, por lo que ella y un grupo de personas invadieron el terreno baldío.

“Cuando veo los nubarrones me preocupo porque sé que esto se pone feo y es peligroso vivir aquí, pero no tengo a donde ir”, cuenta Damaris Batista de 57 años, quien asegura que ha denunciado por radio las afectaciones y la falta de respuesta, ha buscado citas en la Alcaldía, pero no ha obtenido respuestas. Agrega, que, a pesar de estar ubicados en la parte final del 12 de octubre, la Junta de Acción Comunal no los reconoce como parte del barrio. “Aquí necesitamos mucho apoyo. Prácticamente nadie nos toma en cuenta, cuando llamo a los bomberos dicen que no encuentran la dirección. Nos tienen olvidados como si el Doce (de octubre) no existiera. ¿Será que no aparecemos en el mapa de Fonseca?”, lamenta Damaris decepcionada.

Cada vez que llueve y hay inundaciones, las personas que habitan en estos sitios han tenido que cambiar sus actividades cotidianas y han tenido que recurrir a distintos métodos para mitigar el impacto del agua. Algunos han adaptado sus patios echando relleno de gravilla y arena, poniendo muros o cavando zanjas para que el agua corra y no llegue hasta las casas. Sin embargo, esto no detiene las aguas de los canales. Con la llegada de la creciente, se va la luz, se taponan las tuberías de los baños y empiezan a aumentar las enfermedades. Las afectaciones más preocupantes son los casos de varicela, gripa y hasta neumonía. Aunque se genera, además, el aumento de zancudos, de alergias y rasquiñas en la piel.

“La temporada de lluvia nos ha tratado súper mal, más que a todo a mi niña de dos añitos. Le ha dado neumonía en varias ocasiones, en el último vendaval que hubo, tenía dos días de haberla sacado de la clínica porque estaba hospitalizada”, dice Yuranis Bolaños. Por su parte, Yesenia Monterrosa del barrio La Bendición de Dios, cuenta que ella le alivia los síntomas de rasquiña a los niños con talco y plantas. “Mi hija tiene ya una semana con rasquiña. La baño con matarratón, antes no podía ni comer. Ella daba gritos de dolor, la llevé al médico y me dijeron que era varicela”, agrega Monterrosa.

Carlos Neira, especialista en Salud Pública, alerta que las inundaciones generan afectaciones a la salud principalmente para población de personas gestantes, infantil y adultos mayores, por esos considera que es prioritario darle un adecuado manejo al agua residual en estas zonas que se inundan. “Un mal uso en el recurso del agua se puede asociar a enfermedades gastrointestinales, enfermedades de infecciones en heridas, sarpullido y otro tipo de riesgos. En regiones tropicales se presentan enfermedades por picadura de mosquito y eso desencadena en otras transmisibles”, explica Neira.

Lo que el agua se lleva y deja cada año

La creciente del agua trae, además, animales como sapos, serpientes venenosas, arañas, y otros animales que terminan dentro o cerca de las casas y las personas suelen matar para librarse de ellos. “Cuando llueve esto parece una laguna y las culebras se vuelven locas. Ayer mataron una que era venenosa, un cascabel. Hace días mataron a otra que iba entrando a la casa, era larguísima, tenía como dos metros”, afirma Adriana Cortez, habitante del barrio 12 de octubre. Las serpientes cascabel y boca dorada son las más comunes en la zona.

Además, de las enfermedades y los animales, las inundaciones generan empobrecimiento. Los habitantes de estos barrios sufren pérdidas económicas por el deterioro de sus viviendas y los daños en los electrodomésticos.

Adriana Cortez también tuvo pérdidas, los fuertes vientos se llevaron algunas láminas del techo de su casa. “El día de las lluvias se me voló el techo, se me mojó el televisor y se quemó. También se me mojaron unos papeles de mi hija”, agrega.

Esta situación suele pasarles a muchas personas, que habitan en estos barrios, de una o de otra manera se ven afectados. “Con los apagones se me quemó la nevera y aquí cocinamos con estufa eléctrica entonces nos afecta bastante cuando llueve porque se va la luz”, cuenta Javier Monterrosa, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Bendición de Dios.

Sin acciones de fondo

El alcalde Hamilton García Peñaranda asumió como una de sus prioridades la limpieza y cuidado del canal El Zaino y la acequia de Penzo en su Plan de Gobierno 2021 - 2023. En este documento, reconoce que ambas fuentes de agua “se han convertido en focos de contaminación y de riesgos” y se comprometió a mejorar la calidad de los cuerpos de agua por medio de acciones de descontaminación e implementar acciones que minimicen el riesgo de inundación. En lo que va de su administración se ha concentrado en limpiar los puntos críticos, los botaderos satélites aledaños y construir box culvert o puentes para conducir el agua. Además, ha hecho jornadas pedagógicas.

Para 2021, asegura la Alcaldía en respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, invirtió 83 millones de pesos para la rehabilitación de calles y carreras para garantizar el libre flujo de escorrentías y evitar inundaciones en los barrios Cristo Rey y Doce de Octubre.

En 2022, fue mayor con 811 millones de pesos. Con estos recursos, agrega, que se hizo mantenimiento y limpieza de puntos críticos del canal El Zaino y al canal pluvial ubicado en el barrio Caraquita.

A pesar de estas acciones, las inundaciones se siguen presentando. Para el Comité Municipal de Gestión de Riesgo, esto se debe a que los habitantes del municipio hacen un mal uso del canal al arrojar basuras. “Una de las problemáticas principales de ese sector es que la misma comunidad aledaña toma el canal como basurero satélite. La presencia de desbordamiento de las aguas lluvia es producto de la mala utilización de residuos sólidos arrojadas en el canal”, agrega el Comité en respuesta a un derecho de petición.

Sin embargo, la información brindada por los habitantes de los distintos barrios es diferente. Cuentan que en varias oportunidades se reúnen para mantener limpio el canal, quitar los escombros que arrastra la corriente y limpiar la maleza. Además, sostienen que sus llamadas de auxilio durante las inundaciones no son atendidas. “Aquí no llega nadie. Imagínense que ayer estaba limpiando y tuve que romper para que el agua saliera. Son cosas que se pueden corregir. Hemos solicitado algún tipo de ayuda, de atención pero nunca llega, andan haciendo política y que deberían ayudar a la gente”, cuenta Fausto Santoya, habitante de Cristo Rey.

La administración municipal ha descartado, además, la reubicación de alguno de los sectores o barrios afectados por las inundaciones, según el derecho de petición. Reconoce que en el municipio solo hay dos barrios en situación de invasión: el 8 de enero y la Bendición de Dios. Detalla que el primero se encuentra en un predio privado y el segundo está en un predio de la Alcaldía. Para ser legalizado un asentamiento en predios del municipio, asegura la administración, “basta con que esa comunidad por medio de sus representantes soliciten la legalización ante el municipio para iniciar los trámites de ley necesarios para ello”.

Sin embargo, Javier Monterrosa, vicepresidente del barrio la Bendición de Dios, confirmó que la organización legal del barrio solo quedó en promesas y lamenta que mientras hay alguna respuesta de fondo tiene que vivir en condiciones precarias. Además, asegura que la mayoría de las personas que habitan en el barrio perdieron todo durante la crisis de la pandemia. “Nunca quisimos quedarnos aquí. El acuerdo fue que el alcalde actual nos iba a buscar la solución de reubicarnos o comprar una hectárea para que pudiéramos acomodarnos ahí. Eso fue como a mitad del año pasado, pero no se ha dado ni la reubicación ni la hectárea”, dice Monterrosa y agrega: “Vamos a buscar la forma de pagar las hectáreas”.

¿Quiénes deberían atender la situación?

Carlos Alberto Torres Tovar, profesor de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional, explica que debido a las escasas posibilidades para comprar una vivienda digna las personas recurren a invadir terrenos. Torres asegura que esto se debe a que los programas de compra de vivienda del gobierno siguen siendo costosos y, como consecuencia de esto, se asientan en lugares no aptos para habitar: zonas de recuperación ambiental, terrenos cercanos a las fuentes de agua y predios privados.

“Los asentamientos informales tienen un origen en la falta de atención del Estado porque no tiene la capacidad de suplir las necesidades habitacionales. Hoy la única forma de acceder a una vivienda es a través del programa Mi casa ya, en donde la gente tiene que comprar una casa con precios del mercado inmobiliario, financiar a 15 y 20 años y, una vez le entregan la vivienda y tiene una escritura, el Ministerio de Vivienda les desembolsa el subsidio que, en el mejor de los casos, suma 25 salarios mínimos. Los hogares que tienen ingresos de menos de cuatro salarios mínimos buscan otras formas, ya sea comprando predio a un urbanizador pirata o mediante la invasión de terrenos “, dice el profesor.

Esta situación, según Torres, genera una doble vulnerabilidad porque son poblaciones con riesgos de desastres naturales y porque no están sujetas a la política de intervención pública. Para solucionar esto, Torres asegura que deben ser atendidos por el gobierno nacional y la administración municipal. “La ley novena de 1989 enuncia que todas las autoridades municipales están obligadas de hacer los procesos de reasentamientos de la población en condición de riesgo y vulnerabilidad. Pero eso no se cumple. Los gobiernos municipales tienen una incapacidad para hacerle frente a estas situaciones porque no tienen un banco de suelos municipal para reasentar y lo que hacen son medidas paliativas”, resalta. Para Torres la mejor forma de atender a estas poblaciones es con un reasentamiento temporal y brindarles bienestar en términos de educación, salud, recreación.

Camilo Restrepo, profesional del Área de Agua Bien Común de Censat Agua Viva, explica que otra de las soluciones es pensar el ordenamiento del municipio y de estos barrios alrededor del agua para que no haya afectaciones ambientales y sociales. “Ordenar el territorio alrededor del agua implica que las formas comunitarias o las relaciones sociales deben respetar los ciclos naturales”, afirma Restrepo. Agrega que la recuperación de los cuerpos de agua debe pensarse en la organización colectiva y el cuidado del canal y la acequia, y, en esa misma medida, hacer solicitudes a las entidades encargadas de esto.

“Si no se genera un movimiento que derive en la recuperación de estos canales, se puede secar y la calidad del agua va a empeorar. Esto puede desencadenar en el engrosamiento de las cifras de la población que no cuenta con agua potable. Según la ONU, alrededor de tres mil millones de personas no cuentan con acceso a agua potable, o sea, estamos hablando casi a la mitad de la población del mundo”, alerta Restrepo.

Por su parte, la Alcaldía de Fonseca y el Comité de Gestión de Riesgo sostienen que mantendrán sus acciones enfocadas en implementar una estrategia a implementar es la clasificación de residuos sólidos, y la limpieza y construcción de dos Box culvert. Mientras tanto los habitantes de los barrios afectados tienen las esperanzas de que sus vidas cambien, y solicitan que las autoridades se responsabilicen de la situación. “Primordialmente pediría un restablecimiento del canal porque ya está dañado, que pavimentaran las calles del barrio y que hubiera mejora de viviendas porque todas las casas por aquí en se han deteriorado por las aguas del canal. Me gustaría que se brindaran esas ayudas para las personas que no tenemos vivienda”, afirma Yuranis del Carmen Bolaños.

Las nuevas generaciones de los consejos comunitarios afro en Fonseca no han crecido dentro de su territorio. Ese es el caso de Yuleisy Fernández, integrante del consejo Blas Rosado de la vereda Sabaneta. De los 38 años de edad que tiene Fernández solo ha estado durante 15 años en su territorio colectivo. Su comunidad, compuesta por alrededor de 30 familias, ha sido desplazada dos veces. La primera fue en el año 2000 cuando los enfrentamientos entre los paramilitares, la guerrilla y el Ejército los llevó a salir para salvaguardarse. La segunda fue en el año 2022, cuando la Alcaldía municipal los desalojó porque los predios que antes habitaban fueron adjudicados a un tercero por el entonces Instituto de Desarrollo Rural (Incoder), hoy conocido como la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

“Cuando regresamos hicimos nuestras casas de bahareque, material o cambuches, pero fuimos desalojados porque le apareció dueño al territorio. El Incoder se lo adjudicó a Carmen Ariza y aparecíamos ante la ley en calidad de invasores de nuestro propio territorio. En donde había casas, hoy hay cultivos de pancoger que pertenecen a la supuesta propietaria. Nos reubicaron en otro lugar, que es insuficiente para la cantidad de familias perjudicadas”, cuenta Yuleisy Fernández. 

Al igual que Fernández y la comunidad Blas Rosado, los otros 27 consejos comunitarios afro de Fonseca están en la búsqueda de un territorio colectivo donde volver a crecer y poner en práctica su cultura ancestral. Pero se han encontrado con un sinnúmero de obstáculos para conseguirlo. El principal de estos es ser reconocidos como afrodescendientes por la Alcaldía municipal y el Ministerio del Interior. A esto se suma, la débil implementación de la Ley 70 de 1993. Esta norma, que cumplió 30 años el 27 de agosto, es conocida también como la Ley de derechos de las comunidades negras de Colombia y regula la titulación de tierras, el desarrollo de la economía y su ancestralidad.

Ante este panorama, las comunidades afro de Fonseca temen perder su identidad cultural por la imposibilidad de tener un territorio donde llevar a cabo sus prácticas ancestrales y que estas terminen por quedar minimizadas frente a las manifestaciones culturales de los barrios, veredas y corregimientos en donde les ha tocado vivir. El riesgo es que las nuevas generaciones desconozcan su lengua, su música y su tradición familiar, entre otros. Es por esto que la implementación de la Ley 70 representa una luz de esperanza para acceder finalmente a la tierra, y rescatar sus usos y costumbres.

“Éramos unas familias que sentíamos que lo teníamos todo. Aunque pareciera que no teníamos nada y vivíamos bajo muchas necesidades. Éramos felices en el territorio vivíamos una vida tranquila, lejos de lo que hoy nos toca enfrentar en el diario vivir en Fonseca y en Conejo, en donde se encuentran las otras familias que hacen parte de este consejo afro de Sabaneta”, lamenta Fernández.

Arnold Brito, representante del consejo afro Alfonso Rafael Brito Ortega de la vereda de Los Altos, cuenta su caso: “La mayoría nos encontramos habitando la zona rural, algunos en Los Altos, Mamonal, Traga Entero y unos pocos en el casco urbano, que igual queda cerca a nuestro lugar de origen. Toca ir y venir puesto que toca salir a conseguir el sustento diario trabajando el jornal en tierra ajena, ya que la mayoría son labriegos, algunas mujeres trabajan como empleadas domésticas, otras producen artesanías y así. Cada quien se las arregla para sobrevivir”, cuenta Brito, quien es el vocero de 35 familias que están en búsqueda de tierra colectiva desde 2017.

El calvario para obtener tierra colectiva

Para acceder a un territorio colectivo como comunidad afro se debe tener una certificación del Ministerio del Interior y de la Alcaldía municipal. Estas autoridades deben verificar cuántas familias y cuántas personas se autorreconocen como afro e integran el consejo comunitario. Después de esto, el consejo comunitario, que es la autoridad étnica encargada de administrar los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, deben postularse ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esta entidad debe hacer visitas a territorio, informes técnicos, recibir oposiciones a la adjudicación, tomar una decisión frente a la titulación y publicar la decisión. En ese proceso, algunas comunidades pueden tardar más de 7 años o deben acudir a tutelas para que les respeten sus derechos.

Ana Ludís Manjarrez Ariza, representante del consejo comunitario José Antonio Manjarrez Ariza de la comunidad de Almapoque (Los Altos, Mamonal, Potrerito y Quebrachal), cuenta que están constituidos legalmente desde el año 2016 y han recibido la certificación de las tres últimas administraciones municipales, incluida la actual. A pesar de esto, de haber surtido el procedimiento con la ANT y tener procesos de restitución de tierra como víctimas del conflicto armado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tuvieron que recurrir a la tutela y aun así no han recibido la titulación.

“A través del acompañamiento de los Asorroblistas, comunidad afro del municipio de Hatonuevo que nos tendió la mano, estamos a punto de lograr la titulación colectiva ya que tutelamos a la Agencia de Tierras. Tenemos postulada la entrega de una finca de 436 hectáreas para darle manejo como si fuera un cabildo, en el que aquellas familias que realmente necesiten la tierra puedan explotarla”, afirma Manjarrez. “Nuestro principal objetivo es lograr el territorio colectivo”, agrega.

Otro caso similar es el del consejo comunitario Luis Enrique Martínez, del corregimiento de Sitio Nuevo y compuesto por 178 familias. William Brito, el representante legal de este consejo, cuenta que antes de que de Incoder se transformara en la Agencia Nacional de Tierra ya habían completado todas las exigencias para la titulación pero al surgir la nueva entidad, perdieron todo el proceso y hoy están en la incertidumbre. 

“Hicimos una radicación en el año 2015, cuando existía Incoder, para la compra de 548 hectáreas de un predio privado. Nos entregaron un poder en donde se nos dice que ya estaba todo listo para la compra. Cuando ya habíamos hecho todo el proceso desaparece Incoder y nuestro archivo queda en manos de la ANT. Me he reunido varias veces con ellos y ahora me salen con que mis archivos se perdieron y nos corresponde iniciar de nuevo el proceso. Ya han pasado 8 años y nos toca escoger otro predio. Nos encontramos con que ahora todo es más difícil, no hay tierras y Sitio Nuevo no tiene para donde más crecer. Las tierras existentes están en manos de privados”, dice Brito.

Los obstáculos que han encontrado Ana Ludis Manjarrez y William Brito es una muestra de las dificultades que han enfrentado los demás consejos comunitarios en el Caribe. El informe Desafiando alambradas: análisis de las barreras que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe, de la organización Ilex - Acción Jurídica, detalla que en toda la región solo existen 22 comunidades que han logrado titulación colectiva. El mayor número está en el departamento de Bolívar con 8, en un segundo lugar está La Guajira con 7 y Magdalena con tres. Sin embargo, hasta octubre de 2021, La Guajira tenía 164 solicitudes sin ser resueltas, según Ilex. 

Entre las dificultades para avanzar en la titulación se encuentra: la ignorancia de la ley, la escasez de tierras baldías y el desconocimiento de las necesidades de las comunidades afro del Caribe por parte de las entidades del Estado. “La escasez de tierras baldías en el territorio nacional ha provocado que las tierras disponibles para adjudicar sean muy bajas y que haya que optar por la modalidad de compra. Esto requiere una disponibilidad presupuestal en las entidades del Estado que adelantan este proceso”, explica Marbys Redondo Vanegas, miembro del consejo comunitario El Negro Robles de la población ancestral de Camarones, Riohacha, e integrante del Proceso de Comunidades Negras de Colombia.

Por su parte, William Brito afirma que la Ley 70 ha estado enfocada en las comunidades afro del Pacífico colombiano y no en el Caribe, donde el reconocimiento de esta ha avanzado con lentitud. “La ley 70 se inclinó más sobre las necesidades y el vivir de los amigos del Chocó. del Pacifico, la ley no fue abierta. Por eso pienso que debe tener una restructuración porque está muy cerrada. Esperamos que se abra a las necesidades que tenemos los consejos comunitarios de La Guajira. Somos ribereños y merecemos tanta atención como nuestros hermanos wayuu”, afirma Brito.

El informe de Ilex destaca que: “En los 28 años de vigencia de la Ley 70 de 1993, con corte a octubre de 2021, solo se habían titulado 19 consejos comunitarios concentrados en Bolívar, Magdalena y La Guajira; estas cifras son apenas el 5 por ciento de la meta propuesta desde ese entonces, donde se tenía proyectado titular por fuera de la región Pacífico”. Al respecto, Alí Bantú Ashanti, abogado, activista y director del Colectivo de Justicia Racial, considera que la implementación de la Ley 70 y los requisitos de titulación debe implementar y regular conforme a la realidad actual de las comunidades negras en los territorios rurales del país.

La controversia

Los derechos de las comunidades afro en Fonseca se pusieron nuevamente en la agenda pública desde que el 15 de agosto, el alcalde Hamilton García Peñaranda fue reconocido como un actor transformador, por el reconocimiento y los trámites que ha desarrollado a favor de la población afrodescendiente. El premio “Transformadores de la Región” fue entregado por la Asociación Nacional De Alcaldes de Municipios con Población Afrodescendiente. Pero el reconocimiento tomó por sorpresa a los líderes y lideresas de los consejos comunitarios afro del municipio, quienes no sabían de la existencia del premio ni de las razones por las que el alcalde fue merecedor. Además de García, los mandatarios de San Juan del Cesar y El Molino fueron premiados.

“Me sorprende, hasta ahora me doy cuenta del premio. Él no ha dicho nada, pero aprovecho para resaltar que de la administración municipal no hemos recibido nada”, afirma Ana Ludís García Ariza, representante legal del consejo José Antonio Manjarrez Ariza. Mientras que Edgar Peralta, representante legal de comunidades negras Víctor Manuel Peralta Peñaranda, que recoge a 30 familias, celebra el galardón. “Me alegra este reconocimiento porque visibiliza la población y lo estimula como mandatario y al próximo, para poder realizar acciones que beneficien a nuestra comunidad”, agrega Peralta.

Las acciones concretas que llevaron al alcalde García a ganar este premio son: las gestiones frente al Ministerio del Interior para que reconozca los consejos afro en el municipio y la designación de una funcionaria que sea el puente entre las comunidades afro y la administración municipal. Desde hace dos meses, Gilma Isabel Anaya, enlace de asuntos indígenas y afrodescendientes y de la población LGBTI, se ha convertido en un apoyo para la Secretaría de Gobierno en los asuntos administrativos. “Los consejos afros tienen pleno conocimiento de esta dependencia. Hemos atendido asuntos concernientes a consejos afro y asuntos indígenas para expedir certificaciones”, cuenta Anaya. La funcionaria agrega que han hecho reuniones con el Ministerio, el enlace de La Guajira para los consejos afro y creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación directo con los 28 líderes de Fonseca.

Sin embargo, Anaya afirma que ha habido falta de interés por parte de algunos consejos comunitarios afro de apropiarse de los trámites y, de esta forma, mejorar su situación. “Se han hecho dos reuniones, la primera se realizó en el Concejo Municipal, en donde se trataron asuntos como la representación legal y todo lo concerniente a la situación de los consejos. La segunda fue con el Ministerio del Interior. Pero queremos saber por qué no asisten. La mayor asistencia ha sido de 10 representantes de los 28 consejos”, cuestiona la funcionaria.

Los líderes y lideresas de los consejos comunitarios afro coinciden en su mayoría que la figura del enlace ha facilitado los procesos que deben realizar y han tenido más acompañamiento. Sin embargo, otros representantes aseguran que no conocen la existencia de este aún cuando la funcionaria asegura haber tenido contacto con todos por Whatsapp. 

Una solución lejana

La implementación completa de la Ley 70 está lejos de concretarse. Para aterrizar esta norma, el Gobierno nacional debe expedir decretos o resoluciones que establezcan la forma como se debe implementar. Recientemente, el presidente Gustavo Petro expidió dos decretos que reconocen los derechos a la explotación agroambiental de los territorios por parte de las comunidades afro y otro que establece una estructura de lo que va a hacer la explotación minera, reconociendo derechos al pueblo afrodescendiente sobre las minas y sus territorios.

Samuel Arregocés, representante del consejo comunitario afro Los Bárbaros Hoscos de Roche en Hatonuevo, asesor del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y ha acompañado a otros consejos en La Guajira, es optimista frente a los avances actuales. “Creemos que con este nuevo gobierno las cosas han avanzado mucho y hay gran expectativa con respecto a las herramientas que nos están brindando para avanzar. Nos hemos reunido con los enlaces del Ministerio del Interior en varias ocasiones y se ha progresado en lo relacionado con la titulación de tierras, ya se han visitado predios que se encuentran en los diferentes municipios como Hatonuevo, San Juan del Cesar y Fonseca”, asegura Arregocés.

Por su parte, los líderes y lideresas de los consejos comunitarios han optado por desarrollar proyectos e iniciativas que les permitan mantenerse articulados y hacerle frente a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. “Estamos creciendo, hemos logrado formación a través de algunos programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para nuestros niños, niñas y jóvenes. Para nuestras mujeres artesanas hemos hecho cursos a través del SENA, incluso Corpoguajira nos donó carbón vegetal que benefició a algunas familias para cocinar sus alimentos. Todas estas acciones ayudan a fortalecer el vínculo entre nuestra comunidad”, dice Ana Ludis Manjarrez.

William Brito asegura que él y los demás representantes afro se niegan a perder su arraigo cultural y continuarán hasta tener su territorio colectivo. “Nosotros no tenemos tierra pero seguimos aquí y no vamos a renunciar hasta conseguirlo. Nos negamos a aceptar que nuestras nuevas generaciones crezcan sin conocer toda la riqueza cultural con que cuenta el pueblo afro”, afirma Brito.

A casi dos años de la elección de los Consejos Municipales de Juventud, los consejeros y consejeras aseguran que la promesa de representar y lograr cambios significativos a favor de los y las adolescentes y jóvenes en sus municipios se ha ido diluyendo entre la falta de voluntad política de las autoridades locales y el desconocimiento del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. 

Los Consejos Municipales de Juventud revivieron en 2021 con una misión principal: canalizar el inconformismo de miles de jóvenes que protestaron a lo largo del país contra la reforma tributaria del expresidente Iván Duque y la violencia policial durante las manifestaciones, y a favor de la gratuidad en la educación superior. Motivados por esa ilusión, Diana Cuayal del Valle de Guamuez, Putumayo; Elías Jiménez de San Juan del Cesar, La Guajira, y Juan Guillermo Romero de Ovejas, Sucre, se postularon y fueron escogidos como consejeros de juventud el 5 de diciembre de 2021.

“A los consejeros nos tocó el papel más difícil entre la política porque la administración no nos presta atención porque no lo considera importante y los jóvenes tampoco se interesan en escucharnos de la manera en la que queremos. Estamos trabajando a medias con las personas que sí se interesan y con aquellos que sí quieren trabajar con la juventud”, dice Elías Jiménez, un joven de 23 años quien es consejero de juventud de San Juan del Cesar, La Guajira.

Si bien en el año 2021 se impulsó la creación de los Consejos de Juventud en todo el país, basados en la Ley Estatutaria 1885 de 2018, desde 1997 ya se había empezado a hablar en Colombia sobre el Sistema Nacional de Juventud para garantizar la participación y el bienestar de los y las jóvenes. Los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) deberían ser uno de los espacios autónomos para encontrar soluciones a las necesidades y problemáticas que viven. En estos deberían tener participación, además, representantes de las organizaciones juveniles campesinas, de comunidades étnicas y población víctima del conflicto armado. 

Aunque todos iniciaron con un número de siete a 17 consejeros, aproximadamente, a lo largo de los dos últimos años sus integrantes han empezado a desertar. Por ejemplo, en el municipio El Carmen de Bolívar, Bolívar, pasaron de 17 a once y en San Juan del Cesar, La Guajira, de 15 a cinco consejeros. Esto se debe a que no han encontrado eco en sus peticiones, no han tenido las garantías para movilizarse y asistir a las sesiones, y otros han hecho sus proyectos de vida fuera de sus municipios. Quienes se mantienen temen que las debilidades en los Consejos de Juventud y el desencanto que han encontrado quienes fueron elegidos repercuta en la desaparición de este espacio de participación que se había logrado abrir.  

“La mayoría manifiesta que sienten que la administración no les brinda la atención necesaria y eso dificulta el proceso. Muchos se han desanimado. Algunos no asisten porque tienen sus ocupaciones. Sí es incómodo que uno trate de llevar el proceso de la mejor manera y que la entidad gubernamental no ponga de su parte”, dice Elías Jiménez.

Juan Guillermo Romero, un joven de 20 años de edad quien representa a los y las jóvenes víctimas del conflicto armado en el CMJ de Ovejas, Sucre, teme que esto repercuta en las urnas dentro de dos años cuando se escojan nuevamente a los consejeros. “Si las cosas continúan como están, la participación va a ser más baja porque los consejos y las plataformas no se han posicionado en los territorios como debería haberse dado durante estos dos años. Mucha gente no sabe qué es un Consejo de Juventud. Creo que las elecciones que se aproximan van a ser muy duras en términos de participación de jóvenes”, lamenta 

Las autoridades los dejan “en visto”

Elías Jiménez cuenta que han tenido que sesionar algunas veces en su casa porque no tienen las garantías para hacerlo en un lugar adecuado dentro del municipio. Por ley, recuerda, deberían tener las sesiones en las instalaciones del Concejo Municipal pero desde que se posesionaron no han encontrado eco en esa exigencia. “Sesionamos parcialmente. Hay momentos en los que hemos sesionado hasta en mi casa, porque muchas veces no logramos conseguir el espacio. Hay unos consejeros que pertenecen a la zona rural y no cuentan con los viáticos para desplazarse hacia el municipio a la sesión. En la zona rural, la conectividad no es muy buena tampoco. Entonces también se dificulta que estén de manera virtual”, agrega Jiménez.

Según la Ley Estatutaria 1885 de 2018, las administraciones municipales deberían proveer el espacio físico con todos los elementos necesarios y destinar recursos que garanticen el funcionamiento de los consejos. Sin embargo, Cuayal, Romero y Jiménez coinciden en que son las Alcaldías, como primeras autoridades de sus municipios, con quienes han tenido mayores dificultades para interlocutar y lograr que cumplan con sus funciones. Estas, además, contemplan: instalar las sesiones de las Comisiones de Concertación y Decisión, donde se exponen las necesidades de la juventud y se hace seguimiento a los planes y programas en su favor; implementar políticas públicas de juventud; y dar respuesta a las peticiones de información hechas por los consejeros.

“Lastimosamente la administración de mi municipio ha estado muy alejada desde el inicio. No se han sacado proyectos específicos para jóvenes. Hemos sugerido que se destine presupuesto pero no lo han hecho. Intentamos proponer y hacer pero no hemos sido escuchados de forma vinculante. Nos escuchan pero no hay resultados”, dice Diana Cuayal, una joven de 26 años consejera del Valle del Guamuez.

Por su parte, Jiménez cuenta que solo hasta hace dos meses, durante una reunión con la Defensoría del Pueblo, se enteraron que había un presupuesto destinado para la juventud a pesar de que la Alcaldía había sido insistente en que no había. “El Enlace de Juventud llegó con que el Consejo contaba con un presupuesto, sino estoy mal, de 17 millones de pesos y con eso era que se iba a realizar la Semana de la Juventud y posiblemente la asamblea”, agrega.

Al respecto, Snick Olivella, enlace de Juventud de San Juan del Cesar, cuenta que como administración han logrado darle las garantías a los y las consejeras. Asegura que han destinado la biblioteca municipal y la sala de juntas de la Alcaldía para las sesiones, se han reunido tres veces para coordinar la Semana de la Juventud, y él se ha encargado de gestionar ante la Alcaldía los transportes hacia Riohacha o El Molino. Sin embargo, reconoce que los tiempos del Alcalde han sido un limitante para avanzar en más acciones este año. “Hemos quedado que se va a hacer la Asamblea, la Mesa de Concertación y no se hace. Toca esperar que el Alcalde tenga tiempo porque se la pasa ocupado y él debe estar en eso”, explica Olivella.

Vanesa Martínez, delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez de la Defensoría del Pueblo, recalca que las obligaciones de la administración municipal no deben limitarse a realizar la Semana de las Juventudes, sino que deben generar proyectos y destinar presupuestos para desarrollar acciones concretas. Agrega, que no se puede señalar solo a las autoridades locales por las debilidades en el proceso pues el funcionamiento depende de ambos actores: Alcaldía y Consejo Municipal de Juventud. 

“Debemos insistir y persistir en el cumplimiento de la Ley Estatutaria a nivel de alcaldías, porque es el primer respondiente en el territorio. Entonces los CMJ acuden directamente a estas entidades. Pero también les hemos sugerido a los CMJ que se estructuren y que presenten propuestas para que eso blinde un poco el proceso”, afirma Martínez.

Avances a paso de tortuga

A pesar de las dificultades, Diana Cuayal, Elías Jiménez y Juan Guillermo Romero reconocen que han logrado realizar algunas acciones concretas en sus municipios. Por ejemplo, Romero destaca que durante la Semana de la Juventud en Ovejas, Sucre, y, con recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), realizaron la jornada “Consejo al colegio”, un espacio de sensibilización en las aulas para informar sobre el Estatuto de Ciudadanía, la función del Consejo y la Plataforma Municipal de Juventud, y construir propuestas con los y las estudiantes con base en sus problemáticas. “Hemos encontrado que no se limitan a las instituciones y comparten realidades de su barrio, su comunidad e incluso, su misma familia. Con esto estamos construyendo la agenda”, detalla Romero. 

Por su parte, Cuayal destaca que esta experiencia les ha permitido acercarse a la institucionalidad, interactuar con otros actores de su municipios, entender cuáles son las transformaciones que se pueden y se deben realizar en estos escenarios que antes eran ajenos para ellos y ellas y llevar a cabo las Asambleas de Juventud. “Otro de los logros ha sido mantenernos, resistir y ser activos a pesar de que ha sido un ejercicio difícil y la mayoría de Consejos no están funcionando. Hay una violencia institucional muy fuerte de estigmatización, de infantilización, pero los jóvenes venimos construyendo procesos muy lindos”, afirma. 

Elías Jiménez agrega que en su caso han avanzado en el último año en la construcción de la política pública de juventud gracias al contacto que han establecido con el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo. Esta, detalla, el consejero, tendrá seis líneas: acceso a la educación, emprendimientos, deportes, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, salud y educación sexual. Además, cuenta, que tienen un proyecto para “descentralizar la información de la juventud en su municipio para que llegue a cada territorio” y así saldar los vacíos y la falta de articulación entre el Consejo, la Plataforma y la Alcaldía. 

Sin embargo, estos avances contrastan con la situación de derechos humanos de los y las jóvenes en Colombia. Según Carlos Camargo, defensor del Pueblo, el 43,7 por ciento de los homicidios ocurridos durante el 2022 en el país se concentró en el rango de 14 a 28 años de edad. Además, aseguró durante el lanzamiento del informe de seguimiento al Sistema de Juventud, que: “se evidencia que en razón a sus liderazgos, tanto quienes integran los Consejos como quienes forman parte de las Plataformas de Juventudes, presentan un incremento de amenazas y riesgos a su vida e integridad”. A esto se suma la falta de acción estatal. "Solo el 73 de los 1.102 municipios que tiene Colombia cuentan con una política pública de juventudes y de ese reducido porcentaje no todos tienen planes de acción o indicadores”, agregó Camargo.

Una ley llena de vacíos

Los consejos y consejeras de juventud; Vanesa Martínez, la Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez de la Defensoría del Pueblo, y Fabián Acosta, director del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional coinciden en que hay falencias de fondo sobre el Sistema Nacional de Participación Juvenil y la Ley Estatutaria 1885 de 2018. La primera debilidad es que no son vinculantes las decisiones y propuestas de los y las jóvenes. Esto quiere decir, que queda a discrecionalidad de las administraciones municipales incluirlas en sus planes de gobierno. 

Al respecto, Acosta asegura que es necesario una reforma que le dé más fuerza a la Ley Estatutaria. “Ojalá puedan consolidarse un poco más con una reforma que les dé recursos y que los haga más decisorios en términos de las demandas de los jóvenes. Esto podría ayudar también a mover las problemáticas juveniles a nivel institucional y a consolidarlas como política pública”, dice Acosta. Diana Cuayal comenta que en estos momentos están recogiendo insumos en distintos municipios del Putumayo para articular con Colombia Joven, la Consejería Presidencial para la Juventud y el Consejo Nacional de Juventudes con el fin de modificar la ley y otorgarle mayor poder a los Consejos.

Vanesa Martínez, delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez de la Defensoría del Pueblo, agrega que hay tres deficiencias principales que repercuten en el funcionamiento del Sistema Nacional de Juventud: el desconocimiento de la Ley, la transición de los gobiernos locales, que dificulta la continuidad de los procesos, y la desarticulación de los distintos actores al no tener claras sus funciones. 

“Si todas las autoridades cumplen con su parte, si se conforma el Consejo Municipal de Juventudes y si tienen las garantías, eso va a generar unas acciones a nivel del territorio que va a impactar a las juventudes en general. Eso va a representarse en el Consejo Nacional y a nivel de los departamentos para que se den los diálogos con el gobierno en todos los niveles y se tengan unos compromisos, a los cuales hacerle seguimiento con una asignación presupuestal real”, detalla Martínez. 

Finalmente, jóvenes como Elías Jiménez consideran que para terminar de blindar el proceso de participación de los Consejos Municipales de Juventud es necesario que más jóvenes apoyen a sus voceros. “Si no nos acompañan no podemos hacer nada. Necesitamos que se interesen por el proceso. Es necesario que, además, la administración y los padres le presten atención a los jóvenes como el futuro y el presente del país”, afirma Jiménez. 

A Belisa Solano, una profesora de 37 años, la han robado tres veces en Fonseca. La primera vez, en enero de 2021, un hombre en una mototaxi la sorprendió mientras se movilizaba en la moto junto a su hija. Amenazándola con un arma le robó el celular. En la segunda, en junio de 2021, un hombre le puso un revólver por la espalda y la amenazó con matarla si no le entregaba la moto y el celular. En ambas ocasiones, Solano denunció en la Policía. En la tercera, el 10 de agosto, optó por no imponer ninguna denuncia porque no ha habido avances, hasta la fecha, sobre sus dos primeras acusaciones.

“Me mostraron una cantidad de hombres, unos cuatro o cinco, para ver si se parecían a las personas que habían realizado el atraco pero no se me pareció a ninguno de ellos. El caso quedó ahí. Lo mismo pasó en la segunda ocasión, reporté la moto y afortunadamente la encontré porque me la dejaron tirada en la entrada a Barrancas”, recuerda Solano.

En Fonseca, un pueblo al sur de La Guajira, personas como Belisa Solano encuentran una serie de obstáculos para denunciar delitos, principalmente los robos. La limitada respuesta por parte de las autoridades para realizar investigaciones exhaustivas sobre los delitos que ocurren a diario en Fonseca y en La Guajira; las fallas en las herramientas virtuales de denuncia; la desconfianza en el sistema judicial, y el desconocimiento de las autoridades encargadas de recepcionar y una oficina que trabaja solo entre semana, son algunos de los obstáculos que refieren los y las habitantes. 

Otro de los casos que muestra estos obstáculos es el de Paola Blanchar, una trabajadora de 23 años. A Paola la robaron a las 3 de la mañana del 9 de julio, cuando estaba cerrando el billar donde labora. Dos hombres con la cara cubierta la abordaron y le quitaron una pulsera de oro, la cédula, el celular y una maleta con sus objetos. El valor de todos los elementos hurtados, según Blanchar, rondaba los 700 mil pesos. “Mi jefe llamó enseguida a la Policía pero ellos ni se acercaron al local. Llegué a la estación para poner el denuncio de mi cédula pero no me preguntaron mayor cosa. Creo que es una de las inconformidades que hay acá, uno le hace saber a la Policía y ellos como si no les importara nada. La Fiscalía dice que vaya primero a la Policía. Cada uno se tira la bolita”, agrega Blanchar.

Solano y Blanchar personifican el sentimiento compartido de gran parte de la población de Fonseca que sostiene que: ”denunciar no sirve para nada”. Esta percepción ha tomado fuerza en en el municipio al tiempo que han incrementado  los robos y homicidios en el municipio de manera sostenida desde 2019. Según cifras del Secretario de Gobierno entregadas a Consonante en febrero de este año, los robos pasaron de ser 86 en 2021 a 117 en 2022, los robos de carros aumentaron de tres a doce y los hurtos a establecimientos comerciales y a motos se redujeron de ocho a siete y de 23 a 22, respectivamente.

El viacrucis para radicar una denuncia

Para denunciar en Fonseca, un habitante tiene la opción de dirigirse a la sede de la Fiscalía en el municipio que está abierta de lunes a viernes. Cuando son temas urgentes que se presentan los fines de semana, deben ir hasta San Juan del Cesar donde funciona la Unidad de Reacción Inmediata (URI), un centro de atención a la ciudadanía en donde se atienden los delitos que requieran intervención inmediata de la justicia. El ente investigador tiene, además, la página A Denunciar, donde se pueden interponer las acusaciones de forma virtual. Después de esto, los casos son dirigidos a fiscales de intervención temprana, quienes priorizan los casos y dan atención a las denuncias urgentes. Estos son los canales que la entidad tiene como puerta de entrada para acceder al sistema de justicia. 

Silvia Helena Hoyos, directora seccional de la Fiscalía en La Guajira, explica que en el departamento y por lineamiento de la Fiscalía General de la Nación, se priorizó la atención de los casos de homicidio, violencia sexual y violencia intrafamiliar. “Es por eso que la violencia sexual y la violencia familiar han tomado el carácter de actos urgentes, entonces se atienden de manera inmediata”, detalla Hoyos. 

Los y las habitantes del municipio aseguran que no es suficientemente claro quiénes son los encargados de recibir las denuncias. Esto lleva a que los ciudadanos se confundan y no sepan a dónde acudir y, por otra parte, a que los funcionarios no recepcionen los casos que les llegan. De esta manera, denunciar los casos termina en una cadena de ir de un lugar a otro sin obtener respuestas. “Por regla general las denuncias se colocan en la Fiscalía pero hay más autoridades que pueden recibirlas. Por ejemplo, la Inspección de Policía o las unidades Seccionales de Investigación Judicial y Criminal (Sijin) pueden recibirlas y remitirlas a la Fiscalía, que es la competente para tramitar los procesos legales”, explica Juan Jaime Peralta, personero municipal. 

Para Arturo Suárez, subdirector de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia, es importante tener claro que la Inspección de Policía actúa en los casos de problemas de convivencia; las Comisarías de Familia, reciben los casos de violencia intrafamiliar y maltrato a la niñez, y los Defensores de Familia y la Policía, se encargan de la captura; la Fiscalía recibe las denuncias e investiga; y los jueces, finalmente, valoran los hechos y tomar una decisión. “Al que ven frecuentemente es al policía y le exigen a la Policía que responda por todo pero no es su competencia”, afirma.

Eder Huguez Peñaranda, secretario de Gobierno, reconoce este problema. “Hay dos aspectos relevantes. El primero, la cultura. Fonseca no es un pueblo de denuncia, no sé si eso lo genera el temor o la desconfianza. Lo otro es que no tenemos URI”, afirma Peñaranda para quien es evidente que hoy en día hay un subregistro de hurtos y robos. Sobre el primer caso, una habitante de un corregimiento de la Serranía del Perijá en jurisdicción de Fonseca, quien prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias, aseguró que ha evitado denunciar el robo que sufrió en su finca porque conoce a los presuntos criminales y podrían agredirla. 

Hoy en día, los delitos más denunciados en Fonseca son el hurto, las amenazas, las lesiones interpersonales, la falsedad en documento y la violencia intrafamiliar, según Silvia Helena Hoyos, directora seccional de la Fiscalía en La Guajira. Hoyos detalla que durante la vigencia de 2023, que comprende enero a agosto de este año, tienen entre los registros de denuncias de Fonseca: cinco homicidios, de los cuales, asegura, han esclarecido un 80 por ciento. Además, cuentan con 147 denuncias formuladas por hurto. Al respecto la Directora de la Fiscalía especifica que estos pueden ser de vigencias pasadas, es decir, de meses anteriores que hasta ahora se denuncian. 

En el caso de los hurtos (cuya cuantía no supere los 150 salarios mínimos legales vigentes) y las lesiones personales, el tiempo máximo para que la justicia asuma el caso es de seis meses desde que ocurrió el delito, según la ley 1826 de 2017. Para el resto de crímenes, como lo establece el Código Penal, el tiempo máximo de prescripción es de cinco a 20 años, dependiendo del tipo de delito. Esto quiere decir, que el Estado tiene ese tiempo límite para castigar a los culpables.

A los problemas de radicar denuncias de formas tradicionales, se suman las barreras para hacerlo de manera virtual. Primero, porque no hay suficiente pedagogía sobre su existencia o sobre cómo usarla, y porque las preguntas suelen ser extensas y las personas desisten. Esto sin contar que la página de denuncias virtuales, A denunciar, suele caerse o no hay suficiente conectividad para acceder. Incluso, para llenar el formulario se debe disponer de al menos una hora para incluir los datos sobre los hechos, testigos, los presuntos culpables y los elementos hurtados.

Silvia Helena Hoyos, directora de la Fiscalía seccional La Guajira, reconoce que: “a veces la página puede colapsar, enredarse o parecerle al usuario que puede estar muy amplio el cuestionario. Pero en realidad son las preguntas básicas que necesita el fiscal para conocer los hechos y tratar de evitar al máximo estarlo citando a una ampliación”.  

La impunidad

“¿Para qué denunciar si no voy a tener ningún resultado? Quienes somos víctimas no denunciamos porque no va a suceder absolutamente nada. Siento que las leyes y las autoridades no están haciendo su trabajo ni el acompañamiento a la comunidad. Es preocupante que tengamos que vivir en esta situación”, dice Belisa Solano.

La falta de acción de las autoridades en la captura, judicialización y esclarecimiento de los casos ha generado que los y las habitantes de Fonseca desconfíen en la justicia. Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, denunció en redes sociales durante una visita a La Guajira en junio que en este departamento hay una “impunidad sistemática que convierte a La Guajira en un departamento fallido en lo judicial”. Según Idárraga, al menos 85 por ciento de las investigaciones por corrupción en manos de la Fiscalía o juzgados penales han prescrito o están en inminente prescripción. El Índice Global de Impunidad, publicado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), detalla que La Guajira tiene un índice de impunidad de 49 por ciento. 

Al respecto, la Directora de la Fiscalía seccional La Guajira asegura que la percepción negativa sobre el avance de las investigaciones por parte de la población se debe a que “los seres humanos tenemos una sensación general de insatisfacción”. Agrega que se han logrado avances significativos en el esclarecimiento. “En los cinco homicidios ya sabemos quién es el autor y tenemos unas órdenes de captura ordenadas por un juez. Estamos esperando que la Policía Nacional o la Sijin las materialicen para poder judicializar de manera concreta. Otra cosa es que el juicio todavía no se lleve a cabo y que a veces a las personas les cueste un poquito esperar y tener paciencia. Eso no depende sólo de Fiscalía porque los juicios se adelantan ante los jueces, quienes tienen grandes cargas de trabajo”.

Hoyos asegura que los casos que se presentan mayores obstáculos para esclarecer son los hurtos a pesar de que son los delitos que más se denuncian. La Directora explica que esto se debe a la debilidad en las pruebas pues en algunos casos no hay cámaras y alrededor del 50 por ciento de las que han sido instaladas por la Alcaldía están deterioradas o no funcionan. 

Carmen Puche cuenta que a finales del año pasado le hurtaron de su casa una lavadora. Un testigo le contó quién había sido el presunto ladrón, ella fue hasta la casa de él y junto al joven y la Policía hizo recorridos por los barrios para que le dijera dónde había vendido la lavadora. “A las 6 de la tarde llego a la Estación de Policía y me dicen que lo van a dar salida porque no lo encontraron en flagrancia. Él se fue a dormir a la casa tranquilo. Después, reuní pruebas con las cámaras de tiendas recordando la hora del robo y pudimos seguir el recorrido que había hecho el muchacho gracias a una calcomanía de la moto y por la llanta delantera. Fueron tres días buscando hasta que ubicamos mi lavadora”, agrega. A pesar de que varios testigos lo identificaron, la Policía no tomó ninguna medida contra él. 

Para Arturo Suárez, subdirector de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia, este tipo de situaciones en el que las víctimas de delitos terminan por interpretar que la justicia no actuó afecta su confianza en las instituciones. Por eso, para él, no solo es necesario que la justicia opere sino que la ciudadanía entienda cómo funcionan los operadores de justicia que se deben cumplir.

El especialista agrega que el acceso a la justicia no se limita a la posibilidad de interponer una denuncia sino que son un conjunto de condiciones que impiden el goce efectivo de las personas al derecho a la justicia. “Las barreras no son solamente aquello que dificulta instaurar una denuncia o promover una demanda, sino también la comunicación e interacción que se tiene después de haber colocado la denuncia o la querella, con el sistema. Se esperaría que este le debe brindar amparo, protección y respuestas eficaces, oportunas y concretas a uno como ciudadano pero lo que se ve es que sencillamente no se mueve”, afirma Suárez. 

Las salidas

Para recuperar la confianza en el sistema de justicia y acceder a este derecho, Arturo Suárez asegura que se debe priorizar la atención de los casos. “Pasan hasta dos o tres años y las víctimas no reciben una llamada de parte de la Fiscalía y cuando la reciben, en la mayor parte de los casos, es para ver si uno tiene información para ampliar la denuncia”, afirma Suárez. Además, agrega que se debe tener en cuenta el papel de la justicia comunitaria y su potencial para resolver conflictos comunitarios a través de la mediación y la conciliación. 

El subdirector de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional considera que se debe hacer una caracterización de los delitos para entender qué factores influyen en el incremento de ciertos casos. “Podemos decir si los hurtos obedecen a redes transnacionales o si lo que más se produce son las lesiones personales, producto del consumo de alcohol. Esto permite leer el contexto local e interpretarlo para construir estrategias de acceso y resolución”, explica Suárez. 

Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia para la Justicia (CEJ), añade que se debe trabajar en tres frentes: la reforma a los código penales para que prioricen a la víctima y no a los victimarios; incrementar el número de despachos judiciales y de fiscales en los departamentos olvidados estatalmente; crear procedimientos y trámites expeditos para que el ciudadano también se sienta motivado a denunciar; y fortalecer la presencia estatal en cuanto al acceso a servicios básico e internet.

Por lo pronto, la Alcaldía de Fonseca y de Barrancas junto a la Fiscalía tienen el proyecto de ampliar la sede del ente investigador en Fonseca, para que haya una persona que pueda estar disponible las 24 horas de los siete días de la semana. Según el secretario de Gobierno, la inversión que se realizará será de aproximadamente 880 millones de pesos. De estos, Fonseca aportará 400 millones de pesos y Barrancas, los otros 480 millones de pesos restantes. Aunque ya el proyecto tiene los Certificados De Disponibilidad Presupuestal (CDP), que garantizan la asignación de los recursos, aún no se ha firmado el convenio.

La Fiscalía asegura que junto al Ejército y la Policía están investigando las estructuras criminales que cometen estos delitos para esclarecer los robos en el municipio y en La Guajira. Mientras las autoridades muestran resultados frente a los delitos denunciados, los y las habitantes del municipio temen que cada día se pierda aún más la credibilidad en el sistema judicial y se tome justicia por cuenta propia. “Le provoca a uno tomar justicia por mano propia. De pronto por la manera de crianza, por los valores, uno no es capaz de decirle palabras vulgares o darle una ‘palotela’ a esa persona, pero eso es lo que en realidad provoca al ver la injusticia del sistema judicial de Fonseca”, agrega Solano.

Aunque por años los habitantes de Tadó han pedido estudios que garanticen que el agua que les suministra el acueducto es potable, a la fecha no se tiene un análisis que lo concluya. En el último estudio que dio a conocer la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Tadó, de diciembre de 2022, solo se tomaron muestras de su planta de tratamiento y no del trayecto del agua por las tuberías.

La empresa Aguas de Tadó envió a análisis 1.500 ml de agua tratada y captada del Río Mungarrá, proceso que estuvo a cargo del laboratorio Aliscca. 

 “La empresa Alissca nos hizo los estudios hasta el año pasado, estos estudios arrojaron positivo para el consumo del agua que se suministra. Para reducir la propagación de bacterias estamos lavando las plantas periódicamente cada dos meses ya que el agua que utilizamos para darle a la gente viene de Santa Catalina y la otra del Río Mugarrá”, indicó Emanuel Murillo, gerente de la empresa Aguas de Tadó.

Murillo agregó que el agua que suministra a los hogares en Tadó está garantizada: “El agua se trata con cloro y sulfato y se tienen las máquinas que hacen todo el proceso para que sirva para el consumo humano y con los parámetros indicados”.

Frente a la posible presencia de metales pesados, como mercurio, Murillo indicó que no se tienen estudios, pero que se conoce que en el Río Mungarrá se trabaja la minería. “Para nadie es un secreto que se utiliza mercurio en el río, vamos a avanzar con la Secretaría de Salud para que ellos puedan tomar esas muestras”.

(Ver documental: Agua mala)

¿Qué dicen los estudios?

Nubia Carolina Higuera Mora, microbióloga industrial de la Universidad Javeriana, indicó que las muestras arrojan que el agua es apta para el consumo humano. “Teniendo en cuenta los tres parámetros que fueron analizados -recuento de mesófilos, de escherichia coli y coliformes totales-, esa muestra que se llevó a análisis está entre los parámetros que son permitidos para la resolución de agua potable. Los mesófilos son los microorganismos que normalmente crecen en temperatura ambiente y ese resultado (18 unidades formadoras de colonia) son muy bajos y no afectan la calidad del agua. En los indicadores para ver si el agua está en contacto con heces fecales de seres humanos o animales, el resultado es negativo”, dijo.

Sin embargo, puntualizó que teniendo en cuenta que la muestra se tomó en la bocatoma, “el agua podría adquirir contaminación por donde pase, incluyendo las tuberías. Y habría que evaluar la permeabilidad de las mismas, si hay filtraciones o si en algún punto están deterioradas”. A su vez, como en el caso de Tadó, que el agua se mantiene en tinas, Higuera recomienda analizar también los recipientes. 

(¿Cómo limpiar su tina de agua y evitar enfermedades?)

Además, varios estudios demuestran que un sistema hidráulico en mal estado puede convertir las propias tuberías en bioreactores que facilitan que se multipliquen bacterias y patógenos peligrosos contaminando el agua. “La contaminación del suministro de agua ocurre debido a la desestabilización del material de la tubería y los depósitos en el sistema de distribución de agua debido a procesos fisicoquímicos y microbiológicos que se han desarrollado durante décadas y causan problemas de salud ( Hepatitis C y enfermedades gastrointestinales) que dan como resultado la tasa de mortalidad de 3,4 millones de personas en todo el mundo”, dice un estudio publicado por el International Journal of Research Publication and Reviews.

¿Qué dice la gente?

En Tadó solo el 60 por ciento de la población cuenta con el servicio de agua y quienes lo tienen, máximo pueden hacer uso de esta 8 horas al día, según informa la empresa Aguas de Tadó. Sin embargo, algunos habitantes reclaman que el servicio es intermitente y que no se sabe cuándo llega o cuándo la quitan.

Yirson Marino Ledezma, Personero de Tadó, indicó que aunque hasta ahora no se registran quejas formales por la calidad del agua, es necesario que quienes tengan inconvenientes o presenten algún síntoma lo reporten ante las instituciones encargadas.

“Es importante conocer de cualquier situación que esté afectando la salud humana, saber en realidad si el agua presenta metales pesados o bacterias que afecten la salud humana. Haremos los requerimientos necesarios para que se realicen los estudios y poder tomar medidas”, puntualizó.

Además, algunos habitantes de Tadó siguen desconfiando de la calidad del agua y reportan que se han enfermado. “Solicité que me quitaran el servicio de agua porque cuando consumía esa agua del acueducto me daba diarrea constante y ahora que no la utilizo no he vuelto a tener problemas de esa naturaleza. Igual que yo, muchas personas no toman esa agua porque no tienen claro si es de calidad”, dijo Nasly Copete.

Por su parte, Gabriel Copete, docente jubilado, señaló que tampoco confía en el servicio. “El agua del acueducto la utilizamos para algunos oficios domésticos y no para el consumo o para preparar alimentos o beber porque no hay claridad sobre su calidad”.

Otros cuestionan que el servicio sea intermitente: “El acueducto de Tadó no tiene horario fijo, a veces la ponen por ratos. Yo la utilizo para bañarme y para hacer oficios en la casa y no la bebo porque no hay garantía de qué agua nos mandan a la casa, yo compro agua en bolsas para beber”, indicó Juan José Mosquera.

Frente a las quejas, Emanuel Murillo, gerente de la ESPAT, responde que han promovido campañas para que la gente confíe en el agua del acueducto: “Utilizar el agua lluvia viene de años y ha sido difícil que la gente confíe en el agua que suministramos a pesar de que tienen la acometida. A través de la trabajadora social y colaboradores ambientales hemos salido a educar a la gente sobre la importancia de consumir el agua de la empresa y no mezclarla con agua lluvia debido que esta podría estar contaminada”.

Lo que sigue

Es necesario que se analicen más muestras del agua que está llegando a las casas y se revisen las tuberías. La Personería indicó que pedirá a la Secretaría de Salud que se hagan estas muestras.

Por su parte, Emanuel Murillo, gerente de la ESPAT, indicó que necesitan más recursos por parte de la Alcaldía municipal para poder garantizar el servicio del agua las 24 horas. “Esto por ahora es imposible, es muy difícil”, dijo.

El 10 de abril en el municipio de Fonseca un árbol de acacia cayó sobre un carro Spark, modelo 2016. Pedro Segundo Solano, de 65 años de edad y propietario del vehículo, indica que la caída del árbol afectó el 70 por ciento del automóvil, dañando el panorámico delantero y trasero, el capó y la cabina superior.  Todo esto sucedió luego de un fuerte aguacero.

“Entré a la Universidad de la Guajira a dejar dos pasajeros, iba con dirección hacia la Clínica de la Esperanza y estaba lloviendo. Cuando iba pasando por el Parque de la Virgencita me cayó una rama en la cabina del carro, frené y al mismo instante se cayó el árbol encima del vehículo.  Salí de prisa por el panorámico frontal porque las ramas no dejaban abrir las puertas para auxiliar a las dos pasajeras que llevaba. Las dos pasajeras sufrieron golpes leves, la copiloto se desmayó de la impresión y fue llevada de urgencias al hospital en donde permaneció por una hora”, cuenta Pedro Segundo.

El año pasado se reportaron varios árboles caídos: 6 en el casco urbano, 5 en la Serranía del Perijá, 2 en el resguardo indígena de Mayamangloma y 2 en la región de Almapotoque. Y en lo corrido de 2023 van cinco emergencias. 

No todos los árboles serán talados

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo reporta que hay al menos 106 árboles que deben ser intervenidos urgentemente, 24 de estos en el casco urbano y 82 en la zona rural.  Wilmer Pitre, integrante del grupo de apoyo del Consejo Municipal, indica que realizaron un censo en conjunto con Corpoguajira para ubicar los árboles que requerían atención, aunque no todos serán talados. “Identificamos algunos árboles que ya cumplieron su ciclo de vida y se encuentran en evidente deterioro. Mediante un acta entregamos las coordenadas de su ubicación para que se nos otorgue el permiso, luego nosotros buscamos a las personas encargadas de realizar el trabajo de tala y se procede a sembrar un árbol nuevo”, recalca.

“En cuanto a esta temporada de lluvias que se avecina, pedimos a la comunidad no albergarse debajo de los árboles cuando esté lloviendo o que se puedan ver con raíces levantadas y que se evidencie que están huecos, como sucedió hace pocos días con una ceiba en el bulevar de la plaza Simón Bolívar de Fonseca y al igual que el tradicional ceibote del cementerio que también fue talado después de que se desprendiera una gruesa rama que, por fortuna, no causó una tragedia”, agrega.

Sin embargo, los ambientalistas en Fonseca reclaman que no todos los árboles sean talados. Jaser Arafat, líder de un grupo de ambientalistas, señala que “primero deben dar a conocer el estudio técnico dónde se dé las causas del por qué los van a talar. Como, por ejemplo, el estado del sistema fitosanitario, los riesgos que representan para la comunidad y por qué no se pueden podar. También, qué especies de árboles van a reemplazarlos”.

¿Qué dicen las autoridades?

Corpoguajira es la entidad responsable del cuidado de los árboles en Fonseca y cualquier institución que requiera talar un árbol debe solicitar permiso ante esta. La directora territorial de Corpoguajira, Estela Freyle Lopesierra, indicó que en materia ambiental se establece que aquellos árboles que impliquen situaciones de riesgo deben ser talados por emergencia. “En todos los casos, al igual que cuando se hace un permiso forestal, se aplica un proceso parecido. La ley establece que un tercero- toda persona natural o jurídica - puede solicitar ante la corporación un permiso para talar si se trata de una situación de emergencia, dependiendo si el árbol está en espacio público u propiedad privada. Si están ubicados en espacio público el responsable es el representante legal del municipio con jurisdicción donde está el árbol, es decir el alcalde, según la Ley 99 de 1993, que es la misma que rige a las CAR. Los alcaldes están en obligación de solicitar formalmente ante la corporación la tala, la poda, la manipulación y cualquier tratamiento que se le vaya hacer a los árboles”, resalta.

Corpoguajira se encarga de otorgar los permisos ambientales de manera formal. Por ejemplo, los árboles que están en los tramos viales y que representan un peligro hacen parte de Invías. En la mayoría de los casos hay un contrato de concesión que tiene Invias con un tercero y es a través de esos operadores que debe solicitarse el permiso para talar o podar. La corporación puede corroborar el inventario forestal y priorizar cuáles son esos árboles a intervenir y que representan un peligro.

¿Por qué cuidar los árboles?

El municipio vive el primer ciclo de lluvias, que contempla desde finales de marzo hasta mediados de junio. Para evitar emergencias se requiere que se hagan diagnósticos, podas y talas de los árboles que se encuentran en mal estado.

La ingeniera ambiental Olga Margarita Herrera Torres puntualiza que “los árboles deben estar en constante monitoreo por parte de las entidades responsables para evitar su deterioro o un desarrollo que sea negativo para su entorno. Dependiendo de si están en bosques, ejes viales, zonas urbanizadas, etc. Estas medidas van a variar dependiendo de la especie de árboles”.

Herrera indica que la razón más importante de cuidar los árboles es porque estos aportan a la limpieza del aire y a regular el cambio climático. “Se necesitan árboles sanos, los árboles forman bosques que se convierten en los responsables de sostener la vida y benefician a todo ser vivo del planeta con un trabajo que no vemos, pero que sí podemos sentir como, por ejemplo, el almacenamiento del carbono”.

Herrera recomienda algunas prácticas claves para mantener un árbol en buenas condiciones de vida: “Debemos regar los árboles tres veces por semana, con suficiente agua. Sin embargo, en algunas ocasiones depende de la especie de planta y el tipo de clima en el que se encuentre. Se recomienda librarlo de las malezas, protegerlo de las plagas y hormigas y evitar que las personas estén en permanente contacto con su corteza y, por supuesto, realizar podas periódicas dependiendo del tipo de árbol y los motivos para lo cual son utilizados”. 

En Fonseca hay cuatro especies de árboles en peligro de extinción: guayacan, corazón fino, puy y olla de mono.

¿Quién responde por los daños ocasionados por la caída de un árbol?

Pedro Segundo Solano indica que luego de la emergencia que dejó su carro dañado en un 70 por ciento no sabe a quién recurrir. “Yo tengo unos recorridos con estudiantes del Cristo Rey y me toca rebuscarme como pueda para pagarle a otro y que me haga el recorrido. Con ese carro yo mantengo a mi familia que somos 5 personas. El alcalde y el secretario de Gobierno se acercaron al sitio del accidente y me dijeron que les llevara la cotización de los daños del vehículo para ver con cuánto me podían ayudar, mi carro no tiene seguro contra accidentes y me toca ver con cuánto me ayudan, lo demás me toca a mí”, dice con preocupación.

Sin embargo, en Colombia ya hay jurisprudencia al respecto. En un caso por la caída de un árbol contra un vehículo en Bogotá, el Consejo de Estado (en el fallo 2000-0007 de 2014) obligó a la Alcaldía a pagar los daños ocasionados al considerar que hubo un fallo en el servicio de mantenimiento de un árbol.

Lo que sigue

Si una persona conoce sobre un árbol en mal estado puede reportarlo ante la Oficina de Gestión de Riesgo y ante Corpoguajira.  Actualmente en Fonseca se desarrolla una jornada de sensibilización en colegios y con la comunidad para hacer jornadas de limpieza e impulsar la siembra de árboles.

Además, Corpoguajira indica que adelanta un programa radial donde tratan temas como el cambio climático y las emergencias que se pueden dar en temporadas de lluvias, así como consejos para los campesinos y la población en general.

En varias comunidades indígenas y centros etnoeducativos de Hatonuevo, Manaure, Albania, Distracción, Barrancas y Fonseca, en la Guajira, los estudiantes completan más de un mes sin transporte escolar. Desde el 8 de marzo el Ministerio de Transporte expidió una resolución que permite que en las comunidades se autorice el uso de vehículos de modelo 1999 en adelante por dos años más, es decir, hasta el 2025. Sin embargo, la demora ahora radica en que se debe expedir un certificado por cada carro que prestará el servicio.

“Los vehículos deberán ser reemplazados por otros con características de homologación para el servicio de transporte escolar, de doble tracción, teniendo en cuenta el siguiente esquema de transición: Los modelos 1999 a 2005, por modelo 2009 o posterior, a más tardar el 1 de enero de 2025 y los modelo 2006 y posteriores, por modelos 2010 en adelante, a más tardar el 1 de enero de 2026”, dice la resolución del Ministerio de Transporte.

En la resolución, el Ministerio de Transporte agrega que a partir del 1 de enero de 2026 todos los vehículos que se destinen “al servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros especial escolar étnico, de minorías raciales y culturales, deberán cumplir las condiciones de homologación para el servicio de transporte especial escolar y no podrán tener más de 15 años de uso, contados a partir de la fecha inicial del vehículo”.

Sin embargo, Angel Estelló, líder de 107 transportadores e integrante del cabildo negro de Hatonuevo, indica que el problema ahora es que el Ministerio de Transporte, sede La Guajira, debe expedir un certificado por cada vehículo y avalado por la alcaldía del municipio. “Esto nos trae una nueva dificultad, para mí son temas políticos que van por encima del derecho a la educación. La expedición de cada vehículo tardaría unos 15 días, creemos que de acá hasta Semana Santa no habrá transporte escolar”, indica. 

“Nosotros entregamos las carpetas, con los certificados del Soat, tecnomecánica, resolución y el modelo de cada vehículo. A ninguno nos han dado ninguna respuesta”, puntualiza.

El jueves, 23 de marzo, se registraron bloqueos en Barrancas y Fonseca por la falta de transporte escolar en las comunidades rurales.

Deserción escolar y bajas notas, entre las consecuencias

Elesmi Carrillo, tía de tres estudiantes de la Institución Etnoeducativa Rural Guaimarito, en Hatonuevo, cuenta que cuando no tienen el servicio de transporte debe pagar 2.000 pesos por trayecto en moto. “Ella ha perdido clases y ahí se perjudica porque no le ponen las notas y luego tiene bajas calificaciones. La niña pierde las notas por la falta del transporte porque a veces los docentes no la dejan entrar al aula de clases por llegar tarde”, dice.

Alexander Martínez, rector de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Fonseca, indica que el tiempo que estuvieron sin transporte escolar fue muy difícil para los jóvenes porque “estaban desmotivados y hubo deserción escolar. Nosotros alcanzamos tres meses sin transporte escolar. Algunos niños se retiraron de la institución y en las clases hubo un atraso porque por mucho que el profesor quiera atender a uno o dos estudiantes que no vinieron a unas clases, no es lo mismo porque descuida entonces el resto, a unos 32 estudiantes”, añade. Actualmente hay rutas en Cardonal, Villa Hermosa y El Hatico. 

Por su parte, Manuel Guerra, rector de la Institución Técnica Agropecuaria de Conejo, indica que el transporte se solucionó en el corregimiento en las rutas de Trigo y Kilómetro 0,  hace dos semanas. Y esta semana inició la tercera ruta que faltaba para recoger a los niños y niñas de Pondores.

“Unos niños venían a pie, otros en mototaxi, los tenían que traer los padres de familia y era muy complicado, algunos no podían venir. Si los pelaos no van al colegio se afectan académicamente”, agrega Guerra.

¿Qué dicen las autoridades?

La Secretaría de Educación departamental informa que el transporte ha iniciado paulatinamente, pero que, en algunas zonas, los indígenas no han permitido el acceso porque buscan que sean sus vehículos los que sean aprobados. La Secretaría comunica que para la vigencia 2023 la Administración Departamental contrató como operador de este servicio complementario de educación a la Unión Temporal Costa Caribe, por un costo de 18.953.420.367 millones de pesos.

El servicio de transporte escolar contará con 332 vehículos, para los cuales de manera planificada se han establecido 292 rutas, distribuidas así: 100 se prestarán en el área urbana y 192 en el área rural, con cubrimiento en 78 establecimientos educativos.

Y aunque la mayoría de solicitudes para certificar cada uno de los vehículos, según los líderes transportadores, ya fueron enviadas al Ministerio de Transporte, sede de La Guajira. De esta cartera informaron a Consonante que están dando respuesta “por orden de llegada”. Aunque se intentó hablar con el director territorial Nolberto José Larrada Mejía, para explicar el trámite y avance de los certificados, no fue posible.

Lo que sigue

Angel Estelló, líder de los transportadores, indica que, si hasta el lunes no les dan respuesta sobre los certificados de los vehículos, las comunidades harán una nueva protesta o viajarán hasta Bogotá para que les resuelvan sus reclamos. Este lunes las comunidades Wiwa y Wayúu, junto con los líderes transportadores, se van a reunir para estudiar nuevas acciones.