En Fonseca, durante las elecciones del 29 de octubre, un grupo de personas destruyó el material electoral de dos puntos de votación y agredió a algunos jurados. En el piso del colegio Calixto Maestre quedaron los tarjetones electorales, las sillas y las mesas de votación. La situación se replicó en la Institución Educativa Agropecuaria del corregimiento de Conejo. Esto llevó a que la Alcaldía decretara toque de queda desde las seis de la tarde hasta la mañana siguiente. Mientras tanto, el escrutinio continuó en los puestos de votación que no fueron violentados.
De acuerdo con el Delegado del Registrador en La Guajira, José Fernando Mejía Castaño, se dañó el material de 43 de las 98 mesas de votación instaladas. En entrevista con El Tiempo, Mejía sostuvo que el material fue recogido por la Comisión Escrutadora y trasladado hasta el lugar de los escrutinios para decidir si daba validez al conteo de votos en las mesas.
Según los resultados preliminares de la Registraduría, hasta el momento hay 57 mesas informadas, que representan un 58% de las mesas instaladas. Esos votos darían como ganador, con un 39,05 por ciento, a Enrique Luis Fonseca, el candidato que cuenta con el apoyo de la administración municipal.
Luego de los disturbios y los daños, las personas y los candidatos en Fonseca se preguntan qué pasará con las elecciones. Sin embargo, tres días después de lo ocurrido, no hay información oficial sobre la validez de los resultados obtenidos ni de los votos en las mesas afectadas. Algunas campañas políticas han pedido que se repita la jornada electoral al considerar que no hubo garantías para que los ciudadanos y ciudadanas ejercieran su derecho al sufragio.
En esta entrega de El Explicador, Consonante analiza la situación en Fonseca, los posibles caminos y las implicaciones de repetir o no las elecciones en el municipio.
Las elecciones deben repetirse en el municipio o en los puestos de votación afectados dependiendo de la posibilidad que tienen los votantes de alterar los resultados. En caso de que se afecte a más del 25 por ciento de los ciudadanos inscritos en las elecciones, según el artículo 288 de la ley 1437 de 2022, “se ordenará repetir la elección en toda la circunscripción”.
“En este caso, si fueron 43 mesas las afectadas, estamos hablando de unas elecciones que no se lograron ejecutar y que, por ende, deben repetirse”, señala Alfonso Portela, consultor electoral y exdelegado electoral de la Registraduría.
De acuerdo con Portela, los actos violentos en Fonseca “atentan contra la democracia y son graves porque impidieron que la gente siguiera votando libremente y no se sabe nada de los votos”.
En eso coincide Alberto Yepes, exmagistrado del Consejo de Estado, para quien “hay un ingrediente de nulidad no solo en las mesas violentadas, sino de los resultados finales, porque hay un porcentaje significativo que hace que las elecciones sean ilegítimas y nulas”. Se trata, en sus palabras, de “una cuestión de principios del derecho, porque los resultados que se van a dar sin las mesas violentadas no van a corresponder a la verdad electoral”.
Yann Basset, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, explica que quien tiene ahora que decidir es el Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque esa decisión puede ser apelada en otra instancia por el Consejo de Estado.
En este caso, ni la Registraduría ni la Gobernación tienen facultades para convocar nuevas elecciones, pues su función es dar garantías para que se celebre la jornada electoral. “Si la circunstancia ocurre antes de terminar el proceso electoral, la decisión es del Gobierno y del organismo electoral. Es desde ese momento donde se deben declarar nulas las elecciones y no pasar a un escrutinio. Las condiciones no permiten dar una declaratoria de elecciones”, indica Portela.
La Registraduría, explica la Misión de Observación Electoral (MOE), únicamente presta el apoyo logístico y asume la función de Secretaría de las Comisiones. Por lo tanto, no tiene facultades decisorias sobre las reclamaciones y solicitudes que se presentan en la sede de escrutinios.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), indica que el error fue que en Fonseca no se suspendieron las elecciones de manera definitiva en el momento de las elecciones y eso significa que debe seguir el proceso de escrutinio. “Todos los partidos políticos pueden interponer reclamaciones, esa elección muy seguramente se va a demandar, entonces va a llegar al escrutinio municipal y ahí no se va a lograr nada. Muy seguramente llaman a elecciones, pero si no se puede demandar la elección y termina definiendo un tribunal administrativo. Considero que van a terminar convocando a elecciones atípicas porque el desastre que armaron fue mayor”.
En un comunicado, la MOE rechazó las alteraciones de orden público e invitó a las campañas a hacer uso de los mecanismos legales. "En los casos en que la suspensión solo afectó algunos puestos de votación específicos, el escrutinio del municipio sigue en marcha, por los que las decisiones recaen sobre las Comisiones Escrutadoras", dice.
Para Yann Basset, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, si no se decide hacer las elecciones de nuevo “se está considerando que los resultados son confiables para no poder cambiarlos o que son pocas las urnas afectadas y que el margen de error no es tan grande que no afecta los resultados”.
“El Consejo Nacional Electoral es quien tiene que declarar el ganador y constatar si efectivamente se dañó o no el material electoral y los votos. Si faltan resultados se tiene que convocar a unas nuevas elecciones y más si fueron destruidos”, agrega Basset.
De acuerdo con Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, en Santiago, Putumayo y en Ricaurte, Nariño, se repetirán las elecciones teniendo en cuenta que “no se pudieron llevar a cabo los escrutinios porque la votación que quedó es muy poca o porque las Comisiones Escrutadoras no pudieron cumplir con el escrutinio porque la documentación se perdió”. “En donde haya documentación electoral que no haya sido alterada, continua el escrutinio”, precisa.
En el caso de Fonseca, según explica la MOE, a diferencia de los otros municipios, las votaciones no se suspendieron a tiempo. En algunos videos se evidenció que faltaban funcionarios de la Registraduría y ninguna autoridad atendió a tiempo la situación de orden público.
El consultor electoral Alfonso Portela señala que tanto ciudadanos como campañas pueden interponer recursos de tutela y reclamaciones. “Depende de las circunstancias que se tomen, si las autoridades no hacen la convocatoria, tanto los candidatos como ciudadanos pueden hacer una reclamación o radicar una tutela al organismo electoral. A todos les asiste el derecho de, primero, ejercer el derecho al voto y, para los segundos, poder ser elegido”, explica.
Lo mismo agrega el profesor Yann Basset: “Las campañas electorales tienen sus testigos y sus voceros. Estos pueden interponer las reclamaciones del caso si no están de acuerdo con las Comisiones Reclutadoras y el CNE, pueden apelar esta decisión en el Consejo de Estado, aunque es un proceso que toma tiempo”.
En palabras de Alberto Yepes, exmagistrado del Consejo de Estado, “cada parte puede exponer sus argumentos sobre por qué quieren repetir o no las elecciones”. “Es una controversia jurídica que depende de un juicio de racionalidad”, explica.
La MOE explica que las solicitudes que realicen las organizaciones políticas a través de testigos y/o apoderados en las Comisiones Escrutadoras deben quedar registradas en el Acta General de Escrutinios. Estas comisiones son autónomas en acceder o no a las solicitudes de recuento. Cada campaña debe asegurarse de que las reclamaciones y solicitudes estén justificadas y se presenten de manera formal a la Comisión Escrutadora. En caso de que la decisión sea no recontar, los testigos electorales pueden presentar estas solicitudes (impugnación o apelación) en la siguiente instancia del escrutinio, de auxiliar a municipal o municipal a departamental.
Las personas que atentaron contra la jornada electoral y dañaron el material se enfrentan a consecuencias penales, por ser un delito electoral que se debe judicializar como responsabilidad individual.
Este delito está tipificado en la Ley 1864 de 2017, artículo 386, como perturbación en el certamen democrático y contempla que quien impida la votación y el escrutinio incurrirá en una condena de prisión de 4 a 9 años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales vigentes. Y la pena en prisión aumenta de 6 a 12 años cuando la conducta se realice por medio de violencia.
Para Yann Basset, “lo importante es que las campañas habiliten testigos electorales y el mayor número de ojos en las elecciones, durante el conteo de votos y el escrutinio. En esto falta mucho porque las campañas no hacen ese esfuerzo. Deben estar capacitadas y con una respuesta inmediata”. “Es importante que la gente entienda que el preconteo no es válido, y que hay errores, pero en materia de seguridad es deber de la Policía hacer esa vigilancia para que no salga de control”, agrega.
“Esto es una cuestión de seguridad, de mantener el orden público y evitar estas situaciones. Si se veía que la situación política estaba polarizada, no se podían dejar solos estos puestos de votación”, puntualiza Alfonso Portela.
Este domingo, unos 13.500 habitantes en Tadó están habilitados para votar y elegir a su próximo alcalde, concejales y gobernador. El municipio tendrá habilitados 13 puestos de votación, uno de estos en la zona urbana y los demás ubicados en cada corregimiento.
El último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de “Mapas y factores de riesgo electoral” advierte que el 90 por ciento de los municipios de Chocó están en riesgo de violencia. En total, 27 de los 30 municipios están en riesgo y 16 de estos se ubican en riesgo extremo, entre los que se encuentra Tadó.
En el caso de Tadó, la MOE alerta que hay una alerta por baja participación electoral que puede estar dada por hechos de violencia y trashumancia, un delito más conocido como trasteo de votos. “En Tadó lo que ha sucedido es una tendencia muy alta en votos nulos, es un fenómeno muy atípico y antecedentes de trashumancia y en violencia la presencia del Eln”, dice Mauricio Vela Barón, coordinador del observatorio político- electoral de la MOE.
"En Tadó lo que ha sucedido es una tendencia muy alta en votos nulos, es un fenómeno muy atípico y antecedentes de trashumancia y en violencia la presencia del Eln"
Mauricio Vela Barón, coordinador del observatorio político- electoral de la MOE
Vela advierte que lo que más preocupa a la MOE “es el control que tiene el Eln sobre la movilidad, la quema de vehículos en las vías y que podrían afectar las elecciones (...) Hemos pedido revisar los casos de desplazamiento y confinamiento. Esto podría afectar las elecciones, se debe tener un plan de contingencia muy claro por parte de la Fuerza Pública”.
Aunque hay un cese al fuego entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno, la presencia de la guerrilla en la zona rural es habitual. Hasta agosto de este año, la MOE registró 6 acciones armadas en el municipio, siendo el autor principal el Eln. También se reportaron bloqueos de vías, y denuncias por la exigencia de “vacunas” y extorsiones.
Los hechos de violencia se registraron en la vereda Manungarrá, Mondó, sobre la vía Quibdó- Pereira con la quema de vehículos, y en la comunidad indígena de Mesetas con la incursión de la guerrilla y el Eln en esta zona. Para la MOE, en todo Chocó hay niveles altos y extremos de violencia. “En este departamento preocupa la presencia del Eln y del Clan del Golfo que se siguen enfrentando y están generando confinamientos y desplazamientos masivos por el control social”, señala Vela.
El personero de Tadó, Yirson Ledezma Martínez, recalca que entre mayo y agosto se registraron varios hechos que denotaron la presencia activa del Eln en la zona rural de Tadó. “Hubo presencia del grupo armado con alusión a las banderas y se generó desplazamiento y posible confinamiento de la comunidad de Mesetas ante la presencia armada. Pero no es algo nuevo, porque siempre se ha sabido que están ahí”.
Sin embargo, Ledezma asegura que en las reuniones, los comités de vigilancia y de seguimiento electoral no han comentado de situaciones que comprometan la seguridad durante la jornada electoral: “Hay garantías para la participación democrática, se han suscitado particularidades, pero nada que altere el devenir correcto de las elecciones”.
"Hay garantías para la participación democrática, se han suscitado particularidades, pero nada que altere el devenir correcto de las elecciones"
Yirson Ledezma Martínez, personero de Tadó
“Respecto a la seguridad no hay situaciones que a la Personería generen alerta. Hay presencia militar necesaria. Hay una aparente tranquilidad durante las elecciones. Hasta ahora no se ha escuchado que van a coaccionar a los electores, la gente dice que va a salir a votar y se espera que la participación sea mayor”, agrega.
En Tadó habrá 5 observadores en la cabecera municipal. Y quienes conozcan de alguna irregularidad podrá denunciarlo en las mesas de justicia, que están ubicadas en los puestos de votación.
El padre Napoleón García, coordinador de la Misión de Observación Electoral en el Chocó, confía en que el Eln va a cumplir. “Pensamos que la guerrilla no va a perturbar el desarrollo de las elecciones. En primer lugar, porque tiene un compromiso por el cese de hostilidades y, segundo, porque aún pese a las alarmas que ha habido en ocasiones anteriores, no han interferido ni presionando a los pobladores por alguna u otra campaña”.
No obstante, el padre García resalta que la gente no denuncia y que esto genera mayor impunidad. “Se escucha que las bandas extorsionan a los candidatos para dejarlos entrar. Pero nadie pone denuncias porque consideran que no van para ninguna parte y que se pone en riesgo la vida”, agrega.
Además de la violencia por la presencia del Eln, otro punto que llama la atención de la misión electoral es que ante la sospecha de irregularidades o de fraudes se registren asonadas, ataques o manifestaciones. “Nos preocupa que no se reconozcan los resultados, esperemos que no ocurran hechos de violencia”, advierte Mauricio Vela.
"Nos preocupa que no se reconozcan los resultados, esperemos que no ocurran hechos de violencia"
Mauricio Vela Barón, coordinador del observatorio político- electoral de la MOE
Por su parte, el personero Yirson Ledezma insiste en que se debe garantizar que el ejercicio electoral se haga de manera transparente y que se acepten los resultados: “Tenemos antecedentes de manifestaciones y desmanes en elecciones pasadas. Pedimos que sea lo más transparente posible de cara a que los ciudadanos y votantes sientan que se brindaron las garantías y quien sea el ganador, sea quien designe el mismo pueblo”.
El padre García también advierte de posibles hechos de violencia que puedan surgir tras las elecciones. “Los partidos no tienen jurados o testigos en todas las mesas y terminan siendo escenarios para irregularidades”, dice. Y agrega que una de las preocupaciones de la MOE sigue siendo la compra y venta de votos. “Me pregunto de dónde sale tanta plata para las campañas en Tadó. Se han convocado movilizaciones multitudinarias con gastos realmente desbordados”, cuestiona.
Las elecciones de hace cuatro años (octubre de 2019) fueron las más accidentadas y controvertidas en la historia del municipio. En dos años y medio Tadó tuvo tres alcaldes: Cristián Copete, Rafael Andrés Bolaños y Yocira Lozano. Copete fue elegido con una diferencia de ocho votos y mientras estuvo inhabilitado (13 de noviembre de 2020) pasaron por la administración Bolaños y Lozano. Y finalmente, un año después, en 2021, el Consejo de Estado ordenó el reintegro de Copete.
Con estos antecedentes, el principal llamado de los habitantes en Tadó es que haya transparencia y que no queden dudas sobre el ganador. A su vez, solicitan que los resultados se tomen en calma y que no haya hechos de violencia.
“Esperamos que gane el mejor y el que más votos tenga, me preocupa que no sean completamente transparentes. Necesitamos que los jurados de mesas y testigos electorales garanticen el ejercicio electoral. Escuché que a Tadó llegaron unas cédulas de otras partes y no sé qué tiene eso de cierto, nosotros no tenemos cómo revisar eso, le toca al Gobierno. Pedimos que haya transparencia y que todo salga bien por el pueblo de Tadó”, dice Luis Murillo.
"Esperamos que gane el mejor y el que más votos tenga, me preocupa que no sean completamente transparentes. Necesitamos que los jurados de mesas y testigos electorales garanticen el ejercicio electoral"
Luis Murillo, habitante de Tadó
Su voz se une a la de Hermes Sinisterra, historiador y habitante de Tadó, quien pide que el voto se marque con argumentos y sentido de pertenencia y no por el dinero. “Las campañas de las elecciones pasadas se vieron permeadas por dinero de dudosa procedencia y terminan llegando alcaldes con problemas de gobernabilidad, sin independencia y sin buen manejo administrativo del municipio”, cuestiona.
“Hay que cambiar y avanzar en el crecimiento de la sociedad y del pueblo. La gente se siente atraída por el dinero, pero no sabe cuál será la finalidad. Este es un pueblo que tiene un 70 por ciento de analfabetismo, con necesidades y gobernantes de turno que no se preocupan por comenzar a resolverlos sino que se dedican a pagar a cambio de votos”, agrega. Sinisterra también pide garantías y transparencia en el proceso electoral para evitar que se altere el orden público y malos entendidos.
Gloria Mosquera Murillo, profesora y habitante del barrio San Pedro, espera que haya transparencia y que la jornada transcurra en paz. “Nos han dicho que habrá buena seguridad para enfrentar las dificultades. Espero que la gente salga a votar tranquila y con transparencia. Deben meditar su voto y tener claro a quién apoyan”.
"Nos han dicho que habrá buena seguridad para enfrentar las dificultades. Espero que la gente salga a votar tranquila y con transparencia"
Gloria Mosquera Murillo, profesora y habitante del barrio San Pedro,
“Espero que no haya dificultades. Le pido al pueblo que vote, no importa el partido, pero que piensen en las necesidades de la gente. (...) Hasta ahora no he escuchado de compra de votos ni otra irregularidad y esperemos que todo siga así, por mi parte estoy tranquila, con mucha paz, como ciudadana daré mi voto a conciencia” , agrega.
Por su parte, Francisco Asprilla, veedor ciudadano, dice que espera que no ocurra lo mismo de las elecciones de hace cuatro años: “Espero que no corten la luz porque eso se prestó para otras cosas, que se haga el conteo de forma transparente y que se garantice que el pueblo decida. Independientemente del ganador, se respetará la democracia, que no haya trampas y que no se inventen votos”.
“Espero que todo esté en completa normalidad y que la gente pueda salir en paz. Y que quienes salgan a celebrar lo hagan sin atacar al otro”, puntualiza.
Soluciones para el hacinamiento, las deficiencias en las estructuras de las instituciones educativas, el mal estado de los baños, y la falta de transporte escolar son algunos de los reclamos que reciben los representantes estudiantiles de las tres instituciones educativas de Tadó casi todos los días. Pero poco pueden hacer porque a menos de dos meses de terminar el año escolar aún no tienen claras sus funciones ni las rutas para tramitar estas peticiones.
“Ser personero es una responsabilidad muy grande. Me ha tocado escuchar las opiniones de los demás para ver cómo se pueden resolver los problemas y las inconformidades de los estudiantes. Pero quedo frenado porque no tengo todas las herramientas ni los recursos para actuar. Mi labor queda solo en escuchar”, reconoce Édison Kalet Rentería Palomeque, personero de la I.E. Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro.
"Quedo frenado porque no tengo todas las herramientas ni los recursos para actuar. Mi labor queda solo en escuchar”.
Édison Kalet Rentería Palomeque, personero de la I.E. Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro.
En la misma situación se encuentran Yenci Liliana Enrique Mosquera, personera de la I.E. Técnico Agroambiental de Tadó (ITA) y Yuselfy Ampudia, personera de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza. Ninguno de los tres, elegidos hace seis meses, ha recibido algún tipo de acompañamiento de las autoridades municipales o escolares. Solo han recibido consejos por parte de profesores de Ciencias Sociales y coordinadores quienes se están tomando la tarea de asesorar a estos estudiantes.
“Aquí vinieron unos funcionarios de la Alcaldía y nos dijeron que nos iban a capacitar, pero hasta el momento no han llegado a decirnos algo más. Nos olvidaron”, cuenta Édison Rentería. “Quisiera recibir asesoría y acompañamiento en el desarrollo de mis funciones o que me digan qué es lo que puedo hacer y con qué recursos cuento”, agrega.
Los personeros estudiantiles tienen como función principal velar por los derechos de sus compañeros y luchar para que estos cumplan con sus deberes. Flor María Perea, profesora de Ciencias Sociales de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza, explica que los personeros "son parte elemental del gobierno escolar y son la voz de sus compañeros para promover una mejor educación en los colegios y en el municipio”.
Al igual que los Consejeros de Juventudes, los personeros deben ser la voz de los niños y jóvenes del municipio. Ambas figuras deberían ser importantes en Tadó, pues representan una porción importante de la población del municipio.
Los personeros aseguran que conocen de cerca las necesidades de la comunidad estudiantil. Por ejemplo, Yenci Liliana Enrique Mosquera cuenta que su institución no tiene la infraestructura adecuada y solo hay un baño para los 410 estudiantes que hay en la institución. “Acá faltan sanitarios, en el colegio solo había dos y se dañó uno y eso no da abasto para el grupo de estudiantes”, dice.
También señala que hacen falta profesores. “Nos preocupa que el año pasado enviaron a todos los profesores de las áreas fundamentales, pero este año no se dio ese mismo compromiso. El profesor de física se fue por retiro forzoso ya hace más o menos 4 meses y esta es la fecha que no nos han enviado a su reemplazo y eso es algo que nos afecta”.
Otro tema que preocupa a los estudiantes es la falta de transporte escolar, que durante todo el año es intermitente. Hace dos meses no hay este servicio y los estudiantes deben pagar un mototaxi desde el Tabor y Mumbú entre 30 mil y 40 mil pesos ida y vuelta hasta Tadó.
“En nuestra institución necesitamos que la Alcaldía nos apoye y que nos garantice el transporte escolar, que mejore ese servicio porque muchas veces a mis compañeros que vienen de los corregimientos Tabor y Mumbú les toca pagar por su cuenta o perder sus clases. Es algo que en muchas ocasiones se sale de control porque los padres de familia no siempre tienen el dinero”, reclama Édison.
Por su parte, Yuselfy Ampudia, personera de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza, señala que en el municipio hace falta articulación entre todas las instituciones, que haya una mejor inversión y apoyo por parte de la Secretaría de Educación Departamental y el Ministerio de Educación. “Necesitamos que la Alcaldía colabore más con inversión, que su compromiso con la educación sea de verdad. La planta física de la institución está en mal estado y nadie actúa. Es evidente que hacen falta escritorios, tableros, sillas y materiales”, indica.
Yuselfy dice que se necesita con urgencia la remodelación de la planta física. “Las aulas son estrechas. Hay paredes con humedad, con poca ventilación, y como estamos sobre la vía principal se escucha todo el ruido de la calle”, agrega.
Los personeros coincidieron que para mejorar la educación en Tadó y atender todas las situaciones de convivencia se hace necesario el apoyo de entidades externas como el Instituto de Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Alcaldía, los rectores y las asociaciones de padres de familia.
¿Qué dicen las autoridades?
El personero municipal Yirson Ledezma reconoce que este año no han realizado capacitaciones ni han dado herramientas de liderazgo a los personeros. “Estas son reuniones que hemos dejado de hacer, pero atendemos las situaciones de emergencia y de convivencia que hay en los colegios. Reconocemos que debemos actuar con la comunidad educativa y directiva de las instituciones y con los padres de familia”, dice.
Por su parte, Michael Córdoba, secretario de Educación y de Salud de Tadó, reconoce la falta de acompañamiento. Según Córdoba, este año la Alcaldía no realizado capacitaciones en las instituciones educativas por falta de presupuesto.
“No hay recursos para estas capacitaciones. Más del cincuenta por ciento de los recursos que llegaron para la educación se han utilizado para cubrir el transporte escolar en las instituciones educativas Nuestra Señora de Fátima e Institución Educativa Institución Técnico Agro Ambiental”, dice.
“No hay recursos para estas capacitaciones"
Michael Córdoba, secretario de Educación y de Salud de Tadó
Sin embargo, Córdoba insiste en que el trabajo de los personeros estudiantiles se debe articular con la Personería Municipal. “Desde la Personería debe realizarse sensibilización con los representantes estudiantiles, este ente territorial tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los derechos de los estudiantes. Desde la administración les hemos manifestado que estamos de puertas abiertas para apoyarlos en lo que requieran o realizar acciones conjuntas que ayuden a mejorar la calidad de la educación”.
Los personeros estudiantiles esperan que las autoridades educativas pongan en marcha un plan que los oriente y acompañe en su participación con el gobierno escolar. Además, piden participar en el gobierno escolar (integrado por rectores, padres de familia y personeros estudiantiles).
Las clases terminan en dos meses y por ende sus cargos, pero los representantes esperan que esto sirva de base para que a los próximos delegados se les den las herramientas para actuar. Además, hacen un llamado a la Secretaría de Educación, rectores y a la Personería para que se realice la elección de un comité que permita a los representantes mayor acción.
Hace casi cinco años nos embarcamos en una tarea verdaderamente desafiante: contemplar nuestro país con una mirada fresca y enfocarnos en lo que sucede a nivel local, sin embellecer ni distorsionar la realidad. En esta búsqueda, hemos trabajado estrechamente con ciudadanos y ciudadanas que tienen un profundo conocimiento de su entorno.
Sabemos que aún tenemos un largo camino por recorrer y continuaremos perseverando en esta misión. Porque si algo nos ha enseñado este tiempo, es que el poder del periodismo local está en la gente.
La comunidad de Tabaco nunca pensó que su territorio, fundado en 1780 por negros africanos en la Serranía del Perijá, iba a desaparecer. Se habían convertido en una despensa agrícola y pecuaria, rodeada por el río Ranchería y el arroyo Tabaco, de la que se surtían otras comunidades afro y wayúu de la zona. Incluso, cuentan que sus productos cruzaban hacia Venezuela. Pero todo cambió en 2001 cuando Cerrejón, entonces operada por Carbocol e Intercor, compró los predios de la mayoría de sus habitantes y desalojó, junto con el Ministerio de Minas, la Alcaldía de Hatonuevo y el Esmad, a las nueve familias que permanecieron en el territorio.
“Veíamos la mina desde las montañas y sus luces estaban demasiado lejos. Como a 10 kilómetros. El Cerrejón se fue comiendo todo ese territorio, todas esas comunidades hasta que nos llegó a nosotros en 1997. Comenzaron a presionarnos que si no vendíamos a las buenas, nos sacaban por las malas y así fue, en el año 2001, hicieron efectivas las amenazas”, cuenta Samuel Arregocés, representante legal del consejo comunitario de Tabaco.
"El Cerrejón se fue comiendo todo ese territorio, todas esas comunidades hasta que nos llegó a nosotros en 1997. Comenzaron a presionarnos que si no vendíamos a las buenas, nos sacaban por las malas y así fue"
Samuel Arregocés, representante legal del consejo comunitario de Tabaco.
El corregimiento de Tabaco es una de las poblaciones desplazadas por la expansión de la explotación minera de carbón a cielo abierto que Cerrejón ha realizado en La Guajira desde hace 40 años. La Corte Suprema de Justicia ordenó la reubicación de esta comunidad pero, después de 22 años, no ha habido mayores avances. Hoy sus habitantes están ubicados en casas a orillas de la vía que conduce hacia Hatonuevo, donde la empresa le dio casas, además, a otras comunidades afro también desplazadas: Roche, Patilla y Chancleta.
La voz de Arregocés y otros habitantes de las comunidades desplazadas han tomado relevancia con la noticia de una posible nueva mina de carbón que quiere explotar el conglomerado turco Yildirim Holding en el corregimiento de Cañaverales, sur de La Guajira y dos nuevos proyectos de cobre que desarrollaría la canadiense Max Resourse y la colombiana Carbomas. Consonante conversó con líderes afro y wayúu, y expertos para analizar los aprendizajes de la experiencia de Cerrejón.
1. Los reasentamientos deben hacerse bajo protocolos
Jairo Fuentes, cabildo gobernador del resguardo de Tamaquito II (nombre que asumió su comunidad después de la reubicación), cuenta que los mayores ya no sueñan porque en el nuevo territorio no tienen sus ombligos enterrados y se ha perdido la conexión con el territorio. Aunque su resguardo fue una de las últimas comunidades reasentadas y ha sido el “modelo” a seguir, afirma que tienen afectaciones culturales y espirituales que no pueden ser reparadas, y que Cerrejón ha incumplido los acuerdos para garantizarles bienestar en el nuevo resguardo.
“La empresa todavía niega que fuimos desarraigados por los daños ambientales, cuando los teníamos a 200 metros por un lado y cuatro kilómetros en otra parte de la explotación”, afirma Fuentes. “No nos dejamos dividir ni que cambiaran nuestro modelo de vivir. Aunque tenemos una vivienda digna, no han cumplido con que los proyectos productivos sean autosostenibles. Aquí la comunidad es consumidora, tiene que comprar la mazorca y la yuca porque no hay agua suficiente para cultivar, ni siquiera para mantener las huertas en las casas. Antes teníamos ríos, cuencas y pozos profundos”, agrega.
"La empresa todavía niega que fuimos desarraigados por los daños ambientales, cuando los teníamos a 200 metros por un lado y cuatro kilómetros en otra parte de la explotación"
Jairo Fuentes, cabildo gobernador del resguardo de Tamaquito II
Tanto la comunidad de Tabaco como la de Tamaquito representan para Leonardo González, investigador del Instituto de Ideas para la Paz (Indepaz), una forma de desplazamiento forzado que no es reconocido. “El reasentamiento involuntario es una forma de llamar al desplazamiento forzado por desarrollo. Se denomina así en Naciones Unidas y en diferentes instancias. Genera todos los impactos igual que un desplazamiento forzado por el conflicto armado: psicológicos, en el tejido social y demás”, explica González.
El investigador, quien le ha hecho seguimiento a las afectaciones de Cerrejón, afirma que los reasentamientos debieron darse de una forma justa con las comunidades. Para ello, detalla, es necesario que se garantice el tejido social y que las compañías mejoren la calidad de vida los y las habitantes tenían antes del traslado. “De los cinco reasentamientos colectivos que tiene en estos momentos Cerrejón, especialmente Roche, Patilla, Chancleta, Tamaquito y Las Casitas —sin contar Tabaco porque fue expulsada—, dejaron de ser una comunidad rural para ser urbana o semiurbana. Roche era la capital agrícola de Barrancas y del sur de La Guajira y hoy es un barrio que tiene hasta casas caídas”, agrega.
Una de las formas que han logrado para que se reconozca la vulneración a un reasentamiento justo ha sido apelar a la normatividad del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. Ambas entidades le piden a las empresas o países, a los que les prestan dinero, que cumplan con una evaluación exhaustiva de los posibles impactos sociales, un plan de reasentamiento; el apoyo para la reubicación y la recuperación de medios de vida; la consulta y la participación activa de las comunidades afectadas; la compensación justa y el apoyo para la restauración o mejora de medios de vida, entre otros.
2. Las comunidades deben tener claridad sobre los alcances del proyecto
Jairo Fuentes recuerda que no hubo socialización por parte del Estado ni de la empresa sobre las afectaciones que podría generar la explotación de carbón. Fue a través de los cambios en el agua, las plantas, los animales y las enfermedades que fueron conscientes de las implicaciones. “Nunca tuvimos una garantía del Gobierno ni de los entes de control que deberían garantizar nuestros derechos. No importaba a pesar de que somos minoría y estamos protegidos por una Constitución. Aquí el gobierno era la misma empresa”, lamenta Fuentes.
Al respecto, Leonardo González cuestiona que la empresa no fue clara en decirle a la gente que tenía la opción de vender individualmente o ser reubicada en colectivo con su comunidad. Asegura que actualmente varias personas han presentado tutelas y han ganado pues no se les reconoció el derecho a la consulta previa. “(Las empresas) deben ser transparentes y decirle a la gente ‘vamos a operar en esta zona y los vamos a tener que mover’. Lo mejor es trasladar a toda la comunidad para garantizar el tejido social pero, por supuesto, les sale más barato comprarle la tierra a unos”, agrega González.
Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), alerta que el desconocimiento y la incertidumbre que se genera en las comunidades se da, además, por la falta de claridad sobre el tamaño del título minero que se les otorga. “Las empresas dicen ‘vamos a abrir esta minita chiquita, denme la licencia ambiental’ y resulta que luego van solicitando las licencias de los otros pedacitos. Así empezó Cerrejón, siendo una mina pequeña y luego se fue expandiendo”, afirma Mateus. “En Cañaverales, la empresa ha presentado el proyecto como una cosa pequeñita y que no va a crecer y resulta que sí, va a ser más grande que el Cerrejón, por lo que tenemos entendido, con los títulos que se les han entregado”, agrega.
"En Cañaverales, la empresa ha presentado el proyecto como una cosa pequeñita y que no va a crecer y resulta que sí, va a ser más grande que el Cerrejón"
Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
3. La reglamentación debe priorizar los derechos humanos
La minería es una actividad de utilidad pública. Esto significa que es considerada de bienestar para los y las habitantes del país y, por ende, las autoridades pueden expropiar terrenos privados para desarrollarla. Para Mateus y González esto es problemático porque a costa de los megaproyectos se han vulnerado los derechos humanos y se ha afectado la biodiversidad y las distintas culturas en el país. “Se debe dejar de pensar que la economía se derrumba si no les dan vía libre a estos proyectos porque, al contrario, estos han empobrecido a la gente y a los territorios. Nos han hecho perder una cantidad inmensa de biodiversidad que nadie mide”, dice Mateus.
Hay tres aspectos que dan cuenta de la debilidad institucional que ha marcado la operación de Cerrejón, según Mateus, González y los líderes de las comunidades. La primera es que en Colombia no hay una legislación sobre asentamientos involuntarios por lo que han acudido a normas internacionales. La segunda es la falta de una licencia ambiental para realizar la explotación. “Nunca se les ha exigido porque están en un régimen de transición. Presentamos una acción de nulidad que está en conocimiento del Consejo de Estado en la que discutimos que la empresa no cumple con un proceso de licenciamiento ambiental que tenga el estudio de impacto ambiental y unos planes de manejo ambiental como correspondería”, agrega la abogada.
Por último, un líder de la comunidad de Roche, quien pidió mantener el anonimato de su nombre por miedo a represalias, agrega que ha habido pasividad por parte de las autoridades para investigar las afectaciones y las denuncias, incluidas las amenazas contra la vida de quienes se han opuesto al proyecto. Para dar solución a esta situación, González y Mateus coinciden en que se debe cambiar la legislación colombiana para que proteja los derechos de las comunidades. La abogada del Cajar agrega que junto a otras organizaciones están trabajando en un proyecto de ley que se convierta en un marco normativo que ligue las actividades empresariales con las garantías de los derechos humanos.
4. El desarrollo debe llegar a los territorios
Heli Arregocés, un conductor de camión de Cerrejón, recuerda que era un joven cuando entró a la empresa soñando con tener un trabajo estable. Esta idea de convertirse en un trabajador de la mina se repite entre varios jóvenes que sueñan con salir de la franja del desempleo. Sin embargo, Arregocés cuestiona que las garantías laborales que han tenido no compensan los daños ocasionados a sus comunidades y al departamento.“Hoy no tenemos desarrollo de ninguna índole. En nuestras poblaciones, no hay hospitales, no hay universidades, no hay salud. Es una desgracia el saqueo que ha hecho la mina”, afirma Arregocés.
La posibilidad de emplearse en la mina fue una de las promesas que les han hecho a los habitantes de la zona de influencia de la minera. Sin embargo, Samuel Arregocés y Jairo Fuentes coinciden en que esto no se ha dado plenamente. “Puedo contar con mi dedo de la mano la cantidad de gente que nosotros tenemos trabajando hoy en Cerrejón. Rescato la experiencia de un líder de nosotros que lo llevaban a comer todos los días a Maicao y después, cuando ya no lo utilizaron no lo llevaban a comer ni siquiera tenía una casa en Roche”, agrega Arregocés.
Juana Rita Velásquez Ipuana, habitante de la Serranía de Maureen cerca a Puerto Bolívar, donde la empresa realiza su operación portuaria, agrega: “Habrá desarrollo cuando la empresa se siente a contar la verdad sobre el impacto que genera. Las comunidades también deben participar. No es que nos tengan como animales porque entran, explotan toda la riqueza y dejan un hueco. Cerrejón tiene una fundación de artesanías, de alimentación y tantas cosas. ¿Quién se queda con esa plata? ¡Cerrejón! Aquí no han dejado nada. Hasta los trabajadores se están muriendo por ese polverío de carbón como la misma naturaleza”.
"Habrá desarrollo cuando la empresa se siente a contar la verdad sobre el impacto que genera. Las comunidades también deben participar"
Juana Rita Velásquez Ipuana, habitante de la Serranía de Maureen
Heli Arregocés asegura que el Estado debería asumir la generación de otras fuentes de empleo para los y las jóvenes. “Ingresamos aquí y sabemos las afectaciones que esto produce y llega la contradicción, porque no hay oportunidades para que nuestras familias se sostengan. Hay que luchar para que esto no vuelva a repetirse y haya posibilidad de impulsar ideas y acciones para que el Estado atienda a la juventud y no vuelva a tener las contradicciones que ahora tengo”, afirma Arregocés.
5. Afectaciones incalculables
Los líderes y las lideresas junto a los expertos consultados por Consonante coinciden en que las afectaciones hasta la fecha por Cerrejón son incalculables y se concentra, principalmente, en la salud, el ambiente y en la división comunitaria. Juana Rita Velásquez cuenta que su comunidad no ha sido reconocida por ser zona de influencia de la empresa. Sin embargo, cuenta que ha habido muertes por accidentes durante el paso del tren y de los camiones. Además, asegura que las lluvias han disminuido, los pastos están secos, los árboles se llenan de comején, los animales han disminuido y las plantas sagradas ya no pueden curar las enfermedades.
“Dice que los niños murieron desnutrición pero es por las afectaciones, por las contaminaciones. No se mueren así no más. Antes con la medicina tradicional se curaban pero hoy en día parece ser que no tienen cura”, cuenta Velásquez. Por su parte, Heli Arregocés agrega que el cáncer es una de las enfermedades principales en las comunidades alrededor de la mina y entre sus compañeros de trabajo. “Hay un gran número de afectados pulmonares, la patología osteomuscular es una de las más que más abundan y la ansiedad y depresión. Lo peor del caso es que una vez que se adquieren, comienza una guerra contra el sistema para que lo reconozcan como afectación laboral y así recibir tratamiento”, cuenta Arregocés.
Las comunidades de Roche y Tabaco están a la espera de que su reasentamiento y compensación llegue algún día. La Alcaldía de Hatonuevo y la empresa tienen pendiente la caracterización de los habitantes de Tabaco para reubicarlos en un nuevo predio que compró Cerrejón para darle cumplimiento a la sentencia T-329-17 de la Corte Constitucional. Por lo pronto, los líderes y lideresas esperan que su bienestar pueda darse en la medida que la nueva situación lo permita y esperan que otras comunidades no permitan el avance de proyectos minero energéticos en La Guajira.
“Le decimos a las comunidades no se salgan de su territorio a pesar de la contaminación. Hay que buscar el mecanismo de cómo frenar esto porque nos estamos quedando sin territorio. Acá se puede presentar una guerra entre clanes porque las cuencas de agua se están perdiendo por las voladuras. El río está muriendo y nos vamos a quedar sin agua para consumir. Hay comunidades que se dejan fraccionar y los líderes que lo hacen es porque no tienen sentido del dolor o no miran al futuro. No queremos que a nadie le vaya a pasar lo que estamos viviendo aquí. No somos felices en este nuevo lugar”, agrega Jairo Fuentes.
Yuranis del Carmen Bolaños dejó su casa en el barrio Cristo Rey el 24 de agosto. Ese día habían pasado 13 horas de lluvia constante y su casa estaba bajo un metro de agua. No era la primera vez que se inundaba. Cada año, entre agosto y hasta octubre durante la temporada de lluvia se desbordan las aguas del canal y a su paso solo le han dejado pérdidas económicas de hasta dos millones de pesos y enfermedades a su hija de dos años como gripas, fiebres y tos. Yuranis del Carmen Bolaños cuenta que este año las afectaciones han sido más fuertes que antes, lo que produjo que su casa fabricada de barro se hundiera 15 centímetros, alrededor de esta se hicieran huecos, y por el temor de que no aguantara el paso del invierno, decidió dejarla.
Bolaños vive en arriendo en una casa de ladrillos del barrio Cristo Rey, a solo tres calles donde antes vivía. Cuenta que su calidad de vida mejoró porque el agua ya no se mete dentro de las casas a pesar de que inundan las calles. Le toca pagar un arriendo mensual de 200 mil pesos pero ella actualmente está desempleada y se dedica a las labores del hogar y del cuidado no remuneradas, por lo que depende económicamente de su pareja. Además, está a cargo de sus tres hijos en especial a su hija de 2 años que se recupera de una neumonía.
La pesadilla que vivió Yuranis del Carmen Bolaños se repite cada año para los habitantes de los barrios Ocho de Enero, La Bendición de Dios, El Doce de Octubre y Cristo Rey, ya que estos se encuentran ubicados en las partes bajas del municipio y cerca de la acequia de Penzo y el canal El Zaino. Este año ocho barrios se vieron afectados con los fuertes aguaceros de agosto pero los casos con mayores pérdidas y afectaciones se dan en algunos sectores informales de los barrios del municipio, que están en la parte baja de Fonseca y el proceso de poblamiento se ha dado por medio de la invasión a predios privados o terrenos baldíos donde los pobladores construyen casas con tablas o plásticos.
La acequia de Penzo y el canal Zaino son dos cuerpos de agua que rodean al municipio en una trayectoria de diez kilómetros. Sus aguas provienen del río Ranchería y sirven para regar los cultivos de arroz. Sin embargo, en su recorrido y con los fuertes aguaceros que se presentan en la temporada de invierno, su caudal va recogiendo, la basura de otros barrios que va desde colchones viejos, plásticos, animales muertos, y toda clase de desechos que quedan apilados en los barrios más bajos, donde el agua no encuentra salida, desbordándose para las casas cercanas al canal.
La debilidad en la infraestructura de las viviendas en estos sectores ocasiona que la creciente del agua se lleve las casas y las afectaciones sean más altas. A pesar de esto, cuentan los pobladores, no han encontrado una respuesta de fondo por parte de las entidades para solucionar la situación. Ese es el caso de la comunidad de El Manguito, situada en la parte final del barrio 12 de octubre a orillas de la acequia, que lleva dos años de existencia. Damaris Batista de 57 años, una de las habitantes, cuenta que la crisis de la pandemia la dejó en la calle, por lo que ella y un grupo de personas invadieron el terreno baldío.
“Cuando veo los nubarrones me preocupo porque sé que esto se pone feo y es peligroso vivir aquí, pero no tengo a donde ir”, cuenta Damaris Batista de 57 años, quien asegura que ha denunciado por radio las afectaciones y la falta de respuesta, ha buscado citas en la Alcaldía, pero no ha obtenido respuestas. Agrega, que, a pesar de estar ubicados en la parte final del 12 de octubre, la Junta de Acción Comunal no los reconoce como parte del barrio. “Aquí necesitamos mucho apoyo. Prácticamente nadie nos toma en cuenta, cuando llamo a los bomberos dicen que no encuentran la dirección. Nos tienen olvidados como si el Doce (de octubre) no existiera. ¿Será que no aparecemos en el mapa de Fonseca?”, lamenta Damaris decepcionada.
"Cuando veo los nubarrones me preocupo porque sé que esto se pone feo y es peligroso vivir aquí, pero no tengo a donde ir"
Damaris Batista
Cada vez que llueve y hay inundaciones, las personas que habitan en estos sitios han tenido que cambiar sus actividades cotidianas y han tenido que recurrir a distintos métodos para mitigar el impacto del agua. Algunos han adaptado sus patios echando relleno de gravilla y arena, poniendo muros o cavando zanjas para que el agua corra y no llegue hasta las casas. Sin embargo, esto no detiene las aguas de los canales. Con la llegada de la creciente, se va la luz, se taponan las tuberías de los baños y empiezan a aumentar las enfermedades. Las afectaciones más preocupantes son los casos de varicela, gripa y hasta neumonía. Aunque se genera, además, el aumento de zancudos, de alergias y rasquiñas en la piel.
“La temporada de lluvia nos ha tratado súper mal, más que a todo a mi niña de dos añitos. Le ha dado neumonía en varias ocasiones, en el último vendaval que hubo, tenía dos días de haberla sacado de la clínica porque estaba hospitalizada”, dice Yuranis Bolaños. Por su parte, Yesenia Monterrosa del barrio La Bendición de Dios, cuenta que ella le alivia los síntomas de rasquiña a los niños con talco y plantas. “Mi hija tiene ya una semana con rasquiña. La baño con matarratón, antes no podía ni comer. Ella daba gritos de dolor, la llevé al médico y me dijeron que era varicela”, agrega Monterrosa.
Carlos Neira, especialista en Salud Pública, alerta que las inundaciones generan afectaciones a la salud principalmente para población de personas gestantes, infantil y adultos mayores, por esos considera que es prioritario darle un adecuado manejo al agua residual en estas zonas que se inundan. “Un mal uso en el recurso del agua se puede asociar a enfermedades gastrointestinales, enfermedades de infecciones en heridas, sarpullido y otro tipo de riesgos. En regiones tropicales se presentan enfermedades por picadura de mosquito y eso desencadena en otras transmisibles”, explica Neira.
La creciente del agua trae, además, animales como sapos, serpientes venenosas, arañas, y otros animales que terminan dentro o cerca de las casas y las personas suelen matar para librarse de ellos. “Cuando llueve esto parece una laguna y las culebras se vuelven locas. Ayer mataron una que era venenosa, un cascabel. Hace días mataron a otra que iba entrando a la casa, era larguísima, tenía como dos metros”, afirma Adriana Cortez, habitante del barrio 12 de octubre. Las serpientes cascabel y boca dorada son las más comunes en la zona.
Además, de las enfermedades y los animales, las inundaciones generan empobrecimiento. Los habitantes de estos barrios sufren pérdidas económicas por el deterioro de sus viviendas y los daños en los electrodomésticos.
Adriana Cortez también tuvo pérdidas, los fuertes vientos se llevaron algunas láminas del techo de su casa. “El día de las lluvias se me voló el techo, se me mojó el televisor y se quemó. También se me mojaron unos papeles de mi hija”, agrega.
"El día de las lluvias se me voló el techo, se me mojó el televisor y se quemó. También se me mojaron unos papeles de mi hija"
Adriana Cortez
Esta situación suele pasarles a muchas personas, que habitan en estos barrios, de una o de otra manera se ven afectados. “Con los apagones se me quemó la nevera y aquí cocinamos con estufa eléctrica entonces nos afecta bastante cuando llueve porque se va la luz”, cuenta Javier Monterrosa, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Bendición de Dios.
El alcalde Hamilton García Peñaranda asumió como una de sus prioridades la limpieza y cuidado del canal El Zaino y la acequia de Penzo en su Plan de Gobierno 2021 - 2023. En este documento, reconoce que ambas fuentes de agua “se han convertido en focos de contaminación y de riesgos” y se comprometió a mejorar la calidad de los cuerpos de agua por medio de acciones de descontaminación e implementar acciones que minimicen el riesgo de inundación. En lo que va de su administración se ha concentrado en limpiar los puntos críticos, los botaderos satélites aledaños y construir box culvert o puentes para conducir el agua. Además, ha hecho jornadas pedagógicas.
Para 2021, asegura la Alcaldía en respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, invirtió 83 millones de pesos para la rehabilitación de calles y carreras para garantizar el libre flujo de escorrentías y evitar inundaciones en los barrios Cristo Rey y Doce de Octubre.
En 2022, fue mayor con 811 millones de pesos. Con estos recursos, agrega, que se hizo mantenimiento y limpieza de puntos críticos del canal El Zaino y al canal pluvial ubicado en el barrio Caraquita.
A pesar de estas acciones, las inundaciones se siguen presentando. Para el Comité Municipal de Gestión de Riesgo, esto se debe a que los habitantes del municipio hacen un mal uso del canal al arrojar basuras. “Una de las problemáticas principales de ese sector es que la misma comunidad aledaña toma el canal como basurero satélite. La presencia de desbordamiento de las aguas lluvia es producto de la mala utilización de residuos sólidos arrojadas en el canal”, agrega el Comité en respuesta a un derecho de petición.
"La presencia de desbordamiento de las aguas lluvia es producto de la mala utilización de residuos sólidos arrojadas en el canal"
Comité Municipal de Gestión de Riesgo
Sin embargo, la información brindada por los habitantes de los distintos barrios es diferente. Cuentan que en varias oportunidades se reúnen para mantener limpio el canal, quitar los escombros que arrastra la corriente y limpiar la maleza. Además, sostienen que sus llamadas de auxilio durante las inundaciones no son atendidas. “Aquí no llega nadie. Imagínense que ayer estaba limpiando y tuve que romper para que el agua saliera. Son cosas que se pueden corregir. Hemos solicitado algún tipo de ayuda, de atención pero nunca llega, andan haciendo política y que deberían ayudar a la gente”, cuenta Fausto Santoya, habitante de Cristo Rey.
La administración municipal ha descartado, además, la reubicación de alguno de los sectores o barrios afectados por las inundaciones, según el derecho de petición. Reconoce que en el municipio solo hay dos barrios en situación de invasión: el 8 de enero y la Bendición de Dios. Detalla que el primero se encuentra en un predio privado y el segundo está en un predio de la Alcaldía. Para ser legalizado un asentamiento en predios del municipio, asegura la administración, “basta con que esa comunidad por medio de sus representantes soliciten la legalización ante el municipio para iniciar los trámites de ley necesarios para ello”.
Sin embargo, Javier Monterrosa, vicepresidente del barrio la Bendición de Dios, confirmó que la organización legal del barrio solo quedó en promesas y lamenta que mientras hay alguna respuesta de fondo tiene que vivir en condiciones precarias. Además, asegura que la mayoría de las personas que habitan en el barrio perdieron todo durante la crisis de la pandemia. “Nunca quisimos quedarnos aquí. El acuerdo fue que el alcalde actual nos iba a buscar la solución de reubicarnos o comprar una hectárea para que pudiéramos acomodarnos ahí. Eso fue como a mitad del año pasado, pero no se ha dado ni la reubicación ni la hectárea”, dice Monterrosa y agrega: “Vamos a buscar la forma de pagar las hectáreas”.
Carlos Alberto Torres Tovar, profesor de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional, explica que debido a las escasas posibilidades para comprar una vivienda digna las personas recurren a invadir terrenos. Torres asegura que esto se debe a que los programas de compra de vivienda del gobierno siguen siendo costosos y, como consecuencia de esto, se asientan en lugares no aptos para habitar: zonas de recuperación ambiental, terrenos cercanos a las fuentes de agua y predios privados.
“Los asentamientos informales tienen un origen en la falta de atención del Estado porque no tiene la capacidad de suplir las necesidades habitacionales. Hoy la única forma de acceder a una vivienda es a través del programa Mi casa ya, en donde la gente tiene que comprar una casa con precios del mercado inmobiliario, financiar a 15 y 20 años y, una vez le entregan la vivienda y tiene una escritura, el Ministerio de Vivienda les desembolsa el subsidio que, en el mejor de los casos, suma 25 salarios mínimos. Los hogares que tienen ingresos de menos de cuatro salarios mínimos buscan otras formas, ya sea comprando predio a un urbanizador pirata o mediante la invasión de terrenos “, dice el profesor.
"Los asentamientos informales tienen un origen en la falta de atención del Estado porque no tiene la capacidad de suplir las necesidades habitacionales"
Carlos Alberto Torres Tovar
Esta situación, según Torres, genera una doble vulnerabilidad porque son poblaciones con riesgos de desastres naturales y porque no están sujetas a la política de intervención pública. Para solucionar esto, Torres asegura que deben ser atendidos por el gobierno nacional y la administración municipal. “La ley novena de 1989 enuncia que todas las autoridades municipales están obligadas de hacer los procesos de reasentamientos de la población en condición de riesgo y vulnerabilidad. Pero eso no se cumple. Los gobiernos municipales tienen una incapacidad para hacerle frente a estas situaciones porque no tienen un banco de suelos municipal para reasentar y lo que hacen son medidas paliativas”, resalta. Para Torres la mejor forma de atender a estas poblaciones es con un reasentamiento temporal y brindarles bienestar en términos de educación, salud, recreación.
Camilo Restrepo, profesional del Área de Agua Bien Común de Censat Agua Viva, explica que otra de las soluciones es pensar el ordenamiento del municipio y de estos barrios alrededor del agua para que no haya afectaciones ambientales y sociales. “Ordenar el territorio alrededor del agua implica que las formas comunitarias o las relaciones sociales deben respetar los ciclos naturales”, afirma Restrepo. Agrega que la recuperación de los cuerpos de agua debe pensarse en la organización colectiva y el cuidado del canal y la acequia, y, en esa misma medida, hacer solicitudes a las entidades encargadas de esto.
“Si no se genera un movimiento que derive en la recuperación de estos canales, se puede secar y la calidad del agua va a empeorar. Esto puede desencadenar en el engrosamiento de las cifras de la población que no cuenta con agua potable. Según la ONU, alrededor de tres mil millones de personas no cuentan con acceso a agua potable, o sea, estamos hablando casi a la mitad de la población del mundo”, alerta Restrepo.
Por su parte, la Alcaldía de Fonseca y el Comité de Gestión de Riesgo sostienen que mantendrán sus acciones enfocadas en implementar una estrategia a implementar es la clasificación de residuos sólidos, y la limpieza y construcción de dos Box culvert. Mientras tanto los habitantes de los barrios afectados tienen las esperanzas de que sus vidas cambien, y solicitan que las autoridades se responsabilicen de la situación. “Primordialmente pediría un restablecimiento del canal porque ya está dañado, que pavimentaran las calles del barrio y que hubiera mejora de viviendas porque todas las casas por aquí en se han deteriorado por las aguas del canal. Me gustaría que se brindaran esas ayudas para las personas que no tenemos vivienda”, afirma Yuranis del Carmen Bolaños.
Las nuevas generaciones de los consejos comunitarios afro en Fonseca no han crecido dentro de su territorio. Ese es el caso de Yuleisy Fernández, integrante del consejo Blas Rosado de la vereda Sabaneta. De los 38 años de edad que tiene Fernández solo ha estado durante 15 años en su territorio colectivo. Su comunidad, compuesta por alrededor de 30 familias, ha sido desplazada dos veces. La primera fue en el año 2000 cuando los enfrentamientos entre los paramilitares, la guerrilla y el Ejército los llevó a salir para salvaguardarse. La segunda fue en el año 2022, cuando la Alcaldía municipal los desalojó porque los predios que antes habitaban fueron adjudicados a un tercero por el entonces Instituto de Desarrollo Rural (Incoder), hoy conocido como la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
“Cuando regresamos hicimos nuestras casas de bahareque, material o cambuches, pero fuimos desalojados porque le apareció dueño al territorio. El Incoder se lo adjudicó a Carmen Ariza y aparecíamos ante la ley en calidad de invasores de nuestro propio territorio. En donde había casas, hoy hay cultivos de pancoger que pertenecen a la supuesta propietaria. Nos reubicaron en otro lugar, que es insuficiente para la cantidad de familias perjudicadas”, cuenta Yuleisy Fernández.
"El Incoder se lo adjudicó a Carmen Ariza y aparecíamos ante la ley en calidad de invasores de nuestro propio territorio"
Yuleisy Fernández, integrante del consejo comunitario Blas Rosado
Al igual que Fernández y la comunidad Blas Rosado, los otros 27 consejos comunitarios afro de Fonseca están en la búsqueda de un territorio colectivo donde volver a crecer y poner en práctica su cultura ancestral. Pero se han encontrado con un sinnúmero de obstáculos para conseguirlo. El principal de estos es ser reconocidos como afrodescendientes por la Alcaldía municipal y el Ministerio del Interior. A esto se suma, la débil implementación de la Ley 70 de 1993. Esta norma, que cumplió 30 años el 27 de agosto, es conocida también como la Ley de derechos de las comunidades negras de Colombia y regula la titulación de tierras, el desarrollo de la economía y su ancestralidad.
Ante este panorama, las comunidades afro de Fonseca temen perder su identidad cultural por la imposibilidad de tener un territorio donde llevar a cabo sus prácticas ancestrales y que estas terminen por quedar minimizadas frente a las manifestaciones culturales de los barrios, veredas y corregimientos en donde les ha tocado vivir. El riesgo es que las nuevas generaciones desconozcan su lengua, su música y su tradición familiar, entre otros. Es por esto que la implementación de la Ley 70 representa una luz de esperanza para acceder finalmente a la tierra, y rescatar sus usos y costumbres.
“Éramos unas familias que sentíamos que lo teníamos todo. Aunque pareciera que no teníamos nada y vivíamos bajo muchas necesidades. Éramos felices en el territorio vivíamos una vida tranquila, lejos de lo que hoy nos toca enfrentar en el diario vivir en Fonseca y en Conejo, en donde se encuentran las otras familias que hacen parte de este consejo afro de Sabaneta”, lamenta Fernández.
Arnold Brito, representante del consejo afro Alfonso Rafael Brito Ortega de la vereda de Los Altos, cuenta su caso: “La mayoría nos encontramos habitando la zona rural, algunos en Los Altos, Mamonal, Traga Entero y unos pocos en el casco urbano, que igual queda cerca a nuestro lugar de origen. Toca ir y venir puesto que toca salir a conseguir el sustento diario trabajando el jornal en tierra ajena, ya que la mayoría son labriegos, algunas mujeres trabajan como empleadas domésticas, otras producen artesanías y así. Cada quien se las arregla para sobrevivir”, cuenta Brito, quien es el vocero de 35 familias que están en búsqueda de tierra colectiva desde 2017.
"Toca ir y venir puesto que toca salir a conseguir el sustento diario trabajando el jornal en tierra ajena, ya que la mayoría son labriegos (...) Cada quien se las arregla para sobrevivir"
Arnold Brito, representante del consejo afro Alfonso Rafael Brito Ortega
Para acceder a un territorio colectivo como comunidad afro se debe tener una certificación del Ministerio del Interior y de la Alcaldía municipal. Estas autoridades deben verificar cuántas familias y cuántas personas se autorreconocen como afro e integran el consejo comunitario. Después de esto, el consejo comunitario, que es la autoridad étnica encargada de administrar los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, deben postularse ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esta entidad debe hacer visitas a territorio, informes técnicos, recibir oposiciones a la adjudicación, tomar una decisión frente a la titulación y publicar la decisión. En ese proceso, algunas comunidades pueden tardar más de 7 años o deben acudir a tutelas para que les respeten sus derechos.
Ana Ludís Manjarrez Ariza, representante del consejo comunitario José Antonio Manjarrez Ariza de la comunidad de Almapoque (Los Altos, Mamonal, Potrerito y Quebrachal), cuenta que están constituidos legalmente desde el año 2016 y han recibido la certificación de las tres últimas administraciones municipales, incluida la actual. A pesar de esto, de haber surtido el procedimiento con la ANT y tener procesos de restitución de tierra como víctimas del conflicto armado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tuvieron que recurrir a la tutela y aun así no han recibido la titulación.
“A través del acompañamiento de los Asorroblistas, comunidad afro del municipio de Hatonuevo que nos tendió la mano, estamos a punto de lograr la titulación colectiva ya que tutelamos a la Agencia de Tierras. Tenemos postulada la entrega de una finca de 436 hectáreas para darle manejo como si fuera un cabildo, en el que aquellas familias que realmente necesiten la tierra puedan explotarla”, afirma Manjarrez. “Nuestro principal objetivo es lograr el territorio colectivo”, agrega.
Otro caso similar es el del consejo comunitario Luis Enrique Martínez, del corregimiento de Sitio Nuevo y compuesto por 178 familias. William Brito, el representante legal de este consejo, cuenta que antes de que de Incoder se transformara en la Agencia Nacional de Tierra ya habían completado todas las exigencias para la titulación pero al surgir la nueva entidad, perdieron todo el proceso y hoy están en la incertidumbre.
“Hicimos una radicación en el año 2015, cuando existía Incoder, para la compra de 548 hectáreas de un predio privado. Nos entregaron un poder en donde se nos dice que ya estaba todo listo para la compra. Cuando ya habíamos hecho todo el proceso desaparece Incoder y nuestro archivo queda en manos de la ANT. Me he reunido varias veces con ellos y ahora me salen con que mis archivos se perdieron y nos corresponde iniciar de nuevo el proceso. Ya han pasado 8 años y nos toca escoger otro predio. Nos encontramos con que ahora todo es más difícil, no hay tierras y Sitio Nuevo no tiene para donde más crecer. Las tierras existentes están en manos de privados”, dice Brito.
"Nos encontramos con que ahora todo es más difícil, no hay tierras y Sitio Nuevo no tiene para dónde más crecer. Las tierras existentes están en manos de privados”
William Brito, representante legal del consejo comunitario Luis Enrique Martínez
Los obstáculos que han encontrado Ana Ludis Manjarrez y William Brito es una muestra de las dificultades que han enfrentado los demás consejos comunitarios en el Caribe. El informe Desafiando alambradas: análisis de las barreras que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe, de la organización Ilex - Acción Jurídica, detalla que en toda la región solo existen 22 comunidades que han logrado titulación colectiva. El mayor número está en el departamento de Bolívar con 8, en un segundo lugar está La Guajira con 7 y Magdalena con tres. Sin embargo, hasta octubre de 2021, La Guajira tenía 164 solicitudes sin ser resueltas, según Ilex.
Entre las dificultades para avanzar en la titulación se encuentra: la ignorancia de la ley, la escasez de tierras baldías y el desconocimiento de las necesidades de las comunidades afro del Caribe por parte de las entidades del Estado. “La escasez de tierras baldías en el territorio nacional ha provocado que las tierras disponibles para adjudicar sean muy bajas y que haya que optar por la modalidad de compra. Esto requiere una disponibilidad presupuestal en las entidades del Estado que adelantan este proceso”, explica Marbys Redondo Vanegas, miembro del consejo comunitario El Negro Robles de la población ancestral de Camarones, Riohacha, e integrante del Proceso de Comunidades Negras de Colombia.
Por su parte, William Brito afirma que la Ley 70 ha estado enfocada en las comunidades afro del Pacífico colombiano y no en el Caribe, donde el reconocimiento de esta ha avanzado con lentitud. “La ley 70 se inclinó más sobre las necesidades y el vivir de los amigos del Chocó. del Pacifico, la ley no fue abierta. Por eso pienso que debe tener una restructuración porque está muy cerrada. Esperamos que se abra a las necesidades que tenemos los consejos comunitarios de La Guajira. Somos ribereños y merecemos tanta atención como nuestros hermanos wayuu”, afirma Brito.
El informe de Ilex destaca que: “En los 28 años de vigencia de la Ley 70 de 1993, con corte a octubre de 2021, solo se habían titulado 19 consejos comunitarios concentrados en Bolívar, Magdalena y La Guajira; estas cifras son apenas el 5 por ciento de la meta propuesta desde ese entonces, donde se tenía proyectado titular por fuera de la región Pacífico”. Al respecto, Alí Bantú Ashanti, abogado, activista y director del Colectivo de Justicia Racial, considera que la implementación de la Ley 70 y los requisitos de titulación debe implementar y regular conforme a la realidad actual de las comunidades negras en los territorios rurales del país.
Los derechos de las comunidades afro en Fonseca se pusieron nuevamente en la agenda pública desde que el 15 de agosto, el alcalde Hamilton García Peñaranda fue reconocido como un actor transformador, por el reconocimiento y los trámites que ha desarrollado a favor de la población afrodescendiente. El premio “Transformadores de la Región” fue entregado por la Asociación Nacional De Alcaldes de Municipios con Población Afrodescendiente. Pero el reconocimiento tomó por sorpresa a los líderes y lideresas de los consejos comunitarios afro del municipio, quienes no sabían de la existencia del premio ni de las razones por las que el alcalde fue merecedor. Además de García, los mandatarios de San Juan del Cesar y El Molino fueron premiados.
“Me sorprende, hasta ahora me doy cuenta del premio. Él no ha dicho nada, pero aprovecho para resaltar que de la administración municipal no hemos recibido nada”, afirma Ana Ludís García Ariza, representante legal del consejo José Antonio Manjarrez Ariza. Mientras que Edgar Peralta, representante legal de comunidades negras Víctor Manuel Peralta Peñaranda, que recoge a 30 familias, celebra el galardón. “Me alegra este reconocimiento porque visibiliza la población y lo estimula como mandatario y al próximo, para poder realizar acciones que beneficien a nuestra comunidad”, agrega Peralta.
Las acciones concretas que llevaron al alcalde García a ganar este premio son: las gestiones frente al Ministerio del Interior para que reconozca los consejos afro en el municipio y la designación de una funcionaria que sea el puente entre las comunidades afro y la administración municipal. Desde hace dos meses, Gilma Isabel Anaya, enlace de asuntos indígenas y afrodescendientes y de la población LGBTI, se ha convertido en un apoyo para la Secretaría de Gobierno en los asuntos administrativos. “Los consejos afros tienen pleno conocimiento de esta dependencia. Hemos atendido asuntos concernientes a consejos afro y asuntos indígenas para expedir certificaciones”, cuenta Anaya. La funcionaria agrega que han hecho reuniones con el Ministerio, el enlace de La Guajira para los consejos afro y creó un grupo de WhatsApp para tener un canal de comunicación directo con los 28 líderes de Fonseca.
Sin embargo, Anaya afirma que ha habido falta de interés por parte de algunos consejos comunitarios afro de apropiarse de los trámites y, de esta forma, mejorar su situación. “Se han hecho dos reuniones, la primera se realizó en el Concejo Municipal, en donde se trataron asuntos como la representación legal y todo lo concerniente a la situación de los consejos. La segunda fue con el Ministerio del Interior. Pero queremos saber por qué no asisten. La mayor asistencia ha sido de 10 representantes de los 28 consejos”, cuestiona la funcionaria.
Los líderes y lideresas de los consejos comunitarios afro coinciden en su mayoría que la figura del enlace ha facilitado los procesos que deben realizar y han tenido más acompañamiento. Sin embargo, otros representantes aseguran que no conocen la existencia de este aún cuando la funcionaria asegura haber tenido contacto con todos por Whatsapp.
La implementación completa de la Ley 70 está lejos de concretarse. Para aterrizar esta norma, el Gobierno nacional debe expedir decretos o resoluciones que establezcan la forma como se debe implementar. Recientemente, el presidente Gustavo Petro expidió dos decretos que reconocen los derechos a la explotación agroambiental de los territorios por parte de las comunidades afro y otro que establece una estructura de lo que va a hacer la explotación minera, reconociendo derechos al pueblo afrodescendiente sobre las minas y sus territorios.
Samuel Arregocés, representante del consejo comunitario afro Los Bárbaros Hoscos de Roche en Hatonuevo, asesor del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y ha acompañado a otros consejos en La Guajira, es optimista frente a los avances actuales. “Creemos que con este nuevo gobierno las cosas han avanzado mucho y hay gran expectativa con respecto a las herramientas que nos están brindando para avanzar. Nos hemos reunido con los enlaces del Ministerio del Interior en varias ocasiones y se ha progresado en lo relacionado con la titulación de tierras, ya se han visitado predios que se encuentran en los diferentes municipios como Hatonuevo, San Juan del Cesar y Fonseca”, asegura Arregocés.
Por su parte, los líderes y lideresas de los consejos comunitarios han optado por desarrollar proyectos e iniciativas que les permitan mantenerse articulados y hacerle frente a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. “Estamos creciendo, hemos logrado formación a través de algunos programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para nuestros niños, niñas y jóvenes. Para nuestras mujeres artesanas hemos hecho cursos a través del SENA, incluso Corpoguajira nos donó carbón vegetal que benefició a algunas familias para cocinar sus alimentos. Todas estas acciones ayudan a fortalecer el vínculo entre nuestra comunidad”, dice Ana Ludis Manjarrez.
William Brito asegura que él y los demás representantes afro se niegan a perder su arraigo cultural y continuarán hasta tener su territorio colectivo. “Nosotros no tenemos tierra pero seguimos aquí y no vamos a renunciar hasta conseguirlo. Nos negamos a aceptar que nuestras nuevas generaciones crezcan sin conocer toda la riqueza cultural con que cuenta el pueblo afro”, afirma Brito.
A casi dos años de la elección de los Consejos Municipales de Juventud, los consejeros y consejeras aseguran que la promesa de representar y lograr cambios significativos a favor de los y las adolescentes y jóvenes en sus municipios se ha ido diluyendo entre la falta de voluntad política de las autoridades locales y el desconocimiento del Estatuto de Ciudadanía Juvenil.
Los Consejos Municipales de Juventud revivieron en 2021 con una misión principal: canalizar el inconformismo de miles de jóvenes que protestaron a lo largo del país contra la reforma tributaria del expresidente Iván Duque y la violencia policial durante las manifestaciones, y a favor de la gratuidad en la educación superior. Motivados por esa ilusión, Diana Cuayal del Valle de Guamuez, Putumayo; Elías Jiménez de San Juan del Cesar, La Guajira, y Juan Guillermo Romero de Ovejas, Sucre, se postularon y fueron escogidos como consejeros de juventud el 5 de diciembre de 2021.
“A los consejeros nos tocó el papel más difícil entre la política porque la administración no nos presta atención porque no lo considera importante y los jóvenes tampoco se interesan en escucharnos de la manera en la que queremos. Estamos trabajando a medias con las personas que sí se interesan y con aquellos que sí quieren trabajar con la juventud”, dice Elías Jiménez, un joven de 23 años quien es consejero de juventud de San Juan del Cesar, La Guajira.
"Estamos trabajando a medias con las personas que sí se interesan y con aquellos que sí quieren trabajar con la juventud"
Elías Jiménez, consejero de juventud de San Juan del Cesar
Si bien en el año 2021 se impulsó la creación de los Consejos de Juventud en todo el país, basados en la Ley Estatutaria 1885 de 2018, desde 1997 ya se había empezado a hablar en Colombia sobre el Sistema Nacional de Juventud para garantizar la participación y el bienestar de los y las jóvenes. Los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) deberían ser uno de los espacios autónomos para encontrar soluciones a las necesidades y problemáticas que viven. En estos deberían tener participación, además, representantes de las organizaciones juveniles campesinas, de comunidades étnicas y población víctima del conflicto armado.
Aunque todos iniciaron con un número de siete a 17 consejeros, aproximadamente, a lo largo de los dos últimos años sus integrantes han empezado a desertar. Por ejemplo, en el municipio El Carmen de Bolívar, Bolívar, pasaron de 17 a once y en San Juan del Cesar, La Guajira, de 15 a cinco consejeros. Esto se debe a que no han encontrado eco en sus peticiones, no han tenido las garantías para movilizarse y asistir a las sesiones, y otros han hecho sus proyectos de vida fuera de sus municipios. Quienes se mantienen temen que las debilidades en los Consejos de Juventud y el desencanto que han encontrado quienes fueron elegidos repercuta en la desaparición de este espacio de participación que se había logrado abrir.
“La mayoría manifiesta que sienten que la administración no les brinda la atención necesaria y eso dificulta el proceso. Muchos se han desanimado. Algunos no asisten porque tienen sus ocupaciones. Sí es incómodo que uno trate de llevar el proceso de la mejor manera y que la entidad gubernamental no ponga de su parte”, dice Elías Jiménez.
Juan Guillermo Romero, un joven de 20 años de edad quien representa a los y las jóvenes víctimas del conflicto armado en el CMJ de Ovejas, Sucre, teme que esto repercuta en las urnas dentro de dos años cuando se escojan nuevamente a los consejeros. “Si las cosas continúan como están, la participación va a ser más baja porque los consejos y las plataformas no se han posicionado en los territorios como debería haberse dado durante estos dos años. Mucha gente no sabe qué es un Consejo de Juventud. Creo que las elecciones que se aproximan van a ser muy duras en términos de participación de jóvenes”, lamenta
Elías Jiménez cuenta que han tenido que sesionar algunas veces en su casa porque no tienen las garantías para hacerlo en un lugar adecuado dentro del municipio. Por ley, recuerda, deberían tener las sesiones en las instalaciones del Concejo Municipal pero desde que se posesionaron no han encontrado eco en esa exigencia. “Sesionamos parcialmente. Hay momentos en los que hemos sesionado hasta en mi casa, porque muchas veces no logramos conseguir el espacio. Hay unos consejeros que pertenecen a la zona rural y no cuentan con los viáticos para desplazarse hacia el municipio a la sesión. En la zona rural, la conectividad no es muy buena tampoco. Entonces también se dificulta que estén de manera virtual”, agrega Jiménez.
"Hay unos consejeros que pertenecen a la zona rural y no cuentan con los viáticos para desplazarse hacia el municipio a la sesión. En la zona rural, la conectividad no es muy buena tampoco"
Elías Jiménez, consejero de juventud de San Juan del Cesar
Según la Ley Estatutaria 1885 de 2018, las administraciones municipales deberían proveer el espacio físico con todos los elementos necesarios y destinar recursos que garanticen el funcionamiento de los consejos. Sin embargo, Cuayal, Romero y Jiménez coinciden en que son las Alcaldías, como primeras autoridades de sus municipios, con quienes han tenido mayores dificultades para interlocutar y lograr que cumplan con sus funciones. Estas, además, contemplan: instalar las sesiones de las Comisiones de Concertación y Decisión, donde se exponen las necesidades de la juventud y se hace seguimiento a los planes y programas en su favor; implementar políticas públicas de juventud; y dar respuesta a las peticiones de información hechas por los consejeros.
“Lastimosamente la administración de mi municipio ha estado muy alejada desde el inicio. No se han sacado proyectos específicos para jóvenes. Hemos sugerido que se destine presupuesto pero no lo han hecho. Intentamos proponer y hacer pero no hemos sido escuchados de forma vinculante. Nos escuchan pero no hay resultados”, dice Diana Cuayal, una joven de 26 años consejera del Valle del Guamuez.
Por su parte, Jiménez cuenta que solo hasta hace dos meses, durante una reunión con la Defensoría del Pueblo, se enteraron que había un presupuesto destinado para la juventud a pesar de que la Alcaldía había sido insistente en que no había. “El Enlace de Juventud llegó con que el Consejo contaba con un presupuesto, sino estoy mal, de 17 millones de pesos y con eso era que se iba a realizar la Semana de la Juventud y posiblemente la asamblea”, agrega.
Al respecto, Snick Olivella, enlace de Juventud de San Juan del Cesar, cuenta que como administración han logrado darle las garantías a los y las consejeras. Asegura que han destinado la biblioteca municipal y la sala de juntas de la Alcaldía para las sesiones, se han reunido tres veces para coordinar la Semana de la Juventud, y él se ha encargado de gestionar ante la Alcaldía los transportes hacia Riohacha o El Molino. Sin embargo, reconoce que los tiempos del Alcalde han sido un limitante para avanzar en más acciones este año. “Hemos quedado que se va a hacer la Asamblea, la Mesa de Concertación y no se hace. Toca esperar que el Alcalde tenga tiempo porque se la pasa ocupado y él debe estar en eso”, explica Olivella.
Vanesa Martínez, delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez de la Defensoría del Pueblo, recalca que las obligaciones de la administración municipal no deben limitarse a realizar la Semana de las Juventudes, sino que deben generar proyectos y destinar presupuestos para desarrollar acciones concretas. Agrega, que no se puede señalar solo a las autoridades locales por las debilidades en el proceso pues el funcionamiento depende de ambos actores: Alcaldía y Consejo Municipal de Juventud.
“Debemos insistir y persistir en el cumplimiento de la Ley Estatutaria a nivel de alcaldías, porque es el primer respondiente en el territorio. Entonces los CMJ acuden directamente a estas entidades. Pero también les hemos sugerido a los CMJ que se estructuren y que presenten propuestas para que eso blinde un poco el proceso”, afirma Martínez.
“Debemos insistir y persistir en el cumplimiento de la Ley Estatutaria a nivel de alcaldías, porque es el primer respondiente en el territorio"
Vanesa Martínez, delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez de la Defensoría del Pueblo
A pesar de las dificultades, Diana Cuayal, Elías Jiménez y Juan Guillermo Romero reconocen que han logrado realizar algunas acciones concretas en sus municipios. Por ejemplo, Romero destaca que durante la Semana de la Juventud en Ovejas, Sucre, y, con recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), realizaron la jornada “Consejo al colegio”, un espacio de sensibilización en las aulas para informar sobre el Estatuto de Ciudadanía, la función del Consejo y la Plataforma Municipal de Juventud, y construir propuestas con los y las estudiantes con base en sus problemáticas. “Hemos encontrado que no se limitan a las instituciones y comparten realidades de su barrio, su comunidad e incluso, su misma familia. Con esto estamos construyendo la agenda”, detalla Romero.
Por su parte, Cuayal destaca que esta experiencia les ha permitido acercarse a la institucionalidad, interactuar con otros actores de su municipios, entender cuáles son las transformaciones que se pueden y se deben realizar en estos escenarios que antes eran ajenos para ellos y ellas y llevar a cabo las Asambleas de Juventud. “Otro de los logros ha sido mantenernos, resistir y ser activos a pesar de que ha sido un ejercicio difícil y la mayoría de Consejos no están funcionando. Hay una violencia institucional muy fuerte de estigmatización, de infantilización, pero los jóvenes venimos construyendo procesos muy lindos”, afirma.
"Hay una violencia institucional muy fuerte de estigmatización, de infantilización, pero los jóvenes venimos construyendo procesos muy lindos
Diana Cuayal, consejera de juventud del Valle del Guamuez
Elías Jiménez agrega que en su caso han avanzado en el último año en la construcción de la política pública de juventud gracias al contacto que han establecido con el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo. Esta, detalla, el consejero, tendrá seis líneas: acceso a la educación, emprendimientos, deportes, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, salud y educación sexual. Además, cuenta, que tienen un proyecto para “descentralizar la información de la juventud en su municipio para que llegue a cada territorio” y así saldar los vacíos y la falta de articulación entre el Consejo, la Plataforma y la Alcaldía.
Sin embargo, estos avances contrastan con la situación de derechos humanos de los y las jóvenes en Colombia. Según Carlos Camargo, defensor del Pueblo, el 43,7 por ciento de los homicidios ocurridos durante el 2022 en el país se concentró en el rango de 14 a 28 años de edad. Además, aseguró durante el lanzamiento del informe de seguimiento al Sistema de Juventud, que: “se evidencia que en razón a sus liderazgos, tanto quienes integran los Consejos como quienes forman parte de las Plataformas de Juventudes, presentan un incremento de amenazas y riesgos a su vida e integridad”. A esto se suma la falta de acción estatal. "Solo el 73 de los 1.102 municipios que tiene Colombia cuentan con una política pública de juventudes y de ese reducido porcentaje no todos tienen planes de acción o indicadores”, agregó Camargo.
Los consejos y consejeras de juventud; Vanesa Martínez, la Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez de la Defensoría del Pueblo, y Fabián Acosta, director del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional coinciden en que hay falencias de fondo sobre el Sistema Nacional de Participación Juvenil y la Ley Estatutaria 1885 de 2018. La primera debilidad es que no son vinculantes las decisiones y propuestas de los y las jóvenes. Esto quiere decir, que queda a discrecionalidad de las administraciones municipales incluirlas en sus planes de gobierno.
Al respecto, Acosta asegura que es necesario una reforma que le dé más fuerza a la Ley Estatutaria. “Ojalá puedan consolidarse un poco más con una reforma que les dé recursos y que los haga más decisorios en términos de las demandas de los jóvenes. Esto podría ayudar también a mover las problemáticas juveniles a nivel institucional y a consolidarlas como política pública”, dice Acosta. Diana Cuayal comenta que en estos momentos están recogiendo insumos en distintos municipios del Putumayo para articular con Colombia Joven, la Consejería Presidencial para la Juventud y el Consejo Nacional de Juventudes con el fin de modificar la ley y otorgarle mayor poder a los Consejos.
Vanesa Martínez, delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez de la Defensoría del Pueblo, agrega que hay tres deficiencias principales que repercuten en el funcionamiento del Sistema Nacional de Juventud: el desconocimiento de la Ley, la transición de los gobiernos locales, que dificulta la continuidad de los procesos, y la desarticulación de los distintos actores al no tener claras sus funciones.
“Si todas las autoridades cumplen con su parte, si se conforma el Consejo Municipal de Juventudes y si tienen las garantías, eso va a generar unas acciones a nivel del territorio que va a impactar a las juventudes en general. Eso va a representarse en el Consejo Nacional y a nivel de los departamentos para que se den los diálogos con el gobierno en todos los niveles y se tengan unos compromisos, a los cuales hacerle seguimiento con una asignación presupuestal real”, detalla Martínez.
Finalmente, jóvenes como Elías Jiménez consideran que para terminar de blindar el proceso de participación de los Consejos Municipales de Juventud es necesario que más jóvenes apoyen a sus voceros. “Si no nos acompañan no podemos hacer nada. Necesitamos que se interesen por el proceso. Es necesario que, además, la administración y los padres le presten atención a los jóvenes como el futuro y el presente del país”, afirma Jiménez.
A Belisa Solano, una profesora de 37 años, la han robado tres veces en Fonseca. La primera vez, en enero de 2021, un hombre en una mototaxi la sorprendió mientras se movilizaba en la moto junto a su hija. Amenazándola con un arma le robó el celular. En la segunda, en junio de 2021, un hombre le puso un revólver por la espalda y la amenazó con matarla si no le entregaba la moto y el celular. En ambas ocasiones, Solano denunció en la Policía. En la tercera, el 10 de agosto, optó por no imponer ninguna denuncia porque no ha habido avances, hasta la fecha, sobre sus dos primeras acusaciones.
“Me mostraron una cantidad de hombres, unos cuatro o cinco, para ver si se parecían a las personas que habían realizado el atraco pero no se me pareció a ninguno de ellos. El caso quedó ahí. Lo mismo pasó en la segunda ocasión, reporté la moto y afortunadamente la encontré porque me la dejaron tirada en la entrada a Barrancas”, recuerda Solano.
En Fonseca, un pueblo al sur de La Guajira, personas como Belisa Solano encuentran una serie de obstáculos para denunciar delitos, principalmente los robos. La limitada respuesta por parte de las autoridades para realizar investigaciones exhaustivas sobre los delitos que ocurren a diario en Fonseca y en La Guajira; las fallas en las herramientas virtuales de denuncia; la desconfianza en el sistema judicial, y el desconocimiento de las autoridades encargadas de recepcionar y una oficina que trabaja solo entre semana, son algunos de los obstáculos que refieren los y las habitantes.
Otro de los casos que muestra estos obstáculos es el de Paola Blanchar, una trabajadora de 23 años. A Paola la robaron a las 3 de la mañana del 9 de julio, cuando estaba cerrando el billar donde labora. Dos hombres con la cara cubierta la abordaron y le quitaron una pulsera de oro, la cédula, el celular y una maleta con sus objetos. El valor de todos los elementos hurtados, según Blanchar, rondaba los 700 mil pesos. “Mi jefe llamó enseguida a la Policía pero ellos ni se acercaron al local. Llegué a la estación para poner el denuncio de mi cédula pero no me preguntaron mayor cosa. Creo que es una de las inconformidades que hay acá, uno le hace saber a la Policía y ellos como si no les importara nada. La Fiscalía dice que vaya primero a la Policía. Cada uno se tira la bolita”, agrega Blanchar.
"Es una de las inconformidades que hay acá, uno le hace saber a la Policía y ellos como si no les importara nada. La Fiscalía dice que vaya primero a la Policía. Cada uno se tira la bolita”
Paola Blanchar
Solano y Blanchar personifican el sentimiento compartido de gran parte de la población de Fonseca que sostiene que: ”denunciar no sirve para nada”. Esta percepción ha tomado fuerza en en el municipio al tiempo que han incrementado los robos y homicidios en el municipio de manera sostenida desde 2019. Según cifras del Secretario de Gobierno entregadas a Consonante en febrero de este año, los robos pasaron de ser 86 en 2021 a 117 en 2022, los robos de carros aumentaron de tres a doce y los hurtos a establecimientos comerciales y a motos se redujeron de ocho a siete y de 23 a 22, respectivamente.
Para denunciar en Fonseca, un habitante tiene la opción de dirigirse a la sede de la Fiscalía en el municipio que está abierta de lunes a viernes. Cuando son temas urgentes que se presentan los fines de semana, deben ir hasta San Juan del Cesar donde funciona la Unidad de Reacción Inmediata (URI), un centro de atención a la ciudadanía en donde se atienden los delitos que requieran intervención inmediata de la justicia. El ente investigador tiene, además, la página A Denunciar, donde se pueden interponer las acusaciones de forma virtual. Después de esto, los casos son dirigidos a fiscales de intervención temprana, quienes priorizan los casos y dan atención a las denuncias urgentes. Estos son los canales que la entidad tiene como puerta de entrada para acceder al sistema de justicia.
Silvia Helena Hoyos, directora seccional de la Fiscalía en La Guajira, explica que en el departamento y por lineamiento de la Fiscalía General de la Nación, se priorizó la atención de los casos de homicidio, violencia sexual y violencia intrafamiliar. “Es por eso que la violencia sexual y la violencia familiar han tomado el carácter de actos urgentes, entonces se atienden de manera inmediata”, detalla Hoyos.
Los y las habitantes del municipio aseguran que no es suficientemente claro quiénes son los encargados de recibir las denuncias. Esto lleva a que los ciudadanos se confundan y no sepan a dónde acudir y, por otra parte, a que los funcionarios no recepcionen los casos que les llegan. De esta manera, denunciar los casos termina en una cadena de ir de un lugar a otro sin obtener respuestas. “Por regla general las denuncias se colocan en la Fiscalía pero hay más autoridades que pueden recibirlas. Por ejemplo, la Inspección de Policía o las unidades Seccionales de Investigación Judicial y Criminal (Sijin) pueden recibirlas y remitirlas a la Fiscalía, que es la competente para tramitar los procesos legales”, explica Juan Jaime Peralta, personero municipal.
Para Arturo Suárez, subdirector de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia, es importante tener claro que la Inspección de Policía actúa en los casos de problemas de convivencia; las Comisarías de Familia, reciben los casos de violencia intrafamiliar y maltrato a la niñez, y los Defensores de Familia y la Policía, se encargan de la captura; la Fiscalía recibe las denuncias e investiga; y los jueces, finalmente, valoran los hechos y tomar una decisión. “Al que ven frecuentemente es al policía y le exigen a la Policía que responda por todo pero no es su competencia”, afirma.
“Al que ven frecuentemente es al policía y le exigen a la Policía que responda por todo pero no es su competencia”
Arturo Suárez
Eder Huguez Peñaranda, secretario de Gobierno, reconoce este problema. “Hay dos aspectos relevantes. El primero, la cultura. Fonseca no es un pueblo de denuncia, no sé si eso lo genera el temor o la desconfianza. Lo otro es que no tenemos URI”, afirma Peñaranda para quien es evidente que hoy en día hay un subregistro de hurtos y robos. Sobre el primer caso, una habitante de un corregimiento de la Serranía del Perijá en jurisdicción de Fonseca, quien prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias, aseguró que ha evitado denunciar el robo que sufrió en su finca porque conoce a los presuntos criminales y podrían agredirla.
Hoy en día, los delitos más denunciados en Fonseca son el hurto, las amenazas, las lesiones interpersonales, la falsedad en documento y la violencia intrafamiliar, según Silvia Helena Hoyos, directora seccional de la Fiscalía en La Guajira. Hoyos detalla que durante la vigencia de 2023, que comprende enero a agosto de este año, tienen entre los registros de denuncias de Fonseca: cinco homicidios, de los cuales, asegura, han esclarecido un 80 por ciento. Además, cuentan con 147 denuncias formuladas por hurto. Al respecto la Directora de la Fiscalía especifica que estos pueden ser de vigencias pasadas, es decir, de meses anteriores que hasta ahora se denuncian.
En el caso de los hurtos (cuya cuantía no supere los 150 salarios mínimos legales vigentes) y las lesiones personales, el tiempo máximo para que la justicia asuma el caso es de seis meses desde que ocurrió el delito, según la ley 1826 de 2017. Para el resto de crímenes, como lo establece el Código Penal, el tiempo máximo de prescripción es de cinco a 20 años, dependiendo del tipo de delito. Esto quiere decir, que el Estado tiene ese tiempo límite para castigar a los culpables.
A los problemas de radicar denuncias de formas tradicionales, se suman las barreras para hacerlo de manera virtual. Primero, porque no hay suficiente pedagogía sobre su existencia o sobre cómo usarla, y porque las preguntas suelen ser extensas y las personas desisten. Esto sin contar que la página de denuncias virtuales, A denunciar, suele caerse o no hay suficiente conectividad para acceder. Incluso, para llenar el formulario se debe disponer de al menos una hora para incluir los datos sobre los hechos, testigos, los presuntos culpables y los elementos hurtados.
Silvia Helena Hoyos, directora de la Fiscalía seccional La Guajira, reconoce que: “a veces la página puede colapsar, enredarse o parecerle al usuario que puede estar muy amplio el cuestionario. Pero en realidad son las preguntas básicas que necesita el fiscal para conocer los hechos y tratar de evitar al máximo estarlo citando a una ampliación”.
“¿Para qué denunciar si no voy a tener ningún resultado? Quienes somos víctimas no denunciamos porque no va a suceder absolutamente nada. Siento que las leyes y las autoridades no están haciendo su trabajo ni el acompañamiento a la comunidad. Es preocupante que tengamos que vivir en esta situación”, dice Belisa Solano.
La falta de acción de las autoridades en la captura, judicialización y esclarecimiento de los casos ha generado que los y las habitantes de Fonseca desconfíen en la justicia. Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, denunció en redes sociales durante una visita a La Guajira en junio que en este departamento hay una “impunidad sistemática que convierte a La Guajira en un departamento fallido en lo judicial”. Según Idárraga, al menos 85 por ciento de las investigaciones por corrupción en manos de la Fiscalía o juzgados penales han prescrito o están en inminente prescripción. El Índice Global de Impunidad, publicado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), detalla que La Guajira tiene un índice de impunidad de 49 por ciento.
Al respecto, la Directora de la Fiscalía seccional La Guajira asegura que la percepción negativa sobre el avance de las investigaciones por parte de la población se debe a que “los seres humanos tenemos una sensación general de insatisfacción”. Agrega que se han logrado avances significativos en el esclarecimiento. “En los cinco homicidios ya sabemos quién es el autor y tenemos unas órdenes de captura ordenadas por un juez. Estamos esperando que la Policía Nacional o la Sijin las materialicen para poder judicializar de manera concreta. Otra cosa es que el juicio todavía no se lleve a cabo y que a veces a las personas les cueste un poquito esperar y tener paciencia. Eso no depende sólo de Fiscalía porque los juicios se adelantan ante los jueces, quienes tienen grandes cargas de trabajo”.
Hoyos asegura que los casos que se presentan mayores obstáculos para esclarecer son los hurtos a pesar de que son los delitos que más se denuncian. La Directora explica que esto se debe a la debilidad en las pruebas pues en algunos casos no hay cámaras y alrededor del 50 por ciento de las que han sido instaladas por la Alcaldía están deterioradas o no funcionan.
Carmen Puche cuenta que a finales del año pasado le hurtaron de su casa una lavadora. Un testigo le contó quién había sido el presunto ladrón, ella fue hasta la casa de él y junto al joven y la Policía hizo recorridos por los barrios para que le dijera dónde había vendido la lavadora. “A las 6 de la tarde llego a la Estación de Policía y me dicen que lo van a dar salida porque no lo encontraron en flagrancia. Él se fue a dormir a la casa tranquilo. Después, reuní pruebas con las cámaras de tiendas recordando la hora del robo y pudimos seguir el recorrido que había hecho el muchacho gracias a una calcomanía de la moto y por la llanta delantera. Fueron tres días buscando hasta que ubicamos mi lavadora”, agrega. A pesar de que varios testigos lo identificaron, la Policía no tomó ninguna medida contra él.
Para Arturo Suárez, subdirector de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia, este tipo de situaciones en el que las víctimas de delitos terminan por interpretar que la justicia no actuó afecta su confianza en las instituciones. Por eso, para él, no solo es necesario que la justicia opere sino que la ciudadanía entienda cómo funcionan los operadores de justicia que se deben cumplir.
El especialista agrega que el acceso a la justicia no se limita a la posibilidad de interponer una denuncia sino que son un conjunto de condiciones que impiden el goce efectivo de las personas al derecho a la justicia. “Las barreras no son solamente aquello que dificulta instaurar una denuncia o promover una demanda, sino también la comunicación e interacción que se tiene después de haber colocado la denuncia o la querella, con el sistema. Se esperaría que este le debe brindar amparo, protección y respuestas eficaces, oportunas y concretas a uno como ciudadano pero lo que se ve es que sencillamente no se mueve”, afirma Suárez.
Para recuperar la confianza en el sistema de justicia y acceder a este derecho, Arturo Suárez asegura que se debe priorizar la atención de los casos. “Pasan hasta dos o tres años y las víctimas no reciben una llamada de parte de la Fiscalía y cuando la reciben, en la mayor parte de los casos, es para ver si uno tiene información para ampliar la denuncia”, afirma Suárez. Además, agrega que se debe tener en cuenta el papel de la justicia comunitaria y su potencial para resolver conflictos comunitarios a través de la mediación y la conciliación.
"Pasan hasta dos o tres años y las víctimas no reciben una llamada de parte de la Fiscalía y cuando la reciben, en la mayor parte de los casos, es para ver si uno tiene información para ampliar la denuncia"
Arturo Suárez
El subdirector de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional considera que se debe hacer una caracterización de los delitos para entender qué factores influyen en el incremento de ciertos casos. “Podemos decir si los hurtos obedecen a redes transnacionales o si lo que más se produce son las lesiones personales, producto del consumo de alcohol. Esto permite leer el contexto local e interpretarlo para construir estrategias de acceso y resolución”, explica Suárez.
Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia para la Justicia (CEJ), añade que se debe trabajar en tres frentes: la reforma a los código penales para que prioricen a la víctima y no a los victimarios; incrementar el número de despachos judiciales y de fiscales en los departamentos olvidados estatalmente; crear procedimientos y trámites expeditos para que el ciudadano también se sienta motivado a denunciar; y fortalecer la presencia estatal en cuanto al acceso a servicios básico e internet.
Por lo pronto, la Alcaldía de Fonseca y de Barrancas junto a la Fiscalía tienen el proyecto de ampliar la sede del ente investigador en Fonseca, para que haya una persona que pueda estar disponible las 24 horas de los siete días de la semana. Según el secretario de Gobierno, la inversión que se realizará será de aproximadamente 880 millones de pesos. De estos, Fonseca aportará 400 millones de pesos y Barrancas, los otros 480 millones de pesos restantes. Aunque ya el proyecto tiene los Certificados De Disponibilidad Presupuestal (CDP), que garantizan la asignación de los recursos, aún no se ha firmado el convenio.
La Fiscalía asegura que junto al Ejército y la Policía están investigando las estructuras criminales que cometen estos delitos para esclarecer los robos en el municipio y en La Guajira. Mientras las autoridades muestran resultados frente a los delitos denunciados, los y las habitantes del municipio temen que cada día se pierda aún más la credibilidad en el sistema judicial y se tome justicia por cuenta propia. “Le provoca a uno tomar justicia por mano propia. De pronto por la manera de crianza, por los valores, uno no es capaz de decirle palabras vulgares o darle una ‘palotela’ a esa persona, pero eso es lo que en realidad provoca al ver la injusticia del sistema judicial de Fonseca”, agrega Solano.
Aunque por años los habitantes de Tadó han pedido estudios que garanticen que el agua que les suministra el acueducto es potable, a la fecha no se tiene un análisis que lo concluya. En el último estudio que dio a conocer la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Tadó, de diciembre de 2022, solo se tomaron muestras de su planta de tratamiento y no del trayecto del agua por las tuberías.
La empresa Aguas de Tadó envió a análisis 1.500 ml de agua tratada y captada del Río Mungarrá, proceso que estuvo a cargo del laboratorio Aliscca.
“La empresa Alissca nos hizo los estudios hasta el año pasado, estos estudios arrojaron positivo para el consumo del agua que se suministra. Para reducir la propagación de bacterias estamos lavando las plantas periódicamente cada dos meses ya que el agua que utilizamos para darle a la gente viene de Santa Catalina y la otra del Río Mugarrá”, indicó Emanuel Murillo, gerente de la empresa Aguas de Tadó.
Murillo agregó que el agua que suministra a los hogares en Tadó está garantizada: “El agua se trata con cloro y sulfato y se tienen las máquinas que hacen todo el proceso para que sirva para el consumo humano y con los parámetros indicados”.
"El agua se trata con cloro y sulfato y se tienen las máquinas que hacen todo el proceso para que sirva para el consumo humano"
Emanuel Murillo, gerente de la empresa Aguas de Tadó.
Frente a la posible presencia de metales pesados, como mercurio, Murillo indicó que no se tienen estudios, pero que se conoce que en el Río Mungarrá se trabaja la minería. “Para nadie es un secreto que se utiliza mercurio en el río, vamos a avanzar con la Secretaría de Salud para que ellos puedan tomar esas muestras”.
¿Qué dicen los estudios?
Nubia Carolina Higuera Mora, microbióloga industrial de la Universidad Javeriana, indicó que las muestras arrojan que el agua es apta para el consumo humano. “Teniendo en cuenta los tres parámetros que fueron analizados -recuento de mesófilos, de escherichia coli y coliformes totales-, esa muestra que se llevó a análisis está entre los parámetros que son permitidos para la resolución de agua potable. Los mesófilos son los microorganismos que normalmente crecen en temperatura ambiente y ese resultado (18 unidades formadoras de colonia) son muy bajos y no afectan la calidad del agua. En los indicadores para ver si el agua está en contacto con heces fecales de seres humanos o animales, el resultado es negativo”, dijo.
Sin embargo, puntualizó que teniendo en cuenta que la muestra se tomó en la bocatoma, “el agua podría adquirir contaminación por donde pase, incluyendo las tuberías. Y habría que evaluar la permeabilidad de las mismas, si hay filtraciones o si en algún punto están deterioradas”. A su vez, como en el caso de Tadó, que el agua se mantiene en tinas, Higuera recomienda analizar también los recipientes.
"El agua podría adquirir contaminación por donde pase, incluyendo las tuberías. Y habría que evaluar la permeabilidad de las mismas, si hay filtraciones o si en algún punto están deterioradas"
Nubia Carolina Higuera Mora, microbióloga industrial de la Universidad Javeriana
(¿Cómo limpiar su tina de agua y evitar enfermedades?)
Además, varios estudios demuestran que un sistema hidráulico en mal estado puede convertir las propias tuberías en bioreactores que facilitan que se multipliquen bacterias y patógenos peligrosos contaminando el agua. “La contaminación del suministro de agua ocurre debido a la desestabilización del material de la tubería y los depósitos en el sistema de distribución de agua debido a procesos fisicoquímicos y microbiológicos que se han desarrollado durante décadas y causan problemas de salud ( Hepatitis C y enfermedades gastrointestinales) que dan como resultado la tasa de mortalidad de 3,4 millones de personas en todo el mundo”, dice un estudio publicado por el International Journal of Research Publication and Reviews.
¿Qué dice la gente?
En Tadó solo el 60 por ciento de la población cuenta con el servicio de agua y quienes lo tienen, máximo pueden hacer uso de esta 8 horas al día, según informa la empresa Aguas de Tadó. Sin embargo, algunos habitantes reclaman que el servicio es intermitente y que no se sabe cuándo llega o cuándo la quitan.
Yirson Marino Ledezma, Personero de Tadó, indicó que aunque hasta ahora no se registran quejas formales por la calidad del agua, es necesario que quienes tengan inconvenientes o presenten algún síntoma lo reporten ante las instituciones encargadas.
“Es importante conocer de cualquier situación que esté afectando la salud humana, saber en realidad si el agua presenta metales pesados o bacterias que afecten la salud humana. Haremos los requerimientos necesarios para que se realicen los estudios y poder tomar medidas”, puntualizó.
"Es importante conocer de cualquier situación que esté afectando la salud humana, saber en realidad si el agua presenta metales pesados o bacterias que afecten la salud humana"
Yirson Marino Ledezma, Personero de Tadó
Además, algunos habitantes de Tadó siguen desconfiando de la calidad del agua y reportan que se han enfermado. “Solicité que me quitaran el servicio de agua porque cuando consumía esa agua del acueducto me daba diarrea constante y ahora que no la utilizo no he vuelto a tener problemas de esa naturaleza. Igual que yo, muchas personas no toman esa agua porque no tienen claro si es de calidad”, dijo Nasly Copete.
Por su parte, Gabriel Copete, docente jubilado, señaló que tampoco confía en el servicio. “El agua del acueducto la utilizamos para algunos oficios domésticos y no para el consumo o para preparar alimentos o beber porque no hay claridad sobre su calidad”.
Otros cuestionan que el servicio sea intermitente: “El acueducto de Tadó no tiene horario fijo, a veces la ponen por ratos. Yo la utilizo para bañarme y para hacer oficios en la casa y no la bebo porque no hay garantía de qué agua nos mandan a la casa, yo compro agua en bolsas para beber”, indicó Juan José Mosquera.
Frente a las quejas, Emanuel Murillo, gerente de la ESPAT, responde que han promovido campañas para que la gente confíe en el agua del acueducto: “Utilizar el agua lluvia viene de años y ha sido difícil que la gente confíe en el agua que suministramos a pesar de que tienen la acometida. A través de la trabajadora social y colaboradores ambientales hemos salido a educar a la gente sobre la importancia de consumir el agua de la empresa y no mezclarla con agua lluvia debido que esta podría estar contaminada”.
Lo que sigue
Es necesario que se analicen más muestras del agua que está llegando a las casas y se revisen las tuberías. La Personería indicó que pedirá a la Secretaría de Salud que se hagan estas muestras.
Por su parte, Emanuel Murillo, gerente de la ESPAT, indicó que necesitan más recursos por parte de la Alcaldía municipal para poder garantizar el servicio del agua las 24 horas. “Esto por ahora es imposible, es muy difícil”, dijo.
El 10 de abril en el municipio de Fonseca un árbol de acacia cayó sobre un carro Spark, modelo 2016. Pedro Segundo Solano, de 65 años de edad y propietario del vehículo, indica que la caída del árbol afectó el 70 por ciento del automóvil, dañando el panorámico delantero y trasero, el capó y la cabina superior. Todo esto sucedió luego de un fuerte aguacero.
“Entré a la Universidad de la Guajira a dejar dos pasajeros, iba con dirección hacia la Clínica de la Esperanza y estaba lloviendo. Cuando iba pasando por el Parque de la Virgencita me cayó una rama en la cabina del carro, frené y al mismo instante se cayó el árbol encima del vehículo. Salí de prisa por el panorámico frontal porque las ramas no dejaban abrir las puertas para auxiliar a las dos pasajeras que llevaba. Las dos pasajeras sufrieron golpes leves, la copiloto se desmayó de la impresión y fue llevada de urgencias al hospital en donde permaneció por una hora”, cuenta Pedro Segundo.
El año pasado se reportaron varios árboles caídos: 6 en el casco urbano, 5 en la Serranía del Perijá, 2 en el resguardo indígena de Mayamangloma y 2 en la región de Almapotoque. Y en lo corrido de 2023 van cinco emergencias.
No todos los árboles serán talados
El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo reporta que hay al menos 106 árboles que deben ser intervenidos urgentemente, 24 de estos en el casco urbano y 82 en la zona rural. Wilmer Pitre, integrante del grupo de apoyo del Consejo Municipal, indica que realizaron un censo en conjunto con Corpoguajira para ubicar los árboles que requerían atención, aunque no todos serán talados. “Identificamos algunos árboles que ya cumplieron su ciclo de vida y se encuentran en evidente deterioro. Mediante un acta entregamos las coordenadas de su ubicación para que se nos otorgue el permiso, luego nosotros buscamos a las personas encargadas de realizar el trabajo de tala y se procede a sembrar un árbol nuevo”, recalca.
"Identificamos algunos árboles que ya cumplieron su ciclo de vida y se encuentran en evidente deterioro"
Wilmer Pitre, integrante del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.
“En cuanto a esta temporada de lluvias que se avecina, pedimos a la comunidad no albergarse debajo de los árboles cuando esté lloviendo o que se puedan ver con raíces levantadas y que se evidencie que están huecos, como sucedió hace pocos días con una ceiba en el bulevar de la plaza Simón Bolívar de Fonseca y al igual que el tradicional ceibote del cementerio que también fue talado después de que se desprendiera una gruesa rama que, por fortuna, no causó una tragedia”, agrega.
Sin embargo, los ambientalistas en Fonseca reclaman que no todos los árboles sean talados. Jaser Arafat, líder de un grupo de ambientalistas, señala que “primero deben dar a conocer el estudio técnico dónde se dé las causas del por qué los van a talar. Como, por ejemplo, el estado del sistema fitosanitario, los riesgos que representan para la comunidad y por qué no se pueden podar. También, qué especies de árboles van a reemplazarlos”.
¿Qué dicen las autoridades?
Corpoguajira es la entidad responsable del cuidado de los árboles en Fonseca y cualquier institución que requiera talar un árbol debe solicitar permiso ante esta. La directora territorial de Corpoguajira, Estela Freyle Lopesierra, indicó que en materia ambiental se establece que aquellos árboles que impliquen situaciones de riesgo deben ser talados por emergencia. “En todos los casos, al igual que cuando se hace un permiso forestal, se aplica un proceso parecido. La ley establece que un tercero- toda persona natural o jurídica - puede solicitar ante la corporación un permiso para talar si se trata de una situación de emergencia, dependiendo si el árbol está en espacio público u propiedad privada. Si están ubicados en espacio público el responsable es el representante legal del municipio con jurisdicción donde está el árbol, es decir el alcalde, según la Ley 99 de 1993, que es la misma que rige a las CAR. Los alcaldes están en obligación de solicitar formalmente ante la corporación la tala, la poda, la manipulación y cualquier tratamiento que se le vaya hacer a los árboles”, resalta.
"La ley establece que un tercero- toda persona natural o jurídica - puede solicitar ante la corporación un permiso para talar si se trata de una situación de emergencia"
Estela Freyle Lopesierra, directora territorial de Corpoguajira.
Corpoguajira se encarga de otorgar los permisos ambientales de manera formal. Por ejemplo, los árboles que están en los tramos viales y que representan un peligro hacen parte de Invías. En la mayoría de los casos hay un contrato de concesión que tiene Invias con un tercero y es a través de esos operadores que debe solicitarse el permiso para talar o podar. La corporación puede corroborar el inventario forestal y priorizar cuáles son esos árboles a intervenir y que representan un peligro.
¿Por qué cuidar los árboles?
El municipio vive el primer ciclo de lluvias, que contempla desde finales de marzo hasta mediados de junio. Para evitar emergencias se requiere que se hagan diagnósticos, podas y talas de los árboles que se encuentran en mal estado.
La ingeniera ambiental Olga Margarita Herrera Torres puntualiza que “los árboles deben estar en constante monitoreo por parte de las entidades responsables para evitar su deterioro o un desarrollo que sea negativo para su entorno. Dependiendo de si están en bosques, ejes viales, zonas urbanizadas, etc. Estas medidas van a variar dependiendo de la especie de árboles”.
Herrera indica que la razón más importante de cuidar los árboles es porque estos aportan a la limpieza del aire y a regular el cambio climático. “Se necesitan árboles sanos, los árboles forman bosques que se convierten en los responsables de sostener la vida y benefician a todo ser vivo del planeta con un trabajo que no vemos, pero que sí podemos sentir como, por ejemplo, el almacenamiento del carbono”.
"Los árboles forman bosques que se convierten en los responsables de sostener la vida y benefician a todo ser vivo del planeta"
Olga Margarita Herrera Torres, ingeniera ambiental.
Herrera recomienda algunas prácticas claves para mantener un árbol en buenas condiciones de vida: “Debemos regar los árboles tres veces por semana, con suficiente agua. Sin embargo, en algunas ocasiones depende de la especie de planta y el tipo de clima en el que se encuentre. Se recomienda librarlo de las malezas, protegerlo de las plagas y hormigas y evitar que las personas estén en permanente contacto con su corteza y, por supuesto, realizar podas periódicas dependiendo del tipo de árbol y los motivos para lo cual son utilizados”.
En Fonseca hay cuatro especies de árboles en peligro de extinción: guayacan, corazón fino, puy y olla de mono.
¿Quién responde por los daños ocasionados por la caída de un árbol?
Pedro Segundo Solano indica que luego de la emergencia que dejó su carro dañado en un 70 por ciento no sabe a quién recurrir. “Yo tengo unos recorridos con estudiantes del Cristo Rey y me toca rebuscarme como pueda para pagarle a otro y que me haga el recorrido. Con ese carro yo mantengo a mi familia que somos 5 personas. El alcalde y el secretario de Gobierno se acercaron al sitio del accidente y me dijeron que les llevara la cotización de los daños del vehículo para ver con cuánto me podían ayudar, mi carro no tiene seguro contra accidentes y me toca ver con cuánto me ayudan, lo demás me toca a mí”, dice con preocupación.
Sin embargo, en Colombia ya hay jurisprudencia al respecto. En un caso por la caída de un árbol contra un vehículo en Bogotá, el Consejo de Estado (en el fallo 2000-0007 de 2014) obligó a la Alcaldía a pagar los daños ocasionados al considerar que hubo un fallo en el servicio de mantenimiento de un árbol.
Lo que sigue
Si una persona conoce sobre un árbol en mal estado puede reportarlo ante la Oficina de Gestión de Riesgo y ante Corpoguajira. Actualmente en Fonseca se desarrolla una jornada de sensibilización en colegios y con la comunidad para hacer jornadas de limpieza e impulsar la siembra de árboles.
Además, Corpoguajira indica que adelanta un programa radial donde tratan temas como el cambio climático y las emergencias que se pueden dar en temporadas de lluvias, así como consejos para los campesinos y la población en general.
En varias comunidades indígenas y centros etnoeducativos de Hatonuevo, Manaure, Albania, Distracción, Barrancas y Fonseca, en la Guajira, los estudiantes completan más de un mes sin transporte escolar. Desde el 8 de marzo el Ministerio de Transporte expidió una resolución que permite que en las comunidades se autorice el uso de vehículos de modelo 1999 en adelante por dos años más, es decir, hasta el 2025. Sin embargo, la demora ahora radica en que se debe expedir un certificado por cada carro que prestará el servicio.
“Los vehículos deberán ser reemplazados por otros con características de homologación para el servicio de transporte escolar, de doble tracción, teniendo en cuenta el siguiente esquema de transición: Los modelos 1999 a 2005, por modelo 2009 o posterior, a más tardar el 1 de enero de 2025 y los modelo 2006 y posteriores, por modelos 2010 en adelante, a más tardar el 1 de enero de 2026”, dice la resolución del Ministerio de Transporte.
En la resolución, el Ministerio de Transporte agrega que a partir del 1 de enero de 2026 todos los vehículos que se destinen “al servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros especial escolar étnico, de minorías raciales y culturales, deberán cumplir las condiciones de homologación para el servicio de transporte especial escolar y no podrán tener más de 15 años de uso, contados a partir de la fecha inicial del vehículo”.
Sin embargo, Angel Estelló, líder de 107 transportadores e integrante del cabildo negro de Hatonuevo, indica que el problema ahora es que el Ministerio de Transporte, sede La Guajira, debe expedir un certificado por cada vehículo y avalado por la alcaldía del municipio. “Esto nos trae una nueva dificultad, para mí son temas políticos que van por encima del derecho a la educación. La expedición de cada vehículo tardaría unos 15 días, creemos que de acá hasta Semana Santa no habrá transporte escolar”, indica.
"La expedición de cada vehículo tardaría unos 15 días, creemos que de acá hasta Semana Santa no habrá transporte escolar"
Angel Estelló, líder de 107 transportadores e integrante del cabildo negro de Hatonuevo
“Nosotros entregamos las carpetas, con los certificados del Soat, tecnomecánica, resolución y el modelo de cada vehículo. A ninguno nos han dado ninguna respuesta”, puntualiza.
El jueves, 23 de marzo, se registraron bloqueos en Barrancas y Fonseca por la falta de transporte escolar en las comunidades rurales.
Deserción escolar y bajas notas, entre las consecuencias
Elesmi Carrillo, tía de tres estudiantes de la Institución Etnoeducativa Rural Guaimarito, en Hatonuevo, cuenta que cuando no tienen el servicio de transporte debe pagar 2.000 pesos por trayecto en moto. “Ella ha perdido clases y ahí se perjudica porque no le ponen las notas y luego tiene bajas calificaciones. La niña pierde las notas por la falta del transporte porque a veces los docentes no la dejan entrar al aula de clases por llegar tarde”, dice.
Alexander Martínez, rector de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Fonseca, indica que el tiempo que estuvieron sin transporte escolar fue muy difícil para los jóvenes porque “estaban desmotivados y hubo deserción escolar. Nosotros alcanzamos tres meses sin transporte escolar. Algunos niños se retiraron de la institución y en las clases hubo un atraso porque por mucho que el profesor quiera atender a uno o dos estudiantes que no vinieron a unas clases, no es lo mismo porque descuida entonces el resto, a unos 32 estudiantes”, añade. Actualmente hay rutas en Cardonal, Villa Hermosa y El Hatico.
"Los jóvenes estaban desmotivados y hubo deserción escolar. Nosotros alcanzamos tres meses sin transporte escolar"
Alexander Martínez, rector de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Fonseca
Por su parte, Manuel Guerra, rector de la Institución Técnica Agropecuaria de Conejo, indica que el transporte se solucionó en el corregimiento en las rutas de Trigo y Kilómetro 0, hace dos semanas. Y esta semana inició la tercera ruta que faltaba para recoger a los niños y niñas de Pondores.
“Unos niños venían a pie, otros en mototaxi, los tenían que traer los padres de familia y era muy complicado, algunos no podían venir. Si los pelaos no van al colegio se afectan académicamente”, agrega Guerra.
"Unos niños venían a pie, otros en mototaxi, los tenían que traer los padres de familia y era muy complicado, algunos no podían venir"
Manuel Guerra, rector de la Institución Técnica Agropecuaria de Conejo
¿Qué dicen las autoridades?
La Secretaría de Educación departamental informa que el transporte ha iniciado paulatinamente, pero que, en algunas zonas, los indígenas no han permitido el acceso porque buscan que sean sus vehículos los que sean aprobados. La Secretaría comunica que para la vigencia 2023 la Administración Departamental contrató como operador de este servicio complementario de educación a la Unión Temporal Costa Caribe, por un costo de 18.953.420.367 millones de pesos.
El servicio de transporte escolar contará con 332 vehículos, para los cuales de manera planificada se han establecido 292 rutas, distribuidas así: 100 se prestarán en el área urbana y 192 en el área rural, con cubrimiento en 78 establecimientos educativos.
Y aunque la mayoría de solicitudes para certificar cada uno de los vehículos, según los líderes transportadores, ya fueron enviadas al Ministerio de Transporte, sede de La Guajira. De esta cartera informaron a Consonante que están dando respuesta “por orden de llegada”. Aunque se intentó hablar con el director territorial Nolberto José Larrada Mejía, para explicar el trámite y avance de los certificados, no fue posible.
Lo que sigue
Angel Estelló, líder de los transportadores, indica que, si hasta el lunes no les dan respuesta sobre los certificados de los vehículos, las comunidades harán una nueva protesta o viajarán hasta Bogotá para que les resuelvan sus reclamos. Este lunes las comunidades Wiwa y Wayúu, junto con los líderes transportadores, se van a reunir para estudiar nuevas acciones.
En todas las calles del corregimiento de Guayacanal, sin excepción, hay zanjas de dos, tres y hasta cuatro metros de profundidad. Hace seis meses empezaron las obras para el alcantarillado en el pueblo y al día de hoy los huecos profundos, abandonados y sin tapa, son la única señal visible de la construcción. En uno de esos pozos murió Eliécer Daza Cuello, un obrero de 47 años que trabajaba en la obra. Daza Cuello murió a las dos de la tarde del 18 de enero en el sector de Corral de Piedras, a tres kilómetros de Guayacanal.
La noticia de su muerte puso en alerta a toda la comunidad que sospechaba que algo así podía ocurrir en cualquier momento.
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Después de tres años sin disfrutar del carnaval por la pandemia, Fonseca, en la Guajira, vuelve a vestirse con el colorido que la caracteriza en estas fiestas. Los plumajes, los canutillos y las lentejuelas de los vestuarios de las reinas, las comparsas y los disfraces de todo aquel que decide disfrutar de esta máxima expresión cultural.
Este año, las fiestas de los dioses “Momo”, “Baco” y “Arlequín” se realizarán del 17 al 19 de febrero, y estarán marcadas por desfiles callejeros con la participación de las reinas centrales y populares, comparsas y danzas folclóricas: cumbias, cumbión, baile negro, congo grande, garabatos, colitas, mapalé mezcladas con la champeta y el reguetón. Los escenarios principales serán la avenida Santander, la plaza Simón Bolívar y la tarima Tierra de Cantores.
Aunque todavía no se conoce la lista oficial de artistas, se habla de la participación de Simon Figueroa acompañado de LuisDa Solano, Jaider Brito y la Orquesta Shekeré. Este viernes es el desfile de “Batalla de Flores” desde el barrio El Carmen hasta la plaza Simón Bolívar. El sábado tendrá lugar el desfile “Fonseca de Fantasía” desde Fointer Club y el domingo se eligirán a las reinas y a las comparsas ganadoras.
El carnaval es un evento de concurrencia masiva que no distingue de raza ni clase social. Los eventos públicos en la plaza principal son gratuitos y los asistentes tienen la oportunidad de disfrutar las diferentes actividades y artistas que se presentan en la tarima. Es allí en donde el público estalla saltando y coreando sus canciones preferidas. “En el carnaval las personas se desprenden de cualquier prejuicio social y se lanzan a disfrutar”, afirma Bladimiro Manjarrez, profesor y gestor cultural.
En Consonante reunimos cuatro motivos que demuestran por qué los eventos gratuitos, las reuniones familiares, las comparsas barriales y los sancochos barriales hacen de esta celebración una verdadera fiesta para el pueblo.
El carnaval es un evento totalmente gratuito a diferencia de otros como el Festival El Retorno, donde en agosto del año pasado hubo palcos con precios entre los 500 mil y el millón de pesos, y entradas generales de 30 mil y 50 mil pesos.
Otros eventos en el departamento como el Festival Folclórico y Cultural de Los Laureles, en Distracción y que se celebra en mayo; y el Festival Nacional del Carbón, en Barrancas y que se celebra en octubre, también tienen costo.
Bladimiro Manjarrez afirma que en Fonseca “los carnavales son la fiesta más popular y de integración de toda la comunidad”. “Mi herencia carnavalera nace de mi madre Alicia Manjarrez, era la fiesta que más disfrutaba, por eso digo que yo nací carnavalero y disfruté los carnavales”, agrega este fonsequero, de 71 años.
Para Manjarrez, el carácter popular de esta celebración se ve en cualquier sitio donde se celebra esta fiesta, no solo en Fonseca. “La intención es manifestar la idiosincrasia y cultura de cada región, resaltar y destacar los personajes que forman parte de la cultura del pueblo”, explica. Sin embargo, reconoce que con el paso de los años se han perdido algunas tradiciones populares. Por ejemplo, los pilones organizados por familias en los que cantaban versos acompañados de tamboras tanto en el día y la noche.
"La intención es manifestar la idiosincrasia y cultura de cada región, resaltar y destacar los personajes que forman parte de la cultura del pueblo"
Bladimiro Manjarrez
Pero para otros fonsequeros la confluencia de clases se sigue viendo en los eventos gratuitos. “En las fiestas se disfruta sin ningún prejuicio. Es un evento donde logramos ir personas de los diferentes estratos sociales y con el motivo de que es totalmente gratis podemos acceder a esa clase de eventos”, dice Sabrina Molina, de 44 años.
2. Un plan familiar
Desde sus inicios ha sido tradición involucrar a personas de todas las edades en los preparativos para la celebración del carnaval. La elaboración de los atuendos que se van a lucir, y las actividades para la consecución de los recursos para la compra de los insumos que demanda la celebración motivan la reunión de familias y hasta vecinos.
La familia en consenso escoge la casa más apropiada para reunirse, que sea amplia, con espacio para montar la olla y poder bailar. Los niños son quienes más disfrutan correteandose unos a otros para mojarse y lanzar maizena y espuma. Además, dentro de la programación oficial del carnaval suele haber eventos exclusivos para los niños y niñas que disfrutan acompañados de un adulto responsable.
“Esta celebración reúne a toda la comunidad, uno ve a toda la familia: abuelos, adultos y niños”, dice Nafer Isidoro Vergara Amaya, gestor cultural y expresidente de los carnavales de Fonseca. Vergara dice, además, que los preparativos del carnaval motivan el intercambio generacional dentro de los núcleos familiares. “Son actividades de sano esparcimiento dentro del disfrute en familia a través de la cultura y entra a jugar un gran papel la inversión de valores porque este es un proceso pedagógico que debe iniciar desde casa y decirle a los hijos que está bien y que está mal”, afirma.
"El carnaval se goza en los barrios, en los salones de baile, en los patios, con bancas de madera y pistas improvisadas"
Elvia Martínez
La matrona fonsequera Elvia Martínez, de 86 años, sostiene que “el carnaval se goza en los barrios, en los salones de baile, en los patios, con bancas de madera y pistas improvisadas. Recuerdo que antes iba a la Caseta Estrella, el Iris, el Diamante, la Colita y la Currucuchu”. Martínez ha disfrutado de los carnavales durante toda su vida. “Los carnavales los empecé a disfrutar desde los 18 años, antes los padres no nos permitían tanta libertad. Disfruté de los capuchones, disfraces que te cubrían toda la cabeza, principalmente el rostro y se hacían en diferentes motivos, animales e incluso diablos, bailabas con tu pareja en las casetas y salones, pero no sabías de quién se trataba”, recuerda.
3. El sancocho trifásico y el “chirrinche”
Aunque algunas personas toman aguardiente, ron, whisky o cerveza, el “chirrinche” es el rey del carnaval. El litro de esta bebida artesanal producto de la caña y destilada que se almacena en alambique ya sean de cobre o de vidrio cuesta 6 500 pesos. Algunos lo mezclan con diferentes productos como coca-cola, menta, uvas pasas, manzana verde, agua de coco, trozos de caña y algunas plantas medicinales. Todo para darle un mejor sabor.
Pero la fiesta no está completa si no hay comelona y no puede faltar un buen sancocho trifásico que se hace en leña y en la calle. Por lo general lleva verdura, yuca, plátano, guineo, auyama, mazorca, color, pimienta de olor, maggi, sal y lo más importante las carnes que acompañarán la sopa. Se acostumbra hacer trifásico que consiste en tres tipos de carnes: carne de res, cerdo y pollo, pero si no hay para tanto se recurre al hueso de res, o menudencia (vísceras, patas, pescuezo y cabeza de pollo o gallina).
“El infaltable sancocho se hace con verduras, mondongo y patas de res, y se toma con chirinche o anisado”, resalta Elvia Martínez.
4. Las reinas y las comparsas
La alegría que le imprime al carnaval las reinas y las comparsas es fundamental para incentivar la unión de los barrios. Son el ingrediente alrededor del cual se reúnen las familias enteras para verlas, aplaudirles y escoger a sus favoritas. Los barrios se preocupan por escoger una representante que reúna los requisitos para ser la reina.
De igual manera siempre hay una líder que recluta a quienes tienen más chispa para los ritmos que marcan el carnaval y formar parte de la comparsa para concursar. Las barras para apoyar a las reinas son numerosas y reúnen a todo el barrio a la hora de su elección.
Las reinas lucen sus mejores atuendos confeccionados por profesionales, al igual que quienes diseñan los vestuarios para las comparsas. Las comparsas por lo general tienen nombres jocosos: la tumba catre, báilame como quieras, el polvo, la pela viejo, las pepitonas, entre otros.
En los últimos 15 años los representantes de los barrios que participan del carnaval, reciben un incentivo económico por parte de la junta central del carnaval para subsanar los costos y preparativos del carnaval. Este año la junta central es presidida por la locutora y presentadora de eventos Cassandra Cuello Álvarez, con su reina central infantil Renata Thalía Fragoso Martínez y la reina juvenil Yiseilis Rincones Fonseca.
Marcela Sánchez nació en El Carmen de Atrato, en la vereda Guaduas, hace 44 años y se reconoce como campesina desde la cuna pues al nacer, en su familia sembraron su ombligo. “Mi ombligo lo sembraron en el lugar donde yo nací, en una finca que se llama El Instituto. Para mí, eso es vital”, dice.
Sánchez se desplazó del municipio por el conflicto armado en el 2000, y se graduó como politóloga en la sede de Medellín de la Universidad Nacional en 2007. Trabajó con la Diócesis de Quibdó, la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de El Carmen de Atrato y la Unidad para las Víctimas y desde el 2018 trabaja con la organización Agroecotour Guaduas.
Pero a pesar de que Marcela Sánchez lleva años ejerciendo el liderazgo en El Carmen de Atrato, todavía le preguntan por qué no puede dedicarse exclusivamente a tareas de cuidado en su hogar. “A veces me cuestionan porque como mamá me mantengo ocupada en reuniones”, dice. Sin embargo, afirma que desde las organizaciones sociales se puede educar a la ciudadanía. Por ejemplo, desde la Plataforma Campesina han creado espacios para que haya mayor comprensión del rol que desempeñamos las mujeres lideresas en sus familias.
A propósito del encuentro organizado por la Plataforma Campesina el pasado fin de semana, Consonante habló con Sánchez sobre el movimiento campesino en El Carmen y los retos que persisten para las mujeres de la zona rural.
"En lo social hay mucha participación de las mujeres, pero no se destaca. Todavía nos falta participar en la política, por ejemplo"
C: ¿Cómo ha sido la participación de las mujeres en el movimiento campesino de El Carmen de Atrato?
MS: Desde mi punto de vista, el liderazgo de las mujeres ha ido de la mano de la reivindicación de los derechos de las víctimas. Surgió por la necesidad de la defensa del territorio ante unas amenazas a la continuidad de las comunidades en algunos lugares. Este es el caso de la llegada de la minería a Guaduas.
C: ¿La participación de las mujeres ha aumentado en los últimos años?
MS: He conocido a muchas mujeres lideresas desde que soy líder, pero me parece que el liderazgo solo llega hasta ciertos espacios. En lo social hay mucha participación de las mujeres, pero no se destaca. Todavía nos falta participar en la política, por ejemplo. Creo que ni siquiera hemos tenido candidaturas serias a la Alcaldía o al Concejo. Además, en El Carmen, las organizaciones están supremamente fragmentadas, y esto afecta la participación de las mujeres.
C: ¿Cuáles son las barreras que tienen que enfrentar las mujeres para participar en reuniones, manifestaciones y espacios de decisión?
MS: Yo me reconozco como campesina, pero he tenido acceso a otros espacios a los que muchas mujeres no han podido llegar como la educación superior. No tener acceso a educación superior lleva a que muchas no puedan ejercer liderazgos y tener herramientas que son claves. Por eso, en la Plataforma queremos brindar posibilidades para que las mujeres puedan trascender porque el trabajo que hacen es mucho.
C: ¿Qué están haciendo?
MS: La plataforma es la posibilidad de trabajar unidos. La Plataforma nos está brindando la oportunidad de tener en un solo espacio colectivo, por un lado, mucha pluralidad y, por otro, horizontalidad. Por ejemplo, yo puedo llevar las experiencias de mi vereda, que es Guaduas. También se puedan llevar y compartir otras experiencias de la Mansa, del 18, o de la Argelia. Es una red municipal y precisamente por ser redentores, tener conexiones sentirnos acompañados y acompañadas tener visión cada vez más colectiva desde el lugar de donde estamos, pero tener esa visión hacia los otros y a los otros territorios y que nos unifica qué nos diferencia.
C: ¿Qué le pides a las autoridades en temas de género?
MS: Que lleguen programas continuos, más posibilidades de desarrollo económico, y se incentive la formación en derechos y en equidad. También, crear espacios en los que se le dé reconocimiento a la mujer rural, porque si la vida en el campo es difícil, para las mujeres rurales es aún más dura. Es necesario que haya programas y proyectos directos para las mujeres rurales para compensar su trabajo como cuidadoras. Son ellas quienes llevan la economía y saben todo lo que significan las dificultades.
"Es necesario que haya programas y proyectos directos para las mujeres rurales para compensar su trabajo como cuidadoras. Son ellas quienes llevan la economía y saben todo lo que significan las dificultades"
En el campo el patriarcado y el machismo es muy fuerte. Especialmente en El Carmen porque los colectivos de mujeres se han centrado en impulsar lo productivo y lo económico pero también hay que apuntarle a la equidad en otros términos. Por eso es importante construir redes que sean fuertes.
C:¿Crees que la gente no tiene en cuenta el balance que tienen que hacer las mujeres entre su liderazgo y las labores de cuidado?
MS: Evidentemente, la participación de las mujeres en escenarios locales, municipales, regionales o nacionales genera conflictos familiares, porque esto implica dejar la casa, a los hijos, al esposo y no cumplir con unos roles que se espera que las mujeres cumplan.
Por eso es importante que, por un lado, se trabaje el empoderamiento de las mujeres, pero también se genere conciencia que el núcleo familiar debe apoyar a las mujeres para formarse, capacitarse y gestionar.
C: ¿Qué pasa en el caso de las mujeres que son madres de bebés o niños pequeños? ¿Es más difícil para ellas participar en el movimiento campesino carmeleño?
MS: Sí, por eso les ha gustado mucho que en la plataforma campesina ofrezcamos la posibilidad de que estén los niños y niñas. Así saben que sus hijos están en un lugar también aprendiendo y compartiendo. Cuando nos reunimos, ellos están cerca, en sitios cercanos o contiguos y a veces participan familias completa. Los niños y niñas pueden llevarlos a estos lugares y así comparten experiencias y hacen amistades.
C: Es decir, ¿ los niños y niñas participan activamente en las reuniones del movimiento campesino?
MS: Sí. Es necesario tener espacios para los niños, porque por un lado permite que los padres puedan compartir los espacios con sus hijos, pero también para que los niños puedan comprender lo que hacen sus papás.
Por ejemplo, los temas de biodiversidad o de defensa del territorio de agua les encantan a los niños. Entonces, se trata de fortalecer esto, valiéndonos de la creatividad. Esperamos que los niños y niñas sean los promotores de este movimiento campesino que venimos liderando desde la Plataforma.
"Esperamos que los niños y niñas sean los promotores de este movimiento campesino que venimos liderando desde la Plataforma"
C: ¿Cómo incentivar en ellos y ellas el amor por el campo?
MS: Primero, tenemos como objetivo tejer redes para que cualquiera que esté en una vereda sienta que hay otras veredas y otras comunidades donde hay campesinos y campesinas que ejercemos liderazgo y que estemos ahí por el amor a la tierra. Que sintamos que no somos pocos y que somos importantes. Somos resistentes.
También queremos poder transmitir la importancia de lo que hacemos a nivel local, y a la vez conseguir los apoyos para visibilizarnos como campesinos porque en un departamento como el Chocó esto no es fácil. No es fácil hablar de unos campesinos que no son negros ni indígenas. Esto es absolutamente exótico para algunas personas y a veces se les hace totalmente increíble. Pero esa es una de las luchas que también hemos venido dando: decir que somos los chocoanos de la montaña, y que aquí existimos a pesar de nuestro tono de voz, de nuestro color de piel, y de nuestras costumbres. Necesitamos y exigimos tener visibilidad, reconocimiento y participación.
C: ¿Y qué esperan las mujeres de todo este proceso?
MS: La primera lucha que hemos dado es por tener reconocimiento y participación real que va más allá de estar en unos espacios. Se trata de que se cumpla lo que se acuerde y que nuestras opiniones, solicitudes y propuestas sean vistas como importantes.
"Esa es una de las luchas que también hemos venido dando: decir que somos los chocoanos de la montaña, y que aquí existimos a pesar de nuestro tono de voz, de nuestro color de piel, y de nuestras costumbres"
Este lunes la Alcaldía de Tadó socializó el proyecto de mejoramiento de la malla vial y la pavimentación de los barrios San Pedro y Reinaldo. La obra, que deberá terminarse en un plazo de 12 meses, tiene un costo total de 5 600 millones de pesos e incluye 1.963 metros cuadrados en concreto rígido.
El contrato fue adjudicado el 20 de diciembre del año pasado a la empresa Cobertura Global S.A.S. representado por Prospero Ríos Mena.
Aunque en San Pedro, un barrio con aproximadamente 2 mil habitantes, se destaca que con el proyecto de pavimentación se van a generar más empleos y se valorizará el sector, para muchos hay otras necesidades que también deberían ser priorizadas por la Alcaldía.
Los reclamos de la comunidad
Sócrates Kury Perea, líder del barrio San Pedro, dice que además de la pavimentación hay otros aspectos urgentes que se deben resolver. “La pavimentación es importante porque valoriza las viviendas del barrio aunque hay otras prioridades en nuestro barrio: falta mejorar el sistema de acueducto y el alcantarillado, que se atienda la recolección de las aguas residuales. Se necesita urgente un centro de salud en el barrio, con médicos y enfermeras capacitadas, y la escuela está abandonada. Hay muchas cosas por hacer, no hay presencia estatal”.
"Se necesita urgente un centro de salud en el barrio, con médicos y enfermeras capacitadas, y la escuela está abandonada. Hay muchas cosas por hacer, no hay presencia estatal"
Sócrates Kury Perea, líder del barrio San Pedro
Soris cuestiona que “van a pavimentar y luego van a tener que destruir para ajustar el alcantarillado y el acueducto”.
Sobre esto último, Aristarco Parra Mosquera, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Pedro, agrega que para la comunidad una de las prioridades es tener cobertura de acueducto y alcantarillado. “Hay zonas que tienen agua solo 20 minutos a 30 minutos en el día. Los alcaldes no les atienden las peticiones a las juntas de acción comunal y las necesidades del barrio son muchas”, indicó.
Mosquera puntualiza que, en varios espacios, han reiterado que requieren un centro de salud: “No tenemos un hospital y la comunidad lo ha pedido”.
"Hay zonas que tienen agua solo 20 minutos a 30 minutos en el día"
Aristarco Parra Mosquera, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Pedro
Otros de los reclamos son contar con un parque y liderar programas para la juventud. Levistos Mosquera Caicedo, líder del barrio, advierte que “los escenarios deportivos están abandonados, no se ve que la Alcaldía y los entes estén pendientes de la juventud y de esos procesos. Se debe incentivar la educación y la salud mental”.
Su voz, como los demás, se suma a la necesidad de tener un servicio de agua constante, alumbrado público y agrega que falta información sobre el proyecto: “Tampoco han hecho una revisión de los posibles daños que se daría en las viviendas con las obras, no hay vallas con datos de cuánto se invierte. La pavimentación es importante para facilitar las vías de acceso, pero hay otros temas importantes en Tadó, por ejemplo, el campo está completamente abandonado”.
Según Mosquera Caicedo, en los sectores de El Matadero, Chatica, Ibordó, y Pantanito, el servicio es intermitente o no cuentan con acueducto y alcantarillado.
"La pavimentación es importante porque cuando llueve se bloquea el paso de alimentos y del transporte"
la concejal Ana Siris Mosquera
Por su parte, la concejal y residente del barrio Ana Siris Mosquera cuestiona que los contratistas no tienen claro cuáles son las calles y carreras que van a pavimentar. “Nosotros no quedamos contentos con esa socialización, los ingenieros no conocen el terreno y la cartografía presentada tiene inconsistencia con la realidad del barrio”, puntualiza. “Falta alumbrado público, pues las mejoras del año pasado no fueron suficientes y hay farolas destruidas. La pavimentación es importante porque cuando llueve se bloquea el paso de alimentos y del transporte, pero antes nos deben garantizar que quedarán bien”.
“El barrio tiene muchas necesidades por resolver como son los escenarios deportivos, el alcantarillado y acueducto, y más programas para la ocupación del tiempo libre”, agrega.
¿Qué dicen las autoridades?
El alcalde de Tadó, Cristian Copete Mosquera, sostuvo durante la socialización de la obra que “San Pedro será pavimentado en casi toda su totalidad. Son 1 963 metros cuadrados que serán intervenidos con una duración estimada de 12 meses siempre y cuando no se presenten razones climáticas que puedan retrasar el proyecto”. En el barrio Reinaldo no se ha socializado el proyecto.
Copete se comprometió a vigilar que los tiempos se cumplan e indicó que este proyecto es financiado por el Departamento para la Prosperidad Social y tiene como finalidad “mejorar la calidad de vida de la comunidad. Es una obra de impacto social”. Además de la pavimentación, Copete recalcó que se van a desarrollar otros proyectos de paneles solares y una cancha de fútbol en las zonas rurales. Agregó que en este año se invertirán más de 30 mil millones de pesos en el municipio de Tadó.
En la presentación del proyecto de la Alcaldía ante el Departamento para la Prosperidad Social se indicó que se espera beneficiar de manera directa a 12.800 personas disminuyendo la congestión en las vías, daños frecuentes a los vehículos particulares y de transporte público, disminuir los tiempos de transporte y facilitar el acceso de productos.
(Las calles a intervenir son: carrera 18 entre calles 9-9ª, carrera 18b entre calles 11-12 , carrera 18b entre calles 10-11, carrera 19 entre calles 11-12, carrera 20 entre calles 9-10, carrera 20 entre calles 11-12, carrera 21 entre calles 9-12, calle 9 entre carreras 9ª-18, calle 10 entre carreras 18-19, calle 10 entre carreras 19-21, calle 11 entre carreras 20-21, calle 12 entre carreras 18b-21, carrera 8 entre calles 2ª-3, calle 8A entre Carrera 20 y calle 9, calle 8A entre carreras 21-20, calle 8A entre carreras 21-22, carrera 21 entre calles 9-8A y carrera 20 entre calles 9 -8A )
(Acá puede consultar todos los detalles de la licitación de la obra)
Lo que sigue
La comunidad espera que las obras se realicen bajo los criterios establecidos y se terminen en un año. Yirson Marino Ledezma, personero municipal, indicó que es necesario constituir una veeduría con personas del barrio que sean garantes del proceso y que puedan trabajar articulados con los veedores municipales.
“Vamos a estar pendientes de esta obra, porque de nosotros como habitantes depende el bienestar de todos”, sentenció la concejal y habitante del barrio, Ana Siris Mosquera.
Aristarco Parra Mosquera, presidente de la Junta de Acción Comunal, hizo un llamado a la comunidad para revisar que los trabajos sean de calidad y pide a la empresa que contrate a los habitantes del barrio.
Encuentre acá una guía de las ofertas disponibles para este semestre en el departamento. Aún está a tiempo de inscribirse y participar.
Becas del Ministerio TIC
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Icetex tienen abierta una convocatoria para que 7.000 colombianos puedan acceder a 1.575 cursos en plataformas digitales e instituciones de educación superior acreditadas en alta calidad a través de créditos condonables para formación en temas TIC.
Pueden participar jóvenes con título bachiller de colegios públicos y privados. En la selección se prioriza a quienes vivan en municipios, mujeres, grupos étnicos y raizales, población vulnerable, y víctimas de conflicto armado.
Hay cursos virtuales en las plataformas Platzi y Coursera. Las inscripciones van hasta el 31 de marzo.
Consulte acá cómo inscribirse y los requisitos.
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
El programa de educación continua de la universidad ofrece cursos en: Transformación digital, data science, inteligencia artificial, ciberseguridad, bases de datos. programación, machine learning e internet de las cosas.
Más información en este enlace
UNAD
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia ofrece programas tecnológicos y profesionales en varias áreas. El plazo de inscripción para el primer semestre académico es hasta el 20 de enero, a las 3 de la tarde. Puede consultar la lista de convocatorias y los requisitos en este enlace.
La UNAD también cuenta con cursos y diplomados entre las 24 y 160 horas en las escuelas de: Ciencias Administrativas, Contables, Economía y Negocios, Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud y formación empresarial. Vea los detalles.
Si está interesado en aprender inglés, francés y portugues puede consultar la convocatoria en este enlace https://estudios.unad.edu.co/unad-bilingue. Para estos cursos tiene plazo hasta el 25 de enero. Cada nivel cuesta 189.000 y las clases van desde el 1 de febrero al 1 de mayo de 2023.
Becas de Ecopetrol
Ecopetrol lanzó una convocatoria, que va hasta el 28 de febrero, para acceder a la educación superior. Hay 70 becas y podrán participar los jóvenes que obtuvieron un desarrollo superior en las pruebas Saber 11 del 2022.
El programa cubre el 100% del valor de la matrícula universitaria o de estudios superiores en la institución educativa acreditada por el Ministerio de Educación Nacional, que sea elegida por el estudiante. Adicionalmente, reconoce un auxilio semestral para transporte, manutención y alojamiento para quienes estudien fuera de sus municipios de residencia. Encuentre acá los requisitos.
Becas en la Universidad Icesi
El ministerio TIC financiará el 100 por ciento del costo de la matrícula para realizar un curso corto en la Universidad Icesi. Los programas son sobre habilidades digitales.
Debe ser colombiano, bachiller y estar admitido o inscrito en uno de los cursos ofertados por Icesi.
https://www.icesi.edu.co/es/becas
SENA
El Servicio Nacional de Aprendizaje oferta de manera gratuita varios cursos complementarios y de inglés. La lista completa puede encontrarla acá: https://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/buscar-oferta-educativa.html
-Acciones básicas para la atención de una persona con afectación en salud (40 horas)
-Acciones de prevención en salud mental (40 horas)
-Acciones de prevención y manejo de violencia de género (40 horas)
-Aceites esenciales: extracción, usos y aplicaciones (40 horas)
-Administración de recursos humanos (40 horas)
-Agricultura ecológica: fertilización, suelos y cultivos (40 horas)
-Agroecología y desarrollo rural (40 horas)
-Análisis de datos para procesos logísticos (48 horas)
-Aplicación de conceptos de economía circular en contextos productivos (48 horas)Atención en salud con pertinencia étnica (40 horas)
-Buenas prácticas agrícolas (48 horas)
-Cocina internacional (40 horas)
-Cocina vegetariana (40 horas)
-Digitación de textos (40 horas)
También hay cursos gratuitos de inglés (nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ) 48 horas. Estos iniciarán a partir de febrero.
Formación privada
Hay abiertas otras convocatorias en universidades privadas. Los costos de matrícula en estas son desde los 4 millones de pesos.
-Uniremington: plazo hasta el 15 de febrero. Detalles de cursos virtuales: https://www.uniremington.edu.co/
-Universidad Cooperativa de Colombia. Detalles: https://www.ucc.edu.co/
