Cuando las lluvias arrecian con fuerza en el municipio de Tado, al sur de Chocó, los ríos crecen y se pierden los cultivos de chontaduro, plátano y caña de azúcar de comunidades afro e indígenas. Las familias afectadas, que han producido esos cultivos con pocos recursos, no tienen cómo recuperarse de estas contingencias humanitarias. Cuando el agua inunda todo, lo único con lo que hacen frente al hambre son los kits de ayuda humanitaria con los que llega el Estado, insuficientes de todos modos.
Con las olas invernales, en los últimos años, varios vendavales se han llevado los techos de viviendas y escuelas. El más reciente tuvo lugar el pasado domingo 19 de abril, cuando en horas de la madrugada las familias fueron sorprendidas por fuertes vientos que arrasaron con la cubierta de varias viviendas, afectando especialmente la estructura metálica que recubre la cancha sintética de fútbol del municipio.
Pero la situación se vuelve más crítica cuando deja de llover. En Tadó, cuando pasan más de tres días sin precipitaciones, la escasez de agua empieza a sentirse en los hogares porque, como dicen los tadoseños, “el suministro del cielo” ya no alcanza para abastecer los tanques de las familias. Además, la planta de agua de la empresa municipal de servicios públicos deja de surtirse del arroyo Santa Catalina y debe recurrir a la captación por bombeo del río Mungarrá. Sin embargo, esta tarea se dificulta cuando el río está enlodado por las actividades de minería ilegal y la deforestación. A la sequía se suman, además, los intensos calores que agobian a la población.
Para Luz Mila Mosquera, madre de familia que vende comida rápida en el barrio Escolar, la gestión del líquido se complica y se suman costos que se vuelven insostenibles. “Las lluvias no abastecen los tanques y nos toca comprar bolsas de agua para hacer alimentos y para tomar. Cada bolsa de agua de siete litros nos cuesta tres mil pesos. Quien tiene cómo llenar un tanque de dos mil litros le toca pagar entre 80 mil y 160 mil pesos. Esta agua no dura mucho porque toca hacer todos los oficios domésticos como lavar ropa, hacer uso en los baños y preparar alimentos”, cuenta.
En lo corrido del 2026, tuvo lugar el episodio más grave de sequía en el municipio a finales del mes de marzo. Las familias empezaron a comprar agua en bolsas que con el tiempo escasearon, algunos comerciantes empezaron a ofrecer a 80 mil pesos tanques de dos mil litros de agua que recogían de una quebrada a tres kilómetros de la cabecera municipal. Las familias con menos recursos, se movilizaban en mototaxis hasta el balneario Playa de Senen, para recoger agua de “el chorrito”, un tubo de PVC clavado en la peña de donde, como si fuera un milagro, escurre agua.
“Nos sentimos más seguros tomando esta agua del chorrito porque no vemos contaminantes como se ve en el río Mungarrá, donde el acueducto se abastece por bombeo, pero es una agua enlodada que podría tener metales y otras cosas que arrastra la minería”, señaló una madre de familia del barrio Reinaldo que pidió reserva de su nombre.
La situación fue tan grave que obligó a la entidad municipal a desplegar el cuerpo de bomberos de Tadó para llevar agua los días 22 y 23 de marzo de 2026 a los barrios de Villas del Remolino, Las Torres, Reinaldo, entre otros. Además, también tuvieron que asistir a varios establecimientos de comercio, especialmente restaurantes, para que pudieran operar.
Estas variaciones llevan a la comunidad a preguntarse cuál es su relación con el cambio climático. Los estudios lo confirman: en esta región —como tantas otras del país— los días ahora son más calurosos, las lluvias ya no vienen en los meses de siempre y los periodos de sequía o llovizna ahora arremeten con mayor fuerza. Los efectos de una economía basada en los combustibles fósiles, junto a la deforestación y economías extractivas, muestran graves consecuencias a nivel mundial y, según los análisis, el departamento de Chocó es particularmente sensible a los cambios climáticos, lo cual se ve reflejado en periodos más extremos de sequía y lluvia.
Análisis sobre las precipitaciones que tendrán lugar en Chocó señalan que el 86 por ciento del departamento experimentará tanto incrementos y reducciones cercanas al 10 por ciento de lluvias hasta el 2040, “lo que significa situaciones más críticas asociadas tanto a sequías como inundaciones, pero también a fenómenos como vendavales y deslizamientos de tierra”, resalta el Ministerio de Ambiente en un informe de 2015.
Los cambios naturales de temperatura en el Pacífico ecuatorial son otro factor que agrava el panorama, y para este año la tendencia que reveló el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) es un calentamiento de las aguas del Pacífico superior a dos grados —lo que se conoce como el fenómeno de El Niño— para el segundo semestre del año.
Según varios expertos, podría tratarse de un fenómeno de sequía y bajas precipitaciones tan intensas como no se habían registrado en más de 100 años y que también podrán afectar a la región del Pacífico. Si bien fenómenos como La Niña y El Niño no son producto del cambio climático, los expertos advierten que este puede alterar la intensidad, frecuencia y duración de los fenómenos.
Para el oriente de Tadó —así como para el suroriente de Bagadó y el nororiente de San José del Palmar—, el Minambiente advierte afectaciones aún mayores por el cambio climático en comparación con el resto del departamento: un aumento de lluvias que podrían alcanzar el 20 por ciento de los récords habituales. Una situación crítica que podría impactar los niveles de los dos principales afluentes del municipio: los ríos Mungarrá y San Juan. A esto se suma la ausencia de sistemas de acueducto y saneamiento eficientes que convierte el exceso de agua en un riesgo. Además, las inundaciones destruyen cultivos, contaminan fuentes hídricas y agravan la pobreza en la región.
A pesar de recientes iniciativas como plantas potabilizadoras que benefician a miles de habitantes, estas soluciones siguen siendo insuficientes para una problemática estructural que afecta a la mayoría del territorio. Tadó refleja la realidad de muchos municipios donde el acceso al agua segura aún depende de proyectos aislados y no de políticas públicas sostenibles.
Aguas de Tadó, la empresa de servicios públicos del municipio, reconoce que, aunque el servicio cubre a una parte importante de la población, aún faltan varios hogares. “El casco urbano tiene una cobertura del 80 por ciento”, aseguró Emilcen Kury, gerente de la empresa, señalando que no tiene injerencia en el servicio en zona rural.
Las últimas estimaciones que realizó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirman esto: más del 75 por ciento de los hogares en Tadó cuentan con cobertura de acueducto a nivel urbano. En la zona rural, esa cifra llegaría al 90 por ciento. Sin embargo, aunque buena parte del municipio cuente con la infraestructura necesaria para llevar agua a los hogares, varios líderes no se fían de la potabilidad del líquido. Además, no es un servicio continuo. A pesar de las promesas, no ha llegado a las 18 horas diarias que les prometieron a las familias.
Aguas de Tadó capta agua por gravedad de la quebrada Santa Catalina y a través de bombeo del río Mungarrá durante unas ocho horas diarias —aunque si se va la luz o el río está muy crecido, no opera—. La empresa señala que realiza los procesos químicos para potabilizar el agua recogida. Sin embargo, la comunidad cuestiona que la infraestructura que va más allá de la planta de tratamiento, hacia los hogares del municipio, sea vieja y señala que esto está comprometiendo la calidad del líquido que llega a las familias.
Consonante le consultó a la Alcaldía de Tadó cuál es el actual porcentaje en el cubrimiento de hogares que a la fecha cuentan con agua potable en zona rural y urbana del municipio, pero no se obtuvo respuesta. En 2024, un estudio del Clúster de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) en Colombia —liderado por Unicef— precisó que el 75 por ciento de los hogares de 20 departamentos usan fuentes de agua sin tratar; uno de estos es Tadó.
Adonice Copete, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal en Tadó, resaltó que persiste el consumo de agua sin tratar en las familias del municipio. “El uso del agua de lluvia es la única opción que nos queda; el consumo se hace sin hervirla y en muchos casos se limita a labores domésticas. Cuando no llueve, la situación empeora: no hay agua suficiente ni siquiera para las necesidades básicas”, asegura.
Antonio Arcedilio Moreno, técnico en sanidad y pensionado del hospital San José de Tadó, explicó que los riesgos directos de consumir agua sin tratar van desde síntomas febriles o disentería; hasta tifoidea o hepatitis.“La falta de una planta potabilizadora de agua permanente en el Chocó, especialmente en Tadó, tiene a la población en riesgos de poder presentar enfermedades hídricas”, señala.
Una médica del hospital San José de Tadó, que pidió la reserva de su nombre, indicó que las enfermedades de origen hídrico que padecen las familias del municipio están asociadas a bacterias y parásitos que pueden causar cólera, fiebre tifoidea y amebiasis. “Algunas infecciones pueden volverse persistentes o dejar secuelas intestinales, así como afectar el hígado y los riñones”, advierte.
En los últimos años, la gestión de agua potable ha tenido algunos avances en el departamento, tanto por la inversión estatal, como privada. La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. (EnTerritorio) —antiguo Fonade— y Minvivienda, en marzo de 2021, entregaron un proyecto para que 550 hogares del municipio tuvieran acceso a agua potable y redes sanitarias. De otro lado, desde abril del año pasado, la Fundación Coca-Cola, la fundación costarricense Aliarse y la Fundación Solidaridad por Colombia pusieron en funcionamiento una planta potabilizadora con la capacidad de convertir hasta 32 mil litros de agua lluvia en agua potable. La obra quedó bajo la administración de la Institución Educativa Normal Superior Demetrio Salazar de Tadó.
Desde 2024, Consonante identificó en el sistema de contratación pública dos contratos diseñados por la Alcaldía para optimizar el servicio de agua del municipio, que sumados superan los mil millones de pesos, dirigidos, principalmente, para el corregimiento de Carmelo y las comunidades indígenas de Farallones y Cañaveral. Años atrás, aparecen en el sistema otros proyectos de optimización, como los del corregimiento de El Tapón, la Bocatoma Santa Catalina y El Tabor, pero nada indica que efectivamente se celebraron y terminaron.
Por competencia, le corresponde al municipio garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos básicos como lo es el acueducto, alcantarillado y aseo. A finales de 2022, Aguas de Chocó llevó a cabo una licitación para la elaboración de los planes de gestión de riesgo de desastres de los prestadores de estos servicios en 18 municipios del departamento, con el objetivo de garantizar la continuidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico ante posibles eventos de desastre.
La empresa Ingamcil Consultores S.A.S se quedó con el contrato y para Tadó se planteó unos honorarios cercanos a los 10 millones de pesos para entregar estos estudios. Consonante le consultó a la Alcaldía si la entidad utilizó estos estudios y tiene listo un plan de respuesta para atender el cambio climático y otras contingencias naturales para el futuro de Tadó, pero a la fecha de publicación de este reportaje no dio respuesta.
La Ley 1523 de 2012 es el principal marco legal que establece las rutas de alerta temprana y atención de desastres en Colombia; sin embargo, en Tadó y otros municipios del Chocó, los organismos de socorro como la Defensa Civil, la Cruz Roja y el cuerpo de bomberos se quejan de no contar con los elementos necesarios para realizar sus labores.
El sector agropecuario afronta una especial sensibilidad frente a los cambios del clima, siendo aún peor si estos ecosistemas están degradados por la deforestación o la minería. Con la amenaza climática, no solo se pone en riesgo el bienestar de las familias afro e indígenas del departamento en relación con la ingesta de alimentos, sino que, sin producción agrícola, las familias dejan de recibir ingresos de subsistencia.
Por tradición, Chocó ha sido descrito por varios autores como el departamento más lluvioso de Colombia; incluso compite por el primer lugar a nivel mundial. La precipitación en el departamento del Chocó oscila entre los ocho mil y los 12 mil mililitros al año. La geografía marcada por la Serranía del Baudó y la Cordillera Occidental, sumada a la vegetación exuberante y a los vientos húmedos del Océano Pacífico, contribuye a la presencia de grandes cantidades de vapor de agua y núcleos de condensación.
Según un trabajo de maestría de la Universidad Nacional, en el departamento las precipitaciones de lluvia en el centro y sur del departamento se han caracterizado por ser constantes durante todo el año, mientras que en el norte se presentaba una marcada temporada de sequía entre enero y marzo. Por su parte, en un estudio de 2024, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que en todo el departamento la temporada de lluvia tiende a ser homogénea, con precipitaciones mayores durante el segundo y cuarto trimestre del año.
Lo cierto es que las lluvias que se presentaron en el pasado mes de febrero en el departamento fueron más fuertes de lo normal. Siete municipios entraron en alerta con la cifra de cinco mil familias damnificadas, entre ellas, las de Tadó. Esto llevó a las autoridades a advertir riesgos extremos de deslizamientos en este municipio y otros 14 del departamento.
No es una situación nueva. En realidad, resulta cíclica. En octubre del año pasado, las fuertes precipitaciones afectaron a 15 municipios de Chocó, dejando un saldo de dos mil familias afectadas. Pero tal vez la más nefasta de estas crisis se vivió en noviembre y diciembre de 2024, cuando los ríos Atrato, San Juan, Baudó y sus afluentes se desbordaron: 27 de los 31 municipios presentaron afectaciones, con un saldo de damnificados cercano a las 215 mil personas.
“En la subregión del San Juan, entre el 9 y el 16 de noviembre, se reportó doble afectación debido a la declaratoria de paro armado por parte de un Grupo Armado No Estatal que restringió la movilidad para más de 21.000 personas”, advirtió la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) en un informe de 2024.
Normalmente, para Chocó, el fenómeno de El Niño ha sido más notable en el primer trimestre de cada año, mientras que los efectos de La Niña se acentúan en el primer y cuarto trimestre, con un aumento de la precipitación de las lluvias. A esa conclusión llegó la FAO con un estudio que realizó hace tres años, con datos climáticos del Ideam.
“La mayoría de desastres asociados con eventos hidrometeorológicos registrados para el departamento de Chocó entre los años 1975 y 2020 son inundaciones, vendavales, deslizamientos y avenidas torrenciales en menor medida”, señala en el informe.
Tadó, según ese estudio, sería el municipio de la subregión del San Juan que presentaría el menor riesgo por el cambio climático, sin embargo, a pesar de que la organización estima que las áreas de menor vulnerabilidad serían las fronterizas con la Cordillera Occidental —como lo es Tadó—, en todo caso el informe advierte un impacto climático para todo el departamento en el que podrán verse perjudicados los cultivos de pancoger, así como los monocultivos debido al estrés térmico en el que se verían sumidas las especies.
Este impacto puede perjudicar o impulsar ciertos cultivos o productos. Por ejemplo, la producción de arroz, caña, carne bovina y café se mantendría o aumentaría; mientras que el cacao se perdería en un 32 por ciento en varias de las zonas que hoy lo cultivan y se desplazaría la producción al norte del departamento.“Las zonas óptimas de cultivo para el maíz, la palma o la cebolla serán desplazadas, a la vez que se expanden hacia la zona central del departamento, zona en la cual los escenarios pronostican cambios más moderados”, señala la FAO.
La FAO reconoce en Tadó una capacidad adaptativa positiva, pero aún frágil —como el resto de Chocó—. En cuanto a la biodiversidad, observa favorablemente el número de áreas de agricultura familiar del departamento, pero recomienda aumentar el registro de áreas de conservación. Frente al agua, recomienda trabajar en una mayor protección del recurso y pensar en el desarrollo de distritos de riego. Ante los riesgos alimentarios, señala que las apuestas de asociatividad son de las mayores ventajas que tiene el Chocó, pero el resto de factores —como la asistencia técnica o la conservación de suelos— son débiles.
Los chocoanos tendrán que adaptarse. Crear nuevos patrones de cultivo, restaurar las cuencas hidrográficas y establecer zonas para la retención de inundaciones. La FAO recomienda adoptar construcciones para la prevención de desastres e incluso proyectar la reubicación de hogares y fincas. Además, las autoridades deben mapear los impactos y zonas de peligro para planificar gestiones ante las variaciones climáticas.
*Consonante le envió un derecho de petición al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para conocer qué proyectos y obras está ejecutando y elaborando el Estado para garantizar el saneamiento básico y agua potable de la zona urbana y rural del municipio de Tadó de cara a los retos del cambio climático, pero a la fecha no se obtuvo respuesta.
Dairo* hunde la pala en el agua y, con un movimiento rápido, levanta un bloque de arena que lanza al cajón de la volqueta. La escena ocurre en el corregimiento de Los Pondores, en un paso del río Cesar conocido como Los Conjuelos. Desde la orilla, protegido por la sombra de un árbol, el conductor observa a Dairo y a otros tres hombres repetir la misma maniobra una y otra vez: extraer arena del cauce y arrojarla al camión. Trabajan por encargo. El material servirá para una obra de pavimentación. Casi cuarenta minutos después, la volqueta rebosa con ocho metros cúbicos de arena.
No es la primera volqueta que han llenado esa mañana. Antes despacharon una y una tercera ya espera su turno en la orilla. El sudor les empapa la ropa y la respiración entrecortada delata el esfuerzo, pero ninguno se detiene, ni siquiera bajo el sol que les quema la piel. Se nota que no es la primera vez que lo hacen; la agilidad con la que lanzan cada palazo demuestra que llevan muchos años practicando esta actividad y que son expertos.
“Este trabajo genera un desgaste físico y si no comemos bien antes de hacerlo nos podemos desmayar”, señala Dairo.
Este proceso lo repite casi todos los días, como una coreografía aprendida que va cambiando de escenario, pero con el mismo telón de fondo: el río Cesar. De su cauce, que arrastra piedras y arena, Dairo extrae el sustento de su hogar. También lo hacen cientos de pequeños mineros informales del municipio que dependen de estas aguas para sobrevivir.
Dedicarse a la extracción de material de arrastre no ha sido fácil. Paleros —quienes con palas extraen el material— y volqueteros —quienes lo transportan en volquetas— no cuentan con título o licencia ambiental para explotar el material y, en varias ocasiones, han estado en la mira de las autoridades locales, quienes sostienen que este ejercicio impacta en los afluentes del municipio, especialmente en la cuenca del río Cesar.
Sin embargo, no necesitan estos permisos. La normativa vigente sobre la “minería de subsistencia” protege esta labor tradicional y solo basta con que se inscriba ante la Alcaldía municipal donde se realiza la actividad. Pero la aplicación de la norma ha tomado más tiempo de lo esperado en varias zonas del departamento y San Juan no es la excepción.
El pasado mes de febrero, Elkin Munive, volquetero, más conocido en el municipio como ‘Papito’, fue capturado junto con tres paleros que extraían barro de un predio en el corregimiento de Zambrano.“Me llevaron a la Fiscalía, me hicieron el proceso de captura por medio de una ley que hay de minería ilegal. Yo no estaba sacando oro, ni carbón, únicamente estaba cargando barro”, dice y asegura que no se encontraban en las riberas del río. “El predio lo estaban nivelando porque esos son unos lotes que está vendiendo el dueño para casa de campo, y él me dijo que podía cargar el barro”, agrega.
Según Sebastián Gonzales Chávez, jefe del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía de La Guajira, fueron capturados por no cumplir con la documentación requerida para ejercer actividades mineras, que se resume en que existan zonas formalizadas para la extracción. Como resultado de este operativo, se logró la incautación de una volqueta, tres palas y una pica.
La captura de Munive desató temor y malestar entre sus colegas volqueteros, que el 10 de febrero se plantaron frente a la Alcaldía Municipal para protestar. Durante la manifestación insistieron en que su detención no afectaba solo a un trabajador, sino a todo el gremio. Aunque la movilización derivó en su liberación, el proceso judicial en su contra sigue abierto.
“Me quitaron la volqueta; está presa. No he podido rescatarla. Tengo todo en manos de abogados, pero no he podido seguir trabajando”, relata. “Estoy ahora viviendo del trabajo de mi mujer”. La situación lo ha llevado a pensar en salir del gremio. “La idea mía es que me entreguen el carro, para venderlo y buscar otra cosa que hacer”, dice, aunque no sabe muy bien qué podría ponerse a hacer a su edad.
Esta no ha sido la primera vez que Munive u otros pequeños mineros han sido capturados por ejercer su labor de transportador de material de arrastre. Asegura que él y sus compañeros han estado dispuestos a formalizar su ejercicio, sin embargo y pese a que desde hace más de dos años están registrados como mineros de subsistencia ante la Alcaldía, este proceso no ha avanzado.
“No estamos robando; simplemente estamos prestando un servicio, pero no nos dan los permisos que deben dar Corpoguajira y la Alcaldía. Tampoco se ha abierto una cantera donde nos indiquen que podemos cargar legalmente el material. Yo tengo más de 20 años de estar en esto y nunca me han dado permiso, siempre es el mismo problema”, explica.
Esta situación deja en evidencia un problema estructural. Un oficio del cual dependen decenas de familias, pero que sigue moviéndose en los márgenes de la legalidad, en medio de tensiones entre la subsistencia económica y la protección ambiental.
El oficio de los paleros y volqueteros en San Juan no se enseña en las escuelas y mucho menos se encuentra en un manual: es una herencia, de padres a hijos. Una tradición que durante años se ha arraigado en los hogares de este municipio.
La minería de subsistencia se practica en San Juan, al menos, desde 1985. Se realiza a pequeña escala, sin título minero y sin maquinaria pesada. El procedimiento ha sido el mismo durante años: una volqueta se estaciona cerca del río y varios mineros artesanales, armados con picos, palas, baldes o azadones, forman pequeños charcos para extraer arena, gravilla y piedras que luego arrojan al camión. Según las autoridades ambientales, se han documentado excavaciones de hasta ocho metros de ancho y tres de profundidad. Cuando necesitan separar la arena de la gravilla, recurren a cernidores improvisados para clasificar el material.
“Ese es nuestro diario vivir, que viene de nuestros ancestros, pasa a nosotros, luego a nuestros hijos”, expresa Carlos Daza, otro volquetero. A sus 58 años de edad, Daza explica que creció en una familia en donde siempre había volquetas. Observaba cómo diariamente sus tíos iban a cargar material al río para luego venderlo en el municipio, así se sostenía toda su familia. Cuando creció y ante las pocas oportunidades que tenía, decidió continuar con el negocio familiar. “No pude estudiar, me dediqué a trabajar y lo que tenía era una volqueta y de eso es que vivo”.
Llevando a cuestas ahora un proceso judicial, Munive explica que su situación fue la misma. “Mi papá trabajaba en estas cuestiones de alfarería, de arena, ladrillo. Yo terminé de estudiar y no había cómo mandarme a estudiar otras cosas. Entonces me puse a ayudarlo. Empecé siendo cargador de arena, de ladrillo. Después adquirí mi carro y de ahí me fui como volquetero. Ya hace más de 20 años”, relata Munive.
Esta misma historia se repite entre los paleros. La familia de Dairo ha trabajado extrayendo arena durante décadas. Desde muy niño observaba cómo se hacía y en su mente iba grabando cada movimiento. A los 12 años tomó la pala y empezó a sacar arena. Solo alcanzó a terminar el bachillerato, y aunque ha aprendido de manera empírica algo de albañilería y electricidad, su mayor destreza la muestra llenando las volquetas con el material del río. Así lleva el sustento para su esposa y sus dos hijas, una de dos meses y la otra de casi dos años.
Pero el sustento de paleros y volqueteros depende de varios factores. El principal es la cantidad de viajes que consigan cada día. En una jornada buena pueden hacer entre cuatro y cinco recorridos; en otras, apenas uno o dos. A veces, ninguno.
“Esto aquí no es una mina que trabaja todos los días. Todo depende de que alguien nos pida un viaje de arena, dos viajes, o que toque llevar ladrillos, barro o piedra”, explica Daza.
El valor de cada servicio varía según la capacidad de carga de la volqueta. Un vehículo con cajón de cinco metros cobra entre 180.000 y 220.000 pesos por viaje, mientras que uno de entre nueve y diez metros puede cobrar entre 300.000 y 350.000 pesos. Pero ese dinero está lejos de convertirse en ganancia neta: después de descontar los gastos del vehículo, lo restante se reparte entre los paleros y el conductor, aunque la distribución dista de ser equitativa.
Según explicó un volquetero, se destinan 50.000 pesos para gasolina, 60.000 pesos para todos los volqueteros que trabajan en la recolección de esa carga y el resto del dinero queda en manos de los transportadores, quienes tienen que asumir los costos de mantenimiento o daños en el vehículo. Lo cierto es que los paleros son los más frágiles en la cadena.
En promedio, por cada volqueta que llenan están recibiendo unos 20.000 pesos. “Si vamos cuatro paleros, nos toca de a menos dinero. Con este oficio no se gana lo suficiente para cubrir mis necesidades y las de mi familia. En mi caso los pañales de mi bebé y las necesidades que ella tenga, y eso súmele la otra niña”, expresó.
Casas, vías, parques, restaurantes, plazas y el resto de infraestructura del municipio de San Juan del Cesar, se levantaron con arena y gravilla que en su mayoría fueron extraídas de la cuenca del río Cesar. Materiales que parecen invisibles una vez la obra está terminada, pero que hacen posible que el municipio crezca y se transforme. Como lo explica Elkin Munive: “todo el mundo necesita material. Y siempre necesitan arena, siempre necesitan ladrillo, gravilla”.
Ese recorrido, sin embargo, no se realiza solo. Lo que empieza en el río, en manos de los paleros, continúa sobre llantas. Son los volqueteros quienes llevan el material hasta los barrios, las obras y las ferreterías, conectando la extracción con la construcción.
Por eso, el ejercicio de los volqueteros y paleros no sólo sostiene su propio sustento, sino que activa toda la economía. Albañiles, maestros de obra, ferreterías y hasta contratistas públicos dependen, directa o indirectamente, de que esos viajes se realicen. Cada carga que sale del río representa una labor que se mueve en distintos puntos del municipio.
Según conoció Consonante, varias de esas volquetas cargadas de arena han sido empleadas en obras públicas de San Juan. Los contratistas que se quedan con las licitaciones públicas recurren a la compra de este material a cualquiera que lo oferte. No habría problema si los mineros estuvieran inscritos en los listados del Estado para reconocer su labor de subsistencia, pero lo cierto es que solo una parte ha avanzado con su proceso de formalización y la delimitación de zonas de extracción no se ha aterrizado, por lo que la compra del material no está garantizada bajo los parámetros sociales y ambientales que dicta la norma.
A la fecha, no hay ningún título otorgado para la explotación mecanizada de arena y materiales de construcción en el municipio. Aunque este sector está liderado por los pequeños mineros informales, en San Juan del Cesar terceros operan canteras ilegales que emplean maquinaria para comercializar arena, arcilla, barro y triturado. Una de estas está ubicada en Corral de Piedras y la otra en la salida vía al peaje nacional.
Desde 2017, en San Juan se han solicitado 12 títulos mineros para extraer arena y otros minerales. Ocho han sido archivadas. De las cuatro que han sido adjudicadas, solo dos están activas: una apenas en etapa de evaluación y otra en exploración.
La solicitud que está activa de exploración la presentó la empresa Constructora del Cambio S.A.S. El polígono del título que buscan explotar está sobre el río Cesar, desde que acaba el casco urbano de San Juan hacia el corregimiento de Zambrano. La solicitud que apenas está evaluando la Agencia Nacional Minera (ANM) la presentó Raúl Iván Bermúdez Calderón. La zona se encuentra hacia el occidente del casco urbano, sobre el río Santo Tomás junto a la comunidad de Lagunita.
El ansia por extraer arena es irrefutable, incluso para el Estado. Esta necesidad quedó retratada cuando la Alcaldía de San Juan estaba reparando la vía que del casco urbano conduce al centro poblado de Guamachal. Para llevar a cabo el proyecto, la autoridad municipal le solicitó a la ANM autorización temporal de explotación de cerca de 2.000 metros cúbicos de arena, gravilla y otros materiales de construcción. La cantera se instaló en el municipio y quedó en manos de la sociedad Marfig Ingeniería S.A.S. para explotar el material desde noviembre de 2019 hasta mayo de 2020.
Esa necesidad, que diariamente permite que paleros y volqueteros salgan en busca de material de arrastre en el municipio, durante años ha golpeado a la fuente hídrica más importante de la zona: el río Cesar. Según información que le ha aportado la autoridad ambiental al Departamento de Policía de La Guajira, los puntos más afectados sobre este afluente son los pasos de Tobías, Los Conjuelos, La Loquera, Guamachal, el sector de Huapongo y los corregimientos de Zambrano y Los Pondores.
“La minería ha causado el deterioro de la capa vegetal que por lo general se busca conservar en la ribera de los ríos”, reconoce José Banquet, quien se encarga de los asuntos de minería de subsistencia de la Secretaría de Planeación municipal. “Eso a su vez afecta la regeneración: esos árboles que están allí en la ribera del río ayudan a conservar, disminuyen la temperatura y se evapora menos el agua que va en el cauce”, agrega.
En esto concuerda Juan Carlos Ortega, docente de Infotep, en una investigación que realizó en 2017 sobre los impactos ambientales ocasionados por la explotación artesanal de materiales de construcción sobre el río Cesar en este municipio. El investigador explica que décadas atrás el crecimiento del sector de la construcción en San Juan fue impulsado por las frustradas intenciones de abrir una mina de carbón en la región. Detrás de ese negocio aumentó la llegada de población y, con esta, una mayor demanda de materiales de construcción.
Corpoguajira ha señalado que estas prácticas generan impactos negativos tales como alteración del cauce, incremento de la turbidez del agua, procesos erosivos, inestabilidad de las riberas, pérdida de cobertura vegetal ribereña y afectaciones a la biodiversidad, así como riesgos de contaminación por disposición inadecuada de residuos. Todo esto puede traer “consecuencias negativas sobre las comunidades aledañas, ya que se supone un riesgo potencial de inundaciones o avalanchas, en casos extremos”, señala el investigador.
Sin embargo, la afectación al cauce del río no se puede cargar solo a esta labor. Ortega llama la atención sobre la captación ilegal por parte de finqueros para la cría de ganado o el riego de extensos cultivos de maíz y arroz, que en diferentes momentos ha disminuido el caudal del río a su paso por el municipio de San Juan del Cesar.
A pesar de estos impactos, varios investigadores han podido concluir que la mayoría de los ríos —durante y después de la extracción del material de construcción— se vuelven a regular por sí solos, siempre que el grado de extracción no supere la cantidad de reabastecimiento, particularmente en la época de lluvia. “Al momento que el río aumente su caudal, dichas excavaciones son llenadas naturalmente, producto de la sedimentación natural”, explica Ortega.
En San Juan del Cesar, estas actividades mineras se posan principalmente sobre la cuenca del río Cesar —que incluye al río San Francisco— y la del río Ranchería. El primero, nace de la Sierra Nevada de Santa Marta y además de San Juan del Cesar, recorre otros cuatro municipios.
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 2019, Colombia es uno de los países en los que se advierten desafíos de sostenibilidad para este sector. Advirtiendo problemas en este sistema de producción a nivel mundial, esta organización pide que se tomen acciones para lograr políticas de planificación, regulación y gestión eficaces.
“Por ser una minería a pequeña escala, hoy en día es objeto de estigmatización, por considerarla una actividad ilegal, depredadora y en algunas ocasiones criminal, lo que ha generado vulneraciones a los derechos humanos de quienes la llevan a cabo, así como diferentes tipos de conflictos con las autoridades civiles y ambientales”, señala Ortega en el texto.
Aunque se trata de una actividad artesanal, la ley establece unas condiciones mínimas para regularizar la minería de subsistencia. El artículo 327 de la Ley 1955 de 2019 señala que quienes la realizan deben inscribirse de manera personal y gratuita ante la alcaldía del municipio donde ejercen dicha actividad. Además, si la extracción se lleva a cabo en terrenos privados, es necesario contar con la autorización del propietario, trámite en el que la administración municipal puede intervenir como mediadora.
La norma también establece límites a la minería de subsistencia: se trata de una actividad de baja escala, desarrollada sin maquinaria pesada y orientada principalmente al sustento diario de quienes la ejercen. Es decir, no está concebida como una explotación industrial, sino como una práctica básica que permite generar ingresos inmediatos.
Sin embargo, aunque la norma plantea un proceso sencillo en el papel, en la práctica su cumplimiento no siempre resulta claro ni accesible para quienes dependen de este oficio. La falta de información, los trámites administrativos y las tensiones con las autoridades terminan ubicando a muchos trabajadores en un punto intermedio: reconocidos por la ley, pero al mismo tiempo señalados como informales o ilegales.
En San Juan, los mineros de subsistencia iniciaron hace dos años su proceso de formalización con acompañamiento de la Alcaldía, como lo contempla la ley, con el objetivo de que se les asigne una zona donde puedan extraer material de manera legal.
Hasta ahora, según le contó la administración municipal a Consonante, cerca de 20 mineros se han inscrito en Génesis —antes SI.Minero—, la plataforma de la Agencia Nacional de Minería. La cifra evidencia la magnitud del desafío: en la investigación realizada por Ortega se señala que, para 2017, la Asociación Minera Tradicional y Artesanal del Material de Arrastre del Municipio de San Juan del Cesar (Asomitasan) reunía a 139 afiliados.
“Hemos ido directamente con Inspección de Policía y Secretaría de Planeación a donde están ellos haciendo la extracción, a hacerles socialización de la importancia de que se vinculen en ese aplicativo porque eso es la base inicial para que nos puedan autorizar esos puntos específicos de extracción. Lo han venido haciendo, pero ha sido lento el entendimiento”, expresó Elizabeth Mendoza, secretaria de Gobierno de la Alcaldía.
Aunque los municipios son los responsables actualmente de tramitar el proceso de formalización, para establecer esa zona en la que paleros y volqueteros puedan extraer el material es necesario que la Alcaldía solicite a la autoridad ambiental —en este caso Corpoguajira— un estudio del área, que permita verificar si es viable la extracción. En San Juan asegura Banquet, que desde la administración municipal ya se han identificado algunas zonas en los corregimientos de Lagunita, Zambrano, Guamachal y Los Pondores para la extracción
“Uno es en el río San Francisco, ubicado en el centro poblado de Lagunita y Tocapalma. Allí nosotros hemos hecho varias inspecciones técnicas y se ha identificado que el nivel de arena es alto porque, entre otras cosas, las características de ese afluente es que el caudal no es permanente, solo hay caudal de agua en invierno”, explicó Banquet, y por eso desde la administración municipal sostiene que ven viable extraer de esos cuerpo de agua arena para evitar desbordamientos e inundaciones.
Sin embargo, Corpoguajira hizo un estudio sobre estas zonas presentadas por la administración municipal y determinó que no se podían realizar actividades de extracción. “No están definidas como áreas protegidas, pero sí están señaladas como área de interés ambiental por estar allí en el cauce de un río. En su respuesta también señalaba —Corpoguajira— que no había ningún tipo de autorización por parte de la Agencia Nacional de Minería como área para extracción de material”, explica Banquet.
Ante este panorama, desde la administración aseguran que han buscado alternativas para destrabar el proceso y avanzar en la autorización de estas actividades. “Ya hemos tenido el acercamiento con la Agencia Nacional de Minería para que nos ayuden a agilizar ese trámite. Nos dijeron que necesitaban que el equipo técnico especializado, que está en Bogotá, nos ayude a hacer el trámite. Ya solicitamos el acompañamiento, para que nos acompañen junto con Corpoguajira, que también debe dar su aval en lo ambiental”, explicó Banquet.
Otro obstáculo para avanzar en la formalización de los mineros de subsistencia ha sido la falta de continuidad administrativa. Según Banquet, cada cambio de gobierno ha interrumpido los procesos y fragmentado la información necesaria para darles seguimiento.
“Esos procesos se han cortado y la información no se ha conservado. Desde que llegamos nos ha tocado reconstruirla, porque no había trazabilidad. Los gobiernos pasan, los profesionales salen y muchas veces no existe la rigurosidad necesaria para hacer el empalme y transmitir lo avanzado”, agregó.
Con esto se evidencia una falla recurrente en la gestión pública local: los esfuerzos institucionales suelen reiniciarse con cada administración, retrasando soluciones que llevan años pendientes.
Como lo había advertido 10 años atrás el docente de Infotep, con el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio ya se encontraban identificados los sitios donde se ha venido extrayendo este tipo de materiales y cuáles podrían ser formalizados; desde entonces se estaba a la espera de un concepto final que debía ser emitido por Corpoguajira.
Según le precisó a Consonante Ana Cecilia Castillo Parodi, directora de la sede territorial de Corpoguajira en Fonseca, en febrero del año pasado, esta entidad concluyó el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca) a través del cual se delimitan zonas de conservación, zonas de restauración y zonas de uso múltiple en donde se puede realizar actividades agropecuarias y mineras. Con esa información, la Alcaldía debe tomar decisiones sobre las zonas de extracción, pero esto no se ha aterrizado.
“Es nuestra responsabilidad cuidar si la extracción es en el río o en cualquier área de suelo, porque tenemos que cuidar la vocación que tenga ese suelo y sobre todo cruzarla con algo que nosotros llamamos las determinantes ambientales qué hay de varias jerarquías y dentro del área de San Juan, por ejemplo, si se trata de un área crítica para la explotación de material de arrastre y para los mineros de subsistencia”, manifestó Castillo.
Según aseguró esta funcionaria, el 8 de mayo de este año, Corpoguajira entregará el Pomca a la Alcaldía de San Juan del Cesar. Con ese instrumento se espera que se precisen los polígonos y coordenadas donde se podrá realizar la minería de subsistencia, pero aún así, la formalización podrá tardar meses, incluso años. Mientras las autoridades realizan los trámites para lograr la formalización de los mineros de subsistencia, ellos siguen trabajando por el sustento de sus hogares, con la esperanza de algún día poder trabajar sin problemas.
*Nombre cambiado por temor de la fuente a acciones judiciales.
El barrio La Esperanza parece que no existiera en el mapa de San Juan del Cesar. Eso piensan varios habitantes de esas calles ubicadas al norte del casco urbano. “Aquí no hay una calle que sirva, los mototaxis no quieren entrar por el mal estado de las vías”, reprochó una transeúnte.
“Lo que yo quisiera para mi barrio es que tenga un presidente de Junta de Acción Comunal (JAC) que gestione para que tengamos alumbrado, para que los dueños de lotes hagan limpieza a sus predios, para que tengamos alcantarillado, para que no se desperdicie el agua”, agregó otra vecina, mirando al saliente presidente de la JAC, mientras hacía fila para las elecciones comunales el pasado domingo 26 de abril.
Las familias se agolpaban en el puesto de votación, organizado en una casa de la zona. El expresidente de la JAC, Víctor Ariño, explicó por qué años atrás no se había logrado gestionar recursos para el barrio.“Puede ser que las entidades públicas del municipio como la Alcaldía y Gobernación presten atención a los nuevos candidatos porque hoy en día no nos miran”, dijo.
El barrio La Esperanza tiene un promedio de 1.368 habitantes, distribuidos en 342 casas —un promedio de cuatro por hogar—. Sin embargo, solo se inscribieron 178 personas en el libro de afiliados y de estos, al mediodía, solo 70 habían participado de la jornada.
“¿Qué hace falta?”, se preguntan algunos de los presentes. Serán las celebraciones del Día del Niño o de la Madre que no se han realizado en años, y por lo cual se ha perdido la congregación entre vecinos, o será la falta de comunicación por parte de las autoridades locales sobre los proyectos barriales para que la gente se interese por la comunidad.
Los sufragantes de las votaciones comunales saben que están en juego las gestiones que el barrio necesita y que a través de la JAC pueden llegar los recursos para arreglar las vías o mejorar el alumbrado, desarrollar proyectos ambientales contra los malos olores o insistir en un servicio de agua constante.
“Lo más importante de esta jornada es buscar la prosperidad de nuestro sector, tenemos que estar unidos para lograr las metas propuestas y resolver los actuales problemas en nuestra comunidad”, dijo Delmer Pérez, el saliente presidente de la JAC del barrio Caraquita de Fonseca.
En varios puntos, la jornada electoral se llevó con normalidad. En otros, con gritos y empujones al punto que se destruyeron urnas. Consonante, cubrió los pasados comicios en los municipios de San Juan y Fonseca.
En Fonseca se eligieron 33 presidentes de JAC en la zona urbana, 22 en la zona rural y tres elecciones que están pendientes hacer realizadas por anomalías en su desarrollo. En San Juan se eligieron 32 presidentes entre los barrios del casco urbano y 21 en zona rural. Se espera que el próximo 1 de julio se posesionen los nuevos líderes.
En el barrio Loma Fresca, en San Juan, estas elecciones cargan cierta resistencia entre las familias. Desde hace 12 años no contaban con un presidente de JAC. Se sienten traicionadas. Un antiguo líder comunal, dicen, realizó ciertas gestiones irregulares; la compra de un trampolín para niños y la pérdida de un transformador de luz. Desde entonces, la comunidad no había vuelto a participar más en votaciones hasta el pasado domingo. Otras comunidades rechazaron a los candidatos, como el barrio San Juan Bautista en donde ganó el voto en blanco.
El barrio Enrique Echeverry, desde hace varios años tampoco contaba con representación comunal. “En esta oportunidad nosotros hicimos varias reuniones entre amigos, entre líderes de la comunidad. De esa manera logramos motivar a la gente para que se organizara nuevamente, y gracias a la comunidad que se pellizcó, y dijo sí tenemos que meterle el pecho a esto y eso fue lo que se hizo”, explicó Jairo Oñate, habitante del barrio.
En el barrio San Francisco se registraron 470 votantes. Uno de los delegados del Tribunal de Garantías mencionó que, esta vez, se vio a muchos muchachos animados a participar. Desiré Palmina Zabaleta, secretaria de la nueva junta de acción comunal del barrio explicó que trabajarán por las necesidades de agua y luz.
“El problema es que una parte del barrio funciona con energía social y estamos presentando una sobrecarga. Los barrios que son invasiones se pegan al transformador y esto causa sobrecarga, por eso necesitamos que un trabajador de Electricaribe nivele la carga a los circuitos”, señaló. También precisó que hay escasez de agua potable atribuida a permisos otorgados a lavaderos de autos cercanos.
En el barrio 20 de Julio, con el pasar de las horas la temperatura subía, no solo por el sol inclemente, sino que los ánimos se caldearon y la Policía tuvo que hacer presencia para manejar la situación: algunos habitantes se mostraron inconformes porque presenciaron qué personas de otros barrios se habían inscrito en el libro de afiliados de esa junta de acción comunal. Lo cierto fue que se trató de una de las mayores votaciones del municipio: 558 personas.
Sin embargo, la situación no generó la anulación de los sufragios. Según explicó Yaleth Coronel Garcia, presidenta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio, en el Artículo 32 de la Ley 2166 del 2021, se indica que la calidad de “votante” la otorga la inscripción en el libro de afiliados a la JAC con 15 días de antelación. “La depuración por residencia debe hacerse previo a la elección”, precisó la líder comunal. Por eso, líderes como Félix Iván Vega, habitante del corregimiento de Corralejas, piensan que deben hacerse reformas a la norma encaminadas a que en el libro de la JAC solo se incluyan a los residentes con cédula y censo comunal local.
Algunos candidatos también señalaron inequidad para este ejercicio. La candidata Nelsy Davillero, también del barrio 20 de Julio, expresó su inconformidad porque el candidato de la plancha número 2 poseía un Excel del libro de las elecciones, y esto “le permitía tener un registro organizado de los votantes”, en cambio a su equipo se le entregaron hojas desordenadas donde las personas se inscribieron sin un orden alfabético o por número de cédula.
En Fonseca ocurrió lo mismo que en San Juan: jornadas normales, muestra de la unidad comunal, y tensiones por algunas votaciones. En el corregimiento de El Hatico todo transcurrió en absoluta normalidad. “Al comienzo cuando iniciaron las inscripciones hubo algunos inconvenientes que con diálogo y concertación fueron superados. El pasado domingo todo transcurrió con normalidad, hubo mucha intención para elegir a la nueva representante legal de la JAC ya que por consenso solo se inscribió una plancha en cabeza de la señora Reyes Milián”, dijo el concejal Feliz Martínez, oriundo de ese corregimiento.
Mientras que en el barrio Nueva Esperanza se registraron denuncias que podrían afectar la legitimidad del proceso, de acuerdo con testimonios de testigos se habría dado un presunto hecho de trashumancia electoral, ya que habrían llegado personas que no residen en el barrio a ejercer el derecho al voto.
“Me preocupa que el tribunal de garantías no esté actuando con la debida imparcialidad, están permitiendo la participación de personas provenientes de barrios como Villa Hermosa, 15 de diciembre e incluso de otros municipios” manifestó Jessica Gamboa, lideresa social de este barrio.
En el barrio San Agustín, uno de los más populares del municipio y que contó con una masiva asistencia a las urnas, se inscribieron dos planchas encabezadas por Eidy Elena Solano y Ubaldo Bolaño. “Al comienzo del proceso iba a haber inconvenientes por malas prácticas de los contrarios: estaban intentando cambiar la intención de voto de las personas de la tercera edad, pero gracias a Dios esto se superó a tiempo y el proceso rescato su normalidad”, contó Solano, aspirante a la JAC.
Varios líderes del municipio notaron un ambiente distinto en estas elecciones. En comparación a años anteriores, observaron que varios candidatos tenían un mayor interés por hacerse elegir, hasta el punto de crear enfrentamientos personales entre los aspirantes, acciones ilícitas o fraudes para lograr su elección.
En varias veredas y corregimientos, los puestos fueron ubicados en algunos colegios o en canchas cubiertas, y algunos de los candidatos optaron por colocar testigos en los puestos de votaciones. Para el caso de San Juan, el proceso electoral estaba proyectado para realizarse en 28 comunidades; 11 mediante asamblea y el resto por elección directa.
Cañaverales era uno de los que contaba con plancha inscrita, pero allá la intolerancia fue protagonista. Parte de la comunidad no estaba de acuerdo en cómo se estaba llevando el proceso de elecciones, y uno de los candidatos alegaba que el Tribunal de Garantía tenía afinidad con su oponente, lo que generó desconfianza, y en respuesta a esa inconformidad, destruyeron la urna dejando los votos en el suelo. Por tal motivo, las elecciones se suspendieron, y la JAC tuvo que notificar a la Inspección de Vigilancia y Control.
En otras zonas de San Juan también hubo novedades, una de ellas, la comunidad de Boca del Monte que no pudo desarrollar las elecciones y esperan una nueva fecha para que puedan realizar el proceso. Mientras que en Los Cardones y Caracolí la comunidad no se motivó a participar.
Por otra parte, en la vereda La Sierra, también en San Juan, no se logró el quórum necesario para adelantar las votaciones. Pese al esfuerzo del presidente de la Junta de Acción Comunal por informar y convocar a los afiliados, muchos habitantes no pudieron llegar a tiempo al lugar de votación. Se presume que la baja asistencia estuvo relacionada con el distanciamiento entre las viviendas, lo que dificultó la movilidad y la participación efectiva.
En Fonseca, las veredas de El confuso y El Pui se llevaron la atención por fricciones, documentos desaparecidos y una fractura social. En el corregimiento de Confuso, el proceso ni siquiera pudo cruzar la meta. Antes de que se abrieran las urnas, el ambiente ya estaba caldeado. Según las denuncias que hizo la comunidad por medio de un documento que llegó hasta la Gobernación de La Guajira, el libro de afiliados —el corazón de cualquier elección— fue manipulado para incluir a personas ajenas a la comunidad.
La situación pasó de las palabras a la fuerza. Entre discusiones y empujones, el libro terminó con hojas arrancadas y tachones, según lo que describe el documento de respuesta la Gobernación, lo que lleva a la acción de suspender la jornada. Sin un Tribunal de Garantías imparcial y con el material electoral vandalizado, el Confuso se quedó sin representación y a la espera de que el orden jurídico sane las heridas comunitarias para convocar la nueva elección.
Una situación similar pasó en El Pui. “A las ocho de la mañana, todos los parceleros de la vereda llegamos al punto de votación que se había designado con anterioridad. La sorpresa fue que no se presentó nadie de los responsables de instalar el punto, los veedores no llegaron”, expresó con molestia José Antonio Rincones Rodríguez líder veredal. Al rato se enteraron que el punto de votación había sido cambiado.
“El actual presidente, José Jaime Figueroa, y quien aspira a ser reelegido, apareció sobre las 10 de la mañana en el punto en donde iban hacer las elecciones: un predio privado con un portón cerrado con cadena y candado. Cuando abrieron nos dijeron que ahí no había ninguna elección y todos los moradores se fueron a sus casas y no hubo elecciones. Acá hay dos planchas inscritas: el señor José Jaime Figueroa y Eliana Pitre”, agregó Rodríguez.
La Secretaría de Gobierno de Fonseca manifestó que las elecciones de las veredas El Confuso y El Pui serán reprogramadas una vez sean estudiadas cada una de las situaciones que rodean su suspensión por presuntas irregularidades.
Finalmente, la peor cara la mostró Conejo. El día de las elecciones el pueblo amaneció dividido en dos partes. Por un lado, en el polideportivo de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Conejo estaba el primer libro y los electores del candidato que buscaba la reelección, Javier Brito; del otro lado, en el salón comunal, el nuevo libro con los respectivos votantes que quieren cambiar de presidente, apoyando a Leonardo Urbina.
La tensión se cocinó por la acusación de los seguidores de Urbina contra Brito de no entregar el libro oficial a tiempo. La respuesta de la oposición fue radical: denunciaron la pérdida del libro oficial y abrieron un segundo libro para permitir que la gente votara.
¿Por qué tanto empeño en una junta corregimental? Ya no se trata solo de quién gestiona mejor una placa huella. Se trata de medir quién tiene más gente de cara a las próximas elecciones de mayor y quién controla el acceso a los proyectos directos con el Ministerio del Interior. Como bien dijo un líder local: “Es un pulso politiquero; una pelea para ver quién muestra más fuerza”.
Según los testimonios recogidos por Consonante en la zona que interpretan lo sucedido, explican que la JAC de Conejo se ha convertido en el “termómetro” de los movimientos políticos regionales. Grupos como “Avanzar” y “Sí podemos” han trasladado su rivalidad a las calles del pueblo de Conejo, la tierra de mil colores.
La normativa es clara: si no hay quórum legal o si el material electoral no es el oficial, la elección será anulada. Mientras los abogados y la Gobernación deciden qué hacer con las actas, la celebración de la comunidad es de parte y parte; ambos lados se anuncian ganadores en sus redes sociales. Mientras tanto, los habitantes siguen esperando lo que realmente importa: que alguien, legítimamente elegido, se siente a resolver las principales necesidades que aquejan a la gente de Conejo que no da espera.
Así como el río Cesar serpentea y enlaza territorios, el vallenato fluye como un caudal de historias que une culturas, memorias y generaciones. En San Juan del Cesar, esa corriente nace en las voces de sus compositores y compositoras, en la cadencia de sus versos, en la memoria viva de un pueblo que se reconoce en la música.
Así lo demostrarán tres voces sanjuaneras que participarán en la edición número 59 del Festival Vallenato, el cual rinde homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y su agrupación, El Binomio de Oro. Para demostrar esa herencia que confirma a San Juan como tierra de poetas, desde el 29 de abril al 2 de mayo en Valledupar, Cesar, en el concurso de canción inédita harán presencia Augusto Enrique Ariza Molina con Las tres memorias; Pedro Nicanor Torres Aragón con Verso sagrado; y Abel Enrique Suárez Fuente con La coqueta.
Pero no todo es celebración. Mientras crece la expectativa entre los nuevos juglares, también se instala una inquietud entre quienes evalúan su trabajo. Voces autorizadas como Rita Fernández Padilla, Celso Guerra Gutiérrez y José Atuesta Mindiola advierten un descenso en la calidad de las composiciones: de 235 canciones inscritas, solo 65 lograron superar el filtro. Un contraste que abre la pregunta por el presente —y el futuro— del vallenato que se escribe hoy.
Fernández lo expresó con claridad: “El vallenato en su esencia es música provinciana con sentimiento profundo; si al escuchar una melodía no recibes ese mensaje, no es vallenato”. La compositora se surtió de las melodías románticas con la idea de impactar en un género considerado machista. Así consiguió que su imaginación lírica fuera interpretada por Rafael Orozco en la canción Sombra perdida y por Jorge Oñate, con Tierra blanda.
Para ella, muchas de las canciones presentadas en esta edición del festival no conectaban con ese sentir que identifica el género y aprovechó para recordar que el festival tiene una misión: preservar esa expresión musical.
Fernández recuerda que el vallenato es música provincial con un sentimiento profundo, pero considera que los nuevos compositores se han dejado absorber por identidades foráneas y la tecnología, lo que ha ocasionado una desconexión con su entorno. Con esa tendencia cree que será difícil volver a encontrar obras de la talla de Rafael Escalona, con un vallenato más tradicional, o como las de Gustavo Gutiérrez con un vallenato romántico.
Le preocupan especialmente los jóvenes. Le preocupa que muchos han dejado de apreciar los paisajes del Caribe, y esa falta de contemplación los aparta de tener experiencias profundas, algo fundamental para crear canciones vallenatas que trascienden a través del tiempo.
“Las obras clásicas son las que están sosteniendo el Vallenato, esas obras se inmortalizaron por su autenticidad”, dice. Pone como ejemplo a Carlos Vives que grabó una colección de obras del maestro Escalona y le añadió percusión, convirtiéndola en algo más atractivo a nivel internacional, pero con expresión y esencia vallenata.
La compositora y jurado del festival, Rita Fernández Padilla, reconoce en los autores sanjuaneros una huella profunda en la esencia del vallenato. Al evocar nombres como Luis Egurrola, destaca una combinación difícil de imitar: originalidad, estilo propio y una fuerza creativa que parece brotar de manera natural. Por eso, asegura, hay razones para mantener altas las expectativas frente al talento que este año llega desde San Juan del Cesar.
Con ese telón de fondo, en Consonante conversamos con los tres autores del municipio que compiten en el concurso de canción inédita para entender qué hay detrás de sus composiciones y con qué apuestas buscan abrirse camino —y quedarse con el título— en esta edición.
Para Pedro Nicanor Torres Aragón, el vallenato ha sido una vocación que ha acompañado cada etapa de su vida. A sus 54 años, además de su trayectoria como empresario y docente universitario, ha construido un camino sólido como compositor que alcanzó uno de sus puntos más altos en 2025, cuando obtuvo el título de “Rey de Reyes” en el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata, en su natal San Juan del Cesar, después de haber rozado la cima con un segundo y un tercer puesto en ediciones anteriores.
“A mí me llega esa inspiración de mi querida luna sanjuanera y de nuestro río Cesar, que muchas veces en el vallenato se describe como las melodías que arrastra al llevar sus piedras y su arena blanca”, dijo.
Su talento ha estado presente en el Festival Vallenato desde hace años. En el año 2023 participó con la canción Valle, festival, fiesta y folklore y en el 2024 con Un detalle para mi Valle.
Verso sagrado, su nueva canción, se inscribe en el inconfundible aire de paseo del vallenato y dialoga con la tradición poética del género. En ella, Pedro Nicanor Torres Aragón rinde homenaje a Corazón del Valle, del maestro sanjuanero Roberto Calderón, una obra que narra cómo el autor pidió prestado el corazón de Valledupar para conquistar a su amada.
Torres retoma esa imagen y la resignifica desde su propia historia: en su composición, también pide prestado el corazón de Valledupar, pero esta vez para resguardar el amor que ya comparte con su esposa vallenata. Promete devolverlo, dice, para que “otro sanjuanero también vuelva a pedir ese corazón prestado” y así mantener viva una secuencia cultural que, a través del amor y la música, sigue uniendo a San Juan del Cesar con Valledupar.
El primer verso de la canción, “vine a cantarte Santo Ecce Homo, a dedicarte mi canción a pedirte, santo patrono, de tus manos la bendición”, nació un 24 de diciembre en casa de un familiar donde estaban reunidos. Mientras daban las gracias, su mirada se posó en la imagen de Jesús con una corona de espinas colgada en la pared. Fue como un rayo de luz que iluminó su mente, toda la escena que representa esas fechas navideñas fueron fuente de inspiración y se dijo “yo también puedo pedirle a Santo Ecce Homo que me siga bendiciendo con el amor de mi esposa”.
El resto de la pieza fue tomando forma en un par de viajes y en una de esas parrandas donde la amistad se celebra con una chicharronada, con bollos de mazorca o un sancocho de gallina; al son de guitarras, cajas guacharaca y acordeón.
"Verso sagrado, como su nombre lo indica, es un verso de enamoramiento, un verso de romanticismo elevado, como si fuese una plegaria a los patronos de Valledupar, el santo Ecce Homo y de la Virgen del Rosario, del cual yo soy devoto”.
“Apenas termina Semana Santa, empieza la celebración del festival, no solo en Valledupar, sino en toda Colombia, porque vienen personas de muchas partes a participar; esta festividad es de todos los pueblos”, cuenta Augusto Enrique Ariza Molina, de 64 años. De ese pulso colectivo, que desborda fronteras y convoca memorias, se nutrió para componer.
Es el tiempo en que las familias abren sus casas y las visten de fiesta para competir por el reconocimiento a la mejor decoración, aquella que capture el espíritu del Festival de la Leyenda Vallenata. En las calles, los grupos ensayan los pasos de cumbia al ritmo de las tamboras para el desfile de las piloneras, una tradición que honra a las mujeres que, en sus faenas agrícolas, molían el maíz con pilón. Y mientras tanto, desde patios y corredores, se escapa el sonido de los acordeones: músicos que afinan oído y voz para soltar un caudal de melodías que envuelve y contagia de alegría a todo el que pisa tierra vallenata.
Ariza lo sabe muy bien, ya que en años atrás ha tenido la oportunidad de descubrir los tesoros escondidos de una canción, pero esta vez los papeles se han invertido: de jurado pasó a concursante y su composición, Las tres memorias en ritmo paseo, pasó a primera ronda. “Me siento realizado al ser escogido para esta competencia donde hay tantos maestros y a pesar de ser la primera vez que hago el intento, mi obra fue elegida, me siento realizado”, expresó.
Considera que su obra musical es única, porque en los 59 festivales anteriores nadie había cantado la historia de cómo nació el festival vallenato, y su canción detalla la primera reunión donde la política Consuelo Araujo, el compositor Rafael Escalona y el expresidente Alfonso Michelsen López, fundadores del festival. También incluye la premiación donde Alejandro Durán se corona como rey Vallenato en 1968, para cuando no había el dinero suficiente para galardonarlo y los organizadores tuvieron que recolectar fondos entre ellos.
Como las aguas del Río Cesar que se agitan al cambiar de rumbo, así late el pulso de Augusto Enrique Ariza Molina en su búsqueda de encontrar el camino que lo acerque al primer lugar. Sabe que se enfrenta a un público exigente, celoso de la tradición y atento a cada verso, a cada giro melódico que sostenga la esencia del vallenato.
Por eso vuelve la mirada a los grandes maestros —Rafael Escalona, Fredy Molina, Pablo Daza y Roberto Calderón—, referentes de una tradición que sigue marcando el camino. “Cuando escuchamos a los maestros es cuando entendemos por qué han hecho historia. Al analizar sus melodías, sus mensajes, las rimas, todo se convierte en un aprendizaje invaluable”, señala.
La voz y el acordeón de Abel Enrique Suárez tienen la fuerza de la montaña y la nostalgia de la tradición, así lo prefiere para recordar que el vallenato no solo se canta en las plazas de Valledupar, sino también en los rincones de su pueblo, donde la herencia se mantiene viva. En La Sierrita, donde la raíz indígena se mezcla con el canto vallenato, Suárez, de 72 años, conocido como ‘Pije’, hijo de una tierra donde parte de la población pertenece a la etnia Wiwa, creció oyendo y amando el vallenato, como un lenguaje que lo conectaba con su comunidad y con la memoria de San Juan.
Desde pequeño le gustaba cantar, su familia le decía que parecía un pajarito silbando, también tocaba armónica, pero cuando escuchó un vallenato se despertaron en él las ganas de tocar el acordeón, y empezó tocando la guacharaca con algunos amigos. A la edad de 20 años compró un acordeón que le costó en ese tiempo $700 pesos, desde entonces se montaba en su caballo y se iba por el campo tocando su acordeón, así como lo hacía el juglar Francisco el hombre. Cuando visitaba ciertos corregimientos como los Cardones, El Totumo y Guayacanal, alegraba las parrandas con sus notas de acordeón.
Pero, así como no se puede contener la corriente de un río, tampoco Abel Enrique Suárez Fuente pudo frenar el rumbo que lo llevaría a radicarse en Valledupar. Recuerda que en el Festival de la Leyenda Vallenata de 1991, mientras Julián Rojas se imponía sobre Juancho Rois en la categoría profesional, él daba sus primeros pasos en el concurso de acordeonero aficionado.
Hoy regresa al festival desde otro lugar: debuta como compositor. El acordeonero de La Sierrita llega con La coqueta, un son —uno de los cuatro aires tradicionales del vallenato clásico— que nació al amanecer. En su historia, una mujer lo seduce y se escapa: cada intento de encuentro termina en ausencia, en llamadas sin respuesta, en puertas cerradas. “Esa negra yo quiero hacerle una visita, le hago una llamada, pero no contesta; yo voy a su casa, pero nunca está, nunca la encuentro”, canta. Y al final, resignado ante ese juego de acercamientos y huidas, remata: “y como no puedo encontrarla para verla, entonces digo que así son las mujeres".
A Anderson* las cuentas ya no le alcanzan. En el último mes, su familia ha tenido que asumir gastos que no están relacionados con la producción, a pesar de que vive de la tierra y del ganado que trabajan en Caquetá. El dinero se va en poder moverse, en sostener lo que ya tienen, en seguir trabajando.
Durante años, la ausencia del Estado ha llevado a las comunidades campesinas del departamento a resolver por su cuenta necesidades básicas. La construcción de vías, escuelas y servicios como la electricidad o el agua ha dependido, en buena medida, de su propia organización y de recursos recogidos a través de bazares, rifas y peajes comunitarios.
Sin embargo, esa histórica autonomía campesina hoy se ha transformado en una trampa de silencio y asfixia económica provocada por la presión de los grupos armados ilegales sobre sus iniciativas. Según los habitantes del departamento, lo que antes era un aporte voluntario y transparente para el bienestar de sus veredas, hoy es una imposición tributaria en la que las disidencias imponen cobros obligatorios por cada hectárea de tierra, cada cabeza de ganado y hasta por el derecho a transitar por caminos que los mismos labriegos construyeron.
En municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y La Montañita, el cansancio es evidente. Los habitantes se enfrentan a un sistema en el que pagar se ha vuelto una condición para permanecer en el territorio. Hoy, vivir allí implica asumir cobros por casi todo: desde una cuota anual por cada hectárea de tierra —que puede oscilar entre los 3.000 y 30.000 pesos—, pagos por cada cabeza de ganado, hasta sanciones por no cultivar alimentos de pancoger.
“Pagamos por hectáreas de tierra, por carreteras, por ganado, por puentes, por peajes; pero ese dinero no se ve reflejado en mejoras de la calidad de vida del campesinado”, contó un líder que pidió la reserva de su nombre.
Entre el ruido de los motores y el bullicio de la plaza de mercado de San Vicente del Caguán, Andrés* asegura las cajas y el equipaje de los pasajeros en la capota, junto a su ayudante. Es una camioneta de cuatro puertas: cinco personas viajan en la cabina y otras ocho en el platón, adaptado para la carga.
Cuando todo está listo, enciende el motor. En pocos minutos iniciará el recorrido por la vía que conduce a las sabanas del Yarí, el mismo trayecto que, cada día, conecta a cientos de familias con sus fincas.
La primera parada es obligatoria y está a solo tres kilómetros: el peaje comunitario de Campo Hermoso. Allí, un par de encargados recogen el dinero según el tipo de vehículo. Las motos pagan $2.000 pesos; las camionetas, $5.000; los furgones de carga mediana, $10.000; los camiones grandes, $20.000; y las tractomulas, más de $30.000.
El pago queda respaldado en un recibo que el conductor debe conservar por si, más adelante, algún integrante de la junta se lo solicita. Mientras tanto, el cadenero —como llaman a quien se encarga del cobro— guarda la colilla, con la que después rinde cuentas sobre el número y tipo de vehículos que ingresaron a la zona, así como el dinero recaudado.
Esos números deben enviarlos al Comité de Carreteras, un grupo de cuatro o más personas que se organiza para llevar la contabilidad del dinero recolectado en los peajes y coordinar los trabajos que se deben realizar en las vías. Son elegidos por la comunidad en asamblea, pero desde hace algunos años, se dice que también han sido sugeridos por los grupos armados ilegales que comandan en la región.
Hace más de 30 años, la vía entre San Vicente del Caguán y las sabanas del Yarí, en los límites entre Caquetá y Meta, era apenas una trocha abierta por los propios campesinos, a punta de machete y pala, para conectar sus comunidades con otros territorios. En el resto del departamento la situación era similar: desplazarse de un lugar a otro podía tomar más de un día.
Con el tiempo, los caminos mejoraron de forma gradual. Hoy, aunque siguen en condiciones precarias por la escasa intervención estatal, el esfuerzo de las comunidades ha permitido reducir los tiempos de desplazamiento y mantener la conexión entre distintos puntos del territorio.
Esa necesaidad dio origen a los peajes comunitarios, un sistema de recaudo transparente donde el dinero se invertía en la misma vía bajo el control de los Comités de Carreteras. Sin embargo, lo que antes era un ejercicio de autonomía se ha transformado hoy en una herramienta de control y extorsión por parte de los grupos armados.
Los habitantes del departamento denuncian que en municipios como Cartagena del Chairá y La Montañita, los grupos armados han intervenido estos peajes, desplazando la autoridad de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y convirtiendo el recaudo en un fondo opaco. “Ya no es la misma comunidad la que decide... la comunidad que no tenga su tramo en perfectas condiciones será multada”, confiesa Jonas*, un líder social.
En el departamento hacen presencia tres estructuras armadas disidentes de las antiguas Farc. Por un lado, el Frente Rodrigo Cadete, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) y está bajo el mando de ‘Calarcá Córdoba’, con presencia en municipios como El Doncello, Puerto Rico, La Montañita y Cartagena del Chairá.
También opera el Estado Mayor Central (Emc), liderado por ‘Iván Mordisco’, que ha incursionado en el sur del departamento, especialmente desde zonas como Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, en Putumayo.
A esto se suma la Segunda Marquetalia, encabezada por ‘Iván Márquez’, con presencia en la zona de la cordillera, en municipios como El Paujil, El Doncello y Belén de los Andaquíes.
Mapa: Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Desde finales del año pasado se han identificado las disputas entre La Segunda Marquetalia y Embf en el municipio de San Vicente del Caguán. Las estructuras de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’ eran una sola, pero se dividieron y desde 2024, ambas estructuras se disputan los corredores del río Caguán y la cuenca del río Caquetá, especialmente por los municipios de Solano y el sur de Cartagena del Chaira.
“En el marco de los ceses al fuego decretados por el Gobierno nacional con el Emc y luego con el Embf, se identificó un endurecimiento de las gobernanzas armadas ilegales, mediante pautas de control poblacional y territorial contra la población civil, un aumento de las extorsiones y fuertes presiones sobre los liderazgos para ingerir en sus procesos organizativos de base”, señala la Defensoría en una Alerta Temprana de este año, pero es una situación que viene advirtiendo desde 2025 en varios municipios caqueteños.
No solo quienes transitan por las vías del Caquetá deben pagar. También quienes tienen tierra o ganado están obligados a tributar a los grupos armados. Las exigencias varían según el municipio y la estructura que tenga control en la zona.
Un líder de La Montañita explica que, en varias veredas, los campesinos deben pagar por cada hectárea de tierra y por cada cabeza de ganado, sin importar si se trata de un pequeño predio o de unas pocas reses. “Las JAC tienen que rendir informes y entregar la plata al grupo armado”, señala.
En otros municipios, los cobros siguen una especie de umbral. En varias veredas de San Vicente del Caguán, por ejemplo, un campesino empieza a ser gravado con este “impuesto” cuando supera las 50 hectáreas de tierra o las 100 cabezas de ganado.
Mario* lleva más de quince años en la región. Como muchos, ha construido su capital poco a poco, con trabajo constante. Hoy posee cerca de 1.000 hectáreas y una cantidad considerable de ganado. Ese crecimiento lo ha puesto en la mira de los grupos armados: desde la época en que mandaban las extintas Farc ha tenido que pagar una cuota por esos bienes.
Para evitar problemas con las disidencias, ha mantenido ese esquema. Desde hace varios años paga 25 millones de pesos. A esto se suman los aportes a la Junta de Acción Comunal a la que pertenece: cerca de cuatro millones de pesos al año —equivalentes a 4.000 por hectárea— destinados a un proyecto de pavimentación proyectado a quince años por la comunidad. También contribuye con 2.000 pesos por hectárea para los fondos de la Junta.
Aunque estos dineros son manejados por los tesoreros de dichas Juntas, voces anónimas coinciden en que sobre buena parte de estos recursos los líderes comunales ya no tienen decisión y están siendo transferidos a los grupos armados que controlan la región, a modo de impuesto de guerra. En otros casos, los miembros de las estructuras armadas se presentan en las fincas para cobrar directamente las extorsiones.
En La Montañita, las familias han llamado a esta extorsión el ‘tresmilazo’, casi como una extraña victoria. Inicialmente, los actores armados le dieron la ‘autonomía’ a las comunidades para establecer las tarifas, pero luego decidieron imponer el valor ellos: $10.000 pesos por hectárea de tierra y otro pago igual por cada cabeza de ganado.
“La gente dijo no, mucha plata, ¿de dónde vamos a sacar? Las comunidades de 129 veredas de Montañita se reunieron y les dijeron ‘estamos dispuestos a pagar hasta $3.000 pesos por hectárea de tierra y $5.000 pesos por cabeza de ganado… aunque este año la gente tuvo que pagar $10.000 por cada vaca’, cuenta un labriego de la región.
En sectores como Cartagena del Chairá, algunos finqueros pagan hasta $30.000 pesos por hectárea para, supuestamente, aportar para el mejoramiento de las vías.
En varias veredas, este modelo de recaudo forzado ha terminado involucrando a las Juntas de Acción Comunal. Algunos finqueros señalan que, en esos contextos, sus directivos asumen tareas de cobro que no necesariamente les corresponden. “Terminan siendo vistos como recaudadores de los armados”, dice uno de ellos.
Líderes comunales consultados describen una situación compleja. Por un lado, deben responder por recursos que se recogen en sus comunidades; por otro, enfrentan presiones que limitan su margen de acción. “Ahora uno participa en reuniones —a veces con presencia de actores armados— y lo que allí se decide se termina imponiendo… quien hable asume un riesgo”, explica un representante comunal.
Como si fuera poco, mientras los cobros aumentan, los ingresos del campesinado disminuyen. Un inspector de Policía de San Vicente del Caguán señala que el precio del litro de leche pasó de 2.200 a 1.300 pesos, lo que dificulta cada vez más asumir estos pagos.
A esto se suma que quienes intentan generar valor a través de la transformación de la leche también enfrentan nuevos cobros: deben pagar $50 pesos por cada litro que compran.
“Los liderazgos están en un riesgo inminente”, advierte un líder de Cartagena del Chairá. En varias veredas del Caquetá, ser presidente de una Junta de Acción Comunal ha dejado de ser un reconocimiento para convertirse en una carga que muchos prefieren evitar, por temor a represalias de los grupos en disputa. “En estos momentos están muy expuestos. Les revisan los celulares y, si encuentran algo que los relacione con el grupo rival, se convierte en un problema”, agrega.
El deseo de librarse de esta responsabilidad ha llegado al punto en que en varios sectores la elección de dignatarios ha tenido que definirse al azar. “Ha tocado por último sortear con una moneda o con una balota quién va a ser el representante legal de la JAC”, relata un líder de La Montañita.
En este escenario de guerra silenciosa, las voces de quienes discrepan son apagadas mediante el desplazamiento o el asesinato, como ocurrió con Andrés Fernando López Sánchez, vicepresidente de la JAC de la vereda Aguas Claras, en La Montañita, a quien le cegaron la vida por reclamar que el dinero recaudado pertenecía a la comunidad y no a los armados. Su esposa tuvo que salir desplazada y abandonar la finca.
“Cuando la gente desocupa, ellos —las disidencias— traen de una vez su gente para que ocupe esa finca”, explica un líder de ese municipio.
Las familias del departamento ya no encuentran en la autogestión una salida, sino una trampa. Reclaman que la institucionalidad se ha "acostumbrado" a que las comunidades de esta zona del país resuelvan sus propios problemas. “Decir no hay o no se puede es normal para el administrador de turno”, lamenta una concejala de la región.
El desgaste acumulado por los cobros y la violencia también ha empezado a reflejarse en las conversaciones con el Estado. Algunos líderes locales señalan que, en ciertos espacios, han surgido posturas que priorizan respuestas de seguridad por encima de la inversión social, aunque no se trata de una posición unánime.
“La dinámica en la que vivimos nos ha ido cambiando”, confiesa un líder. “Antes se escuchaba más que había que parar la guerra. Ahora, en medio del cansancio, hay quienes dicen que ojalá llegue el Ejército”.
Un líder de Cartagena del Chairá cuestiona la voluntad de paz de estos grupos. Le parece contradictorio ver a voceros de ‘Calarcá’ en las mesas de diálogos con el actual gobierno —pues las tropas comandadas por ‘Iván Mordisco’ se apartaron de dicho proceso desde abril de 2024—, mientras incumplen lo que prometen: respetar a la población civil.
En algunas zonas, los habitantes denuncian que los cobros se han extendido a distintos ámbitos de la vida cotidiana. Tras los recientes comicios al Congreso, por ejemplo, circularon exigencias para presentar certificados electorales; quienes no los aportaran debían asumir multas de hasta $500.000 pesos, según relatan líderes comunitarios.
De acuerdo con estos testimonios, quienes se oponen a estas disposiciones o no logran pagar las cuotas enfrentan sanciones que pueden incluir la salida forzada del territorio.
El mantenimiento de las vías, que antes era una jornada de trabajo solidario, ahora está instigado por los grupos armados. Y por una vía en mal estado, les imponen sanciones. “Una comunidad que visité fue multada por $10 millones de pesos porque unas alcantarillas estaban viejas y unos puentes con las maderas partidas. Les dieron 15 días para pagar”, cuenta un líder comunal.
Pero ahora las labores comunales no sólo se resumen en el buen estado de los caminos, sino que la orden que les han impartido a los líderes comunales es que aquella finca que no mantenga despejados los bordes de la carretera —una distancia de 14 metros en cada orilla del camino— también será multada. También establecieron deforestar a una ronda de 50 metros a la orilla de los ríos.
Incluso las labores comunales se han convertido, en algunos casos, en una actividad de riesgo. Campesinos de distintas veredas señalan que, bajo presión de grupos armados, se les exige limpiar las márgenes de las carreteras, con sanciones económicas que pueden alcanzar hasta $20 millones de pesos en caso de incumplimiento.
Detrás de estas exigencias, advierten líderes locales, hay situaciones que afectan directamente a las familias. Mencionan casos de jóvenes que, mientras realizaban estas tareas, han sufrido accidentes con guadañas y no han tenido acceso oportuno a servicios de salud. En algunos episodios, las lesiones han sido graves y los costos de atención han recaído en la propia comunidad, que se organiza para reunir los recursos necesarios.
A esto se suma el ‘impuesto por comida’, una orden que obliga a cada familia a sembrar hectáreas de yuca, plátano o maíz, y aunque es una alternativa para la soberanía alimentaria, muchas veces los productos se pierden al no tener cómo comercializarlos. “Ellos —las disidencias— envían a los miembros de las Juntas a revisar los predios y quien no tenga estos cultivos tiene que reportarlos y les imponen una multa entre cinco y 10 millones de pesos”, cuenta uno de los líderes comunales.
A pesar de la amplia disponibilidad de tierra en Caquetá, el mal estado de las vías y los altos costos de la producción agrícola han limitado la rentabilidad de muchos cultivos. Durante años, en algunas zonas, la coca se convirtió en una de las pocas actividades que ofrecía ingresos sostenidos.
Tras el Acuerdo de Paz de 2016, muchas familias optaron por la ganadería como alternativa. Sin embargo, las dificultades persisten. “La presión por cultivar pancoger puede ser positiva, porque garantiza alimento para la familia, pero cuando hay mucha producción, se pierde porque no hay cómo comercializarla”, explica un líder local.
La situación también se refleja en el medioambiente. En algunas zonas, líderes comunitarios señalan que actores armados imponen reglas que terminan siendo contradictorias.
Por un lado, condicionan la participación en programas de conservación con cobros que, según testimonios locales, pueden alcanzar los $300.000 pesos para quienes buscan vincularse a iniciativas ambientales. Por otro lado, en ciertos sectores se han reportado presiones para ampliar áreas de producción mediante la deforestación.
“Yo lo interpreto como una forma de presión en medio de las negociaciones con el Gobierno: algo así como ‘si no nos cumplen, esto se desborda’”, dice un vocero comunal.
A esto se suma el pago del personal encargado de prestar el servicio de Guardia Ambiental Campesina, un modelo de organización civil que se ha ido consolidando en la región desde hace algunos años. Cada vereda debe respaldar la organización con al menos cinco personas. “Inicialmente eran 10 —cuenta el líder de La Montañita—. Pero hay veredas de 15 personas, donde la mayoría son mayores de 50, 60 años”.
Según el tipo de evento, los coordinadores de la guardia convocan a las comunidades para enviar personal que preste el servicio. En la mayoría de los casos, las veredas mantienen una lista de turnos para cumplir con esta tarea. Quienes no puedan asistir deben enviar un reemplazo y pagar los gastos de manutención, además de una bonificación económica que oscila entre $150.000 y $200.000 pesos por día y por persona. Si durante el año el campesino es convocado cinco veces, terminaría pagando cerca de un millón de pesos por este concepto.
Otra forma de control se ha centrado en los jóvenes. Líderes comunales señalan que, en algunas comunidades del departamento, distintas facciones de las disidencias comenzaron a convocarlos a supuestas “escuelas”.
“Muchas familias interpretaron eso como una forma de reclutamiento y se opusieron. A varios padres les pidieron que enviaran a sus hijos, pero prefirieron sacarlos de la región”, cuenta uno de ellos. En ese caso, agrega: no hubo sanciones económicas.
Entre cobros, restricciones y dificultades para sostener sus economías, muchas familias campesinas en Caquetá intentan mantenerse en sus territorios en medio de condiciones cada vez más exigentes. Los testimonios recogidos coinciden en señalar que permanecer implica asumir costos que desbordan lo productivo y atraviesan la vida cotidiana.
Desde el anonimato, varios líderes insisten en que estas dinámicas hacen parte de una realidad que aún no logra transformarse de fondo. Una realidad en la que, dicen, la promesa de paz sigue siendo, para muchos, una expectativa pendiente.
*Nombres cambiados por seguridad.
Un par de pobladores de Villa del Río aguarda a la sombra breve que proyecta la pared de una de las sedes de la escuela. El corregimiento queda a diez minutos del casco urbano de San Juan del Cesar, pero la distancia se mide de otra manera cuando se trata de salud. No están ahí por sus hijos ni por una reunión escolar. Han llegado con dolores: una cabeza que no cede, una rodilla inflamada, una muela que late desde hace días o el seguimiento de una enfermedad que no admite aplazamientos.
Es jueves. Eso significa que, si todo sale como está previsto, el médico aparecerá. Cada quince días. Desde que el antiguo centro de salud dejó de funcionar, la escuela se convirtió en punto de encuentro para quienes necesitan atención. Aquí esperan. Sin fichas ni turnos formales.
“Todos los equipos del puesto de salud se trasladaron a un salón de clases que se adecuó para la atención, pero no cuenta con las condiciones necesarias”, reprochó Eduberto Daza, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa del Río. Cada que asiste a consultas, el médico se acomoda en un escritorio de docente. A su espalda, el tablero verde de tiza y, en los estantes, no hay cuadernos ni libros pedagógicos, sino las carpetas de las historias clínicas de la comunidad. Afuera, la báscula, una camilla y, en la otra habitación, una silla reclinable —desgastada por el clima y el uso— para las citas odontológicas.
Como en la mayoría de las zonas rurales del país, la atención básica en salud se ha prestado a través de los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps). Por muchos años, en varios corregimientos de San Juan, los jueves cada 15 días, los habitantes se acercaban a estas instalaciones para recibir servicios médicos primarios como medicina general, odontología, control prenatal, entre otros. Este servicio debe complementarse con la red hospitalaria privada y pública del departamento.
Sin embargo, desde hace dos años, tres comunidades del municipio han visto cómo empeoró la atención digna y de calidad del servicio.
Al igual que ocurre en el corregimiento de Villa del Río, en las comunidades de Veracruz y Guayacanal los habitantes se han visto obligados a recibir la atención en espacios que no cuentan con las condiciones óptimas para acceder al servicio. Les hicieron una promesa y les incumplieron: demolieron los antiguos puestos de salud para construir instalaciones más adecuadas. Han pasado dos años desde esa promesa.
Tras la demolición de las anteriores sedes, en Guayacanal, los servicios se empezaron a prestar bajo un árbol, luego en la casa de una habitante del pueblo y actualmente las consultas también se realizan en un salón de la institución educativa de la comunidad. “Los colegios son para dar clase, no para atender enfermos”, recuerda Kelvin Baquero, habitante del corregimiento de Guayacanal. “El salón es de tres metros de largo por dos de ancho, no cuenta con las condiciones óptimas y mucho menos con la privacidad que debe haber entre paciente y médico al momento de ser atendidos”, lamenta.
La situación de los pacientes de Veracruz es, tal vez, la mejor: uno de sus habitantes, Pedro Molina Fragozo, prestó al hospital San Rafael una casa que tenía desocupada para que el servicio se siguiera ofreciendo en su corregimiento. El acuerdo fue por cinco meses, pero al ver que no hay soluciones, la sede improvisada está en riesgo. “La dotación del puesto de salud va a parar debajo de un árbol”, apuntó Molina Fragozo. “La voy a sacar de mi casa porque yo la presté por unos meses y ya van dos años. La casa me sirve para arrendarla y generar ingresos para sobrevivir”, agregó.
Esta situación se viene presentando desde noviembre de 2024, cuando los tres centros de salud de estos corregimientos fueron demolidos porque habían sido seleccionados por el Ministerio de Salud y Protección Social para un proyecto de construcción y mejoramiento de la infraestructura de los centros.
En cada comunidad, un grupo de habitantes se opuso a la demolición de las antiguas sedes. Desconfiaban y señalaban que podía ser —como en otras obras del municipio— un elefante blanco. Algunos propusieron que se construyeran en otros lotes, sin la necesidad de derrumbar la sede que ya funcionaba, pero el proyecto ordenaba que fuera sobre las antiguas instalaciones. Así, esperanzados en que sería lo mejor, aceptaron.
“Lo que hay aquí es varillas oxidadas y el terreno socavado”, reprocha Einer Molina, presidente del Consejo Comunitario Pedro Manuel Molina y habitante de Veracruz, mientras señala la valla que instalaron en el terreno con la información del nuevo centro de salud. Estas obras pretendían ser ejecutadas en ocho meses, pero no llegaron ni al 10 por ciento de avance.
“¿Por qué la obra se paró?”, sigue preguntándose Molina Fragozo y el resto de los habitantes de los tres corregimientos. Los líderes que respaldaron estas iniciativas cargan con los reproches de su comunidad y no saben qué decirles.
Esta misma situación la padecen otros nueve municipios del departamento de La Guajira. A inicios de febrero de este año, la senadora Catherine Juvinao denunció el incumplimiento de estas obras en todo el departamento, y prendió la alarma por la posible pérdida de más de 16 mil millones de pesos y los cuestionamientos que cargaban algunos contratistas por escándalos en proyectos del pasado.
#CAPSDELAGUAJIRA
— Cathy Juvinao #VERDE101 🌻💚 Cámara Bogotá (@CathyJuvinao) February 3, 2026
EL @MinSaludCol confirma nuestra denuncia: los 25 CAPS que debía construir @ENTerritorioCo quedaron en nada. Los 16 mil millones que se giraron están embolatados.
Sin embargo, @GA_Jaramillo, usted aún tiene mucho qué responder: la sentencia T-302 cobija a los… https://t.co/3N3fsuL0Ta
Además, la congresista recriminó que el gobierno Petro haya incluido varios municipios en ese proyecto, dado que la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que declara el Estado de Cosas Inconstitucionales en La Guajira, cobija sólo a los municipios de Maicao, Uribia, Manaure y Riohacha —a pesar de que la prestación del servicio en los otros municipios es también precaria—.
En abril de 2024, el Ministerio de Salud y Protección Social firmó un contrato interadministrativo por $82.029.471.975 de pesos con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. (EnTerritorio) —antes, el cuestionado Fonade— para que coordinara la reconstrucción, ampliación o adecuación de 26 Caps en La Guajira, ubicados en zonas rurales de 11 municipios del departamento. El acta de inicio de aquel acuerdo, con el serial MSPS-1025-2024, se firmó el 30 de abril de ese año, y tenía un plazo de ejecución de 18 meses.
A finales de ese año, se descartó la construcción de las sedes Santo Tomás en el municipio de Villanueva y Wayumatunana en Manaure. En cambio, se incluyó la sede Cotoprix en Riohacha. Así, pasaron a ser 25 Caps.
Enterritorio abrió varias licitaciones para la realización de estas obras y se pactaron 10 contratos derivados para el diseño y elaboración de estos 26 proyectos, pero dos procesos de licitación se declararon desiertos, por lo que en cuatro sedes nunca se llegaron a firmar contratos. En el caso de San Juan del César, la ejecución de los Caps de Veracruz, Villa del Río y Guayacanal fue adjudicada al consorcio Red Hospitalaria. Se pactó un valor de $6.436.857.737 de pesos y el contratista debía diseñar, construir y poner en marcha las obras. En este acuerdo, también quedaron pactadas las dos sedes del municipio de Fonseca.
Todas estas labores debían realizarse en ocho meses —tres meses para la elaboración de estudios y diseños, y una segunda etapa de cinco meses para las labores de construcción—, pero para cuando se cumplió este plazo, en julio de 2025, el contratista seguía trabajando en los diseños del proyecto.
Red Hospitalaria justificó los retrasos en dificultades para concertar con las autoridades indígenas y validar su cosmovisión —como prácticas tradicionales de salud del pueblo Wayúu o la exhumación de sus muertos—, retrasos en la aprobación del diseño, paros comunitarios y presencia de actores armados ilegales.
Con esos argumentos, el consorcio buscó apartarse de multas y ganar tiempo para terminar la obra. Pero varias de sus justificaciones abren interrogantes.
Para sustentar el riesgo por presencia de actores armados, la empresa citó un episodio ocurrido en 2024 en Villa del Río, una de las comunidades donde se proyectaba la infraestructura en salud. Ese día, miembros de la fuerza pública se enfrentaron con integrantes del Clan del Golfo. El operativo coincidió con una visita de socialización de un equipo técnico del consorcio.
Sin embargo, un líder comunitario —que pidió mantener su nombre en reserva— cuenta otra versión de lo que vino después: no hubo nuevos hechos de orden público y el consorcio continuó entrando a la zona con normalidad. “Siguieron viniendo como siempre”, dice. Su testimonio pone en duda que ese episodio, aislado en el tiempo, explique los retrasos que hoy se atribuyen a problemas de seguridad.
En septiembre de 2025, cuando faltaba un mes para la fecha pactada de entrega del contrato a manos de Red Hospitalaria, el Ministerio de Salud aprobó una prórroga. El nuevo plazo quedó fijado para el 26 de febrero de 2026, con el compromiso de terminar las sedes de San Juan del Cesar y Fonseca.
Para entonces, el proyecto ya tenía el visto bueno técnico: la interventoría había avalado los diseños, el Ministerio había emitido concepto favorable y las alcaldías de Fonseca y San Juan habían otorgado las licencias de construcción. Con ese soporte, el 15 de septiembre se firmó el acta de inicio de la segunda etapa.
Días después, la escena en los lotes cambió. Llegaron las máquinas, se abrieron las primeras excavaciones y comenzaron las labores de construcción en las tres sedes. Parecía, al menos en el papel, que el proyecto retomaba su curso.
Pero el contrato matriz —el convenio firmado entre Enterritoro y Minsalud— tenía fecha de vencimiento para el 31 de octubre y como los retrasos eran igual —o peores— en los otros proyectos del departamento, un mes después, en las instalaciones de la Procuraduría Enterritorio y el Ministerio acordaron ampliar el contrato con el compromiso de que todos los Caps fueran terminados a más tardar en junio de 2026.
Sin embargo, a los días, En territorio entregó un cronograma en el que solo 18 centros tenían fecha de finalización en la nueva fecha pactada, por eso, el Ministerio retiró la posibilidad de extender el contrato y el 14 de noviembre decidió acabar con el contrato madre.
Pero la entidad ya tenía señales de alerta desde comienzos de 2025. El proyecto venía en mora y todo indicaba que no cumpliría los plazos.
David Scott Jervis Jalabe, director de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud y supervisor del contrato matriz, dejó constancia de ello en un informe fechado el 26 de febrero de 2025. Allí advirtió que Enterritorio no estaba entregando la información necesaria para verificar el avance del contrato. Sin esa trazabilidad, escribió, la ejecución quedaba en una zona de incertidumbre.
Por eso solicitó la imposición de una sanción equivalente al 10 por ciento del valor del convenio, como lo contemplaban las cláusulas contractuales. Para ese momento, además, Enterritorio ni siquiera había cumplido con la entrega de los diseños arquitectónicos y de ingeniería que debía presentar desde el 31 de octubre de 2024.
En el proceso sancionatorio, Enterritorio argumentó que se habían generado retrasos por falta de insumos técnicos y decisiones oportunas por parte del Ministerio y aseguró que sí habían presentado algunos insumos del avance de la obra. Pero su defensa no le alcanzó: en agosto del año pasado, la Secretaría General de Minsalud impuso una sanción por más de $1.640 millones de pesos contra Enterritorio por no haber cumplido con la gerencia efectiva del proyecto. Un mes después confirmó la sanción.
Para el final del año pasado, Enterritorio le aseguró al Ministerio que esa sanción “no resultaba financieramente viable para su entidad”, lo que dejaba en entredicho que la entidad pudiera garantizar que las obras se terminaran. Esta situación, sumada a los incumplimientos en el cronograma, motivó al Ministerio a liquidar el contrato.
Los consorcios Red Hospitalaria y Centros Guajira lo explicaron en un comunicado público: la suspensión de labores en varias comunidades, dijeron, no era atribuible a su gestión. Entre ambos tenían a cargo la construcción de 12 de las 25 sedes del proyecto y, en ese pronunciamiento, insistieron en una línea que ya habían sostenido: los bajos niveles de ejecución no respondían a fallas propias, sino a decisiones administrativas tomadas por las entidades del Estado involucradas.
“A la fecha, ninguno de los dos consorcios ha recibido pago por ningún concepto, a pesar de que fueron recibidos a satisfacción los estudios y diseños y que en seis casos ya había ejecución de obras”, señaló en el documento firmado por Marco López Vargas, representante de Red Hospitalaria.
Según el contrato matriz, Minsalud y Enterritorio habían determinado que el desembolso de los recursos se dividiría en tres momentos. El primero, por el 20 por ciento del valor total del contrato —unos $16.405.894.395 millones de pesos—, fue depositado en un fideicomiso administrado por Fiducoldex en julio de 2024. El segundo pago nunca se llegó a ejecutar, pues aunque el 14 de noviembre de 2024 Enterritorio presentó la factura al Ministerio, la entidad no aprobó el desembolso porque nunca se subsanaron observaciones a los informes que el operador le presentó, por eso nunca se entregaron recursos a ninguno de los contratistas.
Red Hospitalaria, en el comunicado, señaló que estas condiciones les han traído afectaciones económicas. “Para la ejecución de la obra, se realizaron inversiones en materiales, equipos y alistamientos logísticos que están en el lugar de la ejecución”, se lee. Señalaron su intención de continuar con las obras y propusieron que sea el Ministerio de Salud el que ejecute directamente los convenios con esas empresas “o reasigne la responsabilidad a una entidad pública con capacidad operativa demostrada”, agregó.
Sin embargo, Enterritorio se mantiene en que los retrasos se debieron por la falta de gestión oportuna y adecuada de los contratistas. “Dichos productos no fueron entregados dentro de los términos previstos, o fueron presentados con inconsistencias, observaciones técnicas o información incompleta que impedía su validación”, le señaló Erbert Arturo Rosa Mercado, gerente del Grupo de Estructuración de Proyectos de la entidad, a Consonante en una respuesta escrita.
El funcionario resaltó que el Ministerio del Interior demoró y no entregó información necesaria para elaborar el proyecto —como características de los predios o aspectos ambientales y sociales de la región—, y Enterritorio se vio en la tarea de adelantar la recopilación de la información. Estas labores incidieron en el avance de las obras.
Además, se refirió a la no ampliación de los tiempos de contrato, justificando que los ocho proyectos que estaban listos para iniciar la fase de construcción —entre ellos, las sedes de San Juan— contaban con un cronograma de finalización de obras para abril de este año; sin embargo, a los otros proyectos con mayores retrasos no se refirió. Según la entidad, con la prórroga de cerca de 13 meses, buscaba “mitigar impactos sociales” derivados de los incumplimientos del contratista.
La entidad señala que con la finalización del contrato cesó actividades en estos territorios y “corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social, en su calidad de líder del sector y titular de los recursos del proyecto, informar a las comunidades sobre las decisiones y acciones que se adoptarán respecto de la continuidad o definición de las intervenciones relacionadas con esta iniciativa”, se lee en la respuesta de la entidad.
Enterritorio le confirmó a Consonante que a la fecha, no se ha realizado ningún pago a los contratistas que adelantaba estas obras, los recursos siguen administrados por el patrimonio autónomo, en manos de Fiducoldex, a la espera de la liquidación del contrato para reconocer los valores de los productos que efectivamente fueron entregados.
Ante el silencio del Ministerio, Enterritorio y el consorcio, líderes de los tres corregimientos de San Juan del Cesar enviaron a la Secretaría de Planeación municipal, un oficio solicitando saber qué pasó con la obra. “La Alcaldía también tiene una gran responsabilidad. Sabemos que no manejaron recursos para la construcción, pero sí los manejaron para la demolición de los centros de salud que teníamos”, sostiene Pedro Molina, desde el corregimiento de Veracruz. Esta carta, a la fecha, no les ha sido respondida.
Willer Arciniegas, asesor jurídico de la administración, le explicó a Consonante que los tomó por sorpresa la liquidación del proyecto. Según señala, se enteraron a través de un oficio que el alcalde, Enrique Camilo Urbina, envió a las entidades a cargo para conocer el estado del proyecto. Allí les notificaron que se había iniciado un proceso de sanciones por incumplimientos y se había terminado el contrato.
Ana Gabriela Suarez, enlace de apoyo de la Secretaría de Salud de San Juan del César, acompañó el proyecto de los Caps del municipio. Explicó que como la Alcaldía es la propietario de los terrenos, asumieron la responsabilidad de demoler la infraestructura antigua de los centros. “Uno de los requisitos que pidió el Ministerio para poder intervenir y hacer infraestructura nueva, fue que no se podía trabajar sobre lo viejo. Ellos querían hacer como un hospital pequeño en esos tres corregimientos”, dijo.
Los funcionarios manifestaron que les preocupaba cómo se están viendo afectadas las familias en su derecho a la salud. Por eso, Arciniegas aseguró que están pensando en empezar acciones legales “para solicitar de manera muy respetuosa, tanto al Ministerio de Salud como a Enterritorio, que se culminen estas obras que tanto benefician al municipio”.
En un video, Minsalud se refirió a la controversia y aseguró estar elaborando un nuevo convenio, pero no precisa cuándo será una realidad.
Pero estas gestiones y respuestas no han llegado a los líderes y sus comunidades. La cura fue peor que la enfermedad y en este caso, los habitantes de Veracruz, Villa del Río, Guayacanal y el resto de comunidades del departamento, se sienten como en una sala de espera sin la certeza de saber que serán atendidos.
*Consonante envió un derecho de petición al Ministerio de Salud para conocer qué entidad había fallado en esta contratación, en qué etapa está el proceso de recuperación de los recursos y qué planea para garantizar el derecho a la salud de estas comunidades. A pesar de accionar una tutela, a la fecha no han respondido.
Como en otras temporadas de elecciones, el pasado domingo, grupos de simpatizantes se quedaron en los comandos de campaña hasta conocer los resultados. Al final del día, la euforia se desbordó: fuegos artificiales y disparos al aire resonaron en varias comunidades de la zona rural en celebración de la victoria de los candidatos, varios de apellidos conocidos por su poder político. La fiesta se trasladó a los billares y estaderos de los pueblos, pese a la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas durante los comicios.
Carteles en una casa de la zona rural de Fonseca. Foto: cortesía.
En contraste con los puntos rurales, en las áreas urbanas la jornada electoral se vivió de manera diferente: más tranquila y organizada. José Armando Olmedo, economista y escritor de Fonseca, cuenta que a pesar de las dificultades y las irregularidades, “hubo un buen comportamiento por parte de la sociedad, a pesar de que hubo intentos frustrados de compra de votos", afirmó.
Si bien el departamento alcanzó tres representantes directos en el Senado, Olmedo destaca que La Guajira enfrentará desafíos importantes en materia de gobernanza y representación, debido a que los candidatos electos son de distintas corrientes políticas y proponen distintos modelos económicos para los recursos de la región.
“Aquí, la clave es que estas personas trabajen en conjunto. Dejen las diferencias a un lado y podamos construir soluciones para los problemas que tiene La Guajira”, enfatizó Olmedo.
Se trata de Alfredo Rafael Deluque Zuleta, por el Partido de la U; Martha Peralta Epieyú, quien ocupó una de las dos curules indígenas del Senado con el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais); y la sorpresa de la contienda: Deisy Johana Osorio Márquez, por el Pacto Histórico.
Deluque destaca por alcanzar su quinto periodo en el Congreso —tres en la Cámara y dos en el Senado—. Sin embargo, a pesar del respaldo que volvió a recibir en las urnas el pasado fin de semana, distintos sectores cuestionan que, durante todos esos años de trayectoria legislativa, no haya impulsado con suficiente fuerza en el Capitolio las problemáticas estructurales de La Guajira ni las demandas históricas de sus comunidades. Sus críticos señalan que buena parte de su actuación reciente se ha concentrado en ejercer oposición al gobierno de Gustavo Petro. En esta nueva campaña, por su parte, Deluque puso el énfasis en una agenda enfocada en la digitalización y la llamada “modernización económica”.
El riohachero ha enfrentado señalamientos públicos y denuncias periodísticas por supuesta influencia en la contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en La Guajira. El senador ha respondido públicamente negando cualquier irregularidad en estos manejos. En su familia resalta el caso de su padre, David Deluque Freyle, exgobernador de La Guajira, a quien la Corte Suprema de Justicia le ratificó una condena de más de ocho años de prisión por ejecutar contratos de alcantarillado y obras públicas de manera indebida en Maicao y Riohacha mientras era gobernador.
También, Martha Peralta repite curul en el Senado, después de haber estado en la lista del Pacto Histórico para el periodo 2022-2026. Aunque ha apuntado a representar las necesidades de las comunidades más vulnerables relacionados con el acceso a agua y alimentos, la mujer Wayuú se encuentra investigada por posible tráfico de influencias dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), investigación en la que buscan determinar si la senadora jugó un papel determinante para beneficiar congresistas a cambio de que respaldaran las reformas del gobierno Petro, así como por el direccionamiento de contratos en esa entidad.
La sorpresa, sin duda, fue la candidata del Pacto Histórico, Johana Osorio, quien ocupará el puesto 21 en el Senado, una curul definida por la lista cerrada de esa colectividad, cuyo orden se estableció a partir de la consulta interna realizada en octubre de 2025. Con apenas el 0,7 % de los votos (16.981), logró ubicarse en esa posición dentro de la lista.
Osorio es administradora de empresas y contadora pública. Se presenta como “coach ontológica” y como lideresa social de Maicao, además de feminista y defensora del agua. Ha ocupado el cargo de edilesa y, en las elecciones de 2023, aspiró al Concejo de ese municipio, pero no logró obtener una curul. En los últimos años también se ha desempeñado como vicepresidenta de Mujeres y Géneros de Colombia Humana.
En 2024, el foco mediático le había puesto atención a la candidata y a su esposo, Félix Humberto Rosania Aguirre, administrador de empresas y exdirector departamental de la Ungrd, por un presunto escándalo en el departamento. Según denuncias de habitantes de Maicao, el programa de ollas comunitarias en La Guajira —a través del cual la Ungrd buscaba asistir con alimentos a cientos de comunidades vulnerables del departamento— se utilizó para hacer campaña política a favor de Osorio cuando aspiraba al Consejo del municipio. La pareja ha negado estas acusaciones. Consonante conoció que algunas madres comunitarias denunciaron incumplimientos en los pagos y los beneficios del programa, deudas que, al día de hoy, no se han solucionado.
Para la Cámara de Representantes, las dos curules del municipio quedaron en manos de Jorge Armando Figueroa Angarita, ‘Nenón’, por el Partido de la U, y de Juan Loreto Gómez Soto, ‘Juanlo’, por el Conservador. Ambos oriundos del municipio de Barrancas, se llevaron el mayor número de sufragios, con más de 60 mil votos cada uno. Mientras algunos líderes describen a Figueroa como un “aparecido político” aliado de la casa Deluque, Gómez Soto se destaca por presuntos escándalos de corrupción y de compra de votos.
Olmedo resalta que la polarización política en Colombia puede afectar la relación entre los representantes de La Guajira y el Gobierno nacional, dependiendo del resultado de las elecciones presidenciales. “La derecha del país habla de devolver al carbón, la minería, al gas como motor económico para este departamento; mientras que la izquierda se va más por el modelo económico del turismo y la energía renovable”, advirtió.
También la curul de paz que abarca los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira ha sido uno de los focos de atención en estas elecciones. Estos escaños fueron creados en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 con el propósito de que las víctimas y las comunidades más afectadas por el conflicto armado tuvieran representación directa en el Congreso.
Sin embargo, la elección —y ahora reelección— de Jorge Rodrigo Tovar Vélez en esta curul ha sido cuestionada. Tovar es hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, quien comandó el Bloque Norte de las Auc. Para distintos sectores y organizaciones de víctimas, su presencia en este escaño resulta problemática, no solo por ese vínculo familiar, sino también por las marcadas desigualdades económicas y de visibilidad política frente a otros candidatos provenientes directamente de comunidades afectadas por la violencia, quienes aspiraban a esa representación.
La contienda por la Cámara estuvo dividida por las dos grandes fuerzas de siempre. Por un lado, el senador Alfredo de Luque busco mantener su hegemonía apoyando tres fórmulas para la Cámara de su partido: el exalcalde de Albania, Pablo Parra Córdoba —vinculado políticamente a la exgobernadora Oneida Pinto—; el empresario Jorge Armando ‘Nenón’ Figueroa —exsecretario de Desarrollo Económico de la actual Gobernación de La Guajira—; y la líder Hortensia Bernier Sánchez —quien es reconocida por su trabajo social con comunidades Wayúu—.
Este primer bloque cuenta con el respaldo de sectores de la administración departamental, en cabeza del gobernador, Jairo Alfonso Aguilar Deluque —familiar de Alfredo Deluque—, y el exgobernador, Raúl Roys Garzón. Sin embargo, algunos expertos señalaron ciertas preferencias dentro del partido. Según información de Seminario La Calle, por decisión del senador Deluque se habrían realizado maniobras para debilitar la candidatura de Pablo Parra para favorecer de ‘Nenón’ Figueroa, una decisión que habría sido motivada por el músculo financiero con el que cuenta este último por encima del capital político que Parra ostenta.
La cercanía política de Figueroa con el clan Deluque se hizo evidente, al menos, cuando decidió renunciar a su aspiración a la Gobernación y respaldar la campaña de Alfredo Deluque Zuleta. Antes de incursionar en la política en 2023, había trabajado durante varios años en el sector privado: primero en la empresa de su padre, Octavio Figueroa, y luego en su propia compañía del sector de la construcción.
Tiene 36 años, es administrador de Negocios con énfasis en Alta Gerencia de Toronto Metropolitan University, en Canadá, y especialista en Negociación de la Universidad de los Andes. Durante la campaña, Figueroa centró su discurso en propuestas relacionadas con el desarrollo regional y el fortalecimiento de las oportunidades económicas.
En la otra orilla estaba el oficialismo con el Pacto Histórico, liderado por la senadora Martha Peralta. A este sector se le vincula con figuras como Juan Loreto Gómez, cuya candidatura ha sido cuestionada —junto a Peralta— por presuntos nexos en el escándalo de la Ungrd, investigación en la que aún se busca determinar la responsabilidad de congresistas en el direccionamiento de contratos para la aprobación de las reformas del actual gobierno, dineros que se habrían trenzado a partir de sobrecostos en la compra de carrotanques para el departamento.
A la campaña de Peralta y Gómez se sumó el respaldo de Samuel Santander Lopesierra, más conocido como ‘El hombre Marlboro’, un reconocido traficante de licor y cigarrillos en siglo pasado —mientras ejercía la política— y condenado por narcotráfico en Estados Unidos quién estuvo 20 años en prisión. A su regreso al país, tras purgar su condena, retomó el ruedo de la política en Maicao, pero por su pasado delictivo se encuentra inhabilitado para ejercer puestos públicos y desde hace unos años apoya al clan Soto.
‘Juanlo’ es ingeniero industrial y especialista en gerencia de proyectos de la Universidad del Norte. Fue secretario de Planeación de la Gobernación de la Guajira y, a sus 40 años, repite puesto en la Cámara, después de 4 años de haber hecho parte de la Comisión Cuarta, que se encarga de asuntos del presupuesto nacional.
Es hijo de la exrepresentante a la Cámara María Cristina ‘Tina’ Soto de Gómez, elegida en 2018 por el Partido Conservador Colombiano. Soto renunció a su curul en abril de 2022 en medio de una investigación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia por presunta corrupción electoral. En ese proceso también se mencionó a su hijo: durante su primera candidatura al Congreso, la Corte compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigara su posible participación en estos hechos.
En elos anteriores comicios legislativos, Juan Gómez llegó al Congreso con el apoyo de su primo, Iván Mauricio Soto, entonces alcalde del municipio de Barrancas (2020-2023) —e investigado por la Procuraduría por presuntas irregularidades en el nombramiento desi gabinete—. Loreto también ha sido investigado por presuntas irregularidades en contratos viales direccionados a congresistas aliados. Además, también cursa contra él una investigación cuando las autoridades encontraron armas y municiones en un vehículo de su esquema de protección.
Durante la campaña, algunos candidatos estuvieron en vilo por la incertidumbre jurídica, sin embargo el Consejo Nacional electoral dejó firme las candidaturas de dos aspirantes: Límbano Alfonso Díaz por el Pacto Histórico —al cual se le desestimó una denuncia por doble asignación del tesoro público relacionada con su trabajo en el Congreso y la Universidad de La Guajira— y la de Pablo Parra del Partido de la U —quien superó una solicitud de revocatoria por presunto proselitismo indebido en la asamblea departamental—.
De acuerdo a los datos de la Registraduría Nacional, había 708,871 ciudadanos habilitados para votar en el departamento, más de 63 mil personas en comparación con las elecciones de 2022. Las autoridades dispusieron 218 puestos de votación y 2.155 mesas en los 15 municipios. Según el preconteo de votos, la participación de los guajiros rondó el 50 por ciento del censo electoral del departamento —un ligero aumento a las de hace cuatro años, donde se registró un 47,9 por ciento de participación—, de los cuales se registraron 304.735 votos válidos (93 por ciento) para la Cámara de Representantes y 277.216 votos válidos (92,6 por ciento) para el Senado.
A la Cámara de Representantes de La Guajira, el Partido de la U, arrasó, con 144.573 votos
(47,44 por ciento) y el candidato Jorge Armando Figueroa, quien sacó 65.157 votos, se quedó con el primer escaño. El partido Conservador sumó 84.633 votos (27,7 por ciento) y la curul se la volvió a quedar Juan Loreto Gómez, con 64.658 votos —quien aumentó su capital político en comparación con 2022, cuando había alcanzado 53.164 votos—.
En los municipios donde hace presencia Consonante, el Partido de la U se consolidó como la fuerza mayoritaria. En San Juan del Cesar obtuvo 10.007 votos (52,5 por ciento de la votación válida) y en Fonseca, 7.186 votos (47,8 por ciento).
Los siguientes puestos muestran tendencias distintas en estos dos municipios, a pesar de que el Partido Conservador se quedó con el segundo puesto en ambos. En Fonseca el Partido Conservador le ganó al Pacto Histórico solo por 72 votos; allí el partido tradicional obtuvo 3.223 votos (21,4 por ciento) y el partido de oposición 3.151 votos (20,97 por ciento). En San Juan del Cesar, la diferencia entre ambos partidos fue mayor: el Conservador se llevó 5.508 votos (28,89 por ciento) y el Pacto histórico 2.024 votos (10,61 por ciento).
En San Juan del Cesar y Fonseca, la mayor votación fue a favor de Figueroa. En Fonseca, el representante a la Cámara por el Partido de la U, obtuvo 3.234 votos (21,52 por ciento) y Gómez, 2.430 (16,1 por ciento). Mientras que en San Juan del Cesar, Figueroa sacó 7.150 votos (37,51 por ciento) y Gómez, 4.649 (24,39 por ciento).
Para el Senado, el 36,2 por ciento de los votos del departamento fueron para el Partido de la U (100.541 votos), el 20,3 por ciento para el Conservador (56.292) y el 13,4 por ciento para el Pacto Histórico (37.377). Por quinta vez, el guajiro Alfredo Deluque vuelve a ocupar una curul en el legislativo y el departamento le aportó más de la mitad de los votos: 63.962 de los 113.091 que lo posicionaron en el tercer lugar de los congresistas más votados en la lista de la U —sus número enseñan mayor respaldo a nivel departamental y nacional, pues en las elecciones de 2022 en La Guajira se había llevado 51.425 votos, con un total nacional de 81.300—. Por el mismo partido, el cartagenero Antonio Correa Jiménez —quien ya había ocupado ese escaño en 2010 y 2022— recibió 3.766 votos desde La Guajira, de los 84.239 que lo llevaron al Congreso.
En el Partido Conservador los candidatos más apoyados por los guajiros y que llegaron al Congreso fueron, el cordobés Wadith Alberto Manzur Imbett, que sacó 14.182 votos en el departamento de los 134.914 de todo el país —y quien dio el salto desde la Cámara por Córdoba—; y el antioqueño Daniel Restrepo Carmona, que contó con 13.867 de La Guajira, de los 122.380 a nivel nacional.
Martha Peralta alcanzó uno de los escaños indígenas del Senado al reunir 61.098 votos en todo el país con el partido Mais, de estos, el 55 por ciento fueron puestos por La Guajira (33.922 votos). Vuelve al Congreso, tras haber formado parte de la lista cerrada del Pacto Histórico en 2022, donde fue puesta en el sexto puesto y fue elegida como la primera mujer Wayuú al Senado.
En La Guajira también hacía parte de la contienda por una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). Fruto del acuerdo de paz, las víctimas de tres municipios del departamento y otros 10 más pertenecientes a Cesar y Magdalena votaron para elegir a quien, por última vez, ocuparía ese espacio en el Congreso. Como muchos sectores lo advertían, la suerte de esas elecciones estaba anunciada.
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En los tres departamentos, la Asociación Paz es Vida obtuvo 26.937 votos (53,5 por ciento de toda la votación), de los cuales 23.989 fueron para el candidato Jorge Rodrigo Tovar —solo en La Guajira obtuvo 7.464 sufragios—. Las listas que le siguen, juntas, rondan sólo el 15 por ciento de las votaciones. Cada una la lideran Hilary Sorani Sánchez Arengas, con 2.247 votos, y Carlos Alfonso Cassiani Barrios, con 3.210, conocidos en la región por ser liderazgos comunitarios.
En la vereda Pondores, zona rural del municipio de Fonseca, las elecciones del domingo se desarrollaron con una particularidad: el colegio de Almapoque fue habilitado por primera vez como punto de votación. Desde este lugar se buscaba garantizar el derecho al voto de familias de ese corregimiento y las comunidades como Lourdes, El Rincón o Las Bendiciones. En los anteriores comicios estas familias solo contaban con el puesto del corregimiento de Conejo.
Soldados y policías se hicieron presentes desde temprano en la institución para escoltar la única mesa de votación que se habilitó en el comedor de la pequeña escuelita y aunque recibieron con gusto el nuevo puesto, a los líderes de la región les inquietó ver decenas de caras nuevas llegando a votar. Varias llegaron en carros y camionetas que no usan las familias de la región por no estar aptas para moverse en las trochas de esa parte de la Serranía de Perijá, incluso, un grupo de personas apareció a bordo de un camión, se reunieron en una finca de la zona y votaron allí.
Desconfían porque han visto cómo año tras año se pagan los votos. Explican que así lo vivieron al salir del colegio: tras ejercer su derecho al voto, muchos electores utilizaron sus teléfonos celulares para compartir información sobre el proceso y comentar cómo avanzaba la jornada. Otros aprovecharon para mencionar acuerdos económicos vinculados al sufragio.
Coincidieron en que los compradores ahora operaban de manera más discreta, con fachadas más hábiles, y el único movimiento masivo que observaron en zona rural en esa parte del municipio fueron las carpas de los candidatos más fuertes del departamento que servían para indicarles a las personas cómo votar por esos candidatos, repartir tarjetas discretas con la información de cómo votar y ofrecer un refrigerio.
Para el departamento, la Policía señaló mayores resultados para desmantelar la criminalidad electoral, en comparación con los operativos durante los comicios de 2022. Para este año, indicó que 46 personas fueron capturadas por delitos electorales, $3.761 millones, y 52 fueron capturadas por incautación de dinero. Sin embargo, pese a las campañas en favor de la transparencia y contra la compra de votos, persisten prácticas asociadas a las viejas maquinarias políticas.
Unos días antes de estas elecciones, el municipio de Hatonuevo, sobre la vía que une los municipios de Distracción con Albania, quedó expuesto como un posible indicio sobre estos delitos electorales. En un vehículo, la Policía descubrió 145 millones de pesos en efectivo, cuidadosamente guardados en sobres marcados con los nombres de municipios del departamento. Junto al dinero apareció propaganda política de Daniel Restrepo, oriundo de Itagüí, Antioquia, actual representante a la Cámara por ese departamento y candidato al Senado por el partido Conservador.
La sorpresa fue mayor cuando se conoció que uno de los capturados hacía parte del esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, el abogado guajiro Jaime Luis Lacouture. Sin embargo, un juez ordenó la libertad inmediata del escolta y la devolución del dinero, al considerar que la detención no se ajustó a la ley. Lacouture y su escolta afirmaron que los sobres fueron marcados por la Policía y que el dinero estaba destinado a comprar un vehículo.
La trayectoria de Lacouture ha estado manchada por cuestionamientos: antes de asumir el escaño en la Cámara para los periodos 2018-2022 y 2022-2026, fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, donde entregó credenciales a congresistas apenas un día antes de su cambio de función. En su círculo cercano figura el senador conservador Carlos Trujillo, hoy involucrado en el escándalo de la Ungrd.
Estos delitos electorales buscan influir en la decisión de los votantes y aprovecharse de las necesidades de algunas familias, una situación especialmente sensible en el municipio.
Restituir tierras despojadas, fortalecer las economías rurales y hacer efectiva la Ley de Víctimas. Con esas promesas, 22 candidatos buscan llegar al Congreso a través de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) número 12, que agrupa 13 municipios de tres departamentos de la Costa Caribe. Sus campañas hablan de reparación y justicia para las comunidades más golpeadas por el conflicto armado. Pero en la región, muchas familias escuchan esos discursos con escepticismo: son promesas que ya les habían hecho antes.
A unos días de las últimas elecciones del espacio creado para representar a las víctimas del conflicto armado en el Congreso, en La Guajira, Cesar y Magdalena se vive una carrera desigual entre los poderes políticos tradicionales y aquellos que buscan recuperar el espacio para reivindicar a sus comunidades. El eje de la desigualdad está sobre la campaña de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, el ‘Yoyo’ Tovar, hijo del exjefe paramilitar ‘Jorge 40’, quien hoy busca reelegirse en ese escaño.
“Cuando Tovar llega a algún lugar, es todo un espectáculo: despliegue de música, comida y publicidad. Pero antes de eso, ha contado con tropas de personas para llamar la atención de la gente”, así lo cuentan varias comunidades guajiras. Hace unos días, el equipo de campaña de Tovar recorrió las calles del corregimiento de Conejo, en el municipio de Fonseca. De puerta en puerta, repartiendo invitaciones, cachuchas y sonrisas, buscaban convencer a los habitantes de asistir a un evento organizado en el comando de campaña: una casa ubicada frente a la plaza del pueblo que, años atrás, perteneció al narcotraficante ‘Maquitos’ Figueroa, señalado como responsable del dolor de cientos de familias en la región. Allí, como si se tratara de una fiesta, hubo comida y refrescos para quienes llegaron a escuchar las propuestas del candidato.
Mientras la campaña de Tovar se permite el lujo de captar la atención de la gente y llegar a más lugares, a los contrincantes solo se les ve en algunos afiches por algunos pueblos. Luchan por llegar a las reuniones veredales para darse a conocer.
En redes sociales, con videos dinámicos e imágenes de alta calidad realizadas por un equipo de comunicaciones experimentado, Tovar se muestra como un hombre que escucha a los más vulnerables. En contraste, otros candidatos mantienen una presencia en línea modesta, con publicaciones hechas sin experiencia.
El Consejo Nacional Electoral volvió a incumplirles —como lo había hecho en las elecciones de 2022— a los candidatos: el desembolso de los recursos para hacer campañas de las Citrep llegó tarde. Solo hasta el pasado 16 de febrero, esa entidad acordó las reglas para entregar financiación a estas campañas. La decisión quedó plasmada a través de la Resolución 1081, a tres semanas de los sufragios.
A una de las candidatas a las que les incumplieron fue Hillary Sánchez, víctima de desplazamiento en el municipio de Fundación, Magdalena. Empezó a trabajar en las mesas municipales de víctimas y, desde hace unos años, viene articulando acciones con el gobierno para el avance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). No había aspirado a cargos en el municipio, se lanzó a lo nacional y hoy, a sus 27 años, es una de las fichas más destacadas en la contienda.
“No hay condiciones de equidad ni igualdad para poder competir con él —Tovar—. Ostenta una credencial, lo que tiene ya unas ventajas, y un músculo financiero robusto. Pero si no tuviera esto, estaría fuera de la contienda”, señaló.
Sánchez ha reunido algunos fondos para visitar a algunos líderes y sus comunidades y contarles que le apuesta a que se cumpla el Acuerdo de Paz y sigan diálogos con otros actores armados, así como cerrar la brecha del campo y la ciudad, impulsar la entrega de tierras y fortalecer los liderazgos locales. Pero sin dinero la contienda se le ha dificultado.
En contraste, durante el pasado fin de semana, Tovar visitó varias comunidades para cerrar su campaña. Decenas de personas con gorras, camisetas y bombas verdes, en Los Pondores en San Juan del Cesar o en Aguas Blancas en Valledupar lo acompañaron entre algarabía y conjuntos musicales. “El candidato que se quiere reelegir tiene su gente, pero entre ellas he visto personas que no les importa todo esto, que se dejan engañar porque les ofrecen comida, fama o poder”, lamenta un líder de La Guajira que pidió la reserva de su nombre. Dice esto mientras resalta la vulnerabilidad de su comunidad, que años atrás, en distintos comicios, ha apoyado a candidatos con la expectativa de recibir ayudas económicas o promesas laborales.
Sin recursos, sin apoyos y sin amistades poderosas, los otros 21 candidatos que aspiran a reemplazarlo temen perder ante el poder ‘Yoyo’, pero se mantienen esperanzados por sus comunidades.
A través de la organización Asociación Paz es Vida, en 2022, Tovar llegó a la Cámara de Representantes con 15.272 votos, la mayor votación que recibió un candidato para estas circunscripciones. Ese año, el censo electoral para esta curul del Caribe era de 125.577 personas habilitadas para sufragar. Para estas votaciones se registraron 152.280 personas, siendo Magdalena y Cesar donde mayor volumen de sufragantes hay. Los candidatos se agrupan en un consejo comunitario, cinco organizaciones campesinas, tres organizaciones de víctimas y dos organizaciones sociales.
Varias víctimas con las que conversó este medio cuestionaron el desempeño legislativo de Tovar durante los últimos cuatro años en el Congreso, por eso les sorprende que quiera volver a competir por una silla en el legislativo.
Juan Carlos Gómez, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas del Cesar, cuenta que entre la población víctima ha encontrado una sensación generalizada de no verse realmente representada en el Congreso durante el primer periodo de las curules de paz en varias de las regiones priorizadas por el Acuerdo. En esto coincide Yesica Fragoso, lideresa de víctimas de San Juan del Cesar: “Lo positivo fue la visibilización del tema en algunos espacios; sin embargo, lo negativo fue la falta de comunicación permanente con las bases y la ausencia de rendición de cuentas claras”, afirma.
“En las elecciones de 2022, las víctimas no contaban con garantías suficientes para postular a personas que realmente hubieran sufrido el flagelo de la guerra. En su lugar, se presentaron candidatos con intereses políticos y económicos que lograron llegar al Congreso. Y aunque en su momento tuvieron cierta aceptación, hoy cabe preguntarse qué avances concretos han logrado para las comunidades que dicen representar”, señaló Gómez.
Esta noción de oportunidad perdida es un sentimiento compartido entre líderes de los tres departamentos. En un inicio, la curul especial de paz fue vista como una herramienta clave para las víctimas del conflicto armado en la región y generó expectativas en la comunidad sobre la posibilidad de contar con una voz que realmente las representara en el Congreso. Sin embargo, según Elizabeth Cotes, lideresa de víctimas en el municipio de Dibulla, La Guajira, la decepción comenzó a instalarse con el paso de los años, al ver que muchas de sus necesidades seguían sin resolverse.
Las 16 curules de todo el territorio se destacaron por realizar control político sobre los Acuerdos de Paz, pero Alejandro Chala, investigador de Fundación Paz y Reconciliación (Pares), concuerda en que no se han tratado de grandes resultados y más bien ha logrado visibilizar liderazgos.
“Las curules de paz han tenido un rol más importante en la definición de quórum y votaciones para proyectos de iniciativa de congresistas o del gobierno nacional, pero más allá de ello y del rol de debate público, no han tenido mucha producción legislativa”, dice Chala.
Aunque han tenido ambición legislativa, se han quedado a medio camino. Por ejemplo, a mediados de julio de 2024, varios de ellos propusieron transformar la Unidad para las Víctimas en un ministerio que coordinara la atención y reparación y se implementara una política pública de atención a víctimas, pero el proyecto fue retirado un año después.
También han conseguido algunos resultados. Uno de los más relevantes ha sido la extensión por diez años más del periodo de inversión en los municipios Pdet. Una de las curules de paz que impulsó esta iniciativa fue Tovar.
Según los registros del Congreso, Tovar ha sido coautor de 30 proyectos de ley. Entre ellos se destacan iniciativas para impulsar el turismo en los territorios Pdet, destinar la maquinaria incautada de la minería ilegal al desarrollo de obras en municipios afectados por el conflicto, conmemorar a las víctimas de la Guerra de los Mil Días y modificar la Ley de Víctimas para superar su estado de necesidad, así como ampliar los plazos para que más personas puedan ser incluidas en el registro de víctimas.
Otras que buscaban que las víctimas fueran exentas de los derechos de inscripción y de grado en las universidades públicas o la municipalización de áreas en zonas Pedt fueron archivadas. También resaltan otras agendas legislativas lejanas a las necesidades de las víctimas como declarar el Día de la Cultura Vallenata, vincular al Congreso en los ascensos militares o declarar patrimonio genético nacional a la raza del caballo de diagonales.
Las millones de víctimas del conflicto están regadas en todo el territorio nacional, pero el Acuerdo de Paz focalizó las elecciones de las curules de paz en 168 municipios, por eso para voces como Juan Carlos Gómez, desde el Cesar, la representación de cada una de las curules de paz lleva un peso enorme con todo el país.
Yesica Fragoso, líder de víctimas del municipio de San Juan del Cesar, señala que en su comunidad el primer proceso de elección de las curules fue percibido como poco transparente por la escasa socialización en los territorios. “Muchas organizaciones no tuvieron información suficiente ni espacios reales para conocer propuestas o debatirlas. Esto generó desconfianza y la sensación de que la elección no reflejó verdaderamente la voluntad colectiva de las víctimas”, explica.
Desde el resguardo Kankuamo, uno de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Oseas Tomás Arias aún lamenta el desconocimiento que su comunidad —como muchas otras víctimas— tenía sobre las elecciones de estas curules. En 2022, recuerda, en el resguardo no se entendía muy bien de qué trataban esos comicios. Sin embargo, asegura que el único candidato que llegó a hacer campaña fue Tovar.
“En ese momento, aquí en el resguardo Kankuamo le pusimos unos 400 votos”, explica. “Creímos en él para empezar a hacer la reconciliación; queríamos mostrar que somos capaces de perdonar, pero sin olvidar”, agrega Arias, exsargento del Ejército y víctima de ‘falsos positivos’.
Arias es una de las víctimas acreditada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reprocha que Tovar no haya acompañado en las audiencias y diligencias a las familias afectadas por la guerra en esas regiones durante los cuatro años en el cargo. “Por eso ahora mismo estamos buscando una nueva representación. Estamos pensando en un candidato que he visto conmigo allá, llorando en las audiencias, con los recuerdos”, dice.
Desde la coordinación de la Mesa de Víctimas de Cesar, Gómez ha podido identificar que el malestar de la población se debe a la falta de diálogo y la ausencia de reuniones con la gente. Considera que la curul de paz se convirtió en un espacio más para la historia de la política tradicional. “Todo el sector político del departamento del Cesar desaparece y aparece cada cuatro años cuando necesitan votos. Asimismo pasó con la curul de víctimas. Nunca tuve una invitación para conocer un informe o saber de los proyectos a favor de las víctimas”, reprocha Gómez.
Aunque el Estado establece requisitos para los candidatos que aspiran a la curul de paz en Colombia —que incluye ser víctima del conflicto armado, tener experiencia en temas de víctimas, no tener antecedentes penales ni vínculos con grupos armados, ser mayor de edad y tener un buen historial de comportamiento—, varias víctimas entrevistadas creen que los requisitos no fueron suficientes para garantizar que la curul de paz fuera ocupada por alguien que efectivamente los representara.
Cotes, desde Dibulla, cuestiona la falta de garantías del Estado por no haber evitado que las curules de víctimas se volvieran una herramienta más de la politiquería. “El estado le hizo falta mucho. Permitir que un hijo de un victimario ocupe la curul de paz es un golpe más para las víctimas”, considera.
Tovar nació en Valledupar, Cesar, hace 36 años. Es abogado rosarista y antes de iniciar campaña por la curul de paz, era el coordinador del Grupo de Articulación para la Política Pública de Víctimas del Ministerio del Interior. En los registros de la Unidad para las Víctimas, Tovar indicó haber sufrido dos desplazamientos forzados por las Farc, en 2006 y 2015; haber presenciado los asesinatos y secuestros de varios familiares y verse obligado a salir al exilio.
“Puede que ‘Yoyo’ no sea mala persona, pero la herida de la guerra aún duele, y el papá de ese muchacho hizo mucho daño, yo como Estado debo de hacer una revisión sobre los candidatos que se postulan que hayan algunas prohibiciones, para que no terminen hiriendo más a la población”, agrega Cotes.
Otro de los opositores a que se dé la reelección es Silver Enrique Polo Palomino, coordinador de la Mesa de Víctimas del municipio de Ciénaga, Magdalena, y quien también ha hecho parte de la mesa departamental. “Ya tuvo la oportunidad de poder levantar la voz en favor de la comunidad, de la población víctima y no se han visto grandes resultados”. También reprocha que por su departamento no lo han visto recogiendo las necesidades de las comunidades que allí representa.
La seguridad es otro factor que tiene prevenidas a las autoridades y candidatos de la región. La nueva ola de violencia que empezó a sentirse a finales del año pasado por los enfrentamientos entre el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc, antes Agc) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) —también conocidos como ‘Los Pachenca’— ha preocupado a la Misión de Observación Electoral (MOE), sin embargo, según el testimonio de un candidato que pidió la reserva de su nombre, Los Pachenca les habrían informado que tenían vía libre para hacer política durante estas elecciones.
Pero con las Egc hay dudas y la primera candidatura de Tovar ya estuvo señalada de supuestos vínculos de violencia. En febrero de 2022, José Humberto Torres, entonces asesor jurídico de la Gobernación de Magdalena, denunció por redes que ese grupo estaría presionando para que las comunidades votaran a favor del ‘Yoyo’.
@CNE_COLOMBIA En el Magdalena los GAO herederos del paramilitarismo están constriñendo a los electores para que voten por alias el Yoyó, hijo del jefe paramilitar Jorge 40; todo indica que los herederos de la parapolitica también regresarán al congreso @Registraduria @DCoronell
— José Humberto Torres (@JoseHTorres) February 24, 2022
En el día de las elecciones al Congreso de 2022, el caso del corregimiento de Guachaca en Magdalena volvió a señalar estas presuntas presiones electorales. Ese día, hombres armados amenazaron a la población, pues según líderes de la Troncal del Caribe, si las familias salían a votar o los jurados cumplían con su obligación, serían declarados objetivo militar. A mediados de ese año, Lerber Dimas, líder de esa región, explicó en Noticias Caracol que esa comunidad tenía su propio candidato para esa curul y el objetivo del grupo armado era presionar a las familias por el desaire contra Tovar. El candidato, a través de sus abogado, ha negado los vínculos con estos grupos.
Lo cierto es que los riesgos persisten. Según el Quinto Informe de Violencia Político-Electoral elaborado por Pares, desde el inicio del calendario electoral al Congreso (8 de marzo de 2025), la organización registra 10 violencias en los tres departamentos donde se eligiera la curul de Caribe: en La Guajira, un atentado y dos homicidios; en Cesar, un atentado, un homicidio y una amenaza; y en Magdalena tres atentados y una amenaza. Por su parte, la MOE registro 14 violencias contra liderazgos políticos, sociales y comunales en los territorios de esta jurisdicción:, la mayoría amenazas.
En las últimas semanas, Luz Ana Camacho, una de las víctimas que permanece en la campaña por esta curul de paz denunció por sus redes sociales que personas que se han identificado como paramilitares le han pedido dinero para seguir en la contienda, pero ella se ha negado. Recientemente, estos sujetos se comunicaron con ella para informarle que debía retirarse de la campaña, sino habría consecuencias contra su familia.
Además de la zozobra por estas violencias, a líderes como Polo lo que más les preocupa es que en los tres departamentos se esté imponiendo el poder de maquinarias políticas para esa curul. “Algunos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados están apoyando la candidatura del ‘Yoyo’ Tovar. Aunque él no dé la cara en la región, tiene algunas personas movilizando su campaña”. Del resto de candidatos, no advierte los mismos riesgos, cree que están haciendo una campaña libre de presiones económicas.
A pocos días de conocerse los resultados, Fragoso desde San Juan del Cesar recuerda que “el mensaje para los próximos candidatos es claro: la curul no debe verse como un cargo político tradicional, sino como una responsabilidad ética con personas que han sufrido el conflicto”.
Catalina* es una joven de El Carmen de Atrato que hoy acompaña el proceso de reclamación de tierras de su familia. “Mi interés es tener la tierrita que mis abuelos tanto anhelaban y trabajarla. Queremos volver a sembrar cultivos de pancoger, tener ganadito y criar a nuestros hijos allí”, cuenta. Desde hace varios años adelantan el proceso de restitución, pero el caso sigue detenido en los despachos y la incertidumbre crece. La familia ya no sabe qué esperar: ignora en qué etapa está su solicitud o si algún día recuperarán la tierra. Lo único claro, dicen que les repiten los funcionarios, es que deben seguir esperando.
En repetidas ocasiones, las visitas de inspección a los predios se han aplazado por deslizamientos de tierra, presencia de actores armados o cierres en la vía que comunica Quibdó con Medellín. Estos mismos factores impiden que los reclamantes puedan asistir a citas y a consultas en la sede de la territorial Chocó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Por todo esto, los reclamantes han solicitado la presencia de un enlace territorial en el municipio que pueda apoyar de manera directa los procesos y asesorar a más víctimas que aún no inician los trámites por desconocimiento o temor.
“Necesitamos que la restitución avance, que se vean soluciones. Hay gente que se ha muerto esperando, con la esperanza de tener la tierra. El proceso es demasiado lento”, apunta Berenice*, otra víctima de despojo del municipio.
Las familias de El Carmen de Atrato han enfrentado graves impactos por la violencia armada, particularmente desde 1996, tras la incursión paramilitar del Bloque Elmer Cárdenas, que trajo consigo masacres, muertes y destrucción de viviendas. El terror que sembró el grupo ocasionó varios desplazamientos masivos e individuales de los campesinos y comunidades étnicas de El Carmen.
Dentro del análisis de contexto del municipio, la Territorial Chocó de la Unidad de Restitución de Tierras documenta los estragos que dejaron los actores armados que tuvieron presencia en la zona entre 1992 y 2008. Según la entidad, comunidades como La Argelia, Habita, El 18, El 20 y La Trocha fueron escenario de hechos de violencia que provocaron el desplazamiento de un número considerable de pobladores hacia distintos lugares del país.
Las cifras reflejan la dimensión del impacto. Entre 1985 y 2026, la Unidad para las Víctimas registra 11.863 víctimas en el municipio, de las cuales 10.350 corresponden a desplazamiento forzado. Y aunque han pasado décadas desde los momentos más intensos del conflicto, la situación de seguridad sigue siendo frágil: en la región aún se reporta presencia de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), cuyas incursiones continúan afectando a estas comunidades rurales.
A esta persistencia de la violencia armada —impulsada por la disputa de corredores estratégicos asociados a recursos naturales y economías ilegales en el departamento— se suman otras tensiones que enfrentan las familias reclamantes: conflictos con terceros ocupantes y una débil presencia estatal. Para Juan Pablo Guerrero, subdirector del Centro de Investigación y Educación Popular, estos factores ayudan a explicar por qué muchas familias aún no han podido retornar ni recuperar sus tierras. “La restitución sigue siendo lenta y conflictiva, escenario perfecto para que la respuesta institucional de la Unidad de Restitución de Tierras sea insuficiente”, señala.
Es el caso de El Carmen de Atrato, donde a la fecha ninguna familia ha podido recuperar sus tierras. Según información entregada a Consonante por la URT, a la fecha no se ha emitido la primera sentencia de restitución para el municipio.
En el municipio, las aulas campesinas han presentado 190 solicitudes de restitución relacionadas con 169 predios. De estas, 73 han sido negadas y 39 fueron inscritas ante la Unidad de Restitución de Tierras, lo que corresponde a 924 hectáreas.
Por su parte, las comunidades indígenas han radicado siete solicitudes —la mayoría aún en etapa de estudio—. De estas, la entidad ha presentado tres demandas que corresponden a tres territorios colectivos con una extensión aproximada de 20.623 hectáreas.
Para el caso de las solicitudes campesinas, el 77 por ciento de las solicitudes inscritas (30) están en etapa judicial, lo que involucra a 621 hectáreas, pero las familias cuestionan que las solicitudes presentan pocos avances. “Cuando se empezó a hablar de restitución de tierras no hubo mucha credibilidad y los avances son muy pocos, por no decir que casi nada en nuestro caso. Muchas reuniones, sí, nos han escuchado, pero poco avanza”, lamenta otra reclamante.
El despojo de tierras en El Carmen de Atrato es el resultado de una cadena de violencias que se ha prolongado durante décadas. En distintos momentos, al menos cinco actores armados han tenido presencia en el territorio: guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y frentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en los años ochenta; el surgimiento del Ejército Revolucionario Guevarista (Erg) en 1993 —una disidencia del Eln que se originó en las montañas del municipio—; y la expansión de estructuras paramilitares vinculadas a las Autodefensas Unidas de Colombia durante la década de 1990, con vínculos con sectores de la Fuerza Pública, que terminaron por consolidarse en los años 2000.
Pero el accionar paramilitar fue el desencadenante del despojo. Como lo detalla el informe de la Comisión de la Verdad en su capítulo sobre la región Pacífico, a mediados de los 90 los paramilitares implantaron un “régimen de terror que se sustentaba en acusaciones a las comunidades locales de colaborar con el Eln y Erg”. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) ingresaron al departamento por la carretera que conecta Quibdó con Medellín, más conocida como La Trocha. El Carmen de Atrato es atravesado por esta vía y los paramilitares llegaron, según declaraciones de Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, para proteger intereses de mineros y grandes comerciantes de Chocó.
Precisamente quienes sufrieron con mayor fuerza los impactos de la violencia, específicamente por la pérdida y abandono de la tierra, fueron las familias organizadas alrededor de la carretera que conecta al Chocó con el centro del país. Allí, decenas de familias de El Carmen de Atrato “se vieron obligadas a salir de sus viviendas para salvar la vida ya que la consigna de los paramilitares fue ‘limpiar la carretera de los auxiliadores de la guerrilla’”, señala un informe de la Corporación Jurídica Libertad (CJL).
Esos años los recuerda Katherin* como una herida abierta. Su familia llegó décadas atrás a la zona de carretera, pero lo perdieron todo cuando estalló la violencia a manos de las Auc. “A raíz del asesinato de mi esposo, tuve que salir del país, abandonar mi casa, mi familia, mi territorio. Estando afuera, solo soñaba con regresar. Aún hoy sueño con reconstruir mi casa, montar mi propio negocio y volver a ver a mi Trocha como era antes: llena de campesinos, de vida, de comida”, expresó.
La URT realizó la primera visita de verificación y georreferenciación del predio de esta familia, pero advirtió un problema con la seguridad jurídica del predio. “Tenemos los documentos de propiedad, la escritura inscrita en instrumentos públicos, pero los abogados dicen que la escritura no estaba asentada y que se debía legalizar”. Hace unos años la familia retornó por su cuenta y encontró el predio abandonado.“Hemos tenido que trabajar con las uñas, sin ayuda de nadie, pero con la fortaleza de nuestros padres hemos logrado sostenernos”, agrega.
Una de las comunidades donde la violencia comenzó a intensificarse fue en El Siete, una vereda ubicada al borde de la carretera en El Carmen de Atrato. El 12 de junio de 1996, un grupo de paramilitares —en presunta alianza con militares— asesinó a Guillermo Barrera, Álvaro Vásquez y Javier Taborda, a quienes acusaban de ser colaboradores del Eln. Ese mismo año, la masacre vino acompañada de la destrucción de viviendas y de otros asesinatos en la zona de carretera, hechos que provocaron el desplazamiento de varias familias.
Entre 1997 y 1998 aumentó el número de familias desplazadas que llegaron al casco urbano del municipio o que salieron hacia otras zonas del país o el exterior. Según la Comisión de la Verdad, durante esos años, 657 personas se desplazaron para huir de las amenazas y torturas del Frente Minero de las Accu. En su mayoría, salieron de las comunidades indígenas de Sabaleta —perteneciente a la etnia embera Chamí— y La Puria —etnia embera Katío— y las comunidades campesinas de las veredas de La Argelia y Guaduas.
Actualmente, existen conflictos interétnicos en la zona por la reclamación de la tierra que campesinos e indígenas perdieron. Las familias campesinas reclaman la propiedad con escrituras, pero las comunidades indígenas aseguran que algunos predios hacen parte de los resguardos. En medio de esas tensiones han surgido amenazas, robo de cultivos, daños de animales y lesiones.
Andrea*, una mujer reclamante de la vereda Guaduas, explica que el desplazamiento de su comunidad inició a manos del Erg, cuando en mayo de 1998 asesinaron a Francisco Javier Restrepo y Euquerio Úsuga, presidente y tesorero de la Junta de Acción Comunal. “Tuvimos que abandonar la tierra y nuestros animales, aunque la mayoría ya habían sido asesinados”, recuerda. Los meses siguientes, continuaron los desplazamientos por las presiones del Erg contra las familias —a quienes señalaba de ser colaboradores del Ejército— a través de amenazas, extorsiones y reclutamiento forzado.
Luego, en julio de ese año, hubo una incursión paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas —en la que la comunidad denunció el acompañamiento del Ejército— y ejecutaron una masacre. “Fueron cuatro personas que torturaron y luego asesinaron. Las casas fueron quemadas y Guaduas quedó desolada”, cuenta la reclamante. Ese año, el grupo paramilitar cometió otra masacre en la comunidad indígena de Sabaleta, causando el abandono masivo de predios.
La URT territorial Chocó ha destacado el caso de la vereda La Argelia, por ser otra de las zonas donde la mayoría de la población es sujeto de restitución a raíz de los desplazamientos familiares e individuales, la quema de la mayoría de las viviendas y los asesinatos que sufrieron. Años atrás, la Diócesis de Quibdó denunció el accionar del bloque Elmer Cárdenas de las Auc en este caso, cuando el grupo paramilitar irrumpió “en la Vereda Argelia, amenazando, torturando y finalmente asesinando a uno de sus miembros, estos hechos provocaron el desplazamiento masivo de sus pobladores hacia la cabecera municipal y luego de algún tiempo y pese al miedo, decidieron regresar”, recoge la Comisión Interétnica de la Verdad en un informe de 2021.
En agosto de 2000, la comunidad sufrió una toma guerrillera, en la que cerca de 500 guerrilleros asediaron la cabecera municipal y usaron cilindros bomba para atacar el cuartel de Policía. En los hechos murieron miembros de la fuerza pública y civiles, y la crisis humanitaria se agudizó en el municipio.
Pero incluso en estas veredas hay casos de despojo registrados antes de la incursión paramilitar. Es el caso de la familia de Berenice*, que fue desplazada hace 30 años de La Argelia, en El Carmen de Atrato, cuando hombres armados de un grupo guerrillero asesinaron a su padre y le advirtieron a su madre que debía irse y no regresar. Años después, la familia decidió retornar, pero encontró a un tercero ocupando la finca, quien asegura haberle comprado la tierra al abuelo de Berenice*.
“Ya llevo tres años haciendo vueltas en la Unidad de Restitución de Tierras y estamos esperando qué dice la jueza”, explica la reclamante. Sin embargo, ese proceso también la ha puesto en riesgo: ha recibido amenazas de muerte por insistir en recuperar la tierra.
Desde la vigencia de la Ley de Víctimas, que da el marco jurídico para la restitución de tierras, se han inscrito más de 13,8 millones de hectáreas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. De esta cifra, el 57,5 por ciento (8,1 millones de hectáreas) se realizó en el gobierno Petro. Sin embargo, Giovani Yule Zape, director de la Unidad de Restitución de Tierras, ha advertido en varios espacios que los seis años de vigencia que le quedan a la entidad son insuficientes para cumplirle a las víctimas.
El funcionario ha hecho hincapié en que gran parte de los retrasos del proceso están asociados a la etapa judicial. Esperan que con la creación de la Jurisdicción Agraria —despachos especializados que resolverán los conflictos agrarios del país, entre estos, los casos de personas despojadas en el marco del conflicto— la respuesta judicial se acelere.
El Chocó, según el director de la URT, es uno de los territorios priorizados por el gobierno nacional. Virgelina Moreno Rodríguez, directora territorial de la URT en Chocó, en varios espacios públicos ha reconocido que es un reto avanzar en la reparación de las víctimas, no solo por el contexto de conflicto armado que siguen afrontando las familias, sino porque a pesar de ser responsable de la etapa administrativa, el proceso judicial y el post fallo sale de sus manos.
A cierre de 2025, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 4.062 solicitudes de restitución individual en Chocó. De estas, 1.165 han sido negadas y 552 fueron inscritas en el registro, lo que corresponde a más de 18.000 hectáreas. Hasta ahora, solo se han proferido 15 sentencias que abarcan 395 hectáreas, mientras que más de 400 casos continúan en etapa de demanda.
En cuanto a territorios étnicos, la entidad registra 164 solicitudes: 153 aún están en estudio y 126 demandas avanzan en etapa judicial, que en conjunto abarcan más de tres millones de hectáreas. Hasta el momento se han emitido 10 sentencias orientadas a restituir 175.234 hectáreas.
A pesar de que los jueces han reconocido el despojo y los daños territoriales, para Juan Pablo Guerrero, desde el Cinep, la deuda es enorme. “La restitución avanza con extrema lentitud: pocas sentencias, bajo cumplimiento de los fallos y una pobre articulación interinstitucional e intrainstitucional; siendo la reparación colectiva un claro ejemplo”, señala.
Las comunidades campesinas siguen la ruta de restitución individual de la entidad, pero de las 15 sentencias que expone la URT, todas se concentran en Ríosucio, al norte del departamento; sin embargo, solo ha hecho entrega de dos predios. Para el caso de comunidades indígenas, muestra resultados en regiones como el San Juan, en Tadó (2); y el Medio y Alto Atrato, en Bagadó (1) y Lloró (1). Para estas comunidades han entregado siete territorios.
“La restitución en el Chocó progresa en el papel, pero sigue en deuda con transformar la vida de las víctimas. La razón es sencilla: la política de restitución avanza donde hay menos obstáculos y evita los casos más complejos”, señala Guerrero. “A esto se suma que los jueces enfrentan un alto volumen de procesos y actúan con cautela, incluso con temor, lo que retrasa aún más la garantía efectiva de los derechos de las víctimas”, agrega el subdirector del Cinep.
En diversas subregiones del departamento existen tensiones y conflictos interétnicos entre comunidades indígenas o afro con comunidades campesinas, especialmente en torno a la propiedad de la tierra y el Carmen no es la excepción. Y estas tensiones no se solucionarán solo con diálogos que pretendan resolver controversias entre las comunidades. Según Guerrero, aún no hay claridad sobre cuál debe ser la oferta institucional que se les debe garantizar a los segundos ocupantes en territorios étnicos —campesinos que se asentaron en tierras colectivas tras el despojo o abandono forzado de los propietarios originales—.
“En el Chocó las comunidades indígenas y afrodescendientes predominan como sujetos de restitución, lo que refleja un enfoque que prioriza estos actores. Esta situación deberá revisarse y evaluarse a la luz de la reciente declaración del campesinado como sujeto colectivo de especial protección con el fin de ajustar prioridades y asegurar un acceso equitativo a la restitución territorial”.
El 23 de octubre de 2025, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) llevó a cabo el encuentro territorial en Quibdó, Chocó, bajo el lema "Tejiendo la Restitución". El evento reunió a más de 1.000 personas de comunidades étnicas —autoridades de 21 resguardos indígenas y 24 consejos comunitarios— y organizaciones campesinas.
El encuentro estuvo orientado a fortalecer la participación y la incidencia de las comunidades étnicas y campesinas en la política de restitución de tierras y en la implementación de la Ley de Víctimas, así como a recoger sugerencias y preocupaciones de las personas reclamantes. También buscó abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre la situación actual de la restitución en Chocó y en la región.
La expectativa de las más de 40 personas de El Carmen de Atrato que acudieron a la convocatoria estaba centrada en conocer los avances reales de sus procesos de restitución y, en algunos casos, comprender mejor la ruta institucional y los beneficios que contempla. Al encuentro asistieron familias de las veredas La Argelia y Guaduas, del corregimiento de La Mansa y del sector de la carretera, así como voceros de la Plataforma del Campesinado, la Asociación de Caficultores y liderazgos independientes en busca de respuestas.
Sin embargo, después de la presentación de chirimía, los bailes de comunidades Emberá y los cantos de mayores afro advirtieron un problema: poco se estaba hablando de los procesos de las familias campesinas de municipios como el suyo.
Las organizaciones campesinas le solicitaron un espacio de diálogo a la directora territorial de la URT en Chocó para atender los asuntos campesinos. Allí las familias de El Carmen de Atrato expresaron el desconocimiento en la ruta de restitución individual y los avances en los procesos vigentes, por eso la URT se comprometió a realizar una asamblea en el municipio a más tardar en el mes de diciembre del año pasado.
A la fecha no se ha desarrollado este espacio y en una respuesta escrita, la URT le reconoció a este medio que efectivamente habían convocado a una jornada de trabajo en el municipio, pero justificó que no pudo realizarla por la temporalidad de fuertes lluvias, los diferentes cierres de la vía por manifestaciones de los pobladores y el cierre administrativo de la entidad.
Aseguró que tiene pendiente ejecutar la actividad según los compromisos adquiridos, pero no indicó una fecha, pues la entidad sigue revisando la programación de trabajo de 2026. Espera darles respuesta de este espacio a los reclamantes del municipio “una vez se finalice el proceso de contratación y asignación de credenciales de los colaboradores de la Territorial Chocó de la URT”.
Pero el desgaste se siente entre los reclamantes del municipio. “Esta lentitud lo que hace es que los reclamantes cada día sean más apáticos con estos procesos”, señala una de ellas. “En nuestro territorio se ha dialogado mucho del tema de reclamar tierra para los campesinos que no la tienen y queremos que inicie este proceso, pero que realmente se vean los resultados a corto plazo”, agregó.
*Nombres cambiados por seguridad.
Cuando Edilma Loperena Plata habla de la Sierra Nevada de Santa Marta, no recurre a metáforas aprendidas: la nombra, sin titubeos, como “el ecosistema más perfecto que puede tener el mundo”. Ha ocupado el puesto de comisionada de Mujeres del pueblo Wiwa —uno de los cuatro pueblos que habitan desde siempre sus distintos pisos térmicos— y en esas labores ha caminado entera la región: atravesó selvas espesas, visitó lagunas, se bañó en el mar y llegó hasta la nieve. “Por eso la llamamos el Corazón del Mundo: aquí conviven el desierto y el páramo, nacen los ríos y los sabedores mantienen el equilibrio desde los sitios sagrados que resguardan”, dice.
Las comunidades comparten una cosmovisión sustentada en la protección de la Línea Negra o Sei Shizha: un entramado invisible que salvaguarda tanto los ecosistemas como sus creencias. Sin embargo, el pasado viernes recibieron una embestida del Estado contra un derecho que ya habían conquistado: el reconocimiento de su sistema ancestral de conocimiento y gestión del territorio.
En una reciente decisión, el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 1500 de 2018, a través del cual el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos había reconocido 348 sitios sagrados, interconectados entre sí, de los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo alrededor de la montaña más alta de Colombia.
Sin embargo, esta sentencia no compromete los derechos de estos pueblos indígenas, pues la Corte Constitucional fue clara, desde 2013, en ordenarle al Estado que protegiera integralmente el espacio sagrado de las comunidades de la Sierra; a lo que se enfrentan estos pueblos —históricamente marginados y despojados— es a una “decisión regresiva” en materia de derechos de las comunidades étnicas.
Las autoridades de estos pueblos se pronunciaron de manera conjunta apenas conocieron la decisión. “La Línea Negra no es una figura cartográfica ni un simple límite administrativo”, advirtieron. Según su visión, es un tejido de alto valor espiritual y material que sostiene el orden del mundo y garantiza el cuidado de la vida. Allí se ubican los sitios sagrados y se preserva el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. “Desprotegerla jurídicamente pone en riesgo no solo nuestra pervivencia cultural, sino la estabilidad ambiental de uno de los ecosistemas más importantes del planeta”.
Juana Marina Hofman, directora de asuntos estratégicos de Amazon Conservation Team y profesora de la Universidad del Rosario, se pregunta qué tan sólidos son los compromisos del Estado con la autonomía y la integridad cultural de los pueblos indígenas cuando un avance en el reconocimiento de los derechos territoriales puede ponerse en entredicho por un tecnicismo administrativo. Más allá de que esta decisión se traduzca en la desprotección automáticamente de estas comunidades indígenas, la investigadora explica que se trata de un desconocimiento del Estado hacia el territorio ancestral de los cuatro pueblos de la Sierra.
“No esperábamos que el Consejo tomara una decisión tan regresiva en materia de derechos territoriales”, señaló Jenny Ortiz, investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), una de las organizaciones que forma parte de los Amigos de la Sierra, desde donde ha acompañado a los pueblos indígenas en este proceso. Esta vez, sin embargo, quedaron sin margen de acción: la decisión no admite apelación. “El Consejo de Estado eliminó uno de los mayores estándares de reconocimiento en derechos territoriales y protección ambiental que tenía el país”, agregó.
La demanda fue presentada en 2018, tan pronto se expidió el decreto, y el artífice fue el hoy viceministro de Justicia, Yefferson Mauricio Dueñas Gómez.
Desde entonces, organizaciones y expertos advirtieron que de acceder a las demandas de Dueñas, solo se pondría al Estado en una contradicción en su compromiso por la protección de la diversidad y el pluralismo cultural, y lo expondría que el conocimiento de la diversidad étnica únicamente en el país se permite cuando esta no entra en conflicto con intereses privados o comerciales.
El Consejo de Estado falló a favor de quienes se oponían a la Línea Negra, pero no por los argumentos de fondo, sino por asuntos de forma. “Lo que incomodaba no era la técnica jurídica, sino el reconocimiento efectivo de límites al extractivismo y a la expansión sin diálogo”, lamenta Hofman.
Hoy, las autoridades indígenas temen que este sea el inicio de una situación que comprometa la vida en sus territorios por los intereses mineros, el turismo masivo, megaproyectos, monocultivos y nuevas disputas territoriales. “El Consejo de Estado lo que debió hacer fue llamarnos a dialogar. Con esta nulidad no le está haciendo daño solamente a los pueblos indígenas, sino que le están haciendo daño a la humanidad”, lamentó Plata.
El gobierno del presidente Gustavo Petro se alista para firmar un nuevo articulado y cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional.
La Línea Negra trasciende el Decreto 1500. Su propósito es mantener el equilibrio entre el agua del mar y el agua dulce que desciende de la Sierra Nevada, así como resguardar la biodiversidad. Según la tradición de estos pueblos, el territorio les fue confiado por un dios creador para cuidarlo. Con la formación de los ecosistemas quedó delimitado un amplio espacio donde se ubican lugares esenciales en los que deben realizarse pagamentos y ritos ceremoniales destinados a sostener el equilibrio ecológico y social, y así prevenir sequías, terremotos, inundaciones o enfermedades.
Los mamos —guías espirituales y médicos tradicionales de los cuatro pueblos— son los encargados de ofrendar y sanar la naturaleza dentro de ese espacio. Hofman recuerda que no se trata solo de una visión espiritual.
“La Línea Negra es conocida como el “corazón del mundo” porque en ella se articulan sistemas ecológicos estratégicos, fuentes hídricas y equilibrios ambientales que trascienden cualquier frontera administrativa. Su protección tiene implicaciones para la estabilidad ecológica regional y nacional”, expresó.
Con el Decreto, el Estado pasó de reconocer 54 a 348 sitios sagrados comprendidos entre los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira. Inicialmente el Estado había dado un reconocimiento simbólico de la delimitación a través de la Resolución 002 de 1973. Luego reconoció que estas comunidades indígenas delimitan su territorio con “líneas negras” o “líneas” —uniendo accidentes geográficos— mediante la Resolución 837 de 1995. Solo fue hasta varios años atrás que por orden de la Corte Constitucional el Gobierno declaró la zona teológica de las comunidades de la Sierra.
La alta corte empezó a intervenir en este asunto cuando resolvió una demanda por la construcción de Puerto Brisa, un proyecto portuario en el municipio de Dibulla en La Guajira que se realizó sin consulta previa y afectó lugares sagrados para los cuatro pueblos de la Sierra. Para subsanar la situación, la Corte ordenó practicar la consulta.
A finales de 2011, los pueblos indígenas de la Sierra presentaron su decisión de parar las operaciones del proyecto. Allí señalaron cómo la megaobra había causado un daño irreparable sobre 22 sitios sagrados para sus pueblos. Por eso pidieron que se ampliara y complementara las normativas que hasta entonces abordaban la línea negra.
La Corte Constitucional escuchó sus exigencias y a través del Auto 189 de 2013 —para hacer seguimiento a lo que había ordenado tres años atrás en el caso de Puerto Brisa— ordenó al Gobierno Nacional revisar la zona teológica de las comunidades de la Sierra al encontrar que las normas vigentes se quedaban cortas a las necesidades de estos pueblos. Además, en 2014 cuando los magistrados volvieron a estudiar afectaciones para estas comunidades, ahora por la explotación minera en su territorio, la alta corte determinó que se trata de espacio conjunto y no solo de lugares aislados.
Tras cuatro años de diálogos y recorridos por la región, con el Decreto 1500 —firmado por Santos un día antes de salir del cargo—, el Estado amplió el número de lugares sagrados con los que se buscaba que las autoridades de los pueblos de la Sierra tuvieran acceso libre a estos espacios y pudieran hacer sus actividades ancestrales. “Fue una redacción con los más altos estándares de consulta previa porque se hizo de manera conjunta entre el gobierno y los cuatro pueblos de la Sierra”, recuerda Hofman. Pero esto tocó las fibras de varios sectores privados y poderes locales.
En su momento, gobernadores y más de 20 gremios empresariales mostraron su preocupación por la ampliación del área reconocida como parte de la Línea Negra, argumentando que estaba en juego la propiedad.
Como lo destaca Ortiz, durante esos meses, “hubo una gran campaña de desinformación que movieron los gremios económicos en la zona”, señalando que los tres departamentos se enfrentarían a graves obstáculos para el desarrollo por tener que vincular a las comunidades indígenas.
Varios de esos proyectos económicos, recuerda la investigadora del Cinep, ansiaban el agua de la región que abastece a los tres departamentos, por eso les resultaba incómodo que se estuviera priorizando la palabra de los indígenas sobre los intereses empresariales. “También por prácticas racistas y de acaparamiento de tierras y proyectos mineros”, agregó.
Sin embargo, el nuevo polígono no representaba una ampliación del territorio indígena. El Decreto se limitaba a garantizar el acceso de los integrantes de los cuatro pueblos originarios a los 348 sitios sagrados que comprende esta figura, con el fin de realizar sus rituales y pagamentos. Además, los propietarios de predios ubicados dentro del polígono delimitado debían preservar la flora y la fauna que forman parte de la cosmovisión de los pueblos de la Sierra Nevada.
Asimismo, la figura implicaba la obligatoriedad de realizar procesos de consulta previa ante cualquier proyecto productivo o iniciativa de construcción que se pretendiera desarrollar en el área comprendida por la Línea Negra.
“El reconocimiento ampliado y actualizado de la Línea Negra fue un avance concreto. No creó un privilegio nuevo, por el contrario, corrigió una insuficiencia histórica. Revertir ese avance genera un riesgo evidente de regresión en la protección de la autonomía territorial y la integridad cultural”, lamenta la docente de El Rosario.
Al poco tiempo de expedido el Decreto 1500 en el gobierno Santos, Yefferson Mauricio Dueñas Gómez interpuso una acción de nulidad contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Cultura al considerar que la decisión tenía fallas e incumplimientos.
Yefferson Dueñas llegó al viceministerio de Justicia a mediados del año pasado como una ficha cercana al ministro Luis Eduardo Montealegre. Años atrás había trabajado en su despacho, cuando el hoy jefe de la cartera era magistrado de la Corte Constitucional (2001-2004). Su nombre cobró notoriedad en 2018, cuando fue el único demandante de la Consulta Anticorrupción.
El abogado se ha destacado por respaldar la tesis jurídica del Gobierno según la cual, mediante un decreto presidencial, Gustavo Petro buscó convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, y por respaldar la idea de realizar una asamblea nacional constituyente para transformar las instituciones ante los obstáculos que ha enfrentado la implementación de sus reformas sociales y de campaña.
“Jefferson Dueñas, dicen los pueblos indígenas, es el viceministro de injusticias sociales”, dice Ortiz. “En su momento —Dueñas— representó a un grupo importante de sectores económicos de la costa Caribe: arroceros, palmicultores, ganaderos, entre otros. Una región históricamente dominada por familias y sectores empresariales y gremiales muy poderosos”, agregó.
En su demanda contra el Decreto 1500, Dueñas cuestionó que, al momento de expedir el articulado, no existía la cartografía oficial de la Línea Negra elaborada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y que se había vulnerado el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas Wayuu y Chimilaque y de al menos 17 consejos comunitarios.
Sobre lo primero, Hofman señala que precisamente el Decreto le ordenaba a la autoridad catastral la elaboración de ese mapa como un proceso coordinado entre el Estado y las autoridades indígenas, pero en el texto se había consignado que la cartografía haría parte integral del Decreto, por lo que Dueñas advierte una ambigüedad.
Para cumplir con el Decreto, miembros del Consejo Territorial de Cabildos (CTC) recorrieron la región y el Igac realizó las demarcaciones, creando un mapa con tres niveles de información: áreas marítimas, terrestres y los 348 sitios sagrados. La cartografía fue presentada oficialmente en agosto de 2023 y hasta la fecha se encuentra subida en Colombia en mapas, como parte de la cartografía oficial del Estado. “No se trató de una improvisación posterior, sino del cumplimiento de una hoja de ruta prevista en el mismo decreto”, señala la investigadora de la Universidad del Rosario.
Por su parte, las organizaciones que respaldan el proceso sostienen que no se desconoció a otras comunidades indígenas ni afrodescendientes. Afirman que durante la formulación del decreto hubo diálogos interculturales y que no se afectaron derechos de terceros. “El cuestionamiento sobre la consulta con otros pueblos no provino de comunidades wayuu, chimila ni afrodescendientes, sino de Yefferson Dueñas, motivado por intereses económicos en la zona”, señala Jenny Ortiz, investigadora del Cinep. A su juicio, la decisión desconoce los diálogos armónicos que durante años los pueblos de la Sierra han tejido con otros pueblos étnicos.
El Consejo de Estado se apoyó en estos dos aspectos formales para anular el decreto. “La nulidad se fundamenta en cuestiones procedimentales que no cuestionan el contenido sustantivo ni la legitimidad del reconocimiento territorial”, lamentó la investigadora.
De otros asuntos de fondo no se pronunció el alto tribunal, pero en su demanda, Dueñas hizo especial énfasis en cómo la Línea Negra supuestamente vulneraba el derecho a la propiedad. “Toda vez que los cuatro pueblos podrían afectar los derechos adquiridos y de propiedad privada de las entidades territoriales, de otros grupos étnicos y de los particulares”, se lee en los documentos del proceso. Sin embargo, recordó que el Decreto no redefinía linderos municipales, no transformaba títulos de propiedad ni creaba prohibiciones generales automáticas.
A la acción de nulidad impulsada por Dueñas también se sumaron la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), la Asociación Colombiana de Empresarios de Colombia (Andi) y Juan José Fuentes Bernal, director Jurídico y Tributario de la Asociación Nacional de Empresas de Servicio Públicos y Comunicaciones (Andesco).
Estos gremios buscaron defender los intereses económicos de sus sectores, como lo demuestra el argumento de Juan José Fuentes dentro del proceso, quien reprochaba que la aplicación “indiscriminada” de la consulta previa dentro de la Línea Negra representaba un “riesgo” para el desarrollo de nuevos proyectos orientados al mejoramiento de los servicios públicos domiciliarios, entre ellos acueducto, saneamiento básico, aseo, energía eléctrica, gas combustible y tecnologías de la información y las comunicaciones.
Consonante buscó a Dueñas para preguntarle cómo valoraba haber realizado esta acción jurídica que afecta a los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la conservación de ese ecosistema, haciendo parte actualmente de la bancada de gobierno desde la entidad que ejecuta el acceso a la justicia para toda la población, pero no se obtuvo respuesta.
“Sin el decreto los cuatro pueblos que habitamos la sierra volvemos a ver comprometida nuestra autoridad para decidir sobre proyectos económicos y evitar que se profanen sitios sagrados que equilibran el mundo”, dice Edilma Plata, vocera del pueblo Wiwa.
“Nos preocupa la explotación de minerales, oro, coltán, cobre y otros minerales que están ahí dentro de la Sierra y que el hombre quiere extraer para beneficios propios y sin ningún control”, dice la lideresa, quien explica que varios de los títulos mineros que estaban en el área de influencia de la Línea Negra están demandados por los pueblos indígenas.
Además de la explotación de petróleo y gas y el turismo masivo, uno de los asuntos que más les inquieta a lideresas como Plata es que esta situación repercute en la ya delicada situación de orden público por los combates que vienen protagonizando las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (Acsn) y el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc, antes Agc). La Defensoría, a través de la Alerta Temprana 20 de 2025, había señalado la situación de riesgo de las comunidades indígenas y campesinas.
Este fin de semana la Defensoría del Pueblo volvió a prender las alarmas por el desplazamiento de cientos de familias campesinas en Magdalena. La situación podría agudizarse por la persistencia de actores armados, los confinamientos y riesgos derivados de la presencia de artefactos explosivos. “Nos preocupa porque, históricamente, en la Sierra ha habido mucha violencia sexual contra las mujeres, y con la nueva ola de violencia podría haber más daño contra los cuerpos de las mujeres”, dice Plata.
Asimismo, las comunidades indígenas de la región se mantienen alertas ante la posibilidad de que se perturbe su territorio con otros megaproyectos, como ocurrió años atrás con Puerto Brisa en Dibulla, la represa del río Ranchería en San Juan del Cesar también en La Guajira, y el embalse Los Besotes en Valledupar, Cesar.
Para atender estas inquietudes, en agosto de 2024, Petro retomó una promesa de campaña que le había hecho a estas comunidades: la compra de tierras para la Línea Negra. El mandatario ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la compra de predios entre la reserva indígena y la Línea Negra y que fueran entregados a las comunidades de la Sierra. Sin embargo, Plata señala que ha sido un proceso lento y no se ha transferido el dominio de las tierras a nombre de los distintos resguardos.
Ahora el gobierno Petro debe elaborar un nuevo decreto y subsanar los elementos que el Consejo de Estado consideró que estaban pendientes: la cartografía y la consulta previa. Hofman explica que no se debe hacer una nueva cartografía, pues, a pesar de que el Consejo de Estado la desconoció, esta ya existe. “Seguirá un trámite en donde el gobierno igual tiene que cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que ordena la expedición de una norma que proteja la Línea Negra”, señala, pero los expertos coinciden en que puede valerse del mapa que ya se ha elaborado.
A pesar de esta coyuntura, el presidente Gustavo Petro le pidió nuevamente a la Agencia Nacional de Tierras avanzar en la compra de predios que favorezcan a las comunidades de la Sierra. A través de sus redes sociales, señaló que la reforma agraria de su gobierno busca priorizar la protección ambiental en manos de estos pueblos. En el Consejo de Ministros que se estableció a inicios de esta semana, el mandatario se refirió al tema y apuntó que la Línea Negra implica avanzar en la reforma agraria, pues hay varios campesinos y propietarios de tierras dentro de la Sierra Nevada que podrían ser reubicados en otros predios productivos fuera de este ecosistema.
“Los espero masivamente en las playas de Santa Marta”, escribió el mandatario en X. Con estas palabras señaló que la participación y firma del nuevo decreto de la Línea Negra se realizarán en un evento público a inicios del próximo mes.
El chorrito que gotea del grifo de la familia de Nidia Maestre es un recordatorio constante de una realidad dura: el agua es un lujo que no todos pueden darse en La Guajira. Desde el corregimiento Curazao, en el municipio de San Juan del Cesar, Maestre se ve obligada a recoger cada gota en una ponchera, un esfuerzo cotidiano para que la cocina y el baño no se queden sin el líquido. La situación se vuelve aún más crítica cuando el río San Mateo, fuente de vida de la comunidad, se reduce a un hilo durante el verano.
Como ocurre en el hogar de la familia Maestre, cientos de familias en San Juan del Cesar hacen maromas para conseguir agua. En el casco urbano, con horarios intermitentes del servicio y cuestionando su potabilidad; en zonas rurales, con la asistencia de carrotanques que surten —pocos días al mes— el líquido o caminando con baldes para recoger agua de ríos o fuentes subterráneas.
Actualmente el municipio cuenta con un sistema de acueducto, cuya captación se realiza en el corregimiento de Corral de Piedra, a 20 minutos del casco urbano. La infraestructura permite llevar agua principalmente a la zona urbana, pero solo durante 11 horas diarias. La zona rural enfrenta aún más limitaciones.
En las 18 veredas del municipio, la prestación del servicio se realiza a través de sistemas de acueductos rurales que funcionan con captaciones locales, y ninguna cuenta con alcantarillado sanitario formalmente constituido, según le precisó Rafael Humberto Frías, secretario de Planeación municipal, a este medio en una respuesta escrita.
“En todos los casos, la operación, mantenimiento y administración del servicio de acueducto es asumida directamente por las comunidades, mediante esquemas comunitarios, sin que exista un operador formal designado por el municipio”, señaló la entidad.
La situación es similar en los corregimientos, algunos de los cuales adelantan obras para mejorar el servicio. Estos proyectos han traído esperanza a una parte de la comunidad, pero para otros las expectativas son bajas: temen que, como a comunidades vecinas, también les incumplan. “Claro, mejoraría nuestra calidad de vida, pero la verdad hay temores de que ese proyecto venga acompañado de algunas deficiencias”, expresa Diana Calderón, habitante del corregimiento de los Pondores donde se firmó uno de los proyectos recientes de acueducto rural.
Estos temores no son infundados y el corregimiento de Zambrano es ejemplo de ello. El 27 de septiembre de 2024, en esta comunidad se inauguró el acueducto, que se surte de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (Ptap) ubicada en Corral de Piedras. Sin embargo, debido a fallas técnicas, sólo empezó a operar hasta el 17 de julio del año pasado. Desde entonces se han presentado varias fallas en las tuberías, que afectan la prestación continua del servicio en ese corregimiento.
A inicios de este año, la empresa Veolia debía entregar la operación del acueducto municipal a Sur Azul —empresa constituida por varios exalcaldes del departamento—, pero antes de mejorar el servicio para las familias de Zambrano, el agua dejó de llegar a las casas. Jaime Rangel, comunicador social y habitante del corregimiento, explica que, debido a las intensas lluvias, el suministro fue suspendido en la comunidad desde el 4 de enero. “Luego, el agua fue restablecida para San Juan, pero pasaron siete días y en Zambrano no nos la pusieron. La razón que nos dieron fue que el conducto estaba tapado por aire y esa situación llevó a la comunidad a protestar”.
Un grupo de habitantes del corregimiento se movilizó hasta la válvula que dirige el agua hacia la cabecera municipal y cortó el servicio, lo que provocó la intervención de la Policía y la atención de la institucionalidad. Zambrano ganó el pulso: se restableció el agua y se acordó convocar una mesa técnica para abordar las deficiencias del acueducto, entre ellas tuberías de mala calidad y la falta de una entrega formal de la obra por parte del contratista a la comunidad. Pero, a la fecha, siguen esperando ese espacio.
Actualmente se están ejecutando varios proyectos en zona rural del municipio que pretenden garantizar el acceso al servicio de acueducto y alcantarillado de calidad para miles de familias, sin embargo, de telón de fondo continúa la represa del río Ranchería —con millones de metros cúbicos de agua sin utilizar— y las promesas de hacer —al fin— realidad un proyecto de conexión para garantizar el suministro ininterrumpido de agua para el municipio.
En los últimos cuatro años, Consonante identificó siete contratos que tienen el objetivo de llevar agua a las familias del municipio, pero solo uno de estos se ha entregado. La conexión del embalse y los cinco proyectos en zona rural para la construcción de acueductos y alcantarillados que siguen pendientes suman más de $80.000 millones de pesos.
A mediados de 2024, la Empresa Departamental de Servicios Públicos de La Guajira (Esepgua) y la Gobernación del departamento hicieron público un anuncio importante: después de varias conversaciones, sería una realidad la conexión del embalse El Cercado con el sistema de acueducto de San Juan del Cesar, anhelada por más de 15 años por las familias del municipio. Era una promesa fantasma que cada tanto aparecía en la boca de algún funcionario, pero esta vez los trabajos sí iniciaron.
La represa fue diseñada con un propósito múltiple: abastecer de agua a dos distritos de riego, generar energía eléctrica y suministrar el líquido a nueve municipios. Sin embargo, desde que concluyó la primera fase, en 2010, no se desarrolló ningún proyecto que se conectara a ella. El plan era que durante cuatro años el embalse se llenaría gradualmente y en paralelo se terminarían las obras para el agro, energía y servicio domiciliarios, pero por el fenómeno invernal de La Niña la represa se llenó en cuatro meses y el agua se desbordó hacia zonas cercanas, afectando de varias maneras a las familias que vivían cerca.
Con los años, el gobierno abandonó el proyecto por desequilibrio presupuestal, a pesar de los más de $639.439 millones de pesos que ya le había costado a Nación la construcción de la represa, según detalla la Fundación Pares en un informe de este año. El Estado le respondió a la organización que el único municipio que cuenta con una conexión efectiva para el abastecimiento de agua es el acueducto de Fonseca, sin embargo, cuando los investigadores contrastaron con ese ente municipal solo le confirmaron que la represa está abasteciendo el distrito de riego.
En San Juan, una de las comunidades más afectadas fue Caracolí, pues a la altura del pueblo, para el proyecto, se desvió el río y el corregimiento perdió el acceso a la fuente. Oswaldo Argote, oriundo de allí, recuerda cómo todo en su comunidad giraba alrededor del río Ranchería. Recuerda diariamente ver a las mujeres pasar con las poncheras de ropa en la cabeza, acompañadas por un burro que cargaba de lado a lado canecas de agua. Las familias vivían de la pesca o se servían del agua para sembrar tomate, yuca, papaya, plátano o ají.
La naturaleza era frondosa. La gente veía a Caracolí como la despensa agrícola de San Juan. “Con la represa perdimos la pesca y muchas tierras de riego”, lamenta Argote. Después de varias tensiones y desidia institucional, el proyecto de la represa volvió a tomar un nuevo aire, priorizando el agua para el consumo de las comunidades del sur de La Guajira, pero la falta de coordinación institucional ha retrasado la obra en San Juan.
En abril de 2024, Esepgua dio inicio a la construcción de la línea de conexión desde la válvula de la represa del río Ranchería —administrada por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)— a la planta de tratamiento de agua de San Juan del Cesar. El contrato, por más de $10.247 millones de pesos, quedó en manos de un consorcio representado por Jader Gustavo Cuello Cuello, un reconocido ingeniero con varios contratos con el municipio, uno de estos, la construcción del sistema de alcantarillado en Guayacanal, Corral de Piedras y Zambrano.
Las obras debían entregarse en seis meses, pero el contratista solicitó suspensiones y prórrogas del contrato, aduciendo dificultades de los proveedores para cumplir con la entrega de tuberías especializadas y la necesidad de hacer varias reparaciones. Luego, se estrellaron con la inoperancia de la ADR y la empresa de servicios públicos del departamento tomó acciones.
En diciembre del año pasado, Esepgua entuteló a la ADR por no autorizar la conexión del sistema de agua con el embalse, incumplir con las labores de mantenimiento preventivo sobre las líneas de aducción —conjunto de tuberías y estructuras que transportan agua— y desatender mesas de trabajo para avanzar en asuntos técnicos y administrativos. Según la empresa de servicios públicos, desde septiembre del año pasado la finalización de la obra dependía de la voluntad de la ADR.
“Aunque el proyecto está terminado desde hace un año, aún no ha podido entrar en funcionamiento porque la ADR no ha definido un operador ni ha entregado el punto de conexión”, señaló Esepgua en un comunicado de prensa.
A finales de enero de este año, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha falló en contra de la ADR y le ordenó, en un plazo máximo de 48 horas, adelantar los trámites necesarios para la entrega del punto de conexión para que el acueducto entre en funcionamiento y se inicie el suministro de agua a San Juan del Cesar.
Unos días después de la orden judicial, la ADR publicó un video en sus redes sociales en donde se observa a César Augusto Pachón, director de la entidad, visitando el megaproyecto del río Ranchería. En la pieza, Pachón anunció que ahora sí la entidad cumplirá con los convenios y acuerdos pactados con el ente departamental. Según el funcionario, la entidad está revisando las válvulas de conexión para que el agua llegue a la planta de potabilización del municipio de San Juan.
“A la fecha de la presente respuesta, la Administración Municipal no tiene conocimiento de acuerdos, contratos o instrumentos jurídicos suscritos por la Agencia de Desarrollo Rural - ADR relacionados con la operación del Proyecto Multipropósito Río Ranchería o el
suministro de agua potable al municipio de San Juan del Cesar”, le señaló a este medio el ente territorial.
Consonante buscó a la empresa de servicios públicos departamental, así como a la ADR, para conocer a qué acuerdos llegaron y qué documentos se firmaron —según lo expresado por Pachón en el video—, qué comunidades rurales del municipio se verán beneficiadas del proyecto, y qué retos quedan por superar para que la conexión sea una realidad. A pesar de que ambas oficinas de prensa recibieron las preguntas de este equipo periodístico, a la fecha no se obtuvo respuesta.
Actualmente el contrato se encuentra suspendido y según el acta de la última prórroga de tiempo, la ADR prevé terminar con el mantenimiento preventivo en marzo, pero para inicios de febrero el avance de esas labores solo era del 11 por ciento.
Mientras llega el agua de la represa, en el municipio se están realizando obras locales en varias comunidades en donde la solución para acceder al líquido ha sido mediante acueductos propios.
Maribel Arrieta aún recuerda las filas de personas esperando su turno, con vasijas, ollas, latas o baldes entre los brazos. Daba igual el recipiente: lo importante era llevarse el oro líquido que alcanzaran a tomar del río Cesar. Lo más difícil venía después, regresar con él durante un kilómetro hasta llegar a sus casas en Los Pondores, un corregimiento a 10 minutos en carro desde el casco urbano. Un día, con la llegada del molino, las largas caminatas en busca de agua terminaron y las familias empezaron a surtirse del líquido por un pozo profundo. Pero es un sistema intermitente, sin tratamiento ni potabilización.
En diciembre del año pasado, la entidad Área Metropolitana de Valledupar celebró un contrato por $34.433 millones de pesos con la empresa Malca Construcciones, representada por Rafael Alberto Castilla Oñate, pero advierte que, si las obras no avanzan pronto, están ante una “bomba de tiempo”.
La falta de un sistema de alcantarillado sanitario ha obligado a la población a recurrir a pozos sépticos improvisados o a verter las aguas residuales directamente en las calles. Esta situación ha derivado en la contaminación del suelo y de las fuentes hídricas, la presencia constante de malos olores y un creciente deterioro ambiental en la zona.
El riesgo gira en torno a los pozos de registro —cámaras de inspección o "fosas" donde debería desaguar el alcantarillado—. Según Arrieta, el alcantarillado “emite olores muy fuertes, lo que ha llevado a la mayoría de los residentes a tapar sus respiraderos e incluso a sellarlos con cemento para evitar que los olores salgan”. El estancamiento de las aguas residuales podría hacer que el sistema se desborde o "explote", dejando en crisis a los 784 hogares del corregimiento, explica Arrieta, habitante de los Pondores.
El proyecto contempla la optimización integral del sistema de acueducto existente, utilizando el pozo profundo actual como fuente de abastecimiento, y la construcción de una planta de tratamiento de agua potable (Ptap). Asimismo, se acordó la construcción de más de 15 kilómetros de redes de tubería para el alcantarillado, sumada a una planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar). De salir como se espera, la obra debe entregarse en abril de 2027.
La comunidad de Caracolí tiene la misma ilusión. Estas familias se abastecen del río Ranchería a través de unas tuberías que se encuentran en mal estado. Este sistema no cuenta con tratamiento de agua ni con alcantarillado, situación que ha impactado en la salud de las familias y el medioambiente. Un segundo factor que los afecta es la disposición del líquido.
“Hemos tenido conflictos internos porque, cuando hay lluvias, se crece el río y no contamos con el servicio. El agua actualmente se suministra de manera sectorizada. Hay tres sectores y se surte un día para cada parte”, señala Klarena González Barrios, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Caracolí. Los días en los que se alterna el servicio son más difíciles para los hogares que no tienen acceso a puntos de recolección de agua cercanos.
Cuando es verano, es aún peor. Con la escasez del líquido la comunidad peregrina con baldes hasta la parte alta de Caracolí, donde pasa el río Ranchería. Antes, el afluente también pasaba por la parte baja del corregimiento, pero desde la construcción de la represa esa zona perdió acceso al líquido. Esta situación ha traído desunión y conflicto porque hay sectores en donde el agua llega con más fuerza que en otros.
Según el análisis de Esepgua, para solucionar estos problemas se eligió construir un dique para captar el agua. Se conservará la infraestructura existente porque hidráulicamente sigue siendo óptima; y se construirá un nuevo desarenador, una planta de tratamiento y un tanque de almacenamiento.
Esta solución está plasmada en el tan esperado proyecto que busca mejorar el servicio de la comunidad. El pasado 13 de enero se firmó el acta de inicio del contrato, por un valor cercano a $9.422 millones de pesos, entre Esepgua y la empresa contratista: Consorcio Sonolux, representado por Marcia Lorena Jaraba Anaya. “¡Vamos a tener agua 24 horas al día!”, dice entusiasmada la presidenta de la JAC, recordando que no pudieron hacer nada contra la represa que les quitó el acceso al líquido. “Va a ser agua tratada, va a cambiar nuestro bienestar”, agregó. Según las cláusulas del contrato, las obras se deben entregar en septiembre de este año.
Finalmente, la autoridad municipal le precisó a Consonante que la construcción del acueducto que ejecuta la empresa regional de servicios públicos Sur Azul en el corregimiento de Veracruz presenta un avance del 98 por ciento. Sin embargo, esta obra tiene una mora de entrega de varios años.
“Somos un poblado con un potencial agrícola y ganadero impresionante, y hemos querido compartirlo con el mundo”, dice Jhony Gustavo Molina, representante legal del Consejo Comunitario Pedro Manuel Molina, entre las calles de Veracruz. El líder señala que ese potencial se ha visto limitado para las cerca de 62 familias del corregimiento por la falta de agua.
La obra se asignó en la administración de Álvaro José Díaz Guerra (2020-2023), cuando la Alcaldía firmó un convenio interadministrativo por más de $870 millones con Sur Azul —hoy representada por Hearneldo José Brito Plata— para que en menos de un año el proyecto fuera una realidad. La construcción quedó en manos de un consorcio elegido por la empresa de servicios públicos, pero pasaron los años y a las familias de Veracruz les incumplieron. Además, al contrato se le adicionaron $300 millones de pesos después de que la comunidad frenara las obras y protestara para que se ampliara la red de distribución, más acometidas domiciliarias y el suministro de energía alternativa para el funcionamiento de la planta de tratamiento. Pero otras inconformidades no fueron escuchadas.
Aunque sobre los avances del actual proyecto la comunidad celebra tener un nuevo tanque elevado dado que el anterior estaba al borde del colapso, en otros aspectos sigue cuestionando algunos diseños del proyecto. Aseguran que la obra pudo ser más eficiente si se hubiera planteado captar agua del río Badillo, pero el proyecto se diseñó para seguir extrayendo agua subterránea —como lo hacía la comunidad antes de la obra— y procesar los minerales que lleva el líquido a través de una planta de tratamiento compacta.
A largo plazo, Molina considera inviable y costosa esta obra para la comunidad, considerando el precio de los químicos que demanda para la purificación y el mantenimiento técnico de la maquinaria. “Cuando se dañe un equipo de esos, la comunidad no va a tener el sustento para comprarlo. Podrían llegar a costar 10 o 15 millones de pesos”, señaló el líder.
El pasado 29 de diciembre, Sur Azul presentó una nueva solicitud de prórroga al convenio, señalando que “el hostigamiento por grupos al margen de la ley en el municipio de Villanueva y en el corregimiento de Veracruz continúa, razón por la cual el personal necesario no ve viable el desplazamiento a los sitios de trabajo por miedo a represalias de estos grupos y para salvaguardar su integridad física”, se lee en el oficio.
La administración municipal le concedió la prórroga de seis meses, hasta el 30 de junio de 2026. Con esta nueva adenda la obra cumpliría tres años de ejecución, cuando inicialmente se habían pactado sólo siete meses.
Aunque en su respuesta la Alcaldía no relacionó más proyectos en desarrollo encaminados a garantizar el acceso al agua a la población del municipio, Consonante consultó la base de contratación estatal y pudo identificar otras obras.
Como se realizó en el corregimiento de Zambrano, desde el pasado 7 de noviembre se dio inicio a la construcción de la línea que conectará el acueducto municipal hacia los corregimientos de La Junta, La Peña y Curazao. El proyecto quedó en manos del Consorcio Ageo219, representado legalmente por Jhon Erik Gámez González. En el contrato, Esepgua destinó más de $24.745 millones de pesos y estableció el término de un año para concluir el proyecto.
La Junta, La Peña y Curazao no solo comparten la pasión por la música, las artesanías y la naturaleza, sino también la escasez de agua. La entidad departamental reconoce en documentos de estudio del proyecto que el servicio se ha prestado a través de un sistema de acueducto precario y obsoleto.
El río Santo Tomás, que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta, es la fuente principal de agua de este sistema, pero en época de invierno solo permite suministrar agua a los hogares por cuatro horas al día, mientras que su caudal se reduce drásticamente en épocas de verano, dejando a la comunidad sin acceso a este recurso vital durante todo ese periodo. El abastecimiento de la población se realiza durante estos meses a través de carrotanques enviados por el municipio de San Juan del Cesar, con una dotación de 500 litros por vivienda una vez a la semana —a veces menos—; o a través de la venta de agua que terceros captan de acuíferos sin procesar.
La infraestructura del actual acueducto, con más de 50 años de antigüedad y que no realiza ningún tipo de tratamiento al agua captada, es insuficiente para garantizar una prestación adecuada del servicio, afectando a un total de 2.455 habitantes en los tres corregimientos.
La situación empeora con el uso indiscriminado de 'turbinas' por parte de algunos habitantes para drenar la poca agua que queda, dejando a los más vulnerables sin acceso a este derecho básico. Más de diez años de lucha contra la escasez de agua han hecho que comunidades como Curazao vean con esperanza el proyecto, pero personas como Nidia Maestre son escépticas, cansadas de tantas promesas.
En la socialización que se realizó en ese corregimiento sobre el proyecto, se aseguró que este año comenzarán las excavaciones para instalar tubería y prestar un servicio ininterrumpido. “No creo que el servicio de agua sea permanente porque en Riohacha la colocan los viernes en la noche a las 10 de la noche y se va el lunes en la mañana o al mediodía, y otra vez a esperar. Decían que íbamos a tener las 24 horas y no es así”, explica Maestre, quien durante años ha vivido en la capital.
El otro proyecto que identificó este medio fue uno relacionado con los diseños para optimizar el acueducto y alcantarillado del corregimiento de Cañaverales por un valor cercano a los $39 millones de pesos y el cual concluyó a finales del año pasado. La Secretaría de Planeación del municipio otorgó la licitación al único proponente: la empresa Prosumad S.A.S., representada legalmente por Jorge Alberto Ariza Aragón. La empresa cumplió y en dos meses entregó los diseños del proyecto.
Con estos estudios, el municipio espera solucionar la deficiencia de la infraestructura actual de acueducto que no cumple con la capacidad suficiente para abastecer a la comunidad Cañaverales —que sigue en crecimiento— y mejorar la conducción de aguas residuales. “Sumado a esto, se busca evitar problemas de grandes estancamientos de agua como los que se evidenciaron en las pasadas olas invernales”, señaló la alcaldía al preparar el proyecto. Sin embargo, no hay anuncios de la entidad sobre la construcción de la obra.
El presidente de la Junta de Acción Comunal de Cañaverales, Yemerson Gámez Gámez, señaló que, hasta el momento, la comunidad no tiene conocimiento de las conclusiones de estos estudios y la viabilidad para avanzar en la construcción de la obra. Según les explicaron, el proceso requiere una serie de trámites que están en curso.
“Espero que se realice lo más pronto posible este proyecto ya que lo necesitamos con urgencia y que se haga la inversión que se necesita para que el proyecto sea un éxito y podamos disfrutarlo”, señaló Gámez. Las familias de Cañaverales se abastecen de un importante manantial, por encima del deficiente acueducto que tienen actualmente.
“El sistema de alcantarillado presenta problemas frecuentes de taponamientos y desbordes en los puntos de conexión —explica el presidente de la JAC—. Afortunadamente, disponemos de un motor para bombear la tubería y eliminar así sedimentos, raíces o aire acumulado”. El mantenimiento de la infraestructura es realizado por la propia comunidad. Cada hogar da una cuota de acuerdo a sus posibilidades para adquirir tubos, adhesivos y demás materiales necesarios.
La administración municipal le señaló a Consonante que San Juan del Cesar enfrenta grandes retos para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico por su dependencia de fuentes externas de financiación —departamental y nacional—, y el aumento de la población rural.
A pocos meses de que termine la primera legislatura en la que las víctimas del conflicto tuvieron un asiento en la toma de decisiones del país, los nuevos —y últimos— aspirantes a representar la voz de ese sector se alistan para una nueva contienda electoral. Las inscripciones para las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) que harán parte de la Cámara de Representantes están cerradas y el pulso en las regiones se está jugando.
Según el listado publicado a mediados de diciembre del año pasado por la Registraduría Nacional, se inscribieron 246 candidatos en los territorios priorizados, dentro de 122 listas de organizaciones sociales, víctimas, campesinas, comunidades negras e indígenas. En las regiones Pácifico-Valle del Cauca (26), Caquetá (24) y Magdalena - Guajira - Cesar (22) se presenta el mayor número de candidatos; mientras que Arauca (8), Pacífico Nariño (8), Chocó (6) y Sur de Bolívar (6) tienen la menor cantidad. (Conozca el listado completo aquí)
Pero solo una parte de las víctimas está habilitada para votar y corresponde a las regiones priorizadas en el Acuerdo de Paz. “Nos dividieron: víctimas Pdet —170 municipios del país definidos por el Gobierno por su afectación por la guerra y la exclusión social— y quienes no somos Pdet, cuando incluso muchos eran Zomac (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado). Supieron dividir a las víctimas y eso generó una gran desilusión frente a la representación”, reprocha Orlando Burgos, integrante del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas.
El líder cuestiona que las curules de las 16 regiones elegidas en 2022 —algunas más que otras— le dieron la espalda a las 11 millones de víctimas. “Pocas y contadas veces se reunieron con las víctimas y la mayoría no sacaron a relucir nada de nuestras necesidades. Fue una representación pobre”. A pesar de eso, mantiene las esperanzas en que el nuevo ciclo electoral sea distinto y nuevos liderazgos surjan. “Ojalá se dé la oportunidad para que otras y otros puedan alzar la voz e incidir en que las políticas públicas de víctimas, por lo menos, busquen que se cumpla con lo que ya la ley ordena”.
A mediados de su período en el Congreso, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) realizó un balance de su desempeño legislativo y la conclusión es precisa: los resultados fueron modestos. Durante sus dos primeros años, su labor estuvo por debajo del promedio en comparación con otros partidos. En conjunto, las curules de paz habían presentado en promedio 34 proyectos de ley, frente a los 67 a 146 que registran los congresistas más activos.
Además, la mayoría había participado en menos de 10 debates de control político. “Esto puede explicarse porque un gran bloque de los Citrep hace parte de la bancada de gobierno, acompañan los proyectos de ley del presidente Petro y votan afirmativo a sus iniciativas y reformas”, precisa la organización. También señala que realizaron, en promedio, 18 ponencias y 4 audiencias públicas.
Para estas elecciones, siete de los actuales curules buscan repetir el período. Se trata de Karen Astrid Manrique Olarte (Arauca), John Jairo González Agudelo (Bajo Cauca), James Hermenegildo Mosquera (Chocó), Luis Ramiro Ricardo Buelvas (Montes de María), Orlando Castillo Advíncula (Pacífico Medio), Jorge Rodrigo Tovar Vélez (Magdalena - Guajira - Cesar) y Karen Juliana López Salazar (Urabá antioqueño).
De este grupo resaltan Karen Manrique, James Mosquera y Rodrigo Tovar. La curul de Arauca por verse presuntamente involucrada en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd); Mosquera por la investigación por presuntos delitos de fraude en el registro de víctimas y falsedad en documento público que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en su contra; y Tovar que ha sido objeto de críticas por su familiaridad con el exjefe paramilitar ‘Jorge 40’, artífice del sufrimiento de cientos de familias en el norte del país.
Desde los anteriores comicios se advirtieron riesgos para que estos espacios de representación honraran realmente a las víctimas así como los intereses de las comunidades. Aunque una parte de las regiones se sintió acogida con los resultados, en otras las preocupaciones de líderes y organizaciones se materializaron.
“En algunas regiones del país triunfó la elección de las organizaciones sociales, campesinas, afrocolombianas y de víctimas. En otras, se impuso la elección de representantes de partidos políticos tradicionales”, señala la Fundación Ideas para la Paz (FIP) al realizar un balance de esos comicios. También resaltó desequilibrio en las vacantes y en la participación. En 2022, solo tres de las 16 curules se las quedaron mujeres y se presentó un 57,2 por ciento de abstención: de las 1.246.634 personas habilitadas para votar, 533.664 sufragaron.
Para su análisis, la FIP tuvo en cuenta denuncias formales sobre irregularidades en las elecciones por cooptación política y compra de votos; incidentes de seguridad de entonces candidatos y elegidos, e inconformidad de líderes sobre los resultados. Según estudió la organización, en nueve regiones Citrep pudo identificar riesgos altos por estos factores, entre los que destacan Norte de Santander, Caquetá, Bajo Cauca, Arauca, Chocó, Cesar-Guajira, Córdoba y Urabá.
“En el caso de Caquetá y Cesar-Guajira, líderes sociales presentaron solicitudes de revocatoria ante el CNE y han denunciado amenazas. A esto se suma que los representantes elegidos en dichas circunscripciones han generado un debate profundo sobre la legitimidad del cargo, pues tienen denuncias por cercanía al paramilitarismo”, se lee en la publicación de la organización.
Así mismo, esa confianza se vio comprometida en Chocó, Norte de Santander, Córdoba y Urabá, donde los líderes, según la FIP, reprochaban cercanía y apoyo de maquinarias políticas. En otros territorios, como Cauca - Valle, Nariño, Putumayo y Guaviare - sur del Meta, a pesar de contar con mayor credibilidad de los líderes sobre las curules electas, amenazaba la situación de seguridad y subrepresentación de agendas regionales que podrían desdibujar las necesidades étnicas y campesinas.
Hoy la situación de riesgo persiste y se agudiza en las regiones donde se eligen a las curules de paz. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), en Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca se concentró la mayor cantidad de hechos violentos contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Particularmente, en las regiones Citrep más de la mitad de los casos correspondieron a violencia letal.
“Eso lleva a dos cosas: a que muchos de quienes quieren llegar a esta curul no puedan hacerlo por miedo y a que en muchos de estos municipios tengan que pedirle permiso a estos grupos para poder entrar a las comunidades”, señala Burgos.
La MOE recomendó la instalación de una comisión específica de seguimiento electoral para los territorios Citrep, orientada a identificar de manera temprana riesgos y afectaciones a las garantías electorales. “De igual forma, subrayó la importancia de convocar comisiones focalizadas en territorios de frontera, con el fin de analizar los impactos de la situación de seguridad —incluyendo restricciones a la movilidad y dinámicas transfronterizas— y su posible incidencia sobre el desarrollo del proceso electoral”, se lee en un comunicado.
Asimismo persiste la falta de recursos para hacer política. Desde todas las regiones, los líderes coincidieron en que las dificultades de financiación en las campañas de las organizaciones locales son el otro gran reto por el que se sienten en desventaja.
“Muchos compañeros y compañeras no tienen cómo financiar sus campañas, no hay manera”, lamenta Burgos. “Esto termina instrumentalizando a muchos candidatos por los partidos políticos con el compromiso de actuar a sus intereses en el Congreso. Por eso muchos de nosotros terminamos no reconociéndolos como los candidatos de las víctimas, independientemente de que tengan una credencial”.
Por el lado de los sufragantes juega en contra el desconocimiento de los poderes sobre algunas Curules de Paz y las limitaciones de movilidad para votar en zonas rurales, que afectaron el alcance de la votación a nivel regional y limitaron la posibilidad de desarrollar campañas en condiciones de equidad.
A pesar de eso, algunos líderes sociales que fueron candidatos en 2022 —para muchos, su primer acercamiento a la política— y no ganaron, vieron ganancias en el proceso y saben que hay otras alternativas a las maquinarias para hacer campaña: a través de bazares, reuniones o realizando pedagogía sobre el Acuerdo de Paz. Así, varios candidatos esperan llegar al Congreso.
Las últimas elecciones para las curules de paz se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo y desde Consonante resolvimos algunas preguntas alrededor de las curules y la manera efectiva en la que las víctimas pueden participar.
Quedaron consignadas en el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las extintas Farc en 2016. Como una medida de reparación integral y garantía de no repetición, el Punto 2.3.6 del documento estableció la creación de mecanismos para fortalecer la participación política de las víctimas del conflicto armado. De esta manera, desde La Habana se propuso que fuera para dos legislaturas.
Sin embargo, la reglamentación del proyecto legislativo por parte del Congreso tardó varios años por el accionar de sectores políticos que obstaculizaron su aprobación, hasta que la Corte Constitucional ordenó en 2021 que se ensamblara el documento final, ya no para los períodos de 2018-2022 y 2022-2026 –como inicialmente se había planteado–, sino para las legislaturas de 2022-2026 y 2026-2030.
Con la reforma constitucional, a través del Acto Legislativo 2 de 2021, al fin el Congreso reglamentó lo referente a estos escaños
Las circunscripciones de paz representan a 168 municipios —en 19 departamentos— que fueron priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional.
Se agrupa en 16 regiones, así:
Para las elecciones de las 16 curules de paz votarán las personas inscritas en el censo especial que se conformará para estas elecciones, y son aquellas que residan en las zonas rurales de los 168 municipios mencionados anteriormente.
No podrán votar allí las personas que residen en las cabeceras municipales de los municipios Citrep. De esta manera, para las circunscripciones especiales se excluyeron los puestos de votación de las cabeceras municipales y solo se encontraron en los puestos de zonas rurales.
La ciudadanía tenía fecha para inscribirse en el censo electoral hasta el 8 de enero de este año. Podrán votar por el candidato de su preferencia (voto preferente). Las listas estarán integradas por dos candidatos, uno de cada género.
¿Se puede votar por la circunscripción transitoria especial y a la vez por la circunscripción normal para la cámara por el departamento?
Sí. Los sufragantes de estos municipios pueden votar por las curules Citrep y por las ordinarias a Cámara. Cada votación se realizará en tarjetones separados.
Un ejemplo de tarjetón para la Citrep 13, del Sur de Bolívar, luce así:
Deben ser ciudadanos mayores de 25 años, principalmente víctimas del conflicto armado certificadas en las 16 circunscripciones. Para ello deben:
No pueden postularse quienes hayan sido candidatos, directivos o avalados por partidos políticos tradicionales en los últimos 5 años.
Mientras el país mira de reojo las campañas presidenciales, en los barrios, veredas y corregimientos se juega otra elección, menos visible pero decisiva para la vida cotidiana. Allí donde se arregla una vía, se gestiona el acceso al agua, se defiende un derecho o se convoca a la comunidad para resolver un problema cotidiano, el poder comunal sigue siendo una pieza clave del desarrollo territorial. Este año, miles de lideresas y líderes comunitarios se preparan para unos comicios que no suelen ocupar titulares, pero que definen cómo se organiza la vida en los territorios y qué tan fuerte es la voz de la gente ante las autoridades.
Las Elecciones de las Juntas de Acción Comunal (JAC) se realizarán este 26 de abril en los cerca de 1.100 municipios del país para elegir los nuevos representantes de los barrios y zonas rurales, pero los interesados deben cumplir con nuevos requisitos para asegurar su postulación e iniciar su periodo el 1 de julio.
Uno de los cambios más relevantes es el aumento en los requisitos de formación para quienes aspiren a ser dignatarios comunales en el próximo periodo. A partir de ahora, todas las personas deberán acreditar al menos 60 horas de formación comunal, un proceso que implica prepararse con antelación y cumplir este requisito antes de abril de 2026. La normativa anterior exigía solo 20 horas.
No obstante, la aplicación de esta medida no ha sido uniforme en todo el país. En algunas regiones, el requisito ha sido interpretado de manera distinta. En Antioquia, por ejemplo, la Gobernación anunció que no será obligatorio presentar las 60 horas de capacitación certificadas al momento de la elección; en su lugar, los dignatarios elegidos recibirán la formación posteriormente, según informó el medio regional Safari Televisión, del Oriente antioqueño.
Adicionalmente, según Guillermo Cardona Moreno, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal, la norma incorpora la creación y formalización del Tribunal de Garantías y esto estandariza la etapa previa de las elecciones, que antes no era lo suficientemente estricta.
Tras la elección de las Juntas de Acción Comunal, el proceso electoral avanzará hacia etapas de mayor proyección. Entre junio y noviembre de 2026 está prevista la conformación de asociaciones, federaciones y de la Confederación Nacional de Acción Comunal.
En este explicador, Consonante reúne los puntos clave que comunidades, Juntas de Acción Comunal, asociaciones y federaciones deben conocer para cumplir con las nuevas reglas que trae la Ley 2166 de 2021 y su Decreto Reglamentario 1501 de 2023.
¿Por qué es importante hacer las elecciones comunales?
Con el ánimo de promover la participación ciudadana y la gestión autónoma de asuntos locales en barrios, veredas y zona rurales, las Juntas de Acción Comunal buscan defender los interés de las familias y contribuir al desarrollo de las comunidades. Como lo explican Herminson Hurtado y Diego López en una investigación académica en la Escuela Superior de Administración Pública De esta manera, los líderes comunales representan sus territorios ante las entidades públicas para el diseño de políticas que los beneficien; fomentan la convivencia pacífica, solidaria y comunitaria; y fomentan actividades de orden social, cultural y deportivo.
“Las JAC son organizaciones democráticas y su dirección está a cargo de una Junta Directiva, conformada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y vocales. Estos cargos son elegidos por los miembros de la comunidad a través de procesos electorales”, se lee en este documento.
Para Guillermo Cardona lo que ha garantizado que superviva el interés humano es lo colectivo, lo participativo y lo solidario. “Por eso hay que mantener vigente la organización. El propósito fundamental de esta confederación que hoy precisamos es reconstruir el encuentro familia y comunidad”, explica.
¿Qué exige la ley?
La legislación establece nuevos requisitos para quienes quieran ocupar cargos de dignidad comunal como presidente(a), vicepresidente(a), secretario(a), tesorero(a), fiscal o delegado(a).
Según el artículo 103 de la Ley 2166 de 2021, toda persona interesada en estos cargos deberá haber completado un proceso de formación comunal, siempre que en su municipio exista una Asociación de Juntas de Acción Comunal.
La norma señala que esta capacitación debe cumplir varias condiciones: ser pertinente, continua y concertada con el organismo comunal; contar con una Estrategia de Formación de Formadores; y acreditar un mínimo de 60 horas de formación, certificadas por el organismo comunal de grado superior o por la entidad encargada de la inspección, control y vigilancia cuando no exista un organismo superior. En muchos municipios, esta función la cumple la Asociación de Juntas de Acción Comunal.
Este cambio amplía de manera significativa las exigencias frente a la normativa anterior, que solo requería 20 horas de formación. Para Guillermo Cardona, este aumento plantea serias dificultades en la práctica. “Hoy en día no hay garantías para que la mayoría de los comunales puedan certificar las 60 horas”, advierte.
La misma regulación contempla excepciones. El artículo 18 de la Resolución 271 establece que, en los municipios donde no se garantice la oferta de formación comunal, este requisito no podrá ser exigido.
Más allá del número de horas, Cardona insiste en la necesidad de repensar cómo se forma a los liderazgos comunales. A su juicio, el enfoque pedagógico más adecuado es el taller, porque “los adultos no tienen mucha memoria visual, pero sí una excelente memoria cognitiva”. Y concluye: “el conocimiento se construye en el encuentro, en la lectura y en la práctica”.
¿Por qué es importante la formación?
Para el proceso comunal la formación es la base de una organización fuerte. A través de estas capacitaciones se busca garantizar una gestión eficaz y transparente para las familias que representan. Esta formación no solo ayuda a los líderes a entender la estructura y el funcionamiento de las JAC, sino que además les brinda las herramientas necesarias para formular proyectos y tomar decisiones orientadas al bienestar de sus comunidades. Buena parte de los talleres y charlas de esta materia son ofrecidos por las administraciones municipales o locales.
Para Guillermo Cardona, su importancia radica en que se convierte en un derecho y una herramienta de fortalecimiento democrático. “La razón de ser de una organización fuerte es el conocimiento. No hay otro instrumento y todo el problema del atraso en Colombia, es un problema de desinformación: sin conocimiento, persisten el clientelismo, la manipulación y la dependencia de la politiquería”.
¿Cómo se define el tipo de elección?
Debe agendarse una reunión 31 días antes de la fecha de elección. Allí se debe definir si el tipo de elección será por:
¿Cómo funcionan estas dos modalidades?
¿Cómo se realiza la Elección del Tribunal de Garantías?
El Tribunal de Garantías para Elecciones Comunales es un órgano transitorio que se conforma mínimo 30 días antes de la elección para asegurar que el proceso electoral de las Juntas de Acción Comunal (JAC) cumpla la ley y estatutos, vigilando la transparencia, desde la logística (lugar, urnas, jurados) hasta el escrutinio, y actuando hasta culminar el periodo electoral.
En la reunión previa se nombran los tres integrantes del Tribunal, que:
“Ellos van a hacer las veces de jueces o árbitros electorales. Deben ser personas notables de la comunidad”, señala Cardona.
¿Quiénes conforman este Tribunal de Garantías?
Deben ser electas por la asamblea en una reunión previa, conformada por tres miembros y sus principales responsabilidades son:
Sus funciones son:
¿Es obligatorio el uso del sistema de planchas?
El uso de planchas o listas depende de los estatutos de cada junta de acción comunal. Para Cardona, la mayoría de los estatutos plantean el sistema de planchas por ser “un sistema más democrático”.
Para el caso de las planchas:
Las listas, aunque legales, no asignan cargos previamente y dejan esa decisión posterior a la elección.
¿Qué deben incluir las planchas?
Las planchas son listas organizadas por bloques y no pueden improvisarse. Deben contener candidatos para los siguientes bloques:
Cada plancha debe tener mínimo 12 integrantes, sin contar coordinadores de comités si se eligen después.
¿Por qué es importante el voto programático para las elecciones?
El voto programático en Colombia es un mecanismo constitucional que convierte las promesas electorales de alcaldes y gobernadores en un mandato obligatorio, llevándolos a cumplir su programa de gobierno, y permitiendo la revocatoria del mandato si incumplen, fortaleciendo la democracia participativa y el control ciudadano sobre sus gobernantes.
“Nadie debería aspirar a un cargo sin presentar una propuesta”, señala Cardona. Las candidaturas deben basarse en el Plan de Desarrollo Comunal, que es un instrumento de gobernanza ciudadana y la elección comunal debe centrarse en proyectos y programas, no en intereses personales. La ley exige que quienes aspiren a dirigir una organización comunal presenten propuestas concretas, es decir, un plan de acción verificable, al que posteriormente se le pueda hacer control social. Al final, la comunidad elige ideas y no solo personas.
¿Cuáles son los principales retos de las próximas elecciones comunales para las JAC?
Para Dora Gallego, presidenta de la JAC de la Mariela en el municipio de El Carmen de Bolívar (Chocó), las elecciones generan que las personas vuelvan a creer en las juntas y sus líderes, pero reconoce que se ha vuelto un reto “encontrar a los candidatos para las próximas elecciones y lograr motivarlos a recibir las capacitaciones para cumplir con la ley”.
Gallego resalta que las Juntas atraviesan una fuerte crisis de legitimidad por la falta de apoyo de los entes gubernamentales a la solución de las diferentes problemáticas que enfrentan las comunidades. Adicionalmente, las comunidades no quieren asumir responsabilidades y descargan todo el trabajo comunitario en los líderes y lideresas que asumen los cargos directivos.
Para Angela Galeano, delegada de la JAC de Hábitat a la Asocomunal también desde el municipio chocoano, los retos más fuertes son: “combatir la desinformación, reducir el abstencionismo y generar confianza en el proceso electoral frente a la inconformidad de la comunidad”. También considera que “debemos tener acompañamiento en las reuniones y asambleas por parte de la administración municipal y otras entidades responsables, además mayor seguridad en nuestras comunidades, porque nos sentimos desprotegidos”.
Tips básicos
El sistema de planchas es el más democrático y usado en el país.
Entre pupitres de madera astillada y techos que hierven bajo el sol del sur de La Guajira, por años maestros y maestras vieron pasar frente a ellos el mismo misterio: estudiantes que se quedaban atrás sin una explicación clara. En los boletines aparecían bajas notas; en las reuniones con padres se hablaba de falta de disciplina o de poco interés. Pero casi nunca se miraba más hondo. Nadie decía que, a veces, ese silencio en clase o esa letra torpe en el cuaderno tenían otra raíz: un trastorno de aprendizaje no diagnosticado, una discapacidad que nadie había sabido nombrar.
Y así, mientras el calor seguía colándose por las rendijas y la vida escolar avanzaba con su ritmo implacable, muchos niños, niñas y jóvenes fueron quedando al margen. No porque no pudieran aprender, sino porque el sistema no supo verlos. Excluidos sin decirlo, arrinconados sin quererlo, terminaron abandonando el colegio antes de que alguien les ofreciera una oportunidad distinta.
Aún muchos estudiantes no han sido diagnosticados o reportados, por lo que siguen entre las aulas sin recibir la atención que necesitan. En otros casos, como la discapacidad física o visual, aunque es posible reconocer las dificultades de los estudiantes, atenderlas integralmente es otro asunto.
Pese a los esfuerzos de varios colegios por abrir espacios inclusivos y permitir que más jóvenes aprendan en aulas regulares, todavía persisten brechas profundas. Muchos docentes siguen trabajando sin las herramientas pedagógicas necesarias para enfrentar, con seguridad y sin frustración, situaciones tan comunes como el déficit de atención, las dificultades de lectura o los desafíos conductuales. Esa falta de formación y acompañamiento termina convirtiéndose en estrés, agotamiento y, a veces, en la sensación de que están enseñando a ciegas.
Las cifras muestran la magnitud del reto. Con corte a julio de 2025, La Guajira reporta 2.803 estudiantes con discapacidad y 34.050 con trastornos específicos del aprendizaje —aún en verificación—, de acuerdo con el Ministerio de Educación. En los 12 municipios no certificados, la Secretaría de Educación departamental es la encargada de administrar los recursos y definir la ruta de atención. Para 2025, esa entidad dispuso de $1.135.616.239 para garantizar el servicio a 1.405 estudiantes con discapacidad. Solo en San Juan del Cesar, 183 de ellos están matriculados en 15 instituciones educativas, según precisó la entidad a Consonante.
El municipio cuenta con dos instituciones que atienden específicamente esa población: la Normal Superior —para personas sordas— y el Instituto El Carmelo —para estudiantes con discapacidad visual—, pero incluso en estos planteles se evidencia la necesidad de fortalecer la capacitación docente y los apoyos técnicos para garantizar una inclusión verdaderamente integral.
En su respuesta escrita a este medio, Rosa Ena Soto, secretaria de Educación departamental, explicó que la entidad ha concentrado sus esfuerzos en robustecer la educación inclusiva desde varios frentes. Han impulsado ferias de sensibilización, espacios para compartir buenas prácticas y jornadas de capacitación dirigidas tanto a docentes como a familias, con el fin de transformar de manera gradual las dinámicas dentro de las aulas.
Ese trabajo incluye también la asesoría para la construcción del Plan Individual de Ajustes Razonables (Piar), la herramienta que permite adaptar el currículo y la metodología a las necesidades de cada estudiante con discapacidad. Además, la Secretaría ha promovido estrategias pedagógicas específicas, como la enseñanza del braille y la oferta bilingüe bicultural con intérpretes para personas sordas. A eso se suma la socialización de las rutas de atención en salud y educación, un paso clave para que las familias sepan a dónde acudir y los docentes no queden solos en la tarea de acompañar a estos estudiantes.
El bienestar de los estudiantes debe fortalecerse en las aulas, pero compromete a la familias, las autoridades departamentales y el sistema de salud. Si bien el departamento cumple con los dispuesto en el Decreto 1421 —sobre inclusión de niños con discapacidad) y la Ley 2216 —sobre inclusión de los niños con trastornos específicos de aprendizaje— los estudiantes siguen asumiendo retos para disfrutar de un servicio inclusivo. Hoy, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, repasamos deudas en el servicio que se presta en este municipio.
Aulas, con deudas de inclusión
Durante años, para muchas familias de bajos recursos que tenían un hijo o hija con discapacidad, la escuela no era un derecho sino un dilema: elegir entre comer o pagar el transporte hasta una institución que pudiera atender sus necesidades. Esa realidad empezó a cambiar con la normativa de educación inclusiva vigente desde 2017, que estableció que los estudiantes con discapacidad o trastornos del aprendizaje deben ser recibidos en el colegio más cercano a su lugar de residencia.
Pero la inclusión en el papel no siempre se traduce en inclusión en el aula. Consonante visitó cuatro colegios del municipio y encontró que, aunque directivos y docentes hacen verdaderos malabares para garantizar el derecho a la educación de estudiantes con discapacidad o neurodivergencia, siguen enfrentando limitaciones que los desbordan: infraestructura insuficiente, falta de recursos y un sistema que avanza más lento que sus urgencias.
Luis Sebastián es un niño con déficit de atención y su maestra, en el colegio María Auxiliadora, ha intentado por todos los medios que avance en el aprendizaje, pero se frustra al no ver resultados y no sabe qué hacer. Actualmente, la escuela cuenta con 25 niños con diagnósticos que incluyen trastornos de atención, lesiones neuromusculares, trastornos psicosociales, deficiencias cognitivas y deficiencias auditivas.
Los docentes de esa institución han empezado a implementar planes individualizados y ajustes curriculares, pero el esfuerzo no alcanza sin un acompañamiento más constante de equipos interdisciplinarios. A esto se suma un reto que crece cada año: atender a niños y niñas en “sospecha” de discapacidad, sin diagnósticos formales que permitan orientar adecuadamente el proceso educativo. Por esa razón, el colegio ha solicitado al Ministerio de Educación y la Gobernación un acompañamiento profesional más robusto y capacitaciones periódicas que les permitan actuar con mayor certeza.
La apuesta por la inclusión no es nueva. Desde hace años, las directivas del colegio han venido aplicando el programa de educación inclusiva, y así lo confirma Osmari Patricia Millán Oñate, coordinadora de la institución. Cuenta que cuando asumió el cargo en 2020, la Gobernación enviaba un equipo interdisciplinario para orientar a los maestros y verificar la documentación de los estudiantes. Sin embargo, este año ese equipo no ha vuelto, dejando a la institución navegando sola entre necesidades que se acumulan y respuestas que no llegan.
Por cada estudiante reportado con discapacidad en el Sistema Integrado de Matrícula, el Estado paga 20 por ciento más respecto a lo que giran a través del Sistema General de Participaciones por la atención a cada estudiante, según la disponibilidad presupuestal que haya en cada vigencia, y que por nivel y zona defina anualmente . Con ese dinero —que para el caso del departamento llega a la Secretaría de Educación departamental— se nombran los equipos para cada uno de los 12 municipios no certificados en educación de La Guajira. Por eso es clave identificar y reportar a los alumnos con algún tipo de discapacidad.
"La palabra inclusión es una hermosura y nosotros tenemos las puertas abiertas, pero el hecho es que a pesar de que hacemos lo humanamente posible, necesitamos apoyo profesional para lograr una atención total. Los niños, niñas, adolescentes se lo merecen para su formación integral", señala Millán. Explica que con algunos recursos han construido rampas y con donaciones han adecuado equipos y salas interactivas para el aprendizaje de esta población.
Otro de los colegios más importantes del municipio es la Institución Educativa José Eduardo Guerra, que hace unos años se trasladó a las instalaciones del megacolegio en el barrio Alto de la Prosperidad, donde hoy atiende a 570 estudiantes. La nueva sede cumple con la mayoría de requisitos para recibir a población con discapacidad: una ruta accesible, aulas amplias, baños adecuados, buena iluminación y ventilación. Pero hay un punto en el que siguen en deuda: la atención a estudiantes con discapacidad visual.
Este tipo de apoyo requiere señalización táctil, materiales en braille y rutas seguras de desplazamiento dentro del colegio, herramientas que beneficiarían al menos a cuatro estudiantes. Carolina Gaibao, trabajadora social y orientadora de la institución, reconoce que los docentes no cuentan aún con el material necesario, aunque ya iniciaron gestiones ante el Instituto Nacional para Ciegos (Inci) para que les brinden esa dotación. “Creo que necesitamos mejorar la articulación con instituciones, la administración, la gobernación, los colegios, incluso fundaciones y oenegés que puedan llegar y sumarse”, afirma. Añade que, desde la institución, intentan avanzar en diagnósticos tempranos sobre las condiciones de aprendizaje de otros estudiantes, con el fin de orientar mejor sus procesos y evitar que las dificultades se conviertan en barreras.
De igual forma, varias de estas deudas persisten en instituciones especializadas en la atención a esta población. Años atrás, el colegio Rafael Lacoutere Mendoza, sede de primaria de la Normal Superior, ofertó al Ministerio de Educación atender a la población con discapacidad auditiva; y la Institución Educativa El Carmelo propuso brindar énfasis en discapacidad visual. En ambos colegios hay deudas para trabajar con la población neurodiversa y con discapacidad motora.
“Cualquier estudiante que tenga discapacidad visual debe preferiblemente dirigirse al Carmelo para que sea atendido ahí, porque está el intérprete de braille y les han dado más recursos en cuanto al ábaco. Mientras que la Normal cuenta con todo lo del intérprete, los libros, el modelo lingüístico, el profesor bilingüe en lengua de señas”, indica María Teresa Carrascal, psicóloga de profesión y docente de apoyo pedagógico de la Normal Superior. La demás población con otras discapacidades, como la cognitiva o los diferentes trastornos como el autismo, se encuentra en casi todas las escuelas.
Carmen Suárez, madre de Génesis Paola Contreras, una joven de 15 años con discapacidad visual y talentosa pianista, inscribió a su hija en El Carmelo desde los 7 años de edad. Si bien ha visto avances en el aprendizaje de su hija, hay cosas por mejorar, como la falta de un docente de apoyo con horario completo, ya que solo presta el servicio por dos horas, tres veces a la semana, poco tiempo para que un alumno desarrolle habilidades para leer braille. Además faltan materiales y ayuda para el avance de su lectoescritura.
A pesar de eso, reconoce que “la institución siempre ha tenido la disposición, tanto cuerpo docente como administrativo, para contribuir con la educación de mi hija”.
Además de usuarios con discapacidad visual, la Institución Educativa El Carmelo tiene 57 estudiantes con enfermedades huérfanas, con déficit cognitivo y con tratamiento psiquiátricos por depresión o por ansiedad. Según Margaret Figueroa, terapeuta ocupacional y maestra en psicopedagogía de la institución, el colegio tiene una política de inclusión y diversidad definida, pero reconoce que algunos docentes se sienten limitados al no saber cómo abordarlos y reprochan falta de capacitaciones.
“No nos enseñan cómo abordar este tipo de población, cómo se debe facilitar el aprendizaje de ellos, cuáles son las estrategias que uno debe utilizar”, explica Figueroa.
En riesgo un refugio neurodiverso
A raíz de las deudas en la prestación del servicio oficial, otras organizaciones han tenido que izar la bandera de la inclusión en el municipio. Una de las más importantes es la Fundación Minicol, que desde hace años complementa el trabajo de las instituciones educativas en la atención a niños y jóvenes con discapacidad intelectual y neurodivergencia. Pero sostener esa labor se ha vuelto una carrera cuesta arriba.
El pasado 8 de octubre, los vientos huracanados de una tormenta derribaron 65 metros de la pared trasera de sus instalaciones, dejando el lugar expuesto a una calle muy transitada por vehículos. Para evitar un accidente, las maestras improvisaron un alambre que delimita la zona, aunque saben que es apenas un gesto de contención frente a un riesgo evidente, sobre todo para los niños con mayor hiperactividad. Desde entonces, el recreo dejó de extenderse hacia ese espacio: ya no es seguro.
La fundación está en aprietos. No cuenta con los recursos para reparar la pared y, en ocasiones, ni siquiera para garantizar su funcionamiento diario. Mientras tratan de sostener su misión, cada día sienten más de cerca la fragilidad de una tarea que, aunque esencial para cientos de familias, depende de una estructura que hoy está literalmente resquebrajada.
Hace 31 años Maribel Arrieta, actual representante legal y directora de Minicol Guajira, y su amiga Julia Calderón, ya fallecida, decidieron crear la fundación. Era un tiempo en que no se hablaba de inclusión educativa en el municipio y no había forma de atender a una población con dificultades específicas del aprendizaje. Inicialmente tuvieron el apoyo de Minicol, una fundación de Estados Unidos que regalaba juguetes, medicinas, libros y útiles escolares.
“Aquí en San Juan había un instituto que se llamaba INSOR que atendía solamente las condiciones sensoriales y en vista de que había otras condiciones y que los niños no podían ir al centro de audición, nos dimos a la tarea de crear una institución para esta población”, indica Arrieta. Empezaron con siete niños y para sostenerse ampliaron el programa de estudio.
La labor que realizaban llegó a oídos de una pareja española quienes decidieron financiarlas por 10 años. Así que se mudaron a una casa más grande y con más estudiantes, donde ofrecían atención educativa integral gratuita, desde preescolar hasta quinto de primaria. La fundación llegó a ser muy reconocida en el municipio y se convirtió en un faro de esperanza para una población que hasta entonces no había sido atendida.
“Tenemos niños con síndrome de Down, niños autistas, con trastornos del comportamiento desafiante, con trastornos del lenguaje, niños en extraedad que tienen dificultades específicas del aprendizaje, y también niños con dislexia”, indica la directora. Cada niño recibe atención personalizada y acompañamiento del equipo interdisciplinario, formado por una psicóloga, un trabajador social, una educadora especial, una fonoaudióloga, y una persona que hace la rehabilitación educativa.
Varias familias de los municipios del sur de La Guajira como Barrancas, Urumita, Fonseca, Villanueva y El Molino, han encontrado en este modelo de educación una oportunidad para desarrollar las habilidades de sus hijos y mejorar su calidad de vida, por eso los traen a San Juan. “Samuel viene de Fonseca, tiene como 12 años. Presenta un nivel de autismo severo y sin embargo su mamá lo manda porque sabe que a su hijo lo vamos ayudar a pararse, a sentarse, a jugar con él, a caminar, a mover las piernas”, señala Arrieta.
Aunque la ley de inclusión busca garantizar el acceso a la educación para todos los niños y niñas, en la práctica muchas familias con hijos neurodivergentes siguen enfrentando un sistema que no siempre está preparado para recibirlos. Estefany Sarmiento Martínez lo sabe bien. Su hijo Emiliano, de 7 años, fue diagnosticado con autismo solo después de ingresar a un colegio público, cuando los docentes empezaron a notar que su aprendizaje avanzaba con más lentitud. Allí, entre actividades que lo rebasaban y un aula que no lograba adaptarse a su ritmo, Emiliano comenzó a quedarse atrás. Todo cambió cuando entró a Minicol: por primera vez, encontraron un espacio donde él podía aprender sin sentirse desplazado.
Pero la estabilidad de ese refugio educativo pende de un hilo. Desde 2020, la pandemia golpeó duramente a la fundación en lo económico: se redujeron donaciones, patrocinios y apoyos institucionales. Ante esa crisis, la organización empezó a pedir una cuota mínima a las familias. Muchas no tienen cómo pagarla, pero aun así hacen esfuerzos extraordinarios para que sus hijos no pierdan los servicios especializados que allí reciben.
La situación ha llevado a decisiones difíciles. El año pasado Minicol atendía a 106 estudiantes; hoy sólo recibe a 96. La directora reconoce que hay más niños esperando ingresar, pero la fundación no puede contratar más profesionales ni ampliar los cupos: cada salón admite un máximo de 15 estudiantes para garantizar una atención adecuada. Entre las paredes dañadas, los recursos limitados y la demanda creciente, Minicol continúa haciendo lo que puede para sostener un servicio que, para decenas de familias, es la diferencia entre la exclusión y una oportunidad real de aprendizaje.
“Minicol no tiene recursos. Tiene sillas en buen estado para sentar a sus niños, escritorio para las maestras, tenemos paredes limpias, tenemos sanitarios suficientes para atender a la población, pero no tiene dinero para pagarles a sus profesionales”, expresa Arrieta.
La pared que cayó durante el huracán no solo dejó al descubierto un tramo de las instalaciones de Minicol: también expuso la fragilidad económica y estructural que enfrenta el municipio en su compromiso con la educación inclusiva. Hoy, la fundación y las familias esperan que el gobierno nacional, el departamento y la Alcaldía se articulen para gestionar recursos que permitan superar la emergencia y garantizar la continuidad del servicio.
Aunque Minicol es un referente en la atención a niños neurodiversos y con discapacidad intelectual, sus instalaciones aún tienen limitaciones para otros tipos de discapacidad. No cuentan con rampas ni adecuaciones para estudiantes con movilidad reducida en algunas partes de la sede, y los servicios para población con discapacidad visual y auditiva están lejos de cubrirse por completo. La razón es simple y contundente: no hay recursos suficientes para contratar docentes de apoyo especializados.
En un contexto donde la demanda crece y las instituciones oficiales no alcanzan a responder, la caída de una pared terminó revelando una realidad más profunda: la inclusión todavía depende, demasiado, de la resistencia de quienes intentan sostenerla con lo poco que tienen.
Baches en la ruta de inclusión
Para lograr la inclusión “hay que quitar las barreras, que nunca las tiene el estudiante, las tiene el entorno”, señala María Teresa Carrascal, orientadora de la Normal Superior. “Alguna de las mayores barreras es la actitud del docente hacia la discapacidad”, señala Carrascal.
El Ministerio de Educación le precisó a este medio resalta que el proceso debe involucrar a equipos interdisciplinarios, familias y docentes, lo cual implica coordinación territorial, pero Carrascar reprocha que la articulación interinstitucional podría darse mejor, pues no debe confundirse que unas son las labores que deben realizarse en el aula —de enseñanza— y otras las que deben realizarse en el sector salud —como tratamiento terapéutico—.
La docente explica que los equipos interdisciplinares dispuestos por el Estado son un apoyo valioso para el trabajo terapéutico que realizan en los colegios, pero considera que no es un modelo conveniente porque saca a los niños de las aulas a hacer terapia clínica en espacios no son los adecuados. “El colegio es para la convivencia, para aprender del otro, para aprender de los logros académicos, de socializar; no para hacer terapia. Cuando van los equipos los profesionales lo sacan del salón de clases y ahí ya están interfiriendo la salud con educación”, dice.
En cuanto a la formación en educación especial y atención a la diversidad, el Ministerio de Educación le precisó a Consonante que trabaja por esto, pero “aún es necesario formar más y mejor a los docentes, especialmente para implementar ajustes razonables y educación inclusiva”. La Secretaría de Educación departamental precisó que este año ha capacitado 119 docentes.
“El objetivo es promover la inclusión y la atención a la diversidad en las aulas de clase, y garantizar que los docentes y personal educativo tengan las herramientas necesarias para atender a los estudiantes con discapacidad de manera efectiva”, señaló la entidad en su respuesta.
Carrascal reconoce que, en los últimos años, la institucionalidad sí ha ofrecido oportunidades de formación para los docentes, especialmente durante la pandemia. Sin embargo, considera que muchos de esos espacios no se aprovecharon como se esperaba. “Tal vez porque los maestros estaban saturados del uso del computador”, señala, recordando las jornadas interminables y el cansancio acumulado que dejó la educación virtual.
Aun así, la capacitación continúa. La Secretaría de Educación de la Gobernación mantiene un convenio con una fundación de Valledupar, Cesar, para formar a los profesores en el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), una herramienta obligatoria para construir currículos y planes pedagógicos dirigidos a estudiantes con discapacidad. Son cursos certificados de 40 horas dirigidos tanto a docentes de zonas rurales como urbanas. Este año, los municipios priorizados fueron San Juan del Cesar y Villanueva, donde el desafío de la inclusión exige pasos más firmes y sostenidos.
En instituciones como Rafael Lacoutere Mendoza la mayoría de los docentes ya estaban calificados para atender la discapacidad —porque para eso fueron profesionales—, sin embargo, la orientadora siente que todavía hay muchas deficiencias y debilidades porque aunque los docentes asisten a las capacitaciones, cuestiona el grado de receptividad que tengan acerca de los contenidos de inclusión.
“A la hora de implementar el Piar —Plan Individual de Ajustes Razonables— que es de obligatorio cumplimiento, en el primer trimestre, se empieza a ver una serie de falencias y no se entiende la razón o falta mucha preparación porque al docente le da ansiedad el manejo del documento, el manejo del plan”, dice Carrascal.
Para mejorar esa situación, Carrascal insiste en que la clave está en seguir sensibilizando al cuerpo docente. “Si tengo lo que se necesita para ayudar a otro, me cualifico. Cada quien debe volver a experimentar por qué estudió para ser docente”, afirma. Recuerda que, aunque la ley no obliga a los maestros de las instituciones públicas a ofrecer acompañamiento especializado, su papel es determinante para los estudiantes neurodiversos, quienes dependen en gran medida de la disposición y la creatividad pedagógica de quienes los guían en el aula.
La mayoría de niños, niñas y jóvenes que asisten a colegios públicos no pueden costear un profesional particular que acompañe sus procesos. Por eso —explica— las instituciones deben elaborar un plan individualizado que parta de las características personales de cada estudiante, sus intereses y sus dificultades. Ese plan debe construirse en diálogo con las familias y el cuerpo docente, como un acuerdo conjunto que permita que el aprendizaje avance sin que las diferencias se conviertan en barreras.
“En algunas ocasiones los estudiantes con algún tipo de autismo necesitan llevar cancelador de sonido para que en el momento que haya sonidos fuertes no se perturben, y caso se han visto que el docente no comprende esto. Ahí es donde es importante ser empático y conocer la discapacidad”, dice Boris Eduardo Garzón, el único intérprete tiflólogo —especializado en ceguera y ceguera y baja visión— que maneja el sistema braille y lengua de señas colombianas en el departamento.
El docente llama la atención en que los programas de inclusión se centran en la parte urbana antes que en la rural, sin embargo, reconoce que la mayor parte de las veces el profesional no tiene transporte adecuado para llegar a corregimientos como Tunales o a Mayabangloma, un resguardo indígena del municipio de Fonseca.
Como enlace para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Alcaldía municipal, Leonardo Gámez resalta que hay dos problemática recurrente en la contratación para cumplir con la educación inclusiva en el municipio. De un lado, se está empleando a intérpretes de lengua de señas que no son docentes titulados, lo cual no cumple con lo exigido por la ley o el decreto. Esta situación se debe a la escasez de profesionales calificados y a la falta de capacitación docente por parte del gobierno nacional en lengua de señas.
Por otro lado, se suelen presentar demoras en la firma de los contratos. El Decreto 1421 del 2017 —sobre educación inclusiva— precisa que las entidades territoriales e instituciones educativas deben garantizar la presencia del intérprete de lengua de señas para atender a los estudiantes sordos, pero a veces con el cambio de administración puede tardar hasta el mes de abril. Otras veces no hay sustento para los retrasos.
La Gobernación de La Guajira le precisó a Consonante que este año destinó $98.600.000 para la contratación de cinco docentes de apoyo pedagógico en San Juan del Cesar cuenta con algunos apoyos específicos —como tres intérpretes, una profesional en tiflología y un modelo lingüístico—, pero cada año enfrenta demoras para contratar estos servicios. “Los retrasos se deben a que los contratistas deben cumplir con todo el proceso precontractual y contractual, lo que incluye la verificación de requisitos, la evaluación de propuestas y la firma de contratos”, explica Carrascal. Mientras ese engranaje avanza, los estudiantes suelen pasar semanas sin los apoyos que necesitan desde el primer día de clase.
A esto se suma un presupuesto insuficiente para realizar la asistencia técnica que requieren las instituciones, especialmente la asesoría para elaborar el Piar —el Plan Individual de Ajustes Razonables— en colegios rurales y urbanos. La falta de estos acompañamientos deja a muchos docentes improvisando soluciones sin la guía profesional necesaria.
La situación ya llegó al Comité Municipal de Discapacidad, que trasladó la preocupación al departamento. Tras varias conversaciones, recibieron la promesa de que, a partir del próximo año escolar, los estudiantes con discapacidad auditiva contarán con un intérprete desde el inicio de clases.
Pero los desafíos no son sólo financieros o administrativos. Carrascal también señala actitudes excluyentes en algunas instituciones del municipio. Según la Secretaría de Gobierno y Educación, han recibido quejas de familias a las que se les ha negado el ingreso de niños con trastornos o dificultades de aprendizaje, o donde los procesos de inclusión no se implementan de manera adecuada. En un territorio donde la norma exige abrir las puertas, todavía hay escuelas que, en la práctica, las mantienen entreabiertas.
Con respecto a la accesibilidad en la planta física de la institución, la Alcaldía segura que no ha recibido ninguna queja en el momento, pero sí ha hecho inspección ocular y explica que los establecimientos educativos del municipio de San Juan del Cesar, por lo menos en su área urbana, están garantizado la accesibilidad para usuarios de silla de rueda o movilidad reducida, sin embargo, la zona urbana hay algunas deficiencias que se deben corregir de manera oportuna.
El departamento de Guainía es una joya biodiversa por su complejo de humedales y sus imponentes cerros que representan lugares sagrados para las comunidades indígenas de los pueblos Curripaco, Puinave, Cubeo y Tucano. Pero también hay quienes buscan, entre el agua y debajo de la tierra, otra fortuna. El departamento es rico en metales y minerales preciosos y estratégicos, como el oro y el coltán, pero la mayoría de las labores extractivas se hacen de manera informal o ilegal.
En 2021, el Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) realizaron un estudio sobre la explotación de oro aluvión —aquella que se realiza en los ríos— y para el departamento de Guainía detectaron esta actividad en 151 hectáreas que hacen parte de resguardos indígenas y encontraron que el 100 por ciento era explotación ilícita que coincidía con zonas excluibles de la minería, territorios de protección y conservación del patrimonio natural.
El otro gran atractivo minero es el coltán, también conocido como ‘oro azul’, un mineral del que se obtiene el tantalio, conocido por su alta resistencia a la corrosión y su capacidad para almacenar y liberar energía de manera eficiente. Estas propiedades lo convierten en un material esencial para la fabricación de baterías y diversos componentes para dispositivos electrónicos, pero buena parte de su explotación también se realiza en la ilegalidad.
Cerca del 70 por ciento de la población del departamento es indígena, pueblos organizados alrededor de los ríos de la región, y aunque varias comunidades étnicas participan de la minería, hay varios actores que se relacionan con el negocio en escalas industriales. Por eso, Inírida enfrenta una serie de problemáticas ambientales, sociales y económicas por las actividades mineras mecanizadas y sin control que se desarrollan en las inmediaciones de los cuerpos de agua del municipio, amenazando la sostenibilidad de sus ecosistemas y la calidad de vida de sus habitantes.
Entre las comunidades indígenas de Inírida existe una percepción dividida sobre el negocio minero. Hay quienes la ven como una amenaza directa a su territorio y su forma de vida, otras familias la defienden como la única oportunidad económica.
“La minería ha generado un impacto negativo en la cultura y la espiritualidad de las comunidades”, lamenta Jimmy Bernal Sáenz Moreno, gobernador del cabildo Realcepagua del Resguardo Almidón-La Ceiba. “Esta actividad ha provocado desplazamientos y la pérdida de tradiciones ancestrales. En el ámbito social, las relaciones se han deteriorado, generando conflictos internos y externos en las zonas afectadas”, agrega.
Varias comunidades del departamento esperan explorar alternativas económicas sostenibles que generen ingresos sin causar daño al territorio. Entre las opciones viables se destacan la agricultura sostenible, el ecoturismo, las artesanías y los proyectos de REDD+ —iniciativas para la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques—, pero la deuda en inversión y planeación hace que las comunidades vean lejanas estas salidas.
Impactos en el agua y la selva
“A nosotros que estamos en la parte baja del río Inírida, nos afecta mucho”, lamenta Miguel Ángel San Mendoza, líder ambiental y educador rural de la comunidad de Caranacoa. Este resguardo indígena, ubicado a 40 minutos río arriba desde la cabecera del municipio, practicó la minería por cerca de cuatro años desde 2008, pero a raíz de los impactos ambientales y los operativos de control de la Fuerza Pública, dejaron de lado esa labor.
El docente de Caranacoa explica que la minería los impacta por las labores que realizan las comunidades de la cuenca alta. “Están utilizando materiales que nos perjudican, tanto en la alimentación como en el medio natural. No estamos de acuerdo con eso. Hay muchas formas de adecuarla si es artesanal, no con material que destruye todo, que afecta también la salud”, explica.
Por los controles que realiza la Fuerza Pública, los mineros han movido sus balsas y se han adentrado en partes del río o ciénagas más distantes a las comunidades. Una de estas zonas es la conocida como Laguna Clara, donde los efectos de las actividades extractivas han quedado como cicatrices sobre el agua.
Limitando con Venezuela, la mayor parte de los 72.000 kilómetros cuadrados que conforman el departamento del Guainía están tapizados por zonas selváticas de amplios resguardos indígenas, algunos de los cuales son los más grandes del país. Pese a su vasta extensión territorial, el Guainía cuenta con solo dos municipios: Inírida y Barrancominas —este último creado en 2019—; además de seis áreas no municipalizadas: Cacahual, La Guadalupe, Morichal Nuevo, Pana Pana, Puerto Colombia y San Felipe. Las actividades mineras se desarrollan en cada uno de estos territorios, los títulos mineros dan pistas de esto.
Según el portal Anna Minería, de la Agencia Nacional de Minería (ANM), a la fecha, en todo el departamento han concluido 11 expedientes de explotación minera; hay 30 solicitudes activas —13 en exploración y 17 en explotación— y otras 34 solicitudes en evaluación; principalmente para la explotación de oro, hierro, tantalio y niobio. La mayoría de actividades mineras legales se encuentran en el área no municipalizada de Pana Pana (13) y las que están en solicitud se concentran en Inírida (8) y Puerto Colombia (7).
Las dos empresas que tienen la mayoría de contratos de concesión minera en el departamento son Colombian Strategical Minerals (8) y Ibut Niti (4), ambas tienen concesiones para explotar tantalio y niobio, los metales que se extraen del coltán, en el departamento hasta 2040. Mientras que las 13 solicitudes de exploración que están activas las realizó el cabildo del Resguardo Indígena Remanso-Chorrobocón.
Esta comunidad Puinave, ubicada a siete horas desde el casco urbano de Inírida, cerca a los cerros de Mavicure, ha desempeñado labores mineras por años: hoy, varias balsas mineras permanecen amarradas a orilla del río para la explotación de oro, que buzos de la comunidad se aventuran a recoger. Sin embargo, líderes de ese pueblo han advertido que la bonanza aurífera ha mermado de un tiempo para acá.
La tendencia a las actividades mineras de la comunidad de Chorrobocón tomó notoriedad a inicios de este año, cuando los líderes del resguardo —interpretando las disposiciones del Decreto 1275 de 2024 que delinea el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental— emitieron una resolución para autorizar la explotación de oro y sustraer 1.043 hectáreas de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía. Dicha disposición quedó sin efectos tras la oposición del Ministerio de Ambiente y una sentencia del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Inírida que asegura que esta comunidad sobrepasó sus competencias, poniendo en riesgo la biodiversidad y el agua potable.
Estudios realizados por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) han determinado el estado ambiental de los principales afluentes del departamento y pudo concluir en 2021 que los niveles de mercurio permitidos en suelos, peces, plantas y cabello humano eran mayores a lo permitido por la norma ambiental. También encontró residuos de cadmio en el agua.
“Las áreas de mayor incidencia y afectación por minería aurífera corresponden a los ríos Atabapо, Inírida y Guainía, en tramos como Amanavén-Chaquita, Inírida-Morroco y San Felipe-Puerto Colombia, donde se registraron concentraciones de mercurio superiores a 0,150 mg/kg, límite establecido por la EPA —Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos—”, le precisó Diego Fernando Pérez Requiniva, director de la CDA, en una respuesta escrita a Consonante. Las comunidades ribereñas y los pueblos indígenas del municipio de Inírida se encuentran entre los más afectados por esta contaminación, ya que su sustento alimentario y económico depende en gran medida de los recursos pesqueros locales.
Sin embargo, la magnitud de los impactos se escapa del conocimiento de las autoridades. La administración municipal reconoció que no cuenta con registros consolidados o una base de datos sobre estos daños. “Si bien se reconoce la existencia de prácticas mineras informales o no reguladas en algunas zonas del territorio, la falta de información técnica y de mecanismos de seguimiento sistemático impide contar con cifras exactas o indicadores actualizados que reflejen la magnitud del fenómeno”, explica Pablo Torres Ladino, secretario de Planeación y Desarrollo Económico del municipio.
“Nosotros no podemos cuidar eso”, responde un minero que pidió la reserva de su nombre cuando se le pregunta por los efectos ambientales de la labor. “Nosotros buscamos el oro para sostenernos. La parte ambiental… no estamos pendientes de eso. El objetivo allá es trabajar y salir vivo. Depende de la suerte, encontrar el oro para sostenerse”, concluye.
“Uno de los principales impactos de la minería en estas zonas es la modificación de las características morfológicas e hidráulicas de los ríos”, señaló Torres de la Secretaría de Planeación, en una respuesta escrita a este medio. La remoción de sedimentos, la desviación de cauces y el dragado causan erosión y sedimentación que cambian la estructura natural del lecho fluvial.
“Estos cambios, además de alterar los hábitats acuáticos, provocan pérdida de vegetación ribereña, incremento en la turbidez del agua y disminución de la capacidad de regulación natural de los ecosistemas. Todo esto conlleva a una degradación progresiva del entorno natural, que resulta difícil de revertir sin una intervención ambiental adecuada”, agrega el funcionario.
Riesgo por terceros y armas
El ente territorial reconoce la existencia de tensiones y conflictos asociados a la delimitación de los territorios indígenas y a la coexistencia de diferentes formas de minería —artesanal, comunitaria e incluso ilegal—. “En algunos casos, estas tensiones se originan por la presencia de actores externos que intervienen sin consulta o autorización de las autoridades tradicionales, afectando la gobernanza del territorio y los usos consuetudinarios de los pueblos indígenas”, señaló Torres, secretario de Planeación. Además, resulta que estos actores introducen maquinaria pesada que afecta cultural y ambientalmente a las comunidades.
La CDA reconoce que algunas actividades de minería tradicional desarrollada por pueblos indígenas del municipio se realizan a través de dragas de baja potencia. Sin embargo, aseguraron desconocer sobre la injerencia de terceros en estas actividades. El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo ha sido enfático en resaltar los riesgos que sortean las comunidades del departamento por el accionar de grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona.
Además de las rentas del narcotráfico, “se registra un fortalecimiento de grupos armados organizados gracias a los recursos que les provee la explotación ilegal de la minería”, señala en la Alerta Temprana 3 de 2023. Precisa que la minería ilegal en el departamento se desarrolla en territorios de resguardos indígenas y áreas con restricciones ambientales, como zonas de reserva forestal y zona Ramsar, “en las que la presencia institucional es mínima, se presentan altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica y se evidencian debilidades en las capacidades comunitarias para ejercer la gobernanza territorial”, advierte.
Durante la última década, los actores armados han consolidado en los estados amazónicos de Venezuela una zona estratégica que funciona como refugio, centro logístico, punto de aprovisionamiento y fuente de rentas ilícitas. Esta dinámica fronteriza ha fortalecido su capacidad armada y financiera, aprovechando la limitada presencia y el débil control territorial de ambos Estados en la región.
Según el Ministerio Público, las comunidades están expuestas a un alto riesgo, particularmente las personas que participan en la cadena de la minería ilegal, incluyendo trabajadores, comercializadores, facilitadores y proveedores de insumos o servicios legales. Este grupo se encuentra expuesto a diversas formas de violencia, siendo la extorsión la más frecuente y generalizada entre todos los eslabones. Quienes ocupan las posiciones más vulnerables —particularmente la mano de obra— enfrentan además amenazas de trata de personas con fines de trabajo forzado, así como riesgos de asesinatos y desapariciones forzadas.
Además, la llegada de personas externas en busca de oportunidades económicas altera las dinámicas culturales y comunitarias, promoviendo en algunos casos la ocupación irregular de zonas de protección ambiental o de resguardos indígenas. “Estas situaciones pueden derivar en tensiones entre comunidades, pérdida de prácticas tradicionales y aumento de actividades ilegales asociadas al comercio de minerales”, señala la secretaría de Planeación. La Defensoría del Pueblo ha señalado que particularmente la población migrante venezolana con alta vulnerabilidad tiene un alto riesgo de vinculación a la minería ilegal.
“La situación social donde ha existido la minería, en la parte cultural, siempre se ha visto afectada”, señala San. “La minería introduce situaciones que no son aptas para las comunidades, como la prostitución, la drogadicción y hasta el vandalismo. Esto afecta a toda la población y retrasa también la educación”, agrega.
En la zona opera el Frente José Daniel Pérez Carrero del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, y aunque por años se han enfrentado por el control de minas de oro o coltán, las autoridades han advertido sobre una posible alianza entre ambas estructuras por mantener este negocio ilegal en el oriente del país. Esa alianza se habría roto en el vecino departamento de Vichada el pasado mes de agosto, cuando ambos actores se enfrentaron después de dos años de tregua.
Según una investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre lavado de activos, tres reconocidos comerciantes de Inírida estarían presuntamente involucrados en operaciones de blanqueo de dinero para grupos armados ilegales que operan en el Guainía. El informe revela que, entre 2021 y lo corrido de 2022, los grupos ilegales habrían movilizado cerca de 70 mil millones de pesos, de los cuales el 62 por ciento corresponderían a las disidencias de las Farc—unos 43 mil millones de pesos—, el 25 por ciento al Clan del Golfo —17 mil millones— y el 12 por ciento al Eln —8.400 millones—. La investigación también vincula 30 establecimientos comerciales con actividades financieras asociadas a estas organizaciones criminales.
El sustento de cientos de familias
“Llevo siete años trabajando la minería. Acá en Inírida no encuentro trabajo en otra cosa y por eso rebusco, tengo familias que mantener”, explica un poblador del Resguardo Paujil, ubicado a tres minutos del casco urbano, que pidió la reserva de su nombre. “Uno se mete a bucear y es peligroso, no hay condiciones, no hay controles. Acá lo que toca es trabajar duro”, agrega.
El pasado 10 de octubre se instaló el Comité Departamental de Lucha contra la Minería Ilegal, en cumplimiento del Decreto 1113 de 2025 de la Gobernación de Guainía. Varias entidades territoriales del departamento se reunieron para discutir acciones encaminadas a hacerle frente a la minería ilegal.
La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Fcds) acompañó el espacio y entregó algunas recomendaciones, que apuntan a hacer que el departamento genere ingresos propios por la prestación de servicios ambientales y que esos dineros sean parte de la contabilidad de la Nación. Eso implica buscar mecanismos que financien la gran estabilidad climática que genera el departamento, así como apoyar las iniciativas de desarrollo sostenible en escalas locales, como el turismo.
“Lo que sale de aquí es una agenda de trabajo que tiene que involucrar no solamente al gobierno local y regional, sino también al Gobierno Nacional y la cooperación internacional”, señala Rodrigo Botero director de esta organización. “La necesidad urgente de trabajar con sectores de alta vulnerabilidad que hoy tienen como única salida para la crisis y la problemática económica local la búsqueda de recursos económicos a través de la minería”, agregó.
La CDA y la Alcaldía reconocieron en su respuesta que presenta limitaciones técnicas, humanas y financieras para hacer seguimiento a la minería ilegal en “territorios de difícil acceso”, y le ha apostado a desarrollar un plan de reconversión laboral. La autoridad ambiental precisó que desde 2023 y a un plazo de 10 años se viene incentivando la producción sostenible, fortaleciendo las capacidades de las comunidades y mejorando la infraestructura de transporte. Varias de estas apuestas contemplan la implementación de negocios verdes o pagos por servicios ambientales.
“Sin embargo, la implementación de este plan ha enfrentado dificultades debido al desequilibrio económico en términos de rentabilidad que presenta la minería ilegal versus las alternativas de producción de bienes y servicios de forma sostenibles”, señaló la entidad.
La Alcaldía de Inírida resalta que la minería desarrollada por las comunidades indígenas en el municipio “se enmarcan principalmente dentro de prácticas tradicionales de aprovechamiento de recursos naturales, que históricamente han formado parte de la economía de subsistencia y del uso ancestral del territorio”.
Por eso, explica que en el municipio se han venido realizando espacios de capacitación, de la mano del Ministerio de Minas y Energía, para formalizar la minería de subsistencia de las comunidades que desempeñan estas labores en pequeña y mediana escala. Se ha planteado delimitar un predio, revolver la tierra y evitar la tala de árboles. Varios líderes se preguntan cómo podría hacerse esta práctica con menores impactos, por eso esperan mayor acompañamiento del Estado a las comunidades ubicadas a lo largo del río Inírida y no necesariamente asumir las intenciones extractivas que plantee el Estado.
“Dicen que se trata de una práctica minera más responsable —señala San—, pero en Caranacoa hemos planteado que no vamos a trabajar minería metiendo mangueras, tirando mercurio en el agua. Si se va a hacer queremos que se aplique una tecnología diferente, maquinaria especializada que otros países ya manejan. Pero nuestro plan es guardar el territorio para que las generaciones futuras puedan, quizás, hacer estas prácticas mineras más responsables”.
Además, como un resultado para hacerle frente a la minería y sus impactos ambientales, la administración resaltó que viene desarrollando un proyecto para el desarrollo de iniciativas productivas enfocado en mujeres de Caranacoa, a través del cual impulsó 20 unidades productivas para familias con “potencial minero”, con el propósito de fortalecer la producción y transformación de la yuca brava.
Sin embargo, las comunidades consideran que las acciones del Gobierno han sido insuficientes. San, desde Caranacoa, cuestiona que el apoyo a las mujeres de su comunidad se queda corto y recuerda las décadas de ausencia del Estado en inversión social. “El Estado no apoya lo suficiente en áreas como educación, salud, deporte y cultura. Faltan otras actividades que se pueden realizar, como el turismo, para que las comunidades no caigan en esos trabajos que destruyen la comunidad”.
La apuesta del turismo la abandera la administración local y espera que los visitantes, al estar mejor informados sobre los beneficios del turismo consciente y responsable, puedan elegir actividades, alojamientos y servicios que contribuyan al bienestar del medio ambiente y las familias de la región. Por eso, ha realizado capacitaciones en las comunidades de Venado, Remanso, Ceiba y el casco urbano del municipio orientadas al fortalecimiento de los proyectos de turismo de naturaleza con enfoque sostenible y participativo. Al igual que promocionar al municipio en la vitrina turística de Anato de 2025.
El Ejército Nacional, a través del Decreto 1035 de 2024, asumió nuevas responsabilidades en materia de destrucción o neutralización de maquinaria de exploración o explotación minera, por eso solo tiene registro a partir de esta fecha. Aún así, en una respuesta escrita a este medio, la Brigada 18 del Ejército Nacional no tiene registros de destrucción de maquinaria en explotaciones mineras sin título ni licencia; así como de incautación de mercurio en los últimos cinco años.
A pesar de esto, a finales del año pasado, el Comando General de las Fuerzas Militares resaltó un operativo en el que destruyó una draga y capturó a cuatro personas en la comunidad de Coayare en Inírida. Así mismo, la Armada resaltó cuatro acciones en 2023, dentro de las que resalta la incautación de 3.95 kilogramos de mercurio en Inírida; la destrucción de una draga y la captura de dos personas en Arrecifal y Coayare; y el allanamiento de una embarcación sobre el río Guaviare a la altura de Coayare donde encontraron 25.8 kilogramos de coltán. Según consultó Consonante, en las bases de datos de la Alcaldía, solo se tiene registro de la incautación de un kilogramo de mercurio en 2020.
El Ejército le precisó a Consonante que en los últimos cinco años ha incautado cuatro dragas, todas en Inírida. Mientras que en Barrancominas los resultados han estado relacionados con la incautación de motores.
Mientras los turistas siguen arribando al departamento para surcar los raudales, observar aves, probar pescados ahumados y casabe o visitar el imponente Mavicure; defendiendo el agua o buscando sus sustento, las comunidades de Inírida siguen discutiendo el futuro de la minería en el departamento y esperan que las discusiones locales empiecen a vincular al gobierno nacional.
En los surcos de la tierra y en los márgenes de los mapas oficiales se libra una batalla por el alimento, la dignidad y el futuro del planeta. El campesinado, como otra pieza de defensa decisoria en el futuro medioambiental, se alza en un grito común por vivir en sus fincas, asegurar el alimento y cuidar la biodiversidad.
Los movimientos sociales campesinos han repetido con insistencia que sin los derechos de quienes trabajan la tierra —acceso a la tierra, semillas, agua, entre otros—, las negociaciones globales del clima seguirán reforzando modelos extractivistas, mercantilizadores y excluyentes.
Hoy, con el inicio de la COP30, la cumbre anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático —donde los países del mundo se reúnen para negociar acciones globales frente al cambio climático, evaluar los avances de los compromisos existentes y acordar nuevas metas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero— las comunidades locales, lejos de los lugares de decisión, juegan un papel clave para avanzar en la protección ambiental, pero dudan de ser escuchadas.
Consonante conversó con Rigoberto Abello Rodríguez, líder campesino de Caquetá, para entender el papel del campesinado como actor climático y alimentario frente a la crisis ecológica. Rodríguez ha acompañado diversos procesos organizativos y ambientales en el departamento. Actualmente es secretario de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de La Montañita y acompaña la Secretaría de la Asociación Agroambiental Brisas de la Amazonía, vinculada a proyectos de restauración ecológica junto al Instituto Sinchi.
Además, ha brindado acompañamiento técnico a la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas de Caquetá (Coordosac) y participó como delegado y vocero en la mesa campesina del Caquetá durante el Paro Nacional de 2021. Desde allí ha impulsado iniciativas de zonificación ambiental participativa y procesos de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en temas relacionados con la Reforma Rural Integral y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).
Formado en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, Rigoberto inició estudios de maestría en Medio Ambiente y Desarrollo en la misma institución. Llegó al Caquetá hace más de una década, donde ha consolidado su trabajo en la defensa del territorio, el fortalecimiento de las zonas de reserva campesina y la sostenibilidad rural amazónica. El año pasado, representó a las comunidades campesinas en la COP16 —sobre la diversidad biológica— que tuvo lugar en la ciudad de Cali y desde esa experiencia clama por que los habitantes del campo sean vinculados en las decisiones en materia ambiental que hoy se libran en Brasil.
Consonante (C): ¿Cuáles son los principales factores que están afectando al campesinado a causa del cambio climático?
Rigoberto Abello Rodríguez (RAR): Podríamos mencionar la variación que se ha venido dando alrededor del invierno y verano. Es evidente en el territorio: antes duraba menos una temporada que otra. Antes se tenía un poco más de certeza cuándo empezaba una y cuándo terminaba la otra.
El tema de las inundaciones ha sido otra problemática. Para el caso de Caquetá se ha agravado en los municipios que están al borde de ríos: Curillo, Valparaíso, Solita, Cartagena del Chairá, recientemente San Vicente del Caguán. Una cosa eran las ‘conejeras’, subidas del río que se aprovechaban para el cultivo de arroz en municipios como Curillo, pero otra cosa muy distinta son las inundaciones que las comunidades han tenido que afrontar. Otro asunto tiene que ver con las olas de calor debido también al avance de la deforestación.
También la incidencia que puede hacer el campesinado alrededor del cambio climático, la falta de posibilidad que tiene de adaptarse. Hay una carencia de información, no hay una capacidad instalada que permita comprender que el cambio climático tiene posibilidades de adaptación y evidentemente para eso se requieren unos instrumento o unas fortalezas que el campesino ahorita no tiene.
La afectación entonces tiene que ver también con el no acceso a la información, el no comprender cómo es el cambio climático, de dónde viene, cuáles son sus dinámicas naturales y cuáles son producidas por un modelo que va más allá de lo que dicen las noticias: la deforestación, sino que esto va más arriba. Entonces esta afectación también tiene que ver con la estigmatización del campesinado y con las pocas posibilidades que tienen de contrarrestar los estigmas que el cambio climático ha reforzado sobre ellos.
C: ¿Cuál es la apuesta o visión del campesinado colombiano por la gobernanza climática?
RAR: La justicia climática agraria. Cómo concebir desde la puesta del campesinado que la atención del clima pasa por la garantía de derechos campesinos, del acceso, del uso, de la tenencia de la tierra; del goce efectivo de esa protección especial que tiene el campesinado y que abarca ahora el Artículo 64 de la Constitución Política.
Esa justicia climática agraria —que conversábamos en un foro de 2022 en El Doncello, donde participaron más de 350 personas de nueve municipios— recoge una visión que el campesinado comparte con los pueblos indígenas y las comunidades afro: que cuidar y proteger el territorio es cuidar el ambiente; que se deben generar relaciones que permitan avanzar en un proyecto de vida; y que, además, garanticen que lo que tenemos hoy pueda ser disfrutado por quienes vienen detrás de nosotros.
Pero eso pasa por la voluntad que el Estado tiene en el goce efectivo de los derechos del campesinado, porque de lo contrario se generan unas dinámicas que no se controlan, entre estas, una ruta para satisfacer las necesidades básicas del campesinado sin que eso implique daño ambiental. Y, evidentemente, es muy difícil debido a las condiciones en las que el Estado concibe y trata al campesinado en territorios como el Caquetá.
C: ¿Qué tan efectivos han sido los estímulos de conservación?
RAR: Acá se han desarrollado procesos de restauración como Conservar Paga, pero no estaba respondiendo totalmente a lo que esperaba el campesinado.
Visión Amazonía venía ya como dos o tres años desarrollando un programa alrededor de cómo conservábamos un pedazo de tierra y le daba un incentivo a la comunidad. Ese incentivo era de $300.000 pesos. El campesinado entraba con 10 hectáreas, pero si usted quería meter 20 o 100 hectáreas, le daban los mismos $300.000 pesos. Y gracias al acceso a la información conocimos más incongruencias.
Dejusticia presentó unos informes que señalan que, en zonas de la Amazonía donde se recibe inversión, del 100 por ciento de los recursos que llegan a departamentos como el Caquetá, solo el 17 por ciento es para el campesinado; el resto se queda en intermediarios.
También descubrimos que Visión Amazonía recibía $1.200.000 pesos por cada familia que estaba en estos programas. Entonces, le daban $300.000 pesos a la familia campesina y se quedaban administrando $900.000 pesos en temas de papeles y demás. Esto es muy injusto, no respondía a las necesidades y no era transparente.
Gracias a la movilización que hubo en el 2021, donde nos encontramos para exigir el cumplimiento y territorializar el Acuerdo de Paz de 2016, especialmente la reforma rural integral, le dijimos a los ministerios ‘sí podemos conservar, pero deben cumplir’. Es así que en septiembre del 2023 se cambia el programa de Conservar Paga de Visión Amazonía: la gente ahora recibe $900.000 pesos y la entidad se queda con $300.000 para temas administrativos.
Creemos que es un poco más justo, pero más allá de eso empezaron a generarse otros procesos como por ejemplo los de restauración. Es nuevo que se esté contando con las organizaciones campesinas y comunales para diseñar esas apuestas de restauración desde las dinámicas de las organizaciones, es decir, que la restauración no se volviera una agenda impuesta y fuera de la mano con la reforma agraria.
C: Desde aquel encuentro en 2022 han pasado algunos años y desde entonces el orden público ha atravesado varias crisis en el país y Caquetá no se queda atrás. ¿La presencia y control de actores armados en el departamento han impactado en la apuesta o decisiones ambientales de los campesinos del departamento?
RAR: Hay una incidencia de los grupos armados en el Caquetá. Incidencia negativa en las agendas agrarias, ambientales y de derechos humanos que desarrollan organizaciones del tejido social del Caquetá. Eso ha generado mella en muchos aspectos y no ha dejado avanzar en apuestas que se tenían consolidadas.
Sin embargo, hay una fortaleza del tejido organizativo en el Caquetá. Ejemplo es todo el trabajo que se ha venido haciendo en Cartagena del Chairá desde la Asociación de Juntas Comunales y las organizaciones campesinas en articulación con coordinaciones departamentales como Coordosac. Referencio a Cartagena de Chairá porque fue una apuesta colectiva que dio lugar a esa visita de la señora ministra, Susana Muhamad, en 2022 y que allí insistieron en que el campesinado era capaz de contener la deforestación siempre y cuando tuviera las posibilidades y condiciones que debía brindar el Estado, parar esas necesidades insatisfechas que en general empujan la deforestación.
No digo que el campesinado esté talando por las necesidades básicas insatisfechas, pero eso lo obliga muchas veces a quedar instrumentalizado por los grandes poderes políticos y económicos del Caquetá que necesitan aumentar sus hatos tumbando selva.
Los programas de conservación y la relación entre organizaciones campesinas, comunales y ministerios ha evitado caer en la cooptación de los grupos armados porque ellos han generado unas dinámicas muy perversas en los territorios, suplantando organizaciones, cooptando organizaciones, imponiendo dirigencias que no son dirigencias, sino que son instrumentos de ellos para simplemente detener apuestas porque no hay una apuesta política en territorio.
No es que el grupo armado como otrora lo tenía la extinta Farc-Ep tenía una apuesta política. No, aquí no. Aquí el tema es: ‘necesitamos recursos y todo se hace de la mano de nosotros y punto’. Y no se habla del Acuerdo de Paz y no se habla de restauración, ‘eso no sirve para nada’ y lo que hacen es servir a poderes locales muy poderosos alrededor de la ganadería.
C: ¿Qué propuestas abandera el campesinado por la soberanía alimentaria?
RAR: Desde hace rato venían andando procesos alrededor de la recuperación de semillas, pero de un tiempo para acá, desde el Acuerdo y todo lo que generó, se han venido gestando otros procesos para recuperar lo que era el Caquetá, que desde la palabra de los mayores era una ‘alacena de comida’. El Caquetá tiene una vocación de producción de comida, no de producción agroindustrial, sino de lo necesario para vivir.
Es muy triste saber que el plátano, que es espectacular, sobre todo en Puerto Rico o Curillo, no se comercializa en la principal ciudad que es Florencia porque queda más barato sacarlo del Huila. Hay una ausencia de fortalecimiento de ciclos cortos de economía campesina, de garantizar que los de la vereda por lo menos coman lo que está en la vereda.
Pero hay gente esforzándose para cuidar semillas de arroz, maíz o plátano que son del Caquetá, generando una serie de apuestas alrededor del aprovechamiento de la selva: el copoazú, de sacha inchi, el asaí, la canangucha o las aromáticas. Sin embargo, la atención del Estado no ha ayudado mucho.
Cuando empezó el acuerdo entramos con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), que inmediatamente sesgó la posibilidad de apoyar estos procesos. Quitó el impulso de la soberanía alimentaria y la cambió por seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es darle a la gente algo para que viva, independientemente de dónde viene. Entre la canasta le pueden dar atún o mermelada con conservantes y eso ha imposibilitado que el Estado impulse estas apuestas que hay de soberanía alimentaria, de sembrar lo nuestro, comer lo nuestro y fortalecer esos círculos económicos comunitarios locales que permitan autoabastecerse.
C: ¿Qué debe atenderse en materia de tierras en el país para atender la crisis climática?
RAR: Materializar lo que ya constitucionalmente está establecido: el campesinado como sujeto especial de protección. El campesinado debe tener la garantía de participación efectiva y vinculante en las decisiones que se dan alrededor de cómo se ordena el territorio, de cómo se invierte en el territorio y de cuál es esa visión de gobernanza y gobernabilidad compartida con el Estado desde el campesinado y en consonancia también con pueblos indígenas que, en este caso en el Caquetá, es necesario articular.
Creo que es la urgencia a materializar lo consignado en el Acuerdo de Paz, puntualmente la Reforma Rural Integral, que no es la reforma agraria como tal, pero sí es la ruta hacia esa reforma agraria y que posibilita desde esas instancias de participación la profundización de la democracia en asuntos públicos, donde es fundamental la participación efectiva del campesinado.
C: En algunos escenarios se viene hablando de la necesidad de revisar la tenencia de la tierra por el desequilibrio: en pocas manos, grandes extensiones de tierra; en muchas manos, predios pequeños. Sobre esto y la necesidad de formalización de la propiedad, mucha en Zona de Reserva Forestal, ¿qué reflexiona?
RAR: En el marco del proceso de zonificación ambiental participativa que se viene desarrollando y que responde a la estabilización de la frontera agrícola, en una medida, las organizaciones campesinas y comunales que están participando allí, pero sobre todo las instituciones se han dado cuenta de cómo está en detalle el departamento.
Esta zonificación ambiental participativa no se proyectó alrededor de hacer un inventario de lo que hay en Solano, Puerto Rico, Cartagena del Chairá y La Montañita, no. Evidentemente se identifican áreas de especial interés ambiental, pero como esto está en el marco de la reforma agraria, lo que se acordó en 2021 es que esa zonificación ambiental participativa debería visibilizar qué hay para cuidar, qué se está produciendo en territorio y cuáles son esas organizaciones que deben ser objeto de protección y de acompañamiento para que se siga fortaleciendo la producción campesina y la protección de la Amazonia desde las comunidades y figuras organizativas del campesinado.
Eso lo menciono porque entra a relucir el tema del acaparamiento de tierra. Es evidente que para haciendas que están muy cercanas a la Ruta 65, que es la pavimentada que cruza de norte a sur el Caquetá cerca del piedemonte, están las mejores tierras y están acumuladas por unos pocos que generan, de alguna manera, ese desplazamiento hacia abajo del campesinado. Pero no solamente eso, sino que estos pocos también tienen tierra más abajo, como si tuvieran la posibilidad de vender ganado de primera, de segunda y de tercera y de cuarta. Tienen tierra por todos lados y esa tierra lo que les permite es tener un poder macabro alrededor de estas dinámicas que se dan en el Caquetá.
Según un estudio de mi colega Karla Díaz, hay una informalidad de alrededor del 67 por ciento de la tierra en el Caquetá. No se sabe de quién es. Por eso, en el informe de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), pareciese que 21 personas tuvieran 4 millones de hectáreas en el Caquetá. Muchas de esas fincas, según la Agencia Nacional de Tierras y el Igac, ya no son grandes extensiones de tierra, sino que fueron divididas, pero otras sí siguen permaneciendo allí.
Y el no saber también permite que se sigan dando estas dinámicas de acumulación de tierras. Hay una fiebre por la tierra en el Caquetá impresionante a partir del Acuerdo de Paz y que se apunta hacia zonas como La Macarena y El Chiribiquete. El paramilitarismo fue de alguna manera algo estratégico puesto en la Amazonía porque había una ola de surgimiento de paramilitares en Guaviare; surgimiento paramilitares en el Meta, sobre todo pegándose hacia La Macarena; surgimiento de paramilitares en el sur del Caquetá; surgimiento de paramilitares por la Ruta 65 y esto empujando básicamente a romper, a conectar, de alguna manera, lo que es el Guaviare con el Meta y el Caquetá, por una gran vía.
Eso sigue pasando ahorita después del Acuerdo de Paz porque la ausencia de las extintas Farc-Ep en zonas de alta protección, generó la posibilidad de los grandes poderes políticos y económicos de la deforestación, pero no solamente para la ganadería. Cuando se agoten los suelos está el riesgo de proyectos petroleros.
Pero hay un tejido organizativo que por lo menos en este momento tiene blindado el departamento del Caquetá del petróleo. En el Caquetá no hay un solo pozo petrolero extractivo. No hay un proyecto de minería a gran escala. Ninguno de los ocho proyectos de represas ha podido gestarse. Ha sido la gente movilizándose.
C: ¿Qué crítica le hace a las empresas frente a su responsabilidad ambiental?
RAR: Dejusticia empezó a sacar estos estudios al respecto de que la carne que se estaba vendiendo en grandes almacenes de cadena estaba promoviendo la deforestación en el Chiribiquete. Eso fue una acción jurídica importante que generó una molestia a quienes vienen lucrándose de la ganadería. Sin embargo, aún falta más presión, en especial del Estado.
Hay una corresponsabilidad también en el tema de las inversiones, de Obras por impuestos. Las empresas han sido muy dadas a invertir sin garantizar salvaguardas, sin garantizar veedurías, invierten pero no les importa si esa plata llegó completa. Los informes de la Contraloría hablan de que en los últimos años ha sido más de cuatro billones de pesos que se han robado en el departamento de Caquetá, que ha llegado por el tema de la paz y mucho tiene que ver las empresas, porque las empresas son oídos sordos frente a donde invierten, solo quieren reducir sus impuestos.
También hay una mala intención con el tema ambiental. Hay empresas que han generado reuniones o campamentos alrededor de ‘mire lo bueno que es una represa’, ‘mire lo bueno que es la inversión petrolera’, y eso en contubernio con las instituciones.
C: ¿Qué críticas le hace a los gobiernos del país que han delineado las políticas ambientales de los últimos años?
RAR: Una de esas críticas permanentes ha sido a las políticas ambientales en territorios como el Caquetá, que deben tener al sujeto campesino y la reforma agraria, como una manera de articular esa visión campesina a las políticas ambientales del Estado. En muchas partes ha sido posible, en otras todavía genera escozor en el momento en que no les gusta hablar de lo ambiental respecto a la corresponsabilidad que tienen del reconocimiento de la deuda histórica con el campesinado.
La Ley 2 de 1959 es uno de los ejemplos más claros. Esa ley proyectaba, para el departamento del Caquetá, impulsar la economía forestal, que ahora quieren recuperar con las concesiones campesinas, pero la mirada ambientalista del centro generó que eso se volviera lo mismo que una figura de protección antes peor, como si fuera también un parque nacional, cuando era un tema de ‘cómo impulsamos ese aprovechamiento de los recursos de la selva, garantizando otras condiciones de vida al campesinado’.
C: ¿Cómo observa el campesinado los sistemas de producción y consumo en su apuesta ambiental por una vida digna?
RAR: Se sigue insistiendo en la Amazonía, y en particular en Caquetá, en los monocultivos. Si no es la ganadería, es el aprovechamiento forestal. Allí es donde todavía se sigue teniendo una distancia entre el Estado, las oenegés y las organizaciones campesinas y comunales. Partir de reconocer esas figuras organizativas y de entender que estas organizaciones tienen unas agendas nos posibilitaría avanzar en construir apuestas productivas más armónicas y respetuosas dentro de la Amazonía.
La idea de los policultivos ha estado siempre presente en el campesinado, pero el apoyo que el Estado brinda es mínimo. En municipios como Cartagena de Chaira son contados los tractores y la mayoría son privados y son de privados que tienen grandes extensiones de tierra. Para San Vicente del Caguán ni se diga. Hay municipios que ni siquiera tienen un solo tractor. Y eso es fundamental, no para sembrar pasto y ganadería, sino para generar nuevas apuestas productivas.
Más allá del tractor hay otros mecanismos más amables con la tierra, sobre todo con la delicadeza de la tierra amazónica, que permitirían acondicionar para poder sembrar e impulsar el plátano, el arroz o la yuca. Hay iniciativas, posibilidades y disposición desde las organizaciones campesinas comunales de avanzar en sistemas diversos de producción, pero el Estado sigue insistiendo en frenarlos, poner obstáculos e insistir en que hay un solo camino, un solo cultivo.
C: ¿Qué relaciones, acuerdos y compromisos deben establecerse entre los campesinos del Sur Global con las Naciones del Norte Global?
RAR: Yo creo que uno de los acuerdos principales es que nos tenemos que unir todos, tenemos que jalar para el mismo lado.
Tiene que haber un punto de convergencia en donde estas formas organizativas, organizaciones campesinas, comunales, pueblos indígenas, comunidades afros, diversidades, etcétera, encontremos un punto de convergencia para afrontar el despojo y la extracción en todas sus dimensiones que viene efectuando el Norte Global.
Yo hablo del extractivismo en varias dimensiones. No solamente es la extracción petrolera, la extracción minera, sino también la extracción académica, como llegan cantidades de científicos, de académicos al Sur Global, recogen todo lo que necesitan de las comunidades de los territorios y luego eso lo patentan y generan unas dinámicas de acumulación muy irresponsables, instrumentalizando a las organizaciones del tejido social latinoamericano como si fueran menores de edad.
Entonces nos toca organizarnos para generar unas condiciones recíprocas de compromisos, porque el Norte Global no puede seguir insistiendo en las dinámicas de acumulación desmedida, de explotación desmedida, de deshumanización económica, sino tiene que generar otras relaciones para que desde aquí podamos contener lo que a todos nos incumbe: esa crisis climática, esa crisis del modelo económico y esa crisis que tenemos como humanidad que nos tiene en riesgo como especie.
C: ¿Qué espera de la COP30?
RAR: Uno espera muy poquito de eso.
Tuvimos la posibilidad de estar en la COP en Cali, ahí tuve la posibilidad de acompañar como enlace territorial al Ministerio de Ambiente y eso me posibilitó a mí y otros compañeros que entraron en algunos espacios de articulación entender cómo funcionaba la institucionalidad, como hay intereses arraigados.
Nosotros fuimos una delegación de 50 personas, 13 procesos organizativos: juveniles, campesinos, indígenas, comunales, ambientales, diversidad y firmantes de paz. Nos fuimos para para para la COP y allí pudimos evidenciar realmente el monstruo que significa el tema ambiental en el mundo. Vimos muchos eventos y apuestas muy interesantes, conectamos con otras experiencias que nos recordaron que no estamos solos, pero también entendimos que eso no es el fin en sí, que ahí no se va a solucionar nada, que es un espacio de disputa.
Es un espacio en donde el mundo global se encuentra en cosas que muchas veces no va a generar más allá de una aceptación simbólica, pero que es importante de alguna manera seguir insistiendo como humanidad y ponernos de acuerdo en cosas fundamentales.
Uno espera que en la COP30 se sigan discutiendo los asuntos de las comunidades locales. Los pueblos indígenas ya ganaron ese reconocimiento. En ese mismo sentido están las comunidades afrodescendientes o comunidades de la diáspora y también en ese sentido estamos las comunidades campesinas insistiendo en que nos nombren como es y no nos metan en un saco como si fuera cualquier cosa.
Si se sigue desconociendo que en los territorios viven los campesinos y campesinas, que son los que tienen la posibilidad de cuidar, de generar procesos de cambio transformadores, lamentablemente vamos a seguir viendo esto con unas gafas alejadísimas de la realidad, en donde solamente es dar una donación para ver quién cuida eso sin siquiera saber que eso llega al campesinado, ni siquiera mejora condiciones de vida y ni siquiera tiene una visión crítica de lo que se requiere en territorio.
Evidentemente eso no solamente depende de lo que se defina en la COP30, sino de la movilización y de la organización de las comunidades y sus formas.
Martha Isabel Valderrama ya no sueña con llaves nuevas ni con paredes propias. Hace tiempo que aprendió a no hacerlo. En su voz hay una calma que parece rendición cuando habla de Villa Joel, la urbanización que alguna vez le prometió un techo digno. “Algunas personas han muerto esperando la entrega de las viviendas, ya mi ilusión se acabó después de tanto tiempo”, dice. Recuerda la alegría que sintió cuando le confirmaron que tendría una casa. Hoy, en cambio, cada vez que pasa frente a los bloques a medio construir, siente que también allí se quedó un pedazo de su esperanza.
Como ella, el resto de beneficiarios tiene pocos detalles de los problemas alrededor del proyecto, pero sabe que aún falta más de la mitad por terminar. Al norte del municipio, una línea de tres torres de ladrillo rojo y techo azul incompleto se alza entre el monte y el polvo como una promesa suspendida: la de una vivienda que, por ahora, solo existe en papeles y en la memoria de quienes siguen esperando.
Willy Ordóñez, veedor y también beneficiario del proyecto, ha aprendido a mirar la obra con la paciencia de quien ya ha visto demasiadas promesas aplazadas. Habla sin rodeos, con la mezcla de resignación y lucidez que da la espera. Dice que los retrasos son una cadena larga: la legalización tardía de licencias, la pandemia, la ola invernal que dejó las vías intransitables, la falta de mano de obra calificada en el Caquetá. Pero, entre todas esas razones, hay una que repite con cierta amargura: “la constructora no tiene suficiente músculo financiero para pagar a la cuadrilla de trabajadores, y eso retrasa todo”.
Ante este panorama, Ordóñez reclama mayor compromiso de las autoridades. Habla de Villa Joel como de un “elefante blanco” que se levanta, inmóvil, entre el polvo y la maleza. “La gente está frustrada por la larga espera. Nosotros, como veeduría ciudadana, asistimos a reuniones técnicas mensuales donde sabemos que la constructora ha pedido varias prórrogas y solo tiene una pequeña cuadrilla trabajando, lo que no es suficiente", expresó. Su tarea de control no ha sido fácil: los recursos estatales están bajo una fiducia, una figura que, según él, termina alejando a la comunidad de la posibilidad de vigilar cómo se mueve el dinero público.
El contratista de la obra argumenta que las cuentas no le dan para terminar el proyecto y sobre la mesa se está llegando a un acuerdo: que se terminen las viviendas que contienen las tres torres levantadas y se liquide el contrato para que una nueva empresa negocie con precios actualizados el valor real de la obra.
Sin embargo, los beneficiarios ya no creen en los plazos que les dan. “Debido a los incumplimientos, algunas familias han tomado la decisión de invadir el terreno que estaba abandonado para visibilizar la situación. El Ministerio y la interventoría han intentado presionar para la entrega, pero la constructora está limitada por falta de recursos y mano de obra”, lamenta Ordóñez.
En total, se trata de 60 viviendas que están apunto de terminar dentro de las tres torres de ladrillo: cada una de cinco pisos y cuatro viviendas por piso; alineados como piezas de una promesa que aún no se cumple. El proyecto completo contempla nueve etapas, cada una con su propio urbanismo y área de influencia. Hasta ahora solo se han levantado las plataformas para las torres 7, 8 y 9; la cimentación está ahí, desnuda, esperando los muros que nunca llegaron. El tanque de almacenamiento de agua, diseñado para abastecer 180 apartamentos, hoy solo da servicio a las pocas viviendas que lograron construirse, como si también él esperara el resto del conjunto que le dé sentido.
Dos años sin despegar
El proyecto fue presentado por la Alcaldía municipal al Ministerio de Vivienda en el 2013 con el objetivo de entregarle un techo a cientos de familias en pobreza extrema, desplazadas o damnificadas por el invierno. Resultado de esta gestión se firmó el convenio interadministrativo 098 de 2013 entre ambas instituciones para desarrollar un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y entregarlas como ayudas del estado.
Los subsidios que respaldan el proyecto se enmarcan en el artículo 12 de la Ley 1537 de 2012, que garantiza vivienda digna para hogares vulnerables. Bajo esa norma, el Estado entrega los llamados Subsidios Familiares de Vivienda en Especie, conocidos por la gente como cartas cheque. En el caso de Villa Joel, la Resolución 0852 del 26 de abril de 2021 del Ministerio de Vivienda asignó 160 de estos subsidios y definió quiénes serían sus beneficiarios.
Entre ellos está Martha Isabel Valderrama. Hace más de veinte años sufrió una calamidad y desde entonces comenzó un peregrinaje de documentos, formularios y esperas para acceder a una casa. En 2008 le llegó la noticia: había sido beneficiaria de un programa de vivienda del gobierno. Recibió su carta cheque, primero por 16 millones de pesos, una cifra que con el tiempo se ajustó a más de 40 millones. Ese dinero, que alguna vez representó la ilusión de un hogar, terminó integrado a la bolsa del proyecto Villa Joel, donde su esperanza —como la obra— sigue en construcción.
Para ejecutar el proyecto, de un lado, la Alcaldía de San Vicente del Caguán se comprometía a aportar el predio para la realización de las viviendas y, del otro lado, el Ministerio, a través del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), se encargaría de destinar los recursos del subsidio familiar de vivienda para el proyecto.
La historia de Villa Joel comenzó hace más de una década, cuando el entonces alcalde de San Vicente del Caguán, Domingo Emilio Pérez (2012-2015), se sumó al programa “Viviendas Gratis”, una de las banderas del gobierno de Juan Manuel Santos. La promesa era ambiciosa: entregar 100.000 viviendas en todo el país a familias sin capacidad de ahorro ni acceso a crédito. San Vicente no quería quedarse atrás.
“Presentamos el terreno, cumplimos con los requisitos establecidos e instalamos los servicios públicos básicos: agua, energía y alcantarillado. El Gobierno Nacional aprobó 180 soluciones de vivienda prioritaria para población vulnerable”, recuerda Pérez, con el tono de quien todavía defiende una idea que creyó justa.
Pero en el terreno, los planos se convirtieron en ruinas antes que en hogares. La constructora encargada del proyecto asegura que aún persisten deudas del municipio relacionadas con las instalaciones de servicios básicos, obligaciones que nunca se cerraron del todo. Entre ambas versiones —la del exalcalde y la de la empresa— se mueve la historia de Villa Joel: un proyecto que nació bajo la promesa de la gratuidad y terminó atrapado en los costos impagos del olvido.
Problemas con el terreno
Todo comenzó con un terreno. Tres hectáreas al norte de San Vicente del Caguán, en la comuna nueve, donde la administración de Domingo Emilio Pérez decidió levantar el sueño de Villa Joel. En el convenio firmado en 2013, el municipio se comprometía a sanear el predio, garantizar que estuviera libre de reclamaciones y confirmar que el lote pertenecía al perímetro urbano. Sobre el papel, todo estaba en orden.
Pero los documentos, como los ladrillos, también pueden mentir. Años después, la Contraloría General de la República confirmó lo que por años se advirtió en el municipio: el predio postulado —con matrícula inmobiliaria No. 425-75627— no era urbano, sino rural, una condición que incumplía los requisitos del programa. “El municipio postuló el predio con condición rural y no urbana”, señala el informe de fiscalización de 2022.
La investigación también advierte que Findeter, en octubre de 2015, dio viabilidad al proyecto sin percatarse de la naturaleza del predio. Además, lo hizo sin resolver dudas sobre la normativa ambiental aplicable a un cuerpo de agua cercano. Y agrega un detalle que parece menor, pero no lo es: en el terreno había una explotación ilegal de arena, hecha por habitantes del municipio, que iba modificando la topografía del suelo donde se suponía que se levantarían las casas.
La administración del exalcalde Pérez conocía este problema e intentó remediarlo. Según la Resolución 2 del 11 de febrero de 2015 la Alcaldía de San Vicente del Caguán expidió una licencia urbanística para el predio del proyecto Villa Joel, pero no era un asunto que pudiera decidir sólo el ente territorial, el caso debía tramitarse con la autoridad catastral del país y según la Contraloría solo hasta el 29 de julio de 2017 el municipio presentó la solicitud para actualizar la carta catastral del predio ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Hasta el 14 de enero de 2019, quedó efectivo el cambio de uso del suelo de ese predio.
Consonante buscó a la actual Alcaldía de San Vicente del Caguán para entender en qué punto falló la planeación que terminó por frenar el proyecto. Desde la Oficina de Infraestructura, sin embargo, la lectura es distinta a la de la Contraloría. Aunque la matrícula inmobiliaria del predio figuraba como rural, aseguran que el terreno siempre ha estado dentro del polígono urbano del municipio. “Lo que se efectuó fue una actualización en el folio de matrícula donde se aclaró que es urbano —explicó una vocera del despacho, que pidió mantener su nombre en reserva—. Fue una acción más de hecho administrativo. El predio siempre fue urbano”.
En los informes de la Contraloría, en cambio, la historia no suena tan simple. El ente de control también advierte demoras del municipio en negociar con el dueño de un predio vecino para obtener el permiso de servidumbre que permitiría el paso del alcantarillado, el mismo que debía recoger las aguas negras de seis torres de Villa Joel. En ese punto, el proyecto se atascó una vez más: entre la letra de los informes y el lodo de los terrenos, entre la burocracia y el agua que nunca encontró salida.
Los primeros ladrillos
Mientras la Alcaldía de San Vicente intentaba resolver la confusión sobre la categoría del predio, en Bogotá se firmaba otro documento que marcaría el destino de la obra. El 11 de febrero de 2015, Fonvivienda suscribió el contrato de fiducia mercantil 325 con el Consorcio Alianza Colpatria, integrado por Fiduciaria Colpatria S.A. y Alianza Fiduciaria S.A. El acuerdo buscaba crear un fideicomiso: una especie de caja cerrada donde se guarda el dinero público para administrarlo por fuera de las manos directas del Estado. En ella quedarían depositados los recursos del Presupuesto General de la Nación, los aportes de los entes territoriales y los fondos de adaptación. Sobre el papel, era una garantía de transparencia. En la práctica, sería una capa más de distancia entre los beneficiarios y las decisiones que definían su futuro.
A este patrimonio autónomo se le otorgó el nombre de “Programa de Vivienda Gratuita II”. El objetivo de esta caja es administrar, cuidar y organizar el dinero que ponga Fonvivienda y las otras entidades para construir viviendas a familias vulnerables de todo el país. Minvivienda abrió la convocatoria a finales de 2014 para que los alcaldes presentarán sus propuestas y la alcaldía de Domingo Pérez aprovechó para presentar nuevamente el proyecto Villa Joel.
El engranaje institucional siguió su curso. Junto a Findeter, el comité técnico del fideicomiso aprobó los criterios del proyecto y, el 30 de junio de 2016, Fonvivienda y el municipio de San Vicente del Caguán firmaron el convenio interadministrativo 124 para construir 180 viviendas destinadas a familias vulnerables. El Consorcio Alianza Colpatria se encargó de contratar el diseño y la ejecución de la obra. A finales de ese año, el contrato Nº 5-0011 quedó en manos de la Unión Temporal Villa Joel, integrada por Ferreconstrucciones La Escuadra S.A.S. —antes Ferretería La Escuadra Ltda.— y BB Ingenieros S.A.S. El monto inicial fue de $10.581.564.044, sin contar el contrato de interventoría, por más de 93 mil millones de pesos, asignado a Fonade.
El acta de inicio se firmó el 11 de enero de 2017. Sobre el papel, el plazo era de dos años. Ocho años después, ninguna familia ha recibido una sola vivienda. En los informes de las primeras dos fases, la interventoría advirtió que la unión temporal no respondía con agilidad a los requerimientos y que los diseños tardaban más de lo previsto. En el terreno, las torres avanzaban a paso de caracol, mientras los años y las prórrogas se acumulaban como polvo sobre los cimientos.
En febrero de 2018, la interventoría pidió a Fonvivienda terminar de manera anticipada el contrato de obra. La solicitud no prosperó. En lugar de ello, se concedieron nuevos plazos a la Unión Temporal Villa Joel, que volvió a incumplir. “La ejecución, terminación y entrega de las 180 soluciones de vivienda se fue dilatando, con bajos avances de obra física”, concluyó más tarde la Contraloría.
Paul Andrés Gil Martínez, ingeniero y director del proyecto, admite que el tiempo se les fue en trámites y dudas. Dice que, mientras se resolvía la disputa por el uso del suelo, pasaron más de dos años sin poder avanzar. Los diseños se detuvieron y los planos se llenaron de polvo. “Como no se sabía con certeza qué iba a pasar con el terreno, no podíamos definir los puntos de conexión de los servicios públicos: acueducto, alcantarillado, energía”, explica. En ese limbo, el proyecto quedó suspendido entre papeles, esperando una decisión que nunca llegaba.
Y aún cuando el 14 de noviembre del 2018 el municipio y el contratista firmaron el contrato de comodato para entrega del predio, este sólo se materializó hasta el 29 de marzo del 2019 cuando el municipio, la interventoría y la empresa contratista suscribieron el acto de entrega correspondiente.
Como si no bastara con todos los trámites administrativos que tuvo que superar el proyecto en sus primeras fases, la constructora se vio afectada por la pérdida de crédito otorgado por el banco a causa de los inconvenientes con el acceso al predio y los retrasos en la ejecución de la obra. Pero también es cierto que la unión temporal tardó y presentó a medias los entregables de las fases del proyecto, así como demoró en realizar los ajustes de esos diseños al punto que los productos no eran aptos para la respectiva aprobación de acuerdo a lo que refería la interventoría.
Después se sumó la contingencia por la pandemia de COVID-19; la situación de orden público a nivel nacional; y las dificultades en el suministro de materiales de construcción por escasez, causando más retrasos en el avance del proyecto y la entrega de las viviendas. Por años, el contrato se dilató en prórrogas de tiempo y suspensiones.
Cortos de dinero… ¿a liquidar el contrato?
Hoy, tres torres de apartamentos se levantan casi completas: muros pintados, ventanas instaladas, techos terminados en un 95 por ciento. Pero en los balances oficiales el avance financiero sigue en cero. La razón está en una cláusula fría del contrato: el pago sólo se hace por vivienda terminada y entregada al beneficiario. Ninguna lo ha sido.
El ingeniero Paul Andrés Gil Martínez explica que la Unión Temporal sigue pagando salarios y materiales ajustados a las normas y precios de cada año, mientras el contrato permanece anclado en los valores de 2016. Esa brecha, dice, ha provocado un desequilibrio económico del 62 por ciento. En otras palabras: la obra cuesta más de lo que alguna vez se planeó, y el dinero no alcanza ni para cerrar lo que ya está casi hecho. Las torres, imponentes y mudas, parecen saberlo.
Con respecto a la disminución de personal, Martínez aseguró que por la pandemia las medidas de bioseguridad limitaron el número de trabajadores, afectando el ritmo de la obra, especialmente en 2020 y 2021. Sin embargo, no explicó cómo viéndose superada la crisis sanitaria la constructora buscó responder con la mano de obra necesaria.
Tras la pandemia, el contrato fue reactivado el 21 de mayo de 2022, con un nuevo plazo de ejecución de 11 meses. La unión temporal tomó el proyecto en septiembre de 2022, momento en que se estableció el reinicio y se comenzó la adquisición de materiales, incluyendo todo el acero necesario para cimentaciones, mallas para placas y bloques. Según Martínez, ese año hubo una escasez mundial de acero y chatarra para exportación, paralizando el proyecto varios meses.
Además, agregó que, en 2023, la obra estuvo suspendida casi un año debido a amenazas de orden público, resueltas mediante mesas de trabajo con el gobierno nacional. Desde entonces, el proyecto ha avanzado lentamente.
El ingeniero Martínez además declaró que han enfrentado problemas graves con maquinaria, las constantes lluvias que dificultan el trabajo en el suelo arcilloso de la Amazonía, así como los frecuentes cortes de energía eléctrica que experimenta el municipio.
En un video compartido a mediados del años pasado por las redes sociales del Ministerio, Helga Rivas, jefa de esa cartera, precisó que el gobierno busca recuperar esta obra y según varios beneficiarios que han asistido a las reuniones con la entidad, el plan consiste en que la actual unión temporal termine las tres torres que están casi listas y se liquide el contrato para que otro contratista finalice el resto bajo un nuevo proyecto con condiciones actualizadas.
Además, la cartera propuso que los beneficiarios conformen una agremiación que les permita tener mayor participación en las decisiones futuras. Sin embargo, pese al compromiso público de la ministra, los beneficiarios denuncian que el Ministerio ha aplazado una y otra vez las reuniones en las que deberían definirse los pasos concretos para finalizar la obra.
Actualmente, hay 60 viviendas terminadas y habitables, pero sin servicios públicos. “La alcaldía no ha podido enterrar las tuberías por una calamidad municipal. La red eléctrica está saturada y no hay disponibilidad para conectar las viviendas, aunque se están gestionando los permisos para resolverlo”, explica el ingeniero Martínez. A esto se suman pendientes técnicos como la instalación del sistema contra incendios, los parqueaderos, los tanques de agua y los andenes.
Desde la Oficina de Infraestructura municipal aseguraron que avanzan en la construcción de un nuevo tramo de red eléctrica para garantizar la conexión dentro del predio. Sin embargo, con los retrasos técnicos, los costos desactualizados y la incertidumbre sobre la continuidad del contrato, aún no hay una fecha definida para la entrega de las 60 viviendas que llevan años esperando a sus dueños.
Nota: Consonante envió un cuestionario de preguntas al Ministerio de Vivienda, a través de su oficina de prensa, pero a la fecha no se recibió respuesta alguna sobre las acciones que esa cartera está adelantando para cumplirle a las familias beneficiarias de esta urbanización.
En las últimas semanas, el sonido de ráfagas de fusil ha vuelto a perturbar la vida de las familias de El Carmen de Atrato. Con desespero, han alzado la voz para que la guerra no se vuelva a instalar entre las montañas de la región. Ese llamado ha sido escuchado por los religiosos del municipio que llamaron a la comunidad, ya no solo al púlpito, sino a las calles. La consigna es una: quieren vivir en paz.
El Consejo Comunitario El 18 San Cayetano, la Plataforma del Campesinado, el Concejo Municipal de Paz, la Diócesis de Quibdó y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen han venido advirtiendo y denunciando las repetidas amenazas a comunidades y lideresas y líderes sociales, así como la presencia y tránsito de tropas del Eln, las Egc—antes Agc— y las disidencias de las Farc, quienes están citando a las comunidades y sus voceros para que se dobleguen al control de los armados.
Por años, en el municipio persistía la presencia y control del Eln, pero con la llegada de otros actores, principalmente tropas paramilitares, el panorama se crispó por la disputa del territorio. Desde el pasado mes de septiembre, la situación se ha agravado con el anuncio de un toque de queda impuesto sobre la vía que conduce de El Carmen de Atrato al municipio de Urrao, acción atribuida a las disidencias.
A inicios de este mes, habitantes del sector de La Trocha denunciaron la puesta de nuevas banderas del Eln, al igual que letreros y grafitis alusivos al grupo guerrillero. Adicionalmente, en los últimos días, la Alcaldía de Medellín reportó la llegada de más de 600 personas de comunidades indígenas Embera Katío provenientes del municipio del Carmen de Atrato por amenazas y acciones bélicas en sus territorios.
El municipio y sus habitantes resistieron los embates más fuertes del conflicto armado interno durante la década de los noventa y principios de los años 2000. Con la arremetida del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que buscaba disputarse el territorio con el ELN, la violencia se intensificó. La masacre paramilitar cometida en la comunidad de El Siete en 1996 marcó el inicio de esa oleada de violencia que, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, provocó el desplazamiento de al menos 657 personas solo entre 1997 y 1998.
Tras la desmovilización del Ejército Revolucionario Guevarista (Erg) y la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, pasaron varios años en los que las comunidades lograron vivir sin la zozobra ni la angustia provocadas por la presencia permanente de actores armados.
Con la esperanza de no volver a vivir una situación similar, la parroquia Nuestra Señora de El Carmen, con el apoyo de organizaciones de base del municipio, hizo un llamado a la comunidad para marchar en favor de la vida y la paz el pasado 3 de octubre. El recorrido inició a las 9:00 a. m. en el barrio La Paz, en la vereda La Mariela, y finalizó en la iglesia, con la participación de más de 200 personas.
Consonante entrevistó al presbítero Rogelio Salazar Gómez, quien encabezó la marcha y lidera las acciones por la paz en el municipio. El religioso lleva en el ministerio sacerdotal 30 años y llegó a El Carmen de Atrato en 1994 a desempeñarse cómo rector del colegio Corazón de María del Carmen de Atrato. Después del cierre del seminario sacerdotal, continuó trabajando en el municipio de Bojayá, Chocó, durante los años más álgidos del conflicto, cuando se registraron las cifras más grandes de víctimas de comunidades afro e indígenas en esa región.
Durante 15 años, hasta 2015, fue coordinador de educación en Quibdó, combinando este cargo administrativo con funciones directivas en la Institución Educativa Antonio María Claret y, posteriormente, en la Institución Educativa Pedro Agrau, en el norte de la ciudad. A lo largo de su carrera eclesiástica, ha brindado acompañamiento a comunidades en la defensa de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Encomendado a esa labor, regresó al municipio de El Carmen en agosto de 2023.
Consonante (C.): ¿Cuál es la situación actual de las comunidades indígenas, afro y campesinas, frente a la seguridad y la paz en el municipio?
Rogelio Salazar Gómez (R.S.G.): Tengo un sentimiento especial por las comunidades de la carretera, sobre todo en las antiguas El Consuelo, La Puria, Sabaleta y El 18. Ahorita están muy afectados por el conflicto que está resintiendo en La Trocha. La situación es cada día más compleja para estas comunidades indígenas, afro y campesinas.
Adicionalmente también se han venido presentando múltiples situaciones en la zona urbana del municipio y en otras de las veredas. En la última reunión que tuvimos en donde la parroquia se reunió con líderes y lideresas de todo el municipio, se denunciaron situaciones de minería ilegal, presencia y tránsito de actores armados, confinamientos y otros hechos que dificultan la permanencia de las comunidades en sus territorios.
Para nadie es un secreto que esa situación de violencia se viene presentando en diferentes zonas del país y se ha incrementado en estos últimos meses, lastimosamente los grupos políticos utilizan la violencia como un mecanismo para regresar al poder sin tener en cuenta a las comunidades que habitan en los diferentes territorios.
C.: ¿Qué situaciones o hechos concretos motivaron la movilización social por la vida y la paz?
R.S.G.: La marcha se realizó en el marco de la Semana por la Paz, que se celebra en todo el país, pero también tuvo como propósito visibilizar la situación actual del municipio. Hay angustia y zozobra. Las personas que habitan este pueblo ya han sufrido múltiples violaciones de los derechos humanos en el pasado, y definitivamente no quieren que esa historia se repita.
Es por eso que, como Iglesia, acompañamos no solo desde el púlpito, sino también visitando las distintas veredas, corregimientos y comunidades indígenas y afrodescendientes, para que sientan nuestra presencia y nuestro compromiso. Por esta razón, con el apoyo de la plataforma del campesinado y el permiso de la Alcaldía municipal, decidimos marchar.
C.: ¿Cuál es el papel de la Iglesia en la construcción de paz en el municipio?
R.S.G.: Como parroquia estamos guiados por un plan de acción diocesano que construimos con las comunidades y organizaciones de base, que busca acercar los diferentes credos y formas de pensar para el cumplimiento de nuestra misionalidad como iglesia católica, que es la defensa y salvaguarda de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Nuestro papel es de acompañamiento a las comunidades, pero también muy fuertemente de denuncia.
Desde la Pastoral Social contamos con el acompañamiento de profesionales en las áreas social y jurídica, con el propósito de avanzar en diversas formas de diálogo y mantener una presencia activa, no solo frente a situaciones de confinamiento, presencia de minas antipersona, reclutamiento forzado de menores y de adultos, desplazamientos forzados, y el tránsito y presencia de actores armados, sino también ante la difícil situación de estrechamiento que enfrentan las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, debido a conflictos relacionados con la tierra.
C.: ¿Qué considera usted que debe hacer el estado a nivel nacional, departamental y local para superar esta situación?
R.S.G.: En todos los niveles, el Estado debe actuar de manera coherente: formular políticas públicas claras que permitan avanzar en la solución de las problemáticas que enfrentan las comunidades. No se trata solo de abordar temas relacionados con la seguridad, el orden público y la paz, sino también de enfrentar otras cuestiones fundamentales, como erradicar la corrupción e invertir los recursos necesarios. Y eso, lamentablemente, no se está viendo.
A nivel local, es indispensable contar con una política más clara de apoyo al campesinado y a la producción agropecuaria del municipio, además de implementar acciones concretas en favor de la juventud, especialmente frente a la problemática de la drogadicción. Esta Alcaldía debería cumplir con su plan de desarrollo y avanzar en lo que prometió durante la campaña, pero eso aún no se refleja en los hechos. A uno realmente le preocupa cuál será la reacción de la Alcaldía y las posibles consecuencias frente a acciones como la marcha.
C.: El departamento de Chocó ha experimentado una grave oleada de victimizaciones contra la población civil por la disputa entre actores armados, puntualmente por el aumento de minas antipersonal, el confinamiento, el reclutamiento forzado y el desplazamiento ¿En el caso de El Carmen, qué está pasando con este tipo de victimizaciones?
R.S.G.: Es muy importante mencionar que las comunidades que actualmente sufren condiciones o situaciones de confinamiento tienen fuertes dificultades para acceder a sus cultivos y a sus medios de vida y esto hace que sus posibilidades de continuar en el territorio sean mínimas.
También nos han comunicado del tema de minas y de cultivos ilícitos en las zonas más alejadas, además de reclutamiento de menores y mayores principalmente de comunidades indígenas.
C.: En materia medioambiental, ¿la Iglesia advierte riesgos por los intereses de los actores armados en la región?
R.S.G.: La minería ilegal es uno de los asuntos complicados, no solo por la contaminación que genera por el uso de mercurio y otros agentes químicos, sino también por que trae consigo la presencia de actores que ponen en peligro las comunidades y vienen acompañadas de otros factores de riesgo como la drogadicción, el alcoholismo y otros.
Además, está el tema de la sentencia del río Atrato y la falta de gobernabilidad local frente al asunto de la empresa minera El Roble —que explota cobre en la región—.
C.: ¿Qué mensaje le envía a las comunidades afectadas?
R.S.G.: A las comunidades les digo que no están solas, que cuentan con nuestro apoyo y acompañamiento de manera permanente, que allí seguiremos estando, desde el púlpito y nuestra misión evangelizadora y yendo hasta sus lugares, denunciando y haciendo visible la situación.
C.: ¿Qué llamado le haría desde la Iglesia a los actores armados que están actuando en el municipio?
R.S.G.: A los actores armados les digo que nuestras puertas siempre estarán abiertas a la búsqueda de la concertación y el diálogo. Muchos de ustedes son católicos o sus familias son católicas, acudo a sus valores para a la hora de buscar sus intereses, que pueden ser válidos, respeten los derechos de las comunidades.
El mensaje es el mismo de la Iglesia: estamos dispuestos a dialogar y a mirar rutas de salida. La Diócesis ha sido muy humanitaria y ha querido también tener parte con el gobierno a través de todas estas mesas de participación que se tienen en la nación. Esperamos que algún día esto sea posible y lleguemos a soluciones y a cambios significativos.
Durante la segunda mitad de septiembre, en San Vicente del Caguán se vivió un pulso decisivo por el futuro presupuestal del municipio, una tensión que alcanzó su punto más alto el pasado jueves 2 de octubre en el Concejo municipal. Ese día se resolvería la incógnita que tenía dividido al pueblo: ¿debía el municipio endeudarse para cumplir proyectos priorizados por la Alcaldía?
Entre los ojos atentos de los asistentes y las pancartas de la comunidad que pedían a los concejales velar por el bienestar del pueblo, la discusión se resolvió en poco tiempo. Pero no fue gracias a un consenso entre los funcionarios, sino porque la Alcaldía dio un paso atrás.
Durante semanas, la administración municipal había sostenido que la única forma de financiar varios proyectos urgentes para la comunidad —en transporte, minas y energía, deporte y recreación, y gobierno territorial— era a través de un millonario préstamo ante entidades financieras, con el compromiso de pagar ese dinero más intereses en un plazo definido.
Fue así como el pasado 16 de septiembre el alcalde de los sanvicentunos, Luis Trujillo Osorio, presentó el proyecto de acuerdo No. 014 ante el Concejo municipal, buscando la aprobación de un endeudamiento a 10 años para ejecutar proyectos de inversión alineados con su Plan de Desarrollo: Trabajamos y Servimos al Caguán 2024–2027.
El préstamo ascendía inicialmente a la cifra de $12.000 millones de pesos para obras que van desde la compra de maquinaria amarilla para el mantenimiento de las vías y la electrificación rural, hasta la construcción de escenarios deportivos y la instalación de paneles solares. Sin embargo, con el paso de los días, la cifra fue modificándose, lo que dejó en evidencia problemas de planeación en la justificación de los proyectos que se pretendían financiar con el empréstito.
Los análisis y proyecciones financieras presentadas por la Alcaldía sostenían que el endeudamiento propuesto era manejable y sostenible, pues el municipio contaba con una adecuada capacidad de pago para asumir esta nueva obligación financiera. Sin embargo, dentro del Concejo surgieron voces críticas que cuestionaron la necesidad del empréstito y señalaron que las obras podrían financiarse a través de otras fuentes del Estado, siempre que la administración gestionara de manera efectiva recursos ante los niveles departamental y nacional.
De los 15 concejales que representan al municipio, cuatro se opusieron al proyecto desde el inicio. Tras varios debates, la decisión final debía tomarse el pasado 2 de octubre, pero el alcalde optó por retirar la propuesta. Argumentó que atendía el llamado de los concejales y de la comunidad para insistir en la búsqueda de otras alternativas de financiación. No obstante, varios sectores consideran que el ente territorial podría presentar un nuevo proyecto de acuerdo más adelante.
Ante las dudas generadas, los impasses que podría traer este proyecto al municipio y la posibilidad de una nueva discusión de endeudamiento hacia futuro, Consonante le explica de qué trató esta pretensión del ente territorial.
¿Qué buscaba la administración municipal con esta deuda?
La primera versión del proyecto de acuerdo fue presentada ante el Concejo municipal el pasado 16 de septiembre. El préstamo contemplaba un valor total de $12.000 millones de pesos, con los que la Alcaldía buscaba comprar maquinaria amarilla ($3.000 millones), adecuar la infraestructura deportiva ($5.722 millones), realizar un puente peatonal colgante ($149.966 millones), construir un albergue animal ($1.597 millones), instalar redes eléctricas del campo ($1.430 millones) y dotar de energía solar a escuelas rurales ($98.994 millones).
La administración municipal justificaba cada componente del empréstito con distintos argumentos. La adquisición de maquinaria amarilla buscaba el mejoramiento de las vías terciarias y el arreglo de las vías urbanas. El mantenimiento del puente peatonal colgante, según la Alcaldía, tenía como propósito “promover la conservación de equipamientos que marcan la historia del municipio y crean memoria colectiva”. La instalación de una red de tensión junto con una solución solar fotovoltaica “apunta a la ampliación de la prestación de los servicios públicos en las zonas no interconectadas del municipio”. Con el mejoramiento de los escenarios deportivos, se esperaba “mejorar la calidad y el estado de salud de la comunidad sanvicentuna”. Finalmente, la construcción del albergue municipal para fauna “aportará a la prestación adecuada de servicios a la población animal del municipio”.
Sin embargo, durante las sesiones del Concejo se advirtieron irregularidades en los proyectos que buscaba financiar la administración local con esta apuesta de endeudamiento. Así lo señaló la concejal Cielo Barrera en una alocución en la que presentó un concepto de la Confederación Nacional de Concejales de Colombia (Fenacont) a la que le habían consultado sobre la compra de maquinaria amarilla a través de un crédito como este. La respuesta fue clara: según la jurisprudencia está prohibido.
Se trata de una sentencia de 2022 proferida por el Tribunal Superior de Boyacá, en la que, en un caso similar, precisó que las administraciones municipal no pueden endeudarse para la compra de estas maquinarias, pues los recursos provenientes de las operaciones de crédito deben destinarse, por regla general, a financiar gastos de inversión.
Para el 26 de septiembre, la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Desarrollo del Concejo municipal aprobaron, con 8 de 10 votos, el proyecto para que fuera discutido en plenaria, pero retirando lo relacionado con la compra de maquinaria amarilla. En su versión modificada, el documento buscaba facultar al alcalde para gestionar un crédito público por 9.000 millones de pesos.
El préstamo a 10 años, sumaba un valor de $6.518.018.098 en intereses, lo que eleva el servicio total de la deuda a $15.518.018.098 aproximadamente. Además, los dos primeros años solo se iban a efectuar pagos de intereses. Esta medida, según argumentaba la Alcaldía en su propuesta, buscaba optimizar el flujo de caja del municipio en las etapas iniciales del proyecto, posponiendo el pago de capital hasta después de dicho período.
En la sesión del 2 de octubre, donde se discutiría el proyecto, la Alcaldía retiró la solicitud.
¿Qué reacciones se dieron en el Concejo?
Para una concejal que pidió la reserva de su nombre, las necesidades planteadas son reales y se necesitan atender, pero considera que endeudar el municipio no es el camino. “Por ejemplo, no es claro el concepto usado para la construcción de un albergue o clínica animal, porque en la administración anterior ya se hizo un proyecto con esa misma intención”, señala.
Para Cielo Barrera, integrante de la Comisión de Desarrollo, un proyecto de esta magnitud debía ser analizado con mayor detenimiento por la Comisión de Presupuesto, especialmente en lo relacionado con la disponibilidad real de recursos del municipio. “El pueblo es el que paga. El pueblo es el que debe consumir lo que está pagando, y el municipio debe endeudarse en obras de impacto social, como agua potable o una PTAR —Planta de Tratamiento de Aguas Residuales—”, señaló.
Otra concejal, que por seguridad pidió la reserva de su nombre, reconoce que algunos estudios enseñan que el municipio se encuentra apto para endeudarse. “La gente entiende que endeudarse no es malo, como cuando las personas piden préstamos para crecer en sus emprendimientos. El problema no es el endeudamiento, sino la inversión. La deuda generará pagos anuales que limitarán inversiones futuras, pero aún quedará presupuesto para obras”, explica.
Siendo parte de la Comisión de Estudio para este proyecto, Franklin Perez Romero y Jairo Antonio Correa mencionan que su voto positivo al proyecto tenía la intención de que la iniciativa fuera discutida públicamente y se revisara si realmente convenía para el municipio.
¿Endeudar el municipio es la única manera para financiar estos proyectos?
Para muchos, el endeudamiento parece la salida más fácil, pero existen otras alternativas que la administración municipal podría explorar antes de comprometer las finanzas del municipio. “El alcalde está a tiempo de gestionar; le quedan dos años y puede buscar recursos en los ministerios, en el Gobierno nacional o en la Gobernación del departamento. Hemos pedido que muestre qué gestiones ha hecho afuera y cuáles han sido los resultados”, señaló una concejala que prefirió mantener su nombre en reserva. Agregó que “hay que tener en cuenta que la administración saliente dejó $11.000 millones sin ejecutar y no sabemos en qué se han invertido. Además, enfrenta una demanda por presuntos actos de corrupción en 19 contratos, lo cual también es preocupante”.
Para el exconcejal y hoy diputado Wilmar Fierro desde todo punto de vista no es bueno endeudar el municipio. ”Considero que la administración puede direccionar mejor los recursos de libre inversión para algunos de esos proyectos, pero no endeudar, ahora menos en momentos cuando hay un recorte del presupuesto a los departamentos y municipios”, dice.
“Algunos concejales dicen que se debería hacer gestión con la Gobernación del Caquetá o con el Gobierno nacional, pero para que eso funcione hace falta un gobierno que responda. Llevamos casi cuatro años esperando inversión del nivel nacional y no hemos visto mucho avance”, expresa otra concejala que prefirió mantener su nombre en reserva. Añade que “había un recurso para el SENA de $3.000 millones que, al parecer, fue levantado. El alcalde sí ha gestionado, pero si el Gobierno no responde, ¿qué más se puede hacer?”.
¿San Vicente ya había asumido una deuda de este tipo?
Los ciudadanos recuerdan que para el año 1998 se realizó un endeudamiento para la construcción de un acueducto con el alcalde Hernán Cortés, deuda que fue cancelada. También, años atrás, se había presentado un proyecto por la suma de $3.000 millones, pero no fue aprobado por el Concejo del momento. Actualmente no hay créditos activos.
¿Cuál es la capacidad de endeudamiento del municipio?
Según balances de la Alcaldía, a 31 de diciembre de 2024 el Municipio de San Vicente del Caguán no presentaba saldo de deuda pública, los últimos créditos que ha tenido el municipio fueron cancelados en su totalidad.
La secretaria de Hacienda del municipio, Magnolia Rubio Montenegro, certificó que, según los parámetros del artículo 7 de la Ley 358 de 1997, los indicadores de endeudamiento de San Vicente del Caguán son solventes. Esta ley establece una escala tipo semáforo para evaluar el nivel de endeudamiento de las entidades territoriales. Incluso con el proyecto de empréstito por $9.000 millones, la solvencia del municipio se ubicaría en 6,44 por ciento, muy por debajo del umbral del 40 por ciento, lo que mantiene el semáforo en verde.
De igual forma, el indicador de sostenibilidad ascendería a 32,91 por ciento, inferior al límite del 80 por ciento, lo que también refleja una situación financiera favorable y una capacidad de endeudamiento viable.
Los concejales que se mostraban a favor del préstamo coincidieron en que, aunque un endeudamiento de esa magnitud implicaría pagos anuales que podrían limitar futuras inversiones, el municipio aún dispondría de recursos suficientes para ejecutar otras obras.
Varios concejales concuerdan en que las finanzas del municipio son sólidas. Según el presupuesto general de rentas y recursos de capital para 2025, San Vicente del Caguán recibió cerca de $103.000 millones de pesos por asignaciones del Gobierno nacional, más una adición aproximada de $1.400 millones para este año, lo que suma un total de $104.400 millones en promedio. A esto se agregan alrededor de $12.000 millones provenientes de ingresos tributarios por impuesto predial, industria y comercio, además de $12.000 millones en regalías proyectadas para el cuatrienio.
¿Qué dice la gente?
La población sanvicentuna manifestó una profunda inconformidad frente a la propuesta de endeudamiento. Muchos habitantes expresaron su preocupación por las repercusiones económicas que esta deuda generaría en las finanzas municipales, las administraciones futuras y en la calidad de vida de la comunidad, temiendo que los intereses y compromisos adquiridos pudieran afectar proyectos futuros y aumentar la carga fiscal.
Para la Asociación de comerciantes, en representación de todos los gremios del sector productivo, no hay capacidad de endeudamiento. “Un crédito a diez años afecta el flujo de caja futuro y restringe la destinación de recursos durante dos periodos administrativos, generando obligaciones que reducen la capacidad de inversión social en áreas fundamentales como salud, educación, vías y desarrollo rural. Según los indicadores de endeudamiento, se tendrían que pagar cuotas mensuales cercanas a los $145 millones, con un acumulado de intereses del 45 por ciento”, señala el comunicado.
Además, la gente piensa que de asumirse una deuda, que favorece a comunidades específicas, después no va a ser priorizada en otras iniciativas por ser el foco de una inmensa deuda y ver un retorno económico para el municipio. Sin embargo, tras la decisión de retirar el proyecto el pasado jueves, la percepción de la comunidad cambió de forma notable.
Hoy, la mayoría de la comunidad se muestra conforme y satisfecha con el resultado, pues considera que se evitó un posible endeudamiento insostenible y que se respetó la voluntad de la mayoría. Esta reacción positiva refleja la importancia de escuchar la voz de las comunidades y los habitantes de San Vicente del Caguán en la toma de decisiones que afectan directamente su bienestar colectivo.
¿Qué dice el alcalde?
“Quiero manifestarle a quienes desde la oposición han expresado sus diferencias frente al empréstito presentado ante el Consejo municipal que las discrepancias son parte de la democracia, pero es importante recordar que gobernar exige tomar decisiones responsables y pensar en el bienestar colectivo por encima de los intereses políticos”, expresó Luis Trujillo en entrevista con este medio.
Justificó que la Alcaldía planificó el proyecto de endeudamiento para responder a las necesidades de comunidades como Villacarmona y Villalobos donde la inversión municipal ha sido escasa durante varias administraciones, así como la reiterada demanda de los deportistas que pueden invertir en ese sector dentro del municipio. “Nuestro compromiso es con el pueblo, no con los cálculos electorales y el empréstito bien manejado sería una inversión para el futuro de toda una población”, agregó.
A pesar de que no ahondó en las críticas sobre las fallas del proyecto, en especial con lo relacionado a la compra de maquinaria amarilla, sí aclaró que el retiro del proyecto fue una medida temporal. Trujillo aclaró que su administración no ha desistido de perseguir el crédito.
“Nuestro propósito como gobierno municipal es construir consensos y asegurar que cada obra o iniciativa financiada con estos cursos tenga un impacto real, transparente y duradero”, señaló y agregó que, a su parecer, retirar el proyecto fue una “muestra de madurez política”.
En Leticia, al borde del río y de la selva, las cifras parecen tener el pulso de una advertencia. Para 2025, dicen las proyecciones del Dane, aquí vivirán más de 55 mil personas: casi un tercio más de lo que logró registrar el censo de 2018. En los números se adivina algo más que una suma de habitantes: un crecimiento que desborda las calles polvorientas, los servicios que no alcanzan, la vida cotidiana de una ciudad que, si no se piensa pronto, podría volverse inhabitable.
Hoy, Leticia se expande como quien abre un camino a machete: sin mapa, sin brújula. Crece a punta de construcciones improvisadas, de barrios que se levantan en la orilla de los caños y en la sombra de los árboles talados. Esa expansión, desordenada y apremiante, no sólo presiona a la selva y a sus aguas: también altera la manera en que la gente vive, comercia, se mueve, celebra.
“La ciudad se fue construyendo sin comprender lo que se tiene alrededor”, dice Santiago Duque, biólogo e investigador de la Universidad Nacional en la sede Amazonía. Habla con la precisión de quien conoce los ríos por dentro, y es tajante: los problemas ambientales del país se incuban en ese olvido. En la destrucción lenta de los ecosistemas. En el desvío de recursos. En la manera en que el Estado se ausenta de los territorios más lejanos y deja que crezcan solos, a tientas.
Asimismo, la movilidad demográfica en los últimos años en la Amazonía ha generado mayor presión en sus ecosistemas, favoreciendo el loteo y la ocupación de zonas en entornos ambientalmente frágiles. Medios como Mongabay han documentado cómo “a lo largo de cada año, la ciudad enfrenta entre dos y tres episodios de apropiación irregular de tierras, una dinámica que refleja la presión constante sobre el territorio”.
Esto, sumado a la deforestación y al taponamiento de los cauces naturales del agua por acciones humanas, se agravó con la proliferación del uso del cemento como símbolo del “modernismo” y desarrollo de la ciudad. No se tuvieron en cuenta las dinámicas e interacciones de los ecosistemas, generando que gran parte de la población actualmente se vea afectada.
Para Duque es inexplicable que una ciudad amazónica se construya desconociendo la riqueza de su ecosistema. “El cauce —de los ríos y caños— no es solo por donde se mueve el agua, sino lo que está conexo a ella, que son los bosques de galería o lo que técnicamente se llaman las rondas hídricas. Eso no se respeta, ya que empiezan a construir sus viviendas sobre los sistemas acuáticos”, señala.
Lo que ocurre en Leticia no es un accidente aislado: se repite en buena parte del país como un eco constante. Ríos que se desbordan, barrios que despiertan con el agua hasta las rodillas. “Entre el 30 y 40 por ciento del territorio se inunda cada año”, explica Santiago Duque. Y en su voz hay una insistencia: no se trata solo de una cifra, sino de una cultura que dio la espalda al ambiente. “Tenemos que recuperar el cuidado hacia la vida —dice—. Aprender a vivir con el agua”.
Pero el agua no es lo único que desborda. También lo hacen las licencias de construcción, tramitadas a medias, sin controles ni rigor. “Desafortunadamente no se venía exigiendo la normatividad en los licenciamientos, como tampoco se estaba al día con la norma”, admite Barry López, director de la Secretaría de Infraestructura de Leticia. Habla de un engranaje institucional que parece detenerse y reiniciarse cada cuatro años: funcionarios que llegan sin claridad sobre la ley, normas que cambian y expedientes que nadie sigue. El resultado: una ciudad que crece al margen de sus propias reglas.
Hasta antes de los 2000, Leticia crecía sin brújula, sin leyes ni normas que marcaran el paso. “Se configuró de forma reticular, tipo española”, recuerda Barry López, director de Infraestructura. La memoria urbana se puede recorrer como un mapa de hitos: la calle 10, una de las primeras avenidas, atravesando el Parque Santander y escoltada por edificios que todavía cuentan la historia de la ciudad —el Banco de la República, la Catedral de Nuestra Señora de la Paz, la escuela normal. De sur a norte, la carrera 11: un trazo que bordeaba un terreno del Vicariato Apostólico y llegaba hasta la calle 13, donde se levantó el Hospital San Rafael.
Esa cuadrícula inicial fue el esqueleto de Leticia. Después, con el empuje del crecimiento demográfico, los bordes se fueron llenando de casas improvisadas y barrios nuevos. “Así se fueron constituyendo los barrios que tenemos actualmente. Siendo así que empezó a crecer Leticia”, dice López. Un crecimiento que no obedecía a planes, sino a la urgencia de habitar.
En medio del río Amazonas, frente al puerto de Leticia, comenzó a crecer un pedazo de tierra que los locales bautizaron con un nombre improbable: la Isla de la Fantasía. Una formación sedimentaria que se dejó ver desde mediados del siglo XX y que, poco a poco, empezó a poblarse. No había planes de urbanismo ni escrituras, solo la urgencia de tener un lugar donde vivir. Familias de la región, en su mayoría indígenas, levantaron allí sus casas de manera espontánea, expulsadas por la dificultad de acceder a vivienda en el casco urbano.
Pero la dinámica cambió con la violencia. Entre los años 80 y 90, la isla se convirtió en refugio. “Fueron despojadas y arribaron desde otros sitios del Trapecio Amazónico colombiano y de la región de la triple frontera, como consecuencia de la expansión del narcotráfico en sus territorios que obligaba a que sus chagras y lugares de sembrío fueran destinados al cultivo de hoja de coca”, escribe Santiago Bedoya Molina en su investigación para la Universidad de Antioquia. No llegaron por elección: llegaron porque la guerra los expulsó.
El desorden urbano empezó a encontrar un límite a comienzos de los 2000. Con la creación de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (Pbot) y, en el caso de Leticia, con el capítulo 1 del Acuerdo 032 del 14 de noviembre de 2002, el Estado intentó poner en papel lo que hasta entonces se había hecho al vaivén del crecimiento: una política de planificación que organizara el territorio y proyectara la vida en sociedad. Las normas hablaban de “garantizar un nivel de vida adecuado para la población y la conservación del ambiente”. Era, al menos en el papel, una hoja de ruta para ordenar la ciudad y proteger lo que la rodea.
No obstante, como lo ha advertido el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, por varios años no se revaluaron estos planes y para 2020 el 88 por ciento de los Pbot en el país se encontraban desactualizados. Según ha analizado el Instituto Sinchi, el calendario electoral y los cambios de gobierno, ha retrasado los procesos de revisión de estas guías del desarrollo urbano.
En 2022, el país volvió a mirarse en el espejo de sus ciudades. Los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial fueron actualizados y, con ellos, cada municipio debía pensarse de nuevo. El Ministerio de Vivienda, amparado en el Decreto 1077 de 2015 y en su última actualización del 1 de septiembre, trazó la ruta: un urbanismo planificado, con reglas claras, documentos en regla y permisos que dieran legalidad a cada obra. Escrituras, certificados catastrales, licencias profesionales, formularios familiares: una lista larga de papeles diseñada para que las ciudades crecieran con orden.
Pero en Leticia, la norma tropieza con la realidad. Las autoridades locales no tienen cómo vigilar que cada construcción cumpla el reglamento. “Por falta de personal, los seguimientos a las construcciones y a las licitaciones de construcción son escasos”, admite Barry López desde la Alcaldía. El resultado es una ciudad que, pese a los decretos y actualizaciones, sigue creciendo más rápido que la capacidad de control que pretende contenerla.
“Colombianización” con cemento e ideas foráneas
Los problemas que hoy afronta Leticia son un acumulado de varias decisiones que buscaron desconocer la tradición indígena e imponer un modelo urbano del interior del país y de otros países.
A nivel de infraestructura, Colombia no tenía referentes de ciudades en medio de la selva, como Manaos en Brasil o Iquitos en Perú. Esto implicó traer “lo más civilizado y moderno del mundo a Leticia”, explica Picón. Los primeros registros que ha conocido el investigador enseñan que las primeras casas fueron traídas de los Estados Unidos, “reforzando con ello que todo lo del exterior era ideal. Queriendo así recivilizar con lo de afuera”, agrega el experto.
Así se definió un modelo de ciudad basado en la cuadrícula urbana, es decir, calles que se cruzan en ángulos rectos y forman una red ordenada para organizar los espacios. Según el investigador, en esa época las calles no estaban pavimentadas, lo que permitía que los humedales, quebradas y arroyos dentro de la ciudad siguieran su curso natural hasta llegar al río Amazonas. En otras palabras, el agua siempre encontraba su camino, mostrando que este sector, desde sus inicios, fue muy rico en sistemas acuáticos.
Luego, explica Jorge Picón, “después de 1960, la ciudad empieza a transformarse urbanísticamente con la llegada de los servicios públicos y la cementación de las calles, tapando consigo todos los canales naturales, sin tener en cuenta las dinámicas naturales de los ecosistemas”.
Migración, biodiversidad y ordenamiento para la capital amazónica
Para Jorge Picón, la historia de Leticia no puede entenderse sin el peso de la migración. La ciudad ha recibido un flujo constante de personas y eso, dice, obliga a pensar en acciones que organicen el espacio con criterios claros, respetando su contexto y su historia. Pero lo que se ve hoy es lo contrario. “La parte urbanística es la expresión del máximo desorden del manejo del espacio —advierte—. Nunca ha habido una infraestructura ni una planeación adecuada, pues seguimos creciendo sin orden. No es gratuito que todos estos barrios que están acá alrededor hayan surgido por invasiones, y al invadir, las personas lo hacen en cualquier lugar. Lo que deja a un lado, y sin la importancia que merece, la biodiversidad que se encuentra a nuestro alrededor”.
La situación se agudiza con el mercado informal de tierras que se mueve en la ciudad. Como lo comenta Wilson Torres Álvarez, habitante del asentamiento cercano al barrio Iane: “hay personas que venden predios sin papeles, y esto ha generado que varias personas tengan más de un lote. Perjudicándonos a nosotros, los que sí necesitamos y hemos estado construyendo desde las bases un espacio para poder vivir con nuestras familias”.
Estas comunidades no cuentan con servicios de alcantarillado, luz o agua; además de vivir con la incertidumbre de no ser propietarios de la tierra. “Hemos hablado con las instituciones para que nos puedan garantizar una calidad de vida óptima, pero nos colocan muchas trabas. Por eso, nos ha tocado a nosotros mismos organizarnos por sectores, ya que acá no todos quieren colaborar, sino que, por el contrario, están buscando afectar la convivencia entre vecinos”, agrega Torres.
Los expertos insisten en que todavía hay margen para corregir los errores. Que el futuro de Leticia no está escrito, pero sí condicionado por las decisiones que se tomen hoy. Picón es claro: no se trata de seguir copiando modelos externos “fundados en el cemento con aras del modernismo”, sino de pensar una ciudad que mire su propia historia ambiental y humana, que reconozca la singularidad de crecer en medio de la selva.
Torres, por su parte, plantea el dilema en términos sencillos: si la inversión estatal no se ve, si los recursos se desvían, si la biodiversidad no se protege desde su raíz histórica, nada cambiará. Leticia seguirá creciendo sin orden, repitiendo los mismos errores.
La pregunta queda abierta, flotando como el río que bordea la ciudad: ¿podrá Leticia reinventarse antes de que sea demasiado tarde?
