En las últimas semanas, el sonido de ráfagas de fusil ha vuelto a perturbar la vida de las familias de El Carmen de Atrato. Con desespero, han alzado la voz para que la guerra no se vuelva a instalar entre las montañas de la región. Ese llamado ha sido escuchado por los religiosos del municipio que llamaron a la comunidad, ya no solo al púlpito, sino a las calles. La consigna es una: quieren vivir en paz.

El Consejo Comunitario El 18 San Cayetano, la Plataforma del Campesinado, el Concejo Municipal de Paz, la Diócesis de Quibdó y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen han venido advirtiendo y denunciando las repetidas amenazas a comunidades y lideresas y líderes sociales, así como la presencia y tránsito de tropas del Eln, las Egc—antes Agc— y las disidencias de las Farc, quienes están citando a las comunidades y sus voceros para que se dobleguen al control de los armados.

Por años, en el municipio persistía la presencia y control del Eln, pero con la llegada de otros actores, principalmente tropas paramilitares, el panorama se crispó por la disputa del territorio. Desde el pasado mes de septiembre, la situación se ha agravado con el anuncio de un toque de queda impuesto sobre la vía que conduce de El Carmen de Atrato al municipio de Urrao, acción atribuida a las disidencias.

A inicios de este mes, habitantes del sector de La Trocha denunciaron la puesta de nuevas banderas del Eln, al igual que letreros y grafitis alusivos al grupo guerrillero. Adicionalmente, en los últimos días, la Alcaldía de Medellín reportó la llegada de más de 600 personas de comunidades indígenas Embera Katío provenientes del municipio del Carmen de Atrato por amenazas y acciones bélicas en sus territorios.

El municipio  y sus habitantes resistieron los embates más fuertes del conflicto armado interno durante la década de los noventa y principios de los años 2000. Con la arremetida del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que buscaba disputarse el territorio con el ELN, la violencia se intensificó. La masacre paramilitar cometida en la comunidad de El Siete en 1996 marcó el inicio de esa oleada de violencia que, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, provocó el desplazamiento de al menos 657 personas solo entre 1997 y 1998.

Tras la desmovilización del Ejército Revolucionario Guevarista (Erg) y la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, pasaron varios años en los que las comunidades lograron vivir sin la zozobra ni la angustia provocadas por la presencia permanente de actores armados.

Con la esperanza de no volver a vivir una situación similar, la parroquia Nuestra Señora de El Carmen, con el apoyo de organizaciones de base del municipio, hizo un llamado a la comunidad para marchar en favor de la vida y la paz el pasado 3 de octubre. El recorrido inició a las 9:00 a. m. en el barrio La Paz, en la vereda La Mariela, y finalizó en la iglesia, con la participación de más de 200 personas.

Consonante entrevistó al presbítero Rogelio Salazar Gómez, quien encabezó la marcha y lidera las acciones por la paz en el municipio. El religioso lleva en el ministerio sacerdotal 30 años y llegó a El Carmen de Atrato en 1994 a desempeñarse cómo rector del colegio Corazón de María del Carmen de Atrato. Después del cierre del seminario sacerdotal, continuó trabajando en el municipio de Bojayá, Chocó, durante los años más álgidos del conflicto, cuando se registraron las cifras más grandes de víctimas de comunidades afro e indígenas en esa región.

Durante 15 años, hasta 2015, fue coordinador de educación en Quibdó, combinando este cargo administrativo con funciones directivas en la Institución Educativa Antonio María Claret y, posteriormente, en la Institución Educativa Pedro Agrau, en el norte de la ciudad. A lo largo de su carrera eclesiástica, ha brindado acompañamiento a comunidades en la defensa de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Encomendado a esa labor, regresó al municipio de El Carmen en agosto de 2023.

Consonante (C.): ¿Cuál es la situación actual de las comunidades indígenas, afro y campesinas, frente a la seguridad y la paz en el municipio? 

Rogelio Salazar Gómez (R.S.G.): Tengo un sentimiento especial por las comunidades de la carretera, sobre todo en las antiguas El Consuelo, La Puria, Sabaleta y El 18. Ahorita están muy afectados por el conflicto que está resintiendo en La Trocha. La situación es cada día más compleja para estas comunidades indígenas, afro y campesinas. 

Adicionalmente también se han venido presentando múltiples situaciones en la zona urbana del municipio y en otras de las veredas. En la última reunión que tuvimos en donde la parroquia se reunió con líderes y lideresas de todo el municipio, se denunciaron situaciones de minería ilegal, presencia y tránsito de actores armados, confinamientos y otros hechos que dificultan la permanencia de las comunidades en sus territorios.

Para nadie es un secreto que esa situación de violencia se viene presentando en diferentes zonas del país y se ha incrementado en estos últimos meses, lastimosamente los grupos políticos utilizan la violencia como un mecanismo para regresar al poder sin tener en cuenta a las comunidades que habitan en los diferentes territorios.

C.: ¿Qué situaciones o hechos concretos motivaron la movilización social por la vida y la paz?

R.S.G.: La marcha se realizó en el marco de la Semana por la Paz, que se celebra en todo el país, pero también tuvo como propósito visibilizar la situación actual del municipio. Hay angustia y zozobra. Las personas que habitan este pueblo ya han sufrido múltiples violaciones de los derechos humanos en el pasado, y definitivamente no quieren que esa historia se repita.

Es por eso que, como Iglesia, acompañamos no solo desde el púlpito, sino también visitando las distintas veredas, corregimientos y comunidades indígenas y afrodescendientes, para que sientan nuestra presencia y nuestro compromiso. Por esta razón, con el apoyo de la plataforma del campesinado y el permiso de la Alcaldía municipal, decidimos marchar.

C.: ¿Cuál es el papel de la Iglesia en la construcción de paz en el municipio?

R.S.G.: Como parroquia estamos guiados por un plan de acción diocesano que construimos con las comunidades y organizaciones de base, que busca acercar los diferentes credos y formas de pensar para el cumplimiento de nuestra misionalidad como iglesia católica, que es la defensa y salvaguarda de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Nuestro papel es de acompañamiento a las comunidades, pero también muy fuertemente de denuncia.

Desde la Pastoral Social contamos con el acompañamiento de profesionales en las áreas social y jurídica, con el propósito de avanzar en diversas formas de diálogo y mantener una presencia activa, no solo frente a situaciones de confinamiento, presencia de minas antipersona, reclutamiento forzado de menores y de adultos, desplazamientos forzados, y el tránsito y presencia de actores armados, sino también ante la difícil situación de estrechamiento que enfrentan las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, debido a conflictos relacionados con la tierra.

C.: ¿Qué considera usted que debe hacer el estado a nivel nacional, departamental y local para superar esta situación?

R.S.G.: En todos los niveles, el Estado debe actuar de manera coherente: formular políticas públicas claras que permitan avanzar en la solución de las problemáticas que enfrentan las comunidades. No se trata solo de abordar temas relacionados con la seguridad, el orden público y la paz, sino también de enfrentar otras cuestiones fundamentales, como erradicar la corrupción e invertir los recursos necesarios. Y eso, lamentablemente, no se está viendo.

A nivel local, es indispensable contar con una política más clara de apoyo al campesinado y a la producción agropecuaria del municipio, además de implementar acciones concretas en favor de la juventud, especialmente frente a la problemática de la drogadicción. Esta Alcaldía debería cumplir con su plan de desarrollo y avanzar en lo que prometió durante la campaña, pero eso aún no se refleja en los hechos. A uno realmente le preocupa cuál será la reacción de la Alcaldía y las posibles consecuencias frente a acciones como la marcha.

C.: El departamento de Chocó ha experimentado una grave oleada de victimizaciones contra la población civil por la disputa entre actores armados, puntualmente por el aumento de minas antipersonal, el confinamiento, el reclutamiento forzado y el desplazamiento ¿En el caso de El Carmen, qué está pasando con este tipo de victimizaciones?

R.S.G.: Es muy importante mencionar que las comunidades que actualmente sufren condiciones o situaciones de confinamiento tienen fuertes dificultades para acceder a sus cultivos y a sus medios de vida y esto hace que sus posibilidades de continuar en el territorio sean mínimas.

También nos han comunicado del tema de minas y de cultivos ilícitos en las zonas más alejadas, además de reclutamiento de menores y mayores principalmente de comunidades indígenas.

C.: En materia medioambiental, ¿la Iglesia advierte riesgos por los intereses de los actores armados en la región?

R.S.G.: La minería ilegal es uno de los asuntos complicados, no solo por la contaminación que genera por el uso de mercurio y otros agentes químicos, sino también por que trae consigo la presencia de actores que ponen en peligro las comunidades y vienen acompañadas de otros factores de riesgo como la drogadicción, el alcoholismo y otros. 

Además, está el tema de la sentencia del río Atrato y la falta de gobernabilidad local frente al asunto de la empresa minera El Roble —que explota cobre en la región—.

C.: ¿Qué mensaje le envía a las comunidades afectadas?

R.S.G.: A las comunidades les digo que no están solas, que cuentan con nuestro apoyo y acompañamiento de manera permanente, que allí seguiremos estando, desde el púlpito y nuestra misión evangelizadora y yendo hasta sus lugares, denunciando y haciendo visible la situación.

C.: ¿Qué llamado le haría desde la Iglesia a los actores armados que están actuando en el municipio?

R.S.G.: A los actores armados les digo que nuestras puertas siempre estarán abiertas a la búsqueda de la concertación y el diálogo. Muchos de ustedes son católicos o sus familias son católicas, acudo a sus valores para a la hora de buscar sus intereses, que pueden ser válidos, respeten los derechos de las comunidades.

El mensaje es el mismo de la Iglesia: estamos dispuestos a dialogar y a mirar rutas de salida. La Diócesis ha sido muy humanitaria y ha querido también tener parte con el gobierno a través de todas estas mesas de participación que se tienen en la nación. Esperamos que algún día esto sea posible y lleguemos a soluciones y a cambios significativos.

Durante la segunda mitad de septiembre, en San Vicente del Caguán se vivió un pulso decisivo por el futuro presupuestal del municipio, una tensión que alcanzó su punto más alto el pasado jueves 2 de octubre en el Concejo municipal. Ese día se resolvería la incógnita que tenía dividido al pueblo: ¿debía el municipio endeudarse para cumplir proyectos priorizados por la Alcaldía?

Entre los ojos atentos de los asistentes y las pancartas de la comunidad que pedían a los concejales velar por el bienestar del pueblo, la discusión se resolvió en poco tiempo. Pero no fue gracias a un consenso entre los funcionarios, sino porque la Alcaldía dio un paso atrás.

Durante semanas, la administración municipal había sostenido que la única forma de financiar varios proyectos urgentes para la comunidad —en transporte, minas y energía, deporte y recreación, y gobierno territorial— era a través de un millonario préstamo ante entidades financieras, con el compromiso de pagar ese dinero más intereses en un plazo definido.

Fue así como el pasado 16 de septiembre el alcalde de los sanvicentunos, Luis Trujillo Osorio, presentó el proyecto de acuerdo No. 014 ante el Concejo municipal, buscando la aprobación de un endeudamiento a 10 años para ejecutar proyectos de inversión alineados con su Plan de Desarrollo: Trabajamos y Servimos al Caguán 2024–2027.

El préstamo ascendía inicialmente a la cifra de $12.000 millones de pesos para obras que van desde la compra de maquinaria amarilla para el mantenimiento de las vías y la electrificación rural, hasta la construcción de escenarios deportivos y la instalación de paneles solares. Sin embargo, con el paso de los días, la cifra fue modificándose, lo que dejó en evidencia problemas de planeación en la justificación de los proyectos que se pretendían financiar con el empréstito.

Los análisis y proyecciones financieras presentadas por la Alcaldía sostenían que el endeudamiento propuesto era manejable y sostenible, pues el municipio contaba con una adecuada capacidad de pago para asumir esta nueva obligación financiera. Sin embargo, dentro del Concejo surgieron voces críticas que cuestionaron la necesidad del empréstito y señalaron que las obras podrían financiarse a través de otras fuentes del Estado, siempre que la administración gestionara de manera efectiva recursos ante los niveles departamental y nacional.

De los 15 concejales que representan al municipio, cuatro se opusieron al proyecto desde el inicio. Tras varios debates, la decisión final debía tomarse el pasado 2 de octubre, pero el alcalde optó por retirar la propuesta. Argumentó que atendía el llamado de los concejales y de la comunidad para insistir en la búsqueda de otras alternativas de financiación. No obstante, varios sectores consideran que el ente territorial podría presentar un nuevo proyecto de acuerdo más adelante.

Ante las dudas generadas, los impasses que podría traer este proyecto al municipio y la posibilidad de una nueva discusión de endeudamiento hacia futuro, Consonante le explica de qué trató esta pretensión del ente territorial.

¿Qué buscaba la administración municipal con esta deuda?

La primera versión del proyecto de acuerdo fue presentada ante el Concejo municipal el pasado 16 de septiembre. El préstamo contemplaba un valor total de $12.000 millones de pesos, con los que la Alcaldía buscaba comprar maquinaria amarilla ($3.000 millones), adecuar la infraestructura deportiva ($5.722 millones), realizar un puente peatonal colgante ($149.966 millones), construir un albergue animal ($1.597 millones), instalar redes eléctricas del campo ($1.430 millones) y dotar de energía solar a escuelas rurales ($98.994 millones).

La administración municipal justificaba cada componente del empréstito con distintos argumentos. La adquisición de maquinaria amarilla buscaba el mejoramiento de las vías terciarias y el arreglo de las vías urbanas. El mantenimiento del puente peatonal colgante, según la Alcaldía, tenía como propósito “promover la conservación de equipamientos que marcan la historia del municipio y crean memoria colectiva”. La instalación de una red de tensión junto con una solución solar fotovoltaica “apunta a la ampliación de la prestación de los servicios públicos en las zonas no interconectadas del municipio”. Con el mejoramiento de los escenarios deportivos, se esperaba “mejorar la calidad y el estado de salud de la comunidad sanvicentuna”. Finalmente, la construcción del albergue municipal para fauna “aportará a la prestación adecuada de servicios a la población animal del municipio”.

Sin embargo, durante las sesiones del Concejo se advirtieron irregularidades en los proyectos que buscaba financiar la administración local con esta apuesta de endeudamiento. Así lo señaló la concejal Cielo Barrera en una alocución en la que presentó un concepto de la Confederación Nacional de Concejales de Colombia (Fenacont) a la que le habían consultado sobre la compra de maquinaria amarilla a través de un crédito como este. La respuesta fue clara: según la jurisprudencia está prohibido. 

Se trata de una sentencia de 2022 proferida por el Tribunal Superior de Boyacá, en la que, en un caso similar, precisó que las administraciones municipal no pueden endeudarse para la compra de estas maquinarias, pues los recursos provenientes de las operaciones de crédito deben destinarse, por regla general, a financiar gastos de inversión.

Para el 26 de septiembre, la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Desarrollo del Concejo municipal aprobaron, con 8 de 10 votos, el proyecto para que fuera discutido en plenaria, pero retirando lo relacionado con la compra de maquinaria amarilla. En su versión modificada, el documento buscaba facultar al alcalde para gestionar un crédito público por 9.000 millones de pesos.

El préstamo a 10 años, sumaba un valor de $6.518.018.098 en intereses, lo que eleva el servicio total de la deuda a $15.518.018.098 aproximadamente. Además, los dos primeros años solo se iban a efectuar pagos de intereses. Esta medida, según argumentaba la Alcaldía en su propuesta, buscaba optimizar el flujo de caja del municipio en las etapas iniciales del proyecto, posponiendo el pago de capital hasta después de dicho período. 

En la sesión del 2 de octubre, donde se discutiría el proyecto, la Alcaldía retiró la solicitud.

¿Qué reacciones se dieron en el Concejo?

Para una concejal que pidió la reserva de su nombre, las necesidades planteadas son reales y se necesitan atender, pero considera que endeudar el municipio no es el camino. “Por ejemplo, no es claro el concepto usado para la construcción de un albergue o clínica animal, porque en la administración anterior ya se hizo un proyecto con esa misma intención”, señala.

Para Cielo Barrera, integrante de la Comisión de Desarrollo, un proyecto de esta magnitud debía ser analizado con mayor detenimiento por la Comisión de Presupuesto, especialmente en lo relacionado con la disponibilidad real de recursos del municipio. “El pueblo es el que paga. El pueblo es el que debe consumir lo que está pagando, y el municipio debe endeudarse en obras de impacto social, como agua potable o una PTAR —Planta de Tratamiento de Aguas Residuales—”, señaló.

Otra concejal, que por seguridad pidió la reserva de su nombre, reconoce que algunos estudios enseñan que el municipio se encuentra apto para endeudarse. “La gente entiende que endeudarse no es malo, como cuando las personas piden préstamos para crecer en sus emprendimientos. El problema no es el endeudamiento, sino la inversión. La deuda generará pagos anuales que limitarán inversiones futuras, pero aún quedará presupuesto para obras”, explica. 

Siendo parte de la Comisión de Estudio para este proyecto, Franklin Perez Romero y Jairo Antonio Correa mencionan que su voto positivo al proyecto tenía la intención de que la iniciativa fuera discutida públicamente y se revisara si realmente convenía para el municipio.

¿Endeudar el municipio es la única manera para financiar estos proyectos? 

Para muchos, el endeudamiento parece la salida más fácil, pero existen otras alternativas que la administración municipal podría explorar antes de comprometer las finanzas del municipio. “El alcalde está a tiempo de gestionar; le quedan dos años y puede buscar recursos en los ministerios, en el Gobierno nacional o en la Gobernación del departamento. Hemos pedido que muestre qué gestiones ha hecho afuera y cuáles han sido los resultados”, señaló una concejala que prefirió mantener su nombre en reserva. Agregó que “hay que tener en cuenta que la administración saliente dejó $11.000 millones sin ejecutar y no sabemos en qué se han invertido. Además, enfrenta una demanda por presuntos actos de corrupción en 19 contratos, lo cual también es preocupante”.

Para el exconcejal y hoy diputado Wilmar Fierro desde todo punto de vista no es bueno endeudar el municipio. ”Considero que la administración puede direccionar mejor los recursos de libre inversión para algunos de esos proyectos, pero no endeudar, ahora menos en momentos cuando hay un recorte del presupuesto a los departamentos y municipios”, dice.

“Algunos concejales dicen que se debería hacer gestión con la Gobernación del Caquetá o con el Gobierno nacional, pero para que eso funcione hace falta un gobierno que responda. Llevamos casi cuatro años esperando inversión del nivel nacional y no hemos visto mucho avance”, expresa otra concejala que prefirió mantener su nombre en reserva. Añade que “había un recurso para el SENA de $3.000 millones que, al parecer, fue levantado. El alcalde sí ha gestionado, pero si el Gobierno no responde, ¿qué más se puede hacer?”.

¿San Vicente ya había asumido una deuda de este tipo?

Los ciudadanos recuerdan que para el año 1998 se realizó un endeudamiento para la construcción de un acueducto con el alcalde Hernán Cortés, deuda que fue cancelada. También, años atrás, se había presentado un proyecto por la suma de $3.000 millones, pero no fue aprobado por el Concejo del momento. Actualmente no hay créditos activos. 

¿Cuál es la capacidad de endeudamiento del municipio?

Según balances de la Alcaldía, a 31 de diciembre de 2024 el Municipio de San Vicente del Caguán no presentaba saldo de deuda pública, los últimos créditos que ha tenido el municipio fueron cancelados en su totalidad.

La secretaria de Hacienda del municipio, Magnolia Rubio Montenegro, certificó que, según los parámetros del artículo 7 de la Ley 358 de 1997, los indicadores de endeudamiento de San Vicente del Caguán son solventes. Esta ley establece una escala tipo semáforo para evaluar el nivel de endeudamiento de las entidades territoriales. Incluso con el proyecto de empréstito por $9.000 millones, la solvencia del municipio se ubicaría en 6,44 por ciento, muy por debajo del umbral del 40 por ciento, lo que mantiene el semáforo en verde.

De igual forma, el indicador de sostenibilidad ascendería a 32,91 por ciento, inferior al límite del 80 por ciento, lo que también refleja una situación financiera favorable y una capacidad de endeudamiento viable.

Los concejales que se mostraban a favor del préstamo coincidieron en que, aunque un endeudamiento de esa magnitud implicaría pagos anuales que podrían limitar futuras inversiones, el municipio aún dispondría de recursos suficientes para ejecutar otras obras.

Varios concejales concuerdan en que las finanzas del municipio son sólidas. Según el presupuesto general de rentas y recursos de capital para 2025, San Vicente del Caguán recibió cerca de $103.000 millones de pesos por asignaciones del Gobierno nacional, más una adición aproximada de $1.400 millones para este año, lo que suma un total de $104.400 millones en promedio. A esto se agregan alrededor de $12.000 millones provenientes de ingresos tributarios por impuesto predial, industria y comercio, además de $12.000 millones en regalías proyectadas para el cuatrienio.

¿Qué dice la gente?

La población sanvicentuna manifestó una profunda inconformidad frente a la propuesta de endeudamiento. Muchos habitantes expresaron su preocupación por las repercusiones económicas que esta deuda generaría en las finanzas municipales, las administraciones futuras y en la calidad de vida de la comunidad, temiendo que los intereses y compromisos adquiridos pudieran afectar proyectos futuros y aumentar la carga fiscal. 

Para la Asociación de comerciantes, en representación de todos los gremios del sector productivo, no hay capacidad de endeudamiento. “Un crédito a diez años afecta el flujo de caja futuro y restringe la destinación de recursos durante dos periodos administrativos, generando obligaciones que reducen la capacidad de inversión social en áreas fundamentales como salud, educación, vías y desarrollo rural. Según los indicadores de endeudamiento, se tendrían que pagar cuotas mensuales cercanas a los $145 millones, con un acumulado de intereses del 45 por ciento”, señala el comunicado.

Además, la gente piensa que de asumirse una deuda, que favorece a comunidades específicas, después no va a ser priorizada en otras iniciativas por ser el foco de una inmensa deuda y ver un retorno económico para el municipio. Sin embargo, tras la decisión de retirar el proyecto el pasado jueves, la percepción de la comunidad cambió de forma notable.

Hoy, la mayoría de la comunidad se muestra conforme y satisfecha con el resultado, pues considera que se evitó un posible endeudamiento insostenible y que se respetó la voluntad de la mayoría. Esta reacción positiva refleja la importancia de escuchar la voz de las comunidades y los habitantes de San Vicente del Caguán en la toma de decisiones que afectan directamente su bienestar colectivo.

¿Qué dice el alcalde?

“Quiero manifestarle a quienes desde la oposición han expresado sus diferencias frente al empréstito presentado ante el Consejo municipal que las discrepancias son parte de la democracia, pero es importante recordar que gobernar exige tomar decisiones responsables y pensar en el bienestar colectivo por encima de los intereses políticos”, expresó Luis Trujillo en entrevista con este medio. 

Justificó que la Alcaldía planificó el proyecto de endeudamiento para responder a las necesidades de comunidades como Villacarmona y Villalobos donde la inversión municipal ha sido escasa durante varias administraciones, así como la reiterada demanda de los deportistas que pueden invertir en ese sector dentro del municipio. “Nuestro compromiso es con el pueblo, no con los cálculos electorales y el empréstito bien manejado sería una inversión para el futuro de toda una población”, agregó.

A pesar de que no ahondó en las críticas sobre las fallas del proyecto, en especial con lo relacionado a la compra de maquinaria amarilla, sí aclaró que el retiro del proyecto fue una medida temporal. Trujillo aclaró que su administración no ha desistido de perseguir el crédito. 

“Nuestro propósito como gobierno municipal es construir consensos y asegurar que cada obra o iniciativa financiada con estos cursos tenga un impacto real, transparente y duradero”, señaló y agregó que, a su parecer, retirar el proyecto fue una “muestra de madurez política”.

En Leticia, al borde del río y de la selva, las cifras parecen tener el pulso de una advertencia. Para 2025, dicen las proyecciones del Dane, aquí vivirán más de 55 mil personas: casi un tercio más de lo que logró registrar el censo de 2018. En los números se adivina algo más que una suma de habitantes: un crecimiento que desborda las calles polvorientas, los servicios que no alcanzan, la vida cotidiana de una ciudad que, si no se piensa pronto, podría volverse inhabitable.

Hoy, Leticia se expande como quien abre un camino a machete: sin mapa, sin brújula. Crece a punta de construcciones improvisadas, de barrios que se levantan en la orilla de los caños y en la sombra de los árboles talados. Esa expansión, desordenada y apremiante, no sólo presiona a la selva y a sus aguas: también altera la manera en que la gente vive, comercia, se mueve, celebra.

“La ciudad se fue construyendo sin comprender lo que se tiene alrededor”, dice Santiago Duque, biólogo e investigador de la Universidad Nacional en la sede Amazonía. Habla con la precisión de quien conoce los ríos por dentro, y es tajante: los problemas ambientales del país se incuban en ese olvido. En la destrucción lenta de los ecosistemas. En el desvío de recursos. En la manera en que el Estado se ausenta de los territorios más lejanos y deja que crezcan solos, a tientas.

Asimismo, la movilidad demográfica en los últimos años en la Amazonía ha generado mayor presión en sus ecosistemas, favoreciendo el loteo y la ocupación de zonas en entornos ambientalmente frágiles. Medios como Mongabay han documentado cómo “a lo largo de cada año, la ciudad enfrenta entre dos y tres episodios de apropiación irregular de tierras, una dinámica que refleja la presión constante sobre el territorio”.

Esto, sumado a la deforestación y al taponamiento de los cauces naturales del agua por  acciones humanas, se agravó con la proliferación del uso del cemento como símbolo del “modernismo” y desarrollo de la ciudad. No se tuvieron en cuenta las dinámicas e interacciones de los ecosistemas, generando que gran parte de la población actualmente se vea afectada. 

Para Duque es inexplicable que una ciudad amazónica se construya desconociendo la riqueza de su ecosistema. “El cauce —de los ríos y caños— no es solo por donde se mueve el agua, sino lo que está conexo a ella, que son los bosques de galería o lo que técnicamente se llaman las rondas hídricas. Eso no se respeta, ya que empiezan a construir sus viviendas sobre los sistemas acuáticos”, señala.

Lo que ocurre en Leticia no es un accidente aislado: se repite en buena parte del país como un eco constante. Ríos que se desbordan, barrios que despiertan con el agua hasta las rodillas. “Entre el 30 y 40 por ciento del territorio se inunda cada año”, explica Santiago Duque. Y en su voz hay una insistencia: no se trata solo de una cifra, sino de una cultura que dio la espalda al ambiente. “Tenemos que recuperar el cuidado hacia la vida —dice—. Aprender a vivir con el agua”.

Pero el agua no es lo único que desborda. También lo hacen las licencias de construcción, tramitadas a medias, sin controles ni rigor. “Desafortunadamente no se venía exigiendo la normatividad en los licenciamientos, como tampoco se estaba al día con la norma”, admite Barry López, director de la Secretaría de Infraestructura de Leticia. Habla de un engranaje institucional que parece detenerse y reiniciarse cada cuatro años: funcionarios que llegan sin claridad sobre la ley, normas que cambian y expedientes que nadie sigue. El resultado: una ciudad que crece al margen de sus propias reglas.

Hasta antes de los 2000, Leticia crecía sin brújula, sin leyes ni normas que marcaran el paso. “Se configuró de forma reticular, tipo española”, recuerda Barry López, director de Infraestructura. La memoria urbana se puede recorrer como un mapa de hitos: la calle 10, una de las primeras avenidas, atravesando el Parque Santander y escoltada por edificios que todavía cuentan la historia de la ciudad —el Banco de la República, la Catedral de Nuestra Señora de la Paz, la escuela normal. De sur a norte, la carrera 11: un trazo que bordeaba un terreno del Vicariato Apostólico y llegaba hasta la calle 13, donde se levantó el Hospital San Rafael.

Esa cuadrícula inicial fue el esqueleto de Leticia. Después, con el empuje del crecimiento demográfico, los bordes se fueron llenando de casas improvisadas y barrios nuevos. “Así se fueron constituyendo los barrios que tenemos actualmente. Siendo así que empezó a crecer Leticia”, dice López. Un crecimiento que no obedecía a planes, sino a la urgencia de habitar.

En medio del río Amazonas, frente al puerto de Leticia, comenzó a crecer un pedazo de tierra que los locales bautizaron con un nombre improbable: la Isla de la Fantasía. Una formación sedimentaria que se dejó ver desde mediados del siglo XX y que, poco a poco, empezó a poblarse. No había planes de urbanismo ni escrituras, solo la urgencia de tener un lugar donde vivir. Familias de la región, en su mayoría indígenas, levantaron allí sus casas de manera espontánea, expulsadas por la dificultad de acceder a vivienda en el casco urbano.

Pero la dinámica cambió con la violencia. Entre los años 80 y 90, la isla se convirtió en refugio. “Fueron despojadas y arribaron desde otros sitios del Trapecio Amazónico colombiano y de la región de la triple frontera, como consecuencia de la expansión del narcotráfico en sus territorios que obligaba a que sus chagras y lugares de sembrío fueran destinados al cultivo de hoja de coca”, escribe Santiago Bedoya Molina en su investigación para la Universidad de Antioquia. No llegaron por elección: llegaron porque la guerra los expulsó.

El desorden urbano empezó a encontrar un límite a comienzos de los 2000. Con la creación de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (Pbot) y, en el caso de Leticia, con el capítulo 1 del Acuerdo 032 del 14 de noviembre de 2002, el Estado intentó poner en papel lo que hasta entonces se había hecho al vaivén del crecimiento: una política de planificación que organizara el territorio y proyectara la vida en sociedad. Las normas hablaban de “garantizar un nivel de vida adecuado para la población y la conservación del ambiente”. Era, al menos en el papel, una hoja de ruta para ordenar la ciudad y proteger lo que la rodea.

No obstante, como lo ha advertido el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, por varios años no se revaluaron estos planes y para 2020 el 88 por ciento de los Pbot en el país se encontraban desactualizados. Según ha analizado el Instituto Sinchi, el calendario electoral y los cambios de gobierno, ha retrasado los procesos de revisión de estas guías del desarrollo urbano. 

En 2022, el país volvió a mirarse en el espejo de sus ciudades. Los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial fueron actualizados y, con ellos, cada municipio debía pensarse de nuevo. El Ministerio de Vivienda, amparado en el Decreto 1077 de 2015 y en su última actualización del 1 de septiembre, trazó la ruta: un urbanismo planificado, con reglas claras, documentos en regla y permisos que dieran legalidad a cada obra. Escrituras, certificados catastrales, licencias profesionales, formularios familiares: una lista larga de papeles diseñada para que las ciudades crecieran con orden.

Pero en Leticia, la norma tropieza con la realidad. Las autoridades locales no tienen cómo vigilar que cada construcción cumpla el reglamento. “Por falta de personal, los seguimientos a las construcciones y a las licitaciones de construcción son escasos”, admite Barry López desde la Alcaldía. El resultado es una ciudad que, pese a los decretos y actualizaciones, sigue creciendo más rápido que la capacidad de control que pretende contenerla.

“Colombianización” con cemento e ideas foráneas

Los problemas que hoy afronta Leticia son un acumulado de varias decisiones que buscaron desconocer la tradición indígena e imponer un modelo urbano del interior del país y de otros países.

A nivel de infraestructura, Colombia no tenía referentes de ciudades en medio de la selva, como Manaos en Brasil o Iquitos en Perú. Esto implicó traer “lo más civilizado y moderno del mundo a Leticia”, explica Picón. Los primeros registros que ha conocido el investigador enseñan que las primeras casas fueron traídas de los Estados Unidos, “reforzando con ello que todo lo del exterior era ideal. Queriendo así recivilizar con lo de afuera”, agrega el experto.

Así se definió un modelo de ciudad basado en la cuadrícula urbana, es decir, calles que se cruzan en ángulos rectos y forman una red ordenada para organizar los espacios. Según el investigador, en esa época las calles no estaban pavimentadas, lo que permitía que los humedales, quebradas y arroyos dentro de la ciudad siguieran su curso natural hasta llegar al río Amazonas. En otras palabras, el agua siempre encontraba su camino, mostrando que este sector, desde sus inicios, fue muy rico en sistemas acuáticos. 

Luego, explica Jorge Picón, “después de 1960, la ciudad empieza a transformarse urbanísticamente con la llegada de los servicios públicos y la cementación de las calles, tapando consigo todos los canales naturales, sin tener en cuenta las dinámicas naturales de los ecosistemas”.

Migración, biodiversidad y ordenamiento para la capital amazónica

Para Jorge Picón, la historia de Leticia no puede entenderse sin el peso de la migración. La ciudad ha recibido un flujo constante de personas y eso, dice, obliga a pensar en acciones que organicen el espacio con criterios claros, respetando su contexto y su historia. Pero lo que se ve hoy es lo contrario. “La parte urbanística es la expresión del máximo desorden del manejo del espacio —advierte—. Nunca ha habido una infraestructura ni una planeación adecuada, pues seguimos creciendo sin orden. No es gratuito que todos estos barrios que están acá alrededor hayan surgido por invasiones, y al invadir, las personas lo hacen en cualquier lugar. Lo que deja a un lado, y sin la importancia que merece, la biodiversidad que se encuentra a nuestro alrededor”.

La situación se agudiza con el mercado informal de tierras que se mueve en la ciudad. Como lo comenta Wilson Torres Álvarez, habitante del asentamiento cercano al barrio Iane: “hay personas que venden predios sin papeles, y esto ha generado que varias personas tengan más de un lote. Perjudicándonos a nosotros, los que sí necesitamos y hemos estado construyendo desde las bases un espacio para poder vivir con nuestras familias”.

Estas comunidades no cuentan con servicios de alcantarillado, luz o agua; además de vivir con la incertidumbre de no ser propietarios de la tierra. “Hemos hablado con las instituciones para que nos puedan garantizar una calidad de vida óptima, pero nos colocan muchas trabas. Por eso, nos ha tocado a nosotros mismos organizarnos por sectores, ya que acá no todos quieren colaborar, sino que, por el contrario, están buscando afectar la convivencia entre vecinos”, agrega Torres.

Los expertos insisten en que todavía hay margen para corregir los errores. Que el futuro de Leticia no está escrito, pero sí condicionado por las decisiones que se tomen hoy. Picón es claro: no se trata de seguir copiando modelos externos “fundados en el cemento con aras del modernismo”, sino de pensar una ciudad que mire su propia historia ambiental y humana, que reconozca la singularidad de crecer en medio de la selva.

Torres, por su parte, plantea el dilema en términos sencillos: si la inversión estatal no se ve, si los recursos se desvían, si la biodiversidad no se protege desde su raíz histórica, nada cambiará. Leticia seguirá creciendo sin orden, repitiendo los mismos errores.

La pregunta queda abierta, flotando como el río que bordea la ciudad: ¿podrá Leticia reinventarse antes de que sea demasiado tarde?

Osmaira Nieves tardó casi 19 años en escuchar lo que siempre supo en silencio: que su hermano Luis Eduardo no era paramilitar, ni murió en un combate, como lo hicieron creer los uniformados, sino que fue asesinado por militares y presentado como miembro de las Auc. Ese día, frente a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los responsables admitieron su mentira. “Durante 18 años yo siempre me apoyé en un periódico que compré, donde ellos relataron que lo mataron en un enfrentamiento. Pero ya confesaron que sí fueron ellos”, contó Osmaira.

Su historia es apenas una entre decenas de familias wiwa y campesinas que llevan casi dos décadas buscando la verdad ante una herida que no cierra: los asesinatos y desapariciones forzadas que, durante años, fueron presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Esa verdad empezó a abrirse camino en el subcaso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga lo ocurrido en el Batallón La Popa del Cesar. 

Hoy, después de un largo recorrido dentro del modelo de justicia transicional, las familias de las víctimas y la comunidad Wiwa dan un paso más: impulsan la creación del Centro Integral Cultural y de Memoria Omonapa, un espacio pensado para preservar su cultura y, al mismo tiempo, reivindicar la dignidad de quienes fueron arrebatados por la violencia.

Ese anhelo de memoria y reparación encontró ayer un nuevo impulso. La JEP profirió sentencia contra 12 exintegrantes del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, en Valledupar, al reconocerlos como máximos responsables de 135 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como ‘bajas en combate’ entre 2002 y 2005, en el norte del Cesar y el sur de La Guajira. Como parte de la sanción propia, los exmilitares deberán cumplir ocho años de restricción efectiva de la libertad y participar en seis proyectos restaurativos —conocidos como Toar, Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador o Restaurador—, concebidos para resarcir, en alguna medida, el dolor causado.

La sentencia precisa que uno de estos proyectos restaurativos será el Centro de Memoria Omonapa, sin embargo, las víctimas han manifestado su preocupación por uno de los posibles lotes donde el ente territorial ha propuesto su construcción. El terreno que la Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar pretende donar se ubica en las viejas instalaciones del aeropuerto, a la salida del casco poblado del municipio vía a Villanueva.

Para Osmaira Nieves, el terreno ofrecido está lejos de representar una reparación. Por el contrario, teme que el proyecto termine convertido en un elefante blanco. “Es en una parte que no es segura, que no tiene las garantías para lo que nosotros queremos. Yo fui y eso está lleno de basura, desechos, es un lugar en el que se consumen sustancias psicoactivas”, relata. Y agrega con firmeza: “El alcalde tiene buena intención, que nos va a colaborar con el lote, pero esa mala fe de mandarnos para ese botadero del antiguo aeropuerto […] no lo merecemos”.

Nieves asegura que en el proceso de estructuración y elaboración del proyecto la JEP les preguntó cómo querían este Toar, dónde lo querían y para qué lo querían. “La respuesta fue: lo queremos en una vía visible, transitable. Lo queremos con todas sus adecuaciones, un espacio amplio, visible, donde la gente nos pueda ver, porque si nos van a esconder, como hemos estado durante 20 años escondidos, ¿para qué? No nos está haciendo nada”, expresó.

Por su parte Pedro Manuel Loperena, comisionado de derechos humanos del pueblo Wiwa, advirtió que el terreno ofrecido por la Alcaldía no es apto para levantar el centro de memoria, pues no se ajusta a las tradiciones de su comunidad. “Estuvimos con los mamos —líderes espirituales de las comunidades indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta— consultando las condiciones del terreno y se concluyó que este no cumple con las condiciones porque han habido contaminaciones materiales y de otro tipo, por lo que habría que hacerle unas limpiezas espirituales”, expresó. Además, al pueblo Wiwa le preocupa que en esa misma zona se tienen proyectados planes para la escombrera municipal y, así, el centro de memoria quedaría opacado por las basuras.

Frente a esas dudas, las víctimas pusieron sobre la mesa una alternativa. Propusieron que el Centro de Memoria se construya en un terreno privado de 6,5 hectáreas a orillas del río Cesar, cerca de la troncal que une el sur de La Guajira con Valledupar. Allí, la comunidad indígena ya ha realizado encuentros y actividades colectivas, lo que refuerza el sentido comunitario del espacio. Para los Wiwa, levantar el Toar en ese lugar significaría cumplir también con el sueño de sus mamos: avanzar en la ampliación del resguardo Kogui y Malayo hacia la Línea Negra, el límite ancestral que resguarda la vida y el territorio de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Está prácticamente en sentido contrario, hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, llena todas las garantías y está adecuado para poder realizar este tipo de actividad, cuenta con los servicios básicos, mientras que el otro no tiene nada. El que estamos poniendo sobre la mesa cuenta con infraestructura, seguridad y arborización”, señala Loperena.

Omonapa, una propuesta de restauración Wiwa

El Centro Integral Cultural y de Memoria Omonapa nació como una petición directa del pueblo Wiwa a la JEP, en el marco del proceso sancionatorio contra los 12 exintegrantes del Batallón La Popa. La solicitud buscaba honrar la memoria de Carlos Mario Navarro Montaño, Luis Eduardo Oñate, Noemí Pacheco y Leovigildo Montero, cuatro personas indígenas que fueron asesinadas y presentadas como miembros de grupos ilegales.

El centro de armonización llevará el nombre de Omonapa de manera simbólica. Las letras que lo componen llevan consigo la historia de las cuatro víctimas del pueblo Wiwa: cada una representa  las iniciales de los apellidos de los cuatro jóvenes asesinados (Oñate, Montero, Navarro y Pacheco). 

“A estos jóvenes no los mataron por haber agarrado malos caminos. En este centro se pretende rendir homenaje a jóvenes inocentes, a quienes les truncaron sus sueños. Ellos no alcanzaron a tener una casa y dejaron unas familias que hoy aún sufren”, cuenta Osmaira Nieves.

Desde el comienzo, esta víctima cuestionó con firmeza la propuesta inicial de los comparecientes para reparar el daño. “La reparación que ellos querían hacer era una placa, un arreglo de vías. Mi hermano no era una carretera, nuestro familiar no era un parque, no era una casa y mucho menos un terreno”, recuerda.

Los responsables de esos crímenes son Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, José de Jesús Rueda Quintero, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Elkin Rojas, Yeris Andrés Gómez Coronel, Alex José Mercado Sierra y Juan Carlos Soto Sepúlveda. Hoy, los 12 exmilitares tienen entre 47 y 60 años y deberán responder ante la justicia restaurativa de la JEP.

Inicialmente las víctimas de la región Caribe presentaron 117 solicitudes de reparación a la JEP, entre ellas el Pueblo Wiwa, el Pueblo Kankuamo, los Consejos Comunitarios José Prudencio Padilla y Kusuto Ma-Gende, así como otras víctimas individuales. Según le precisó la JEP a Consonante, durante meses, las propuestas se revisaron y ese trabajo dio como resultado la selección preliminar de 11 iniciativas que harían parte del proceso restaurativo para las víctimas.

En aras de seguir priorizando estas iniciativas, la JEP impulsó un proceso participativo que incluyó mesas interinstitucionales, audiencias restaurativas y diligencias participativas con las víctimas entre 2024 y 2025. “En este espacio se perfilaron ocho proyectos restaurativos, organizados en tres líneas priorizadas: infraestructura comunitaria, memoria y dignificación, y productividad y generación de ingresos”, señaló Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo de la JEP. Finalmente, la sentencia ordenó realizar seis proyectos.

Dentro de este proceso, las víctimas y autoridades del pueblo Wiwa priorizaron el Centro Integral Cultural y de Memoria Omonapa, el cual se proyecta como un espacio multipropósito, destinado a la dignificación del pueblo Wiwa y a la preservación de su cultura, memoria y espiritualidad.

Más que una reparación simbólica

El comisionado Wiwa, precisó que la comunidad esperaba que la reparación no solo fuera simbólica, sino que también sirviera para atender la situación de vulnerabilidad económica de este pueblo. “El conflicto les había sumergido —a los familiares de las víctimas— en una crisis social, económica y los había empobrecido, les tocó abandonar muchas cosas que tenían en sus comunidades y más las estigmaciones que enfrentaron por el asesinato de sus familiares”, cuenta. 

La JEP explicó que el proyecto busca contribuir a la recuperación y dignificación del buen nombre del pueblo Wiwa, superar la estigmatización histórica y rescatar su cultura ancestral. La meta es consolidar en San Juan del Cesar un espacio seguro, visible y abierto, “que sirva como punto de encuentro cultural, educativo, espiritual y turístico”.

Para alcanzar esto, el centro contará con tres enfoques: uno, cultural y de memoria —con áreas de encuentro comunitario, educativo y espiritual—; otro, para el fortalecimiento económico —con emprendimientos liderados por el pueblo Wiwa y huertas comunitarias—; y finalmente encuentros restaurativos —espacios de diálogo para vincular a los comparecientes—.

“De esta manera, la comunidad de San Juan del Cesar y el Pueblo Wiwa se encontrarán con un centro vivo, inclusivo y reparador, que no sólo preservará la memoria y la cultura, sino que también promoverá el desarrollo comunitario, la sostenibilidad del territorio y la reconciliación”, precisó la JEP.    

El pueblo Wiwa también ha buscado que el espacio del lote les permita construir viviendas para las víctimas y oficinas para consolidar temas de derechos humanos y derechos de las mujeres. “Queremos que haya unas galerías donde se pondría la memoria del pueblo Wiwa por escrito a través de imágenes y haciendo una línea de tiempo porque eso hay que contárselo a los jóvenes”, agrega Loperena, quien espera que ese espacio también sirva como hogar para los mamos cuando bajen de la Sierra.

Por su parte, Osmaira Nieves considera que el centro de memoria representa un reconocimiento para todas las víctimas. “Para mí significa mucho. Es un reconocimiento no solo para mí y para mi familia, sino para las 6.402 víctimas. Porque todas fueron ejecutadas del mismo modo y todas lloramos con impotencia. Las recordamos todavía con impotencia”, señaló.

Sin embargo, reclama falta compromiso con las víctimas por parte del alcalde, Cubita Enrique Camilo Urbina Suárez. Según ella, el funcionario no ha asistido a las audiencias ni a las visitas previas a los terrenos propuestos para la construcción de este centro y en su lugar ha mandado a funcionarios del despacho. “No es lo mismo hablar con un delegado, que hablar con el alcalde directamente porque ellos no toman decisiones, ellos solo llevan el mensaje y no sabemos cómo llega ese mensaje”, insiste.

Consonante busco a Rafael Humberto Frías, secretario de Planeación municipal, para conocer la visión de la Alcaldía de San Juan sobre los reclamos de la comunidad Wiwa alrededor del predio para ser reparados. A pesar de insistir y compartirle las preguntas, no respondió. 

Una tensión en estudio

Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo de la JEP, le precisó a Consonante que el proceso de adquisición del predio no se encuentra definido ni cerrado, y se mantiene en fase de análisis e identificación. Según la JEP, este proyecto restaurativo se encuentra en la etapa de identificación y disposición de los predios, así como en la identificación y concreción de la oferta institucional que permitirá su implementación. 

El pasado 15 de agosto se llevó a cabo una reunión en el municipio para identificar posibles terrenos, allí estuvo la JEP, la Alcaldía municipal, víctimas y representantes del Pueblo Wiwa. Como resultado, sobre la mesa quedaron los dos posibles lotes: de un lado, el propuesto por la Alcaldía y del otro lado, el que espera la comunidad indígena. 

“En ambos casos, la JEP ha considerado que se trata de alternativas complementarias, cuyo avance requiere adelantar gestiones adicionales como avalúos, peritajes técnicos y articulación con entidades competentes, entre ellas la Gobernación de La Guajira”, respondió la entidad. También precisó que, para definir el predio definitivo, será necesario trazar una ruta de trabajo interinstitucional en la que participen la Gobernación, la Alcaldía y otras entidades, manteniendo siempre un diálogo con las víctimas y las autoridades étnicas.

Con la sentencia ya emitida, el principal avance que resalta este tribunal transicional es la definición de un listado detallado de las actividades en las que deberán participar los comparecientes para la construcción y dotación del centro. Estas incluyen desde la preparación y adecuación del terreno hasta la edificación de la infraestructura física, la creación de senderos y rutas ecológicas, y labores de jardinería.

En busca de recursos

Hoy, la comunidad Wiwa y los familiares de las víctimas siguen esperando una respuesta definitiva sobre el terreno y los recursos que permitirán levantar el Centro Omonapa. La incertidumbre sobre la financiación, advertida incluso por la Contraloría General, refleja las fragilidades de un sistema que necesita más de 500 mil millones de pesos para garantizar reparaciones, cumplir sentencias y materializar las sanciones propias.

En medio de esas dudas, lo que permanece intacto es la convicción de las víctimas de que la memoria debe construirse con dignidad y no con migajas. Para ellas, el Centro Omonapa no es solo un edificio: es la posibilidad de transformar el dolor en un legado colectivo. Y si el Estado no logra cumplir con ese compromiso, lo que fracasa no es únicamente un proyecto, sino la promesa de que la paz pueda tener, de verdad, un sentido restaurador.

"No tenemos la certeza, pero  tenemos el entusiasmo y la ilusión. Quien debe de tener la certeza y la responsabilidad que eso se dé es la JEP. Son ellos los que deben estar un poco estresados, preocupados por esos temas porque si los Toar, no se dan el tema de proceso de paz con sentido restaurador para la víctima fracasa", concluyó Loperena.

El único vestigio de que en Mumbú —una comunidad enclavada a 45 minutos del casco urbano de Tadó— alguna vez hubo un lugar para aprender, es un viejo tablero de acrílico, agrietado y torcido contra la pared. Lo demás son ruinas: salones húmedos que se llenaron de escombros y maleza, paredes descascaradas y un techo de zinc abierto en heridas de óxido. En medio de ese paisaje desolador, los habitantes sienten que la escuela abandonada no sólo se derrumba por el paso del tiempo, sino por la indiferencia del Estado que, otra vez, les dio la espalda.

Hace tres años, Consonante advirtió que en Mumbú los salones permanecían vacíos porque no había quién enseñara. Durante el primer semestre de 2022, nueve niños y niñas esperaron en vano el inicio de las clases: la Secretaría de Educación Departamental nunca nombró a un docente. La comunidad, conformada por unas 50 familias que regresaron por su cuenta tras haber sido desplazadas por la violencia paramilitar en 2002, veía cómo el derecho a la educación volvía a serles negado, esta vez no por la guerra, sino por la ausencia del Estado.

La comunidad venía arrastrando los problemas alrededor de la educación desde antes de esto, con carencias de infraestructura e intermitencia de la planta docente a la hora de asistir a la jornada escolar, situación agravada, en cierta medida, por la contingencia que ocasionó la pandemia del Covid-19.

La denuncia publicada en este medio obligó a que algunas autoridades municipales reaccionaran y enviaran a la docente que, desde entonces, se encarga de orientar el proceso educativo en Mumbú, pese a todas las dificultades. Su llegada permitió que, al fin, los niños y niñas comenzaran las clases, pero la solución fue apenas parcial: la educación llegó, sí, aunque los salones siguieron siendo ruinas y la deuda de infraestructura escolar permanece intacta.

Según líderes de la región, las instalaciones de la escuela están en declive desde hace más de 10 años, lo que constituye un riesgo para estudiantes y docentes. Con una infraestructura escolar en ruinas, el Estado sigue vulnerando el derecho a la educación de los niños y niñas de Mumbú. La deuda no es menor: en una región donde las organizaciones sociales han encendido las alarmas por el aumento del reclutamiento infantil a manos de grupos armados —una práctica que avanza en silencio, entre el subregistro y el miedo—, la falta de condiciones dignas para estudiar se convierte en otro factor de riesgo.

La comunidad de Mumbú una vez más alza su voz. Piden que se construya un centro educativo digno para sus niños, quienes desde hace tres años reciben clases en la casa comunal del corregimiento, un espacio improvisado para el aprendizaje.

Recibir clases en un sitio inadecuado

Hoy, las clases se dictan en el salón comunal del corregimiento, un espacio improvisado que poco tiene de escuela. La maestra, con lo que ha podido conseguir, se apoya en una pizarra portátil, mientras los niños se turnan los pupitres viejos para poder sentarse. Pero el aprendizaje nunca es continuo: las reuniones comunitarias, las celebraciones o cualquier actividad del caserío interrumpen la jornada escolar, recordándoles a diario que ese lugar no fue pensado para enseñar ni aprender.

Adalgiza Ibargüen es la docente que actualmente orienta los grados de preescolar a quinto de primaria con 12 estudiantes entre 5 y 12 años. En varias ocasiones ha tenido que improvisar espacios de clase. “Cuando la comunidad va a usar el salón comunal, me toca salir a buscar otro lugar. Hemos dado clases hasta en una cantina para no dejar a los niños sin estudio”, expresó.

Al ofrecer únicamente primaria, el centro educativo de Mumbú está adscrito —como lo establece la Ley 715 de 2001— a la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro. Consonante intentó hablar con su rector, Carlos Copete, para conocer los esfuerzos que ha hecho en estos años por garantizar una educación de calidad y las acciones emprendidas para mejorar el servicio en Mumbú. Sin embargo, no fue posible contactarlo.

Martha Mosquera, lideresa de la comunidad, no se ha quedado esperando. En los últimos años han enviado varios derechos de petición a la Alcaldía solicitando la construcción de una nueva escuela, pero no ha recibido respuesta. “La casa comunal no es adecuada para dictar clases. Cuando la comunidad la necesita para un velorio o una reunión, la maestra debe salir a buscar dónde trabajar con los niños”, expresó con preocupación.

Mosquera recordó con orgullo que “Mumbú es más antiguo que Bogotá”, pero cuestionó el abandono en el que se encuentra. “No es justo que un pueblo con tanta historia sea olvidado por las autoridades. Es hora de que nos escuchen y nos construyan una escuela digna para nuestros niños”.

Según el marco normativo, los establecimientos educativos deben disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados para la prestación del servicio. Para esto, la leyes han establecido una responsabilidad compartida entre en nivel municipal, departamental y nacional.

En todo el país, las entidades territoriales han destinado recursos provenientes tanto de las regalías como del Sistema General de Participaciones (SGP) para garantizar la prestación del servicio educativo. Además, cuentan con la posibilidad de emplear otras fuentes de financiación para fortalecerlo. Sobre esto es clave la gestión de alcaldías y gobernaciones para consecución de los recursos con el fin de adecuar la infraestructura educativa y la dotación de las escuelas, como lo precisa la Corte Constitucional en la Sentencia T-142 de 2024.

Según la alta corte, es fundamental que los niñas, niños y adolescentes cursen sus estudios en un infraestructura educativa de calidad, pues ésta “impacta en el bienestar de los estudiantes, facilita los resultados académicos y dota a los educandos de mejores oportunidades para asegurar una educación de calidad, más allá de los límites económicos, sociales y geográficos tanto de sus familias como de su entorno”. En términos mínimos, el servicio debe prestarse un ambiente salubre y seguro.

Frente al evidente incumplimiento, Consonante buscó respuestas en la Alcaldía de Tadó y Brenda Mosquera, coordinadora para los asuntos de educación de la entidad, precisó que el ente territorial ha puesto en conocimiento del Ministerio de Educación la situación de Mumbú y de otras comunidades que padecen por la mala infraestructura educativa, como la escuela Carlos Hernán Perea Gómez, en el caso urbano del municipio.

“En un informe general se notificó al departamento de las situaciones que tiene cada una las instituciones educativas. Venimos trabajando con la Secretaría Departamental el tema de obras por impuesto debido que Tadó es uno de los municipio que más han sido azotados por todo el tema de conflicto armado”.

Señaló que en mesas de diálogo con estas entidades se ha contemplado la posibilidad de reubicar a los estudiantes. “Para la vigencia 2024, Mumbú tenía alrededor de nueve estudiantes. Desde ahí se hace la valoración de que estos estudiantes puedan ser asignados a una sede cercana y que preste el servicio de transporte escolar dado la cobertura”, explicó Mosquera.

“Para nadie es un secreto que en nuestro municipio hay infraestructuras muy viejas”, expresó. “De parte de la administración seguiremos en realizando esfuerzos en aras de garantizar de que mejoremos la infraestructura educativa de toda la municipalidad”, concluyó.

De cara a ese compromiso, la funcionaria aseguró que la alcaldía ha venido gestionado recursos para atender la crisis de infraestructura educativa que vive la comunidad, pero siguen esperando mayores resultado. Consonante le consultó si para Mumbú se habían gestionado apoyo ante el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) del Ministerio de Educación Nacional, pero no se refirió a esto. Lo cierto es que, según datos del propio Ministerio, en Tadó ya se han ejecutado cuatro proyectos financiados con este fondo para mejorar la infraestructura escolar.

La Corte Constitucional ha sido clara: no es aceptable que las clases se impartan en espacios improvisados y bajo condiciones precarias. En varias ocasiones ha cuestionado la falta de acceso a servicios básicos en los centros educativos, entre ellos agua potable, alcantarillado, baños en buen estado, sistemas de recolección de residuos y lavamanos, todos indispensables para garantizar una educación digna.

Desde Mumbú, la lideresa Martha Mosquera pide lo que considera indispensable: al menos dos salones de clase, una unidad sanitaria y un espacio donde pueda funcionar el Programa de Alimentación Escolar (PAE). “No queremos lujos, solo pedimos lo básico”, dijo. “Ellos son el futuro de este pueblo, pero sin educación se están quedando atrás”, enfatizó.

A su voz se suman las de los estudiantes. Un niño de quinto grado cuenta que él y sus compañeros sueñan con tener una escuela propia, porque en la casa comunal las clases se interrumpen todo el tiempo: “Nos distraemos mucho cuando la gente entra a sacar cosas o a hacer reuniones”, explica.

Un llamado al gobierno

Los habitantes de Mumbú esperan que sus voces sean escuchadas por la Alcaldía de Tadó, la Gobernación del Chocó y el Ministerio de Educación Nacional. No basta con enviar docentes; exigen una inversión real en infraestructura.

El clamor de esta comunidad se resume en una petición sencilla: una escuela digna que garantice a los niños de Mumbú la posibilidad de estudiar, soñar y construir un mejor futuro. Mientras tanto, sus niños siguen aprendiendo entre paredes prestadas, sin saber cuándo podrán llamarle “escuela” al lugar donde estudian.

Entre llamas, ramas y escombros, se apagaron varias vidas el pasado jueves 21 de agosto. En inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en el norte de Cali, Valle del Cauca, un acto terrorista dejó un saldo de seis personas muertas, 76 heridas y decenas de viviendas y locales del barrio La Base damnificados.

El comandante de la Policía de Cali, Henry Yesid Bello, precisó en la tarde de ayer que los dos camiones usados para transportar y ocultar los explosivos venían desde Corinto, Cauca, habían sido robados y tenían placas plagiadas para engañar a las autoridades. El general explicó durante la rueda de prensa que los cilindros empleados en estos hechos pesaban cerca de 40 libras y estaban cargados con amonal, un potente explosivo que consiguió causar daños a la infraestructura de la base militar y a las residencias del sector. Las autoridades señalaron que pudo ser mayor la tragedia, de haber estallado una segunda carga que se mantuvo inactiva.

“Si bien era un atentado que se hizo en inmediaciones de la base, el que se haya hecho pasado el mediodía tenía una clara intención de afectar a la población civil”, lamenta Inge Valencia, directora de la Escuela de Derecho, Gobierno y Globalización de la Universidad Icesi de Cali. “Esta es una acción que va contra todas las vías de Derecho Internacional Humanitario”, agrega.

A pesar del caos, la comunidad logró detener a un hombre señalado de estar involucrado en los hechos y, poco después, la Policía capturó a un segundo sospechoso. Se trata de Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, quienes fueron presentados por la Fiscalía ante un juez de control de garantías como responsables de trasladar y activar los dos camiones cargados con ‘tatucos’. Uno de ellos, conocido con el alias de ‘Sebastián’, haría parte del Estado Mayor Central (EMC), facción disidente de las extintas Farc. La autoría del ataque se atribuye a una estructura del Bloque Occidental ‘Jacobo Arenas’, comandada por Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias ‘Marlon’, que opera bajo las órdenes de ‘Iván Mordisco’.

Como líder de la estructura Jaime Martínez, a ‘Marlon’ se le responsabiliza de direccionar y ejecutar ataques armados, difundir propaganda ilegal e incitar el reclutamiento forzado en el norte del Cauca, especialmente en los municipios de Buenos Aires, Suárez y Morales; algunos municipios de Nariño; y en Jamundí, Valle del Cauca. Además, se le señala de controlar corredores de economías ilegales en El Cañón del Micay, una subregión al occidente del Cauca conformada por cinco municipios —Argelia, El Tambo, López de Micay, Guapi y Timbiquí— que conduce hacia el Océano Pacífico, y se le conoce como el “amo de Jamundí” por imponer extorsiones a empresarios y hacendados en ese municipio.

Precisamente por las operaciones militares que el Gobierno ha desplegado en el Cañón del Micay contra las disidencias, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y el presidente Gustavo Petro atribuyeron a estas estructuras los recientes hechos terroristas en la capital del Valle. En los últimos meses, la Columna Carlos Patiño ha recibido duros golpes por parte de la Fuerza Pública en el marco de la Operación Perseo II, con la cual busca recuperar el control del Cañón del Micay, donde esta facción ha mantenido durante años su retaguardia militar y económica, basada en los cultivos de coca y la minería ilegal. Como respuesta articulada, las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, con presencia en Cali, han ejecutado acciones terroristas en la ciudad en resonancia con los ataques contra el Bloque Occidental —en particular, el Frente Carlos Patiño— en el Cauca.

“El Ejército está en la vereda Honduras —en el municipio de El Tambo, Cauca— que es el corazón de El Cañón del Micay —y principal centro de operaciones del Frente Carlos Patiño—. Las disidencias están sintiendo una presión fuerte y puede que hayan decidido desde hace un tiempo responder con este tipo de ataques”, señala Kyle Johnson, cofundador e investigador de Conflict Responses (Core). 

La investigadora de la Universidad Icesi explica que lo que pasa en departamentos como Cauca o en varios municipios del Litoral Pacífico —como Buenaventura o Tumaco— impacta en esa ciudad. “A Cali hay que pensarla como una ciudad-región, en términos de muchas cosas, entre ellas, de las dinámicas de conflicto. Cali es un cruce de caminos, entre rentas ilícitas, que están cobrando cada vez mayor relevancia, y la articulación entre distintos fenómenos de macro y microcriminalidad, y que hacen que la ciudad sea un epicentro de negocios de lavado de activos, pero también es un lugar donde grupos, como las disidencias asociadas al Estado Mayor Central, hacen presencia de alguna manera en la ciudad”, señala Valencia. 

‘Marlon’ lleva más de 15 años en la guerra, a pesar de haber recibido los beneficios de indulto tras la firma del Acuerdo de Paz. En 2019 volvió a las armas por encargo de ‘Mordisco’, quien le encomendó la misión de recuperar el control en Cauca. Las autoridades lo responsabilizan de al menos ocho atentados y de su participación en homicidios, incluidos los de líderes sociales. También se le señala de estar detrás del secuestro de Lyan Hortúa, el menor de edad raptado en su casa en Jamundí a comienzos de este año y liberado 19 días después.

Tras un consejo de seguridad en el aeropuerto Bonilla Aragón, liderado por el presidente Gustavo Petro, se descartó la declaratoria de conmoción interior y se activó una estrategia de inteligencia y judicialización para dar con los responsables.

Durante este año, otros hechos terroristas han tenido lugar en la capital del Valle. El pasado 10 de junio se activaron artefactos explosivos cerca de la estación de Policía de Meléndez y el CAI de Manuela Beltrán. A finales de julio, atacaron con explosivos cámaras de fotomulta en el sur de Cali. 

“La violencia en Cali se ha venido escalando y el hecho de que hacen varios atentados dentro de Cali en las fechas importantes para el grupo expone problemas serios de actuar sobre la información de inteligencia, incluso la que es predecible”, lamenta Johnson.

“Desde el inicio de este año enfrentamos la amenaza del Frente Jaime Martínez, narcotraficantes que usan a Jamundí de negocio y vienen a violentar a Cali. No vamos a parar hasta capturarlos”, expresó el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, en su cuenta de X.

Derriban un helicóptero en el Nordeste

En el municipio de Amalfi, en la subregión del Nordeste antioqueño, 13 policías perdieron la vida en un ataque atribuido al Frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Alexánder Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá Córdoba’, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF). Otros uniformados resultaron gravemente heridos. Según explicó el presidente Gustavo Petro, la misión de la tropa era erradicar cultivos de coca en la zona, pero fueron emboscados mientras cumplían esa labor. Una aeronave de la Fuerza Pública tuvo que ser enviada para evacuar a los uniformados, pero la misión tuvo un fatal desenlace.

Según un video, justo cuando un helicóptero de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional se precipitaba a tierra para recoger a los uniformados, explotó. La hipótesis que las autoridades manejan es que las disidencias emplearon explosivos con la ayuda de un dron. 

Datos del Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia enseñan que para 2023 Amalfi había presentado una superficie de 382,59 hectáreas de coca, pero para comprender el fenómeno debe leerse a la región del Nordeste antioqueño integralmente. Así, es preciso reconocer que justo al lado, en el municipio de Anorí, se registraron 2.089,32 hectáreas de coca para el mismo año, lo que lo posiciona como el cuarto municipio con mayor cantidad de cultivos de uso ilícito de Antioquia.

El investigador de Core señala que los hechos del Valle del Cauca y Antioquia no tienen relación. Lo mismo opina de la explosión en Florencia, Caquetá, en la mañana de ayer. Este último sería una advertencia por incumplir extorsiones impuestas por algunas de las facciones disidentes de las Farc que operan en ese departamento.

El surgimiento de las disidencias en Antioquia se dio inicialmente con los frentes 18 y 36, en el municipio de Ituango —subregión Norte— y en varios municipios del Nordeste antioqueño. Estas estructuras nacieron bajo la coordinación de la Segunda Marquetalia, pero en 2023 pasaron a manos de ‘Gentil Duarte’. Tras su muerte, quedaron bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ y, debido a las alianzas que los grupos armados venían consolidando, en 2024 terminaron subordinados a ‘Calarcá Córdoba’. El conocimiento del territorio que maneja este grupo armado se remonta a los tiempos en que el Bloque Magdalena Medio de las antiguas Farc operaba en la región y controlaba corredores de movilidad hacia el Nordeste antioqueño y el Bajo Cauca.

“Con el apoyo financiero que le dio ‘Iván Mordisco’ y ahora alias Calarcá, esas estructuras tienen una capacidad logística sin precedentes, en una región que abarca un vasto territorio desde el nordeste de Antioquia, parte del Magdalena Medio, por el sur de Bolívar y los santanderes”, explica un vocero de la Fundación Sumapaz que pidió la reserva de su nombre por seguridad.

Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), precisa que la plataforma de derechos humanos del departamento ha denunciado los latentes riesgos que empezaron a tomar fuerza en Antioquia tras la firma del Acuerdo de Paz —y los incumplimientos sobre lo acordado—, con oficios que reposan en los escritorios de la Gobernación de Antioquia, la Fuerza Pública y el gobierno nacional. La vereda en la que ocurrieron los hechos limita con el municipio de Anorí, en donde la organización ha podido conocer sobre más de 200 familias desplazadas durante este año y han advertido que también los civiles se encuentran en inminente riesgo. 

“No somos escuchados y este actual gobernador nos ha excluido prácticamente del escenario en la medida que no atiende ninguna de las denuncias”, lamenta el líder de la Fundación Sumapaz. “Se sabe de la presencia del Clan del Golfo, de las disidencias, del Eln en esta zona; de su interés por la minería ilegal, por los corredores de movilidad y por el tráfico de sustancias ilícitas, pero no son hechos nuevos”, agrega.

Sobre lo ocurrido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, arremetió contra el Gobierno nacional, dejando en evidencia su oposición a la manera en que se están adelantando las negociaciones de paz. Esta postura genera preocupación en la Fundación Sumapaz, que cuestiona la falta de articulación entre el nivel nacional y el regional. “Independiente de sus diferencias políticas, la ciudadanía pierde cuando el gobernador no reconoce al actual presidente de la República y no coordina acciones”, señaló un vocero de la organización.

La Defensoría del Pueblo, en la Alerta Temprana 23 de 2022, ya había advertido el riesgo que podría presentarse en la vereda Los Toros, donde tuvo lugar el ataque contra el helicóptero, así como otros territorios cercanos. Se trata de una región en disputa, en la que las disidencias y el Eln han llegado a acuerdos para hacerle frente a la expansión y el poder del Clan del Golfo, mantener su control y continuar ganando terreno.

‘Calarcá’ le precisó a Colombia +20 que estos hechos no se trataron de un ataque premeditado, sino que fueron una consecuencia de los enfrentamientos entre sus hombres y el Clan del Golfo en la zona, justo en el momento en que un helicóptero de la Policía descendía durante la operación de erradicación de cultivos ilícitos.

Paz en crisis y nuevos ciclos

“Si bien nosotros le apostamos a la paz, hay que cuestionar realmente si estos grupos desean un cambio o un escenario de diálogo con el gobierno nacional, que para nosotros sería la mejor decisión, pero ese tipo de acciones que rechazamos de manera contundente demostrarían que no hay realmente una verdadera voluntad en el escenario de la paz”, lamenta el vocero de la Fundación Sumapaz.

Quijano, vocero de Corpades, advierte que uno de los grandes errores del proceso es adelantar las negociaciones sin que cesen las hostilidades. “Cuando se dieron los ceses bilaterales no se presentaban este tipo de situaciones. Ahora están dialogando en medio de la confrontación. Lo único que uno se puede preguntar es: ¿hasta dónde llega hoy la verdadera intención de paz del Frente 36, de la gente del Estado Mayor de Bloques y Frentes, de quienes están bajo el mando de ‘Calarcá’? ¿Acaso creen que la muerte de tantos policías va a tener un impacto positivo para el proceso de paz?”, cuestiona el defensor de derechos humanos.

Valencia, investigadora de la Icesi, reconoce que la propuesta de Paz Total fue innovadora, pero ha alcanzado más retrocesos que avances. A estos se suma la deuda en la implementación del Acuerdo de Paz en estas regiones, sobre las que el gobierno Petro también se quedó corto. “Desafortunadamente, la Paz Total no hizo una sinergia con el programa de sustitución o el de desarrollo territorial”, señala y, ante la deuda institucional, las violencias van a afianzarse en estas regiones. “Esas deudas no se van a resolver solamente con la militarización, pero también es necesario, en medio de lo que ha pasado, responder con el fortalecimiento de estas gobernanzas armadas”, agrega.

‘Iván Mordisco’ se había retirado de la mesa de negociación desde hace más de un año, mientras ‘Calarcá’ comanda las estructuras que continuaron en la negociación, pero esa mesa se encuentra suspendida desde hace un tiempo y un mes atrás había empezado a tomarse acciones para reactivarla y pasar al séptimo ciclo de la mesa de diálogos. 

Entre ayer y hoy se llevó a cabo una reunión en la vereda El Diamante, en las sabanas del Yarí, para retomar los diálogos con las estructuras comandadas por ‘Calarcá’, quien estuvo presente en este espacio y señaló que ya hay fecha para el nuevo ciclo de conversaciones: el 24 y 25 de agosto, también en el Yarí. Para el investigador de Core persiste la duda de que estas acciones vayan a cambiar en algo la respuesta de la posición del gobierno con este grupo ilegal, aun con la presión de aproximarse la época preelectoral. “No ayuda lo que pasó, sin duda, pero creo que no van a pararse de la mesa”, agrega Johnson. 

El reto será que este tipo de atentados creen condiciones para que las nuevas propuestas de gobierno que se disputarán la presidencia busquen continuar con lo avanzado en las mesas de negociación de la Paz Total. “El debate público de los candidatos hoy en día gira alrededor de que la Paz Total es la causa de la inseguridad en el país. Eso es parcialmente cierto, pero es sobresimplificada como explicación porque hay otras políticas y otros factores que influyen. Ni siquiera hay una mesa como ‘Mordisco’, es decir, los candidatos no diferencian que los responsables de algunos de estos atentados no estén negociando con el gobierno”, concluye el investigador de Core.

En el municipio de Fonseca los preparativos para las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud avanzan con una articulación entre la Alcaldía municipal, la Registraduría Nacional y la Gobernación de La Guajira. El objetivo, según las autoridades, es fortalecer los espacios de participación juvenil y reafirmar el compromiso de la institucionalidad con estos mecanismos democráticos. 

Desde el pasado 22 de abril, la Registraduría abrió las rutas para que los jóvenes de 14 a 28 años se inscriban en las elecciones de Concejos de Juventud, que se celebrarán el próximo 19 de octubre. A través de su página web se detalla el cronograma de las elecciones locales y municipales, así como las inscripciones de testigos electorales.

A la fecha, se encuentran cerradas las inscripciones de candidatos y hasta el 11 de octubre se puede postular como testigo. El 19 de este mes se realizará el sorteo y designación de listas de jurados de votación y la lista final se publicará el 3 de octubre. 

Para el caso de Fonseca, repartidos en 12 listas, se registraron 81 candidatos aspirantes a ser consejeros de juventud, quienes se disputarán 17 curules. En las pasadas elecciones de 2021, se registraron 76 candidatos.

Según la Ley 1622 de 2013 (Estatuto de Ciudadanía Juvenil) y su reforma en la Ley 1885 de 2018, al municipio le corresponden 13 curules —dividida en tres listas: lista partidos o movimientos políticos con personería jurídica; listas independientes; y listas de procesos y prácticas organizativas juveniles— y cuatro curules especiales, para población indígena, afro, campesina y víctimas del conflicto armado. 

La institución local le ha apostado a crear alianzas con otras entidades para promocionar las curules especiales y evitar que queden desiertas, y habilitó cinco puestos de votaciones para el municipio: cuatro en la cabecera municipal y uno en el corregimiento de Conejo.

Este año, según la alcaldía de Fonseca, existe una articulación sólida con la Registraduría, a través de la cual se llevaron a cabo varias jornadas de capacitación con las instituciones educativas públicas y privadas del municipio, así como el trabajo en las zonas rurales, en corregimientos como Conejo y El Hatico, y en el resguardo indígena de Mayabangloma.

“Hemos articulado con la Registraduría, Secretaría de Gobierno, incluso el alcalde está comprometido con la juventud del municipio y con todo lo que establece la ley sobre el proceso de juventudes”, cuenta Arnaldo Álvarez, quien desde hace tres meses se desempeña como enlace de juventudes de la Alcaldía de Fonseca.

Según el vocero, el mayor aforo de jóvenes lo consiguieron visitando instituciones educativas: colegios, el Sena o la Universidad de La Guajira.

Sin embargo, para los salientes consejeros de juventud el panorama no es tan alentador, ya que se van con la impresión de que no pudieron realizar veeduría, control político, gestión de políticas públicas y demás funciones.

El fantasma de la no gestión

Las elecciones de 2021 de los Consejos de Juventud estuvieron marcadas por varios obstáculos que afectaron la participación democrática de los jóvenes. La pandemia de Covid-19, con sus medidas de confinamiento, retrasó la logística y los trámites necesarios para su realización. A ello se sumó el desconocimiento, por parte de algunas instituciones, de sus responsabilidades en el proceso. 

No obstante, estas elecciones representaron un hecho histórico: fueron la primera prueba piloto que integró de manera formal a las juventudes colombianas en un ejercicio electoral de alcance nacional. 

Sin embargo, persiste el desánimo de los actuales consejeros, que manifiestan que a tan sólo 67 días de salir de sus cargos no pudieron ejercer plenamente su rol por la falta de acompañamiento de las autoridades locales, la no articulación para la toma de decisiones y para el desarrollo de los cronogramas de asambleas y la semana de la juventud.

“Actualmente el Consejo Municipal de Fonseca está completamente inactivo, a excepción de un par de compañeros. Esa deserción fue progresiva, se fue dando a medida de que los esfuerzos que se intentaban desde la instancia no surtían efectos frente a las administraciones”, dijo Isabela Peralta Fernández, consejera de Juventud de Fonseca, consejera departamental por La Guajira y a nivel nacional.

Peralta tiene 18 años, es estudiante de tercer semestre de derecho de la Universidad Externado de Colombia, y aún se mantiene en su cargo, a pesar de la deserción de otros líderes juveniles. 

“La falta de voluntad administrativa y política por parte de los gobernantes en el territorio, condujeron a que muchos compañeros decidieran mejor optar por otras actividades(...) Nosotros somos el ejemplo de la inhibición de la participación del joven en la vida pública, social y política”, menciona con indignación.

Karineth Blanco, de 20 años y también consejera de Juventud de Fonseca, cuenta que en el proceso varios de sus compañeros dejaron su curul sin presentar renuncia alguna. Solo algunas de estas denuncias se tramitaron y se hizo el reemplazo de las vacantes. Las limitaciones a su trabajo y el abandono del espacio ha hecho que se desvincule del proceso por desmotivación.

“La mayor parte del concejo está inactiva. No se convocan sesiones —ni siquiera virtuales—. A mi parecer, son una pérdida de tiempo”, reprocha Blanco.

La joven lideresa asegura que para este año la Comisión de Concertación y Decisión debía presentar sus propuestas y peticiones, pero sólo se organizaron dos sesiones, a pesar de que la ley estipula que se deben realizar cuatro en el año. “La primera en la vigencia del Alcalde Hamilton, quien no oficializó un acta apropiadamente, por lo que la segunda sesión —en el periodo del alcalde Micher Peréz— también tuvo que darse sólo para la instalación de la mesa. Y ambas se dieron por la insistencia del Consejo —de Juventud— y no por la disposición de las alcaldías, como se estipula en la ley”, expone.

En esto coincide Gerlin Fanor Hernández Martínez, de 24 años, consejero de Juventud de Fonseca. Desde muy temprano le interesaron las discusiones políticas y sociales, y gracias a ello encontró la inspiración para realizar su profesión de politólogo. Para Hernández el panorama del Consejo de Juventud en Fonseca, aunque él quiera ser optimista, la participación o inclusión que les hacen las entidades territoriales en el departamento es bastante precaria. “Ya que la gestión que ellos hacen fue a manera de súplica por parte de las instituciones, así como el manejo en el sistema y subsistema de participación juvenil a nivel local, departamental y nacional”, agrega. 

Frente a las críticas de la deserción, Arnaldo Álvarez, desde la alcaldía, reconoce que en la práctica no se brindaron los espacios precisos de participación, lo que hizo que los jóvenes sintieran que no estaban cumpliendo el rol para el que fueron escogidos, y por eso tomaron la decisión de renunciar, pero resalta que se trata de un problema a nivel nacional. “Nosotros desde la administración de Fonseca hemos dado las garantías a todos estos consejeros y subsistemas, porque también hay que mencionar a la plataforma de juventudes, en darles la participación y los espacios cada vez que ellos lo soliciten”, dice.

Actualmente, los consejeros de juventud y la administración del municipio están discutiendo los pormenores de la semana de la juventud, un evento anual que busca reconocer y celebrar a la población juvenil como un eje fundamental de la sociedad y una fuente de creatividad para el futuro, donde se realizan actividades dirigidas exclusivamente a personas entre los 14 y 28 años; sin embargo, aún se encuentran definiendo las fechas y revisando el presupuesto.

Según Álvarez, la discusión sobre la semana de la juventud y el apoyo a la plataforma de juventudes son los principales resultados que la administración municipal de Fonseca puede resaltar de su compromiso con estos espacios de participación. 

Otros municipios, los mismos problemas 

Este panorama no es un hecho aislado, lo mismo ocurre en otros municipios del sur de La Guajira.

Para Yohan Martinez Benjumea, consejero de Juventud del distrito de Riohacha, los tiempos se han cumplido de manera puntual, han tenido buen acompañamiento de los entes territoriales, alcaldías, registraduría y gobernación. Esto lo han logrado, según explica, por la insistencia del movimiento juvenil. 

“Es necesario impulsar la reforma al estatuto de ciudadanía juvenil y a nivel territorial es necesario fortalecer los espacios, brindarles garantías de participación a los y las jóvenes, brindando acompañamiento técnico y disponer de presupuesto para que los jóvenes organizados y no organizados puedan realizar sus actividades y llevar programas y servicios a todas sus comunidades en las que realizan sus trabajos de campo y comunitario”, menciona.

Por su parte, Keren Dayana Martínez Bocanegra, presidenta del Consejo Municipal de Juventud del municipio de Hatonuevo, señala que el acompañamiento de las elecciones fue parcial, ya que se percibe que el enfoque es demasiado institucional y poco juvenil. A pesar de que la institucionalidad se vio más activa en estas elecciones, no fue así en todo su proceso. A su parecer, quedan varios retos para motivar a los jóvenes a participar, dentro de los cuales propone algunos puntos para mejorar. 

“Necesitamos voluntad política, formación permanente y una estrategia de comunicación que inspire a la juventud a participar con compromiso. Un aspecto fundamental que hace falta es contar con una Política Pública de Juventud. Una estructura que defina líneas de acción, recursos y responsabilidades claras, y garantice que los jóvenes no dependamos sólo de la voluntad del gobernante de turno, sino que haya un marco estable que respalde y dé continuidad a nuestras iniciativas, ya que actualmente no la tenemos ni a nivel municipal, ni departamental, ni nacional de manera operativa, y eso limita la efectividad de cualquier proceso”, expresa.

El Comité Electoral está a cargo de las alcaldías, registradurías, personerías, defensorías del Pueblo y Policía Nacional, entidades que tienen la obligación de garantizar que las elecciones a los Concejos de Juventud se realicen de manera transparente y sin contratiempos.

Lo que sigue

Para estas elecciones la Alcaldía de Fonseca ha puesto a disposición todos sus canales institucionales para promover la participación y garantizar el desarrollo logístico de la jornada en coordinación con los entes territoriales.

Gerlin, Isabela, Karineth, Keren, Yohan y otros consejeros de Juventud del departamento esperan que las instituciones reconozcan la importancia de este rol para las próximas personas que ocuparán estos cargos. Esperan que las alcaldías adquieran compromisos, fortalezcan sus funciones, se articulen con ellos y les den apoyo para llevar a cabo sus proyectos y devolverle la dignidad a las juventudes de Colombia.

Tadó, la tierra legendaria de la negra Agustina y el Rey Barule, es un tesoro hídrico enclavado en la parte alta del San Juan. Sus aguas han sido, por décadas, un imán para viajeros que buscan sumergirse en la belleza natural del Chocó. Corregimientos y veredas como Mumbú, Guarato, Tapón y Bochoromá se distinguen por sus ríos cristalinos, lagunas serenas y otros cuerpos de agua que parecen sacados de un paraíso intacto. A esto se suman sus imponentes bosques y una riqueza biológica única —fauna y flora endémica del llamado Chocó Biogeográfico— que hacen del municipio un destino ideal para explorar la biodiversidad. Es, además, una oportunidad para que las comunidades locales compartan con orgullo su territorio, su memoria y su naturaleza viva.

Sin embargo, la guerra que protagonizan actores armados en la región ha debilitado estas iniciativas. Hay temor de lo que pueda pasar en el San Juan, entre confinamientos, desplazamientos y reclutamiento forzado. Entre enero y mayo de este año, más de 19.700 personas vivieron confinadas en Chocó, atrapadas por el miedo y la violencia. En ese mismo periodo, se registraron 1.311 desplazamientos masivos y 3.358 casos individuales, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Son cifras que reflejan una crisis silenciosa, donde comunidades enteras se ven obligadas a abandonar sus territorios o a resistir en medio del fuego cruzado.

La comunidad demanda la presencia integral del Estado en este municipio, pero esa presencia no debe limitarse solo a la de las Fuerzas Militares. Varias familias  desean que se empodere a la comunidad local a través de capacitaciones y programas de formación en manejo de turismo sostenible y la conservación del patrimonio natural y cultural. Incluso, encontrar la manera de hacerlo en medio de la guerra.

La comunidad no se rinde

“El turismo nos beneficia económicamente porque con ello podemos sostener a nuestras familias y también más estabilidad a las personas que nos visitan”, expresó la señora Marta Mosquera, habitante del corregimiento de Mumbú. Sin embargo, lamentó los desafíos que se deben superar, en especial, la falta de seguridad.

La profesora Eude Celina Ramírez, rectora de la Institución Educativa Normal Superior de Tadó, lo tiene claro: el principal obstáculo para el turismo en la región es la presencia de actores armados ilegales. “La gente se lo piensa mucho antes de visitar estos sitios”, advierte, refiriéndose a parajes como Bochoromá, Arrastradero y Mumbú, que antes atraían visitantes por su belleza natural. La zozobra y el miedo se han instalado en la comunidad, y con ellos, una disminución en el flujo turístico que golpea directamente la economía local.

A la guerra, Mosquera le suma la deuda de infraestructura turística. La región carece de quioscos donde las familias del municipio puedan ofrecer productos a los turistas, así como senderos para llegar a las lagunas y cascadas del municipio, principalmente para mejorar la seguridad a la hora de movilizarse hacia los ojos de agua de Sábalo, la quebrada Mumbú y la cascada de Santo Domingo.

Lineth Machado, propietaria de un pequeño restaurante en el mismo corregimiento, coincide en la necesidad de que el Estado invierta en los senderos de su territorio. Así, Charco Sábalo, la Quebrada San Antonio y otros podrían ser de mayor acceso para todos los visitantes.

Machado manifestó su preocupación por la disminución del turismo en la región y expresó su inquietud por la estigmatización de la zona del alto San Juan, lo que podría estar alejando a los turistas de todo lo que el municipio tiene por ofrecer. En corregimientos como el suyo se respira tranquilidad y espera poder mostrar la buena vida que allí viven, a pesar del abandono y la violencia.

Para Machado y Mosquera se hace necesario que la administración municipal o el gobierno departamental, volteen su mirada hacia el turismo de manera real, puesto que Tadó resalta como uno de los corredores turísticos de la región, pero sigue siendo una joya sin explotar.

 “Si el gobierno apoya a la comunidad para que trabaje, la comunidad mejora su economía y con ello todo lo demás”, dijo Machado. “Necesitamos capacitaciones en todo, cómo atender a los turistas: hotelería, restaurante, culinaria y salud para brindar primeros auxilios en caso de emergencia”, agregó Marta Mosquera.

La necesidad de capacitar a la comunidad y mejorar la infraestructura también lo resalta Wilson Mosquera, docente y líder comunitario. Para él, hay una gran oportunidad de hacer crecer el sector en el municipio. Cree que el gobierno local debe apostarle a crear “una ruta turística atractiva que incluya sitios como el puente de San Juan, el parque Rey Barule y la catedral de Tadó, así como otros lugares de interés en las comunidades cercanas. El epicentro de esta ruta podría ser el Parque Balneario y Ecológico en Mumbú, que ofrece condiciones naturales únicas y atractivas para los visitantes".

Los tadoseños esperan acciones 

Para Yadid Martínez, secretaria de Turismo del departamento, el turismo en la región enfrenta una serie de desafíos que no se pueden seguir postergando. “Falta ordenamiento turístico, no hay procesos formativos sólidos para el talento humano, y la inseguridad sigue siendo un reto enorme”, señaló. A ello se suma una infraestructura física precaria y una conectividad deficiente, factores que limitan el desarrollo de un turismo sostenible y competitivo en el Chocó.

A pesar de estos desafíos, los atractivos turísticos del municipio están participando a nivel nacional en escenarios de promoción como vitrinas turísticas de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) y Colombia Travel Expo, una feria de promoción y comercialización de destinos turísticos. 

Para abordar estos desafíos, desde la alcaldía creen que se debe apostar por suprimir las brechas existentes entre el sector turismo en el departamento y fortalecer el conocimiento mediante formación desde el nivel central, realizando talleres de innovación territorial y encuentros que permitan generar alianzas y desarrollar programas.

Pese a los múltiples desafíos, Darlington Yurgaqui, secretario de Cultura y Turismo de Tadó, mantiene una mirada esperanzadora. Reconoce que la situación de orden público en la región del alto San Juan “nos ha afectado demasiado” y que “nos golpea a todos”, pero no pierde la fe en un cambio. “Creo que todo va a mejorar”, afirma con convicción, confiando en la resiliencia de su comunidad y en el potencial que aún guarda el territorio para el desarrollo cultural y turístico.

Asegura que han habido avances y se han registrado visitas importantes en corregimientos como el Tapón y Bocholomá. “Está creciendo nuevamente y tomando fuerza nuestro turismo”, señaló. A inicios de este mes, el municipio experimentó un incremento de visitas por La Jotatón, el festival de danza que cada año reúne a decenas de agrupaciones artísticas de todo el país en el municipio de Tadó.

La alcaldía ha buscado promocionar las actividades turísticas y capacitar a la población para aprovechar el sector. “Hemos estado muy pendientes de cómo se desarrollan las labores turísticas y buscando la manera de que se vaya creciendo y de que este sector de la economía le genere grandes dividendos a nuestras poblaciones”, dijo Yurgaqui. 

En cuanto a infraestructura y servicios turísticos, mencionó que la administración municipal está realizando un proyecto con el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), el brazo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para el crecimiento del sector, para realizar un plan de desarrollo turístico y se detallen lineamientos para que lleguen y se ejecuten recursos para infraestructura turística.

Nota: Consonante contactó a la oficina de prensa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para conocer la inversión que está realizando para Chocó y las estrategias para fortalecer el turismo en medio del conflicto, pero no envió la respuesta que prometió.

Sobre los ríos y las carreteras —varias en estado precario— de Chocó no se observa mayor movimiento desde las primeras horas de hoy. En la tarde del pasado miércoles, el Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) decretó un paro armado en todo el departamento, ordenando a la población abstenerse de transitar por el departamento para “evitar cualquier incidente”. 

El grupo guerrillero asegura que con estas acciones busca “visibilizar la grave situación humanitaria” por el accionar de la fuerza pública y el avance del paramilitarismo en el departamento, pero las comunidades resaltan que precisamente este tipo de acciones los dejan aún más vulnerables dentro de una cadena de violencias que han agravado el conflicto en los últimos años en varias regiones del Chocó. 

“Ningún grupo armado, venga de donde venga, representa a las comunidades. Y menos defiende sus derechos. Ninguno absolutamente. Cualquier acción bélica que se haga no es ni en procura de proteger a la comunidad, si no es por intereses guerreristas, para tener dominio sobre economías ilícitas, sean minería, rutas de narcotráfico, extorsión y demás”, expresó Juan*, un experto de la región que pidió la reserva de su nombre. 

“Los paros armados se han convertido quizás en la cuarta estrategia de guerra más utilizada por el Eln, después del reclutamiento, el confinamiento y el desplazamiento forzado”, complementa. Estas acciones han debilitado las estructuras organizativas de las comunidades afrodescendientes e indígenas, y han instalado el miedo. 

Según el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), entre 2024 y 2025, han tenido lugar cerca de ocho paros armados en diferentes regiones del departamento, en especial en las subregiones de San Juan y Baudó. Este sería el primero de carácter departamental en ese periodo, establecido desde el día de hoy por 48 horas.

Además del comunicado del grupo guerrillero, la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, aseguró que “se han difundido por redes sociales y medios locales distintas amenazas y restricciones para los ciudadanos y servidores públicos del territorio”.

“Las comunidades vamos a estar acogidas 100 por ciento al paro. La Gobernación sacó un comunicado pidiendo que sigan las dinámicas normal, pero a nosotros nos toca asumirnos al paro”, lamenta un líder del departamento que pidió la reserva de su nombre. Como él, otros líderes y lideresas, así como familias enteras, se han concentrado en los cascos urbanos y centros poblados de todo el departamento para acompañarse mientras pasa el constreñimiento. 

¿Qué conflictos tienen lugar en el Chocó?

La Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales han alertado en los últimos años que los actores armados están llegando a sangre y fuego para quedarse con varios territorios estratégicos del departamento. Tras un periodo de relativa calma luego de la firma del Acuerdo de Paz, los grupos armados ilegales empezaron su avanzada por el territorio para quedarse con los pedazos que controlaban las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). 

Para finales de 2017, el Eln pasó de las subregiones del San Juan y el Baudó hacia zonas que nunca había ocupado, como el Medio Atrato. El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Egc, antes Agc), herederos del paramilitarismo, iniciaron su expansión desde el norte, por el Bajo Atrato y el Darién, donde las autodefensas han mantenido el control durante las últimas tres décadas. “Hay que ver, por ejemplo, el impacto del paro en  regiones como el Atrato Medio y Bajo, donde ciertamente ellos no tienen una hegemonía territorial”, advierte un líder que pidió la reserva de su nombre.

Cuando el Estado se contrajo por la pandemia por el covid-19, entre 2020 y 2021, los grupos avanzaron por la región e incluso se afianzaron en las cabeceras municipales. Entre 2018 a 2020, las confrontaciones se concentraban en el Bajo Atrato y Darién, particularmente en los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, en la costa Pacífica y parte del Medio Atrato. Con el avance de las Egc, para 2021 ya había subido hasta la región del Baudó, causando grandes confinamientos y dejando un saldo de 8.000 personas desplazadas, según estimaciones de la Defensoría regional. 

En agosto del 2021, en el San Juan se desató el infierno: el pacto operacional que tenían el Eln y el Egc, con el cual se repartieron la subregión y evitaron enfrentarse, después de 4 años se rompió. Con los combates, se han desplazado miles de personas y varias comunidades permanecen confinadas. En el San Juan se están constituyendo nuevos corredores para los intereses económicos, que buscan salir a Buenaventura, norte del Valle del Cauca y Risaralda.

Actualmente hay 10 alertas tempranas vigentes para todo el Chocó, desde el año 2020. Desde entonces, las confrontaciones entre ambos grupos se han agudizado en las subregiones de San Juan, Baudó y Alto y Medio Atrato. Ahora las confrontaciones se agudizan en el Alto Atrato y precisamente derivan en este paro armado. 

¿Qué pasó en Lloró?

En el comunicado difundido, el grupo armado denunció que el pasado 20 de julio, miembros del Ejército arribaron a la comunidad de Chiriquí en el municipio de Lloró, ubicada a tres horas por el río Atrato desde el casco urbano, y retuvieron a 12 personas afro e indígenas, entre ellos menores de edad.

“A estas personas las obligaron a patrullar junto a los militares en busca de campamentos del Eln poniendo en riesgo su vida e integridad física”, se lee en el comunicado. Incluso acusa que “a esto se suma el hurto de dineros pertenecientes a la comunidad, teléfonos, electrodomésticos, gasolina y enseres de hogar”. Al día siguiente, señalaron que se detuvo y torturó a otro labriego de la región.

La detención arbitraria, el involucramiento forzado de la población civil, así como actos de tortura, representarían una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH). “Es condenable y es inaceptable que se involucre a la población civil y que se violen los derechos humanos, como aparentemente ha sucedido en el municipio de Lloró”, expresó Juan*.

Varios líderes con los que habló Consonante precisaron que siguen intentando verificar con precisión estos hechos, pero advierten que hay inconsistencias con lo que describe el grupo armado en el comunicado. Fabián*, líder del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina y Popular del Alto Atrato (Cocomopoca) —el territorio colectivo de comunidades negras más grande de la subregión del Alto y Medio Atrato—, aclara que Chiriquí es una comunidad afro asentada sobre la cuenca del río Atrato y que en los últimos meses también algunas comunidades indígenas cercanas han padecido la guerra. Para él, el comunicado del Eln es confuso y no cuenta a detalle la situación que están viviendo ambos pueblos. “No es un solo hecho aislado. Son varios y el comunicado parece que habla de manera general”, dijo.

Allí, como lo explica Fabián*, la guerra los está asfixiando. “En los últimos tres años en la cabecera municipal se viene presentando una guerra sangrienta”. El municipio tuvo una presencia histórica del Eln, pero actualmente los paramilitares se han hecho un lugar en Lloró, especialmente en la cabecera municipal y otros centros poblados del municipio. En la disputa que libran, los actores armados han instrumentalizado a la población civil, obligándolos a realizar tareas como transportar paquetes. Si se resisten, las consecuencias pueden ir desde que les quiten sus motores y lanchas hasta que atenten contra su vida. Por su parte, la presencia de la fuerza pública —que por años ha sido débil— ha venido estigmatizando a las familias de la región.

“De un lado, que de manera voluntaria la población civil esté diciendo ‘somos afín con este grupo’, de esta forma no ha pasado. De otro lado, la respuesta de las fuerzas militares ha sido muy agresiva con la población civil; aseguran que las familias de la zona rural de Lloró están al servicio de los grupos armados, pero sin ningún principio serio que conlleve a identificar que así sea”, explica el líder que pidió el anonimato, quien aclaró que los grupos armados también están estigmatizando a las comunidades como colaboradoras de su enemigo y lamentó que el Eln esté utilizando estos hechos para, a conveniencia, decretar el paro armado. 

¿Qué dice la institucionalidad?

A través de las redes, el pasado 23 de julio las Fuerza Militares anunciaron que en Lloró habían dado un golpe operacional contra el Frente Guerrillero Manuel Hernández “El Boche”, perteneciente al Frente de Guerra Occidental del Eln, que opera en el municipio de Lloró. Precisó que consiguió la desmovilización de dos miembros de la organización e incautó computadores, celulares y armas. 

Por su parte, el comandante de la Décima Quinta Brigada, William Fernando Caicedo Benavidez, dio detalles sobre el operativo de Chiriquí. Hace dos días, en un video aseguró que el paro armado se trató de una retaliación del Eln por las operaciones militares que la Fuerza Pública adelantó el fin de semana pasado en esa comunidad de Lloró, un despliegue aéreo de cerca de 120 militares. “Se logró la ubicación de un área campamentaria para aproximadamente 30 miembros de este cartel del Eln. Allí era un sitio por el cual se pasaban los secuestrados como (...) el caso del ingeniero Arnold Rincón, el director de Codechocó —liberado el pasado 29 de junio—”, dice el brigadier general. 

En esa operación precisó que lograron incautar drones, propagandas y una emisora del Eln, además de señalar que las familias afro estaban siendo usadas como escudos humanos por el grupo guerrillero. “No es que hayan campamento dentro de Chiriquí. Allí lo que sí ha pasado es que la comunidad se ha desplazado casi en un 80 por ciento. Sus viviendas han quedado abandonadas y lo que podría estar pasando es que los armados estén utilizando de manera temporal sus casas”, cuestiona Fabián*, quien espera que en las próximas semanas se realice un acompañamiento psicosocial a esta comunidad y conocer la verdad. 

Según la Gobernación de Chocó, el Ejército y la Armada, en coordinación con la Policía, fortalecieron la presencia institucional en los corredores viales y fluviales durante el paro armado, con especial énfasis sobre las inmediaciones del municipio Unión Panamericana y el corredor Quibdó e Istmina. 

“Las unidades militares y policiales continuarán desplegadas a la largo y ancho del departamento, especialmente en la zona del Alto Atrato y en el municipio de Lloró, ejerciendo control militar de área y desarrollando operaciones ofensivas contra todos los Grupos Armados Organizados”, señaló en un pronunciamiento el Comando General de las Fuerzas Militares. Además recordó que actualmente no hay ningún cese al fuego vigente que limite el actuar de las Fuerzas Militares para adelantar operaciones ofensivas contra los grupos armados que hacen presencia en el departamento.

*Nombres cambiados por seguridad.

A pesar de la lluvia, en el estadio Emiliano Chaverra, en el corazón de Tadó, siguió rodando la pelota. Hasta el final, los hinchas de cada equipo alentaron a los veintidós jugadores que se disputaron el trofeo de la final del campeonato Rey Barule 2025, el pasado sábado 5 de julio. Se trataba del seleccionado La Unión y La Colonia. 

La preocupación empezó a notarse en la hinchada de La Unión cuando Kaleth Perea Bermúdez, delantero de La Colonia, con un desborde extraordinario, abrió el marcador con un golazo. Fue el inicio de la victoria para su equipo que ganó con un 3-0.

La Copa Rey Barule es el evento deportivo más importante de este municipio, el cual hace más de tres años no se realizaba debido a la modificación del escenario deportivo, el más importante que tiene la comunidad tadoseña. Por eso jugadores como Yeicar Perlaza, quien hace poco se coronó campeón de fútbol profesional colombiano con el Independiente Santa Fe (Bogotá), insisten en no querer perderse este torneo como espectador.

“Es algo gratificante jugar en la tierra que lo vio nacer a uno, me vine lo más rápido que pude, porque tenía ganas de jugar este torneo”, expresó Perlaza. Desde el 2017, no jugaba este campeonato. Recuerda que antes se jugaba en una cancha de arena, desde la inauguración en marzo de este año, los jugadores se disputan los partidos en el césped sintético. “Gracias a Dios tenemos un mejor escenario y espero que lo puedan adecuar de la mejor manera”, agregó. 

Muchos tadoseños encuentran en esta copa un escape a la violencia, además, a través de la promoción del deporte las autoridades locales le apuestan a alejar a los jóvenes del consumo de sustancias psicoactivas.

Esta versión del campeonato contó con la participación de 16 equipos del casco urbano y la zona rural, incluidas dos comunidades indígenas Emberá: Tarena y Mondo. El pasado martes 24 de junio inició la competencia y se disputó durante 11 días. Antes este evento se realizaba a principio de año, una vez culminado el torneo Amistades del San Juan Andagoya.

Este año también se implementó una mascota: un gato con el nombre de Barule, en homenaje al líder cimarrón, esclavizado durante el periodo colonial, quien se proclamó rey de un palenque que fundó en Tadó. 

Se disputaron aproximadamente 36 partidos. La Colonia, equipo campeón, representó a la zona urbana del municipio, dirigida por el reconocido director técnico Dalio Murillo. El equipo de La Unión, como subcampeón, estaba conformado por jugadores de la zona rural: deportistas de los corregimientos y veredas del alto San Juan. El tercer puesto lo ocupó el equipo de San Pablo.

Qué dice la gente

Kaleth Perea Murillo, fue la estrella de la final. Abrió el marcador en el segundo tiempo y en total marcó dos goles que sirvieron para sellar la victoria. “Vivir un partido de una final es algo muy emocionante. Antes de entrar al terreno de juego el profe Dalio Murillo nos sentó y nos dio una charla muy buena”, expresó Murillo. 

Farebley Mosquera es el director técnico del equipo de La Unión, quien expresó el orgullo que significa para su equipo haber obtenido el segundo lugar. “Siempre hemos dado la lucha, a pesar de que no contamos con una cancha donde se pueda jugar fútbol once, solo contamos con placas deportivas donde solo pueden jugar cinco personas”, expresó. El nombre del equipo lo eligieron porque precisamente lo conforman jóvenes talentosos de las comunidades de Bochoromá, Carmelo, Playa de Oro, Tabor, Gingarabá y Brubata.

“Por eso hoy le demostramos al mundo, al municipio de Tadó, que la unión hace la fuerza. Esta es nuestra segunda final consecutiva, es importante resaltar que, aunque en esos centros poblados no se cuenta con escenarios deportivos en óptimas condiciones, hay talento”, agrega Mosquera.

En esta versión, para la premiación se contó con un presupuesto de seis millones. En otras palabras, el campeón se quedó con el premio mayor equivalente a tres millones de pesos; el segundo y tercer puesto, con dos y un millón de pesos respectivamente.

Wilmer Cossio Garcés, coordinador de deportes en Tadó, resaltó que la administración municipal cubrió los gastos de arbitraje, hidratación, alimentación y transporte de las personas del alto San Juan, así como los uniformes de todos los equipos. 

Consonante le preguntó a Garcés, así como a Juan Carlos Palacios Agualimpia, alcalde del municipio, cuánto presupuesto destinó la institución territorial para esta copa, pero no entregaron detalles de los rubros.

Qué dicen las autoridades 

El arbitraje fue el blanco de críticas de esta versión de la Copa Rey Barule. El evento de este año solo contó con la participación de un solo integrante de la terna arbitral del municipio de Tadó porque, según algunas versiones, la falta de diálogo fue el causante de que no hubiera un mutuo acuerdo entre la administración municipal y el cuerpo arbitral.

Así lo confirmó el mandatario de los tadoseños, Juan Carlos Palacios: “la terna arbitral, conformada por integrantes del municipio de Tadó, tomó la decisión frente a la propuesta de pago hecha por la administración. Además de ello, nunca se acercaron a la alcaldía para definir un valor, con base en esto no nos detuvimos para la realización del deporte”. 

Para Carlos Murillo, integrante del comité interdisciplinario del torneo, se trató de un tema a discutir. “Son decisiones interpretativas donde cada árbitro pita lo que considera bajo un reglamento, por eso invito a la administración y ente contratante de la terna arbitral para que en el próximo torneo haya un buen diálogo, ya que para eso hay personas capacitadas aquí”, expresó Murillo.   

Lo que sigue 

Se espera que la próxima versión del torneo Copa Rey Barule se realice a principio del próximo año, como siempre ha sido usual y que, por otro lado, exista un buen diálogo, para que los profesionales deportivos, especialmente los árbitros del municipio, sean tenidos en cuenta para que se pueda gozar de un buen espectáculo del fútbol en Tadó.

Como tajadas acompañando los huevos del desayuno, en cubitos sobre el arroz clavado o hecho migas sobre una arepa, el queso es un ingrediente infaltable en la mesa de muchos colombianos. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado cómo se produce y de dónde proviene el queso que consume? Si la respuesta es “del Caquetá”, Astrid*, investigadora de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advierte que “la mayoría de los consumidores no sabemos qué es lo que estamos comprando”.

En el sur de Colombia, el Caquetá alberga una de las cadenas de producción láctea más importantes del país. A pesar del abandono estatal y la presencia de grupos armados ilegales, este sector sigue creciendo. Sin embargo, sus métodos preocupan a los científicos por el impulso de un modelo económico que es incompatible con el ecosistema. En esta región, los suelos son mayoritariamente arcillosos, con altos niveles de hierro y aluminio, y apenas una delgada capa fértil. Aun así, la ganadería se ha extendido por casi dos millones de hectáreas en todo el departamento.

Esa industria se ha abierto paso en varias ciudades del país, en parte, con acciones para realizar una producción sostenible. La cooperación internacional ha visto en el queso una oportunidad para tender puentes entre la producción local y la conservación. Por eso ha respaldado la cadena láctea del Caquetá, reconociendo el potencial de su marca regional.

Desde finales de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) otorgó la denominación de origen, el reconocimiento de cualidades únicas por la geografía y producción tradicional, a los quesos del Caquetá. Se trata del quesillo, el queso doble crema y el queso picado salado. 

Con apoyo del Fondo Europeo para la Paz, la industria se ha venido fortaleciendo en los últimos años. Uno de los logros más recientes fue la apertura, en abril de este año, de una tienda en Bogotá dedicada exclusivamente a la venta de quesos caqueteños, como parte del Programa Rutas PDET, financiado por la Unión Europea.

Sin embargo, y de la misma forma que ocurre con la industria cárnica, en la sombra se mueve una parte de la cadena de producción láctea que nadie controla y que se reproduce en zonas deforestadas. “Estamos conscientes que la actividad ganadera es una de las actividades que potencialmente se pueden asociar con fenómenos de deforestación, en particular en Caquetá”, reconoce Alberto Menghini, jefe de cooperación de la Unión Europea. 

Desde este sector de la comunidad internacional se ha buscado darle una ventaja competitiva a la producción láctea del Caquetá, apostando por quienes creen en una ganadería más sostenible. “La apuesta desde la Unión Europea ha sido trabajar con esos grupos de agricultoras y agricultores ganaderos de la región que creen en un proceso de sostenibilidad”, explica Menghini. Las iniciativas impulsadas apuntan a mejorar el manejo de las fincas, haciendo más eficientes las actividades ganaderas sin abandonar la producción. Algunas incluso promueven la venta de bonos de carbono o la creación de reservas naturales de la sociedad civil.

Campesinos, ganaderos y empresarios han suscrito acuerdos de conservación, a través de los cuales la cadena láctea de producción, transformación y comercialización, busca cuidar el ecosistema amazónico, pero a la fecha no han significado lo que esperaban. A un número importante de productores, no les dan los números para conservar la selva. “Muchos campesinos están diciendo: ‘lo que estoy conservando es nativo, no lo quiero derribar, pero estoy aguantando hambre’”, señala Fabián Rivera, veterinario y ganadero de San Vicente del Caguán.

Para algunos expertos, este tipo de producción de queso refleja la historia del desamparo de los campesinos de la región. “Sin tener más remedio y habiendo vivido la criminalización cuando sembraban coca, ahora pasaron al queso. No han tenido mayor oportunidad de migrar hacia otras economías que sean más sostenibles”, señala Andrés*, también investigador de la FCDS. “Gran parte de los campesinos que se dedican a la ganadería y sobre todo a la leche y el queso son personas que no tienen otra alternativa económica”, complementa. 

Quesos industriales y artesanales

Cada día, varias camionetas con suspensiones reforzadas recorren las trochas de San Vicente del Caguán para recoger la leche de las fincas y llevarla hasta los centros de acopio. Pero lo hacen sin sistemas de refrigeración. “En Caquetá no sacamos una sola gota de leche líquida para ninguna parte. Aquí todo sale convertido en queso”, afirma Magda Triana, coordinadora de proyectos del Comité Departamental de Ganaderos de Caquetá (CDGC).

En este municipio —como en muchos otros del departamento— la producción láctea se divide en dos grandes formas: una industrial y otra artesanal. Ambas, sin excepción, terminan en el queso.

De un lado, las rutas de recolección llevan la leche de los campesinos del municipio a puntos de acopio o plantas transformadoras donde se convierten, principalmente, en quesos hilados. “Es una leche que no llega en las mejores condiciones de acidez. Aquí en promedio una ruta de leche dura cuatro horas y media para llegar de una finca a una planta”, explica Triana. 

Solo en 2024, en Caquetá existían 125 empresas dedicadas a la elaboración de productos lácteos. De esas, 53 se registraron en la Cámara de Comercio de San Vicente del Caguán, uno de los municipios con mayor actividad ganadera del departamento. Entre las marcas más reconocidas del municipio están Lácteos La Caqueteña, Alimentos Gamar, Lácteos del Campo Caqueteño y Quesillos Caquetá. Según estimaciones del Comité de Ganaderos, la industria estaría absorbiendo cerca del 50 por ciento de la producción láctea del departamento: unos 997.000 litros de leche al día.

Cumplir con la calidad que esperan las quesilleras y demás partes de la industria láctea es difícil. La falta de energía, las largas distancias y el mal estado de las vías —tanto terciarias como las que van hacia Neiva y Florencia—, sumado a la precariedad para el ordeño, limpieza de recipientes y almacenamiento de la leche hacen que ésta pierda calidad. 

Para el caso de la producción industrial, la leche se pasteuriza. “Se cuaja y se vierte en unos equipos que se llaman trompos de hilado y ahí duran hasta una hora a más de 95 grados centígrados. Todos los microorganismos patógenos que pudieran estar en él, mueren a 50 grados”, explica Triana, quien también es profesional en Química. 

Por otro lado, cuando las fincas están ubicadas en zonas apartadas —a veces a ocho horas de distancia—, la falta de cadena de frío impide transportar la leche sin que se dañe. Para evitar pérdidas, los campesinos optan por transformarla directamente en sus predios en queso picado salado, un tipo de queso con alto contenido de sal que permite conservarlo por más tiempo. Luego, comerciantes e intermediarios llevan este producto a las quesilleras, que lo procesan y lo distribuyen en ciudades como Neiva, Huila, el Valle del Cauca y Bogotá. De acuerdo con el CDGC, en el departamento se destinan diariamente alrededor de 980.000 litros de leche para la elaboración de queso picado salado en las fincas.

“Asociaciones de compradores sacan un registro Invima, que no tiene mayor complicación, y son quienes lo venden. O sea, la asociación de compradores le vende el empaque al productor del queso”, explica Triana. Así, metiéndolo en una bolsa con sellos de una empresa, se legaliza la producción. Estos quesos no suelen comercializarse para el consumo directo, sino que se emplean como materia prima para otros alimentos. “Se usan para amasijos. Así el queso picado salado se mete a un horno a 200 grados centígrados y todo lo que pudiera haber ahí vivo hablando de riesgos microbiológicos, muere”, explica la vocera del CDGC.  

Reconociendo el doble propósito de cría de ganado, los investigadores de la FCDS empezaron a hacerle seguimiento al inmenso mercado lechero en Caquetá. “El queso es algo que no se había tenido mucho en cuenta dentro de todos los análisis que se hacen sobre trazabilidad del ganado. Si bien el sistema de trazabilidad de ganado en pie ya es un poco insuficiente sobre todo en estas zonas con tantos niveles de informalidad, con el queso es aún más”, expresó Andrés, de la fundación.

Esa organización investigó a detalle la producción y transporte del queso salado en el municipio de Cartagena del Chairá, también en Caquetá. “Es la manera de hacer eficiente un producto”, advierte Astrid*. Allí encontraron que buena parte de las fincas más alejadas del casco urbano realizan queso picado salado, intermediarios se los compran y luego envían los bloques de queso en barcazas que navegan por el río Caguán. Después, quesilleras los acopian, reempacan y revenden, mayoritariamente, a panaderías del Valle del Cauca para elaborar la gastronomía tradicional de la región, como el pandebono. Una odisea que puede tomar hasta 15 días sin cadena de refrigeración.

Según han encontrado, se trata de rutas queseras que se extienden entre San Vicente, Cartagena del Chairá y La Macarena (Meta). “A medida que va mejorando el sistema de las vías, ya sean hechas por la comunidad, pues va ingresando la quesera, se adentra en el territorio y pasa de queso picado salado a la producción con la quesera”, dice Astrid* de la FCDS.

El sector ganadero coincide en que los problemas de inocuidad no son intencionales y que existe una voluntad generalizada por mejorar las prácticas. Saben que, a mayor calidad de la leche y del queso, mejores serán los precios en el mercado.

Con ese propósito, el CDGC y el Programa Rutas PDET elaboraron una cartilla dirigida a campesinos de zonas apartadas, con recomendaciones para optimizar la producción láctea y reducir costos. Una de las guías explica cómo construir módulos rurales que permitan producir queso salado picado a partir de leche cruda, sin necesidad de conservarla diariamente en cadena de frío.

“Ya hay gente implementándola, haciendo las cosas muy bien. Infortunadamente son muy pocos, hemos llegado a menos de 400 personas”, reconoce Triana. Las largas distancias y la dificultad para reunir a los queseros han dificultado que se reproduzca el modelo. 

Responsabilidad ambiental

“En el sector lácteo pesa mucho el transporte de la leche. La leche es 87 por ciento agua y 13 por ciento sólidos, es decir, que el mayor porcentaje de rendimiento que puedo tener en un queso es el 14 por ciento, todo el resto es agua. Ese lactosuero se lo tienen que devolver al productor para que alimente cerdos. O sea, hay un doble transporte generando gases de efecto invernadero. Cuando se produce queso en las fincas el impacto es menor”, explica la vocera del CDGC. Pero el mayor problema ambiental es la tala.

Si bien no hay cifras exactas del impacto de la actividad lechera en la deforestación —tanto por lo difícil de realizar trazabilidad a la ganadería como por el doble propósito de la cría de estos animales—, la FCDS resalta que así como avanzó el hato ganadero en el departamento, a la par aumentó las cifras de deforestación. “En las praderas recién deforestadas el ganado engorda más rápido”, precisa uno de los investigadores de la FCDS.

La ganadería ha estado en el ojo de la deforestación, pero en Caquetá se ha tratado de una economía consolidada hace más de medio siglo con la llegada de los labriegos que colonizaron estas tierras. Por muchos años, la mayoría de campesinos sustentaron su economía a través de los cultivos de coca y la deforestación era poca, en parte por el control de las extintas Farc. Tras la firma del Acuerdo de Paz y la sustitución de los cultivos ilícitos, las cifras de deforestación en la Amazonía se dispararon y Caquetá experimentó un crecimiento ganadero. 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha establecido que entre 2016 a 2023 en Caquetá han sido deforestadas aproximadamente 256.000 hectáreas. Para 2025, la institución advirtió que San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá hacen parte de los núcleos de deforestación más afectados del país.  

Sin embargo, el seguimiento a la producción es limitado, incluso para las propias empresas queseras. Aunque exista voluntad de hacer una producción más responsable, al final su principal interés es adquirir lácteos para procesar y vender queso, arequipe o arroz con leche. Además, en las rutas de recolección, es común que en una misma cantina de 220 litros se mezcle la leche de varios productores, sin posibilidad de distinguir si proviene de ganaderos que están protegiendo la selva o no.

El CDGC ha desarrollado un sello para diferenciar la producción, bajo la marca de ‘Leche proveniente de fincas aliadas al pacto Caquetá’, que le otorgan a productores que tienen un plan de manejo ambiental y seguimiento. También hay incentivos sobre la buena calidad y el compromiso con el medioambiente, pero las fuentes consultadas concuerdan en que se trata de una fracción mínima, en parte por la competencia desleal de intermediarios e informalidad en el mercado.

“Decir que el queso picado salado viene solamente de fincas que se formaron hace 10 años, eso sí es imposible, tendría que haber una trazabilidad muy rigurosa. Existe sellos de denominación de origen y se hacen acuerdos de conservación, pero cerca a Florencia o a los cascos poblados de algunos municipios”, agrega Astrid*, en las extensas llanuras de la Amazonía, la producción no tiene regulación.

Los ganaderos con los que habló Consonante sostienen que las talas que realizan los pequeños pecuarios ya afincados en la región son controladas, mientras que un papel crítico en la deforestación lo están jugando los acaparadores de tierras. “Acá no se puede graduar de ganadero a un criminal que acapara tierras porque pone una vaca después”, cuestiona Triana.

En los últimos nueve años, personas, algunas externas al municipio, invitan —y financian— a personas a tomarse con ellos la selva, con la expectativa de quedarse con la tierra. Según algunas fuentes, el precio que se está pagando en el municipio por deforestar una hectárea es de dos millones de pesos.

Además, campesinos y ganaderos de la región se enfrentan a la presión de grupos armados. Según varios labriegos con los que habló Consonante, estas estructuras están obligando a talar a 100 metros al borde de las carreteras. Estas acciones responderían a una estrategia de combate para tener visibilidad a la hora de transitar o iniciar una confrontación. “Los que estamos en territorio sabemos que nadie puede derribar el bosque porque quien manda en el territorio son las disidencias de las Farc”, señala uno de los labriegos que pidió la reserva de su nombre. 

Además de autorizar y recibir dinero por la tala, los actores armados han impuesto vacunas a la población por el tamaño de los predios, sin importar qué parte esté conservada o en producción. En la región hacen presencia las estructuras al mando de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’.

Un negocio en crecimiento 

En 2025, el hato ganadero del Caquetá representó el 7,7 por ciento del total nacional, según datos del ICA, lo que lo posiciona como el quinto departamento con mayor número de bovinos, después de Antioquia, Meta, Córdoba y Casanare. En total, el censo reportó más de 2,3 millones de cabezas de ganado en el departamento, de las cuales el 41,7 por ciento —es decir, unas 982.700— están en San Vicente del Caguán. Por su gran extensión territorial, este municipio no solo concentra la mayor parte del hato ganadero del Caquetá, sino que es el de mayor número de bovinos en todo el país. Según estimaciones de los gremios del sector, en San Vicente hay más de 10.000 ganaderos de distintos niveles.

“El 41,1 por ciento de los predios posee dentro de su inventario ganadero, menos de 50 cabezas, y el 67,4 por ciento tiene menos de 100. Esto ratifica que la producción de carne y leche en el departamento se hace a pequeña escala, en unidades productivas muy lejos de ser catalogadas dentro del denominado latifundio ganadero en el país. Solamente el 0,3 por ciento de las fincas registran una población superior a mil bovinos”, precisa el CDGC en un informe de este año.

A partir de los datos de la vacunación bovina de 2025, el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá (CDGC) estimó que el tres por ciento del inventario ganadero del departamento se dedica exclusivamente a la producción lechera, mientras que el 78 por ciento corresponde a ganado de doble propósito, es decir, para carne y leche. Entre 12.000 y 13.000 ganaderos venden su leche a empresas procesadoras, y cerca de 8.000 se dedican a la elaboración de quesos artesanales. En total, se calcula que en el departamento se producen diariamente unos 2 millones 17 mil litros de leche.

Según el CDGC, la producción lechera en Caquetá ha mostrado un crecimiento sostenido. En 2016, la producción anual fue de 487 millones de litros, lo que generó ingresos por 486.000 millones de pesos para los ganaderos. Para 2023, esa cifra aumentó a 690 millones de litros, con ganancias estimadas en 1,24 billones de pesos.

Fabián Rivera, ganadero de San Vicente del Caguán, calcula que cerca del 70 por ciento de los ganaderos del municipio tienen menos de 50 cabezas de ganado, y que, de esas, unas 10 vacas se destinan al ordeño. Con esa cantidad, una familia puede llegar a recibir alrededor de 1.200.000 pesos mensuales por la venta de leche. Por otro lado, una arroba de queso puede venderse entre 150.000 y 200.000 pesos. Sin embargo, cuando las rutas de recolección de leche no llegan hasta las fincas, los campesinos deben transformar la leche en queso para no perderla, lo que genera una sobreoferta y hace que el precio caiga hasta los 35.000 pesos por arroba. “Muchas veces es mejor darle ese queso a los marranos o a las gallinas, porque no es rentable sacarlo”, dice Rivera.

En septiembre del año pasado, el gremio se vio afectado por el cierre de operaciones de la planta de producción de Nestlé Colombia en Florencia, Caquetá. Según explicó en su momento el representante en Colombia de la multinacional, se trató de un asunto de eficiencia y estabilidad y no por el orden público. Para la empresa se había tornado difícil llevar la leche que concentraba en Caquetá hacia su planta de Valledupar, en donde continuaba el proceso de transformación.

En los últimos años, la multinacional había comenzado un plan progresivo para trasladar la compra de leche desde Caquetá hacia otras regiones del país. Según informó en un comunicado, en 2020 adquiría el nueve por ciento de la producción lechera del departamento, pero antes de su retiro esta cifra se había reducido al tres por ciento. Aunque a simple vista podría parecer una participación menor que no afecta significativamente el volumen total de producción, su salida tuvo un impacto importante debido a los estándares de calidad que exigía para la compra del producto.

A través de resoluciones, el Ministerio de Agricultura ha establecido un precio base para la compra de leche y algunos montos adicionales dependiendo de la calidad e higiene. Agronet, plataforma de esta cartera, estima que el precio pagado al productor en los últimos tres meses en el departamento es cercano a los $1.700 pesos por litro. Sin embargo, los productores de San Vicente aseguran que no ha sido así.

“No hay control del Estado, así que nos pueden comprar el litro de leche al precio que quieran”, afirma Rivera. Recuerda que Nestlé solía exigir ciertos estándares en el proceso de producción lechera, y por eso pagaba de acuerdo con lo establecido en la normativa. “Se hablaba incluso de ilegalidad cuando no se respetaban esos pagos”, agrega. Ahora, dice, el mercado funciona únicamente bajo la lógica de la oferta y la demanda. “Yo, como ganadero, produzco dos cantinas de leche al día. En la mañana vienen a recogerla, pero solo 15 días después me dicen a qué precio me van a pagar esa producción. En el municipio, el litro de leche puede valer desde 1.100 hasta 1.800 pesos”, explica.

En el departamento han proliferado quesilleras de todo tipo y escala, lo que ha ido de la mano con un aumento en la informalidad del sector. Esta situación ha abierto espacio para comerciantes que acaparan la producción de los campesinos, pero luego no les pagan y simplemente desaparecen. “Esa competencia desleal, de actores que no cumplen con la reglamentación —como los requisitos del Invima—, termina afectando a las queseras que sí están formalizadas”, señala Astrid*.

Investigadores de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) advierten que los precios injustos y la alta intermediación en el mercado lácteo están incentivando la expansión de la frontera agrícola por parte de quienes se dedican a la producción de leche. En la Amazonía, la ganadería enfrenta el desgaste del suelo tras ocho años de uso continuo en un mismo predio, y como muchos campesinos no cuentan con los recursos necesarios para abonar o recuperar la tierra, terminan optando por deforestar nuevas áreas.

“Una gran pérdida para el Caquetá fue la salida de Nestlé”, afirma Sara*, investigadora de la FCDS. “Cuando tienes un comprador que exige altos estándares de calidad, eso obliga a los demás productores a mejorar también sus prácticas. La salida de Nestlé lo que provoca es una relajación general en esos estándares”, lamenta.

Ganaderos contra la deforestación

Preocupados por la deforestación y el papel que juega el gremio ganadero en este fenómeno, un grupo de productores del municipio creó en 2024 la Asociación de Ganaderos Ambientalistas de San Vicente del Caguán (ASOGASANVI). Para ser parte de la asociación, los ganaderos deben estar ubicados fuera de las áreas de parques nacionales y demostrar que en sus predios no se han realizado talas en los últimos años. Actualmente, la organización cuenta con cerca de 200 afiliados distribuidos en distintas veredas del municipio, todos comprometidos con el impulso de una ganadería más sostenible.

Fabián Rivera es miembro del área técnica de esta asociación y asegura que en la región es frecuente que haya menos de una vaca por hectárea, pero con los asociados han trabajado para que, con modificaciones al modelo, pueda establecerse hasta tres reses por hectárea. Esto lo han logrado con inversiones que modifican la disposición y capacidad de las fincas. “Si yo tengo un potrero de 10 hectáreas, pues armo potreritos de media hectárea para tenerlas vacas un día. Eso permite la recuperación del pasto y que yo no me extienda en la frontera agrícola derribando para buscar suelos fértiles”, cuenta.

“Acá en San Vicente, hacer ganadería es un estigma”, lamenta otro reservero y miembro del equipo técnico de ASOGASANVI, que pidió la reserva de su nombre. “Si bien es cierto que la deforestación no ha parado, no es cierto que todo es fruto de la ganadería, no podemos ver a todos los campesinos iguales”.

El vocero señala que los principales problemas detrás del avance de la tala son la falta de ordenamiento territorial, el acceso precario a la tierra y la ausencia de procesos de formalización. En su opinión, avanzar en la titulación de tierras —una demanda histórica de las familias campesinas del municipio ante las autoridades agrarias— es clave para delimitar con claridad la frontera agrícola y frenar la expansión sobre zonas de reserva.

El objetivo de la asociación apunta, en una pequeña escala, a realizar un proceso de trazabilidad en el municipio para garantizar a los consumidores dónde y cómo se elaboró el producto. Un compromiso que asimismo esperan tenga un mayor valor en el mercado. “Para mí la solución estaría en poder gestionar un producto que vaya ligado a temas de sostenibilidad y sellos. Que con esos sellos el gobierno ayude a reducir impuestos ”, dice Fabian.

Aun con esa iniciativa de monitoreo, reconoce que hay quienes podrían tener otros predios y reses en zonas donde no estén preservando, pero la organización parte de la buena fe y cree en el compromiso de sus afiliados. “La leche, el queso y sus derivados son un producto que da para sostener a muchas familias. Yo creo que no se trata de dejar de hacer quesos y comprarlos sino cómo podemos mejorar esa producción para que sea sostenible”, dijo el vocero de la asociación que pidió la reserva de su identidad. “Tiene que haber una estrategia para saber quién está en la zona y entrar a negociar la transformación de los sistemas hacia prácticas ambientales”, agregó. 

Por su parte, el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá (CDGC) ha impulsado la declaratoria de fincas como reservas naturales de la sociedad civil ante Parques Nacionales Naturales, con el objetivo de promover una producción ganadera orientada a la conservación. El gremio ha identificado que el entorno en el que se encuentran los animales influye directamente en la calidad de la leche, lo que ha motivado a muchos ganaderos a proteger los bosques. Como resultado, algunas fincas han comenzado a implementar cambios concretos para reducir la deforestación y avanzar hacia modelos más sostenibles.

Sin embargo, este proceso enfrenta un gran obstáculo: para declarar una finca como reserva natural de la sociedad civil es necesario contar con el título de propiedad sobre la tierra. En Caquetá —y especialmente en municipios como San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá— la mayoría de los campesinos poseen sus predios sin documentación legal. A pesar de esa limitación, en 15 municipios del departamento se han logrado constituir 105 fincas como reservas, y otras 215 están actualmente en trámite.

“El gobierno tiene que llegar a las fincas y verificar cómo se está produciendo, pero hoy quienes hacen esa labor son las organizaciones de productores”, cuestiona Triana, del Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá.

“Toda la responsabilidad y los costos han recaído en el sector privado. Dejen de buscar el problema en los ganaderos, porque aquí la gente trabaja todos los días buscando cómo salir adelante. Más bien, ayúdenos a legalizar ese queso artesanal del que todos se lavaron las manos: el Invima guarda silencio, las secretarías de salud no responden, y el producto termina saliendo en condiciones inadecuadas, en bolsas que no cumplen con la norma”, concluye.

Desde las organizaciones ganaderas y ambientales hacen un llamado urgente al Estado: reconocer la producción que realmente se lleva a cabo en estos territorios y acompañar con políticas efectivas a los pequeños y medianos productores. Este respaldo, dicen, no solo responde a la especial protección constitucional que la jurisprudencia ha establecido para el campesinado, sino que puede convertirse en una oportunidad para fortalecer actividades productivas sostenibles que no comprometan áreas de alta importancia ecológica.

El futuro de la ganadería en Caquetá no puede construirse sobre estigmas ni culpabilizando a quienes consumen queso en otras regiones del país. Requiere mirar con atención lo que sucede en el territorio, garantizar los derechos de quienes lo habitan y acompañar con responsabilidad estatal procesos que hoy, a pesar de las barreras, siguen en manos del campesinado.

*Nombres cambiados por seguridad.

**Consonante buscó a algunas quesilleras de San Vicente del Caguán, pero al final no se concretó una entrevista.

El 17 de diciembre de 2024, los habitantes de Leticia vieron confirmadas las denuncias de corrupción que desde hace años empañaban la gestión de José Huber Araujo Nieto, exalcalde del municipio entre 2016 y 2019, elegido con el respaldo del Centro Democrático. Ese día, la Fiscalía lo arrestó por su presunta participación en un entramado de contratación irregular de obras públicas. Desde entonces, un clima de desconfianza y desesperanza se ha instalado en la ciudad, donde dos de las principales necesidades de la comunidad —el muelle fluvial y la planta de tratamiento de aguas residuales— siguen sin solución.

El muelle fluvial fue concebido como una megaobra clave para mejorar la navegabilidad en el río Amazonas, conectar a comunidades indígenas y fortalecer las economías locales basadas en el comercio y el turismo. Sin embargo, el proyecto, que debía estar terminado a finales de 2019, permanece suspendido desde octubre de ese mismo año. Hoy, el único rastro visible de la obra son unos pilotes oxidados y semienterrados a orillas del río.

La obra fue financiada con 12.000 millones de pesos provenientes de regalías, y desde 2020 los organismos de control encendieron las alertas. La Contraloría General inició un proceso de responsabilidad fiscal en 2023 por $9.581 millones contra varios funcionarios municipales, incluido el exalcalde. Por su parte, la Procuraduría sancionó disciplinariamente a Araujo con una inhabilidad de nueve años y seis meses para ejercer cargos públicos, según la decisión de primera instancia proferida en noviembre de 2024 por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento del organismo.

En medio de esas investigaciones, la Fiscalía adelantaba un proceso penal, por el que Araujo fue enviado a prisión tras ser imputado por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. El ente acusador argumentó que Araujo habría recibido al menos 2.000 millones de pesos en efectivo y consignaciones bancarias a cambio de haber direccionado el contrato a favor de la Unión Temporal Faro, integrada por tres empresas sin la experiencia requerida para ejecutar la obra.

Según le precisó la oficina de prensa de la Fiscalía a Consonante, Araujo no aceptó cargos en la audiencia de imputación, pero sí en marzo pasado durante un interrogatorio. El fiscal del caso en la primera semana de abril radicó escrito de acusación con allanamiento a cargos. Ahora, el ente investigador espera que el juzgado de conocimiento cite a audiencia para oficializar la aceptación de los hechos. 

En el escándalo también fueron procesados dos miembros de su gabinete: la exasesora jurídica de la Alcaldía de Leticia, Ángela Julieth Bautista Grimaldo; y el exsecretario de Planeación Municipal, Argemiro Perdomo Santos, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público e interés indebido en la celebración de contratos.

La hipótesis del ente investigador es que estos funcionarios “no realizaron estudios previos ajustados a las necesidades del proyecto, en relación con precios del mercado, transporte y materiales; adecuaron las cláusulas contractuales a conveniencia de la unión temporal beneficiada; y dieron vía libre para celebrar el contrato con un solo proponente que no cumplía los requisitos técnicos y de ley”, se lee en un comunicado de diciembre del año pasado.

Sin ser enviados a la cárcel, también están vinculados a la investigación por peculado por apropiación los empresarios Édgar Eduardo Santacruz Morales y José Luis Hernández Serrano, quienes se mueven en el sector de la construcción. Santacruz y Hernández, según la Fiscalía, habrían prestado sus empresas para simular el cumplimiento de los requisitos exigidos, participar en la unión temporal y resultar beneficiados con el contrato. Asimismo se les señala de malversar el dinero del proyecto en asuntos personales como el pago de impuestos y deudas.

Por otro lado, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) es una obra en construcción en riesgo de no continuar. Lejos de ser la megaobra insignia de la administración de Araujo, hoy la actual alcaldía hace malabares para salvar el proyecto, pero la desfinanciación y cuestionamientos a la planeación ponen en duda que se logre y la sombra de otro elefante blanco se alza en el centro del municipio.

La importancia de esta obra para la comunidad tiene a los leticianos divididos entre quienes cuestionan la continuación de la obra en el predio donde se desarrolla y otro grupo que presiona a la alcaldía para que consiga los recursos necesarios para terminarla allí.

El proyecto se retrasó por carecer de un predio para realizar la obra, la falta de estudios de suelos y otras deficiencias en la planeación del proyecto. Por eso, la Procuraduría en agosto del año pasado profirió pliego de cargos contra Araujo. La entidad destacó que el exalcalde firmó el contrato por un valor cercano a los 12.000 millones de pesos sin tener en cuenta que la Ptar no iba a poder construirse en los tiempos pactados, “con lo que pudo vulnerar los principios de moralidad y eficacia”, señaló en un comunicado.

La entidad también lo está investigando, junto a otros funcionarios de su administración, por una obra relacionada con el acueducto y alcantarillado del municipio que inició en octubre de 2018. Se habla de sobre costos, desconocimiento de la base normativa para realizar la obra y desequilibrio en la inversión y los resultados obtenidos. La oficina de prensa de la Procuraduría le confirmó a Consonante que Araujo tiene cuatro investigaciones disciplinarias activas. 

“Nos chocamos con una pared muy grande que es la corrupción y frente a eso no se ha podido hacer nada”, lamenta Laureano Roa Bonilla, exalcalde del municipio (1995-1997), quien ha realizado seguimiento a varios proyectos públicos. “Con el objetivo de llenarse los bolsillos de plata, sin importarles si las cosas quedaban bien o mal, tenemos muchas obras acá en Leticia con esos problemas por la falta de una planeación correcta”, agregó.

Desde la secretaría de Planeación, oficina a cargo de Ángela Andrea González, le señalaron a Consonante que, en su interpretación, hay dos factores que afectaron la ejecución del muelle y la Ptar, distinto al entramado de corrupción y las fallas en la planeación: el cambio de gobierno y la pandemia por el Covid-19. 

Desde la veeduría municipal, la ciudadanía ha presionando para que las instituciones le den solución a estas obras que necesita la principal ciudad del departamento del Amazonas. “De nada nos sirve que existan responsables y que se compongan multas, si todo va a quedar abandonado”, expresó Isaac Rodriguez, vicepresidente de la Red de Veedurías Departamental. Estos líderes se han propuesto sacar adelante los proyectos a través de las mesas en las que se revisan estos temas. Pero la tarea es difícil.

Todos los problemas detrás de estos proyectos hicieron que el muelle fuera desaprobado por el sistema de regalías y la Ptar se encuentren en un un desequilibrio económico. Al revisar los contratos y documentos de estas obras y conversar con veedores, Consonante le cuenta las movidas que hoy tiene en crisis ambas obras.  

Un puente de fantasía

Leticia tiene una estrecha relación con el río Amazonas y se conecta como una ciudad portuaria con otras poblaciones de la región a través de sus afluentes. Desde las últimas tres décadas la dinámica del municipio con el río ha cambiado por la formación de un islote  que bordea casi la totalidad de la ribera del centro urbano del municipio. A ese terreno, fruto de la sedimentación del río, se le conoce como la Isla de la Fantasía, un suelo que experimenta inundaciones anuales por las torrentes lluvias del Trapecio amazónico, las cuales llegan a afectar la región durante periodos de tiempo cercanos a los cinco meses.

La Isla de la Fantasía tiene un papel crucial en el desarrollo turístico y comercial. Dependiendo del nivel del río, es favorable o riesgoso el embarque de pasajeros en la región. Cuando el nivel es alto, la problemática principal es el difícil acceso para los turistas a las embarcaciones, dado que no existe una estructura segura.

Cuando el cauce que queda entre la Isla de la Fantasía y la tierra firme de Leticia es demasiado bajo, afecta el tránsito de embarcaciones de porte medio o grande, por lo que los empresarios del turismo y las familias de la región optan anualmente por trasladar las balsas al costado oriental de la Isla de La Fantasía y todo el embarque de pasajeros se hace desde ese lado de la Isla. 

Los turistas y habitantes del municipio deben aventurarse por tablas o entre el fango para embarcarse hacia las comunidades indígenas. 

Pero quienes más se ven afectadas son las familias que se han asentado en ese islote, sorteando las inundaciones y la falta de servicios básicos. Fabiola Vela Linares, oriunda de Puerto Nariño, vive hace más de 20 años en la Isla de La Fantasía en una casa de madera sin electricidad. “Uno acá sufre harto. Por el agua, toca usar canoa. Y si no tienes plata, no puedes cruzar. Para los niños ir al colegio les toca pagar $1.500 pesos todos los días”, lamenta.

En el Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019), el exalcalde Araujo planteó adelantar gestiones para solucionar los problemas de infraestructura de embarque y desembarque fluvial de pasajeros y turistas. Esa aspiración se empezó a materializar desde 2016, con los estudios y diseños de un muelle de pasajeros que licitó el Instituto Nacional de Vías (Invias).

La autoridad de infraestructura vial le compartió los diseños a la Alcaldía para la búsqueda de recursos y en 2018 el municipio postuló el proyecto al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) para conseguir financiación a través del Sistema General de Regalías (SGR) disponibles para el departamento del Amazonas. 

Así, entre abril y junio de 2018, la administración municipal obtuvo $13.674.232.524 de pesos para la ejecución de la obra y la interventoría. El proyecto planteaba la construcción de un puente flotante con una estructura metálica y de madera que iniciaría en la Carrera 12 con Calle 8, atravesaría el río hasta llegar a la Isla. La obra tendría un plazo de ejecución de un año y se acordó un desembolso inicial del 40 por ciento del valor de la obra.

Para el contrato del proyecto y el de la interventoría solo se presentó un proponente en cada una. Para el primero, se trató de la Unión Temporal Faro, representada por Luis Carlos Falla González. La asociación la conforman tres empresas: Traing Trabajos de Ingeniería S.A.S., representada por Édgar Eduardo Santacruz Morales —investigado por la Fiscalía—, Ingenieria WH S.A.S., representada por José Luis Hernández Serrano —también investigado— e Ingenieria y Construcciones Faro S.A.S., representada por Falla. El valor de ese contrato, firmado en noviembre de 2018, rondó los 12.600 millones de pesos. 

La interventoría se acordó por un valor de 1.074 millones de pesos y se la quedó el Consorcio Interfluvial, una unión integrada por la empresa Cayena Consultores e Interventores S.A.S., representada legalmente por Rodrigo José Piedrahita Amín; y Hergoms S.A.S., representada por Jhonattan Alejandro Camargo Ávila.

Para la obra, la Unión Temporal Faro debía certificar como experiencia previa un contrato cuyo objeto fuera la construcción de un muelle fluvial de pasajeros que contemplara dentro de sus ítems la construcción de un puente vehicular. Sin embargo, Santacruz y su empresa Traing Trabajos de Ingeniería presentó un contrato de 2018 en el que había construido un puente vehicular en Saravena y así la alcaldía avaló el requisito.

“Se cumplía con el proceso de publicación de los procesos para que la gente presentara sus propuestas, pero todo iba orientado a favorecer a determinadas personas o empresas con el contrato. Argemiro Perdomo era el secretario de Planeación y entonces él, sin mayor planificación, proyectaba los pliegos de condiciones, proyectaba la contratación de frente a cantidad de inconvenientes y anomalías”, reprochó el veedor municipal, Laureano Roa. “Salieron beneficiadas estas empresas a las que sin el mayor músculo financiero les soltaron los recursos”, agregó. 

Dos de las empresas vinculadas a estos contratos ya estaban siendo investigadas por las autoridades. Los representantes de Ingeniería WH S.A.S. y Hergoms S.A.S. fueron acusados por la Fiscalía de integrar una red criminal que, en alianza con otras empresas y funcionarios de la Gobernación de Guainía —durante los mandatos de Óscar Armando Rodríguez (2012-2016) y Javier Eliécer Zapata Parrado (2016-2019)—, así como de la Alcaldía de Inírida —bajo la administración de Camilo Andrés Puentes Garzón (2016-2019)—, habría buscado direccionar la contratación pública en la región. Según la acusación, los empresarios accedían a información privilegiada suministrada por funcionarios públicos, la cual utilizaban para ajustar los objetos contractuales y otros requisitos a su favor, asegurándose así la adjudicación de los contratos.

Desaprueban el muelle

La Contraloría informó que hicieron falta estudios previos para la correcta ejecución de la obra y advirtió errores en la proyección presupuestal. Desde la oficina de planeación de la alcaldía explicaron que el proyecto había desconocido la normativa sobre movilidad reducida, al no contar con rampas y que “en los diseños se contemplaban todos los pilotes, pero en la parte presupuestal solo se cuantificó una fila”. 

Entre 2019 y 2021, la administración de Araujo y la de su sucesor intentaron solucionar los errores pidiendo más dinero de regalías, pero de nada sirvió: en medio de las investigaciones que habían empezado a llevar las autoridades, el contratista dejó de responder por la obra.

La alcaldía inició el proceso de liquidación del contrato tras constatar que la obra solo alcanzó un avance del 10 por ciento, según el sistema de información de la entidad. Para recuperar los recursos desembolsados al consorcio, hizo efectivas las pólizas de cumplimiento. De acuerdo con la Oficina de Planeación Municipal, en enero de 2024 la aseguradora reintegró la totalidad del dinero a la administración. No obstante, durante la sesión del 5 de marzo de este año, en el marco de los diálogos participativos sobre el contrato, los entes de control afirmaron que la aseguradora solo devolvió cerca de 5.000 millones de pesos, y no los 7.000 millones del anticipo.

“La administración piensa que porque se recuperaron los recursos ya se soluciona el problema. El daño para la comunidad quedó: la obra no se hizo”, reprocha Roa.

Hoy realizar ese proyecto es inviable con los nuevos precios del mercado. Pasó de costar cerca de 13.000 millones de pesos a 17.000 millones de pesos. A través de la resolución 692 de 2024, el SRG ordenó la desaprobación del proyecto y que el municipio de Leticia le devolviera los más de 13.000 millones de pesos que le había girado para el contrato de obra y el de interventoría. La actual alcaldía intentó mantener esos recursos, pero la decisión fue confirmada en la resolución 1558 de 2025.

La Oficina de Planeación reconoció que aún evalúa los pasos a seguir. Esperan que, con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se defina una ruta jurídica clara frente a los dos procesos judiciales en curso relacionados con este proyecto. Según explicaron desde la alcaldía, aunque parte de los recursos fueron reintegrados por la aseguradora y otro porcentaje permanece en las arcas del municipio, existe una porción sobre la que la interventoría —realizada por el Consorcio Interfluvial— asegura haber ejecutado actividades parciales. Este punto ha generado controversias y complejidades jurídicas que aún no se resuelven.

La administración actual, liderada por Elkin Uní Heredia, ha buscado alternativas para sacar adelante esta obra considerada clave para el municipio. Según han señalado funcionarios del Invías y del Ministerio de Transporte, una posible vía sería contratar una consultoría técnica que permita ajustar los diseños originales del proyecto o, si es necesario, elaborar unos nuevos. Por ahora, la Alcaldía continúa en fase de gestión para definir el camino más viable.

Por ahora, son pocas las expectativas y lo que la administración ha resuelto desde el año pasado es mantener una estructura en madera, con el nombre de puente humanitario, para conectar el malecón con la Isla de la Fantasía.  

La Ptar sin un predio para construir

Unas horas antes de que Araujo saliera de la administración municipal, el contrato para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) quedó amarrado. El 31 de diciembre de 2019, se firmó el documento entre la entidad territorial y el Consorcio Construcción PTAR Leticia, para que en 15 meses la ejecutara, pero la siguiente administración, en cabeza de Jorge Luis Mendoza Muñoz (2020 - 2023), se encontró con un gran obstáculo: no había dónde hacer la obra. 

En el pliego de condiciones del proyecto no aparece la cédula catastral o matrícula inmobiliaria del terreno. Como si se tratara de un dato evidente, la administración de Araujo solo precisó en dicho documento que “la planta se proyectó en el lote que permite recolectar el mayor porcentaje de aguas residuales, con el aprovechamiento de las condiciones actuales de drenaje natural del terreno”. Así, sin relacionar los estudios del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado donde se supone estaba identificado el lugar para la obra. 

El proyecto buscaba solucionar definitivamente el problema ambiental de recolección y disposición final de las aguas residuales que actualmente se descargan a los caños y quebradas y que impactan directa o indirectamente al río Amazonas. Para eso, la administración de Araujo presentó el proyecto al OCAD y en mayo de 2019 le viabilizaron cerca de 13.500 millones de pesos de las regalías. 

A pesar de que durante el proceso de licitación tres proponentes interesados en el proyectos realizaron varias observaciones sobre el borrador de pliego de condiciones señalando aspectos como la falta de planos, licencias ambientales —como el permiso de vertimiento de aguas residuales— y pedirle claridad a la alcaldía sobre la propiedad de un terreno para realizar la obra; Argemiro Perdomo, como secretario de Planeación, en una respuesta lánguida no atendió las inquietudes de los interesados y ordenó publicar el pliego de condiciones definitivo de la obra.

Por esa razón y bajo el agravante de la crisis sanitaria por el Covid-19, durante varios meses no fue posible dar inicio al contrato. La administración municipal llevó una larga negociación para hacerse con la propiedad del predio donde se tenía planeado el proyecto, en la Carrera 11 con 5, un terreno de 1,5 hectáreas que las autoridades le habían confiscado a Evaristo Porras Ardila, narcotraficante capo del Cartel del Amazonas. 

Después de una larga negociación, la Alcaldía de Leticia y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) suscribieron la promesa de compraventa el 4 de marzo de 2021 por $1.546.794.270 de pesos, obligando a la administración municipal a aportar el 44 por ciento de ese valor del presupuesto de la alcaldía por no haber contemplado todo este gasto con la financiación de regalías. El negocio solo quedó escriturado hasta el 14 de mayo de ese año, 17 meses después de la firma del contrato. 

El Consejo de Estado ha señalado que la contratación pública debe realizarse bajo el principio de planeación, es decir, de manera organizada, concienzuda y contando con los elementos necesarios que puedan llevar a materializar la obra. 

Este pilar se viola cuando, por ejemplo, las instituciones públicas celebran contratos sin haber adquirido los predios sobre los cuales busca construir determinada obra y puede derivar en la nulidad del contrato, según lo precisó la sección tercera de la alta corte en sentencia del 24 de abril de 2013. Con todo y la flagrante infracción, el contrato continuó. 

“Nosotros como veedores tenemos unas responsabilidades ante la ciudadanía de vigilar la forma como se ejecuta el erario, así como a estar en todo el proceso de estructuración, planificación y ejecución, pero esto no sucede. Nosotros estamos entrando ya en las ejecuciones de los proyectos. Y generalmente hay una mala planificación porque muchos de esos proyectos nacen desde la capital y no contemplan el dinamismo de la región”, señaló el veedor Rodríguez. 

Cuestionamientos al predio para la Ptar 

A pesar de que la administración de Araujo señaló que este terreno era la mejor opción, hay cuestionamientos sobre la idoneidad del predio para esta obra. Roa lideró una veeduría ciudadana sobre este proyecto y desde sus inicios, además de advertir que el predio no estaba en manos de la Alcaldía, señaló que el predio no cumplía con las especificaciones técnicas para construir una planta de tratamiento. 

“La distancia entre la Ptar y las viviendas no cumple. No hay barreras naturales que se requieren. En su momento, no se hicieron los estudios de suelos para ver si el terreno podía resistir todo el peso de la infraestructura”, expresó. Según la normatividad actual del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, la distancia mínima de amortiguamiento para las Ptar en zonas residenciales es de 75 metros desde la vivienda más cercana, pero el lote en discordia está rodeado a menos de 10 metros de viviendas, de centros educativos como la escuela Rafael Pombo y hoteles como el Decameron. 

A los habitantes de la zona les preocupa el perjuicio que puede traer este proyecto ubicado en el corazón del municipio, por riesgos de inundación y malos olores que se pueden generar para habitantes y turistas, como lo ha enseñado el caso de la Ptar Aguas Claras, en el norte del municipio de Bello, Antioquia. 

Roa también cuestionó que se inició con la construcción de las redes de aguas negras sin antes empezar con las obras de la planta de tratamiento y que solo hasta diciembre de 2022 —tres años después de la firma del contrato— se realizaron las socializaciones con la comunidad del barrio El Águila, quienes se verían afectada por el vertimientos de las aguas residuales, desconociendo la opinión de la comunidad incluso desde la ideación del proyecto en 2017. Por eso, estas familias han hecho resistencia a la instalación de tuberías.

“Lo más triste es que en su momento ni la Procuraduría, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, mucho menos la Personería Municipal, habiendo nosotros advertido la situación antes de que empezaran a construir esta obra, actuaron”, reprocha Roa. En 2019, junto a 28 habitantes del municipio, presentaron una acción popular para que las autoridades entraran a deliberar si la obra podría realizarse allí y si se había cumplido con los requisitos de planeación, a fin de evitar que la obra fuera un elefante blanco. Por la pandemia, la compra del lote y las modificaciones que la alcaldía hizo al proyecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que los hechos iniciales de la denuncia habían cambiado y falló en contra de la comunidad y el proceso se archivó en noviembre del año pasado. 

Con los nuevos movimientos del proyecto, el mismo grupo de veedores ciudadanos están alistando una nueva acción popular con modificaciones para conseguir la suspensión del proyecto. Esperan que esta vez el juez le dé prioridad al tema como exige la ley.  “Si nos diera la razón de que esa construcción no es viable allí, entonces, ¿qué va a pasar con toda esta tubería que ya enterraron? ¿Qué va a pasar con toda esa plata que ya se invirtió?”, se pregunta Roa.    

Avance desfinanciado

El Consorcio Construcción PTAR Leticia, representado por Grace Edith Zarate Pesantes, fue el único proponente del cuestionado proyecto. El contrato se celebró por un valor de $11.933.776.807 de pesos y la alcaldía desembolsó el 50 por ciento del valor del contrato —cerca de seis mil millones de pesos— al consorcio a modo de anticipo. Zarate es reconocida en el municipio por haber ejecutado varios contratos en el municipio, uno de ellos, el relacionado con los pozos artesianos para el suministro del agua al acueducto de Leticia, que a la fecha no opera por no contar con la licencia para su funcionamiento. 

La asociación la conforman cuatro empresas: Construnal de Aguas S.A.S., con una participación accionaria del 15 por ciento y representada legalmente por Mario Arturo Rojas Rodríguez; Geosigma Ltda., con una participación del 18 por ciento, representada por Grace Edith Zarate; Invermohes S.A.S, con el 17 por ciento de las acciones y representada por Sergio Gustavo Gómez Herrera; e Ingeambicol S.A.S, con el 50 por ciento de las acciones y representada por Sharon Gianina Moreno Bernal.

Esta última empresa araucana y su representante legal saltaron a la opinión pública por el escándalo de la compra de un jet de lujo para la Policía Nacional por un valor de más de 12 millones de dólares. El consorcio a través del cual se realizó esta operación estaba conformado por tres empresas, varias sin experiencia para estos asuntos, y precisamente la que mayor participación tenía en la asociación, el 90 por ciento, era Ingeambicol. Caracol Radio pudo establecer que la empresa y Sharon Moreno hacen parte de una red de sociedades que mueven la contratación en Arauca. 

Para quedarse con el contrato, el Consorcio Construcción PTAR Leticia tuvo que certificar dos contratos terminados con entidades públicas o privadas, con una cuantía mayor o igual a la del proyecto y cuyo objeto sea la construcción de una  planta de tratamiento de aguas residuales o potables de 100 litros por segundo. Con la experiencia que logró certificar una de las cuatro empresas, Invermohes S.A.S, cumplieron el requisito. Se trató de dos módulos de la PTAR de Tunja, Boyacá, obra sobre las cuales en 2023, la Procuraduría señaló que una parte no estaba en funcionamiento por líos legales y se estaba impactando ambientalmente el Río Jordán.

En 2021, el contratista solicitó realizar un rediseño del proyecto por una variación en el flujo de agua que iba a manejar la Ptar. Después de su aprobación el proyecto avanzó durante todo el año 2023 como nunca antes lo había hecho, pero al año siguiente el consorcio solicitó un serie de suspensiones por desabastecimiento de materiales hasta que manifestaron otro problema: el presupuesto era insuficiente. Desde entonces el proceso se suspendió, quedando en un avance del 51 por ciento del proyecto y una ejecución financiera del 50 por ciento del valor inicial de la obra.

La administración actual, en cabeza de Elkin Heredia, está citada en las mesas periódicas de la Contraloría, dentro de la iniciativa Compromiso Colombia, para evitar que se pierda esta obra. Allí acordaron que el municipio buscaría recursos y el consorcio reinició el contrato en abril de este año, renovando pólizas y generando el balance económico. 

Desde la oficina de planeación le confirmaron a consonante que el municipio ya tiene listos 950 millones de pesos para inyectarle a, pero faltan más recursos. Por eso, la administración de Heredia ha tocado las puertas de la Gobernación de Amazonas para intentar refinanciar la obra, pero la autoridad departamental los dejó con las manos extendidas.

“Nosotros lo advertimos. Comparamos con otras Ptar que se instalaron en otras partes del país y realmente no daba por ningún lado que fueran a terminar esa obra con la plata que estaba presupuestada”, señaló el exalcalde Roa. Según explica, los sobrecostos de un proyecto de tal magnitud tras cuatro años desde que formalmente se empieza a ejecutar, se palpan en los precios de los materiales de construcción. 

Nota: Consonante buscó a Jose Araujo y su secretario de Planeación para conocer más sobre su proceso ante la justicia, pero no se obtuvo respuesta.

Aunque solo tenía siete años, Rosa Isabel Maestre Loperena, líder del barrio Loma Fresca, recuerda cuando se inauguró el Parque Ecológico de San Juan del Cesar. Era 7 de diciembre de 1997 y la obra resonaba en todo el municipio porque sería un atractivo turístico en la región al borde del río Cesar. Se decía que los visitantes podrían caminar junto al río interactuando con la naturaleza y los enamorados podrían citarse para contemplar la luna sanjuanera. Por algunos años, así fue.

Los principales beneficiarios fueron los habitantes del barrio Loma Fresca. Maestre recuerda con nostalgia una de esas tardes cuando el parque parecía brillar. Unas cinco familias de su barrio se encontraron mientras recorrían el parque y se quedaron compartiendo. Corría la hora del almuerzo y entre todos aportaron para realizar un sancocho. Mientras las mujeres cocinaban, los hombres se reunieron en las bancas, llevaron una mesita y empezaron a jugar dominó y cartas. Otros, fueron a los kioskos, colgaron sus hamacas y durmieron la siesta. Los niños jugaban en el río y en los columpios.

Hoy en día ese esplendor del Parque Ecológico es solo un recuerdo. Ya no se observa aquel sendero de árboles que le daba su atractivo, ahora con regularidad lo adornan montones de basura, escombros y todo tipo de desechos. El abandono y la negligencia ocasionó que el parque se fuera deteriorando poco a poco y que los residuos terminaran impactando el río Cesar, que ya de por sí se encuentra en crisis por los veranos y la extracción de arena y gravilla en la región.

Maestre precisó que antes del año 2000 el abandono había empezado a notarse en el Parque Ecológico: los columpios y los resbaladeros empezaron a dañarse y las bancas se deterioraron. El vandalismo también hizo de las suyas al llevarse las redes eléctricas y el letrero con la frase ‘Bienvenido al Parque Ecológico del barrio Loma Fresca’ permanece al día de hoy manchado de carbón y pintura.

El pasado martes se realizó una jornada de limpieza y el espacio volvió a tomar un nuevo aire, pero las expectativas de que se mantenga así son pocas. En ocasiones anteriores, después de unos días de estas intervenciones, nuevamente los desechos son arrojados por los mismos habitantes del lugar y por personas del municipio que contratan a mototaxistas para hacer ese trabajo. Bajo la necesidad económica, los motorizados acceden para hacerse a unos pesos, sin pensar en cómo esta situación termina impactando en el río.

Se trata de una vieja problemática que compete tanto a las autoridades locales como a la comunidad de los barrios que están alrededor.

Una apuesta para cuidar el río Cesar

La iniciativa de construir un Parque Ecológico estuvo a cargo del arquitecto Obed Fragozo Manjarrez, un sanjuanero que para 1996 fue nombrado como el primer secretario departamental para los asuntos de minas, energía y medioambiente de la Gobernación de La Guajira.

Fragozo pensó en dejarle al municipio un proyecto que contribuyera a generar conciencia frente a los recursos naturales existentes en la ribera del río Cesar, fuente hídrica que abastece  la zona urbana y varias poblaciones rurales del municipio. Para entonces, el afluente estaba sufriendo por minería ilegal, la deforestación y la contaminación. Desde entonces el cuerpo de agua era el botadero municipal.

“Tal vez al construir este Parque Ecológico los sanjuaneros pondrían su mirada en el río Cesar, lo cuidarían y se fijarían en las bellezas de su flora y la variedad de su fauna”, pensó en su momento Fragozo.

Así empezó a estructurar el proyecto en compañía de un equipo de expertos que pensaron la obra con un doble componente: servir a la comunidad y preservar el río. De esa manera, en cerca de 2 kilómetros a orilla del río, se planeó construir un sendero con estaciones para descansar, una cicloruta iluminada y adornada de árboles frondosos, kioscos y juegos infantiles como sube y baja, resbaladillas y columpios.  

La secretaría departamental en cabeza de Fragozo realizó un diagnóstico de las especies de flora y fauna presentes en los alrededores del río y adelantó algunos diálogos con los habitantes de Loma Fresca, el barrio junto al proyecto. Con esa información empezó a gestionar recursos y encontró apoyo en Carbocol, la extinta empresa estatal que para entonces estaba a cargo de los intereses del Estado en la explotación de carbón en El Cerrejón. La alcaldía del municipio, bajo el mandato de Jairo Suárez Orozco (1995-1997), y la Gobernación de La Guajira, en cabeza de Jorge Eduardo Pérez (1995-1998) entraron a aportar un pequeño rubro con el que se completó el presupuesto. 

Cerca de 30 años después, a Fragozo le costó recordar el valor exacto de la millonaria inversión. Consonante le consultó a la Alcaldía municipal sobre los detalles presupuestales de esta obra, pero no supieron dar razón sobre algún rubro. 

La comunidad y la administración municipal se comprometieron en mantener en buen estado el Parque Ecológico y el río Cesar, pero con el pasar de los años el juramento se lo llevó el viento. Aunque tiene plenamente delimitada la problemática, la frustración embarga a funcionarios públicos como Rafael Humberto Frías, secretario de Planeación de San Juan. “El Parque Ecológico se deterioró y queda lo poco con lo que hoy contamos. Un bello recuerdo de una buena intención, un decálogo de un buen deseo”, señaló.

Parque en crisis

Entre los desechos, la comunidad ha llegado a encontrar ropa, calzado, jeringas, sillas partidas, nevera en mal estado y animales muertos como perros o gatos. Los morros de basura terminan llegando a orillas del río. El lugar se ha llenado de residuos principalmente por el accionar de personas en vehículos motorizados que llevan los desechos desde otras partes del municipio y los arrojan allí. 

Líderes de la comunidad han alzando la voz para llamar la atención de los mototaxistas que arrojan basuras, pero ellos responden de manera agresiva: “no sean sapos” y “vayan a mirar sus casas”, frases con las que han intimidado a los habitantes, quienes se quedan con los brazos cruzados.

También las mismas familias de Loma Fresca han hecho su parte arrojando basuras en el entorno, una problemática que se agrava por el deficiente servicio de recolección de basuras que la empresa Interaseo está prestando. “Hemos venido realizando unas mesas técnicas ya que la empresa no ha venido cumpliendo con los cronogramas de servicio en muchas zonas del municipio y hemos hecho unos compromisos para que eso mejore en el municipio. Esta zona (Loma fresca y sus inmediaciones) no está alejada de esta problemática”, reconoció Fidel Pitre inspector de Servicios Públicos del municipio.

Maestre resalta que esta situación también ha causado un daño a la niñez del barrio Loma Fresca, ya que no tiene un espacio en óptimas condiciones en donde los niños puedan disfrutar de sus juegos infantiles. En cambio, el parque se ha convertido en un refugio para personas que consumen sustancias ilícitas, quienes aprovechan la oscuridad y las zonas llenas de maleza para esconderse de las autoridades.

Norberto Martínez, habitante de un barrio cercano, recordó que cuando el parque tenía sus luminarias completas se transitaba con tranquilidad, pero hoy en día dice que siente temor. “Yo no puedo ir al río en mi bicicleta después de las 6 de la tarde porque estoy seguro que voy a volver sin ella. Si llevo un celular seguro me lo roban porque hay ladrones que están pendientes”, dijo.

Acción comunitaria

Como líder de Loma Fresca, Rosa Maestre tiene un grupo conformado por miembros del barrio y amigos cercanos, todos dispuestos a trabajar para que el Parque Ecológico vuelva a funcionar. “Nos hemos acercado hasta la administración municipal, se ha realizado limpieza, pero te puedo decir que San Juan entero no tiene sentido de pertenencia con el parque ni con el río. Los desechos que llegan al río de una u otra manera nos están afectando a nosotros como comunidad por las infecciones que esas basuras nos puedan provocar”, expresó la lideresa. 

En 2024 la administración municipal realizó tres jornadas de limpieza, siendo la última en diciembre. La primera de este año solo tuvo lugar hasta el pasado 27 de mayo, con la intervención de la empresa Interaseo y el voluntariado de las Damas Rosadas. Para que esto fuera posible la organización de mujeres mandó una carta a Interaseo solicitando su intervención y así la compañía dispuso cuatro trabajadores armados de machetes y bolsas para combatir la basura. La lideresa de Loma Fresca cuestiona que la intervención de la empresa solo se logre con la petición de la comunidad y no por iniciativa dentro de las obligaciones del esta. 

Luisa Manjarrés, una de las voluntarias, se sorprendió con el nivel de suciedad que llegó a encontrar: maleza, botellas, plástico y desechos fecales. “Una lástima ver este parque en esas condiciones”, expresó con frustración. Durante meses, las mujeres cultivaron en sus casas plantas para sembrarlas en el parque, con la esperanza de que la comunidad cuide ese espacio.

“Es frustrante para los que realizan estas brigadas de limpieza ver que todo su esfuerzo por preservar el lugar limpio es en vano al ver nuevamente pasar las bolsas de basura”, lamentó Rosa Maestre.

Las mujeres planean realizar una jornada más extensiva por toda el borde del río, ya que en esta ocasión solamente pudieron dedicarse a la zona recreativa del Parque Ecológico, donde se encuentran los juegos infantiles. “Es una lástima no poder contar con más personal para lograr una limpieza en todo el lugar donde todavía se puede ver desechos de basura”, expresó Manjarrés, de las Damas Rosadas. Por eso quieren involucrar a vecinos, comerciantes, estudiantes y la administración municipal para que puedan realizar estas jornadas al menos una vez al mes.

Y aunque han contado con el apoyo de las autoridades para frenar estas acciones, cuando dejan libre el parque, los enemigos de la limpieza desvían las rutas de basura hacia corregimientos como Los Pondores y Zambrano. Aunque sus intenciones son las mejores, piden acciones concretas de la autoridad municipal. 

Jugando al gato y al ratón

El cuadrante de Policía ha sido persistente haciendo rondas por los alrededores del Parque Ecológico y el río, mientras el policía de turismo municipal ha realizado jornadas de sensibilización dentro de la comunidad. La Secretaría de Salud y la Policía Ambiental y de Prevención se ha sumado a la vigilancia y se ha logrado minimizar un poco el consumo de drogas y el robo, pero los botaderos de basura no se ha logrado controlar: cuando la comunidad llama a la policía porque uno de estos motorizados está contaminando el parque, cuando llegan la autoridad el parque ha sido contaminado y el sujeto se ha ido.

El inspector de Servicios Públicos del municipio, Fidel Pitre le precisó a Consonante que una de las directrices del alcalde Enrique Camilo Urbina fue rescatar el Parque Ecológico y unas de las acciones que han venido adelantando han sido las jornadas de limpieza con la compañía de la empresa de aseo municipal interaseo y voluntarios, pero reconoció que estas jornadas no bastan. 

“La primera intervención que hicimos en el parque y en el puente que hace parte estructural del parque, dejamos totalmente restablecido la parte ecológica y esos botaderos de basura fueron eliminados. Y a los dos días ya estaba otra vez con basura nuevamente. Entonces es un asunto que pasa por un tema cultural de la misma comunidad”, señaló Pitre. La administración cuenta con dos técnicos ambientales con la misión de formar una cultura de reciclaje y de respeto al ambiente en el municipio, pero los resultados se han quedado cortos.

Por eso el municipio está trabajando en un documento que reglamentará comparendos económicos contra las personas que están disponiendo de los desechos en sitios no autorizados. Según el inspector de Servicios Públicos la propuesta se presentará en agosto ante el Consejo Municipal para su aprobación. Se espera que con el apoyo de la Fuerza Pública se vigile el cumplimiento de la reglamentación ambiental, sin embargo, el secretario de Planeación Municipal, Rafael Humberto Frías, reconoció que San Juan no cuenta con suficientes uniformados de la Policía, pues solo se dispone de 15 agentes para los cerca de 55.000 habitantes del municipio.

El capítulo de turismo del Plan de Desarrollo Municipal de San Juan de esta administración le apuntó a convertir el municipio en un referente en esta materia y para ello Pitre reconoció que debe mejorarse la infraestructura de sitios como el Parque Ecológico, con la venia de Corpoguajira como autoridad ambiental del departamento.

“El alcalde está gestionando en Bogotá recursos por medio de Fontur. Somos un municipio de sexta categoría con recursos financieros limitados, pero el alcalde quiere hacer un esfuerzo máximo para poder hacer un proyecto estructural alrededor del Parque Ecológico”, señaló Pitre.

Alerta sobre el río

Conectado a la problemática del parque, el secretario de Planeación Municipal manifestó su preocupación por el estado del río. Reconoció que el afluente se encuentra en un estado grande de abandono y se espera que la autoridad ambiental regional realice la planificación para rescatar el río. 

A través del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio, la autoridad territorial está realizando el manejo de las áreas ribereñas priorizadas para la protección y conservación del medioambiente, especialmente en lo concerniente al manejo de residuos sólidos. El ingeniero Jorge Castilla de la Alcaldía aseguró que se han realizado avances para eliminar los botaderos satélites del municipio y ha  avanzado en acciones para generar conciencia de una cultura del reciclaje y respeto al medioambiente. Varias de estas acciones han estado encaminadas para que la comunidad participe activamente en la vigilancia del Parque Ecológico y el río César y de ser aprobados los comparendos ambientales, esperan reforzar estas acciones.

Para lograr esa recuperación se necesita realizar grandes inversiones para los muros de contención que eviten la erosión del río, la cual puede penetrar hacia el barrio Loma fresca. Frías resaltó que la alcaldía dentro de las acciones a corto plazo tiene proyectado invertir 11 millones de pesos para construir muros de contención  para proteger la ribera del río.

El 12 de mayo de 2025 fue firmado por el alcalde de San Juan y el director de Corpoguajira, el nuevo modelo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio, que delinea el planeamiento urbanístico y el ordenamiento territorial. Según la administración, el documento incluye estudios de consultoría de las zonas amenazadas y riesgo a la ribera del río César. Con base a esto, según la oficina de Planeación, la administración tendrá más claridad de las acciones a priorizar y los expertos decidirán si, en la línea de conservación del afluente, es viable hacer una inversión en el Parque Ecológico o si hay otras prioridades como, por ejemplo, invertir en los muros de contención.

Después de realizar la inversión de los muros de contención, un plan ambicioso de la Alcaldía es construir el malecón del río César en donde hoy se encuentra el Parque Ecológico, contando con un padrino que sirva de operador para la administración, mantenimiento y sostenibilidad del parque, como una línea al margen del río.

Otro proyecto necesario para la comunidad es el alumbrado público para varias partes del municipio, pero particularmente para el oscuro sector de Parque Ecológico. Según el Inspector de Servicios Públicos, el municipio está realizando una evaluación de la infraestructura de alumbrado público con el objetivo de modernizar y ampliar las redes en el municipio, y entre eso está el Parque Ecológico.

De materializarse el malecón la administración espera ampliar la red eléctrica desde el puente del río César hasta los corregimientos cercanos, una situación que además impactaría en la seguridad de ese sector. Para eso, se necesita un buen recurso qué esperan obtener con las gestiones que realice la administración local con el nivel nación, con el apoyo de Corpoguajira como órgano rector del departamento que tiene la responsabilidad de velar por la conservación de la biodiversidad del río César.

Frías, desde la secretaría de Planeación, hizo mención de la responsabilidad social empresarial de las empresas que se benefician en el municipio de San Juan del César empresas que quieren dejar una huella explotando los parques solares fotovoltaicos y otras que aprovechan los parques eólicos a ellas Hay que darles responsabilidad social con el plan padrino para el rescate del río Cesar.

Las mejoras al Parque Ecológico y el rescate del río Cesar queda a la espera de acciones eficaces de Corpoguajira y la administración municipal, pero en especial a la espera de que sus propios habitantes aledaños se conviertan en los protectores y vigilante del sueño que fue el Parque Ecológico.

En agosto de 2023, el Ministerio del Interior y la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) celebraron un convenio interadministrativo para desarrollar proyectos orientados a promover la participación política, social y ciudadana, y el fortalecimiento del campesinado como sujeto de derechos. Los recursos vendrían del ministerio, los ejecutaría Findeter y los administraría Fiduagraria.

Ese fue el camino con el que el gobierno Petro destinó más de 66 mil millones de pesos para que las Juntas de Acción Comunal (JAC) y otras organizaciones del país pudieran proponer iniciativas y ejecutar obras, lo que se traduce en la narrativa de que las JAC puedan contratar con el Estado. Sin embargo, aunque puede leerse de esta manera, lo que llegó a las organizaciones no son contratos en el sentido estricto, sino convenios solidarios. 

A través de esta figura, las JAC de todo el país han encontrado un camino para contratar con el Estado y ejecutar obras públicas que sus comunidades necesitan. Se trata de una forma de complementación de esfuerzos institucionales que permite a las entidades estatales apoyar financieramente iniciativas comunitarias para la ejecución de pequeñas obras. Aunque está reglamentado desde 2012, solo en el actual gobierno empezó a incentivarse con insistencia su ejecución.

Además, por la operación a través de Findeter, el rubro que finalmente se destinó para estos proyectos fue de 57.514.472 de pesos, según los convenios que revisó Consonante. “Un operador de un proyecto con la acción comunal se queda con una buena tajada, ¿por qué no evadir tanta intermediación y que llegue directamente a la comunidad?”, cuestionó Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal. “Nuestra pelea con el Ministerio del Interior es que esa plata la ejecute directamente con las JAC y no a través de un intermediario. El último ha sido Findeter y ha sido un desastre, una institución clara de la politiquería”, agregó. 

El objetivo del Ministerio era financiar proyectos cuyos montos oscilaran entre $8 y $200 millones de pesos y que fueran propuestos por las JAC, asociaciones campesinas, asociaciones de personas con discapacidad, organizaciones de mujeres y jóvenes, veedurías ciudadanas y alcaldías de municipios de sexta categoría. 

Según cifras del Banco de Proyectos para las Comunidades, a través de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, el Ministerio financió 1053 iniciativas comunitarias en todo el país con la convocatoria de 2023 para empezar a ejecutar el año pasado. En La Guajira fueron apoyados 11 de estas iniciativas, en los municipios de Riohacha (3), Maicao (2), Fonseca (2), San Juan del Cesar (1), Manaure (1), Urumita (1) y Dibulla (1). 

Para el caso del municipio de Fonseca, fueron las JAC de la zona rural las que lograron este tipo de beneficio con el Estado: una en el corregimiento de El Hatico y la otra en la vereda de El Confuso. Ambas dentro de la línea de construcción y dotación de espacios comunales y populares.

Lo que no imaginaron las comunidades era lo difícil que sería reunir todos los requisitos legales para lograr dicho fin, empezando por la legalización de las JAC que se convirtió en el primer obstáculo, ya que la mayoría de estas organizaciones, a pesar de ser electas legalmente, no tenían formalizado este requisito.

Aunque las obras realizadas con los dineros del Ministerio han sido las más sonadas en la región y han tenido los resultados esperados, no son las únicas que el movimiento comunal viene alcanzando en el municipio. 

Las juntas de acción comunal en el municipio de Fonseca se han preparado para hacer estas contrataciones con el nivel local, regional y nacional, así como con fundaciones y ONG. En esa ardua búsqueda de recursos han logrado importantes avances para varias comunidades, relacionados con tres ejes principales: espacios comunales, conectividad a internet y vías terciarias.

Según Jhon Guerra, presidente de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de la zona rural de Fonseca, se han pactado convenios solidarios para 13 obras del área rural. Cerca de la mitad aún están pendientes de ejecución y se espera que comiencen pronto.

“Estamos preparados para contratar, tanto en documentación como experiencia. Cada una de las zonas en donde se han contratado los proyectos han quedado de la mejor manera. Acá lo que se debe buscar es la voluntad administrativa, para que las contrataciones se den con las Juntas de Acción Comunal en todo territorio nacional, más en el departamento de La Guajira” dijo Guerra.

La caseta y el salón comunal, dos obras exitosas

El Hatico, un corregimiento ubicado a poco más de un kilómetro del casco urbano del municipio de Fonseca, es reconocido por ser la cuna de Luis Enrique Martínez, la leyenda del vallenato. Precisamente, en honor al acordeonero, la comunidad le puso su nombre a la nueva caseta comunal.

“Ya está siendo utilizada para dictar cursos del Sena, para las actividades lúdicas de los niños, incluso la rectora de la Institución Educativa José Pérez, ha solicitado transitoriamente a la JAC poder albergar algunos niños del grado preescolar que no caben en la institución por falta de salones”, contó Liseth Acosta, habitante de El Hatico. “Tengo que resaltar el trabajo del presidente de la JAC y su equipo que se ha preocupado por la comunidad, respondiendo a las expectativas para las cuales fueron elegidos", agregó.   

Darwin Rodríguez Martínez, presidente de la JAC de El Hatico le relató a Consonante que en el año 2023, empezó a gestionar un proyecto para mejorar la caseta comunal y le apostó a conseguir los recursos con el Banco de Proyectos del Ministerio del Interior. “Por lo general, dichas convocatorias se abren para finales de año. Nosotros nos postulamos en noviembre de 2023”, cuenta el líder, pero no esperaba encontrarse con un reto de esas dimensiones. 

Tuvo que terminar de formalizar la legalización de la acción comunal, tramitar el Registro Único Tributario (RUT), el Registro Único Comunal (RUC), poner a la JAC al día ante la DIAN, entre otras diligencias. Finalmente, presentó la convocatoria, el proyecto fue seleccionado y en abril firmó el convenio solidario No. 261-2024. La JAC obtuvo 150 millones de pesos para realizar la obra en cuatro meses y solicitó dos meses de prórroga. 

La acción comunal está ajustando los últimos detalles y hará la entrega oficial de la obra en junio. Sin embargo a inicios del mes de mayo ya realizaron el primer evento en la caseta, y como era el objetivo de los líderes de El Hatico, la obra volvió a unir a la comunidad. “El pasado sábado 10 de mayo hubo un evento de integración al que asistieron muchas personas del pueblo, hace mucho rato no nos integrábamos de esa manera, pues no había el sitio adecuado. Hoy todo es nuevo: con salones, una tarima, pisos; todo muy bonito” dijo Lineth Acosta, otra residente del corregimiento.

Una historia similar se vivió en la vereda El Confuso, a 11 kilómetros del casco urbano, donde los líderes consiguieron el convenio solidario de la misma convocatoria del Ministerio para rehacer el salón comunal. "Mi comunidad está muy contenta con el salón comunal porque pasamos de tener uno en madera a un salón de eventos bien bacano, con su cielo raso y todo", cuenta Carlos Caicedo, presidente de la JAC de El Confuso.

A través del Convenio Solidario No. 043-2024, la acción comunal de la vereda recibió 150 millones para realizar la obra en cuatro meses. Justo los tiempos se cumplieron y la obra se inauguró el pasado 1 de febrero.

El nuevo salón cerrado cuenta con una cocina y una tarima, en dónde la comunidad puede realizar sus reuniones y actividades comunitarias. “Es una obra de impacto para la comunidad. Antes nos reuníamos debajo de una enramada para las brigadas de salud, no había privacidad para atender a los pacientes. Hoy todo es diferente y la gente está contenta”, cuenta Ayarith del Carmen Berrueco, moradora de El Confuso.

"Fue un poco difícil porque era la primera vez, pero ya después de que la junta de acción esté bien legalizada es fácil. Invito a los compañeros a que estén pendientes para que podamos participar en más convocatorias", señaló Caicedo. 

“Ahora sí podemos, como representantes legales de las JAC, gestionar ante el gobierno nacional obras de baja cuantía para nuestra comunidad, eso sí, siempre y cuando estemos totalmente legalizados”, contó entusiasmado Rodríguez desde El Hatico. Los beneficios que estas obras han traído para las comunidades han impulsado a los líderes a continuar buscando financiación del Estado a través de convenios solidarios para ejecutar más iniciativas, pero se han quedado esperando con los papeles en la mano. 

“Nos postulamos en la página de Invias, con ayuda del Ministerio del Interior, para realizar vías terciarias y conseguimos la aprobación para mejoramiento de la vía que conduce del Hato al resguardo indígena Wayúu de Mayabangloma”, cuenta Rodríguez. Con la propuesta, la acción comunal le apuntaba a gestionar cerca de 300 metros de vía en placa huella y mejorar alcantarillas y puentes, pero el proyecto quedó suspendido.

Con la cartera del Ministerio del Deporte también buscaron un contrato para mejorar las condiciones del parque central del corregimiento, proceso que iniciaron desde 2023 y del cual se encuentran ajustando documentos. “Aunque el proyecto está estancado por los continuos cambios de dirección en este Ministerio. Lo tedioso es que son procesos demorados, pero no dejamos de movernos para lograr sacarlos adelante” expresó Rodríguez.

Convenios solidarios avanzan con Petro

“Las juntas de acción comunal en todo el territorio nacional siempre han contratado con el Estado colombiano, al menos, desde la ley 743 del 2002”, señaló Jhon Guerra, presidente de las JAC de la zona rural del municipio. “Acá lo que se debe buscar es un mecanismo para que las administraciones de turno nos tengan en cuenta para contratar las obras que beneficien a nuestras comunidades”, agregó.

Dentro de las políticas públicas de la acción comunal, la figura de convenios solidarios se encuentra recogida desde hace varios años atrás, como lo enseña la Ley 1551 de 2012 y la Ley 2166 de 2021. Así se estableció que este tipo de financiación de iniciativas comunales debían realizarse hasta por la mínima cuantía de la institución. La mínima cuantía es el 10 por ciento de la menor cuenta, y esta última es el 10 por ciento del presupuesto total de la institución contratante. 

Para Guillermo Cardona, de la Confederación Nacional de Acción Comunal, es clave que las JAC defiendan la naturaleza de los convenios solidarios, pues mediante contratos, los requisitos son un reto para estas agremiaciones, por ejemplo en materia de facturación electrónica y pagos de seguridad social. 

“Los convenios solidarios no son una forma de contratación. A diferencia de los contratos de la Ley 80 que tienen forma de negocio e interés de ganancia, los convenios son una forma de participación ciudadana, en donde el Estado recurre a la comunidad para escuchar qué propuesta tiene. Es difícil que la clase política lo entienda, pero creo que poco a poco se ha ido abriendo camino desde mitades del año anterior”, explicó Cardona.

En los últimos años este tema tomó revuelo público a raíz de los pronunciamientos del presidente de la República, Gustavo Petro, cuando, dentro de su apuesta de economía popular, buscó que las JAC pudieran contratar directamente con el Estado sin la necesidad de intermediarios. 

En su momento, el primer mandatario buscó que la acción comunal se ocupara de asuntos como la alimentación escolar, fibra óptica o vías terciarias. Sobre este último, quedó plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) que los convenios solidarios serían la carta principal para los proyectos de construcción de vías con las organizaciones de acción comunal. Para inicio de 2023 puso en marcha el programa Caminos comunitarios para la Paz Total, con el que involucró a las JAC en la elaboración de vías en varias partes del país a través de estos convenios. 

Uno de los pasos en ese camino lo dio con el Decreto 142 de 2023, con el que buscó que el Estado solo pudiera celebrar directamente convenios solidarios para ejecutar obras con los organismos de acción comunal, pero el Consejo de Estado suspendió la norma por considerar que el ejecutivo se había extralimitado en sus funciones. 

A pesar de eso, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) sostuvo que el Estado seguía autorizado legalmente para realizar convenios solidarios y el 8 de julio de 2024, dio un paso adelante con su pretensión en este tema para respaldar la contratación de la acción comunal: con el Decreto 874 la Presidencia reglamentó la contratación de mínima cuantía entre el Estado con Asociaciones Público - Populares (APPo), una figura que recoge a personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria. 

Jesús Cobo, líder comunal del municipio de Fonseca, lamenta que algunas instituciones del Estado no estén impulsando la contratación con las JAC, en especial los entes territoriales. Cree que las decisiones de las altas cortes han tenido un impacto en algunos funcionarios públicos, prefiriendo no darle desarrollo a esta oportunidad de participación comunal. 

“Este gobierno ha permitido celebrar convenios con las JAC, lo que ha permitido controlar la corrupción en esta clase de obras y demostrar que las comunidades si podemos ser gestoras de nuestro propio desarrollo en los territorios”, expresó Cobo.

*Consonante envió un cuestionario de preguntas a la oficina de prensa del Ministerio del Interior y los correos habilitados por Findeter para la forma de utilizar los convenios solidarios y conocer el estado de satisfacción sobre los proyectos que financió en el municipio, pero a la fecha de la publicación no se obtuvo respuesta.

Jackson Colmenares llegó a Inírida en los años 90 y ha trabajado como vendedor ambulante en diferentes partes del país como Arauca y en varios centros de comercio en Venezuela. Desde hace cuatro años vive de manera permanente en la capital de Guainía vendiendo máquinas de afeitar, elementos de cuidado personal, medicinas naturales, gafas correctivas, entre otros productos. Su lugar habitual de trabajo solía ser frente a la catedral del municipio, hasta que fue desalojado por la administración municipal. Desde entonces, se ubica en distintos puntos a distintas horas.

“El alcalde prácticamente nos echó, sobre todo a los cacharreros. Mis ingresos bajaron un 90%, ya que donde me ubico ahora las personas no compran, prefieren los almacenes”, cuenta Colmenares. “Nosotros solo pedimos que nos escuchen y nos alquilen un espacio público, como a los formales”.

Antes de la reubicación de los vendedores ambulantes en Inírida, fijaban sus carritos y puestos desde el puerto hasta el hospital. Durante el día vendían productos de la canasta familiar como plátano, yuca y otros alimentos perecederos; también ofrecían almuerzos y jugos en los separadores. En las noches, el panorama cambiaba: aparecían los puestos de empanadas, carne frita, pasteles rellenos; y en el parque principal se concentraban ventas de helados y comidas variadas, lo que generaba una gran afluencia de personas y, con ello, acumulación de basura en algunas esquinas. 

Hoy en día, tras la reubicación ordenada por la administración municipal, esa acumulación de residuos ha desaparecido y la movilidad ha mejorado notablemente. Sin embargo, algunos negocios que funcionaban alrededor del parque —como cafeterías y licoreras— aseguran que sus ventas han bajado por la disminución de flujo comercial en la zona.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realizó en 2024 el Censo Económico Nacional Urbano por primera vez, para ofrecer datos detallados sobre la economía de los vendedores ambulantes. Aunque aún se analizan los resultados, ya se conoce que en Inírida el 84,5 por ciento de la población económicamente activa trabaja en la informalidad.

Según la alcaldía, en el área intervenida del centro, se identificaron 148 vendedores informales. Tras la reubicación le ha podido seguir la pista a 100 de ellos, ya que después de la intervención se fueron y no sabe ahora en dónde o a qué se dedican. Aún es un misterio para la entidad el número total de vendedores ambulantes que se rebuscan su sustento en todo el casco urbano. 

Recuperando el espacio público, entre tensiones y alabanzas. 

Desde la Secretaría de Planeación le explicaron a Consonante que la regulación del espacio público se justifica en el decreto 1777 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y en el decreto municipal 061 de 2024, que delimita zonas permitidas y restringidas para el comercio informal en Inírida.

“Un decreto que pretende recuperar el espacio público de nuestra ciudad, un problema álgido que viene padeciendo hace varios años”, expresó Alexander Sánchez, alcalde del municipio, en un video publicado en abril del año pasado por la institución. El funcionario precisó que durante un mes la alcaldía realizaría socializaciones con los vendedores informales y los dueños y arrendadores de locales comerciales sobre la nueva medida. 

Después de eso, las autoridades municipales empezaron a prohibir la presencia de vendedores ambulantes en el centro: desde el muelle hasta el hospital. Desde entonces, la Policía empezó a ejercer el control del espacio público con  amonestaciones o comparendos y si los vendedores persisten en esta zona, los uniformados pueden aprehender los bienes muebles utilizados para la venta informal.

“No se trata de excluir. Se han habilitado sitios sin costo donde los vendedores pueden registrarse y trabajar”, afirmó Brayan Zambrano, secretario de Planeación. Además, aseguró que la alcaldía está ofertando cursos de manipulación de alimentos y otras formas de apoyo para facilitar la formalización.

Según el decreto, las zonas habilitadas para ejercer este tipo de comercio son cuatro. La primera es en una parte de la bahía del malecón del puerto principal, ubicado en la carrera 2 con calle 15; la segunda, en el parque Flor de Inírida, en el costado sur de la calle 15, entre carrera 6 y 7; la tercera, en una parte de la carrera 8, junto al colegio Luis Carlos Galán; y la cuarta, alrededor del estadio Los Fundadores, por la carrera 8 y en la calle 19.

“Para vendedores ambulantes y semiestacionarios en el horario de 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. de lunes a jueves y el horario 6:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. de viernes a domingos”, precisa el documento.

Un comerciante del centro, que vende cacharros, parlantes y utensilios de cocina, expresó que la ocupación del espacio público por parte de los vendedores ambulantes ha afectado el tránsito de peatones y la competencia comercial.

“Ellos no pagan impuestos ni arriendos, y eso nos pone en desventaja. Hay aceras llenas de productos que impiden el paso. No es justo”, dijo.

Un peatón consultado en el centro opinó que muchas veces prefiere comprar en los puestos ambulantes porque encuentra productos a menor precio que en los almacenes. “En una tienda me cobran el doble o el triple. Para los que vivimos con lo justo, los vendedores ambulantes son una buena alternativa”, comentó.

Para Anderson Urrea, enlace del Ministerio del Trabajo en Inírida, el problema debe verse desde una perspectiva de derechos y no solo desde la normativa del espacio urbano. “El trabajo digno es un derecho humano fundamental. El espacio público no lo es. Los jueces ya han fallado a favor de la dignidad humana frente a estos conflictos”, aseguró.

Con la expedición del Decreto 1527 de 2024 se adoptó una Política Pública de Trabajo Digno y Decente a nivel nacional y el Ministerio del Trabajo quedó encargado de articular lo estipulado con la Ley 1988 de 2019, a través de la cual el Senado dictó lineamientos generales para la formulación de la política pública de los vendedores informales, con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana, el trabajo y a la convivencia en el espacio público. Además, Urrea explicó que desde el Ministerio se está elaborando un documento Conpes que establezca líneas de acción claras, con recursos y estrategias concretas.

“Si los vendedores se formalizan, acceden a seguridad social, dignifican su labor y pueden incluso generar empleo. La solución pasa por implementar una política pública local de trabajo digno y decente que incluya a los trabajadores informales”, expresó Urrea.

El funcionario también destacó que el Ministerio tiene un rol preventivo y de mediación, en coordinación con las alcaldías, para promover el diálogo social y evitar conflictos.

Aunque no existe aún un comité de espacio público, la administración local ha manifestado su voluntad de continuar con mesas de diálogo y proyectos como el Punto de Abastecimiento Solidario (PAS), un crudo proyecto de venta y comida solidaria; y la reactivación de la plaza de mercado, que lleva en construcción desde 2022 con largos dilaciones que han hecho incierta su inauguración. Sin embargo, vendedores como Jackson no se sienten parte de esas decisiones.

“Solo escuchan a los que tienen dinero y locales grandes. A nosotros nunca nos invitan”, concluyó Colmenares.

Aunque muchos vendedores aseguran sentirse desplazados o ignorados, también hay experiencias donde la reubicación ha representado una mejora en las condiciones de trabajo. Un comerciante de comidas rápidas, que prefirió no revelar su nombre, relató que antes de la intervención vendía bajando por la vía principal hacia el centro, en el sector de Palo Chisme, justo al lado del parque, pero las condiciones no eran las mejores.

“Allá era difícil. No podíamos poner sillas porque la vía va en bajada, la gente no se podía sentar bien y a veces pasaban los carros muy cerca”, cuenta. Desde la reubicación realizada el año pasado, ahora tiene su puesto frente al estadio municipal. Desde este nuevo punto, ha tenido mejores condiciones. “Ahora podemos poner mesas y sillas al lado. La gente ya sabe dónde estamos y nos buscan. Las ventas han mejorado”, explicó.

Este testimonio muestra que, cuando se hace con planeación y concertación, la reubicación puede favorecer tanto a los vendedores como al orden del espacio público.

La regulación del espacio público en Inírida no sólo plantea preguntas sobre movilidad y legalidad, sino también sobre equidad, derechos y oportunidades. ¿Puede una ciudad crecer sin cerrar las puertas a quienes viven del rebusque? ¿Es posible que todos compartan el mismo espacio sin desigualdades?

Por ahora, la historia de vendedores como Jackson Colmenares, la de los comerciantes establecidos y la visión institucional del Estado siguen siendo capítulos abiertos de un debate que apenas comienza.

La minga indígena lo consiguió. Después de años de movilizaciones y diálogos que buscaban poner sobre la mesa las necesidades de las comunidades indígenas del país, con las recientes movilizaciones del 1 de mayo, Día del Trabajador, el movimiento indígena no solo demostró su apoyo a las reformas de Gobierno Petro, sino lo cuestionó sobre las deudas del Estado con estos pueblos. 

A través de la Mesa Permanente de Concertación Indígena, una comitiva de líderes se reunió con varios funcionarios para abordar las solicitudes de los pueblos indígenas y se expidieron una serie de decretos. Uno de los más esperados se acordó en la noche del pasado 5 de mayo. Con el Decreto 488 el Ministerio del Interior dictó lineamientos fiscales para el funcionamiento de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) en todo el territorio nacional, en los que se atribuyen competencias a sus autoridades para ejercer las funciones públicas de manera directa y planificar el desarrollo social, económico y cultural de sus pueblos.

Con la decisión se ordena realizar los arreglos institucionales necesarios para establecer el acceso de los territorios indígenas a los recursos de regalías y del Sistema General de Participaciones, para que puedan asumir competencias en materia de salud, educación, agua potable y saneamiento básico.

“Esto va a castigar esa historia de racismo, toda esa historia de olvido a la que han sometido a los pueblos indígenas”, señaló Gerardo Jumí, consejero general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic). 

Esto crea un nuevo tipo de relación entre el Estado y las comunidades indígenas, “pasando de relaciones de tipo vertical a relaciones horizontales con grupos de población considerados como minoritarios, lo que genera en las distintas entidades públicas la necesidad de asumir un enfoque diferencial que valore y reconozca la diversidad étnica”, se lee en el decreto. 

Reconociendo los sistemas de conocimiento y modelos culturales con los que los pueblos indígenas han gobernado gran parte del territorio nacional y que han plasmado en sus Planes de Vida, las ETI buscan construir el Estado desde lo local, a partir de la realidad diversa y plural del país. 

Esta figura está contemplada desde 1991 y responde a los derechos de la libre determinación de los pueblos indígenas, la autonomía, el gobierno propio, el territorio, las estructuras propias de gobierno y la consulta previa, libre e informada; pero tras 34 años las comunidades indígenas no habían podido ejercerla. “A los que han detentado el poder nunca les ha interesado que los pueblos indígenas puedan tener su propia jurisdicción de gobierno”, agrega el líder de la Onic.

Consonante le explica por qué tardaron en reglamentarse las ETI, qué consiguieron con ellas los pueblos indígenas y dónde están los procesos más avanzados. 

¿Qué son las ETI?

Los territorios indígenas hacen parte de la organización territorial del Estado, al igual que los departamentos, distritos y municipios, según lo dispone la Constitución de 1991. Las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) son la figura político-administrativa que, como parte de la organización del Estado, busca garantizar que las autoridades tradicionales administren los territorios legalmente constituidos o ancestralmente ocupados por los pueblos indígenas; salvaguardar la supervivencia y preservar sus cosmovisiones.

Esta figura apunta a considerar a los pueblos indígenas como actores determinantes en la construcción de la Nación a partir de sus sistemas de conocimiento propio. Así, las ETI “gozan de autonomía política, administrativa y fiscal y son gobernadas por Consejos Indígenas para la gestión de sus intereses”, precisa Gaia Amazonas. 

Las ETI son fundamentales para garantizar la pervivencia de los pueblos indígenas y sus sistemas de conocimiento, garantizando un Estado pluriétnico y reduciendo la discriminación y concepciones coloniales. Además, es un mecanismo de protección ecológica. 

De esta manera, la jurisdicción de un determinado territorio indígena puede conformarse por más de un resguardo u otras figuras territoriales indígenas.

¿Por qué tardó tanto en ser una realidad?

Según el artículo 329 de la Constitución, la conformación de las ETI debía hacerse con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Loot), la cual establece la organización político administrativa del territorio colombiano, sin embargo, con su expedición en 2011, el Congreso no reglamentó nada alrededor de los territorios indígenas.  Decenas de proyectos de ley han pasado y el órgano legislador sigue sin saldar esta deuda. 

La resistencia a aplicar la norma es ampliamente cuestionada por los expertos. “Ha sido falta de voluntad política en el fondo”, expresó Carmen Mestizo, directora de la línea etnicoracial de Dejusticia. Para la investigadora, varios sectores sembraron miedo frente a lo que podría implicar, pero lo decretado demuestra que habrá mecanismos de control del Estado como cualquier entidad pública. “Esto no va a ser tierra de nadie, las entidades territoriales van a estar sujetas a organismos de control”, señaló.

Jose Luis Quiroga, abogado con más de 14 años de experiencia en el trabajo con pueblos indígenas, agrega que para ciertos sectores del nivel local no era conveniente, por el poder administrativo y presupuestal que ahora podrán ejercer los pueblos indígenas. 

En al menos siete decisiones, la Corte Constitucional ha declarado la omisión legislativa en esta materia y llamó al Gobierno nacional y al Congreso de la República para que expidieran el proyecto de ley especial que reglamente lo relativo a las entidades territoriales indígenas. 

Para la Corte, este actuar ha prolongado “la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía y a la libre determinación, además de su identidad cultural, que termina comprometiendo indefinidamente el carácter normativo y la supremacía de la Constitución”, resaltó en la C-054 de 2023, en la que volvió a insistirle al ejecutivo y al legislativo resarcir esta deuda.

¿Qué hizo el ejecutivo para impulsar las ETI?

En ausencia de resultados del poder legislativo y reconociendo las obligaciones específicas del Estado frente a la protección de los pueblos indígenas, mientras se expedía la ley a la que hace referencia el artículo 329 de la Constitución, el artículo transitorio 56 de la carta facultó al Gobierno nacional para que adopte las normas relativas al funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades territoriales.

El primer paso lo dio con la regulación para conformar asociaciones de cabildos y autoridades tradicionales indígenas en Colombia. El Decreto 1088 de 1993 permite que los cabildos y autoridades indígenas, que representan sus territorios, puedan conformar asociaciones para fortalecer su organización y participación. Pero los avances se congelaron. 

Solo fue hasta el gobierno de Juan Manuel Santos que se expidió el Decreto 1953 de 2014, el cual creó un régimen especial para poner en funcionamiento las ETI. En este se reconoció que los pueblos étnicos tienen competencias en materia de salud, educación, agua potable y saneamiento básico, entre otras; y que la competencia general de las ETI apunta a garantizar la gestión propia de los intereses en el marco de los planes de vida. Además, observó que para que esto sea posible se debe contar con recursos adecuados y las vías efectivas de ejecución.

Sin embargo, los pueblos indígenas que han abanderado esta lucha han advertido que durante años les exigieron requisitos injustificados y dilaciones en los trámites de registro para conformar las ETI, así como falta de coordinación interinstitucional para el cumplimiento de lo decretado. 

“Esa norma quedó muy restrictiva, fue negociada con un criterio negacionista”, reprochó Jumí. Una de las pocas comunidades que logró poner en funcionamiento el territorio indigena bajo el marco de este decreto de 2014 fue el Resguardo Kankuamo en el municipio de Valledupar, Cesar. Pero solo lo consiguieron hasta abril de este año y “no puede asumir todas las competencias que debe cargar una entidad territorial por los altos requisitos que quedaron dispuesto en el Decreto 1953”, agregó el líder de la Onic. 

¿Qué particularidad hay en la Amazonía?

Si bien el Decreto 1953 de 2014 constituyó el reconocimiento de un régimen especial para poner en funcionamiento los territorios indígenas, era necesario que el Estado desarrollara un régimen específico para los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, pues muchas de las comunidades indígenas de estos departamentos habitan zonas no municipalizadas, donde las gobernaciones no podían llegar, principalmente, por las extensas dimensiones del territorio las cuales los pueblos indígenas han cuidado desde siempre.

Existen 18 de estas zonas en el país, según el Dane. Nueve están en Amazonas, seis en Guainía y tres en Vaupés. “El 84 por ciento de la población total de estas áreas se autoreconoce como indígena. Asimismo, el 89.6 por ciento de la superficie de las áreas no municipalizadas se traslapa con resguardos indígenas formalmente constituidos”, precisa la Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-106 de 2025.

En varios momentos, las comunidades se enfrentaron a iniciativas de municipalización en sus territorios indígenas, amenazando su gobernanza, pero la Corte Constitucional declaró inexequibles las normas que avanzaban en estas pretensiones. 

Con el Decreto 632 de 2018 se trazaron mecanismos para el manejo de los recursos fiscales de los territorios indígenas en las áreas no municipalizadas que respondan a los sistemas de gobierno y funciones político-administrativas de estas comunidades. Esta decisión tiene en cuenta “su dispersión geográfica, la alta diversidad cultural y los valores ambientales de sus territorios que, en algunos casos, en zonas de frontera han salvaguardado la soberanía nacional”, precisa.

¿Qué logró el Decreto 488?

A través de 16 principios constitucionales enfocados en la diversidad cultural y ambiental, la función administrativa y la coordinación con distintos niveles territoriales, el Ministerio del Interior dio desarrollo a los requisitos necesarios para la puesta en funcionamiento de los territorios indígenas de todo el país. De esta manera, se articula lo pactado para los de la Amazonía en 2018 y se amplía a nivel nacional. 

Además de confirmar el procedimiento para dar inicio al ejercicio formal de sus funciones y competencias como ETI con la protocolización del acuerdo intercultural por parte del Ministerio del Interior, estableció las competencias de los territorios y consejos indígenas, también la jurisdicción en materia de ordenamiento territorial y usos del suelo, el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI) y el sector de agua potable y saneamiento básico. 

¿Cómo será la financiación de las funciones públicas asignadas al territorio indígena? 

Cada año, el territorio indígena elaborará un presupuesto anual de inversión con base en la proyección de recursos identificados. De esta manera podrán administrar de manera autónoma los recursos, un cambio sustancial a la situación actual de estos pueblos que dependen del desembolso de dineros de alcaldías y gobernaciones. “Los pueblos indígenas ya no serán contratistas”, celebró Jumí; pasarán a trabajar de manera armónica con otras entidades.  

“Se financiará con los recursos de la participación en las rentas nacionales, a través del Sistema General de Participaciones (SGP) correspondientes a cada sector, al Sistema General de Regalías (SGR) y aquellos que se destinen en el presupuesto nacional en materia de inversión o partidas sectoriales, los recursos propios, recursos de compensación, de cofinanciación, de cooperación, reconocimiento por funciones ambientales”, señala el documento.

¿Cuál es el proceso para conformar las ETI?

Se establecieron seis etapas para conformación de las ETI:

1. Registro de los consejos indígenas: se designa un representante y se reglamenta el consejo.
2. Solicitud de la puesta en funcionamiento: ante el MinInterior, se propone el funcionamiento del territorio indígena y el Plan de Vida, la carta de navegación para garantizar la vida desde sus territorios.
3. Verificación de la solicitud: la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior verifica que se cumpla con los requisitos.
4. Mecanismos de articulación con el Departamento: se coordinan acciones entre los territorios indígenas y los departamentos en trabajo  
5. Delimitación del territorio: se realiza un estudio técnico de linderos, se levanta información demográfica del territorio y se expide un acto administrativo de delimitación
6. Acuerdo intercultural: diálogo final entre autoridades indígenas y el Estado para poner en funcionamiento el territorio indígena.   

¿Qué pasó en La Guajira? 

Los diálogos entre Gobierno y líderes indígenas tuvieron un efecto puntual en ese departamento: la primera ETI en el territorio Wayúu con normas fiscales. El pasado 1 de mayo se expidió el Decreto 482 con el cual se puso en funcionamiento el territorio indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira (Wuinpumüin), que se sitúa en nueve corregimientos del municipio de Uribia, sobre 274 mil hectáreas continuas.

“Nosotros lo que hicimos fue condensar todo un trabajo de 30 años, hacerle la propuesta al presidente que ya se la habíamos hecho a Juan Manuel Santos y que también le habíamos radicado a Iván Duque, pero los equipos allí no fueron funcionales”, señaló Custodio Valbuena, quien ha luchado por constituir un territorio indígena en La Guajira. “En dos de las muchas visitas que el presidente Petro realizó a La Guajira se comprometió a que podía, a través del artículo transitorio 56, expedir un decreto que reconociera y pusiera en funcionamiento la Entidad Territorial Indígena de la Zona Norte Extrema de La Guajira”, agregó Jumí de la Onic.

Quiroga recuerda que la forma de ordenamiento concreto Wayúu obedece a las lógicas de clanes matriarcales y en la necesidad de reconocer estas territorialidades, el presidente dio este reconocimiento que venía tejiendo meses atrás. “Existen tensiones entre clanes que se caracterizan por las redes matrimoniales y genealógicas basadas en el matrilinaje o afines. Las disputas más frecuentes se encuentran asociadas a la competencia por el control territorial, los procesos de jerarquización política y el desconocimiento de normas sociales, como el hurto del ganado y el homicidio”, precisa la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017. 

Con el decreto, se reconoció la autonomía del territorio indígena para gestionar sus asuntos conforme a su sistema normativo y planes de vida. Dentro de sus competencias se estableció definir y ejecutar políticas en lo económico, social, ambiental y cultural; crear estructuras de gobierno y coordinación propias; y administrar  recursos públicos y privados para cumplir sus funciones.

¿Cuántas territorios indígenas están en proceso de conformar las ETI?

“Pueden ser más de 100 entidades territoriales bien robustas. Ya depende del corazón comunitario que tengan los indígenas para abordar este nuevo desafío”, explicó Jumí. Sobre esto último, el líder de la Onic resaltó que si los pueblos indígenas optan por juntarse y conformar territorios indígenas grandes —en territorio y población—, los recursos serán mayores y los proyectos tendrán más impacto.

“Si al contrario cada resguardo se quiere convertir en una entidad territorial, va a manejar pequeños recursos y no va a haber dinero que alcance para pensar en un centro universitario o en una clínica o cualquier otra infraestructura colectiva. Este decreto (488 de 2025)  tiene la virtud de ser muy flexible, pero puede atomizar el funcionamiento administrativo”, agregó.

Para la Amazonía se conoce que 25 territorios indígenas se encuentran en proceso de formalización de ETI, los cuales “cubren el 36 por ciento de la Amazonía colombiana y juegan un papel crucial en su conservación. Estos territorios mantienen el 99,5 por ciento de sus coberturas naturales intactas”, señala la organización Gaia Amazonas.

Según Gaia, a la fecha, cuatro territorios indígenas se encuentran en trámite de conformación y registro del consejo indígena, cuatro ya son consejos indígenas registrados y 12 que presentaron la solicitud para la puesta en funcionamiento como ETI, entre los que resaltan los territorios de los pueblos Pirá Paraná, Mirití Paraná, Yaigojé Apaporis y Tiquié. Además, hay otros cinco interesados en empezar el proceso.

En unos años, cuando el Senado al fin emita la ley, ¿cambiará algo?

Aunque algunos aspectos puedan cambiar, Jose Luis Quiroga resalta el principio de progresividad para interpretar lo que vendrá en las discusiones legislativas. “No se puede ejercer un menoscabo a los derechos porque tienen que ser siempre progresivos. Solo en alguna situación extraordinaria podría hacerse”, concluye.

Desde 2022, una estructura envuelta en plástico de construcción ha quedado varada en pleno centro de Inírida, como un fantasma que nadie mira pero todos conocen. Con el tiempo, la obra inacabada se ha fundido con el paisaje cotidiano: los vecinos aparcan sus motos frente a ella sin preocuparse, sabiendo que allí no se mueve el comercio.

En ese mismo lugar funcionaba la vieja plaza de mercado, deteriorada y olvidada, que clamaba por una renovación. La construcción que hoy permanece estancada prometía ser su reemplazo. Pero tres años después, lo que debía ser un símbolo de progreso se ha convertido en una de las obras inconclusas más antiguas del municipio, y para muchos, en otro elefante blanco de la región.

Para que eso no ocurra, el caso se encuentra priorizado en la Comisión de Moralización Regional de Guainía, dentro de la cuál periódicamente los entes de control están realizando revisiones de los avances de su ejecución. Sin embargo, es una labor que debe abanderar el ente territorial. 

Consonante buscó agendar una entrevista con la Alcaldía de Inírida para conocer varios aspectos del proyecto, pero el funcionario encargado se encontraba de vacaciones. Se esperaba resolver varias preguntas por un derecho de petición que se remitió a la oficina del alcalde, Arturo Alexander Sánchez, pero aún no se ha obtenido respuesta.

Según los reportes presentados durante los Diálogos de Seguimiento Participativo —el espacio en el que la comunidad hace veeduría al proyecto—, al 25 de abril de 2025 la construcción de la nueva plaza de mercado tenía un avance físico del 79,9 por ciento. Tras varios ajustes al presupuesto inicial, el costo total del proyecto llegó a los 7.993 millones de pesos, y sigue demandando recursos del municipio para cubrir tareas pendientes, como la interventoría. En términos financieros, se ha ejecutado el 80,92 por ciento del presupuesto, lo que equivale a más de 6.000 millones de pesos desembolsados.

Los problemas que ha sorteado este proyecto tiene tres responsables: la Alcaldía de Inírida, por las fallas en la planeación y estudio previo del proyecto que obligaron a que fuera reformulado parcialmente; el Departamento de Prosperidad Social (DPS), por no agilizar la revisión de la reformulación del proyecto al ser su financiador; y el contratista, ante cuestionamientos en su experticia para desarrollar una obra de tal magnitud. 

Un proyecto esperado

Desde la llegada a la administración municipal de Pablo Willian Acosta Yuvabe (2020-2023), primer alcalde indígena del municipio, empezó a prepararse el megaproyecto. En su Plan de Desarrollo Municipal dejó plasmada la necesidad de alcanzar una solución de raíz a las deficiencias espaciales de la antigua edificación de la plaza de mercado. Lo presumió como un resultado que lograría su gestión, pero quedó en deuda. 

Las plazas de mercado en Colombia cumplen una función de servicio público, cuya gestión y responsabilidad recae sobre las entidades territoriales. En el caso de Inírida, la cabecera municipal actúa como centro de acopio y puerto de distribución para los bienes que no se producen localmente, abasteciendo tanto a la población urbana como a las comunidades más alejadas del departamento.

Durante años, las distintas administraciones municipales han reconocido que la desorganización en la comercialización de productos agropecuarios afecta directamente el abastecimiento alimentario. Esta situación ha generado problemas en el manejo de alimentos y residuos sólidos, ha fomentado la informalidad entre los comerciantes, ha contribuido a la invasión del espacio público y ha deteriorado el paisaje urbano.

La comunidad recuerda el mal estado en el que se encontraba la infraestructura, también que con el proyecto se prometió que los primeros que tendrían acceso a los locales serían quienes ya hacían uso de la plaza. Pero la cura fue peor que la enfermedad. 

Una vez empezó la construcción de la obra, los primeros afectados fueron los comerciantes que se apropiaron, aún más, de las calles del municipio. “Sacaron a la gente y el que tuvo con qué pagar un local, pues pagó. El que no, pues fue a vender en la calle”, recuerda Helena Dimate, exconcejal y miembro de Veeduría en Acción Planea Guainía, un grupo conformado en febrero de este año por siete mujeres, a través del cual buscan ejercer control y vigilancia sobre la gestión pública.

“La gente prácticamente estaba viviendo entre el mercado, vendiendo comida por las calles. Literalmente, uno se tenía que encaramar por encima de la comida porque ya no había por dónde pasar”, complementa Ligia Martínez, otra de las mujeres del grupo de veeduría del municipio. Ante la necesidad, se sumó la proliferación de vendedores ambulantes que empeoró la disposición del espacio: los racimos de plátano en el piso o las bolsas de mañoco apiladas sobre mesas plásticas se veían por toda parte. 

La situación cambió con la llegada a la alcaldía de Arturo Alexander Sánchez (2024 - 2027), quien buscó la recuperación del espacio público y ubicó transitoriamente a los vendedores en la caseta comunal del centro. Otros quedaron por el coliseo o cerca al barrio Berlín. “Pero necesitamos la plaza de mercado con suma urgencia para que la gente que anteriormente vendía allí la pueda aprovechar”, resalta Martínez.

Las jugadas de una obra con un único proponente

Aunque inició en el periodo del alcalde Acosta, la obra era una idea heredada de su predecesor, Camilo Puentes (2016 - 2019) —procesado por presunta corrupción en la asignación de contratos, dejado en libertad en abril de 2020 por vencimiento de términos—, quien había empezado a tocar puertas, junto al exrepresentante a la Cámara del departamento por el partido Cambio Radical, Carlos Cuenca Chaux —condenado este año por compra de votos—, para que el gobierno nacional le desembolsará los recursos. 

A mediados de 2021, por gestión del entonces congresista, el municipio logró la financiación de la obra con recursos del Fondo de Inversión para la Paz del Departamento de Prosperidad Social. 

Después de analizar el costo de materiales y mano de obra, la alcaldía estableció inicialmente que el proyecto tendría un valor cercano a los 5.815 millones de pesos. De estos, se pactó que más de 222 millones de pesos serían ganancia neta para el contratista. El proyecto contemplaba construir una nueva infraestructura sobre el mismo terreno en el que se encontraba la antigua plaza de mercado. Se trataría de un nuevo edificio levantado sobre un predio de 1.500 metros cuadrados en el que se organizarían 56 locales en una edificación de dos pisos. 

Al proceso de licitación sólo se presentó un proponente: Giovanni Alexander Delvasto Arenas, en representación del Consorcio Plaza Inírida 2021. Delvasto, administrador de empresas y renombrado comerciante de Inírida, era cercano al congresista Cuenca. Según El Morichal, “en redes sociales hay rastro de la familiaridad entre los dos: compartieron espacio durante el mundial del 2014 en Brasil, un viaje a Estados Unidos para ver una carrera de autos de carrera o diferentes reuniones privadas”. 

La cercanía entre la familia Delvasto y el exrepresentante es ampliamente reconocida en el municipio. Incluso, su relación llegó a quedar expuesta en la compra de votos para las elecciones legislativas de 2014 y uno de los que quedó en el ojo de ese escándalo fue el hoy contratista de la plaza de mercado: se hicieron públicas fotografías de Giovanni Alexander Delvasto en donde, al parecer, estaba descargando materiales de construcción en una casa de escasos recursos, hechos que tendrían relación con el entramado de compra de votos a favor de Cuenca, según señaló El Espectador. 

Por este caso, en enero de este año, la Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista Cuenca a más de siete años de cárcel, le impuso una millonaria multa y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos. En la decisión, el alto tribunal señaló que la familia Delvasto fue clave en la operación y el nombre del contratista de la plaza de mercado salió a relucir. 

“Alexander Delvasto reconoció la ayuda brindada al acusado para las elecciones del año 2014, esto, mediante estrategias políticas, suministro de alimentos y albergues para los sufragantes que se desplazaban a los puntos de votación los cuales en su gran mayoría eran indígenas pertenecientes a comunidades del sector”, se lee en la sentencia. 

Consonante buscó a Delvasto, representante del consorcio, pero declinó la entrevista porque aseguró que no confiaba en la prensa. A pesar de representar el consorcio, hay otro nombre alrededor de la unión. El Consorcio Plaza Inírida 2021 es una asociación creada entre Delvasto, con una participación del 95 por ciento, e Ingelec S.A.S, representada legalmente por Jaime Eduardo De La Portilla Moncayo, un empresario pastuso.

A pesar de solo tener un cinco por ciento de las acciones del consorcio, la experiencia de Portilla como director de una obra civil igual y con un valor similar al del proyecto de la plaza de Inírida le daría lo necesario a la unión para quedarse con el contrato, según requisitos del pliego de condiciones que consultó Consonante. Sin embargo, se trató de una experiencia controversial.

Años atrás, Portilla había llevado a cabo la obra de la plaza de mercado de Puerto Asís, Putumayo, y la historia es similar a la de la obra de Inirida. La Gobernación de Putumayo y una unión temporal creada para la construcción de la plaza que representaba Portilla celebraron el contrato de obra 618 del 30 de 2013. El proyecto tenía una cuantía inicial de 5.199 millones de pesos, pero también tuvo varias falencias en la planeación de los diseños iniciales y se generaron costosas adiciones que rondaron los 1.500 millones de pesos. La obra sólo fue inaugurada hasta mediados de 2021. 

Consonante contactó a Portilla para conocer sí él y su empresa en la práctica tienen participación en la dirección y toma de decisiones del consorcio, así como de la obra civil en Inírida, o si todo ha quedado en manos de Delvasto. El empresario pastuso guardó silencio ante las preguntas.

El 28 de diciembre de 2021, se suscribió el contrato de obra 498, entre la Alcaldía de Guainía y el Consorcio Plaza Inírida 2021. Tal como quedó registrado en la pálida valla del proyecto que se instaló en el lote de la obra, la edificación debía entregarse a finales de julio de 2022, pero los contratistas del proyecto adujeron varios problemas en la ideación de la obra e incumplimientos de la institucionalidad y empezaron a correrse los tiempos.

Prórrogas y un mal diseño

Los términos del contrato, tal como lo elaboró la Alcaldía de Inírida de Pablo William Acosta, contemplaban que el proyecto se debía realizar en siete meses, para ser inaugurado a finales de julio de 2022, pero la firma de inicio de la obra se realizó hasta el 30 de marzo de ese año, lo que le daba al consorcio solo cuatro meses para realizar la plaza de mercado. Un imposible a todas luces.

Esa restricción venía por orden del nivel nacional. Una de las condiciones del DPS para la financiación de la obra era que el plazo de ejecución del convenio debía realizarse hasta el 31 de julio de 2022. La falla en los tiempos era de conocimiento de Delvasto y así lo reconoció en una entrevista que le concedió a La W, en la que el comerciante señaló que los términos del contrato debían quedar así, pero sabía que en ese tiempo no podría concluir la edificación. 

Así empezaron las prórrogas y suspensiones de los términos del contrato. Primero, el consorcio pidió una suspensión de un mes para revisar presuntas fallas en los planos. Después, se excusó en la demora por parte de la alcaldía para dar inicio al contrato, también en imprevistos en la adecuación del suelo cuando iniciaron excavaciones y en las demoras en el transporte de materiales a raíz de la temporada de sequía. Así, corrió un año de prórrogas.

A mediados de 2023, por concepto de la interventoría y el consorcio, la alcaldía presentó una reformulación del proyecto para replantear aspectos del diseño relacionados con desagües e instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas, los cuales debían ser aprobados por Prosperidad Social para avanzar en la construcción. 

La obra empezó a tomar revuelo mediático cuando empezó a quedar parada la construcción y funcionarios de la alcaldía empezaron a exculparse. En un video publicado en agosto de 2023 en la página de la institución, Carlos Ernesto Díaz, quien había asumido la Secretaría de Planeación, salió en defensa de la alcaldía exponiendo los avances de la ejecución de la obra y que las suspensiones eran necesarias para mejorar las condiciones del proyecto.

La alcaldía de Acosta debía realizar el estudio previo de la obra, un proceso que debe surtirse para avalar la viabilidad de un proyecto. A inicio de 2021, el entonces secretario de Planeación y Desarrollo Económico Municipal, Miguel Ángel Uribe Ramírez, concluyó ese estudio, pero hay varias dudas sobre el proceso. Desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se elaboró una guía para la elaboración de proyectos que pretendieran construir y dotar plazas de mercado. Para entonces, el modelo que estaba disponible, precisaba aspectos del presupuesto y el cronograma que debieron ser tenidos en cuenta por la entidad territorial para que la obra fuera exitosa.

Consonante buscó a Miguel Ángel Uribe Ramírez, exsecretario de planeación municipal, para preguntarle si siete meses era un tiempo posible para realizar la obra y si se falló en el estudio previo y la materialización de los planos para la plaza de mercado, pero lejos de referirse a su gestión argumentó que no se pronunciaría porque desconocía los detalles actualizados de la obra en manos de la nueva administración.

Lo cierto es que el estudio previo y las especificaciones técnicas de la obra, que estaban a cargo de Uribe, presentaban varias fallas. Una vez se superó la etapa de reevaluación del proyecto, la Alcaldía y el consorcio liderado por Delvasto acordaron una adición presupuestal de 2.177 millones de pesos, provenientes de recursos de la administración municipal. Con este ajuste, el contratista no sólo mantuvo los 222 millones de pesos que inicialmente representaban su ganancia neta, sino que obtuvo cerca de 80 millones de pesos adicionales en utilidades.

Previniendo un elefante

Junto a otras obras del departamento, la construcción de la plaza de mercado empezó a ser evaluada dentro del proyecto Compromiso Colombia, una estrategia de control fiscal de la Contraloría General de la República que buscaba generar diálogos entre la comunidad, las instituciones locales y las entidades a cargo de obras para que no terminen siendo elefantes blancos, pero ni así logró destrabarse el proyecto de la plaza de mercado.

Durante ese tiempo, a esto se sumó el vencimiento del contrato de interventoría y la demora en la asignación de uno nuevo —más de seis meses— para el puesto. Por esto y la reformulación del proyecto, el consorcio justificó una parte de las suspensiones del contrato, que en total tuvieron lugar desde el 13 de julio de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024. Durante un año, un mes y 18 días el proyecto estuvo en pausa.

“Para que se volviera a mover la obra de la plaza de mercado, nos tocó, como veeduría, llamar a la mesa de moralización del departamento donde estaba Fiscalía, Procuraduría y Contraloría”, recuerda Ligia. Así escaló la presión y se reavivó la obra en agosto de 2024. “Porque estamos ahí encima como veeduría, con el alcalde actual se movió. Pero el alcalde anterior sí nunca le puso acento a eso. El secretario de Planeación nunca le prestó atención”, reprocha Dimaté.

De esta manera la obra se reactivó y Giovanni Delvasto ha solicitado tres prórrogas de tiempo para cumplir con la construcción. Según le informaron al grupo de veedoras en mesa con los entes de control, se amplió el plazo hasta mediados de este año para concluir. Consonante revisó la documentación subida en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y la última acta de prórroga acordó la nueva fecha de finalización del contrato para el 14 de junio.  “Ya estamos cansados que cada rato piden (el consorcio) plazo”, cuestionó Martínez. 

A inicios de abril de este año, la Contraloría solicitó auditar 889 convenios interadministrativos que Prosperidad Social había celebrado entre 2020 y 2024, pero esa institución solo pudo suministrar la documentación de 25 convenios, lo que impide verificar la millonaria ejecución del resto de proyectos. Consonante le consultó al ente de control si pudo auditar el convenio de la plaza de mercado de Inírida y desde la oficina de prensa confirmaron que este fue uno de los procesos sobre los que pidió cuentas al DPS, pero no le entregaron información.

El grupo de veeduría ciudadana confirmó que Prosperidad Social ya cerró su ciclo con el proyecto y dejó en manos de la Alcaldía la financiación de la interventoría final. “Había que hacer un adicional para poder terminar la plaza de mercado. Prosperidad Social dijo que ya no daba más plata, entonces, para que no se perdiera la obra, se comprometió el ente territorial a dar el último apoyo para contratar un interventor”, explicó Martínez.

Consonante contactó a Prosperidad Social para conocer qué responsabilidad mantiene sobre la obra y qué seguimiento ha hecho a los recursos invertidos en Inírida. Sin embargo, la oficina de prensa no entregó detalles.

Según Martínez, el último obstáculo fue precisamente ese: la falta de recursos para contratar un nuevo interventor, un gasto que ahora debía asumir la alcaldía. Pero había un cuello de botella político. El Concejo Municipal no le había aprobado al gobierno local el uso de cerca de 12 mil millones de pesos no ejecutados del año anterior, que servirían para financiar distintas obras del municipio, incluida la plaza de mercado.

Fue entonces cuando los veedores decidieron intervenir. “Nos permitimos recordarle al Concejo que eran representantes del pueblo, no del alcalde, y que estaban perjudicando a la gente, no al mandatario”, relató Martínez. La presión surtió efecto: en una sesión extraordinaria del pasado 10 de marzo, el Concejo aprobó el uso de esos recursos y se asignaron finalmente 120 millones de pesos para la interventoría de la plaza.

Mientras tanto, el consorcio solicitó la más reciente prórroga, esta vez alegando un retraso en la entrega de un equipo importado. Desde noviembre de 2024 adquirieron un sistema de bombeo contra incendios, pero el proveedor notificó que, por tratarse de un producto extranjero, tardaría varios meses en llegar. Con la instalación de los componentes especializados la red contra incendios y la red eléctrica, el consorcio encabezado por Delvasto podría por fin terminar la obra y dejarla en funcionamiento.

“A nosotros nos ha causado mucha molestia que cada rato nos salgan con una cosa más, que siempre falte un detalle”, concluyó Martínez, con el tono de quien ya ha escuchado demasiadas promesas.