Desde hace más de un año las víctimas de las comunidades campesinas e indígenas de La Trocha y de El Siete y cinco veredas aledañas no saben nada de la Unidad para las Víctimas. Todos coinciden en lo mismo:no saben en qué van los tres procesos de reparación colectiva que comenzaron formalmente entre 2015 y 2016. En esos años la Unidad reconoció que las comunidades de La Trocha, del Cabildo Mayor Indígena de El Carmen de Atrato y El Siete y veredas aledañas sufrieron graves violencias por cuenta del conflicto armado que afectaron el tejido social, la infraestructura comunitaria, la economía y la permanencia en el territorio.
En los años siguientes, de forma intermitente, contratistas de esta institución visitaron a las comunidades para levantar información sobre los daños del conflicto y sobre las necesidades de las víctimas en materia de reparación. Sin embargo, el proceso no continuó y ninguno de estos tres sujetos colectivos, como los llama la ley, alcanzaron a construir y aprobar el plan o ruta para repararlos.
Según líderes e integrantes de los comités de impulso de la reparación, hubo varios problemas en el proceso, que van desde el constante cambio de los contratistas hasta la dificultad de construir confianza entre miembros de las comunidades. Como consecuencia, una parte de la gente se desilusionó y dejó de participar en el proceso, pero la mayoría sigue esperando que la entidad vuelva y avance.
En parte, la esperanza continúa porque estos no son los únicos procesos andando. El primer sujeto de reparación que reconoció la Unidad en este municipio chocoano fue la vereda Guaduas. Este territorio, ubicado a dos horas de El Carmen al que se llega atravesando una carretera en muy mal estado, sufrió la violencia en forma de asesinatos selectivos, masacres y un desplazamiento forzado masivo que dejó la tierra vacía. Ahí nació el Ejército Revolucionario Guevarista, una guerrilla carmeleña que se desmovilizó en el proceso de Justicia y Paz, pero que sembró la desconfianza entre vecinos y estigmatizó a toda la población como guerrillera, a los ojos de los paramilitares y de la Fuerza Pública.
El 28 de octubre de 2013, la Unidad para las Víctimas reconoció que la comunidad de Guaduas debía ser reparada de forma colectiva, y tras un año de encuentros, el 26 de septiembre de 2014 se aprobó el Plan Integral de Reparación Colectiva (Pirc). En adelante, esta comunidad continuó la ruta del Pirc: se reconstruyó la caseta comunitaria de bajo Guaduas, el Estado entregó un tractor y un camión, empezó un proyecto de siembra de cacao y plátano, otro de ganadería y se entregaron instrumentos musicales y trajes. El proceso de reparación finalizó, oficialmente, en 2022. Sin embargo, representantes de la comunidad afirman que no se sienten reparados, un problema que le atribuyen, por ejemplo, a la falta de seguimiento al proyecto del cacao, a un Pirc con medidas vagas que se materializaron en objetos que no necesariamente responden a las necesidades de la comunidad y, sobre todo, a que nunca se realizó un plan de retorno para las personas que se desplazaron y que aún hoy no han podido volver.
Además del caso de Guaduas, dos comunidades más avanzaron con la reparación colectiva: el resguardo Sabaleta y la comunidad indígena La Puria. El Pirc de estas comunidades tardó cerca de dos años en ser construido y aprobado, cosa que sucedió en diciembre de 2017. Desde entonces, y hasta finales de 2022, la implementación de los planes lleva un avance aproximado del 50 por ciento.
La reparación colectiva es importante para la población. En palabras de Dora Elsy Gallego, integrante del comité de impulso a la reparación de El Siete y veredas aledañas, es clave trabajar en comunidad porque “ese daño (el de la guerra) no se queda ahí, eso se sigue avanzando. Es un daño como cuando empieza la goterita a caer, a caer ahí, y todo se empieza a romper, y sigue y sigue haciendo daño. Nuestras generaciones están afectadas por eso”.
"Ese daño (el de la guerra) no se queda ahí, eso se sigue avanzando. Es un daño como cuando empieza la goterita a caer, a caer ahí, y todo se empieza a romper, y sigue y sigue haciendo daño. Nuestras generaciones están afectadas por eso”
Dora Elsy Gallego
Para otros líderes también es la oportunidad de transformar el territorio que se estancó porque la gente se fue, porque no pudieron volver a confiar en sus vecinos para trabajar en conjunto o porque la pobreza detuvo el avance. Por esto la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asocomunal) del municipio, a través de un comunicado, pidieron el avance de los planes en clave de fortalecimiento a las organizaciones sociales, restitución de tierras, mejoramiento de vivienda, saneamiento básico y servicios públicos, entre otros.
Para Jennifer Muete, trabajadora social, integrante del Grupo de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional e investigadora en temas de reparación colectiva y justicia propia, dice que estos pedidos de la población son preocupantes, pues demuestran la falta de atención del Estado. “Es triste que estas necesidades tengan que estar en un plan de reparación colectiva para que el Estado pueda responder”, afirma. Pero aclara que esto sucede en muchos territorios, pues el conflicto armado impactó en esas necesidades básicas. Más allá de los planes, para Muete el Estado tiene que responder, y esto es a través de la presencia permanente y de la oferta institucional. Pero esto no pasa en El Carmen de Atrato.
Cambio de contratistas y poca información
“El paso a paso a través de los años ha sido el mismo: siempre vienen los funcionarios de la Unidad de Víctimas de Quibdó, nos reúnen, se hacen actas, pero nos olvidan por meses y hasta años sin dar ningún avance. Solo hasta el año 2021, que se dejó todo proyectado para ser ejecutado a partir de febrero 2022, pero aún estamos esperando el paso a seguir”, dice Isabel Cristina Rincón, presidenta de la Junta de Acción Comunal de las comunidades El Once, El Doce y El Piñón, y parte del comité de impulso del sujeto de reparación colectiva de La Trocha.
Para ella uno de los mayores obstáculos para avanzar con el proceso ha sido la falta de constancia y de transparencia por parte de la entidad. Según otros líderes consultados por Consonante, durante los años anteriores fue usual que cada seis meses se cambiaran los contratistas de la Unidad para las Víctimas, lo que representaba volver a construir confianza y, en ocasiones, repetir procesos. “Cambian mucho de persona, entonces se convierte como en un círculo: ellos (contratistas de la Unidad) vienen, socializan, se presentan y dicen que hay que hacer lo mismo. Pasan otros meses, invitan a otra reunión y vuelven y comienzan otra vez con el proceso. Yo creo que eso es lo que ha retardado todo”, explica Dora Elsy Gallego.
El proceso ha perdido credibilidad, por lo que algunos líderes se han retirado de los comités de impulso. Esto también ha generado que la información sobre cómo va cada caso no circule bien. “Entendemos que en la actualidad el plan de reparación está construido y próximo a su aprobación. Sin embargo, al interior de las comunidades no conocemos la propuesta de plan, por esta razón consideramos que no debe ser aprobado hasta que se socialice y se apruebe por las comunidades”, se explica en el comunicado de Asocomunal sobre la reparación de El Siete y veredas aledañas.
Anaís Palacio Quejada, enlace nacional macrorregión pacífico de la Unidad para las Víctimas, respondió a través de un documento que “es imposible decir que van a continuar los mismos contratistas dado que por ley los contratos tienen un tiempo determinado. Lo más importante para los sujetos de reparación colectiva es consolidar los avances y compromisos de su proceso al finalizar la vigencia”. La funcionaria explica que el objetivo es que cuando llegue un nuevo contratista, éste pueda avanzar sin retrasos. Según Palacio, la Unidad está avanzando con 217 contrataciones de técnicos profesionales para atender los procesos de reparación colectiva.
Para Jennifer Muete el cambio de contratistas es una constante en otros procesos de reparación en otras regiones. “Eso influye mucho en términos de cómo se acerca el Estado a dialogar con las comunidades. Muchas veces una persona entabla una relación de confianza con la gente, y luego llega otra y parte de cero”, explica. "Tiene que garantizarse un empalme integral con el funcionario que entra, pero eso no pasa. Se genera un desgaste en la comunidad”.
"Tiene que garantizarse un empalme integral con el funcionario que entra, pero eso no pasa. Se genera un desgaste en la comunidad”
Jennifer Muete
A esto se suma que los procesos se van dilatando. “Puede que hace dos años la gente necesitara una cosa, pero ahora puede que esa necesidad haya cambiado o se suplió de otra manera. El hecho de que no haya continuidad en las entidades territoriales hace que se estanque el proceso”.
Oferta institucional insuficiente y poco acompañamiento
Cuando empezó el proyecto de cacao en Guaduas, un técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (conocida como FAO), estuvo prácticamente viviendo durante varios meses en la vereda. Trabajó con los campesinos y caracterizando el territorio para que el proyecto funcionara. Sin embargo, su trabajo llegó hasta que se entregaron las plántulas. En ese momento, según Marcela Sánchez, lideresa de la vereda, la gente se quedó sin acompañamiento. “La Alcaldía no tenía y aún no tiene un agrónomo, entonces solo hubo unos cursos cortos o unas capacitaciones con el Sena y pare de contar”.
Esto mismo pasó con otras medidas. “En algo tan sencillo como acompañar un proceso para que los líderes o lideresas aprendieran a manejar un computador, aprendieran a redactar unos documentos. No hubo manera que aquí alguien viniera e hiciera unas capacitaciones básicas. Hay unos instrumentos musicales que se están volviendo viejos, dañándose guardados. Lo mismo pasa con una serie de cosas para danzas que dieron. Las comunidades a veces requerimos ciertos elementos, pero estos elementos deben venir acompañados con capacitaciones para usarlos”, afirma Sánchez.
En esta vereda también señalan que las necesidades que quedaron incluidas en el plan fueron muy amplias, tanto que una de las medidas de reparación fue la entrega de un tractor. El problema es que la de Guaduas es una comunidad sobre todo ganadera.
Para Jennifer Muete el problema principal es que para la reparación colectiva se establece una oferta institucional limitada que muchas veces se determina desde un escritorio en Bogotá. “No es solo decir: ¿qué es lo que necesitan? Sino generar un diálogo a través del diagnóstico que levantan las entidades, donde se dialogue con la gente. Preguntarles si eso que se ve en el diagnóstico es o no un problema para la gente”. Para la investigadora, también es importante que las entidades territoriales participen del proceso. “Tiene que haber un enfoque territorial realmente fuerte para que lo que hace el Estado responda realmente a las necesidades de las comunidades y que tengan un acompañamiento técnico y en términos de qué pueden ofrecer las entidades y cómo”.
Las peticiones de la gente
El primer pedido de las víctimas es que la Unidad regrese al territorio a retomar el proceso. Sobre esto, la funcionaria Anaís Palacio afirmó que los procesos se retomarán en agosto. “Los cinco sujetos se encuentran priorizados por la Unidad de Víctimas, sin embargo, es importante resaltar que con algunos sujetos se viene avanzando desde mayo (Sabaleta y La Puria). Con los otros sujetos (la Comunidad El Siete, Comunidad La Trocha y Camaica) se realizarán actividades desde agosto para valorar su avance y una vez terminada esta reunión, se agendará para continuar con sus actividades en los meses de septiembre, octubre y noviembre”.
Si esto efectivamente ocurre, la gente espera que los procesos sean fluidos y participativos, pero que además se hagan los cambios necesarios según las necesidades actuales de los territorios. Por ejemplo, la atención psicosocial. Isabel Cristina Rincón dice que con lo poco que se ha avanzado, hay mejoras. “Nos hemos dado cuenta de hechos que le ocurrían al vecino y no nos dábamos cuenta solo hasta que iniciamos este andar y llegamos a aceptar que hasta entre nosotros en algún momento nos asaltaba la duda de la honestidad del vecino”, cuenta.
Por último, quieren contar con el apoyo de otras instituciones que puedan solucionar problemas apremiantes que no puede resolver la Unidad para las Víctimas. Por ejemplo, restituir las tierras, rehabilitar los centros de salud rurales y construir nuevos donde no hay y disponer personal médico para atender a la gente. Solo así se podría reparar el tejido que dañó la guerra.
