Maryori Villalobos conocida como Yuli, sale todos los días de su casa a las nueve de la mañana. Con una carretilla recorre las calles de Fonseca para recoger plásticos, vidrios, papel y otros materiales para vender. Hay días buenos, en los que puede regresar a su casa a la una de la tarde, pero hay otros en los que le cuesta un poco más conseguir material, y camina hasta que tenga suficiente reciclaje para ir a la chatarrería, venderlo y conseguir algo de dinero para los gastos diarios.

Villalobos tiene 38 años, es de nacionalidad venezolana y desde hace más de seis años vive en Fonseca con sus siete hijos y tres nietos. Relata que empezó a reciclar por sugerencia de una amiga que le mostró que esta actividad, más allá de ser ambientalmente útil, era una fuente de ingresos. "Yo no sabía cómo hacerlo, pero ella me enseñó, me explicó todo y desde ese momento me dedico al reciclaje, esto no es cualquier cosa; reciclar tiene su técnica", afirma. 

Como ella, decenas de recicladores informales recorren las calles de Fonseca todos los días, pero lo hacen en condiciones difíciles y en medio de la informalidad. Las propias personas que se dedican a esta labor, han identificado que aproximadamente 60 familias en el municipio dependen de esta actividad como única fuente de ingresos. Sin embargo, operan sin respaldo ni reconocimiento oficial, ya que el municipio carece de un sistema eficiente de reciclaje formal.

La labor de estas personas es fundamental en el municipio, ya que su trabajo evita que muchos materiales terminen en los rellenos sanitarios, con lo que se reduce la contaminación y se extiende la vida útil de productos contaminantes que tardan mucho tiempo en descomponerse, como el plástico. 

El Decreto 596 de 2016 reconoce la importancia de esta labor en medio de una cadena que permite disminuir el impacto de las basuras sobre el medio ambiente y, por esta razón, busca la formalización progresiva de los recicladores de oficio y su inclusión en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

Sin embargo, este decreto también considera la necesidad de que los usuarios entreguen los residuos debidamente separados, labor que es un reto en municipios como Fonseca en los que existe poco conocimiento sobre el reciclaje, especialmente en los hogares. Por esta razón, a través de esta normativa se solicita a los entes territoriales realizar campañas educativas que permitan brindar información para mejorar la separación de residuos.

Esto es importante porque, además de los riesgos para el medioambiente, los recicladores también se exponen a residuos peligrosos, ya que trabajan sin equipos de protección. El agua estancada y las basuras traen problemas por posibles infecciones o accidentes con objetos afilados, "algo que me ha pasado varias veces: la basura siempre tiene pañales, toallas sanitarias, papel higiénico o hasta excrementos de perro, algunos compañeros evitan meter la mano, pero yo lo hago porque necesito recolectar material para mantener a mis hijos y nietos. Si no reviso no recojo nada", afirma Maryori Villalobos.

La realidad de Yuli es la misma de muchas personas que dependen del reciclaje en Fonseca, una labor que es tan esencial para el medio ambiente como difícil y peligrosa para quienes la realizan.

La separación de residuos en zona rural

Si en la cabecera municipal la separación de residuos es un reto, en las zonas rurales esta dificultad es mayor. En las veredas y lugares alejados no hay servicios básicos como la recolección de basuras, lo que lleva a que la gente en estas zonas encuentre formas para manejar los residuos que pueden generar contaminación. Una de las más utilizadas es la quema de basuras.

Los habitantes se ven obligados a acudir a esta alternativa para gestionar los residuos porque de otra manera se acumularían, incluso, en estos lugares no es común encontrar recicladores. En medio de esta situación las personas en las zonas rurales tienen prácticas de uso alternativo y aprovechamiento de los residuos.

Lidis María Caro es una mujer de 66 años, habitante de la vereda El Paujil. Toda su vida ha habitado en zonas rurales, donde el servicio de aseo y recolección de basuras no es una opción con la que ella pueda contar. Por esta razón aprendió a clasificar los residuos sólidos de manera muy particular, para aprovechar al máximo los materiales que se pueden reciclar. Lava las bolsas plásticas para reutilizarlas, la ropa vieja la convierte en limpiones de cocina y coge ollas, las botellas las convierte en artículos del hogar como cuchareros y jaboneras; “uno tiene que cuidar el lugar donde vive”, afirma.

Ella recoge los materiales como botellas de vidrio, plásticos y bolsas, cuando acumula mucho material que no usará lo guarda en sacos para los recicladores que pasan por la vereda cada 15 días. “Las botellas de gaseosas me sirven para hacer maceteros y también las utilizo para guardar las cucharas y los cepillos de dientes”, dice. 

¿Qué dicen las autoridades?

Elenia Sierra, ingeniera ambiental adscrita a la Secretaría de Planeación de la alcaldía de Fonseca, afirma que en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos existen varias prioridades como el plan para manejar los residuos, catalogar a los chatarreros como recicladores de oficio, programas de Basura Cero, programas de charlas en las diferentes instituciones educativas con respecto al manejo de residuos sólidos, además, se busca caracterizar y crear bases de datos con los recicladores de oficio. 

“Todo esto lo hacemos tratando de que se cumpla a cabalidad cada una de las actividades que están plasmadas en el PGIRS, como lo son revisar todo lo del manejo del relleno sanitario y el manejo de los recicladores”, afirma Sierra. Agrega, además, que para este fin existe un comité conformado por entidades como Veolia, Interaseo, Bomberos y Defensa Civil. 

La alcaldía plantea también la puesta en marcha de proyectos escolares denominados PRAES (Proyectos Ambientales Escolares), para promover la educación ambiental entre los niños y niñas. La iniciativa busca desarrollar capacitaciones y clases enfocadas en temas como la gestión de residuos sólidos, con el propósito de convertir a los colegios en instituciones ambientalistas, según afirma Elena Sierra.

La inclusión de los recicladores informales en el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos, como lo regula el Decreto 596 de 2016, sería una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las personas que se dedican a esta labor y, además, junto con los programas y acciones pedagógicas que plantea la administración municipal, podría optimizar el aprovechamiento de los residuos reciclables y disminuir el impacto de estos sobre el medio ambiente en el municipio de Fonseca.

Alguna vez se ha preguntado ¿cómo se vive diciembre en otras regiones de Colombia?, ¿qué tradiciones permanecen entre las generaciones? y ¿a qué suenan las fiestas de fin de año en esos lugares del país?

A orillas del río San Juan, en el Pacífico colombiano, diciembre se vive en una conexión directa con los ancestros: con el sancocho trifásico cuya receta ha pasado de generación en generación y que todavía se prepara con los mismos ingredientes; o con la tradición de la veintiochada, que se realiza desde hace muchas décadas para celebrar el día de los inocentes, el 28 de diciembre.

En esta entrega del Especial de diciembre de Consonante nos trasladamos hasta el municipio de Tadó en el Chocó, para entender la importancia de la unión y de la alegría que marca las celebraciones de los chocoanos.

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Conducir por las vías del municipio de Fonseca se ha convertido en una actividad extrema. Es necesario esquivar los huecos, las obras sin terminar y atravesar el polvo que se levanta cuando es verano o el lodo que se estanca cuando llegan las lluvias.  

El constante rompimiento de las placas de pavimento de las calles y las carreras para realizar instalaciones de diferentes servicios, se han convertido en un problema para la comunidad; por un lado es un reto para la seguridad vial y, por otro, genera afectaciones para los habitantes de las viviendas y para propietarios de los locales comerciales.

Así lo manifiesta Zenaida Pérez, comerciante de productos de belleza que tiene su local en la calle 12, entre carreras 17 y 18, “hace más de dos meses una empresa contratista rompió la calle a lo largo del bordillo para meter una tubería de acueducto, también hay unas zanjas verticales que tienen mucho más tiempo y no las han corregido. Esto es un lío con el polvo que perjudica mi negocio comercial”.

Además, Zenaida Pérez ha sido testigo de múltiples accidentes de personas de la tercera edad que se caen por los huecos y de los vehículos que no ven las zanjas y caen en ellas. De hecho, los conductores son quienes más se quejan de esta situación.

“Esto es un desastre, la mayoría de las calles parecen una carretera con escalerilla, hay carreteras destapadas de la zona rural que están mejor que estas vías. Yo tengo un carro pequeño y a cada rato se daña la suspensión, todo el carro sufre y eso es plata. Menos mal yo soy mecánico y me ahorro la mano de obra, pero ¿y los repuestos?, no aguanta” afirma José Brito, habitante de Fonseca.

A pesar de que las actividades de construcción y reparación de vías están reguladas, de manera frecuente se realizan sin ceñirse a los requisitos legales, lo que se ha convertido en un reto para las autoridades municipales que tienen el deber de controlar estas malas prácticas que provocan accidentes que, en algunas ocasiones, resultan mortales.

Según Hernando Quintero, secretario de Planeación del municipio de Fonseca, quien quiera obtener un permiso para realizar una obra debe hacer una solicitud formal, “una vez se expida el permiso para la ruptura, un funcionario de acá de la dependencia realiza una visita ocular para hacerle seguimiento a la ruptura y, sobre todo, al reparcheo, el cual se debe hacer bajo las condiciones que tiene el pavimento para que más adelante no haya hundimiento, y si esto sucede, la persona que solicitó el permiso debe realizar nuevamente el reparcheo. En lo que va corrido del año tenemos menos de 10 permisos solicitados por parte de la comunidad y aprobados por parte de la secretaría, a los cuales se les ha hecho el seguimiento respectivo”.    

Como afirma Quintero, la administración municipal procura monitorear estas acciones, “desafortunadamente hay muchas personas de la comunidad que actúan de manera arbitraria y no se ciñen a ley. Aprovecho para hacerle un llamado a la comunidad a cumplir con la legalidad y, a los ciudadanos, recordarles que están en su pleno derecho de denunciar al momento de comprobar estas anomalías para nosotros tomar los correctivos del caso”, dice. 

Hay un tema de fondo, como lo indica el secretario de Planeación, que es el de la cultura ciudadana, ya que quienes generan los daños en las vías muchas veces son los propios habitantes de Fonseca. Por esta razón, la Alcaldía de Fonseca ha  implementado campañas informativas con las que busca explicar a la comunidad los pasos para solicitar licencias para la construcción de vivienda.

 “El predio es de ellos, pero la licencia la expide el municipio, incluso hay denuncias en contra de personas que se salen hacia el espacio público y toca medir para indicarle el lindero, en ocasiones toca demoler para que la persona respete los linderos que le corresponden”, señala el secretario.

La arteria vial más importante del municipio de Fonseca es la avenida Santander o calle 13, una vía nacional, ya que Fonseca no cuenta con una variante. La responsabilidad de su mantenimiento corresponde al Instituto Nacional de Vías (Invias), sin embargo, hasta hace 20 días se encontraba en un estado crítico debido a la gran cantidad de huecos y baches que la convertían en un verdadero peligro para todo tipo de vehículos y para los transeúntes. 

En varias ocasiones se presentaron accidentes en esta avenida, como el ocurrido en la noche del lunes festivo cuatro de noviembre entre las carreras 12 y 13, cuando Chistopher David Guzmán Martínez, un joven que se trasladaba en motocicleta, perdió el control del vehículo al caer en un hueco y recibió un golpe en la cabeza que provocó su muerte. En el mismo accidente quedó herida Katherine Móvil, que iba como parrillera, y un adulto mayor que fue arrollado por la motocicleta. Varias semanas después de este hecho se realizaron trabajos de reparación que mejoraron sus condiciones.

El cuerpo de bomberos del municipio es quien atiende buena parte de este tipo accidentes, “nosotros acudimos al sitio y atendemos la emergencia, la mayoría de veces entregamos a las personas accidentadas con vida ante la empresa prestadora de salud”, señala Ovier Mendoza, comandante del cuerpo de bomberos del municipio. 

Mendoza indica que hay una serie de situaciones que desencadenan este tipo de hechos en las vías de Fonseca. “Desafortunadamente la mayoría de estos accidentes suceden por falta de educación vial, la imprudencia tanto de conductores como de peatones, el mal estado de las vías, el consumo de alcohol, y, por último, la falta de alumbrado público y la escasa señalización que por las noches dificulta la visibilidad y es un peligro con las calles rotas”, afirma. 

Lo que viene

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el 2024 en Fonseca se han reportado tres muertos y cuatro personas lesionadas en accidentes de tránsito, en todos los casos los vehículos involucrados fueron motocicletas.

La actual administración municipal hizo el compromiso de reparar todas las vías del municipio. Los fonsequeros tienen la esperanza de que la intervención ocurra y con esta mejore la movilidad, baje el índice de accidentalidad en el municipio y el fin de año culmine con un saldo favorable en materia de accidentes.    

Desde hace siete meses la comunidad de la vereda Charco Negro, en el municipio de Tadó, vive en medio de los malos olores, plagas de animales, contaminación y enfermedades provocadas por un botadero de basura en el que los desechos no cuentan con un tratamiento adecuado para minimizar los impactos en el entorno. Por esta razón, las personas han exigido una solución  a la Alcaldía de Tadó. 

La alcaldía intervino recientemente este lugar y realizó trabajos en la celda transitoria, donde actualmente se depositan las basuras. Según Lina Marcela Mosquera, secretaria de Planeación municipal, las acciones llevadas a cabo extendieron su capacidad a tres años y, de manera posterior, podría ampliarse hasta cinco años. “La alcaldía está buscando un lote que permita construir la celda definitiva que cumpla con todas las características jurídicas en materia ambiental”, señala Mosquera.

Según Francisco Valderrama Moreno, gerente de la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Tadó S.A. (Espat), hay varios sitios en los que se puede construir una celda definitiva para el depósito de residuos sólidos y se espera que esto ocurra antes de que la actual llegue a su tope máximo, sin embargo, es necesario que la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) haga la revisión y dé la autorización para llevar a cabo este proyecto.

Como se había anunciado desde julio, se tenía la expectativa de contar con los servicios de la fundación de reciclaje Asoculde, con el fin de realizar separación y aprovechamiento de residuos. Según la secretaria Mosquera esto se logró de manera reciente con la vinculación de la fundación durante nueve meses, lo que permitió recoger “más de tres toneladas de residuos plásticos, vidrios y otros que se tiraban a los ríos San Juan y Mungarrá”, afirma.

Francisco Valderrama señala que con la vinculación de Asoculde, se aporta a la descontaminación ambiental del municipio, porque transforman materiales como plásticos y vidrios, además, evitan que estos lleguen al botadero, lo que permite aumentar la capacidad de almacenamiento de la celda transitoria.

Valderrama dice que esta intervención del botadero de basuras dejó el sitio en buenas condiciones para su operación. “Esta cumple las condiciones ambientales para que no afecte al Instituto Técnico Agroambiental ni a los vecinos del sector, porque cuenta con todas las chimeneas y los olores que produce son pocos”, afirma. Como lo registramos en el mes de julio, este instituto es uno de los lugares más afectados por el manejo de residuos en esta zona, ya que se encuentra tan solo a 200 metros de la celda transitoria.

La espera no ha terminado

Mientras que el gerente de la Espat asegura que ya empezaron a hacer fumigaciones en el sector para reducir la proliferación de moscas y zancudos, la comunidad de Charco Negro y el rector del Instituto Técnico Agroambiental dicen lo contrario.

Luis Alberto Perea, habitante del sector, dice que los trabajos que realizaron en el botadero lograron reducir los malos olores, pero todavía persiste la presencia de zancudos, moscas, serpientes y ratas. “Para nosotros poder comer prendemos un ventilador, para que espante las moscas con el viento. Yo solo pido a la alcaldía que organice ese botadero mejor”, afirma. 

La misma percepción comparte Mirian Murillo Palacios quien, además, señala que nadie les ha dado información clara sobre el botadero de basuras ni los riesgos que este implica para la comunidad, a sus 92 años siente temor de un posible accidente por la proliferación de animales que llegan hasta su casa, “yo no veo bien y siento miedo de pisar una serpiente”, dice.

La comunidad educativa del Instituto Técnico Agroambiental (ITA) enfrenta una situación similar, aunque se redujeron los malos olores, la tranquilidad de los estudiantes se interrumpe de manera constante por las serpientes y las moscas que se concentran de manera particular en el comedor escolar.

Como lo señala el rector Noé Mosquera Flores “somos una institución agroambiental que nos proyectamos a dar una educación en el cuidado del medio ambiente a nuestros estudiantes y esto resulta contradictorio, nosotros trabajando esa parte de protección ambiental, que es tan importante no solo para Tadó sino también para el mundo, y que a la par tengamos esa situación de la celda transitoria ubicada a pocos metros de nuestra institución”, afirma.

¿Qué sigue?

La comunidad de Charco Negro y el ITA esperan que se avance de manera rápida para dar soluciones definitivas, y que se pueda ubicar el botadero en un lugar permanente alejado de sus casas y de la institución educativa, que cumpla con todas las exigencias para evitar la contaminación ambiental.

Según la secretaria de Planeación, Lina Mosquera, la alcaldía busca continuar labores que permitan mitigar el impacto ambiental y mejorar las condiciones del botadero. Una de las estrategias es generar un nuevo convenio con Asoculde para continuar con el aprovechamiento de residuos reciclables en zona rural y urbana de Tadó.

No obstante, para la comunidad esto no es suficiente, pues lo que se espera es una solución definitiva con el cierre de la actual celda y su instalación en otro sitio. Así lo indica el rector Noé Mosquera: “desde la institución daría la recomendación a la alcaldía de que busque un espacio que sea más distante a la institución y a la comunidad en general, o buscar la forma técnica de darle un manejo adecuado a esos depósitos para que el impacto al medio ambiente sea minimizado”, afirma. 

Cerca del mediodía del 7 de noviembre, Elizabeth Moreno, coordinadora del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, se desplazaba con cuatro mujeres más en una lancha por el río San Juan. Se dirigían a Istmina después de realizar unos talleres en la comunidad de Noanamá, cuando a la altura de Bocas de Sipí integrantes de un grupo armado ilegal les hicieron señales para que se acercaran a la orilla en la que ellos se encontraban. En ese momento comenzaron los disparos, las balas pasaban por un lado y por el otro, mientras las mujeres y el motorista trataban de protegerse. Sin saberlo quedaron en medio de un enfrentamiento entre grupos armados.

Como pudo, el motorista maniobró para dar la vuelta y regresaron por la misma ruta para refugiarse en la comunidad más cercana. Tres horas después, cuando vieron transitar otras lanchas por el río, las mujeres decidieron retomar el camino, pero más adelante se encontraron con un retén ilegal. Varios hombres armados les hicieron preguntas y les anunciaron que pronto empezaría un paro armado.

Al día siguiente, el Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional  -Eln- anunció el inicio de un paro armado indefinido en los ríos San Juan, Sipí y Cajón a partir del 9 de noviembre. En su comunicado el Eln argumentó que la razón de este paro son los combates que se realizan en el territorio contra el Ejército Gaitanista de Colombia -Egc-, por el control del territorio sobre el río San Juan, agregando además una presunta connivencia con la Armada Nacional.

Paradójicamente este comunicado se hizo público pocas horas después de que las delegaciones del gobierno colombiano y el Eln anunciaran que las mesas de diálogo reanudarán labores, luego  de dos meses de interrupciones debido a las acciones armadas de esta guerrilla en el departamento de Arauca.

Los botes de los habitantes de la subregión de San Juan durante una semana estuvieron amarrados en la orilla de los ríos a la espera del levantamiento del paro. Este hecho dejó a 54 comunidades, entre afrodescendientes e indígenas del pueblo wounaan, confinadas en sus territorios. Esta es una agresión que se ha repetido incontables veces en los últimos años. 

El protagonista por estos días fue el silencio. Aparte de un cruce de comunicados en las redes sociales de los grupos armados y de las instituciones estatales nadie dio razones, hasta el 15 de noviembre, cuando el Frente de Guerra Occidental publicó en sus redes sociales un comunicado con el que puso fin al paro armado a partir del sábado 16 de noviembre a las 6:00 a.m. 

“Esta guerra no es nuestra”

Los tres ríos sobre los que se anunció el paro armado se encuentran ubicados en la subregión del San Juan, un territorio que en los últimos años ha sido escenario de disputa entre la guerrilla del Eln y el grupo paramilitar Egc. Este territorio, que por décadas ha sido bastión de la guerrilla, es un punto estratégico en términos militares porque limita con los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda, lugares en los que existe una fuerte economía ilegal, representada principalmente por la minería.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, ambos grupos armados han fortalecido su accionar en el departamento del Chocó. De acuerdo con el análisis de esta organización, actualmente el Eln hace presencia permanente en 30 de los 31 municipios del departamento. Por su parte, el Egc está en todos los municipios y de manera reciente se estableció en Unión Panamericana, Alto Baudó, Santa Rita y Tadó, con lo que de momento tiene mayor control a nivel territorial que el Eln.

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"La gente en Tadó tiene miedo"

Para Kyle Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses, la guerra entre estos dos actores tuvo sus inicios en  2015 en el Bajo Atrato y desde ese momento el Egc ha avanzado de manera rápida en el control del territorio, especialmente en los últimos cuatro años: “El Eln viene perdiendo mucho territorio, primero en el Bajo Atrato y luego en el Medio Atrato, ha perdido territorio en el Baudó, San Juan y sur del Chocó. Realmente el Eln ha sido replegado en el departamento y el Egc ha venido avanzando”.

El fortalecimiento de este grupo en todos los municipios del departamento se da en un contexto de denuncias sobre sus presuntas alianzas con la fuerza pública. De hecho, un par de días después del inicio del paro armado, la Fiscalía General de la Nación capturó a siete personas, entre ellas dos infantes de marina y un exintegrante de la Armada Nacional, que hacían parte de una alianza criminal con el Egc para la ejecución de actividades ilegales en el Chocó.

Así lo señala también un analista del conflicto armado colombiano que pidió no ser identificado: “el Egc va ganando esta guerra en el Chocó porque […] hay evidencia de testimonios de convivencia entre miembros de la fuerza pública y el Egc”. De esta manera, el apoyo táctico de las fuerzas militares se estaría convirtiendo en un factor determinante en las nuevas dinámicas armadas en búsqueda del control sobre esta región del país.

Esta situación explicaría la decisión de la guerrilla de decretar un paro armado en este momento, justo cuando existe una inminente debilidad militar. Como lo explica Kyle Johnson, este tipo de acciones tiene un sentido para el Eln, “normalmente son para frenar el avance o de la fuerza pública o del Egc, cuando están bajo bastante presión militar y quieren mantener el control del territorio”, señala.

Comunidades en confinamiento permanente

El 9 de noviembre Sara* se levantó muy temprano y se apresuró para llegar al embarcadero de Istmina y ver si algún bote se arriesgaba a salir hacia su comunidad, ubicada río abajo sobre el San Juan. Aunque algunas personas se arriesgaron a navegar en las primeras horas del paro, Sara no logró embarcarse, pero compró algunos alimentos como queso y huevos para sus tres hijos menores de edad que se quedaron solos y le encargó su entrega a un motorista. Algunas lanchas fueron obligadas a devolverse, otras tuvieron más suerte y lograron llegar hasta las comunidades. Horas más tarde sus hijos le confirmaron que recibieron la alimentación, pero tras una semana del “cierre del río” poco les quedaba para comer.

Días antes del paro armado, como es usual, Sara salió a Istmina para realizar algunas diligencias, por lo que en sus planes estaba permanecer en el municipio solo algunos días y regresar cuanto antes a su comunidad. Sin embargo, su estancia se extendió más de lo deseado porque no tenía ninguna alternativa para regresar a su casa. 

Un incontable número de personas que habitan en las riberas de los tres ríos se encontraban en esta situación. Debido a que las comunidades se ubican en zonas apartadas, sus habitantes cada tanto viajan a las cabeceras municipales a realizar diligencias, comprar mercado, pagar facturas, ir a citas médicas y otras actividades. Pero, en el último año salir del territorio siempre tiene una carga de incertidumbre.

De hecho, como afirma Sara, desde hace cuatro años la situación en las comunidades del San Juan es de permanente angustia, “por el recrudecimiento del conflicto armado no hay un día que las comunidades no estén en confinamiento”, afirma. Si bien el paro armado es un hecho de violencia que restringe de manera masiva la movilidad, muchos habitantes coinciden en que esta no es la única forma de generar confinamiento. La presencia de minas antipersonales y los enfrentamientos constantes han provocado que en los últimos años los habitantes limiten al mínimo su movilidad en la zona rural.

Esta posición la comparte Víctor Ibargüen, habitante de la comunidad de San Miguel: “que no haya bloqueo en los ríos no quiere decir que no estemos confinados, porque a veces no hay paro y no nos podemos dirigir a las quebradas y ríos por la zozobra”, afirma.

Él tiene 27 años, su vida ha transcurrido en este territorio a orillas del río San Juan. Por eso dice con propiedad que nunca antes el peligro se había sentido tan latente como ahora. Sabe que por el miedo, las personas ya no caminan con tranquilidad ya que temen pisar una mina. Por esa razón ya no van a recoger las cosechas de sus parcelas, han abandonado los cultivos que tenían en varios lugares y prefieren moverse alrededor de la zona poblada. “Esto es algo que nos mata física y mentalmente”, señala.

Los días del paro se hicieron largos para Víctor. Su esposa e hija no estaban en la comunidad pues habían salido a visitar a una familiar y no pudieron regresar. Al estar solo logró optimizar al máximo los alimentos que tenía en casa, pero en los últimos días del paro optó por comer solo dos veces al día. Los alimentos se estaban acabando en la comunidad y no había certeza de cuándo se podrían volver a movilizar por el río San Juan. 

La tensión entre la guerra y la paz

Uno de los elementos que más llama la atención de este paro armado es que se haya decretado justo al mismo tiempo que se abre una posibilidad de continuar las negociaciones entre el Gobierno y el Eln. A simple vista se podría identificar como falta de unidad de mando del Comando Central -COCE- con un frente como el Occidental. Sin embargo, como lo afirma Kyle Johnson, esto realmente responde a su estrategia como grupo armado en temas de guerras locales hay bastante autonomía de cada unidad. 

"El COCE no va a intervenir mucho a decir: ‘no hagan un paro armado ahorita’. Esa decisión la pueden tomar en Chocó. Eso es a propósito, así han definido su línea de mando en temas de guerra”, afirma.

Agrega, además, que la tensión existe realmente en los asuntos de paz porque, “hay más centralismo en la paz que en la guerra”. De esta manera, la respuesta del paro armado, según Johnson, se puede leer en este momento como un mensaje con el cual el Frente de Guerra Occidental trata de decir que las condiciones para la paz no están dadas en el territorio, “está mandando un mensaje de que el territorio no está en un buen momento para negociar”, afirma.

El 12 de noviembre el Frente de Guerra Occidental anunció un corredor humanitario para ingresar ayudas para las comunidades. Sin embargo, en conversaciones con lideresas y líderes se confirmó que esta alternativa no fue utilizada por la institucionalidad. A pocas horas del anuncio de este grupo armado de levantar el paro la zozobra se mantiene en el territorio y las comunidades continúan a la espera de garantías para mejorar las condiciones de seguridad en sus territorios.

“Sabemos que los desastres naturales nadie los puede predecir, pero el tema de la guerra que enfrentamos sí se puede prevenir y, la verdad, esta guerra no es nuestra. Como comunidad estamos exigiendo presencia, actuación e implementación de los acuerdos que ya se han hecho en la mesa: implementación del acuerdo de paz capítulo étnico, implementación del Acuerdo Humanitario Ya para Chocó y reconocimiento de la agenda de paz de la sociedad civil para nuestro territorio”, señala Elizabeth Moreno. 

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El levantamiento del paro mitiga un poco la angustia de las comunidades de los tres ríos, sin embargo, las comunidades saben que mientras el conflicto armado persista acciones como esta se repetirán. Por eso los habitantes de la subregión del San Juan señalan la urgencia de avanzar en las negociaciones con el Eln y  definir el inicio de cualquier tipo de negociación que tenga como perspectiva el fin del conflicto con el Egc.

*Nombre cambiado a solicitud de la entrevistada.

La docente Blanca Fuentes de Aragón es una mujer que ha dejado una huella imborrable en el ámbito de la educación, la escritura y la política en el municipio de Fonseca en La Guajira. Durante cerca de cinco décadas construyó una carrera importante; dedicó su vida a transformar la enseñanza y dejarle a las nuevas generaciones y a la sociedad aprendizajes a través de sus libros y su labor en el servicio público. Su infancia, su adolescencia, su vida laboral y su hogar tuvieron como epicentro el municipio de Fonseca en donde siempre ha vivido, y espera que así siga siendo. En esta entrevista hablamos con ella sobre la educación del pasado siglo y del presente, los desafíos que enfrentó en su profesión como educadora, su pasión por la escritura, su paso por la política y cómo todo esto influyó en su vida, su familia y la sociedad fonsequera.

Consonante se sentó en el sofá de su sala para conversar con ella y esto nos dijo.

Consonante: ¿Cómo se educó Blanca Fuentes?

Blanca Fuentes: Bueno, mi primaria la cursé en la Inmaculada de Fonseca, que ya cumplió 75 años, la secundaria en la Normal Superior de Señoritas de Santa Marta, en donde recibí el título de maestra superior, después hice una licenciatura con el programa abierto y a distancia que la empresa carbonífera Carbocol trajo a La Guajira en convenio con la Universidad Javeriana, después hice otra especialización con la Universidad Católica de Manizales sobre educación personalizada y, últimamente, hice una especialización con la Universidad Javeriana sobre Planeación Institucional Para el Desarrollo Educativo Regional.

C: ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo que enfrentar en las primeras etapas de formación?

B.F: Cuando yo quería estudiar pedagogía, mi papá quería que yo estudiara comercio exterior como mi hermana mayor, pero yo le dije que no, que yo quería ser pedagoga. Y contra viento y marea me fui, junto con Rafael Manjarrez a la normal de Santa Marta, me presenté y pasé. Es ahí cuando se me presenta una laringitis crónica y la directora de la Normal me dice que yo no podía seguir estudiando, porque lo principal para la pedagogía era la voz, que así como un albañil necesita de sus instrumentos para desarrollar su trabajo, yo necesitaba la voz para educar. Pero como a mí me fascinaba esto desde niña, le recé a María Auxiliadora y Cristo Rey y como un total milagro recuperé la voz, jamás renuncié, quise ser maestra y Dios me lo concedió.

C: ¿Cuándo descubrió que tenía vocación para ser maestra?

B.F: Desde niña mi juego favorito era el de la escuelita, yo cogía a mis hermanitos menores y a los amiguitos que frecuentaban la casa y les daba clases de matemáticas, de español, les enseñaba las capitales y eso. Yo admiraba a mis profesoras de la Inmaculada, monjas de la Madre Laura.

C: ¿Cuándo se empieza a interesar por la literatura y la escritura?

B.F: Cuando mi mamá viajaba nos traía paquitos (cuadernillos ilustrados) ella los escogía, recuerdo La Odisea, Robin Hood, Morgan el pirata, La Cenicienta, esos paquitos, y desde ahí comencé a escribir. Cuando llegué a la Normal, por el problema de la voz, yo hacía los periódicos murales y como tenía una excelente caligrafía que aprendí de mi profesora de quinto de primaria, yo era quien escribía en el periódico, redactaba las noticias, ilustraba las notas. Así aprendí a redactar y hacer periodismo.

C: ¿Cómo fue su infancia?

B.F: Fui muy feliz, hasta que murió mi mamá, ese fue un gran golpe cuando yo tenía 18 años y cursaba quinto semestre de pedagogía. Me tocó coger las riendas de la casa, por esa razón no pude aprovechar una beca que me dieron para Tunja, para estudiar licenciatura en matemáticas, mi papá quería que me hiciera cargo del hogar con cuatro hermanos menores a quienes debía acompañar y asesorar en los estudios.

C: ¿Cuánto duró en ese rol?

B.F: Hasta que mis hermanos mayores terminaron sus estudios superiores, de ese esfuerzo salieron dos médicos, un abogado excelente (Q.E.P.D) y un científico. Ellos fueron muy agradecidos conmigo, mis hijos estudiaron gracias al apoyo que ellos les brindaron, puesto que yo perdí a mi esposo Juan Jacobo Aragón García (Q.E.P.D) docente también, quien al momento de su muerte era el rector del Colegio Nacional de Varones “el mixto”, colegio que en su honor lleva su nombre. Falleció a temprana edad y ellos fueron quienes me apoyaron en ese momento difícil. 

C: ¿Qué edad tenía cuando inició a trabajar como docente? 

B.F: Yo comencé a trabajar prácticamente a los 19 años, pero no hice un pare, no pude seguir la licenciatura, pero desde que regresé a Fonseca el sacerdote fundador de la Institución Educativa Roig y Villalva me buscó para que fuera la rectora y le dije que yo aceptaba ser la profesora de matemáticas, pero no rectora, porque no tenía ninguna experiencia. Ese fue mi primer trabajo, pero pasó algo, todos los años renunciaba la rectora y en el tercer año de estar sucediendo eso, en 1967, el padre se me presenta con el nombramiento como rectora, prácticamente a la fuerza, pero yo tenía ya mis amorcitos con Juan Jacobo y él me dijo “cógela que yo te asesoro”, en ese momento él era el rector del Instituto Agrícola de Fonseca.

C: ¿Cuál fue el principal reto que enfrentó en ese momento en materia de educación? 

B.F: Precisamente darme una rectoría de un colegio que no tenía nada, no tenía local, no tenía aprobación, material didáctico, ni laboratorio, nada, nada, nada. Por eso era que las profesoras renunciaban a la rectoría. En cuatro años hubo cinco rectoras, yo fui la quinta.

C: ¿Cuántos años estuvo frente a esa rectoría?

B.F: Fueron 18 años frente al colegio femenino de bachillerato que ha tenido Fonseca, eran solo niñas.

C: ¿Qué opina de ese modelo educativo con el que usted ayudó a formar estudiantes?

B.F: La educación que nosotros impartimos en esa década del 70 y 80 fue muy buena, sobre todo porque estaba fortalecida con principios y valores y los maestros eran verdaderos maestros. En la Normal nos preparan durante todo el trayecto para que sea un verdadero maestro para enseñar y querer a los niños, uno ve psicología del niño, del adolescente, metodología, didáctica, todo lo que se necesita para tratar a esos niños y jóvenes en edades críticas, porque tan importante es la educación preescolar como la primaria, son los cimientos para la ciencia, y la secundaria en donde se tienen que preparar para la universidad. Pero los principios y valores hoy día se han olvidado. 

C: ¿Cómo llega a ser secretaria de Educación Departamental?

B.F: Precisamente en 1994, cuando aprueban la ley general de educación Ley 115, me identifiqué muchísimo con el llamado documento de los sabios en donde se hace una importante sugerencia al presidente César Gaviria, quien fue el último presidente del siglo pasado, yo participé junto a otros maestros de esas mesas de trabajo. Yo quería formular proyectos para aprovechar los alcances de la nueva ley. A mi casa llegaron a proponerme aspirar a la alcaldía de Fonseca, pero yo dije que no quería ser alcaldesa, que quería era jalonar recursos para mejorar la educación, y es cuando decido lanzarme a la Asamblea Departamental y perdí por 25 votos, porque yo no sabía que después de las votaciones las urnas había que cuidarlas y los más vivos me robaron los votos. Pero el gobernador de turno Jorge Pérez Bernier conociendo mis conocimientos y compromiso con la educación me nombró en la Secretaría de Educación departamental. 

C: ¿Qué hizo desde la Secretaría de Educación?

B.F: Muchísimas cosas. Lo primero, el Plan Sectorial de Educación, La Guajira no había presentado ese plan y por eso le habían quitado los recursos de universalización, fui quien abrió el sexto grado para implementar la educación básica en los colegios que solo tenían hasta quinto de primaria, en el corregimiento de Papayal, Puerto Estrella, en Chorrera, Buenavista y otros. Y los colegios que tenían el bachillerato completo se especializaron para la media vocacional, para 10 y 11 con una orientación laboral.

C: ¿Cuál cree que es el mayor problema de la educación en Fonseca en este momento?

B.F: Las plantas físicas de las escuelas y colegios, mis hijas profesoras me dicen que ellas tienen que tomar de su sueldo para comprar y llevar ciertos productos y elementos para suplir muchas necesidades, como un abanico, pintura, material didáctico y así. Los implementos que entregan o compran se los roban por la ausencia de un vigilante, porque supuestamente no hay plata para contratarlo.

C: ¿La motivó algún escritor en particular para tomar la decisión de ser escritora?

B.F:  Sí, Og Mandino, uno de los mejores escritores del mundo, con libros como El Milagro más Grande del Mundo, El Secreto más Grande del Mundo, El Vendedor mas Grande del Mundo, yo tenía la colección completa porque eran libros edificantes y te ayudan a edificar tu trascendencia y no puedo dejar de mencionar a García Márquez, me gustaron mucho. 

C: ¿Si alguien le pidiera recomendarle un libro que título le daría?

B.F: Sin titubear: El Milagro más Grande del Mundo una belleza y ¿cuál es el milagro más grande del mundo?, el cuerpo humano.

C: Usted tiene un libro titulado Mi Último Estudiante en Tiempos de Coronavirus que involucra a un ser muy importante para su familia, ¿cómo fue esa experiencia? 

B.F: Sí, mi nieto de nueve años, quien desarrolló una enfermedad mucho antes del Coronavirus. Cuando tenía que recibir su título de preescolar se le diagnosticó leucemia. Él adoraba su escuela y tenía siempre la esperanza de regresar, pero temía que al regresar no iba a estar a la par con sus compañeros, que se iba a atrasar, entonces lo motivé y le dije: no hijo, yo, tu mama y tus tías te mantenemos al día; y así fue, le dábamos clases de todas las áreas. Cuando le realizan el trasplante y él se reintegra estaba a la par de sus compañeros, manejaba muy bien la tecnología como muchos muchachos de hoy y eso también lo ayudó y recibió su diploma de quinto de primaria.

C: ¿Considera que la pandemia le causó daños a la educación?

B.F: Esa fue una consecuencia de no acatar las sugerencia de los sabios, porque ellos lo que decían era que el nuevo siglo venía con la cuarta revolución industrial, con el predominio de la era digital y había que darle al estudiante las herramientas necesarias para manejar a la perfección los tres lenguajes: el dominio de la lengua materna (español), el dominio de la lengua internacional (inglés) y el dominio para el lenguaje de la programación (tecnología). En 1999 nos previnieron de lo que venía, quienes lo pusieron en práctica les fue bien, quienes no hoy viven las consecuencias.

C: ¿Cuántos libros ha escrito?

B.F: Once y estoy escribiendo el número doce 

C: ¿Cuál cataloga como el más exitoso?

B.F: Id y enseñad el mandato de cristo, y ese mandato fue el que me tocó a mí cuando recibí el título de maestra con una poesía hermosísima que me tocó declamar, y ese libro lo inicio con esa poesía por ser una lección de vida y compromiso como maestra. 

C: ¿Qué rescataría del modelo de educación de tiza y tablero y qué tomaría de este nuevo modelo basado en la tecnología?

B.F: De la educación tradicional los principios y los valores, era una educación humanizada, se trataba de formar al ser, no al poder, al tener, y de esta la autonomía que tienen las instituciones que no se ha valorado como debe ser. Por ejemplo: viene el ICFES o pruebas de estado y evalúa a los bachilleres con unas pruebas por igual, el error más grande del Ministerio de Educación, sin intención de ofender, pero no se puede comparar a un alumno de Chorrera, Distracción, Fonseca, Buenavista, Puerto Estrella, Nazaret, con los de Bogotá, Cali, Medellín; entonces se escandalizan con los altos puntajes de estos últimos y los bajos puntajes en La Guajira, Chocó, Guainía, Amazonas, no es que no saben, quizás hasta sean mejores personas que los que viven en las capitales, pero no tienen las herramientas. 

El mal de ojo hace parte de las creencias populares en muchas comunidades de Colombia, especialmente en el Pacífico. En este episodio hablamos con personas curanderas del municipio de Tadó, Chocó, quienes utilizan plantas y conocimientos ancestrales para curar esta enfermedad.

Créditos

Locución

Valeria Ortiz y Sory Marcela Jordan

Guión y entrevistas

Sory Marcela Jordan y Sirley Muñoz

Edición

Valeria Ortiz

Coordinación general

Ángela Martin Laiton

La Serranía del Perijá es una de las cordilleras menos exploradas de Colombia, está ubicada entre los departamentos de La Guajira y el Cesar, en la frontera con Venezuela. Es un destino único que guarda en secreto cascadas, fauna y flora exuberante. A pesar de su belleza natural este rincón del país es un misterio para muchas personas.

Con la ilusión de compartir su riqueza cultural y natural con el mundo, sus habitantes han emprendido iniciativas turísticas para dar a conocer sus bosques secos tropicales y montañas selváticas, y mostrar que esta zona es mucho más que desiertos y minería.

Hace ocho años se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la desmovilizada guerrilla de las Farc, las condiciones de seguridad en el territorio mejoraron significativamente y este espacio natural comenzó a ser conocido. A partir de ese momento la población local ha trabajado para promocionarlo a través de proyectos turísticos.

A pesar de la pasión y dedicación de los habitantes de estas montañas, algunas de estas iniciativas enfrentan desafíos para consolidarse y sostenerse en el tiempo. 

En veredas como Las Colonias, Las Marimondas, Puerto López y Las Bendiciones, en el municipio de Fonseca en La Guajira, existen proyectos que llevan más de seis años trabajando, pero que no han logrado ser sostenibles en el tiempo.

Uno de ellos es Ecoturismo y Café, una asociación que une cuatro iniciativas de la zona y que durante cinco años ha promovido la cultura de la región. Desde esta se ofrecen experiencias únicas como artesanía local, gastronomía tradicional, recorridos por cafetales, visitas a cascadas, miradores panorámicos y avistamiento de aves. 

Sin embargo, hace un año y medio que no reciben turistas. La falta de recursos, la débil infraestructura y la limitada accesibilidad de los caminos son algunos de los obstáculos que impiden que estos proyectos alcancen su máximo potencial.

Para el líder comunitario José Mendoza, Ecoturismo y Café no se ha logrado desarrollar por las dificultades para coordinar y llegar a acuerdos entre los miembros. También considera que la falta de recursos y apoyos hacia este tipo de proyectos es un factor determinante.

“Siempre vemos por la televisión, por los medios, que hay ayudas, pero nunca llegan a las comunidades para que estos emprendimientos sigan adelante. Y no queremos que siempre nos estén ayudando, queremos ser empresas que generen empleo”, afirma Mendoza.

La apuesta por un turismo alternativo

Toda esta situación ha llevado a que este proyecto se replantee y adopte un enfoque alternativo, con lo que por el momento pueden atender pequeñas cantidades de visitantes y mantener viva la idea del turismo en la región.

Consonante realizó un recorrido por la Serranía del Perijá para explorar este modelo y entender cómo se desarrolla. Lo que se identificó es que en lugares donde las iniciativas locales se han debilitado o desaparecido, las personas han adoptado un modelo familiar. 

Actualmente esta forma de turismo es implementada por algunas familias en Las Colonias y Puerto López, en estas veredas le brindan a los visitantes experiencias únicas y personalizadas en sus hogares. Esta es una alternativa para continuar trabajando en medio de las dificultades.

La familia Pinto Arias de la vereda Las Colonias trabaja actualmente bajo ese modelo, ha convertido su hogar en un refugio para los amantes de la naturaleza. “Cuando comenzamos a recibir visitantes en nuestra casa nos dimos cuenta de que hacía falta ofrecer más comodidad, y aunque el turista aprecia lo que ofrecemos, nosotros debemos dar un buen servicio para que sienta que vale la pena pagar y, por supuesto, que vuelva”, señala Rosa Arias.

En emprendimientos familiares como el de Arias es clave que cada integrante de la familia tenga un rol específico para que la iniciativa se desarrolle: “estamos compartiendo nuestra vida, nuestra rutina y cada miembro de la familia tiene algo para hacer. Mi hijo de 10 años conoce el canto de las aves y ayuda a los turistas que vienen para avistamiento a ubicarlas”, afirma.

Aunque este modelo tiene sus ventajas también enfrenta desafíos para alcanzar un público más amplio y ofrecer mejores condiciones para el turismo. La vía, por ejemplo, está en mal estado y representa peligros para el visitante, además, las empresas no están constituidas legalmente.

“Es una  responsabilidad inmensa atender a una persona cuando no se tienen las condiciones y, sobre todo, llevarlos en la carretera, porque hay muchos barrancos con caídas grandes. Es un peligro, pueden haber accidentes, no tenemos seguro para cubrir esas situaciones”, explica Rosa Arias.

Según Luz Darí Díaz, gestora de turismo local, una de las principales dificultades para el desarrollo del turismo en La Guajira es la falta de recursos y capacitación para las personas que trabajan en el sector. La mayoría de las oportunidades se concentran en Riohacha, pues al sur del departamento son pocas las opciones. Otras dificultades incluyen la informalidad en la economía local, la falta de alianzas con empresas turísticas y agencias de viajes, y el acceso limitado a lugares de interés debido a la condición de las vías.

Además, señala que para que el turismo se desarrolle en la región debe enfrentarse a una amenaza mayor representada en la minería. La experiencia de otras comunidades en La Guajira como Tabaco y Chancleta, muestra que este es un factor que puede llevar al desplazamiento de las comunidades y la destrucción del territorio.

“La minería no es una competencia, es una amenaza para el territorio y las comunidades. Llegan y se llevan todo a su paso, no queda nada. Esta amenaza es especialmente preocupante en las colonias, donde las empresas mineras ya están realizando estudios”, afirma.

Esto es un riesgo para muchas comunidades de la Serranía del Perijá, sin embargo, su mayor respaldo para hacer frente a esta situación es la relación armónica que mantienen con el ecosistema, resguardando especies endémicas y protegiendo la biodiversidad de la región. De ahí la necesidad de que desde la institucionalidad se apueste de manera decidida por el fortalecimiento de los proyectos turísticos locales.

Su enfoque en la agricultura sostenible y la ganadería responsable ha permitido mantener el equilibrio del medio ambiente, pues para ellos este lugar no es solo un destino turístico sino también su hogar, donde han cultivado la tierra durante generaciones. Por esta razón, comunidades cercanas como Cañaverales se han mantenido en resistencia, rechazando durante años los proyectos mineros que amenazan la integridad del territorio y apostando por maneras diferentes de habitarlo desde la promoción de la cultura, a través de iniciativas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

El Amazonas es un enclave trifonterizo que se compone de un sistema dinámico de lagos y quebradas, movidos al ritmo de los ciclos de lluvias y del pulso de inundación del río. El paisaje y ecosistemas lagunares son radicalmente  transformados  en  los  tiempos  de  lluvias  y  sequías. Con  el  paso  de las generaciones los pueblos  indígenas han llegado a construir un  conocimiento  detallado de estos cambios y han alineado sus actividades  sociales  y rituales  con  los ciclos del agua.

Sin embargo, en los últimos meses la lluvia dejó de caer, los ríos bajaron su nivel y las comunidades vieron un cambio en los ciclos de la vida. “Con ese calentamiento algunos árboles están cayendo. Entonces yo creo que para nosotros como indígenas los dueños se están yendo para otro lado, entonces ahí es que vienen  los problemas, por ejemplo de la sequía. En algunas partes donde antiguamente había lagos profundos, lagos anchos, hoy se están formando playas, por ejemplo, hablando del río Amazonas que antiguamente hace 10 años atrás nunca se veía playa como estamos viendo ahorita, ese es casi que un desierto”, reflexiona Orlando Rufino, líder comunitario y agricultor de la comunidad de San Pedro de los Lagos.

Orlando se refiere a los dueños espirituales, unas entidades que, desde las creencias de los pueblos  indígenas del Amazonas, habitan en la selva y rigen la vida de todos los seres. Son quienes protegen la vida y la armonía con la naturaleza. Cuando no hay respeto en la manera de relacionarse entre seres vivos y naturaleza se entra en desarmonía con los dueños, lo que puede generar cambios drásticos en los ecosistemas como los que están ocurriendo en este momento.

Las secuelas de la sequía en las comunidades indígenas

Durante más de 20 años las comunidades indígenas han visto que muchas de sus quebradas y riachuelos dentro de la selva se están secando, perdiendo con ello el acceso a la pesca, el transporte, la alimentación, la biodiversidad y los saberes que los ríos esconden dentro de sus recorridos. 

Esas quebradas que serpenteaban las profundidades de la selva y que desembocaban en el que dicen que es  el río más caudaloso del mundo, están siendo absorbidas por los grandes bancos de arena que ahora aparecen en el río Amazonas. 

“El nivel del río está demasiado seco ahorita, la pesca no es como antes, ahora la pesca es muy difícil, ya no se puede conseguir lo que se conseguía anteriormente, de pronto por la sequía, todo eso nos afecta a nosotros como comunidad”, afirma Rufino, pescador que ha estado recorriendo la quebrada Yahuarcaca a 8 km de Leticia.

Las embarcaciones de los pescadores están en las orillas de las quebradas, amarradas sobre el sedimento seco sin poder navegar. Las quebradas son ahora pequeños hilos de agua que recorren los paisajes, sobre los que las aves y los animales buscan una gota de agua en medio de los rayos de sol que se filtran entre la tupida selva.

Sentada a orillas del río Amazonas y observando unos delfines que juegan cerca de la comunidad de Puerto Esperanza, en el municipio de Puerto Nariño, está Janeth Ahue, curaca (autoridad) gobernadora de la comunidad: 

“en general el tema del verano nos ha afectado demasiado, en especial a las comunidades del río Loretoyaco que están ubicadas sobre el brazuelo del río Amazonas, ellas son las que más están sufriendo por el tema de que no pueden bajar a la parte urbana a comprar sus necesidades y, el tema de la pesca, se están muriendo los peces porque el agua se calienta y está escasa”.

Las perturbaciones ambientales en este punto están afectando radicalmente el trabajo en la chagra, la selva y los lagos, esto lleva a que los pobladores tengan que cambiar los horarios y las prácticas en estos espacios de trabajo. 

Dentro de las mismas comunidades y sus líderes se dice que las nuevas generaciones desconocen las prácticas y manejo tradicional, lo cual hace que los dueños espirituales estén alterando las condiciones de vida actuales.

“Lo otro es el tema de las plantas, de las frutas, el tema de las verduras, o sea, no estamos produciendo como debe ser porque las plantas se están secando; igual pasa con las otras comunidades que están dentro del municipio de Puerto Nariño en el resguardo Aticoya, ticuna, cocama y yagua”, precisa la gobernadora indígena.

Desde la percepción de los pueblos indígenas este fenómeno se ha sentido en términos ambientales con la disminución de la fauna y la flora, con el aumento de la temperatura, la alteración de la estacionalidad, la contaminación y la deforestación. En lo social, con la aparición de enfermedades físicas y sociales. En lo económico, con la menor productividad de la tierra. En el aspecto cultural, con la pérdida de la tradición y el difícil entendimiento actual de los fenómenos naturales, fuera del calendario tradicional.

El municipio de Puerto Nariño ha declarado alerta roja por la sequía, sobre todo por el desabastecimiento de agua potable hacia las comunidades. “Nosotros hasta el momento  no hemos recibido un apoyo gubernamental, está en proceso de gestión en la gobernación, la alcaldía y otras instituciones que nos van a empezar a aportar. 

Mientras eso pase está aumentando el tema de la diarrea, la fiebre, el vómito y eso es muy preocupante para nosotros porque quisiéramos contar ya con ese apoyo, ya llevamos casi cuatro meses con esto”, comenta la lideresa Ahue.

El profesor Santiago Duque, director del Laboratorio de Manejo y Gestión de Humedales de la Universidad Nacional sede Amazonía, quien lleva más de 30 años investigando la salud ambiental de los ecosistemas acuáticos más valiosos del país, entre ellos el del Amazonas, afirma que “estamos en un periodo de sequía, un año seco, factores como la deforestación, los sedimentos, la minería y el cambio climático, son algunas causas de lo que está viviendo hoy el río”, señala. Existe algo que se llama variabilidad climática hidrológica, que quiere decir que si en una cuenca llueve más, pues los ríos de esa cuenca aumentan más de nivel. Entonces, no todos los años son iguales, hay meses o años en los que el Amazonas inunda más y hay años en que el Amazonas desciende más.

El académico afirma que el río está retrasado: “para el caso pesquero es gravísimo, porque el río el año pasado bajó mucho. El río subió bastante del 2023 a 2024, pero como bajó tanto, no inundó. Y el no inundar es un problema porque pierde conexión, no alimenta los lagos. En Colombia, como los brazos colombianos se sedimentaron más, el río construyó islas. Cerró los canales, cerró el agua, el paso del agua con Colombia lo cerró el propio río”. Esto implicaría que Colombia está perdiendo su río, “el Amazonas es un ecosistema vivo y en constante cambio, lo más importante es vivir en armonía con él”, destaca el profesor Duque. Aún después de esta gran sequía, desde el típico mirador de la Comara en el municipio de Tabatinga, Brasil, el río se ve enorme e imponente. 

Un problema sin soluciones a la vista

“Si tengo ecosistemas saludables, no pasa nada. Si tengo ecosistemas bien conservados, tengo bosques, tengo vegetación asociada, tengo cananguchales, no pasa nada. Pero si yo transformo el territorio, se me acaba el agua”, concluye el profesor Santiago.

“El problema no es el cambio climático, somos nosotros que acabamos con la capacidad resiliente de la naturaleza. La capacidad de manejar los ciclos del agua lo hace el bosque y el bosque es el que maneja el agua. Además, que lo sube, lo maneja, lo acumula, lo suelta. Es el bosque. Es una maravilla. Y eso es lo que no hace la gente”, considera el docente.

Ya han pasado 4 meses en los que la mayoría de los agricultores se quedaron atrapados dentro de la selva y con ellos los productos que salen de las chagras. Los caminos para llegar a la ciudad se atraviesan por horas; mientras se recorren las trochas se logran ver los pequeños hilos de agua que antes eran las plataformas de navegación. En medio de un cultivo de yuca, el líder y agricultor Orlando relata: “nosotros no podemos transportar nuestros productos hasta Leticia o hasta cierta parte donde podemos vender, por la sequía, porque no hay movilidad”. 

La economía de los agricultores también tuvo una gran afectación. La sequía y los cambios en el tiempo trajeron incertidumbre para los pobladores, sembrar no es una opción viable en este momento. “Casi un kilómetro, dos kilómetros, hasta coger otro transporte, ahí usted tiene que pagar otros transportes desde la carretera hasta Leticia, tienes que pagar ida y vuelta entonces casi que no tienes nada de ganancias, porque todo lo que vendes va para pagar el transporte; quieres comprar cosas que te falta en el hogar, pues entonces no te alcanza”, manifiesta Orlando.

Otro de los riesgos que se ha evidenciado en las comunidades indígenas a raíz del aumento de la temperatura ha sido la proliferación de los mosquitos Anopheles, principal transmisor de la malaria. 

Camila Aroca es bióloga y estudiante de la maestría en Estudios Amazónicos de la Universidad Nacional sede Amazonía, ella explica la relación entre la malaria y los fenómenos de la niña y el niño “los insectos de alguna u otra forma se han venido adaptando a esos cambios de temperatura. En la Amazonía cuando el río empieza a subir empiezan a existir más espacios de cría, pues la malaria es una enfermedad transmitida por un insecto que tiene una fase que es acuática y otra fase que es terrestre”.

A pesar de que muchas quebradas y pozos están secos existen otros disponibles en las quebradas o los bordes de los ríos, estos empiezan a ser potenciales criaderos de este insecto que rápidamente aumenta su población, lo que agrava la ya difícil situación en  las comunidades. 

Para enfrentar esta difícil situación las comunidades indígenas han tratado de articular esfuerzos entre las instituciones nacionales y el conocimiento local. La Amazonía tiene una larga trayectoria en tradición de salud, a través de su sistema propio llamado SISPI (Sistema de salud propia e intercultural), con el cual se busca valorar y mantener todo el sistema de salud tradicional que se basa en los conocimientos ancestrales.

La bióloga Aroca dentro de sus estudios evidencia que el sistema de salud indígena aporta mucho a la prevención, respeta los ciclos ecológicos que se deben tener en cuenta y, de alguna u otra forma, se tiene un variado conocimiento sobre las plantas medicinales en las comunidades Amazónicas. “Siento que para todos esto ha sido un cambio, porque realmente se ve una situación que no se veía desde hace mucho tiempo, sin embargo, desde cada punto de vista se unen esfuerzos para poder abordar la enfermedad”, resalta la bióloga.

Bajo el incesante calor y la humedad, a orillas del río Amazonas y rodeados de una extensa playa, se ven los botes que en época de aguas altas movilizan a los pobladores de la frontera amazónica. Los pequeños transportadores también han sido gravemente afectados porque muchos dependen totalmente de esta actividad, como en  el caso de Roger Santos, transportador desde hace más de 30 años. 

“Estamos afectados porque nosotros los motoristas estamos con muy poco trabajo, el año pasado la sequía fue más corta, hoy está muy avanzada. Está como el doble del año pasado, y faltan dos meses para que llegue la creciente”, afirma Roger.

Para Luis Felipe Pérez Torrado, funcionario de la Dirección Nacional de la Defensa Civil, el fenómeno natural de sequías es impactante y amenazante para las comunidades, afirma que esta temporada de sequía, en los que las aguas están en los niveles mínimos, no se veía hace 20 años. La Defensa Civil Colombiana, como entidad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ha hecho actividades de prevención, de mitigación y para llevar procesos de acompañamiento a las poblaciones alrededor de la cuenca afectada.

El funcionario afirma que “desde la institución se ha hecho el manejo de encharcamientos y empozamientos, porque ellos se convierten en caldo de cultivo para los vectores y esto amenaza a la salud de los niños y de los adultos, esta información la suministra nuestro voluntario de la Defensa Civil casa a casa para hacer ese acompañamiento”.

Tanto las comunidades y el sector académico coinciden que se deben articular los procesos, en los cuales deben tener más presencia los gobiernos locales y Nacional, así como los entes de salud, con procesos que mitiguen a largo plazo los impactos en todos los sectores. Los conocimientos tradicionales de adaptación a estos cambios también son importantes y, por tanto, se deben articular con las políticas públicas para que sean más eficientes. Mientras esto no ocurra los dueños espirituales de la selva estarán inquietos, y se continuarán evidenciando las consecuencias de la desarmonía entre el ser humano y la naturaleza.

Desde los años 80 el gobierno nacional y agencias de cooperación internacional como la Unión Europea y USAID, han financiado diferentes proyectos agrícolas para beneficiar a las familias campesinas en el departamento del Chocó. La mayoría han fracasado, dejando pérdidas que afectan a los campesinos que han invertido su esfuerzo y tiempo. Son varios los factores que interfieren, como la falta de planificación, el escaso acompañamiento y el poco apoyo técnico durante su desarrollo, con esto no ha sido posible que tengan el impacto esperado y que logren la sostenibilidad de los beneficiarios.

A pesar del compromiso de las familias no ha sido posible que en el departamento los proyectos prosperen; durante décadas se ha tenido noticia de la implementación del mismo tipo de acciones en diferentes municipios, pero tan rápido como surgen, desaparecen. 

Un ejemplo de esto es el Proyecto Desarrollo Integral Agrícola Rural (DIAR), implementado en el Chocó desde la década del 80, entre el gobierno colombiano y el de los Países Bajos. Lo que se buscaba con el DIAR era promover acciones para mejorar la producción agrícola y pecuaria en distintos municipios del departamento, para mejorar las condiciones económicas de las familias beneficiarias. 

Aunque, como se puede evidenciar en una investigación de Eduardo Restrepo, académico del Instituto de Estudios Sociales y Culturales ‘Pensar’ de la Universidad Javeriana, se perciben impactos positivos del DIAR en los territorios, también se evidencian dificultades, que tienen relación directa con la visión de desarrollo que se trata de imponer en lugares como el Chocó con particularidades sociales y culturales, las cuales muchas veces no dialogan con las propuestas que se llevan a cabo.

Como consta en la investigación de Restrepo, en el caso del DIAR aparecieron posiciones encontradas que, por un lado, lo veían como un ideal pero, por otro lado, señalaban que se cometían despilfarros de dinero en acciones que se quedaban a mitad de camino.

Lamentablemente, este tipo de problemas no se presentan solo en el DIAR, sino que es un patrón que se repite en los proyectos que se ejecutan en el territorio. Oswaldo Klinger, funcionario del área de sanidad animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), afirma que el fracaso se da muchas veces desde la formulación, porque no se realiza de manera estratégica, no siempre lo hacen las personas idóneas y, en algunas ocasiones, se seleccionan beneficiarios que no tienen los conocimientos adecuados para su desarrollo.

En diálogos con campesinos del departamento, se identifican diversas dificultades que podrían explicar el porqué de su fracaso. Estas se pueden agrupar en tres temas principales: son proyectos que no dialogan con las tradiciones y cultura del territorio, hay dificultades económicas para su sostenibilidad y las personas no cuentan con acompañamiento adecuado para su implementación.

Desconexión con la cultura

Severiano Palacios es campesino del municipio El Cantón del San Pablo, ha sido agricultor por más de 40 años y beneficiario de algunos proyectos, entre ellos, uno que promueve la producción del achiote. Desde su experiencia como beneficiario puede afirmar que el fracaso de estas iniciativas agrícolas está marcado por la apatía y falta de liderazgo de los políticos del departamento, lo que impide que se lleven a cabo procesos que sean sostenibles. 

Además, señala que “uno de los primeros obstáculos es que nosotros no tenemos vocación agrícola, ya que la herencia de nuestros ancestros está más enmarcada en la minería, pues  la agricultura solamente la desarrollamos para la siembra de productos de pancoger, es decir, para la alimentación de la familia”. Por esta razón, afirma Palacios, es que normalmente los proyectos inician muy bien cuando se les entregan los recursos, pero cuando estos se acaban los campesinos no le dan continuidad porque no hace parte de su lógica de vida y no tienen motivación para sostenerlos en el tiempo. 

Según Kelvin Casas, funcionario del área de sanidad animal del ICA, el primer paso que se debe dar es crear un consenso con los campesinos, que son quienes definen la viabilidad, “de eso se trata el éxito [...] porque la concertación con los productores es lo primero”, señala.

Esto pasa también por comprender la realidad del territorio e identificar los aspectos que se deben solucionar, uno de ellos lo señala el señor Severiano y se trata del mal estado de la vías o la ausencia de ellas, “se necesita crear vías de acceso que permitan extraer los productos cultivados e industrializarlos para que los proyectos puedan ser sostenibles”, afirma.

Dificultades para la sostenibilidad

Una madre cabeza de familia del municipio de Tadó, integrante de la Asociación de Familias Guardabosque del Chocó, quien pidió no ser identificada, señala que otro punto clave dentro de las dificultades es la sostenibilidad, que tiene que ver con la falta de recursos para dar continuidad a los procesos una vez se supera la primera fase y se debe continuar por cuenta propia.

En su caso, fue beneficiaria de un proyecto de seguridad alimentaria del SENA, tuvo capacitaciones y le dieron dos cerdos para sacarles crías. Sin embargo, cuando el SENA dejó de suministrar el alimento para los animales, el proceso paró y de 20 personas beneficiarias solo continuaron seis. Para esta mujer, la falta de acompañamiento y orientación en la ejecución es una de las causas por las que nunca se avanza con los proyectos. Según dice, “cuando los proyectos no son económicos y no hay  plata de por medio la gente no dura, [...] como el gobierno en muchas ocasiones solo cumple con aportar unos recursos, pero no está pendiente asesorando de manera oportuna, entonces, eso desmotiva a muchos”.

Carlos Mosquera, profesional universitario de la oficina de Desarrollo Económico de la Gobernación del Chocó, afirma que es necesario que todos los proyectos se construyan desde el territorio y que su construcción surja desde las mismas comunidades, que son quienes conocen su idiosincrasia, su territorio y su vocación productiva. De esta manera, considera que se puede lograr que sean sostenibles, “¿qué nos da sostenibilidad? un proyecto de seguridad alimentaria, que exista un recurso excelente para la venta y eso va a permitir suplir algunos ingresos”, señala.

Falta de asistencia técnica

Alfonso Minota, de 60 años de edad, es un campesino agricultor del municipio de Tadó, nació y se crió en el campo trabajando la agricultura. Cuenta que una vez fue miembro de la junta de un proyecto de cacao, dice que todo inició muy bien hasta que el gobierno giró los recursos. “Para ese proyecto éramos 140 productores de cacao, vinieron mil y pico de millones de pesos para su ejecución, que al inicio empezó con la participación de una junta de acá mismo, pero luego la cambiaron y entró a administrar una junta de Quibdó que no hizo el acompañamiento ni la asistencia técnica adecuada”, asegura Minota.

“Para producir el cacao de forma adecuada, se hace necesario que haya una buena asistencia técnica, sin embargo, los funcionarios que enviaban no tenían el conocimiento adecuado para orientarnos”, añade Alfonso.

Según afirma, otro cuello de botella que tienen los agricultores, es que no pueden producir más de lo que se consume en el departamento, pues no hay comercio hacia otras ciudades, “aunque lo que se está produciendo no es para toneladas, pero hay mucha gente interesada en cultivar, por lo que se hace necesario el apoyo del gobierno”.

En la actualidad Alfonso Minota cultiva chontaduro y por cuenta propia ha logrado fortalecer su plantación, lo que le ha permitido que pueda producir el fruto para comercializarlo en Tadó, Istmina y otros municipios del Chocó. “Si los políticos pensaran en el campo y se industrializara lo que producimos acá, muchas personas se vincularían en estos proyectos”, afirma.

¿Es posible pensar en proyectos sostenibles?

Con todas estas dificultades, las comunidades del Chocó se preguntan si es posible generar estrategias para que los proyectos se desarrollen con éxito y puedan asegurar ingresos a largo plazo para las familias. Una parte importante de la responsabilidad para asegurar este fin la tiene el Estado y los cooperantes que motivan la creación de estas iniciativas, pues como afirma Alfonso Minota “para que los proyectos afrocampesinos funcionen bien y sean sostenibles se necesita una buena producción, industrialización y comercialización; así como vías de acceso para sacar esos productos”. 

Por su parte, Kelvin Casas y Oswaldo Klinger del ICA, consideran que uno de los aspectos que se debe tener en cuenta es el diálogo y la concertación con los campesinos o beneficiarios en las comunidades, para que se tenga claro los interesados en cada una de las líneas que se trabajarán y también para que se puedan establecer las dinámicas de asesorías o  acompañamiento, rubros y plan de sostenimiento en general. 

Dennis Castro, docente en el municipio del Medio Baudó, coincide con esta posición, pues considera que se debe realizar un diagnóstico que permita conocer qué clase de proyectos necesitan los campesinos para que tengan una buena acogida, “si no es de importancia para ellos y no saben ni siquiera el objetivo del mismo no se van a sentir motivados”, afirma.

Otro aspecto fundamental que señalan Casas y Klinger, es la necesidad de que exista una sinergia interinstitucional, lo que permitiría una mejor asesoría de las iniciativas que llevaría a la sostenibilidad de los mismos. Carlos Mosquera también considera que crear sinergias a nivel institucional es importante, “hay que poner en la mesa la oferta institucional para cada territorio…cómo nos unimos entre cada uno de los actores institucionales para mejorar la calidad de vida”, dice.

Añade, además, que los fracasos de estos proyectos agrícolas se pueden evitar si se formulan por un equipo multidisciplinario “contratado por la Gobernación del Chocó y que su producción esté amarrada a un eslabón comercial definido, así mismo, que se apoye el seguimiento posterior a la ejecución con el programa de asistencia técnica agropecuaria”.

El profesor Dennis, considera que también hay una parte de responsabilidad en los beneficiarios, puesto a que en muchas ocasiones se le da mal manejo a los recursos asignados. Por esta razón, asegura que es necesario concientizar y capacitar a los beneficiarios para que así se pueda avanzar con el desarrollo de las iniciativas.

Si bien en la ejecución de los proyectos aparecen los retos mencionados, las comunidades afrocampesinas del Chocó esperan que se puedan mejorar los procesos para avanzar de manera exitosa y sostenible con sus cultivos, que se convierten en muchos casos en la única alternativa de ingresos para las familias.

Trasladarse desde Caracolí hacia San Juan del César implica recorrer una vía escarpada, llena de huecos, escombros y enormes piedras que caen desde las montañas que están a sus costados. Sus habitantes diariamente exponen sus vidas y deterioran sus vehículos por el mal estado en el que se encuentra la vía. Este corregimiento es conocido como la despensa agrícola más importante de la región, sin embargo, tener la vía en mal estado hace que sea difícil trasladar los productos de pancoger y que se pierda el trabajo, el tiempo y los recursos de quienes se dedican a este oficio.

"Nuestra comunidad está siempre apartada de la zona urbana, entonces eso hace que todo sea difícil aquí. Es doloroso  porque nosotros teníamos nuestra vía de acceso y fue destruida con el proyecto de la represa del río Ranchería y desde que eso se dio, no hemos podido tener tranquilidad para transportarnos”, cuenta Osvaldo Carrillo, docente y líder de Caracolí.

"Todo lo que llega a nuestro pueblo es por la carretera, porque es la única vía de acceso a Caracolí. Los servicios de salud, educación han tenido un impacto negativo, la llegada de los docentes de otros municipios acá es muy difícil. La economía también se ha visto afectada y la reactivación agrícola, para los campesinos llevar sus productos a los mercados ha sido muy difícil y costoso”, agrega Carrillo.

Anteriormente esto no era así, Caracolí tenía una vía que aunque no era perfecta, facilitaba el traslado de las personas hasta el casco urbano. Pero esta quedó inundada cuando el embalse del río Ranchería se llenó en menos de lo previsto, inicialmente se dijo que se llenaría en dos años, pero por el fenómeno de la niña en 2010 se llenó en tres meses. Por eso el Incoder (hoy la Agencia de Desarrollo Rural) en 2002 hizo una nueva vía de acceso construida con dinamitas y explosivos; cada vez que llega el invierno hay derrumbes y las rocas caen a la vía, lo que imposibilita el paso.

“Teníamos una vía diferente, era plana, pasaba por la orilla  del río. Teníamos 4 mil metros de placa huella que quedaron debajo del agua, a la fecha de hoy creo que solo han devuelto 200 metros de placa huellas. No han compensado ese daño que generó la represa”, relata Carrillo.

Desde ese entonces la comunidad se ha enfrentado a una lucha incansable por tener una vía pavimentada y en buenas condiciones, y han realizado varias protestas exigiendo a los dirigentes que les cumplan sus derechos. Una de ellas se dio el 10 de octubre del año 2022 cuando la comunidad de Caracolí bajó hasta el puente El Guanábano, en la carretera principal que conecta al sur del departamento, para realizar un bloqueo y exigir así la atención de sus necesidades y el debido mantenimiento de esta carretera que por su precario estado les estaba generando dificultades de movilidad. En ese entonces, la manifestación se levantó  luego de una reunión que hicieron con la alcaldía y la gobernación, en donde ambas instituciones pactaron compromisos para el mantenimiento inmediato de los puntos más críticos de vía, la contratación para la pavimentación de la vía Caracolí-Tembladera y la adecuación de la placa huella.

Por los incumplimientos el problema persiste

Los habitantes de Caracolí han realizado seguimiento constante a los compromisos pactados en la protesta del 2022. En ese entonces solo lograron los estudios de diseño y el mantenimiento temporal de la vía por parte de la ADR. Han pasado dos años y esta sigue sin pavimentar, el mantenimiento que se le hizo fue un pañito de agua tibia porque volvió el invierno y con él los deslizamientos que han provocado que se deteriore nuevamente. 

De estos acuerdos quedó pendiente la elaboración del proyecto de pavimentación y la búsqueda de los recursos para la financiación del mismo. La construcción de la vía desde “La Ye” de Guayacanal hasta La Laguna tiene un costo de 202 mil millones de pesos, presupuesto que el departamento no puede cubrir, por lo que se considera es necesario gestionarlo del dinero de la Nación.

Iván Mendoza, conciliador de la JAC del corregimiento de Caracolí, asegura que por el alto costo de la pavimentación se dividieron los trabajos por tramos y se priorizó uno “para poder buscar la financiación. Inicialmente se le dio prioridad al tramo 2 (13.5 km - valor aproximado 60.000 millones de pesos) que va del puente del río Ranchería hasta Caracolí, fue escogido porque es el más complejo por la topografía, allí es donde las montañas se han ido fracturando y las rocas caen a la vía”, señala.

Este paso nunca se dio. Ante la falta de respuestas, la comunidad intentó avanzar en gestiones por sus propios medios, pero encontraron que no se había realizado el proyecto de pavimentación para cada tramo, por ende no estaba radicado en ninguna entidad del gobierno para que fuera candidato a una asignación de recursos. 

Frente a los constantes incumplimientos, la comunidad de Caracolí volvió a protestar. Los días 8 y 9 de octubre del 2024 cerraron nuevamente la carretera principal del sur del departamento a la altura del puente de El Guanábano. En esta manifestación pidieron que de una vez por todas  se realice la pavimentación. “Este año no se han dado los avances como nosotros quisiéramos y bueno, se agotaron todas las vías de diálogo, de trabajo, de reuniones virtuales de correos de cruce de comunicaciones pero fue un un desgaste porque no se llegó a nada”, cuenta Mendoza.

La pavimentación no es el único problema al que se enfrenta la comunidad, también reclaman la construcción de una planta de tratamiento de agua en el corregimiento. Caracolí se encuentra al sur de la represa El Cercado, a orillas del río Ranchería, a pesar de esto y de haber sido afectados por el proyecto, cerca de 400 familias continúan esperando que el agua potable llegue a sus casas. “Nos daría vergüenza, que teniendo nosotros el agua que colinda con nuestro espacio no podamos hacer uso de ella, mientras abastecen otras comunidades de otros corregimientos y Caracolí no tenga, eso es vergonzoso”, señala el líder de Caracolí Iván Mendoza.

Los habitantes del territorio viven de cara a una represa que tiene una capacidad de 198 millones de metros cúbicos de agua, pero con una posibilidad lejana de tenerla en sus casas, pues como afirma Mendoza, Caracolí no está dentro de las prioridades, en cambio, sí saben que aguas abajo se está avanzando en la construcción de acueductos para otras comunidades.

Por sus propios medios la comunidad consiguió que el proyecto llegara al Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio; subsanaron requisitos, avanzaron en los trámites y permisos, pero cuando surgió la necesidad de legalizar el predio donde se construiría la planta de tratamiento de agua potable las cosas cambiaron y el proyecto nuevamente se estancó. “Llegaron momentos en que lo del pavimento y lo del acueducto se juntó”, agrega Mendoza. 

Tanto el acueducto como la pavimentación de la vía tienen su origen en la construcción de la represa El Cercado, que se realizó al margen de la comunidad de Caracolí y sin generar alternativas inmediatas para mitigar las afectaciones causadas. Casi dos décadas después de la construcción de la represa los compromisos continúan en puntos suspensivos.

¿Cuáles fueron los acuerdos?

Líderes y voceros del corregimiento de Caracolí se reunieron durante tres horas en la tarde del pasado 8 de octubre en la alcaldía municipal, para establecer una mesa de diálogo con el alcalde de San Juan del Cesar, Enrique Camilo Urbina y con el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar. Hubo presencia de varias autoridades civiles del municipio, del departamento y de Andreina García, gerente del plan de agua. Durante la reunión las instituciones hicieron unos compromisos que fueron aceptados por la comunidad. Los acuerdos adquiridos giran en torno a las dos grandes demandas. 

Por un lado, para el tema de pavimentación, en términos generales se acordó: adelantar todas las gestiones administrativas necesarias para gestionar el proyecto, buscar el presupuesto para la construcción de un primer tramo de la vía, realizar el contrato para su construcción a más tardar en julio del 2025, estructurar a diciembre un proyecto para gestionar un segundo tramo de la vía y realizar mantenimiento de los puntos críticos mediante un convenio con el Batallón de Ingenieros Riohacha.

En relación con la demanda para la construcción del acueducto: visitar los predios donde se construirán las plantas de tratamiento y los linderos por donde pasará el acueducto, tomar muestras de agua del río Ranchería para verificar si puede ser tratada para consumo humano, avanzar en los diseños para el acueducto y tener lista la contratación a más tardar en julio del 2025.

Con estos compromisos los habitantes de Caracolí reavivan la esperanza de finalmente tener la vía que desapareció con la represa y de que el agua potable llegue hasta sus casas. "Esperamos que llegue ese día que a Caracolí se le dé lo que por derecho le corresponde, confiamos que el gobernador cumpla con su palabra como lo dice en su eslogan y nosotros estamos prestos a hacerle seguimiento”, dice Osvaldo Carrillo.

De no cumplirse con estos acuerdos la comunidad afirma que está dispuesta a manifestarse nuevamente y salir a la carretera, hasta que la institucionalidad responda y dé respuesta a sus necesidades.