Más grupos armados, violencia y miedo: el resultado indirecto de la Paz Total

Desde el año pasado el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia) ha recibido noticias de asesinatos en las comunidades aledañas al río Atrato. “Están bajando muertos por el Atrato. En el 97 fueron muchos y luego bajó la tensión. Pero ahora las comunidades nos manifiestan otra vez que la gente está bajando muerta y no los pueden coger (los cuerpos)”, dice un líder que pidió no mencionar su nombre porque está en Quibdó, donde en los últimos meses se ha instalado un toque de queda no oficial desde las seis de la tarde. A partir de esa hora, la mayoría de la población se encierra en su casa por temor. Así lo confirma otro habitante de Quibdó. Según él, la zozobra que se siente en la capital del departamento ha aumentado en los últimos dos meses. “¿Que si esto está peor que el año pasado? ¡Uy, claro que sí!”, afirma.

En lo que va del año, la veeduría ciudadana ha registrado un número mayor de asesinatos en Quibdó, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, no han revelado estas cifras por temor a las represalias de los grupos. De acuerdo con Higinio Mosquera Lozano, director de la Veeduría Ciudadana del Chocó, el aumento supera el 50 por ciento.

Esta situación contradice las señales que ha intentado enviar la oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre el avance de la “paz total”, la política del gobierno del presidente Gustavo Petro que busca, además de implementar el Acuerdo de Paz con las Farc, negociar con los grupos armados ilegales buscando su desarme, ya sea a través de un acuerdo de paz o del sometimiento de las estructuras. En medio de esta estrategia, el alto comisionado Danilo Rueda lleva cinco meses de negociaciones con el Eln y todavía no hay un cese al fuego. También puso fecha para instalar la negociación con el Estado Mayor Central, del que hace parte el Comando Coordinador de Occidente, y, por otro lado, en febrero, esta oficina anunció “acercamientos de paz urbana” con tres grupos criminales de la ciudad de Quibdó (Los Mexicanos, Los Locos y RPS). Por esos mismos días, la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y los diálogos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, los dos grupos armados que controlan el departamento, estaban en firme. 

Y aunque lo que la gente esperaba era que los hechos violentos disminuyeran, en Quibdó esto no ha pasado. 

Líderes consultados por Consonante coinciden en que la situación de conflicto entre grupos armados y la inseguridad urbana en Quibdó se siente en los municipios cercanos, y en otros más persiste el control del Eln o de las Agc. Yirson Ledezma, personero de Tadó, confirma que en el municipio se han incrementado las extorsiones a través de mensajes de texto o de WhatsApp de forma indiscriminada. “Se identifican como ‘elenos’, pero no sabemos quiénes son. Pueden ser los mismos de Quibdó que mandan mensajes aleatorios, aunque no hagan parte de una estructura criminal, o puede ser que hayan mutado esas alianzas”, explica. Los casos los ha tomado el Gaula y, hasta ahora, no han pasado a otros crímenes.

El conflicto también sigue vivo para otros municipios. "La situación de todos estos actores pone en riesgo a las comunidades. Ha sido público que los pueblos están confinados, tienen miedo de que haya enfrentamientos”, agrega el líder de Cocomacia sobre la situación en la región del medio Atrato. Lo peor, para él, es que las comunidades no se atreven a denunciar lo que están viviendo. 

El riesgo también persiste en el San Juan. Este 14 de abril la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre el riesgo en el que se encuentra la población de Bagadó por el accionar del Eln. “Han aumentado las amenazas e intimidaciones contra líderes indígenas, comunidades afro y población civil, además de extorsiones a funcionarios, empresarios o comerciantes, y la siembra de artefactos explosivos. Esto aumenta el riesgo de desplazamientos forzados colectivos e individuales, y de confinamientos”, advirtió en un comunicado el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. La situación es similar bajando por el río San Juan. 

Nuevos grupos y alianzas

El 17 de abril, militares del Ejército Nacional reportaron que hallaron tres cuerpos en zona rural del municipio chocoano Río Quito. El reporte entregado por los militares indicaba que las tres personas antes integraban la subestructura Carretera las Agc y  “pretendían formar un grupo delictivo llamado Organización Nuevo Renacer (Onr)”. Un día antes se había reportado el asesinato del firmante de paz Suil Bejarano Robledo, cuyo cadáver fue encontrado en el río Quito. Luego se supo que los cuatro asesinatos hicieron parte de una misma masacre. "Hay masacres y no las muestran. Cada día empiezan a botar uno al río, para que no los encuentren juntos”, dice Mosquera Lozano, doctor en Estudios Políticos. 

El nombre de Nuevo Renacer empezó a escucharse desde mediados de febrero. Hacia finales de ese mismo mes, circuló la noticia de que un joven había sido asesinado y, junto a su cuerpo, había aparecido un papel con un mensaje escrito: “Nuevo Renacer”. Luego, tan solo quince días después, apareció un panfleto en las redes sociales en el que aparecía el escudo de la “Organización Nuevo Renacer (Onr)”: la imagen muestra un círculo con los colores de la bandera de Colombia. Arriba, en la franja amarilla, se ven dos armas largas cruzadas en forma de  “x”; en el medio, sobre la franja azul, hay dos manos apretándose y abajo, sobre el rojo, la frase “De la mano con el pueblo”. El documento, en el que amenazaban a los integrantes de otros grupos armados y hacían un llamado a los padres y madres de familia para restringir la circulación de sus hijos, fue el preludio de dos capturas de menores de edad realizadas el 17 de marzo por el Ejército bajo la presunción de que pertenecían a este grupo. En los primeros días de abril, algunos líderes sociales de Istmina, Tadó y Río Quito recibieron en sus celulares, a través de WhatsApp, la imagen del escudo de la organización.

Según ha podido documentar la Defensoría del Pueblo, la entrada de Nuevo Renacer "ha generado el confinamiento y desplazamiento forzado de jóvenes y familiares de la zona norte de Quibdó, principalmente de los barrios Kennedy, Los Álamos, Reposo, Obrero, Samper, entre otros, porque los están buscando para asesinarlos, debido a que no han accedido a cambiar de grupo".

Además de este grupo, el 18 de abril circuló a través de WhatsApp un panfleto de otra supuesta organización llamada “La Oficina de Quibdó (Ofq)”, en el que amenazaba a la empresa Super Giros y le prohibía a la ciudadanía de Quibdó acercarse a los puntos de atención. 

Estos grupos están entrando en un conflicto en el que ya hacían presencia al menos otras cuatro bandas criminales: Los Palmeños, Los Locos, Los Rapados y Los Mexicanos. Son estos quienes, además, han hecho alianzas con las Agc y con el Eln, cometiendo actos violentos en zona rural de Quibdó y de municipios aledaños. 

Pero el reacomodamiento de los grupos no solo se ha sentido en la capital del departamento. En El Litoral del San Juan, por ejemplo, varias personas han alertado sobre la presencia del Comando Coordinador de Occidente, una disidencia de las Farc que hasta el año pasado había concentrado sus operaciones en Valle del Cauca, Cauca, Nariño, el sur del Tolima, Huila y algunos municipios del bajo Putumayo. Aunque poco se sabe de este movimiento, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, ha recibido reportes de la presencia de este grupo en los esteros del municipio chocoano, donde hay una ruta de tráfico de droga, armas y personas. 

La estrategia del Eln y las Agc

En el Chocó, el control territorial de los municipios se lo han disputado las Agc y el Eln. En la región del medio y el bajo Atrato están los primeros, mientras que en el San Juan, la hegemonía es del Eln. En Quibdó la dinámica del enfrentamiento de estos dos grupos es distinta: ambas estructuras sostienen alianzas con bandas delincuenciales locales para mantener control sobre economías ilícitas y territorio. “Hemos visto que lo hacen (Agc y Eln) a través de sus milicianos. Eso no lo sabe el Estado y lo conoce la Policía muy bien, pero permite que esto avance y los deja que se maten entre ellos”, afirma el veedor Higinio Mosquera.

Así lo ha evidenciado también la organización Indepaz. “Ha aumentado el control de las bandas, que están siendo utilizadas mediante alianzas por los otros grupos armados (Eln y Agc). Han aumentado las extorsiones, las amenazas, el sicariato y la movilización de distintos recursos”. Además, según la información de Indepaz, las bandas están controlando economías ilegales como la del oro en lugares en los que estas acciones las desarrollaba el Eln. “Se están desligando porque buscan no llamar la atención por la negociación de paz y el cese al fuego. Quieren mantener el control territorial y lo hacen por medio de otros actores”.

Por ejemplo, hace un año, la oenegé InSight Crime lanzó una alerta sobre la alianza entre la banda de Los Mexicanos y el Eln, después de que Los Mexicanos rompiera relaciones con Los Palmeños. En los meses siguientes aparecieron grafitis del Eln en lugares como El Noventa, una comunidad rural de Quibdó a siete kilómetros de El Dieciocho, donde antes habían pintado las siglas de la Agc. Según información de la Defensoría del Pueblo, "actualmente, el ELN ha constituido una nueva alianza con la estructura criminal ‘Los Z’, también denominada ‘Los Palmeños’ o ‘Sureños’".

Ángela Olaya, cofundadora y analista senior de la Fundación Conflict Responses (Core), explica que la estrategia del Eln y las Agc de establecer alianzas con grupos locales no es nueva. Según Olaya, tanto el Eln como las Agc llevan al menos tres años utilizándola en varias regiones. “En el caso del Chocó, se empieza a evidenciar con el reacomodo del frente de guerra del Eln, tras la muerte de “Fabián” (septiembre de 2021), las tensiones que ocurren con “Marta” o “La Vieja”, sumado a la disputa que tienen en el territorio con las Agc”. 

Para Olaya, el surgimiento de bandas como el Nuevo Renacer también es una consecuencia indirecta de las negociaciones de la Paz Total. “Cada vez que hay la posibilidad de que salga del territorio un actor tan estratégico y tan fuerte se da un reacomodo de estructuras y todo el mundo busca quedar lo mejor posicionado posible”, afirma la investigadora.

Es decir, la negociación y la posibilidad de desarme de estructuras con fuerte presencia en el departamento abre la posibilidad para que otros actores que quieran continuar en armas se reacomoden en el territorio. Según Indepaz esto es lo que podría estar detrás de la presencia del Comando Coordinador de Occidente en los esteros del municipio El Litoral del San Juan, en los límites de Chocó con el Valle del Cauca. A pesar de que este grupo empezó también un proceso de diálogo con el gobierno, su expansión no se ha detenido. Para Olaya también es claro que mientras unos mandos negocian con el Estado, los que están en el territorio no necesariamente se sienten representados y continúan sus operaciones.

En el medio queda la población civil. Para Ángela Olaya el miedo y silencio entre la gente del departamento se ha agravado con acciones como la caravana humanitaria que realizó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, con el Eln. “Fue llevar a la gente del Eln a decirles: ¿Qué les hemos hecho? Y lo peor es que hicieron un recorrido sin ningún tipo de atención humanitaria: los registros de confinamiento y la prestación de servicios alrededor de los efectos del conflicto no se dieron”, afirma. 

Aún así, varios representantes de víctimas y organizaciones insisten en apoyar los incipientes procesos de paz. Lo que piden es ser tenidos en cuenta. Al final, son ellos y ellas quienes viven los resultados de las negociaciones en sus territorios. “Hemos visto que a los negros y a los indígienas se nos deja para lo último. Pero debemos ahí, contamos con un territorio de 800 mil hectáreas en dos departamentos y no estamos de acuerdo con que no estemos participando directamente en la negociación”, afirma el líder de Cocomacia. Ricardo Tequia, líder de la comunidad indígena de El Dieciocho en El Carmen de Atrato, y otros líderes del Bajo Atrato opinan lo mismo.