San Juan del Cesar, en La Guajira. Foto: Gabriel Linares.
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Los niños, niñas y adolescentes de La Guajira están en riesgo de reclutamiento forzado

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La influencia de grupos armados, el narcotráfico, el flujo migratorio y la falta de presencia del Estado en la zona de frontera hace que el riesgo de reclutamiento y uso de menores de edad para el conflicto sea alto. Las organizaciones de derechos humanos están en alerta.

“Mire: aquí se llevaron a mi sobrino, a estos jóvenes, ellos estaban pastoreando. Los convencieron de que se fueran y se fueron con ellos”. Esta frase se la han dicho más de una vez a Lerber Dimas, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Líderes y Activistas de la Sierra Nevada, en una especie de confesión que pocas veces alcanza a ser denuncia. Entre los vecinos se escuchan decenas de historias similares y aunque la institucionalidad no tiene registro, lo cierto es que en La Guajira, el riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es cada vez más alto.

De enero a junio de 2022 la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) registró 42 eventos que afectaron por lo menos a 85 niñas, niños y adolescentes de todo el país. Si bien para ese año no se pudieron comprobar casos de reclutamiento para el caso específico de La Guajira, varias organizaciones sociales han lanzado alertas sobre este delito ante el movimiento y expansión de los grupos armados en el departamento.

“En el 2021 pudimos verificar en La Guajira un evento relacionado a reclutamiento. Para 2022 no se logró identificar eventos, pero la información que nos llegaba era ‘hay riesgo de reclutamiento, a los chicos y se los están llevando, les están pagando para que se vayan’. Se les ofrecía entre un millón y un millón doscientos para que hicieran parte de las Agc pero esa información no fue verificable”, cuenta Julia Castellanos Medina, integrante de la secretaría Técnica de Coalico.

"Hay riesgo de reclutamiento, a los chicos y se los están llevando, les están pagando para que se vayan. Se les ofrecía entre un millón y un millón doscientos para que hicieran parte de las Agc pero esa información no fue verificable"

Julia Castellanos Medina, integrante de la secretaría Técnica de Coalico.

En Maicao, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana desde el 2019 por reclutamiento forzado y/o uso o utilización de niños, niñas y adolescentes para el desarrollo de economías ilegales como el contrabando de gasolina, el tráfico de armas, narcotráfico y microtráfico. Los responsables serían el Eln y los grupos de delincuencia organizada transnacional como los ‘Pranes’ de Venezuela.

“El Eln, como estrategia para el reclutamiento forzado de adolescentes, indígenas y venezolanos se aprovecha de las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de la población, por lo que ofrece dinero para quienes hagan parte de sus filas o actúen como informantes. Los valores ofrecidos oscilan entre los $500.000 pesos colombianos hasta los $3.000.000 de pesos, hechos que se han venido presentando en los corregimientos de Paraguachón y La Majayura”, asegura el documento.

"El Eln, como estrategia para el reclutamiento forzado de adolescentes, indígenas y venezolanos se aprovecha de las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de la población"

Defensoría del pueblo

Organizaciones sociales como la Corporación Social y Cultural Manos a la Paz (Mapaz) de Fonseca, trabajan por crear escenarios de esparcimiento y ayudar a que los niños, niñas y adolescentes crezcan en lugares sanos. “Queremos mejorar su calidad de vida llevándoles jornadas culturales, artísticas, de salud mental y apoyo psicosocial en ocasiones articular con las entidades encargadas”, comenta Eimer Ariño, director de Mapaz.

La organización ha beneficiado a cerca de 40 jóvenes, niños y niñas en las veredas de Conejo y El Confuso. “Podemos ver que hay niños en La Guajira que se están muriendo de hambre, se les vulnera el derecho a la salud, a la educación y viendo todas esas necesidades comunitarias nació esta idea de constituirnos como corporación”, agrega Ariño.

Mapaz realizará un evento este domingo 12 de febrero, para conmemorar el “Día Internacional en contra del reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes por parte de grupos armados ilegales”, en el corregimiento de Conejo, en Fonseca, La Guajira.

Los riesgos

A pesar de que no hay denuncias formales, en el departamento los grupos armados han creado varias estrategias para el reclutamiento de menores. En el Norte de La Guajira, por ejemplo, los niños que son reclutados ya no abandonan necesariamente su casa o su escuela, sino que hacen “tareas esporádicas” con las que su vida termina controlada por los actores armados. “Al actor armado en sus estrategias de reacomodación le sale más barato no tener el niño dentro de las filas y tener que pagar su manutención, sino más fácil darle a la familia un dinero: 50 000, 30 000, 40 000 pesos mensuales como ayuda para mantener al niño en la estructura y que el niño haga todo lo que él designe y en el momento que designe”, explica Castellanos. Entre las tareas está el tráfico de estupefacientes, entregar información, llevar armas, y/o movilizar a otros niños y niñas para que entren a la estructura.

"Al actor armado en sus estrategias de reacomodación le sale más barato no tener el niño dentro de las filas y tener que pagar su manutención, sino más fácil darle a la familia un dinero: 50 000, 30 000, 40 000 pesos mensuales como ayuda para mantener al niño en la estructura y que el niño haga todo lo que él designe y en el momento que designe"

JULIA CASTELLANOS MEDINA, INTEGRANTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE COALICO.

Según el Informe Final de La Comisión de la Verdad, los factores de riesgo de reclutamiento persisten en el país. Entre ellos están: las condiciones de precariedad en las que viven los niños y las pocas opciones para desarrollar sus capacidades; la presencia de grupos armados que controlan y definen las dinámicas de los territorios; la negligencia o imposibilidad de las familias y la sociedad de protegerlos, y la indiferencia del Estado para prevenir la violencia que los afecta.

En La Guajira, según Coalico, la situación se agrava por estos factores:

  • Es una zona fronteriza y de alto flujo migratorio: 

Con la oleada migratoria que recibió el departamento, llegaron también estructuras armadas que establecen dinámicas muy fuertes en la región, sobre todo por la disputa del territorio con las estructuras armadas que ya existían. En la búsqueda de engrosar sus filas y capacidad de reacción, se genera un riesgo para los niños, niñas y adolescentes.

Además, el observatorio aseguró que los cierres iniciales de frontera incrementaron las situaciones de riesgo para los niños que entraban y salían del país por trochas y sin acompañamiento. 

  • Hay gran influencia de narcotráfico y grupos armados

La Guajira es uno de los focos de estructuras armadas “post- desmovilización paramilitar”. Son estructuras que tienen una línea directa con el paramilitarismo y que tienen nexos directos con el narcotráfico, además controlan la frontera. “Hay una presencia muy fuerte de estas estructuras armadas locales, que además mutan constantemente de nombre, lo que hace que sea aún más difícil su identificación en la participación de eventos”, cuenta Castellanos.

La organización ha identificado que dentro de las dinámicas que han utilizado el Eln y las Agc es su entrada y salida constante de los departamentos, dejando una sensación de inseguridad entre las comunidades y así poder ejercer mayor control. “Esto genera una tensa calma permanente porque hay amenazas muy fuertes y luego hay un momento de letargo o de quietud con el ánimo de manejar rutas de narcotráfico”, agrega.

  • Es difícil verificar la información y la gente tiene miedo a denunciar:

Aunque a la organización llega información de casos de explotación sexual y violencia sexual contra niñas menores de 18 años y menores de 14 años asociados a temas de reclutamiento, la verificación de estos hechos es compleja por la falta de información.

En primer lugar las víctimas o sus familias no denuncian porque conviven directamente con el actor armado, lo que implica riesgos para su integridad. 

  • Las comunidades terminan “naturalizando” los hechos

En el departamento, particularmente las comunidades wayuu de la Alta Guajira, terminan aceptando las dinámicas de control por parte de los grupos armados. Esto por la cultura patriarcal machista o las condiciones socioeconómicas que les hacen creer que dentro de estos grupos armados tendrán una mejor calidad de vida. “Se naturalizan cosas como ‘por algo sería’ o ‘mejor que se lo lleven para allá’ o ‘así va a aprender a ser hombre”, cuenta la investigadora Castellanos.

¿Cómo prevenirlo?

El Informe Final de la Comisión de la verdad recoge varias recomendaciones para enfrentar el uso de menores en el conflicto. Estas son algunas:

  • Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, empezando por la educación.
  • Generar oportunidades para los jóvenes, que muy a menudo se ven seducidos por las economías ilegales que los terminan metiendo de lleno en la guerra.
  • Revisar y ajustar la ruta para el restablecimiento pleno de derechos de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales, así como las condiciones necesarias para su efectiva reintegración a la vida civil, de manera tal que se atienda y responda a las particularidades de esta población.
  • Desarrollar un enfoque diferencial e interseccional, y una política general que atienda las necesidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes rurales de cada territorio y que esté dirigida a garantizar sus derechos y a dotarles de las capacidades necesarias para desarrollar sus planes de vida en paz. 
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