Cuentan en el sur de La Guajira que Fonseca fue uno de los últimos escenarios donde Francisco El Hombre y Luis Pitre Gómez, dos de los más reconocidos juglares vallenatos de la entonces provincia de Padilla, se enfrentaron en duelo con sus acordeones. Pero en las calles de este pueblo poco se habla de esta historia. Tan solo ha quedado consignada en los libros de algunos conocedores del vallenato y en la memoria de Carmen Lucina Rodríguez y David Hernández, dos gestores culturales del municipio, que inauguraron el Museo Nacional del Vallenato el 9 de diciembre del año pasado. 

Para Carmen Lucina Rodríguez, de 64 años, y David Hernández, de 73, los creadores del museo, esta iniciativa representa el máximo logro que han alcanzado después de 20 años luchando para que la historia del vallenato no sea olvidada. “No todos los pueblos tienen un museo como este. David y yo lo hemos sacado adelante. A veces he querido tirar la toalla pero debe ser por el amor al arte, a la cultura, y a mi pueblo, que sigo”, afirma Carmen Lucina.

El Museo Nacional del Vallenato se puede recorrer en tres momentos, que narran una parte de la historia de este género musical y del municipio. La primera sala está dedicada a compositores, cantantes y acordeoneros y a la música. Se encuentran equipos reproductores de música, la caja, la guacharaca y el acordeón, que son los tres instrumentos principales del vallenato. En un segundo espacio están las imágenes en carboncillo de los  pioneros de la música vallenata y una recreación de los lugares donde se realizaban parrandas. En las últimas salas es posible encontrar piezas prehispánicas y objetos antiguos como teléfonos, máquinas de escribir, camas de tijera o catre y proyectores de películas. 

Antes de crear el Museo del Vallenato, Carmen Lucina ya llevaba años intentando preservar la memoria histórica artística y cultural de la región. Incluso, había fundado otro museo: el Museo Histórico de Fonseca, un espacio que estuvo en la Casa de la Cultura en Fonseca hasta su cierre. Este museo comenzó como un proyecto escolar que Carmen Lucina instaló en el laboratorio de Química de la Institución Educativa Juan Jacobo Aragón en 2013. Mientras dictaba clases de artes en el colegio, Carmen Lucina Rodríguez descubrió que pocos estudiantes conocían sobre la vida de los juglares y la música vallenata, por lo que asumió la tarea de reunir elementos que pudieran ayudar a recrear la historia. El museo se fue haciendo conocido y finalmente pudo llevarlo a la Casa de la Cultura.

“Había un cuarto donde estaban las lámparas o elementos que se utilizaban antes: teléfonos, tocadiscos, gramófonos de 1901, piezas prehispánicas, camas y baúles. Tenía otro con fotografías de Luis Enrique Martínez, sus discos, la historia del Festival del Retorno e instrumentos musicales. Para mí era el espacio más atractivo. Cuando se pasó a la Casa de la Cultura ya no era solamente del colegio, sino que era un proyecto para toda la comunidad y el mundo. Todo eso está ahora en el nuevo museo”, cuenta la gestora cultural. 

Carmen Lucina no titubea al afirmar que en su sangre fluye el vallenato. Enlista sus pruebas: su hijo es acordeonero profesional y sus dos nietos están aprendiendo a tocar la lira y el piano; y es descendiente de los Brito y los Herrera, clanes que han engendrado cantantes y artistas del vallenato en La Guajira y el Cesar. Pero ella desde joven entendió que lo suyo no era la música sino las artes plásticas. “Acá vinieron los laboratorios de arte del Ministerio de Cultura, me metí y me enamoré del arte contemporáneo, el arte conceptual. Entonces mis obras pueden ser un dibujo, una pintura, a veces una escultura, pero siempre tienen un mensaje”, dice.

Ha hecho exposiciones en Riohacha, Tunja, Uribia y Maicao, y se presentó en la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Armenia (Biarco) en el año 2020, donde expuso su obra “La Agonía de un viaje”, con la que buscaba reflejar la importancia de los flamencos guajiros y alertar sobre las redes de tráfico ilegal que se aprovechan de esa especie. Recientemente, expuso en la Biblioteca departamental la obra de arte contemporáneo “Corrupción”. Además, sus creaciones han sido seleccionadas dos veces como imagen regional del Banco de la República. 

A pesar de su recorrido artístico, en Fonseca todos la conocen como “la profe Carmen”. Es licenciada en básica primaria de la Universidad Javeriana, tiene dos especializaciones en orientación infantil y desarrollo humano, y educación en derechos humanos de la Universidad del Bosque. El Ministerio de Cultura y el de Educación le otorgaron la tarjeta profesional de artes plásticas y visuales en el año 2009, y desde entonces enseña artes en el colegio. 

Carmen Lucina y David Hernández se conocieron después de coincidir en varios talleres de arte. Pero no fue sino hasta 2019, cuando hicieron un diplomado de performance en Riohacha, que empezaron a forjar una amistad que resultó en la creación del Museo Nacional del Vallenato. Esta iniciativa es la unión de sus proyectos personales: el Museo Histórico de Fonseca, que emprendió Rodríguez y la Casa Museo La Provinciana, que creó Hernández en una casa antigua del municipio.

Al igual que Carmen Lucina, David Hernández también ha alternado la docencia con el arte. Es profesor de Termodinámica y Física Moderna en la Universidad de La Guajira. Cuenta que terminó enfocándose en las ciencias exactas por una casualidad. “Soy maestro de profesión de la Normal de Barranquilla, de la promoción del 71. En el 77 salí a estudiar Arquitectura a Barranquilla porque me gustaba diseñar, pero tenía un hermano que estaba estudiando lo mismo y ya iba a culminar. Entonces dije: ‘no me voy a repetir la carrera que ya hizo él’ y me metí a Ingeniería Química”, recuerda Hernández.

Una vez se graduó de la Universidad del Atlántico, trabajó durante doce años en la mina de la empresa estadounidense Intercorp, que después sería tomada por El Cerrejón. En busca de trabajo, ingresó al Magisterio y comenzó a dictar clases en el corregimiento de Conejo, en Fonseca, hasta que en 2015 entró en retiro forzoso. “Me sacaron por viejo”, afirma. Además, ha dictado clases en la Universidad de La Guajira durante 21 años, donde ha liderado proyectos de innovación como la construcción de viviendas ecológicas con botellas PET. Su recorrido como docente lo llevó a recibir un reconocimiento por su trayectoría en las aulas, por parte de la Asamblea Departamental en 2019. 

Si los colegios y las universidades han sido testigos de la pasión por la enseñanza y el estudio que constantemente alimenta Hernández con cursos sobre cultura, turismo, preservación del patrimonio y periodismo; es su casa la que puede dar cuenta de su pasión por el arte. Desde la entrada se confunde como un laboratorio de creación gracias a los animales, las macetas y los muebles hechos con llantas y botellas PET. La sala, el comedor y el patio son sus espacios de exposición, donde cuelga los cuadros que pinta y hace murales sobre plantas. Con orgullo se autoreconoce como el único artista de su familia y de su hogar.  

“Mis primeras obras las presenté en el Festival de la Cultura Wayúu en Uribia. Llevé seis a siete obras de collage y todos son paisajes guajiros: una choza con unos hermanos wayuu sentados, hay un molino en el que están extrayendo agua. Ahora que tengo nuevas técnicas, las pienso restaurar”, afirma. “Últimamente, he explorado otro tipo de pintura, la abstracta. Lo que plasmo en el cuadro, lo pongo también en botellones de agua. Hago materas con ellos como si fueran copas y tengo ese emprendimiento. Vendo matas y decoro las macetas como quiera el cliente, si quiere con un paisaje guajiro o una pintura abstracta”, cuenta. 

La tercera pasión de David Hernández es coleccionar objetos antiguos. Los primeros que hicieron parte de su colección fueron los baúles de sus abuelos y la segunda adquisición fueron máquinas de coser antiguas que se manejaban manualmente y que compró en una calle de Barranquilla en 1979. Lo motivaba, sobre todo, preservar el recuerdo de las personas y sus ancestros que ya habían fallecido. Esa búsqueda lo llevó a abrir la Casa Museo La Provinciana en 2015, con cosas que él había recogido y otras que donaron las familias. Cuenta que tenía tantos objetos que se podía abrir otro museo más. 

“Quisiera que me recordarán como alguien que se encargó de preservar para Fonseca el legado de nuestros abuelos para que no se pierdan”, agrega. Por eso, David también guiaba los recorridos en el Museo Casa La Provinciana, en los que le contaba a los visitantes las tradiciones del pueblo como tomar un tinto en las puertas de las casas o el intercambio de fríjol rojo y dulce de maduro entre vecinos en semana santa. Ahora, en el Museo Nacional del Vallenato ha asumido la misma labor. 

Pero las cosas no han sido fáciles. Carmen Lucina y David coinciden en un lamento al otro lado del teléfono: en el sur de La Guajira la cultura no es apoyada ni reconocida. Esta es su principal conclusión después de tantos años liderando sus proyectos de museos. Carmen cuenta que les ha tocado contratar personal de aseo y que David incluso ha tenido que pagar arriendos de su propio bolsillo para no cerrar. Recuerda que más de una vez ha ido de un lado a otro del municipio y del departamento tocando puertas de empresas para restaurar cosas del museo, conseguir pintura para las paredes o pagarle a una prima para que hiciera aseo al espacio.

“He invertido más de 30 millones de pesos, creo, aparte del tiempo que es valioso. A veces me trasnochaba leyendo e investigando para armar la historia de Fonseca. Siempre me ha gustado leer mucho, mis vacaciones eran para leer a Dostoievski, García Márquez, Vargas Vila, Soto Aparicio. Así aprendí a conocer el mundo y por eso tú puedes encontrar en el museo muchos álbumes de historia, incluso de la época prehispánica”, dice Carmen Lucina. 

Por su parte, David anuncia que está cerca el momento de hacer un alto en el camino para dedicarle tiempo a su familia y su salud. “Soy el presidente de la comparsa central del Carnaval de Fonseca, de la Asociación de Amigos de Conejo, representante del Consejo Municipal de Paz y del Consejo de Cultura, y siempre he estado metido en los carnavales y festivales”, cuenta Hernández.  “No me voy a retirar del todo, pero voy a mermarle a tantos compromisos porque soy diabético y las preocupaciones me han hecho insulinodependiente. La diabetes tipo dos es más que todo emotiva”, sostiene. 

Pero mientras tengan salud, afirman ambos profesores, esperan seguir custodiando y difundiendo la historia del vallenato. La creación del museo, que gestionaron ante la Alcaldía de Fonseca el año pasado, les dio un impulso de esperanza. Esperan que el museo ayude a que las nuevas generaciones por fin se apropien de la historia que está plasmada en sus paredes y en los estantes de madera. En cinco años, quieren recibir visitantes de toda Colombia y de distintos países, que se interesen por conocer la historia de ese género musical que se escucha al entrar al museo en la voz de Leandro Díaz, Alejandro Durán, Carlos Huertas y el acordeonero Luis Enrique Martínez “el pollo vallenato”.  

“Fonseca fue epicentro de la música vallenata. Aquí nunca se llamó música vallenata sino música provinciana”, afirma David Hernández. “Pero tienen que venir a verlo. No es lo mismo que se los diga a que ustedes lo vivan… así que por aquí siempre a la orden”, agrega antes de colgar la llamada. 

Ana Magaly Romero, a sus 60 años, estaba convencida de que envejecería con su esposo lejos de su finca Villa Magalis de la vereda La Unión. Tan solo visitaban la parcela durante el día para cerciorarse de que los animales recibieran comida y que las cosas de la casa estuvieran en orden. De no haber sido porque llegó la luz a ese poblado, seguirían viviendo en la casa de su hija en el corregimiento de Conejo o pagando arriendo en el casco urbano de Fonseca, un pueblo al sur de La Guajira. En 2019, cuando la Alcaldía de Fonseca instaló paneles solares en su terreno, pudieron finalmente volver a habitar la casa y continuar la crianza de los pavos, las gallinas y los cerdos que hoy les sirven de sustento. 

“La luz hace mucha falta, más que todo de noche porque uno está a oscuras y, como se escuchan tantas cosas, a uno le da miedo. En cambio con la luz duramos afuera sentados hablando con el trabajador y mi esposo hasta las nueve de la noche. Ahora uno mira para todos lados y ve claro”, cuenta Romero. “Aquí estamos mejor al aire libre, sin nadie que nos moleste ni el carro ni la moto ni nada”, agrega. 

Al igual que en La Unión, otros 551 campesinos y campesinas de 26 veredas del municipio de Fonseca vivieron un cambio en sus vidas con la instalación de los paneles solares. Por primera vez, pudieron tener luz para iluminar las noches y energía para conectar un ventilador que les ayude a refrescarse durante las sofocantes noches en las que la temperatura puede llegar hasta los 25 grados centígrados. Incluso, lograron tener celulares para informarse y hablar con sus familiares que viven en otros poblados y ciudades. 

“Antes de tener los paneles nos alumbrábamos con una lámpara de batería. Iba a Quebrachal a recargarla y nos duraba dos días solo para usar en la noche. A los dos días había que ir otra vez a recargarla o nos alumbrábamos con un mechón de gasolina o petróleo. Esa era nuestra luz”, narra Tomás Campusano, agricultor de la vereda Sabana del Medio. Por su parte, Alba Fernández, quien vive en el mismo poblado, recuerda que antes tenía que caminar 40 minutos desde su casa para alquilar una licuadora o lavadora en Quebrachal. “Ya tengo cómo lavar y licuar los alimentos para los niños. Estamos muy contentos y felices con la luz”, dice.

Si bien la instalación de los paneles solares se ha convertido en una oportunidad para que los y las habitantes de Fonseca puedan mejorar su calidad de vida, alrededor de los proyectos hay cuestionamientos sobre sus alcances, los cobros de la factura que son considerados excesivos por parte de los usuarios e investigaciones sobre presunta corrupción. Algunos habitantes consideran que los paneles son suyos, fueron “un regalo” del gobierno, pero lo cierto es que estos, según Helios Energía, son propiedad del Estado y solo se instalaron como una suerte de postes para llevar electricidad. Esta es solo una muestra de la falta de información que existe alrededor. 

La instalación de paneles solares en el municipio se hizo a través de dos proyectos: Fonseca uno y dos. El primer proyecto fue realizado por el exalcalde Misael Velásquez Granadillo, entre 2018 y 2019, para beneficiar a 250 personas de Zonas No Interconectadas. Es decir, aquellas veredas que no tenían conexión a una red eléctrica y donde las empresas prestadoras de energía habían manifestado que no harían inversión en infraestructura. Para esto recibió apoyo en el diseño del Ministerio de Minas y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) le entregó 4.544 millones de pesos para llevarlo a cabo.

En el segundo proyecto, que terminó por entregarse en marzo de 2022, se beneficiaron 301 campesinos y campesinas. Esta iniciativa fue diseñada e impulsada por Velásquez Granadillo y la actual administración de Hamilton García Peñaranda se encargó de robustecer y ejecutar. Los recursos para ejecutar Fonseca dos fueron desembolsados desde el OCAD Paz, un fondo que financia las iniciativas que contribuyen al desarrollo de los territorios golpeados por el conflicto armado interno. En la sesión número 23 de enero de 2020, ese órgano aprobó 5.420 millones de pesos del Sistema General de Regalías. 

Energía pero con servicios limitados

Los campesinos y campesinas de las veredas del municipio recibieron en sus fincas: tres módulos de paneles solares de 280 watts (en el caso de Fonseca Uno), un inversor, un controlador, dos baterías un gabinete y una estructura de soporte. En el segundo proyecto, se entregaron dos paneles de 320 watts para aumentar la potencia de energía. Además, la Alcaldía les entregó algunas recomendaciones para que los equipos funcionaran: debían utilizar bombillas de un voltaje específico, podrían conectar una nevera pequeña y no deberían tener más de un electrodoméstico conectado. 

A pesar de que con estos proyectos lograron llevar energía a la zonas no interconectadas, en su materialización se quedaron cortos y siguen sin beneficiar integralmente a las comunidades. Algunos habitantes cuestionan que la información no corresponde con lo que empezaron a vivir con la utilización de la energía solar. 

“Nos dijeron que la plancha de pelo no se podía conectar, que una nevera pequeña se podía pero ni la pequeña se puede porque aquí el vecino tuvo una pequeñita que se la puso a la planta y se le dañó. Si vamos a conectar el televisor tiene que ser de 14 pulgadas, se tienen que apagar los focos y el abanico pequeño”, cuenta Juana Sajahur, habitante de la vereda El Puy beneficiaria de Fonseca uno. 

Por su parte, Alba Fernández, quien fue beneficiaria en la segunda entrega, cuenta que con el tiempo en su casa han aprendido a medir el consumo de energía para no recargar el panel solar. “Aquí me pusieron cuatro focos y cinco enchufes. Pero no se puede tener todo prendido al mismo tiempo. Cuando nosotros ponemos el televisor, ya no le enchufamos otro aparato y, a veces, los pelados enchufan los teléfonos y apagan el televisor. Si estoy lavando, apenas prendo la lavadora y eso es cuando el sol está bien caliente”, detalla.

Al respecto, Almis Peralta, coordinador zona Cesar y La Guajira de Helios Energía, la empresa que se encarga del mantenimiento, operación y facturación de los paneles solares, los equipos que recibieron todas las casas son los que están establecidos por el gobierno nacional para uso domiciliario. Con esa capacidad de energía está previsto el uso de televisor, una nevera, una lavadora, celular y bombillos.

“El uso debe ser moderado. Cuando las baterías están cargadas, tienen una capacidad de 12 horas de servicio. Si van a instalar la lavadora no tiene porqué estar prendido el televisor u otra cosa. Si prenden el televisor apaguen las luces. La nevera la conectan a las ocho de la mañana y a las tres de la tarde deben desconectarla para que la batería vuelva y se recargue. En ese momento, ya han completado las 24 horas del servicio”, explica Peralta. 

Si bien hay luz, pocas personas han logrado adquirir otros electrodomésticos para acceder a servicios como refrigeración, ya sea por falta de dinero o por las limitaciones que han tenido en el uso de los paneles. Nessim Assad Bissinger, investigador del Centro Transnacional para Transiciones Justas en Energía, Clima y Sustentabilidad (Trajects por sus siglas en inglés, cuestiona que se estandarice el tipo de equipos que se entregan a las comunidades porque considera que esas decisiones deben partir de un diagnóstico particular de los beneficiarios. 

“Desde el gobierno van a instalar algo, se toman la foto y nunca consideran si está bien o no. Si es una instalación para una nevera debería haber un prediseño y un diseño considerando mayores cargas. Eso significa que es un mayor costo de instalación y que tal vez se puedan necesitar tres y no uno”, dice Assad. “Todo debería partir del estudio de las necesidades de la comunidad y diseñar los sistemas que suplan estas necesidades, no al contrario. No el gobierno decir: ‘ellos necesitan energía y simplemente les vamos a poner un panel por hogar’, porque así no se termina haciendo nada”, agrega. 

Facturas altas y pocos ingresos

Los precios de la factura se han convertido en un dolor de cabeza para algunos de los beneficiarios de los paneles solares, quienes han visto cómo aumenta el precio progresivamente. Algunos han pasado de pagar 21 mil pesos a 400 mil pesos por el servicio. Helios Energía SA es la única empresa autorizada por el gobierno nacional en la región para realizar la facturación de este tipo de energía. Además, tiene a su cargo la administración, operación y mantenimiento de los paneles solares.

Una vez los campesinos y campesinas de Fonseca recibieron los paneles solares aceptaron también que Helios Energía sea la encargada de facturar el servicio. En su momento, cuentan algunos beneficiarios, les explicaron que pagarían siete mil pesos mensuales pero la facturación se haría trimestral. Es decir, cada tres meses les cobrarían 21 mil pesos. Sin embargo, cuando se presenta mora en algunas facturas, cada mes aumenta el valor en mora y el precio trimestral incrementa considerablemente.

“Por la pandemia nos atrasamos un poquito porque no podíamos salir de aquí para pagar. Entonces se me vino el recibo como por 200 mil pesos y pico. Aboné unos 100 mil pesos y quedé debiendo 70 mil pesos. Ahora llegó otra vez el recibo y viene por 200 y pico. No sé qué ha pasado, si es que no han descontado o si es que subieron la tarifa”, cuenta Ana Magaly Romero. 

Sobre el precio de las facturas, además, hay dudas entre los beneficiarios. Muchos no tienen claro cómo se calcula el precio de la factura y qué incluye el cobro. En su mayoría creen que el precio trimestral se deposita en un fondo por si en algún momento deben hacer algún reemplazo de los equipos, como ya les ha pasado, o si necesitan mantenimiento. Sin embargo, todos coinciden en que el precio no tiene en cuenta sus ingresos como pequeños y medianos agricultores, pues algunos viven en zonas a dos horas de camino del casco urbano y deben considerar en cada pago el transporte en mula, mototaxi o carro.

“Los pasajes para ir el sábado son 10 mil pesos, si uno se viene en una moto el domingo o el lunes tiene que pagar 40 mil pesos hasta cierta parte porque aquí estamos sin vía y tenemos que caminar dos horas”, cuenta Fredesminda Moreno, habitante de la vereda Puerto López. “Para mi sustento a veces crío pollos purinos pero en estos momentos la alimentación se puso carísima y me tocó dejarlos. Tengo mis gallinas y unos huevitos. A veces no hay ni con qué comer. Me parece injusto que un campesino pague la luz del sol”, dice. 

Almis Peralta explica que la cifra de facturación lo estipuló la Comisión de Regulación de Energía y Gas con base en un censo que realizaron en distintas zonas del país. Según él, en ese momento contabilizaron cuánto gastaba un usuario para comprar velas, ACPM, gasolina y baterías. “Un usuario de estos en esa época se gastaba entre los 100 y 120 mil pesos mensuales”, afirma. “El mantenimiento y la revisión que hagamos no se le cobra a ellos”, agrega.

Para regular la energía solar, la CREG determinó en la Resolución 137 de 2020 la fórmula para calcular el valor final que se cobra a los consumidores. Estableció que se debe tener en cuenta el cargo máximo de generación de energía por mes para la prestación del servicio, el valor de comercialización y el porcentaje de disponibilidad del servicio de generación de energía eléctrica durante el mes. Sin embargo, aclara en una de sus cartillas informativas que: “la CREG no calcula las tarifas que puedan ser cobradas a estos usuarios. La función de calcular lo que se le cobrará por este servicio público les corresponde exclusivamente a los prestadores”. 

Un proyecto en la lupa de las autoridades

El 28 de junio, la Contraloría General de la República (CGR) encendió las alarmas porque en siete municipios del Caribe colombiano habría funcionado una cartelización de paneles solares con recursos de la paz. Es decir, al menos dos empresas hicieron un acuerdo por debajo de cuerda para reducir la competitividad y quedarse con los contratos de implementación de energía solar fotovoltaica, que se empezaron a ejecutar desde el año 2020. 

Fredy Arias, quien era entonces el coordinador de la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la CGR, explicó lo que sería el entramado de corrupción. “Hay un personaje que formula los proyectos y, supuestamente los dona a los municipios bajo ningún documento oficial. Encontramos que en ocho de esos proyectos existen los mismos contratistas a través de uniones temporales”, dijo Arias en un video difundido por la Contraloría en junio de 2022. Señaló, además, a Henry Pérez Castro como la persona encargada de formular los proyectos.

La Alcaldía de Fonseca fue una de las administraciones que para ejecutar el segundo proyecto de paneles solares contrató con la Unión Temporal ZNI Perijá, que estaba conformada por Servicios Energéticos S.A.S. y Baz Marine S.A de C.V. Ambas empresas hicieron parte de consorcios cuestionados por la Contraloría en otros seis municipios donde también se instaló la infraestructura fotovoltáica: Urumita y Dibulla en La Guajira, y Pueblo Bello y Becerril en el Cesar. 

Sobre las empresas vinculadas se conoce que ambas tienen su sede en Barranquilla. La empresa ESCO - Compañía de Servicios Energéticos SAS es gerenciada por Saúl Samuel Sandoval Arraut. Según una investigación de El Periodico.net, un medio del departamento del Cesar que ha seguido de cerca las indagaciones al proyecto de paneles solares, la empresa fue constituida por Pio Adolfo Bárcena Villareal en el año 2016 con cinco millones de pesos. Barcena estuvo vinculado al Ministerio de Transporte de Colombia como Secretario General, cargo en el que estuvo desde septiembre de 2014 hasta mayo de 2016.

Pio Adolfo Barcena Villareal ejerció, además, como representante legal de la empresa Helios Energía S.A ESP durante la entrega de la infraestructura fotovoltáica por parte de la Alcaldía de Fonseca a esa compañía, que se encarga de administrar, operar y hacerle mantenimiento a los paneles solares.

En la misma investigación, El Periodico.net asegura que Óscar Imitola Acero, otro de los socios de estas empresas, hizo parte del Ministerio de Minas Colombia. Esta cartera es importante en este tipo de proyectos pues es la que da vía libre a las iniciativas de energías renovables y regula la transición energética del país.

En cuanto a Baz Marine S.A de C.V fue constituida en Cancún en 2019 y su sucursal en Colombia está en la capital del Atlántico, bajo el liderazgo de Juan Pablo Ballestas Juliao. Ballestas es, además, un empresario con un amplio recorrido en México. En 2001, según la revista Proceso, fundó Blastinaval de México con la que llegó a ser proveedor de Pemex. En 2011, junto a Ernesto Zedillo Velasco, hijo del expresidente mexicano del mismo nombre, crearon la compañía Baz Energy en 2011 en México.

Blastinaval llegó a Colombia, representada por Rafael Augusto Barvo Ortiz, y entró en proceso de reorganización después de varias denuncias de incumplimiento de responsabilidades con sus proveedores cuando ejecutaba un contrato de exploración petrolera con Ecopetrol. Además, terminó con “múltiples órdenes de embargo registradas en su calidad de contratista”, según la Superintendencia de Sociedades, citada por Colombia+20. 

Luego de siete meses del anuncio de la Contraloría, los avances en la indagación que lleva la Contraloría contra la Alcaldía de Fonseca no son conocidos públicamente. La administración, actualmente en cabeza de Hamilton García Peñaranda, asegura que después de que la Contraloría realizó la auditoría en el municipio, archivó la indagación. 

Marla Zuñiga, secretaria de Planeación del municipio, le dijo a Consonante que el proyecto de paneles solares fue impulsado durante los años 2018 y 2019, cuando estaba de alcalde Misael Velásquez Granadillo, quien hoy aspira a la Gobernación de La Guajira por el partido de la U. Es decir, Velásquez Granadillo se encargó de estructurar y gestionar las dos iniciativas de paneles solares en el municipio, y García Peñaranda realizó la licitación para contratar a la unión temporal y la interventoría, que estuvo a cargo del Consorcio IS Fonseca. 

Sobre los cuestionamientos de cartelización, Misael Velásquez asegura que el segundo proyecto de paneles solares fue estructurado con la Agencia para la Renovación del Territorio y el Ministerio de Minas, con base en la primera iniciativa que ya habían ejecutado. “No sé quién es Henry Pérez Castro. A mí nadie se me acercó a decirme que me donaba un proyecto”, dice Velásquez. “El proyecto se aprobó en el OCAD Paz y en ese momento ya no soy alcalde. Es la nueva administración que se encarga de perfeccionar el proyecto, licitarlo y hacer los pliegos de condiciones. Le tocaría a ellos explicar”, agrega.

Por su parte, Marla Zuñiga explicó en respuesta a un derecho de petición que la administración “no celebró contrato alguno para los estudios y diseños, estos fueron donados por profesionales de la zona interesados en el sector”.  

Energía fotovoltáica: ¿La solución?

La implementación de paneles solares para electrificar las Zonas No Interconectadas en el país es por lo pronto una de las principales soluciones impulsadas a nivel nacional e internacional. Esto teniendo en cuenta que reemplaza los combustibles fósiles por energía renovables y cumple los Objetivos de Desarrollo de reducir las emisiones de carbono. 

“Las tecnologías de energía solar, incluidas la energía fotovoltaica, la energía solar de concentración y la energía térmica solar, constituyen la fuente de energía de mayor crecimiento del mundo. Con indicaciones claras de los gobiernos en el mercado, estas tecnologías de bajas emisiones de carbono podrían proporcionar más del 30 por ciento del suministro de energía mundial total para el año 2040”, dijo Rhone Resch, presidente de la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA), una asociación comercial de ámbito nacional que representa a más de 500 empresas de energía solar en los Estados Unidos.

Juan Pablo Soler, investigador del área de Justicia Climática y Energía de Censat Agua Viva, resalta que las ventajas de este tipo de energía es la posibilidad de descentralizar y llegar a lugares donde no está el Sistema Interconectado Nacional. Además, resalta que los precios son menores que cuando se usan combustibles fósiles. Sin embargo, alerta que no debería considerarse como la única alternativa energética y se deben evaluar otras teniendo en cuenta el contexto de cada comunidad. 

“Se debe involucrar a las comunidades en la identificación de necesidades y en el planteamiento de soluciones de acuerdo a lo que hay en el contexto local. Hay lugares donde es mejor lo solar, otros donde hay soluciones más cercanas al biogás o microcentrales. Digamos que uno de los problemas en los cuales se puede estar incurriendo es en homogenizar las soluciones, pensar que vamos a migrar de una tecnología basada en lo fósil a una sola, cuando la clave de la transición es pensar en la diversificación de las alternativas”, dice Soler.

Llevar luz al resto del municipio

En Fonseca aún hay 559 familias que no cuentan con energía eléctrica. La Alcaldía de Fonseca dice que a pesar de que esperan diseñar un proyecto para implementar paneles solares, no cuentan con recursos para realizarlo. Mientras esto ocurre, en las veredas algunos presidentes de Junta de Acción Comunal han comenzado a recoger listas de las personas que aún no cuentan con esta alternativa energética. Esperan que, de cara a la elección de un nuevo mandatario local en octubre de este año, se pueda avanzar finalmente en un proyecto que les permita a todos y todas tener acceso a servicios energéticos y mejorar su calidad de vida. 

Aunque el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) tiene su sede en Bogotá, desde hace ocho años su equipo de antropólogos y abogados han viajado alrededor del país acompañando la implementación del test de proporcionalidad. El objetivo de esos recorridos: garantizar la preservación y el desarrollo de la identidad cultural de las comunidades étnicas en el país. Por eso, cuando se va a desarrollar algún proyecto minero-energético o de otro tipo, el Icanh asesora y busca que se tengan en cuenta la cultura, costumbre e identidad de los pueblos que serían afectados. 

El Icanh, una entidad adscrita al Ministerio de Cultura, es, además, la principal autoridad sobre el patrimonio arqueológico. Desde allí se decide qué es patrimonio, se declaran las áreas de protección, se dice qué piezas arqueológicas pueden salir del país y se realizan investigaciones que den cuenta de la historia cultural de la nación. 

Carlos Meza Ramírez, antropólogo especialista en Ambiente y Desarrollo Local de la Universidad Nacional y Distrital, es uno de los funcionarios del Icanh. Ha trabajado desde hace 15 años en investigaciones sobre conflictos socioambientales y estudios afrocolombianos. Uno de sus intereses de investigación ha sido la desviación del arroyo Bruno por la actividad minera de Cerrejón. Además, desde 2013 ha acompañado la implementación de doce test de proporcionalidad alrededor del país, y es tal vez una de las personas que mejor conoce el funcionamiento de este mecanismo. El último de estos ha sido el de Cañaverales, donde el Icanh ha sido la voz discordante de las entidades del Estado sobre el proyecto minero.

En junio de 2022, el Ministerio del Interior comenzó a ejecutar el test de proporcionalidad en Cañaverales argumentando que el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales se negaban a desarrollar la consulta previa. La comunidad afirmaba que hasta que no hubiera garantías de participación y acceso a la información sobre la mina que se iba explotar no se podía desarrollar el proceso consultivo. El test, que es un mecanismo que se realiza cuando no se logra desarrollar la consulta, se llevó a cabo para ponderar los derechos de la gente que se verían afectados con la explotación de carbón en ese corregimiento del sur de La Guajira. 

Consonante habló con Meza, quien evaluó el documental del estudio de impacto ambiental del proyecto que hizo la empresa minera Best Coal Company (BCC), realizó entrevistas con habitantes y visitó la zona para identificar los posibles impactos y alcances de la explotación de carbón que hará la compañía.

Consonante: ¿Qué ha hecho el Instituto de Antropología en el proceso de la consulta previa en Cañaverales?

Carlos Meza:. El 15 de junio fuimos citados al test de proporcionalidad para el proyecto minero Cañaverales. En esa reunión concluimos que era necesario hacer una visita en terreno, dado que había un afán importante de la empresa por sacar adelante el test y ellos aducían la renuencia de (la comunidad de) Cañaverales a continuar en el proceso consultivo. 

Aunque la pretensión era que el test de proporcionalidad se avalara mediante una revisión de una matriz de impactos en las oficinas de Bogotá de la Dirección de Consulta Previa, sostuvimos que era necesario ir a terreno y conocer de primera mano cuál era la visión de las comunidades y particularmente de Cañaverales con respecto al proyecto minero, en contraste con toda la documentación ya revisada que nos había allegado la empresa. Pero también incluir al menos dos consejos comunitarios que sí protocolizaron: Sitio Nuevo y Tiama en Corraleja.

C: ¿Qué encontraron en esa visita?

CM: Encontramos que los consejos que sí implementaron la consulta previa tenían tanto temor, aunque no más que Cañaverales que es el directamente afectado, por el desarrollo del proyecto, y que en buena medida la protocolización en Sitio Nuevo y Corraleja se debió a afanes e incluso a presiones de BCC para que se adelantara la consulta. Con Cañaverales evidenciamos que la comunidad realmente lo que quiere es vetar el proyecto. 

C: ¿De qué forma se dio esa presión a los consejos comunitarios?

CM: Los representantes legales de Sitio Nuevo y de Tiama en Corralejas, y otras personas que participaron en esa diligencia expresaban que el proceso de consulta no fue tan transparente y hubo presión para lograr protocolizar. Lo que fue la entrega de información, el reconocimiento de impactos, el recorrido por las áreas que la comunidad consideraba de influencia, no BCC, no se hizo. Durante la consulta hubo muchos momentos tensos y la gente escuchaba que si esos desacuerdos no se lograban saldar en las reuniones, podría darse la figura del test de proporcionalidad. Esas afirmaciones no son aisladas y vemos con mucha preocupación que en la praxis, el test de proporcionalidad se utiliza como una forma de amedrentar, de amenazar, a las comunidades.

C: ¿En las visitas encontraron algo más?

CM: Sí, este es el caso de un proyecto minero grande, integral, que incluso plantea en su concepción original una conexión portuaria con Dibulla, replicando el caso de Cerrejón con Puerto Colombia, en donde el proyecto sabemos que ha tenido unos impactos acumulados e irreversibles. Esto precisamente ha llevado a las comunidades de Cañaverales a vetar el proyecto y a otras a temer el desarrollo del mismo en el sur de La Guajira. La empresa niega esta dimensión integral. Siempre hay una compartimentalización (de la información) en función de que el proyecto BCC no tiene nada que ver con los resultados del Cerrejón, pero es imposible. Tengamos en cuenta que si bien hoy la búsqueda de la licencia es de un área mucho menor, sí se plantean ampliar el proyecto con fases sucesivas.

Si hay algo de las particularidades de este proyecto es que, como muchos a finales de la década del 2010, eran otras las compañías pero los inversionistas han sido los mismos. MPX fue la empresa que consiguió la licencia ambiental en ese momento gracias a las concesiones de títulos mineros que les fueron dadas, en una estrategia de compra de predios que limitó después el ejercicio de los consejos comunitarios de consolidarse en territorios colectivos. Mediante la compra de predios y conseguir títulos mineros han ido cercando a la comunidad y limitando la posibilidad de tener un título colectivo para desarrollar sus prácticas de producción y el horizonte cultural que quieren. 

C: El manantial y su interconexión con otras fuentes hídricas ha sido la principal preocupación de algunos habitantes del municipio frente al proyecto minero. En la revisión que ustedes hicieron del informe de impacto ambiental de la empresa, ¿habría algún impacto? 

CM: En la zona de la baja Guajira hay mucha riqueza hídrica. El manantial de Cañaverales es un ecosistema de bosque seco, que en Colombia es uno de los ecosistemas más amenazados, y hay muchos esfuerzos importantes a nivel de la conservación internacional para mantener y ampliar los parches de bosques secos que hay en el país. En el área que se sustenta el manantial hay una dinámica de fuentes superficiales y subterráneas. La comunidad habla de la formación del río Cañaverales y cómo se va a ver afectado. En la parte alta de Corraleja, la comunidad me mostró una cantidad de ojos de agua que nutren a los acueductos comunitarios.

Desde el momento en el que se crea un tajo, como ocurrió con Cerrejón, se interrumpen las conexiones hídricas subterráneas. La empresa dice que hay una falla geológica que genera una suerte de impermeabilidad y la interrupción no sería un mayor problema. Lo llamo una falsa certeza, porque no se ha abierto un diálogo con entidades competentes y expertas en la materia sobre el supuesto aislamiento de las fallas geológicas naturales. La experiencia con Cerrejón ha demostrado lo contrario, desde los años 80 hasta ahora ha destruido alrededor de 20 arroyos y la modificación del cauce del arroyo Bruno. 

C: En corregimientos como Corraleja, que está en la zona de influencia del proyecto, han encontrado restos de vasijas que serían precolombinas. ¿Como Instituto evaluaron eso en la visita a territorio?

CM: No sabría decirle si hay registros arqueológicos. En el plan minero de Cañaverales, ellos no reportaron nada en el área donde se haría el proyecto. En el caso de hallazgos fortuitos, se sigue un plan de manejo arqueológico. Sin embargo, en la zona de la reserva forestal que sustenta al manantial es de alto valor paisajístico. Hay unos abrigos rocosos en la parte más alta, que son de mucho valor para la comunidad y han sido lugares de pagamento. Seguramente habrá lugares arqueológicos importantes porque en la dinámica de las sociedades más antiguas, los abrigos rocosos son evidencia de ocupaciones tempranas.

Con las detonaciones mineras se destruiría todo este paisaje porque son cuevas que se formaron hace mucho tiempo y no las mencionan los estudios técnicos de BCC, pero sí las tienen muy en cuenta las comunidades que conocen la reserva forestal del manantial. Otro aspecto es que los manantiales, las fuentes hídricas, los ríos cristalinos de la región que denominamos la provincia vallenata, sí es un espacio importantísimo. No solamente por los servicios ecosistémicos, sino porque es un espacio simbólico donde los cantautores vallenatos cantan sobre la vida. Entonces, la destrucción de esto es la destrucción de esa cultura.

C: Entonces, ¿qué pasó con el test de proporcionalidad?

CM: El Icanh se abstuvo de seguir en el test en julio mediante un informe que argumentaba todos los impactos que ya mencioné. El test se protocolizó sin la presencia del Instituto.Las entidades, en cabeza de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, sacaron adelante el test que fue demandado por las comunidades y un juez le dio la razón a las comunidades porque las irregularidades fueron bastantes. Ahora se debe retomar la protocolización de la consulta previa. 

C: ¿Qué debería hacerse distinto para que esta vez sí prospere la consulta previa en Cañaverales?

CM: La comunidad tiene que ser informada de todas las reuniones que se estén adelantando desde la Dirección de Consulta Previa. Ha habido convocatorias de diálogo por parte del Cinep, que es un centro de investigación acompañante sobre el tema de la escasez hídrica y los megaproyectos en La Guajira, y la autoridad de la Consulta Previa ha declinado esas invitaciones. Al mismo tiempo avanza en otros encuentros sin la comunidad. Claramente se sigue dando un proceder opaco. Este tipo de cosas se vuelven complicadisimas. Se están generando unas condiciones para que avance un nuevo proceso consultivo, respondiendo una sentencia, pero siguiendo el mismo error. 

C: Si la comunidad de Cañaverales dice definitivamente que no, ¿puede frenar el proyecto?

CM: La consulta previa tiene que ver con la decisión y el control de los pueblos étnicos frente a decisiones que afectan su bienestar, su visión de desarrollo a futuro. El desarrollo institucional de la consulta en Colombia, me refiero a decretos, creación de dependencias, protocolos y demás, ha ido en contravía de lo que originalmente plantea el Convenio 169 de la OIT, ratificado mediante la Ley 21 de 1991 por Colombia. Ese es el punto de fondo que lleva a que la consulta desde hace varios años tenga un comportamiento de captura corporativa por parte de las empresas con mucho poder, para lograr sacar en un tiempo récord licencias ambientales.

Hay interpretaciones jurídicas y, seguramente, el Ministerio del Interior dirá que la comunidad no puede. Dentro de la institucionalidad, como se ha venido comportando, se van a citar sentencias o los mismos protocolos. Pero la comunidad tendría que poder a la luz de repensar una serie de elementos que están en juego. Si la comunidad no puede frenar el proyecto, la empresa seguirá adelante con compensaciones sobre todo monetarias, más que en evitar ciertos daños identificados. 

C: Desde 2021 se han otorgado licencias a al menos cinco empresas para desarrollar proyectos minero energéticos en La Guajira: Cardones, Max Resource, Carbomás, Energía de Bogotá y BCC. ¿Por qué se siguen aprobando estos proyectos en el departamento a pesar de los conocidos impactos del Cerrejón?

CM: La Guajira se está convirtiendo en una zona de proyectos a gran escala. Si uno lo mira en la integralidad es como sacrificar a la región. Hay alrededor de 60 - 70 parques eólicos en la Media y Alta Guajira. Uno de los argumentos del grupo de Energía de Bogotá es que estamos en la transición energética, pero al mismo tiempo tenemos el comportamiento del Cerrejón y nuevos proyectos extractivos que hacen uso de combustibles fósiles.

Si a eso le sumamos el acaparamiento hídrico con la represa de El Cercado, que represó el río Ranchería limitando su flujo, tenemos una situación muy dramática: un mapa minero energético, y de acaparamiento y destrucción hídrica que no es bueno para las poblaciones. La Guajira es una zona de sacrificio.

C: ¿Con el nuevo gobierno hay garantías para llevar a cabo la consulta previa?

CM: Quiero anotar que en este momento Álvaro Echeverry es el director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Echeverry fue director de la consulta durante la presidencia de Juan Manuel Santos y durante ese gobierno se cambió la idea de que la consulta previa no es para garantizar a las comunidades sus derechos sino para que el empresario tenga la confianza y pueda invertir. Las directivas presidenciales que fueron elaboradas desde otros gobiernos bajo esa lógica van a continuar en este gobierno de cambio, principalmente frente a estos temas. Eso es lo que hay que desnaturalizar, que la consulta previa está capturada corporativamente y el Estado se sesga y se parcializa a favor de grandes empresas. 

Cuando los viajeros piensan en lugares turísticos del Chocó, lo primero que salta a la mente son las playas de Nuquí, Capurganá y Bahía Solano, que durante años han atraído a visitantes de todas partes del mundo a hacer avistamiento de ballenas jorobadas, practicar surf o descansar sobre la arena blanca rodeada de vegetación de la selva húmeda tropical. 

Sin embargo, al adentrarse en el departamento es posible ser testigos del paso del río Atrato, el más caudaloso de Colombia, y de otros 14 afluentes que sirven de carreteras fluviales para conectar a diversas poblaciones. Estos, recientemente, han empezado a ser conocidos en redes sociales por esconder atractivos turísticos como caídas de agua de 40 metros de altura y quebradas cristalinas para bañarse y descansar.  

Desde el municipio de Acandí, ubicado en el litoral del Caribe en límites con Panamá, recorriendo la región del Alto San Juan hasta El Carmen de Atrato, asentado en las estribaciones de la cordillera de Los Andes, estos son algunos de los destinos de agua dulce para conocer en el Chocó en 2023.

Cascadas San Lorenzo, El Carmen de Atrato

Encallado en las estribaciones de la cordillera oriental en el Chocó, El Carmen de Atrato aguarda tres caídas de agua que lo han convertido en un destino ecoturístico del departamento. La Cortina, La Batea y La Escondida son las tres cascadas que se pueden apreciar y en las cuales los turistas pueden adentrarse en su corriente, que alimenta la quebrada San Lorenzo. Los tres saltos de agua han sido bautizados por la comunidad y se han popularizado gracias al Club de Caminantes Cerro Plateado, un grupo de 30 personas entre niños, niñas, adultos y personas mayores, quienes han asumido la tarea de recorrer el territorio y dar a conocer los atractivos turísticos que encuentran a su paso.

La cascada La Batea tiene 30 metros de altura; la Cortina, que es la más visitada, es un salto de 30 a 35 metros; y La Escondida tiene una caída de 12 a 15 metros de alto. “Los nombres se los he puesto yo por su semejanza en la forma. La batea es porque el agua se desliza sobre la roca como si fuera un batea y la cortina porque el agua baja en caída libre  y se ve como si fuera una gran cortina de agua. La última queda cerca del camino y casi nadie la ve, porque está en una curva escondida“, cuenta Javier Orlando Pérez, líder de los Caminantes Cerro Plateado y guía turístico.

Además de bañarse en la quebrada San Lorenzo o de recibir la brisa de las cascadas, los turistas pueden hacer avistamiento de aves mientras reposan en una de las piedras en la base de las cascadas. Dependiendo de la hora del día, los viajeros podrán escuchar y observar al gorrión copetón, el azulejo común, el toche, el gallito de roca andino y el cacique candela, entre otros.  

¿Cómo llegar? Se puede coger un carro desde Medellín o Quibdó hasta El Carmen de Atrato. En el municipio se pueden optar por dos rutas. La primera es la ruta alta, que dura todo el día. Los visitantes caminan por las montañas y finalizan en las cascadas. La segunda, de menor intensidad, se llega en carro al sector San Lorenzo y se hace una corta caminata hasta las cascadas. 

Río Ichó, Quibdó

El río Ichó es uno de los afluentes más importantes para el turismo que tiene el municipio de Quibdó. Su corriente es calmada, poco profunda y refleja colores azules y verdes, pero al ingresar es posible apreciar las piedras al fondo por sus aguas cristalinas. Ha sido un atractivo para pobladores del departamento y turistas por sus amplías playas, que cada fin de semana se llenan de familias y grupos de amigos para descansar y tener un día de sol y playa dulce. 

En el río se pueden tomar un tour en bote, realizar pesca artesanal de la mano de los pobladores o hacer senderismo hasta la cascada La Mojarra, que se encuentra selva adentro y donde las personas pueden bañarse con el chorro de agua. En el río Ichó se esconde, además, uno de los mitos más conocidos del Chocó: el mohan de Ichó.

“Este corregimiento era un asentamiento minero. Se cuenta que un hombre a partir de magia negra se convirtió en mitad hombre mitad tigre. Cuando perdió el control comenzó a atacar a la gente y los habitantes comenzaron a migrar a Tutunendo por miedo. Como era magia negra no podían matarlo. Hasta que un señor con un bala cruzada con la misma magia lo mató”, cuenta Edwin Rengifo, líder turístico de la zona y gerente de la iniciativa Tour de Ríos con la que busca visibilizar los ríos del departamento. 

¿Cómo llegar? El corregimiento de San Francisco de Ichó está ubicado a 23 kilómetros desde Quibdó. Al llegar al corregimiento de Tutunendo, se desvía hacía San Francisco. Se puede tomar una ruta de transporte público que sale una vez a la semana o en carro particular. El recorrido dura 40 minutos aproximadamente.

Charco sábalo, Tadó

El charco sábalo comenzó a ser reconocido como un atractivo turístico cuando los habitantes del corregimiento de Mumbú regresaron a su territorio después de varios desplazamientos por el conflicto armado y desastres naturales. Encontraron en la piscina natural una posibilidad de impulsar el ecoturismo en su poblado y tener una fuente de sostenibilidad. Desde entonces, el charco es visitado todos los fines de semana por tadoseños y habitantes de otras partes del Chocó que llegan atraídos por sus aguas cristalinas. 

El río Mumbú alimenta el charco sábalo, que recibió ese nombre porque en época de subienda los pescadores del municipio llegaban hasta ese punto para pescar sábalos. “El charco sábalo es un lugar de aguas cristalinas, una suerte de acuario natural, que se pueden observar mientras nadan”, cuenta Darlington Yurgaky, secretario de Cultura de Tadó. 

Antes de llegar al charco sábalo se puede pasar por la cascada Santo Domingo, que recibe su nombre de la quebrada que la baña. Esta es una caída de aproximadamente tres metros de alto. Allí se pueden conseguir almuerzos para continuar el recorrido hasta la piscina de agua natural.  

¿Cómo llegar? Desde el parque rey Barule en el centro de Tadó se llega hasta el corregimiento de Mumbú. Es un recorrido que se puede hacer en una mototaxi y dura aproximadamente 40 minutos. El resto del camino se hace a pie.

Cascada Batatilla, Acandí

Acandí es el último municipio del departamento del Chocó que limita con Panamá por el mar Caribe. Aunque es conocido por las playas de Sapzurro y Capurganá, en el interior de su selva tiene la cascada de Batatilla. Para llegar a esta caída de agua de 10 a 12 metros de altura se realiza senderismo por la rivera del río Guatí. Durante el recorrido, los visitantes podrán observar árboles frutales de guamas y marañones, realizar avistamiento de aves o ciclomontañismo. 

En verano (enero-febrero) los árboles aledaños se llenan de mariposas. “En la noche se vuelven como neón porque llegan mariposas migratorias y se convierten en un atractivo más”, cuenta Eduin Serna, profesor y empresario turístico de Acandí. 

Además de la cascada principal, las personas pueden sumergirse en uno de los jacuzzis naturales que han formado pequeñas caídas de agua que se encuentran en la parte superior del salto más alto. Allí se pueden sumergir y pasar una tarde refrescante en medio del calor de la selva chocoana. 

¿Cómo llegar? Desde Medellín o Montería se toma un bus hasta Necoclí o Turbo, y desde ahí una lancha hasta Acandí. Hay avionetas privadas que también ofertan el trayecto. Desde el casco urbano de Acandí se puede tomar una moto, carro o tractor hasta la entrada del río Guatí. Es un recorrido que toma 20 minutos. Es recomendable contactar a un guía al adentrarse hacia las cascadas.

Salto de Bebedó, Andagoya

Del Salto de Bebedó se han contado muchas historias. Algunos pobladores cuentan que cuando hay mucho ruido por las personas que visitan el salto, el cielo se oscurece y comienza a llover. Otros dicen que en la parte alta de la cascada habían pescados de oro y unos recuerdan que el hermano Manuel, un religioso que visitaba la comunidad, bañaba a las personas en sus aguas para sanarlas. El salto nace en un cerro que hasta el momento no tiene nombre pero el consejo comunitario de Bebedó ha buscado bautizarlo “El Encanto” para impulsar este lugar como un atractivo turístico por su belleza y la mística que hay a su alrededor. 

“Cuando le cae el chorro de agua a las personas que están muy malhumoradas, el cuerpo de una se les acomoda. A veces uno está con estrés o cansancio y el agua le quita el cansancio. Es una fuente de relajación natural”, dice Manuel Asprilla, secretario del consejo comunitario de Bebedó. 

El salto está compuesto por dos caídas de agua. La primera se divide en dos chorros que bajan unos 40 metros y se unen en la parte baja en una pequeña piscina, por la que se ingresa a través de unas escaleras. Desde ahí cae a la parte baja de todo el salto en un chorro de agua. Una vez estén allí, los visitantes podrán tomar un baño en su caudal y disfrutar de un plato de comida que preparan los pobladores. 

¿Cómo llegar? A Bebedó se puede llegar desde Quibdó, donde se toma un vehículo hasta Istmina. Allí se toma una lancha rápida hasta Bebedó, en un recorrido que dura aproximadamente 45 minutos. Al llegar al corregimiento del Medio San Juan se puede poner en contacto con cualquier persona de la comunidad para realizar el recorrido y conocer las historias del salto. 

Las mujeres en Tadó tienen en el patio de sus casas el principal secreto de la cocina del Pacífico: las plantas de azotea. Los consejos sobre cómo mezclar y cocinar con poleo, albahaca o chiraran, cilantro cimarrón o chiyangua, y el orégano para darle un sabor especial a los platos de la región han sido transmitidos de generación en generación.

“Es la mejor comida que se puede saborear. Usted la lleva al paladar y se da cuenta que está comiendo algo delicioso. Todo el mundo la huele y dice: ‘está hecha con hierba de patio del Chocó’”, cuenta Aleyda Mosquera, una mujer que atiende uno de los piqueteaderos del pueblo. “No necesitamos de otros condimentos, ahí está la esencia de la cocina chocoana. No necesitamos traer legumbres de otras partes porque con lo que tenemos acá es suficiente”, agrega.

En Tadó, como en otros pueblos del Pacífico colombiano, las mujeres cultivan en azoteas, como se le conoce a la estructura donde se siembran las plantas. Pueden ser cajones rectangulares de madera o hechos con bejucos, ollas, baldes y tazas. Estas hierbas tienen varios usos para tratar dolencias físicas del estómago, el útero o síntomas emocionales hasta sazonar y elevar el sabor de los alimentos. 

Elsi Valencia, cocinera e investigadora de la cocina tradicional del Pacífico Colombiano, cuenta que esta tradición da cuenta de la diversidad cultural de la región. “En lo que he investigado, la azotea es más indígena que africana. El cuidado de estas plantas era una forma de protección, en especial la albahaca. La herencia de África puede ser el guiso, el color de la salsa, con ají, el achiote y la cebolla larga que es distinta a la del interior. Cada pueblo trajo lo que tenía”, cuenta.  

Sin embargo, los desplazamientos de las comunidades hacia las grandes ciudades a causa del conflicto armado y la irrupción de ingredientes artificiales, como las pastas de condimentos, han disminuido el conocimiento alrededor del uso de las plantas en la cocina. Según Valencia, esto es grave porque “la azotea es una forma de resistencia para el pueblo negro. Ahí está nuestra alimentación y el conocimiento de nuestra cocina. Si no hay cocina tradicional, le puedo decir que no hay seguridad ni soberanía alimentaria”.

El recetario

Actualmente, la enseñanza de las recetas con hierbas de azotea se ha reducido y trasladado fuera del fogón y los diálogos en las casas mientras se posa el sol cada día. No en vano, las mujeres tadoseñas han encontrado en los diálogos alrededor de la huerta colectiva, las azoteas en su casa, y el narrar sus recetas la estrategia para evitar que la comida del Pacífico desaparezca. Estas son algunas de las recetas que se niegan a morir: 

1. Sancocho de pollo

Esta es una de las comidas principales que prepara Sandra Perea, quien aprendió a cocinar a los diez años al lado de su mamá o, como ella le dice, la “chef de la casa”. El sancocho es un plato infaltable en las fiestas de fin de año en Tadó.

Ingredientes (para seis porciones)

• 3 libras de pollo
• 1 cebolla roja
• Una rama de cebolla de rama
• Un chorro de achiote (aceite mezclado con semillas de achiote)
• Media libra de habichuelas
• 1 tomate
• Un litro de agua
• Un pedazo de yuca
• Media libra de papa
• Un plátano primitivo
• Hojas de cilantro, orégano, espinaca y albahaca morada.
• Una rama de poleo.

Preparación

1. Se prepara el pollo. Se le quitan las plumas al pollo y se chamuscan las presas. Es decir, se pasan las alas, el pescuezo, y las patas por fuego. Luego se corta en presas y se lavan en un recipiente con agua caliente, vinagre y sal. 
   
   Nota: Es importante que el pollo que se use para preparar el sancocho sea criado en la casa. Sandra recomienda mezclar la comida con hierbas de azotea como poleo, albahaca, espinaca y orégano.

2. Colocar en un sartén las presas de pollo, cebolla roja, tomate, habichuelas y hierbas de azotea. Se sofríen las presas con la legumbre y una bija de achiote, que le dará un color rojizo al pollo. Se dejan cocinar hasta que se doren ligeramente.

3. Mientras el pollo se cocina, se prepara el plátano primitivo, las papas y las yucas. Se pelan, se lavan y se porcionan en pedazos pequeños. El plátano y la yuca debe hacerse con las manos, y la papa con el cuchillo. 

4. Una vez hierva el caldo con el pollo, se agrega el plátano, la yuca y la papa para darle sabor. Se revuelve la mezcla con el cucharón hasta que espese y los alimentos se cocinen.

5. Cuando esté a punto de hervir, se agregan las hierbas de azotea: cilantro chocoano, orégano, poleo y albahaca morada.

6. Se deja cocinar durante cinco minutos para que coja sabor, se apaga y se sirven los platos. Se recomienda acompañar el plato con arroz blanco y aguacate.

2. Arroz con longaniza o arroz arrecho

Griseldina Martínez, una partera de 65 años de Tadó, cuenta que cultiva para sanar y alimentar el cuerpo. Tiene una huerta donde siembra junto a otras mujeres las plantas para atender los parto. Sin embargo, no le hacen falta las que le dan sabor a la comida. Esta receta es una de las que le preparó al equipo Consonante durante una visita al municipio.

Ingredientes (para cinco personas)

• Uno a dos tomates
• 15 a 20 hojas de cebolla de rama de azotea
• Un pimentón
• Un cubo de Maggi o Caldo Rico
• Un bandeja de longaniza tadoseña
• Hojas de albahaca, poleo y orégano
• Aceite
• Sal
• Libra y media de arroz
• Queso costeño

Preparación

1. Se pican los vegetales y las hierbas. Deben quedar finamente picados. La longaniza se lava y se porciona en rodajas como monedas o más gruesos, dependiendo el gusto de la cocinera.
   
2. En una olla se ponen a sofreír en aceite los vegetales, las hierbas, la longaniza y el cubo de Caldo Rico. Mientras se cocinan, se lava el arroz.
   
3. Una vez se cocinan los vegetales y la longaniza, se agrega el arroz a la olla y se deja sofreír un poco. Es importante revolver para que no se queme. Se echa el agua y se prueba el sabor. Si hace falta se agrega sal al gusto. Se deja cocinar a fuego medio.
   
4. Cuando está hirviendo y secando el arroz, se empiezan a agregar los pedazos de queso costeño. Se porciona según el número de personas, “para que no se quede cada uno sin pieza”, dice Griseldina.
   
5. Una vez se seque el agua del arroz, se sirve y se puede acompañar con ensalada y jugo.

3. Encurtido de hierbas

Ana Sofía Perea, una docente tadoseña, asegura que tiene la mezcla perfecta para acompañar cualquier plato e, incluso, reemplazar la proteína. Para esto se inspiró en las yerbas que cultiva en su casa: albahaca, cilantro, poleo, yantén y orégano. “Cuando no hay liga (carne o proteína) se toma el arroz caliente, se le echa un poquito de encurtido y se convierte en un plato especial. Si no hay arroz, se ñinga (macera) un banano y se le pone el encurtido”, explica Sofía.

Ingredientes (para preparar un litro) 

• Cinco cebollas cabezona blanca o morada
• Tres tomates rojos
• Tres pimentones
• Una cabeza de ajo
• Una botella de vidrio
• Una cucharada de aceite
• Un puñado de cilantro chocoano
• Un puñado de albahaca morada
• Una piña

Preparación

1. Se inicia con la preparación del agua de piña. Para esto se pela la fruta, se ponen a cocinar las cáscaras en una olla con un litro de agua. Se dejan cocer durante unos 40 minutos para que se concentre el jugo de la fruta. Una vez se enfría la mezcla, se envasa en una botella de vidrio con tapa para que se conserve.
   
2. Se pica la cebolla cabezona, blanca o morada, tomate, pimentón y las hojas de hierbas como el poleo y el cilantro. 
   
3. Las verduras se ponen dentro del frasco de vidrio con agua de piña. Finalmente, se agregan los ajos picados o molidos y se deja el frasco cerrado para que coja el sabor de las hierbas y de las verduras.
   
4. El frasco se almacena en un lugar fresco para usar con las comidas.

4. Pescado sudado (para dos personas)

Tadó está rodeado de ríos donde es posible conseguir pescados para un almuerzo rápido. Esta receta es de Aleyda Mosquera, quien asegura que aprendió gracias a sus ancestras y leyendo libros y recetas atraída por la curiosidad de tener el don de cocinar. 

Ingredientes

• Un pescado o dos, dependiendo del tamaño y del apetito de los comensales.
• Una cebolla de rama (o larga) o cabezona blanca.
• Un tomate.
• Hojas de cilantro chocoano, albahaca morada y poleo.

Preparación

1. Poner el pescado en un sartén con poca agua y a llama baja. Se pueden usar bocachicos (que actualmente está en temporada, sábalo de río y guacuco. Además, están las tilapias y las mojarras.
   
   Nota: Aleyda recomienda buscar pescado de río, no criados en piscinas. Asegura que el sabor cambia por el “cuido” o concentrado con el que son alimentados.
   
2. Se pica el tomate, la cebolla, sal al gusto y hojas de albahaca, poleo y cilantro. Se agregan al sartén para que impregnen con su sabor y olor al pescado.
   
   Nota: Se debe tener en cuenta que hay dos tipos de albahaca morada. Si la planta tiene un olor penetrante, no es apta para comer.
   
3. Esperar quince minutos hasta que el pescado se haya cocinado. Servir con arroz o plátano pequeño.

¿Qué está pasando? A Medellín llegó una delegación de unos 25 jóvenes de La Guajira, entre consejeros e integrantes de las plataformas de juventud, para participar en el Primer Encuentro Nacional de Juventudes “Jaime Garzón”. Durante las dos jornadas del 17 y 18 de diciembre, la Consejería Presidencial de Juventud recogerá las preocupaciones, peticiones y propuestas de los jóvenes de todo el país para la construcción de un capítulo dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, y de la política pública nacional de juventud. 

Aunque la Gobernación de La Guajira y las alcaldías municipales debíanbrindar las garantías necesarias para que los y las jóvenes pudieran participar del encuentro, lo cierto es que solo algunas lo hicieron. Los demás representantes recurrieron a préstamos, otros recolectaron dinero entre sus compañeros del Consejo Municipal de Juventud o de la Plataforma de Juventud, unos pusieron sus ahorros y un par consiguió apoyo de sindicatos.

“El departamento no mostró interés ni disposición para apoyar a ninguno de los jóvenes que representan a la juventud de La Guajira. La carta de invitación al encuentro le llegó a la Gobernación pero jamás nos comunicaron, nos enteramos por otros medios. El Presidente estaba garantizando la participación de tres jóvenes de las curules especiales y desde la gobernación solamente tenían que mandar los datos de estos jóvenes. Los mandaron fuera de tiempo”, cuenta Kevin Redondo, consejero nacional de juventud por La Guajira.  

Por su parte, Yainilenys Solano, representante de la plataforma de juventud de Fonseca y una de las delegadas en Medellín, cuenta que para viajar recibieron el apoyo de Sintracarbon. “Hicimos las gestiones. Queríamos tener la delegación completa, pero por falta de garantías solo pude viajar yo. Nuestras administraciones no atendieron a las cartas que les envíamos. No sabemos si la leyeron ni nada. Por lo menos hubieran tenido la decencia de decirnos que no hay apoyo. Cualquier cosa nos hubiera servido pero brillaron por su ausencia”, agrega. 

¿Qué piden los y las jóvenes de La Guajira? Los representantes de juventud tienen claro que es imposible recoger la diversidad de contextos que viven los jóvenes del departamento, porque la Alta, Media y Baja Guajira son distintas. Pero, además, está la comunidad LGBTI, los indígenas, las víctimas, los afro y el campesinado joven. Sin embargo, llevaron propuestas en varios ejes: igualdad, salud, inclusión y educación.

• “Venimos para que se garantice la participación activa de los jóvenes, por la reconstrucción de los derechos educativos, la cultura pero, más que todo, por la vida digna y la proyección de los guajiros en todo el país”, dice Yainilenys Solano. “La vida digna es que se nos garanticen los derechos y el acceso al agua potable, a luz, a salud. Ya los tenemos pero son pocas las personas que tienen ese privilegio. Por lo menos en la Alta Guajira) no hay agua potable”, explica.

• Por su parte, Cristian Andrés Barros, representante de la plataforma de juventud de San Juan del Cesar y delegado nacional por el departamento, cuenta que propondrán el fortalecimiento de los programas de educación sexual y que los jóvenes tengan formación sobre los espacios y mecanismos de participación juvenil. “Queremos proponer que se abra el espacio al sector indígena y que puedan plantear sus necesidades. Mira lo que está pasando con la violencia, lo difícil que es acceder a un sistema de educación para gente que ni siquiera ha tenido acceso a internet”, dice Barros.
  
  “La juventud guajira son unos jóvenes rezagados y, a veces, muy conforme sobre lo que nos depara como departamento. El panorama es preocupante. Cuando tú no tienes garantías para salir adelante debes trabajar y salir adelante como lo hacen todos en mi territorio”, agrega.

• “Solamente en el departamento de La Guajira el 40 por ciento de su población es joven. Con el Plan Nacional de Desarrollo queremos que se deje al lado la generalidad porque contamos con una diversidad étnica. Tenemos la capital indígena de Colombia. Es decir que nuestra representación a nivel nacional debería ser diferenciada. Precisamente esos jóvenes son los que no tienen acceso a la educación y son los que están muriendo de hambre por desnutrición. Esas problemáticas queremos que puedan ser diferenciadas”, dice Kevin Redondo.

• Marian Díaz, integrante de la Plataforma de Juventud de Hatonuevo, cuenta que hay preocupación respecto a los programas educativos y de salud mental para los jóvenes. “Con la educación se busca que La Guajira tenga alguna transición hacia la diferenciación sobre cómo se estandarizan las pruebas. La población indígena es muy amplia y aún así estás personas están expuestas a las mismas pruebas y formación ligada a privilegios que se tienen en la ciudad. Enseñar eso en zonas rurales puede ser discriminatorio”, afirma. En cuanto a la salud mental dice que se desarrollan programas sin que tengan impacto real en el bienestar de los jóvenes. 
  
  Sobre su experiencia como joven asegura que también se debe tener en cuenta la vinculación laboral pues en el departamento son limitadas las oportunidades. “Muchos de los profesionales que tenemos son de La Guajira porque la vida es muy complicada. Si no tienes apoyo político o si no haces parte de la mina, no tienes otra vertiente por la cual irte”, agrega. 

Un año de tropiezos: Ha pasado un año desde que se realizaron por primera vez las elecciones de consejeros municipales de juventud en todo el país. Entre las funciones del Consejo Municipal de Juventud estaba hacer veeduría de las acciones de la administración municipal y participar en la toma de decisiones que lleven a mejorar las condiciones de vida de los y las jóvenes del municipio. Aunque la idea de generar un espacio de participación de esta magnitud sonaba esperanzadora, lo cierto es que no ha habido garantías para que puedan desarrollar su labor, según denuncian los representantes.

“A nivel departamental estamos muy débiles, los jóvenes participan pero están limitados. Muchos jóvenes han renunciado en algunos municipios porque no le encuentran sentido a estos. ¿Cómo lo van a hacer? Si fueron elegidos por voto popular y ni siquiera pueden llevar las propuestas adelante”, cuenta Kevin Redondo. “La dinámica en los municipios ha sido diferente. En Hatonuevo se escucha a los jóvenes pero en Uribia no. En San Juan del Cesar no han podido sesionar ni una vez, en Riohacha están trabajando de la mano con la Alcaldía. En algunos ni siquiera existen plataformas de juventudes”, agrega.

Las plataformas de juventud son otro de los espacios que tienen los jóvenes para participar. Sus integrantes tienen como funciones principales: crear espacios de reunión y discusión entre los jóvenes, impulsar la conformación de procesos y prácticas organizativas, y participar en el diseño y la veeduría sobre las agendas de juventud. Aunque estas fueron creadas desde hace 20 años, ha habido limitaciones en las garantías de participación.

Marian Díaz explica que las falencias en la participación juvenil se basan, en parte, en la falta de voluntad política. “Nunca hay presupuesto, nunca hay forma de ejecutar cosas por fuera de actividades propias porque hay Alcaldías que cierran la puerta o que se niegan a tener a la juventud como eje temático en sus planes de gobierno”, dice.   

Lo que sigue: Las propuestas y preocupaciones que aporten los y las jóvenes del país serán tenidos en cuenta para el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, que el 7 de febrero el gobierno Petro espera radicar ante el Congreso para su aprobación. Por su parte, los delegados de La Guajira esperan que realmente haya alguna transformación en las garantías de participación y que el encuentro sirva para articular esfuerzos entre los municipios. 

“Sigue un trabajo de réplica de la información a todo lo que se dice aquí. Empieza el trabajo real de campo en los departamentos para hacer veeduría sobre los procesos que se están realizando en las administraciones con lo que tiene que ver con los jóvenes. Esta es una tarea no solo de La Guajira sino a nivel nacional”, dice Cristian Barros.

Por su parte, Izamar Díaz, consejera de juventud de San Juan del Cesar por la curul especial de víctimas, quien no alcanzó a viajar, asegura que: “Esperamos que quede conformada una buena agenda nacional de juventud que sea el primer paso para la creación de la política pública de Juventud. Esperamos que de verdad se comprometan los gobernantes a tener una mejor organización para los próximos eventos y se le dé una mayor participación a los jóvenes del departamento de La Guajira”. 

¿Qué pasó en el evento? Ante unas 50 personas, el alcalde Jaiberth Ríos Oquendo presentó los informes de la gestión de las secretarías de Gobierno, Salud, Cultura, Infraestructura y Hacienda, y de la Umata. En la rendición de cuentas, que duró 40 minutos con pocas críticas y cuestionamientos de los habitantes, se hablaron las acciones que se han realizado desde la administración para atender a los pueblos indígenas embera katío y chamí que habitan en la zona rural del municipio. 

En particular, Ríos presentó como resultado desde la secretaría de Gobierno el retorno de 124 indígenas de El Dieciocho, después de dos meses y medio de haber salido desplazados de su territorio. Esta comunidad recibió, además, casi 26 millones de pesos* en ayuda humanitaria. El alcalde también resaltó la ejecución de un proyecto de formación en maquinaría plana para la La Puria, la construcción de un tambo comunitario en Sabaleta por 256 millones de pesos, y la entrega de ayuda humanitaria a la comunidad de Montañas. En esta misma Secretaría, el mandatario resaltó la aprobación de la política pública de equidad de género en el municipio. 

La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte fue otra que presentó acciones concretas con presupuesto. Al respecto, el mandatario dijo que trabajaron en dos proyectos para el mantenimiento y otro para el suministro de instrumentos para la escuela. En ambos se invirtieron poco más de 55 millones de pesos. Las comunidades indígenas Quebrada Borbollón y El Dieciocho, según Ríos, también recibieron instrumentos musicales por un convenio interadministrativo entre la Gobernación del Chocó y la Alcaldía. Para esto se destinaron 15 millones de pesos. 

Acá puede ver la rendición de cuentas.

Los habitantes cuestionan la poca información: Algunos líderes del municipio cuestionan que no se realizó una convocatoria amplia para la comunidad pues la mayoría de ellos se enteraron por las redes sociales y otros cuando los funcionarios de la Alcaldía entregaron en el parque las cartillas de resumen de la rendición de cuentas. Las personas que asistieron tienen dudas sobre la gestión. 

• “No hubo mucha asistencia porque no hay mucha aceptación hacia el programa de gobierno. Hay muy pocos resultados por demás“, cuenta Rodrigo Saldarriaga, líder comunitario e integrante de la junta que construyó el Plan de Desarrollo municipal. Saldarriaga recuerda que el alcalde prometió invertir en educación, vivienda y vías. “No hay una actividad sobresaliente en la gestión del alcalde. Él fue muy superficial”, cuestiona.

• “Eso fue algo que no se publicó abiertamente para que la ciudadanía pudiera participar democráticamente. Hay desinterés también en la ciudadanía sobre lo poco o nada que ha hecho la administración municipal“, indica Ramón Cartagena, uno de los guardianes del río Atrato. “Tengo muchas dudas sobre el campo ambiental. Yo entiendo que tienen un proyecto de reforestación pero no se ha podido hacer efectivo. Aquí no se observa algo en lo que el alcalde le invierta fuertemente”, agrega Cartagena.

• Por su parte, Honorio Queraga, líder de la comunidad indígena El Dieciocho, dice que no recibió ninguna invitación o comunicación sobre el evento. Cuestiona, además, la falta de inversión de la Alcaldía. “He estado pendiente de la mesa (de concertación) y desconozco qué ha ejecutado el alcalde. En El Dieciocho no hemos recibido ningún proyecto. Sobre las ayudas humanitarias se dan en un contexto de emergencia, pero no porque estén en el Plan de Desarrollo, que se construyó sin concertar con nosotros”, resalta Queraga. 
  
  “Creo que es tarde para que diseñemos un plan de desarrollo con el alcalde pero esperamos, por ejemplo, un proyecto de mejoramiento de vivienda”, dice.

• “Me enteré de la rendición de cuentas por una invitación formal que nos hizo la Alcaldía”, cuenta Sara Taborda, integrante de la Plataforma de Juventud. Aunque Taborda y ninguno de los jóvenes que integran la plataforma asistió, asegura que “todo el tiempo hemos tenido acompañamiento de la Alcaldía y de Miner S.A hemos realizado la semana de la juventud, los premios juventud y actividades de embellecimiento de escenarios deportivos del municipio”.

El reto: La gestión del alcalde Jaiberth Ríos ha sido cuestionada en los últimos meses por cuenta del paro de las comunidades indígenas y los camioneros, que paralizaron la vía Quibdó-Medellín durante casi 20 días. Los indígenas embera de El Dieciocho, La Mansa, El Siete y Mirlas en El Carmen de Atrato exigían inversión en educativa, ampliación de sus resguardos, garantías de seguridad y proyectos productivos. Si bien Ríos logró mediar entre los habitantes y el gobierno nacional y departamental, quedan algunos puntos pendientes que debe terminar de gestionar y acompañar ante las autoridades para cumplir los compromisos pactados. 

El principal problema es abordar el conflicto por la tierra en el municipio, pues las comunidades indígenas aseguran que se están quedando cortos en las tierras que ya les asignaron para sus resguardos, mientras los afro demandan que se respeten los terrenos que ya les fueron entregados. La salud también sigue siendo un punto débil. Los resguardos reclaman por la construcción de puestos de salud en El Siete, El Dieciocho y Sabaleta, y escuelas en La Trocha.

De esas mesas de diálogo, que se dieron a inicios de noviembre, los afro pidieron mayor acompañamiento de las autoridades locales para la legalización del primer consejo comunitario en el municipio y en los procesos de reparación colectiva e individual como víctimas del conflicto armado. Por su parte, el campesinado de El Carmen de Atrato pidió inversión en las vías terciarias para poder movilizarse y sacar sus productos, y que se atienda el conflicto armado en la zona rural que se ha agudizado en el último mes en el marco del inicio de las conversaciones de paz entre el ELN y el gobierno nacional. 

Lo que sigue: Queda un año para que Jaiberth Ríos entregue su cargo. El mandatario tiene pendiente ejecutar varias obras de infraestructura, que han sido una de las intervenciones que más han pedido los habitantes teniendo en cuenta los problemas en la malla vial y en el desarrollo del campo. Pero Ríos tiene en la lista de espera otros proyectos priorizados: la formulación de la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Residual para la vereda El Siete, la ejecución de una estación de telefonía Claro en sector El Once y la realización de una placa polideportiva para la comunidad de Sabaleta.

Por su parte, lideresas campesinas como Marcela Sánchez, de la vereda Guaduas, esperan que el alcalde Ríos reconozca la plataforma campesina del municipio como actor para interlocutar. “Hemos esperado que desde la Alcaldía se haga también todo en la visibilización y en todo momento, cuando se haga cualquier actividad que tenga que ver con el territorio, seamos tenidos en cuenta”, dice Sánchez. Además, asegura que esperan apoyo de la administración para realizar una escuela de campesinado e invertir en la productividad del campo para volver a ser una despensa agrícola. 

El miércoles pasado, 30 de noviembre, representantes del Consorcio Parques Infantiles 2020 firmaron el acta de entrega del parque El Cacique en el corregimiento de La Junta, zona rural de San Juan del Cesar, ante Anderson Vicente Mejía, Secretario de Gobierno del municipio de Hatonuevo; John Acosta, presidente de la JAC, y veedores ciudadanos.

La entrega se dio a dos días del comienzo del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Fique, el evento más importante del año en el pueblo. Este año, la celebración que llega a sus bodas de oro, tendrá lugar entre el 2 y el 4 de diciembre, y contará con la participación de representantes de 13 departamentos.

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¿Cómo está el parque?

La obra debió terminarse el 30 de diciembre de 2020, hace dos años, y en todo este tiempo la comunidad denunció varias irregularidades en el proceso de construcción: sillas sin espaldar, zonas descuidadas, las baldosas del piso sueltas y productos de mala calidad.

Esto, según confirma John Acosta, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento, ya fueron solucionadas. Después de revisar el funcionamiento de las luminarias, pintura de las puertas de la cafetería, las llaves de agua, el acondicionamiento del piso, la reparación de las bancas y acceso de la calle principal, la administración aceptó la entrega de la obra que tuvo una inversión de 2 700 millones de pesos designado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

Acosta dice que se cumplió con las revisiones técnicas y las exigencias pactadas en las reuniones y que, por eso, se aceptó la finalización de la obra. “Se llegó a un acuerdo, se hizo la revisión del parque con los ajustes que se habían pedido. La comunidad vio que se había cumplido y firmamos el acto del recibimiento de entrega a satisfacción”.

Pero afirma que se invirtió menos dinero del anunciado inicialmente. “En la primera maqueta se estipulaba unos 6 000 millones de pesos, pero a eso se le hizo un recorte porque no alcanzaba el presupuesto y le bajaron la cuantía quedando en 2 700 millones de pesos. Se hicieron modificaciones porque el recurso era menor”, advierte.

Los “peros” de la comunidad

Un día después de la entrega a la Junta de Acción Comunal, se veían algunos turistas tomando fotos en el parque. Mientras tanto, los vendedores mostraban su entusiasmo porque, según ellos, este parque les permitirá generar más ingresos.

“El parque para mi concepto quedó bien. Hoy veo mucho más turismo y cómo se toman fotografías recorriendo el parque. A mí en lo personal espero que me vaya bien y se incrementen las ventas ya que veo muchos más visitantes en el parque”, indicó Moisés Mendoza, vendedor de paletas en el parque.

Sin embargo, algunas personas siguen teniendo reparos con la obra. “No es lo mejor y si desde el principio hubieran escuchado mis observaciones otra cosa sería hoy el parque. ¿Qué nos tocó hacer? Recibir la obra después de revisadas las fallas y hacer otros compromisos con la constructora, ya que teníamos todo encima y no podíamos aplazar más, pero no estoy conforme”, cuestionó Libardo López, veedor de la obra.

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Para López, la inversión no se evidencia: “La obra merecía otra calidad y más cuando se trataba de hacer un homenaje a un máximo exponente cultural como lo fue Diomedes, aquí en su tierra. Estoy convencido que acá habrá una inversión como de máximo mil millones de pesos”.

“Yo pensaba que como era un personaje emblemático de La Junta iban a hacer lo mejor, pero la forma en que lo hicieron no convence mucho. Tenemos que aceptarlo porque ya la inversión está hecha y ya es mucho el tiempo esperando que por fin lo entregaran. No es lo mejor, ni lo que esperábamos, pero toca conformarnos con lo que hicieron para poder tener un recuerdo del cacique”, puntualizó Ada Luz Nieves, vecina del parque.

Una obra esperada

El parque El Cacique prometía ser el epicentro turístico del corregimiento donde nació el cantante Diomedes Díaz, conocido como “el Cacique de La Junta”. Esta era la primera gran inversión que el Estado haría en La Junta para impulsar el turismo pues, desde la muerte del cantante de vallenato en 2013, miles de turistas colombianos y extranjeros visitan el pueblo todos los años para conocer más sobre la vida de Díaz. El anuncio de su construcción, que se dio en 2019, prometía mejorar la economía de sus habitantes que viven en su mayoría del rebusque.

Los planos del parque El Cacique incluían baños con un pozo séptico, zonas verdes, una cafetería, sillas con espaldar, dos cicloparqueaderos, instalación de luminarias, canecas de basura, una cicloruta, y un parque con gimnasio, juegos infantiles y piso de caucho. 

Lo que sigue: La JAC de La Junta espera que la administración del municipio de Hatonuevo realice el empalme con el municipio de San Juan para que la obra se registre y así poder realizar la inauguración oficial, cumplidos los aranceles legales.

Al momento de firmar el acta de entrega quedó estipulada una póliza de seguro que garantizará por cinco años las revisiones periódicas al parque por parte de la contratista Consorcio Parque Infantiles 2020, lo cual la Junta de Acción Comunal y los veedores, serán garantes y deben hacer valer.

¿Qué dijo la Superintendencia? La Superintendencia Nacional de Salud encontró que a pesar de tener bajo vigilancia especial a la EPS desde marzo de 2020, no mejoró la prestación del servicio. Por eso, ordenó la toma inmediata de posesión de los bienes y negocios de Comfaguajira y la intervención forzosa administrativa para liquidar la entidad. Ulahi Beltrán López, superintendente de Salud, se basó en siete indicadores para tomar la decisión: las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que recibía la EPS estaban relacionadas con falta de acceso a medicina especializada, demoras en la entrega de medicamentos y programación de cirugías y exámenes de laboratorios.

Además, dijo Beltrán, el programa no cumplió con los indicadores de capital mínimo y patrimonio, por lo que su planta física y funcionarios no eran suficientes para atender a los usuarios. También, presentaba deficiencias en la información que manejaba, las deudas de la EPS ascendían los 56 067 millones de pesos y no se realizó un plan de acción para sanear sus obligaciones para mejorar el flujo de recursos en la red de salud . Asimismo, a corte de agosto de 2022, Comfaguajira había sido notificada de 64 acciones de tutela por fallas en el servicio y, de estás, tres habían sido desacatadas.

“Las continuas prórrogas ordenadas solo evidencian que Comfaguajira fue renuente a atender los reiterados requerimientos de la Supersalud, razón por la que se hace necesario tomar acciones de fondo que impidan la vulneración de los derechos de sus afiliados”, agregó Beltrán.

La preocupación de los afiliados: A pesar de que Comfaguajira está obligada a prestar los servicios hasta que finalice la liquidación en los próximos dos años, a los afiliados y afiliadas les preocupa que los obstáculos para acceder a los servicios de salud aumenten.

En San Juan del Cesar, la oficina de la EPS ya dejó de prestar servicios como autorización de órdenes, nuevas citas y procedimientos quirúrgicos, entre otros, para los cerca de 14.400 usuarios. Solo se están entregando algunos medicamentos. En Fonseca, también han limitado la atención. Las dos administraciones municipales tuvieron que publicar un comunicado en sus redes sociales aclarando el proceso de reubicación de los usuarios pero este no ha sido suficiente para aclarar la situación.

• Luz Maira Vizcaino se dedica a las tareas del hogar y hace más de cuatro años fue operada, por lo que debe estar en controles médicos de la tiroides. “Ya tenía mis papeles para ir al endocrinólogo a hacerme el examen de tiroides y después ir a la consulta. Ahora me toca esperar para ver a donde me ubicaron, para poder hacer nuevamente el proceso”, relata.

• “Yo tengo varios procesos con Comfaguajira. Estoy esperando una cita con el ginecólogo para que revise un examen, y también una cita con el urólogo. Ahora no sé cuál es la suerte”, dice Enilda Peña, vendedora de arepas de Fonseca. “Ayer de casualidad fui a buscar una orden para un examen de sangre y una mamografía y no sé si me la irán a realizar. Fui a Vida con amor y me dijeron que no se sabe para qué entidad me van a echar, tengo que esperar. Ahí dice que del 11 en adelante comienzan a ver a dónde nos van a mandar a los afiliados”, agrega.

• Obdulia Oñate tiene 70 años y vive en la zona rural de San Juan del Cesar y según  su historia clínica padece de hipertensión y asma. Cuenta que se acercó a la EPS esta semana para realizar unos trámites pero no fue atendida. “Hoy vine a una cita médica para revisar mi vista y no me dieron los tratamientos, porque ya supuestamente cerraron allá donde los autorizan. Ahora tengo que esperar a ver a donde me pasarán”, dice. Oñate afirma que esta situación es más difícil para las personas que carecen de recursos para acceder a un servicio particular. “A los que no tenemos para ir a una consulta particular nos está afectando mucho. ¿Cuándo nos van a pasar? ¿Cómo nos damos cuenta? No lo sabemos”.

• “Quedó pendiente el trámite para una cirugía y en Comfaguajira no me aprobaron unas órdenes para una ecografía, unos exámenes para la vista y la cita con el anestesiólogo. Ayer fui a reclamar los resultados de los exámenes y me dijeron que ya no había servicio porque está liquidada”, cuenta Denis Bolívar, quien hace más de 20 años hace parte de Comfaguajira Fonseca. “Quedo huérfana porque no sé a qué EPS voy a pertenecer y mi trabajo quedó estancado. Ahora a empezar de ceros”, lamenta Bolívar.

• Para Rosalivia Restrepo, una habitante de San Juan de 70 años, el servicio de Comfaguajira tenía falencias pero nunca tuvo problemas para acceder a la salud. “Toda mi vida he estado afiliada. Hoy vine a buscar unas pastillas y las encontré. Me atendieron súper”, cuenta. Restrepo asegura que otros usuarios no han tenido la misma suerte.  “A veces de pronto se demoraban (en los trámites), venían y no había medicamento, y había personas que les tocaba venir a la 5 de la mañana a coger turno y esas cosas. De lo demás no tengo quejas”, agrega.

• Una opinión similar tiene Nairobis Jiménez, quien está hace diez años en la EPS en Fonseca. “Hoy estuve llevando una remisión de mi hermana a Cajacopi y me di cuenta que no están recibiendo remisión. No me parece justo porque hoy es un día laboral y los enfermos no dan espera. En cambio en Comfaguajira siempre atendían de lunes a viernes”. “Me parece que Comfaguajira ha prestado un buen servicio y es una lástima que nos la vayan a quitar. Es una incertidumbre no saber en dónde vamos a quedar. Ahora sí estaremos graves. Si antes no estábamos muertos, ahora sí nos podemos morir”, detalla.

Lo que sigue: Según un comunicado de la EPS, el 17 de noviembre se inicia el traslado de los 270 mil usuarios de La Guajira a una nueva entidad de salud. Por lo tanto, seguirá prestando servicios hasta el 16 de noviembre o hasta que cada usuario sea trasladado a una nueva EPS. Si el usuario no está conforme con la EPS receptora, tendrá que esperar 90 días para realizar la solicitud de traslado a una nueva entidad. Por el momento se sabe que Sanitas, Cajacopi y la Nueva EPS son algunas de las que recibirán a los afiliados.

“Ellos tienen que garantizar la atención desde que se legalizó la liquidación hasta el 16 de noviembre. Deben atender todas las demandas que tengan activas. O sea, medicamentos, si hay una cirugía que estaba para hacerla durante estos días, debe cumplirse. Si un paciente está hospitalizado debe cubrir el servicio hasta el día 16 de noviembre, a partir de esta fecha la nueva EPS de cada usuario debe darle continuidad a ese servicio”, explica Laín López, secretario de Salud de San Juan del Cesar.

Por su parte, Luis Eduardo Medina Romero, director administrativo de Comfaguajira y quien fue designado por la Supersalud como agente liquidador, deberá presentar un plan de acción y un informe mensual con los avances en el proceso de liquidación.

La ñapa: Si tiene dudas respecto al proceso de liquidación y reubicación, Comfaguajira habilitó el número 3102187209, la línea gratuita 018000933266 y el correo siaueps-s@comfaguajira.com

¿Qué está pasando? Hasta el momento, diez barrios están estrenando alumbrado público: Popular, San Pedro, Escolar, Carmelita, Apolo, Reyes y Modelo. Deiner Mosquera, secretario de Planeación, cuenta que el proyecto contempla la instalación de lámparas y el arreglo de las que están averiadas. Una vez concluyan los trabajos en la zona urbana, atenderán algunos corregimientos. 

“Estamos llegando a un 70 por ciento con esta intervención en la zona urbana y rural. Esperamos que el próximo año podamos tener un 100 por ciento de cobertura en alumbrado público. Las lluvias de estos días han puesto el trabajo un poco lento pero vamos avanzando bien”, cuenta Mosquera. 

La percepción de inseguridad: Las calles a oscuras habían aumentado la percepción de inseguridad en el municipio. Para Yajaira Perea la nueva inversión ha cambiado el ambiente en Tadó. “Ahora puede caminar uno con seguridad. Como antes permanecía tan oscuro este pueblo, en ocasiones le daba a uno miedo meterse por el Poli”, dice Perea, habitante del barrio Popular.  “Si nos quedamos callados, no se hubieran mosqueado para iluminar el pueblo. Entonces sí hace falta en el pueblo quienes digan lo que no está bien, desafortunadamente nos da miedo hablar”, comenta una madre de familia que prefiere mantener el anonimato.    

Por su parte, Francisco Asprilla, veedor municipal quien ha recibido las quejas de los habitantes sobre el alumbrado, evalúa como positivo los avances, pero es escéptico. “Hasta no ver todo el municipio en su zona urbana y rural no doy un concepto sobre el mismo ya que hay mucha tela que cortar”, agrega. 

El contrato esperado: La Alcaldía es la encargada de administrar, operar y mantener el alumbrado. Pero, desde que Cristian Copete asumió como alcalde, no se había puesto en marcha ningún contrato por la inestabilidad política que tuvo el municipio desde el 2020 al anularse su elección. Una vez fue restituido en octubre de 2021, Copete firmó un contrato por 22 millones de pesos para cambiar algunas luminarias y componentes del sistema. Sin embargo, algunos barrios permanecían a oscuras como Villas de Remolino, Reinaldo y San José. Así como una parte del puente y del parque Rey Barule. 

El 19 de julio de este año, la Alcaldía inició la contratación del nuevo proyecto con el que se está realizando la instalación y mantenimiento del alumbrado. El contrato tiene un valor de 280 millones de pesos y es ejecutado por el contratista Luis Norberto Mosquera Gómez.

La deuda pendiente con Dispac: El contrato no es el único obstáculo. La Alcaldía tiene una deuda de cerca de 333 millones con Dispac por cuenta de facturas que no le pagaron las anteriores administraciones por la prestación del servicio de energía en el espacio público. La administración de Cristian Copete firmó en 2020 un convenio con la empresa para continuar la prestación de energía y acordar, además, que el dinero que Dispac recaudara por el impuesto del alumbrado público se usaría para pagar la factura de energía del municipio.

El 25 de mayo de 2021, la entonces alcaldesa Yocira Lozano logró un acuerdo de pago con Dispac, en el que establecieron que la empresa no cobraría los intereses de la deuda e iba a descontar 172 millones de pesos que correspondían a la deuda que se había acumulado desde hacía más de 10 años. Por su parte, el municipio abonó 28 millones de pesos y pagaría los 425 millones de pesos restantes en 72 cuotas. En junio de este año, la deuda era de 333 millones de pesos. 

Lo que sigue: La Alcaldía pronostica que terminará la instalación y el mantenimiento del alumbrado público en diciembre. Sin embargo, Mosquera asegura que hace falta un nuevo contrato para obtener recursos y así completar el 100 por ciento de la cobertura. "Esperamos que así se puedan reducir los hurtos y la comunidad sienta seguridad en las calles del municipio", dice Mosquera. Pero en el municipio aún hay preocupación sobre quién se encargará de velar de forma permanente por el mantenimiento oportuno de la red para evitar quedar a oscuras nuevamente. Además, les preocupa que aumente el costo de las facturas por el impuesto del alumbrado público.

“Es preocupante que a pesar de que la comunidad estaba pagando un servicio, la Alcaldía se haya demorado tanto para resolverlo. Al parecer no hay esa conectividad entre la administración municipal y la comunidad. Esperemos que no salgan ahora con que van a subir el impuesto de alumbrado público”, afirma Yirson Ledezma, personero municipal. 

¿Qué dijo el Ministerio? En el recurso de apelación, el Ministerio aseguró que el proceso del test de proporcionalidad ya finalizó, por lo tanto es “imposible el cumplimiento de la orden” y, en esa medida, no se puede retomar la consulta previa. Es decir, que ya se surtieron todos los pasos y la ponderación de los efectos sociales, ambientales y económicos que tendría el proyecto minero se hizo con autoridades del orden nacional. 

¿Esto qué significa? Para Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que acompaña al consejo comunitario Los Negros de Cañaverales, el recurso del Ministerio no tiene cabida. “El hecho de que el Ministerio haya presentado ese recurso indica que se está desconociendo la decisión judicial y a las comunidades cuando advierten que están dispuestas a realizar un proceso de consulta previa con las garantías suficientes para que participen de manera libre e informada”.

Al respecto, Federico Giraldo, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) que ha acompañado a la comunidad de Cañaverales, cuestiona la forma en la que se aplicó el test de proporcionalidad. “Ellos dicen que con las tres sesiones que tuvieron de test ya se cierra el procedimiento. Agregan que bajo su autonomía queda cerrado. No tienen que buscar que lo avale un juez”, explica Giraldo. “Las sesiones se hicieron algunas virtuales y participó en ocasiones la ANLA, la Alcaldía de San Juan y Personería, entre otras”, cuestiona.

¿Por qué no se hizo la consulta previa? Desde 2021, cuando la empresa BCC inició la consulta previa con los nueve consejos comunitarios, la comunidad de Cañaverales argumentó que ese proceso se estaba realizando sin la información que diera cuenta de los impactos que generaría la mina en la zona y la reserva del manantial. El consejo comunitario reclamó no tener suficiente información sobre el proyecto y recurrieron a una tutela para que se garantizara el acceso a esa documentación y poder iniciar la preconsulta. 

En ese proceso, la empresa BCC sostuvo que no entregaría mayores detalles hasta que la comunidad no iniciara el proceso de consulta previa. Por su parte, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior aseguró que era necesario aplicar el test de proporcionalidad pues no había habido disposición para el diálogo por parte de las comunidades. Bajo ese argumento, el Ministerio decidió avanzar en aplicar el test de proporcionalidad, una herramienta para medir las afectaciones directas del proyecto. Sin embargo, el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha le dio la razón al consejo comunitario de Cañaverales en una sentencia a mediados de octubre y ordenó retomar el diálogo con los habitantes.

En Cañaverales se sorprendieron con la decisión: “Lo vemos con extrañeza, normalmente frente a una orden desacato no sigue ningún recurso. Es curioso que la entidad que debe ser garante del proceso de consulta previa se oponga. El comportamiento del Ministerio es contradictorio, por eso los invitamos a que permita el buen desarrollo de la consulta. Nosotros lo único que hemos exigido es que la consulta se haga en el marco del respeto, un proceso libre e informado. Estamos a la espera de la decisión del juzgado”, dice Óscar Gámez, líder del consejo comunitario Los Negros de Cañaverales.

Lo que sigue: Dentro de los próximos 30 días, la jueza Ceilis Riveira Rodríguez deberá pronunciarse ante el recurso de apelación, a partir del cual debe decidir si se mantiene en su sentencia inicial. Mientras tanto, las comunidades continuarán exigiendo que se garanticen sus derechos y llamando la atención del Gobierno nacional para que preste atención a las irregularidades que han denunciado. Por su parte, el Congreso de la República realizará una audiencia en Cañaverales el 26 de noviembre, para recoger propuestas y comentarios de los habitantes que permitan construir un nuevo Código de Minas en el país. 

¿Qué ha pasado en estos cinco años? Según los estudios de Siembra, aunque la sentencia hizo que el Estado reconociera la situación de riesgo ambiental, alimentaria y cultural de las comunidades ribereñas del Atrato, el conflicto armado, así como la falta de financiación y de voluntad política ha obstaculizado la implementación. 

“Hay cosas que funcionan y otras que son muy críticas. Por ejemplo, el principal problema es que no hay claridad sobre el presupuesto. Tampoco hay medidas sancionatorias para que los responsables de las afectaciones al Atrato y a las comunidades cumplan”, dice Viviana González, abogada de Siembra que ha acompañado el proceso de implementación.

Otro de los obstáculos es la fragmentación institucional.“La cuenca del Atrato comprende 26 municipios en dos gobernaciones, varias corporaciones autónomas, y también están involucrados los ministerios de Vivienda, Hacienda, Defensa y Medioambiente. Es decir, la implementación de la sentencia involucra a más de 60 entidades lo que ha significado desniveles en el avance, incluso hay cosas completamente estancadas en términos de los planes de acción”, explica el abogado Rodrigo Rogelis.

Los guardianes están preocupados: A pesar de que combatir la minería ilegal hace parte del corazón de la Sentencia, la práctica ha aumentado. Según las últimas cifras de 2021, hay 33 000 hectáreas afectadas por esta clase de minería, 5 000 más que en el periodo 2016- 2017, momento en el que salió la sentencia. “Es una porción que equivale al área metropolitana Medellín solo en estos últimos cinco años”, explican los abogados de Siembra.

Además, en El Carmen de Atrato, los líderes aseguran que la sentencia no ha tenido avances en cuanto al reconocimiento del territorio: “eso es otra cosa que a nosotros también nos preocupa demasiado, porque hay mucho desconocimiento del territorio. Hay muchos conflictos. También en lo que es la delimitación de las zonas de páramo, que son los farallones del Citará, el Cerro Plateado, al propio distrito de manejo integrado”, dice Marcela Sánchez, guardiana del río Atrato.

Lo que sigue: El documento incluye recomendaciones para avanzar en la implementación de la sentencia. Por ejemplo, incluirla en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para avanzar en articulación y financiamiento. Así se lograrían sortear las diferencias presupuestales que hay entre las diferentes entidades que responden a voluntades políticas diferentes. Finalmente, advierte que es necesario que la Corte Constitucional asuma nuevamente la revisión del proceso, adopte ciertas órdenes y haga requerimientos a las entidades pertinentes para avanzar en el cumplimiento de la sentencia.

La demora: Según el Ministerio de Salud, el trámite de expedición de certificados de discapacidad debería haber sido completado en todo el país este año, pues el documento ya es un requisito para que las personas en condición de discapacidad accedan a una gran variedad de servicios esenciales y programas. Pero en Fonseca, este proceso está retrasado. Hasta abril, solo se habían entregado 425 certificados a pesar de que en el municipio hay al menos 1 200 personas en condición de discapacidad según cálculos de Olga Montenegro, enlace de esta población con la Alcaldía. 

Además, algunas personas han denunciado que a pesar de que el certificado es personal e intransferible, en algunos casos se ha entregado un solo documento por familia. 

¿Para qué sirve el certificado? La acreditación de discapacidad es fundamental para que las personas puedan acceder a los servicios del Estado de manera diferencial y a ofertas laborales, como lo establece la Resolución 113 de 2020. "Cuando nos convocan a algún evento, piden la certificación de discapacidad porque ahí dice qué discapacidad tiene la persona. El que habla es el papel”, dice Eliameth Herrera, madre de Anderson Díaz quien tiene una discapacidad auditiva.

“La certificación es una prioridad que se le está dando a la persona con discapacidad para acceder a un hospital y a todo tipo de programas. Quien no tenga la certificación de discapacidad, no tiene la misma oportunidad que las demás personas”, agrega Yuleisy Fernández, lideresa de la población con discapacidad y delegada de la Fundación Fonseca Viva. 

¿Qué dice la Alcaldía? Según Olga Montenegro, la demora en el proceso se debe a que la Gobernación calculó mal el presupuesto de cada municipio pues utilizó cifras desactualizadas del número de personas con discapacidad, y no ha desembolsado los recursos necesarios para terminar el proceso. 

De acuerdo con la ley, la Alcaldía debe contratar a una IPS para realizar la valoración de cada persona que solicite el certificado con el fin de determinar el tipo y nivel de discapacidad. Esto teniendo en cuenta que hay siete tipos de discapacidad: física, auditiva, psicosocial, sordoceguera, visual, intelectual y múltiple.

“Comenté en reuniones que Fonseca y San Juan son los municipios con mayor número de  habitantes con discapacidad y nos tienen en 200 (personas). Como se lo dije al Gobernador el día que hablé con él: no tuvieron en cuenta el número de personas de cada municipio para hacerles entrega del certificado. Este año entregamos más pero no porque nos ayudaron de Bogotá, sino porque la Alcaldía nos colaboró”, afirma Montenegro.

No es el único obstáculo: A los problemas para obtener el certificado de discapacidad, se suman los inconvenientes que ya enfrenta esta población para acceder a servicios de educación, oportunidades laborales, recibir medicamentos a tiempos oportunos por parte de las entidades de salud, y tener atención diferencial para hacer trámites en la Alcaldía. “Fonseca no tiene intérpretes a la hora de que uno tiene que interactuar con los sordomudos uno se queda corto a la hora de querer ayudar a la población", asegura Yuleisy Fernández, líder de la población en condición de discapacidad y delegada de la Fundación Fonseca Viva. 

“El año pasado, en diciembre, nos reunieron en el Polideportivo y le pedimos ayuda (al enlace de discapacidad de la Alcaldía) en empleo y meterlos al SENA. Esperábamos más ayuda y no nos cumplieron. Pedimos una escuela para los discapacitados porque aquí no la hay, transporte y nada de eso nos cumplieron”, dice Eliameth Herrera. Además, sostiene que en Fonseca no hay tecnologías para cada una de las discapacidades. 

Lo que sigue: Ante la demora en la expedición de los certificados, las personas han optado por apoyarse en organizaciones no gubernamentales para mejorar sus condiciones de vida. Una de estas es la Fundación Social Visión Guajira, que les entregó insumos para fortalecer emprendimientos, útiles escolares, zapatos y acompañamientos. 

Además, sostienen que seguirán exigiendo sus derechos para que puedan tener calidad de vida en el municipio. “Estamos parados en raya y vamos a llegar a donde tengamos que llegar para ser escuchados, para no ser más excluidos”, dice Yuleisy Fernández.

Por su parte, la Alcaldía dice que está gestionando ante la Gobernación de La Guajira que se desembolsen más recursos para continuar el proceso de certificación. Esperan en noviembre reanudar el proceso.

Las afectaciones: En las veredas Marimondas, Las Colonias, Guamachal, Las Bendiciones y Puerto López en la Serranía del Perijá se reportaron derrumbes y deterioro de las vías por cuenta de las lluvias. Las vías de acceso hacia los corregimientos de Sitio Nuevo y El Hatico y algunas calles del casco urbano también han resultado afectadas. Esto ha ocasionado que los y las campesinas no puedan sacar sus cosechas y que se generen accidentes por caída de piedras y desplome de algunos tramos.

El plan de la Alcaldía: El 27 de octubre, el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos presentó el plan de acción para atender la calamidad pública en Fonseca. Para hacerle frente a la temporada de invierno, plantea construir un muro de contención y dragar el cauce del arroyo en Sitio Nuevo. Al mismo tiempo, organizar  jornadas de limpieza en la acequia de Penso y el canal del Zaino, y de mantenimiento al alcantarillado del corregimiento de Conejo para evitar que se siga desbordando. También contempla entregar ayudas humanitarias, colchones y enseres para las casas de las personas que resulten damnificadas. Sin embargo, no estableció una fecha de inicio de las actividades.

Luis Alberto Borja, funcionario de la Unidad de Gestión de Riesgos municipal, cuenta que están a la espera de que baje el caudal del río Cañaverales, que se desbordó hace una semana, para poder remover los escombros. “A las familias se les entregó una ayuda humanitaria, ahora viene la intervención en el cauce del río para realizar un dragado de remoción de sedimentos y árboles caídos, que obstruyen el paso normal de las aguas”, dice.

La comunidad está preocupada: “Eso se va humedeciendo todos los días y en cualquier momento puede haber un derrumbe o puede ocurrir un accidente. Esa es nuestra preocupación como comunidad”, comenta Rosa Arias Arias, caficultora y habitante de Las Colonias, donde se han presentado derrumbes en la última semana. Según Arias,la comunidad se ha organizado para destapar la vía con pico y pala por la demora de la llegada de una máquina que despeje el camino. 

Susana Jiménez, habitante de la vereda Puerto López, cuenta que ha habido derrumbes en la carretera pero “lo que más se arman son zanjas porque el agua agarra la vía para correr y hacen socavones, huecos de metro a metro y medio de profundidad”.

La alerta nacional: El 1 de noviembre, el gobierno decretó situación de desastre natural en el país debido a la temporada de lluvias por el fenómeno de La Niña, por el que se ha decretado la calamidad pública en 390 municipios y 21 departamentos. De acuerdo con el presidente Gustavo Petro entre agosto de 2021 y octubre de 2022 266 personas han muerto 645 930 personas han resultado afectadas y 5 207 viviendas han sido destruidas a causa de las fuertes lluvias.  

Por su parte, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en La Guajira se han presentado 13 inundaciones desde comienzos de año. Además, se han reportado cuatro vendavales, tres crecientes súbitas y una granizada. Estos eventos han afectado 53 333 personas en nueve municipios. Es decir, unas 11580 familias.

Lo que sigue: El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció que la probabilidad de que la temporada de lluvias se extienda hasta febrero de 2023 es del 75 por ciento.

¿Cuáles son las medidas? Habrá doce nuevos policías y cuatro de esos conformarán un nuevo cuadrante que operará en los barrios donde se ha presentado la mayor cantidad de casos de robos y homicidios: Prudencio Padilla, 8 de enero, Villahermosa y 12 de Octubre. Esta decisión fue tomada  durante el primer consejo de seguridad citado por el nuevo Secretario, que se realizó el 29 de octubre. 

Además, después de la reunión, el Alcalde emitió el decreto 082 para restringir de manera permanente el parrillero hombre en las motocicletas. El alcalde también ordenó poner a funcionar las cámaras de seguridad que ya fueron instaladas, y ubicar un puesto de control de la Policía en la salida hacia Conejo y Barrancas.

Una estrategia poco efectiva: Este es el noveno consejo de seguridad que realiza la alcaldía de Hamilton García Peñaranda en lo que va corrido del año. En las reuniones anteriores se han tomado acciones similares para combatir la delincuencia como aumentar el número de policías en las calles, prohibir el parrillero, instalar cámaras de seguridad y hasta militarizar las calles del municipio. Sin embargo, estas medidas no han logrado disminuir el número de robos y homicidios. 

La preocupación de la ciudadanía: “La seguridad no está bien y es momento de tomar medidas porque viene la temporada de navidad. La situación se está saliendo de las manos”, dice Alfonso Álvarez. “El aumento de fuerza está muy bien pero como habitantes debemos unirnos para que esto se reponga. No queremos que se derrame otra gota de sangre y haya más duelo en las familias fonsequeras”, agrega el ciudadano. 

Sobre el caso de un comerciante que persiguió y arrolló a dos ladrones que robaron su negocio el 3 de noviembre, Nairobis Jiménez opina: “No es justo que lo hayan detenido por defender sus derechos. Estos hechos nos agobian y nos toca vivir cada día en la zozobra de no poder salir porque el peligro que corremos es inminente”. 

Lo que sigue: El Intendente Edgardo Barraza, comandante encargado de la estación de Policía de Fonseca, asegura que para la época de fin de año reforzarán las medidas de seguridad. “Logramos ponernos de acuerdo con personal del Ejército y la Alcaldía para hacer grupos interinstitucionales para impactar esos lugares de hurtos a personas y vehículos. La intención es capturar a los infractores de la ley penal”, dice Barraza. Las autoridades le pidieron apoyo a los mototaxistas, taxistas y la comunidad en general para que reporten los delitos. 

Delia Bolaño tiene una cosa clara: no está dispuesta a enterrar sus historias y personajes en una libreta así todos a su alrededor prefieran escucharlas antes que leerlas. Bolaño, de 42 años, nació en Barrancas (La Guajira), pero ha vivido la mayoría de su vida adulta en San Juan del Cesar, donde –afirma– “hay muchos escritores y poetas que están frustrados y tristes” por falta de reconocimiento y apoyo económico. 

La escritora y gestora cultural, autora dos novelas y varios libros de cuentos y poemas, decidió empezar a publicar sus propias obras hace 20 años y, de paso, utilizar sus textos para decir todo lo que le indignaba de su departamento; a denunciar el abandono a los escritores y el saqueo de los recursos públicos. 

Hoy coordina el Festival Literatura Al Mar, un evento que reúne todos los años a escritores del municipio y de otros países con el fin de que recorran el departamento y lleguen hasta el Cabo de la Vela, en el extremo norte del país, para recitar poesías al mar. Su misión, dice, es devolverles la dignidad a los escritores guajiros. 

Consonante: Hablemos de su última obra titulada El Lápiz Rosado. ¿Por qué decidió abordar la pandemia?

Delia Bolaño: El lápiz rosado es un cuento que hice como maestra antes de la pandemia, estaba precisamente para lanzar en 2020. Pero se atravesó la historia de Un médico en tiempo de pandemia y Covid al caer la pandemia y las añadí. La escritura en ese momento fue un momento de escape. Entonces quise encontrarme con esas familias directamente afectadas por el virus, con esos dolores, con el miedo, la ansiedad, el salir a la calle y no encontrar respuestas. 
En este caso con Covid, que es mi protagonista, hago referencia a que hubo muchos niños que perdieron sus familias y que se vieron afectados emocionalmente. Tanto El regreso de Covid como Un médico en tiempo de pandemia fue la posibilidad de explorar un poco esos sentimientos por los que atravesaron muchas familias. Fue una forma de poder jugar con la imaginación en ese momento.

C: En su escritura ha estado presente la unión entre pedagogía y literatura. En El Lápiz Rosado, ¿cuál es la lección que usted espera que la gente tenga al terminar la lectura del libro?

DB: Lo que yo espero es que las emociones que tuve al encontrarme con estos personajes y la combinación que hice entre la imaginación y la realidad, logren de alguna manera llevar a reflexionar a quien lee. Que no solo lo mire como un libro que voy a leer porque si no que encuentre ese lado pedagógico. Gracias a la vida tuve la fortuna de ser maestra activa hace ya 20 años y poder haber articulado esas dos vocaciones: maestra y escritora, para poder inyectarle un toque literario e informativo. Inyectar esa energía mágica de la emoción.

La idea es que también este en las bibliotecas de los colegios de San Juan, de La Guajira. Quiero hacer un recorrido por La Guajira. He sido invitada por el departamento a la Feria del Libro de Honduras, donde mis libros estarán navegando por Centroamérica.

C: Esta mezcla entre la experiencia pedagógica y la literatura también está presente en otras de sus obras como Teichon y Lágrimas de abril y El lápiz rosado. ¿Cómo ha sido esa construcción de su estilo propio?

DB: Siempre le inyecto algo pedagógico a lo que a lo que escribo. Tu estilo va de acuerdo a lo que tú eres. Si de pronto me hubiese gustado la música, hubiera metido la rítmica, pero como lo mío es enseñar y, a través de la escritura, el objetivo del que escribe es enseñar, es pintar, es transmitir emociones. De alguna manera el escritor es un maestro porque escribe para proyectar o enseñar algo. Cuando tienes la academia y la base innata, entonces puedes llenar de placer todo eso que escribes. No vas a escribir por escribir o vas a de pronto en algunos recursos que también deben jugar dentro de tu escritura.

C: Entonces, ¿la literatura siempre debe tener un rol pedagógico?

DB: Sería importante pero cada quien tiene su estilo, cada lector tiene su estilo de leer y de interpretar. Ese es mi estilo y respeto el de mis compañeros. Pienso que ellos no lo dicen, pero de alguna manera enseñan algo con lo que escriben. Eso también se va adquiriendo en la medida en que vamos explorando ese campo de la literatura, de la poesía.

C: ¿Por qué decidió empezar a escribir?

DB: Pienso que escribo desde muy pequeña. Eso se lo hacen ver a uno los mayores. Pienso que la palabra, la expresión, viene también desde esa oralidad innata que de pronto tengo como mujer wayuu, pues nuestras abuelas nos enseñaron a contar a través de las palabras. Vengo explorando el mundo de las letras, del lenguaje y la palabra y creo que eso nace con uno. Pero en el 2000 o 2003 dije ‘voy a publicar’, y en ese momento también comencé a ejercer mi profesión. Luego hice un libro con esas experiencias que tuve. Mis primeros dos libros fueron didácticos y, precisamente, parten de esa experiencia en las aulas con mis estudiantes. El primero, Recreando con los sueños de los niños y el segundo, Estrategia metodológica del sueño. Luego vinieron las novelas, empecé a hacer Teichon, que tenían que ver con mi cultura. Igualmente, Lágrimas de abril también nació de la experiencia como maestra.

C: ¿Qué autoras o autores le han servido de referentes?

DB: Pienso que si quieres ser original, no tienes que imitar a nadie. Sí he leído libros que me han marcado. Por ejemplo, he leído libros de Gabo y me parecen extraordinarios. Otro autor que me marcó y ya murió es Fernando Soto Aparicio, que me regaló dos de sus libros: El hombre creó a Dios y Mientras llueve. Soy muy selectiva para leer y pienso que hay un lector y hay un escritor, y yo me dedico a escribir. He leído libros pero no soy una lectora, porque soy una lectora de mi contexto y me gusta escribirlo.

C: ¿Sus raíces wayuu han tenido alguna influencia en su escritura?

DB: Siempre digo a mí no me presenten como wayuu, ni si fuera negra como negra. Preséntame como mujer. Hago parte de un contexto cultural porque mi madre fue wayuu y jamás he querido utilizar el ser wayuu para lograr algo. Lo logro porque soy una mujer capaz como cualquier mujer en el mundo porque tenemos esas capacidades. He visto que han utilizado los elementos culturales para poder beneficiarse y es allí donde uno hace lecturas también de esas producciones y uno dice bueno y así que dice así que aquí hubo ahí es donde uno, se da cuenta que hay intereses particulares a lo que realmente el interés que debe tener un escritor cuando escribe. Soy enemiga de aquel dicho que dice “porque soy wayuu no puedo hablar español”. Eso sí me patea cuando escucho que soy wayuu.

C: Cuando habla de ser una lectora y escritora del contexto, ¿a qué se refiere?

DB:  Me refiero a que mi lectura la hago a todas las situaciones que observo en mi entorno. Esas son las lecturas que hago. Por ejemplo, cómo se comportan mis estudiantes y compañeros de trabajo, cómo se comportan las personas, la situación socioeconómica, sociopolítica, sociocultural de mi entorno y de lo que también ocurre alrededor de mi entorno a nivel nacional.

C: En ese sentido, ¿qué ha contado de La Guajira?

DB: Mi tarea es leer el contexto. Me gusta resaltar lo positivo y lo negativo. Claro, aquí en el contexto guajiro ha sido más lo negativo que lo positivo, entonces me genera más emociones negativas. De allí parte uno de los poemas que más amo, que me ha hecho llorar cada vez que lo leo a donde voy, porque es el dolor frente a La Guajira. Se llamaba Despierta mi Guajira y hoy se llama Flor de Cactus. En él hablo de lo que siento por este departamento que tiene muchas riquezas, pero lamentablemente le falta la principal riqueza que es el conocimiento. Tanta riqueza y tanta pobreza es producto también de un interés político. Entre menos conocimiento tengan [las personas], y [los dirigentes] les mandemos subsidios y los tengamos como mendigos, pues podemos controlar la riqueza.

C: Y en el escenario literario, ¿qué está pasando en el departamento?

DB: Los que manejan la plata de la cultura no son gestores culturales, no han escrito ni una carta ni una composición. Eso le baja los ánimos a muchos escritores en La Guajira porque los que llegan [a publicar], lo hacen por un favor político que les deben. Al que les dé la gana medio lo apoyan. El año pasado me apoyaron con 500 mil pesos. He tenido casi que mendigar con las empresas para transporte, hospedaje y así. Realmente no ha llegado alguien que recoja ese sentir de los escritores.

El segundo motivo de frustración es que hay escritores que no se han atrevido a invertir en su trabajo. Me preguntan: ‘Delia, ¿cómo haces para publicar tus libros?’ Mis libros no los regalo, porque son mi trabajo. Invierto seis millones de pesos, que no tengo, para no matar a mis historias. Esperan que el Fondo Mixto les publique el libro y tienen muchas historias guardadas escondidas. Están matando eso que tienen adentro, a unos personajes que crearon para sepultarlos.

C: ¿Y en San Juan?

DB: No soy de San Juan del Cesar pero vivo acá hace 20 años y tengo genes de acá porque mi padre biológico es sanjuanero. Él hace parte de la riqueza y el folclor de la música vallenata. Fue uno de los grandes. Pero te cuento que en San Juan, en La Guajira, muchísimos están frustrados, tristes, y otros no se atreven. A través de Literatura al Mar y del concurso de poesía Guajira Mágica, intentamos darle un poquito de solución a eso… pero realmente no tenemos la plata. Los recursos los manejan otros y ellos tienen sus propios proyectos.

C: ¿Ve alguna solución?

DB: Lo primero es hacer como verdaderas capacitaciones reflexivas intensivas porque tiene que ser en cuidados intensivos. La idea sería capacitar y aparte de eso, publicar a quienes tienen muy buena producción. Los recursos también tienen que ser alimentación para los maestros que no leen, no escriben. Las clases de lectura tienen que ir de la mano de la cultura, donde los maestros tenemos que explorar esas habilidades y capacidades. Hay que capacitar también a los maestros porque son los encargados de enamorar a los muchachos de la lectura. Cuando tú empiezas a capacitar al maestro en cuanto a la orientación que tiene que darle a los niños y que empiece a leer los libros de los autores propios de cada municipio, y que esos autores también sean invitados y que sean resaltados en sus municipios, eso va a ir despertando escritores sobresalientes y capaces de poder publicar un libro.

C: ¿Qué papel juega el festival Literatura al Mar?

DB: Aparte de ser maestra y escritora también tuve la necesidad de convertirme en gestora cultural al ver que en La Guajira, hace diez años atrás, un escritor no valía un peso. Aquí valían los compositores, el que cantaba… todo eran los cantantes y todavía lo es. Aquí en La Guajira cualquiera abre la boca para cantar cualquier cosa, porque ya hasta las composiciones han cambiado, y todo el mundo lo sigue. Pero a alguien que escribe una historia nadie le presta atención. 

Literatura al Mar en estos diez años viene siendo un recorrido. Iniciamos aquí en San Juan del Cesar y terminamos en el Cabo de la Vela. Es itinerante y permite que el escritor de cada municipio tenga contacto y se estimule al encontrarse con otro escritor de otro departamento, de otro país. También, que los niños y los jóvenes sepan que hay escritores en el mundo, que hay escritores en Colombia y que tiene escritores propios. Eso ha permitido que de alguna manera los que administran los recursos estén resaltando a los escritores, los poetas de La Guajira. Es uno de los objetivos que hemos buscado a través de estos años de lucha con alcaldías que nos dicen que sí y que nos dicen que no para la logística. Ha sido un trabajo titánico pero maravilloso. 

¿Cómo se hizo la elección? Antes de la elección del 25 de octubre, la Alcaldía realizó una capacitación presencial con jóvenes para que conocieran sobre la Plataforma de Juventud y se postularan como candidatos. La escogencia se hizo de forma virtual y durante la jornada se presentaron los aspirantes y se hizo la votación entre un grupo de 16 personas que acudieron a la convocatoria. 

¿Qué debe hacer la plataforma juvenil?  Su función principal es crear espacios de reunión y discusión entre los jóvenes. Además, debe impulsar la conformación de procesos y prácticas organizativas y espacios de participación de las y los jóvenes; participar en el diseño y desarrollo de Agendas Municipales, Distritales, Departamentales y Nacionales de Juventud; ejercer veeduría y control a los proyectos y programas que vinculen a los jóvenes, y proponer planes e iniciativa. 

Las expectativas de los jóvenes: “Me gusta estar en este tipo de espacio para apoyar a los jóvenes del municipio y crear espacios sanos para los niños, jóvenes y adolescentes”, cuenta Anyi Paola Perea, quien fue elegida como tesorera de la Plataforma . “Espero realizar proyectos que sean sostenibles y fortalecer las organizaciones de jóvenes para que ellos y ellas desarrollen sus capacidades y así evadir las situaciones de violencia y conflicto que hay en las comunidades”, agrega. 

El contexto: Los jóvenes en Tadó han encontrado distintos escenarios para hacerse escuchar, entre ellos la conformación de grupos juveniles de danza, música, modelaje y fundaciones. La creación del Consejo Municipal de Juventud les ha permitido tener otro nivel de interlocución con las autoridades municipales y departamentales para gestionar proyectos que impacten a los y las jóvenes. Sin embargo, desde que se posesionaron en enero, los consejeros no han podido sesionar porque no ha habido garantías por parte de la administración municipal para garantizar un espacio físico, apoyo económico para el transporte y dotación de papelería. 

En septiembre, la Procuraduría alertó que Tadó es uno de los 36 municipios del país en los que hay dificultades en el funcionamiento de los consejos municipales de juventud. Para el ente de control esto era una muestra de que en el municipio se estaba incumpliendo el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Al respecto, Mileidy Mosquera, enlace de Juventud en la Alcaldía, asegura que han mejorado la articulación capacitándolos y concientizándolos sobre cómo debían trabajar en conjunto con la administración para trabajar por los jóvenes. “No podemos dejar de lado que los jóvenes hacen parte del municipio y hay que contar siempre con ellos. Muchos están perdidos porque no tienen una orientación de nadie”, dice Mosquera. 

Lo que sigue: En los otros 29 municipios del Chocó se realizarán las elecciones para conformar las plataformas de juventud. En Tadó se hará una ceremonia de posesión. Por su parte, los consejeros de juventud esperan articular acciones con la plataforma para que esta sea un enlace entre la administración. Daniells Benitez, consejero de juventud, hizo un llamado a los jóvenes para aprovechar estos espacios de participación. “Llegan los escenarios de participación y luego nos quejamos de que no están las oportunidades, pero las oportunidades llegan y en realidad los jóvenes no mostramos el interés para que nos puedan brindar las garantías a plenitud”.

¿Quiénes conforman la liga? Usuarios de las EPS Caja de Compensación Familiar del Chocó (Comfachocó), la Nueva EPS y usuarios de las IPS integran esta iniciativa ciudadana. Sin embargo, solo llegaron 20 personas para las elecciones que fueron convocadas por algunos usuarios. La junta directiva de usuarios quedó conformada por Yesid Parra Ramirez, quien se desempeñará como presidente; Soris Marcela Jordan, vicepresidenta; Zury Adriana Mosquera, secretaria; Gloria Astrid Minota, vocal; Gabriel Copete, fiscal, y Sandra Perea, tesorera. 

Los usuarios buscarán que mejore el servicio: Si bien aún no hay un plan de acción definido, los integrantes tienen claros algunos puntos prioritarios. “Vamos a garantizar que los usuarios reciban beneficios y verificar que los recursos que entran y salen de la institución se utilicen de manera adecuada”, dice Sandra Perera. Por su parte, Gabriel Copete cuenta que esperan mejorar el relacionamiento entre los afiliados y el personal del hospital, y fortalecer la salud preventiva. 

“Si nosotros tenemos muy buenas relaciones y miramos qué es lo mejor para Tadó, apuntamos que es la calidad en salud. Por eso planteamos tener salud preventiva para que no se llegue a cada rato a Urgencias del Hospital”, dice Copete. “Buscaremos la educación en salud y la orientación para que las enfermedades se queden en la parte preventiva”, agrega.

Los líos de la EPS: Los usuarios del Hospital San José de Tadó se quejan por falta de insumos al momento de ser atendidos. Al respecto, Vanessa Córdoba, la nueva gerente de la entidad, dijo en entrevista con Consonante que las deudas de las EPS con la entidad están afectando la prestación del servicio. “En este momentico la Nueva EPS lleva dos meses sin hacernos el giro y sin darnos una razón de peso sobre el por qué no lo ha hecho. Entonces eso nos afecta financieramente”, agregó Córdoba.              

Además, aseguró que se deben mejorar los procesos de contratación con las EPS para el abastecimiento de insumos y ampliar el portafolio de servicios que contratan esas entidades. “Por ejemplo, la consulta de nutrición y de psicología la hemos podido negociar para un cobro por evento, y la Nueva Eps la incluye en la cápita de servicios con un valor de casi 19 mil pesos (por persona)”, dijo la gerente. Sin embargo, para lograr esos contratos, el Hospital debe recuperar la confianza del sistema de salud a pesar de las deudas, los problemas en el servicio e insumos, y la vigilancia que está realizando la Superintendencia de Salud sobre la institución.

Lo que sigue: El 5 de noviembre se reunirá la Liga de Usuarios para definir la ruta de acciones que realizarán en lo que queda de 2022 y proyectar para el 2023. Esperan, además, realizar un diagnóstico y caracterización para definir en qué sector pueden apoyar al hospital para que mejore la atención. Asimismo, convocarán a reuniones de diálogo permanente entre la Alcaldía, el centro de salud y la Liga para proyectar acciones de mejoramiento. 

¿Cómo fue la rendición de cuentas? Ambos mandatarios se reunieron con cerca de 70 personas entre quienes estaban integrantes de los grupos motor de los PDET de Fonseca y San Juan del Cesar, de las mesas de víctimas y de la comunidad LGBTI. Durante la jornada, se dividieron los participantes por municipios y cada alcalde habló sobre los proyectos que se habían ejecutado hasta la fecha, los sectores que habían sido fortalecidos y recoger propuestas  Cada grupo motor trabajó, además, por pilares y se reunieron con delegados de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) que están encargados de trabajar en esas iniciativas.

¿Cuánto han avanzado los PDET? Según el alcalde Álvaro Díaz, en el municipio se han priorizado las obras de infraestructura con cinco proyectos, entre los que destaca la construcción de pavimento rígido en la vía de acceso al corregimiento de Guayacanal, la instalación de paneles solares en la zona rural y el mejoramiento de la vía que conduce de Cañaverales a la vereda Pondorito. También destacó avances de reactivación económica y producción agropecuaria con el impulso a cuatro iniciativas, así como en el mejoramiento de la salud rural, la educación rural y la primera infancia, entre otros. 

En Fonseca, el alcalde Hamilton García destacó que durante su administración se han priorizado trece proyectos de infraestructura y adecuación de tierras. Entre los proyectos que García resaltó se encuentra la instalación de paneles solares, el mejoramiento con placa huella en la vía  que conduce desde la Ye de la vereda Las Marimondas hasta Las Colinas, construcción de viviendas rurales.

Para el sector de vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural, García aseguró que han desarrollado seis iniciativas. Los temas más rezagados han sido la salud rural, la educación rural y la primera infancia, así como la reactivación económica y la producción agropecuaria, entre otros.

Las dudas de la comunidad: Desde que comenzaron a implementarse los PDET en los gobiernos de Hamilton García y Álvaro Díaz, los integrantes de los equipos motores han denunciado que no han sido tenidos en cuenta a la hora de priorizar y estructurar proyectos. Cuestionan que la mayoría de los recursos se han invertido en infraestructura: en la instalación de paneles solares, la pavimentación de vías con placa huella y en proyectos de vivienda. Afirman que no conocen detalles de la destinación de todos los dineros de la paz. Además, han solicitado jornadas de participación durante los últimos tres años.

Por eso, consideran que las cuentas que fueron presentadas por los mandatarios no son suficientes. “Vamos a reunirnos para que nos expliquen por qué mandaron un informe a la ART en el que hay inconsistencias. Aparece que el proyecto de la vía hacia Sitionuevo está ejecutado, cuando ellos mismos dijeron que no es así, que está en ejecución”, dice Jesús Cobo, miembro del equipo motor de Fonseca.

En ambos municipios, los integrantes del equipo motor están preocupados sobre el seguimiento a los proyectos, pues se repiten los beneficiarios en varias iniciativas. “Estos compromisos ya se han venido haciendo pero no han funcionado esperemos que ahora funcione”, comenta Yesica Fragoso de San Juan del Cesar. “Pedimos que nos digan cómo hicieron para escoger a las personas en el proyecto de vivienda. Por qué fueron beneficiados unos sectores más que otros”, afirma Dalia Molina de Fonseca.

Las investigaciones de los entes de control: Algunas obras de infraestructura que ya han ejecutado García y Díaz están siendo auditadas por los entes de control. La Contraloría anunció en octubre que realizaría una inspección sobre el proceso de contratación y el estado financiero de la construcción de viviendas rurales en El Hatico y Conejo, y la pavimentación de la vía a Sitio Nuevo en Fonseca, y de la vía hacia El Totumo en San Juan del Cesar. La Alcaldía de Fonseca, además, ha sido investigada por presuntamente estar vinculada en corrupción en los contratos de los paneles solares.

Lo que sigue: El 3 de noviembre se llevará a cabo en Fonseca una reunión con el Hospital San Agustín y los integrantes del grupo motor con el fin de encontrar propuestas para mejorar la atención a la salud en la zona rural. “En Conejo se necesita un médico permanente por la cantidad poblacional que hay. Pedimos que nos sentemos con la gerente para que rinda un informe y ahí vamos a ver cuántos  recursos están entrando”, dice Dalia Molina del equipo de Fonseca.

Por su parte, en San Juan del Cesar acordaron que se realizarán las reuniones donde se convoca al equipo motor para socializar los avances y gestiones de los PDET. La próxima será en dos meses.