Cada semana la Veeduría Ciudadana de Tadó recibe quejas de ciudadanos porque su calle o barrio está a oscuras. Cuando llegan donde el veedor Francisco Asprilla usualmente ya han ido a la oficina de la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac) para poner en conocimiento de la empresa su situación. Sin embargo, la respuesta que reciben es que la queja deben hacerla ante la Alcaldía, pues aunque Dispac cobra por el alumbrado, el mantenimiento de las luminarias no es su responsabilidad. Al final, en la entidad territorial nadie responde, porque no hay una oficina destinada para recibir quejas por este servicio, y la gente tiene que ir a la Veeduría. “En las quejas nos dicen que las calles están a oscuras mientras Dispac viene cobrando el servicio puntualmente, pero no se ve reflejado ese recaudo”, explica el veedor.
Esta situación ejemplifica la confusión que reina en Tadó sobre a quién le corresponde qué en el alumbrado público. Lo cierto es que Dispac tiene razón cuando dice que no es su responsabilidad. El 23 de enero de 2020, el municipio de Tadó firmó un contrato de suministro y recaudo de alumbrado público con la empresa Dispac. La empresa únicamente quedó obligada a proveer energía a los edificios públicos y zonas de libre circulación y a recaudar el monto del impuesto del alumbrado público. La responsabilidad de administrar, operar y mantener el alumbrado (conocida como el componente AOM) es de la Alcaldía de Tadó, pero esta institución no tiene ningún contrato para cumplir con esta obligación. Por eso en Tadó no hay una oficina que recepcione las quejas específicas sobre alumbrado y nadie se encarga de arreglar las luminarias cuando dejan de funcionar.
Consonante consultó a Karen Castañeda, asesora de alumbrado público y ex subdirectora de alumbrado público de la Alcaldía de Bogotá, quien dice que esta actividad es clave para prestar un buen servicio a los ciudadanos. “Para las comunidades es una bendición (tener iluminación en la noche). La gente empieza a tener sensación de seguridad, a ver formas y colores de mejor manera, a querer utilizar más espacios que antes no se utilizaban en las noches y se genera una mayor actividad en cuanto al comercio y a la vida social que los municipios no veían antes”.
Sin embargo, aclara que esta falta de contrato de AOM sucede en muchos municipios pequeños y que hay un punto clave que las alcaldías deberían analizar: su modelo financiero. “Se debe revisar cómo está en este momento el modelo financiero que proyectaron en el municipio, porque es es muy injusto que no se puedan cubrir estas actividades con el recaudo del impuesto”, dice.
La situación es grave. Los tadoseños y tadoseñas llevan muchos años quejándose por la falta de alumbrado público en los diferentes barrios del municipio, pues, en las noches, la mayoría de los espacios públicos por los que transitan están oscuros o poco iluminados. En algunos sectores de los barrios ‒como los sectores Bajo mundo y Los Reyes del barrio San Pedro‒ solo funciona una de las cuatro luminarias que están instaladas en los postes. Los barrios que están peor iluminados son Villas de Remolino, Reinaldo y San José. Una parte del puente y del parque Rey Barule permanecen completamente a oscuras por las noches. Además, prácticamente, toda la zona rural está a oscuras.
El secretario de Planeación Mosquera reconoce este problema: “La administración municipal de Cristian Copete Mosquera, asumió este período administrativo con el alumbrado público en déficit, debido a que la mayoría de las lámparas están en mal estado”. Esto se debe, en parte, a que en la administración pasada tampoco hubo un contrato de mantenimiento, aunque Dispac hizo donaciones de luminarias y otros elementos para mejorar la red de alumbrado y a que se hicieron contratos pequeños para cambiar luminarias. A esto se suma una millonaria deuda de años atrás.
En esta alcaldía solo se ha hecho una mejora. En 2021, mediante un contrato por 22 millones de pesos, la alcaldía mandó a cambiar algunas luminarias y componentes del sistema y ahora, el 19 de julio, empezó un proceso de contratación por 280 millones de pesos para un nuevo arreglo general, aunque este sigue en borrador. Sin embargo, la inestabilidad política que reina en Tadó desde 2020 y la falta del operador que, de forma permanente, vele por el mantenimiento oportuno de la red de alumbrado público, preocupa a los ciudadanos. Esto, además de los riesgos de estar a oscuras.
Aumenta la percepción de inseguridad
Tadó es conocido como uno de los mejores “vivideros” del Chocó por sus niveles de seguridad. Sin embargo, sus habitantes ya han comenzado a quejarse del aumento de robos de celulares, dinero y electrodomésticos. Aunque no hay cifras oficiales de estos hechos, porque la gente no acostumbra a denunciar, la percepción de inseguridad es cada vez mayor.
El concejal Eduardo Moreno dice que la situación preocupa tanto a los habitantes de la zona urbana como a los de la zona rural. “Unas calles a oscuras dan la percepción de inseguridad. Hay muchos solares que están llenos de monte y son vivideros de culebras. Además, algunas personas están aprovechando la oscuridad de la noche para atracar”. El concejal dice que es necesario que, tanto la administración municipal como la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac,) le den información clara a los ciudadanos, pues nadie entiende qué está pasando con el alumbrado público.
“Uno con el alumbrado público tiene confianza para sentarse en el andén de su casa a distraerse un poco, pero si está en la oscuridad uno tiene miedo de que alguien pueda llegar hacer le daño y uno no lo pueda ver”, dice José de los Santos Mosquera, habitante del barrio San Pedro.
¿Quién responde por el mantenimiento del alumbrado?
La inconformidad tiene su raíz en que la gente no sabe en qué se ha invertido el dinero que cada mes pagan por cuenta del impuesto de alumbrado público desde 2012, cuando el Concejo municipal estableció este cobro y los tadoseños comenzaron a pagarlo en su factura de energía del hogar. El cobro tiene un monto fijo de 2.580 pesos para las personas naturales, mientras que en los negocios el costo es variable. El impuesto, según lo definió el municipio, se implementó para pagar el suministro de energía que en este caso provee la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac) a los edificios públicos, como la alcaldía, la empresa de acueducto y algunos colegios, así como otros espacios de libre circulación, como calles y parques en el área urbana y rural.
Además, según la legislación colombiana, las alcaldías son las responsables de brindar este servicio en sus municipio y, en Tadó, según el Acuerdo No 11 de 2016, la administración municipal debe garantizar el “suministro de energía al sistema de alumbrado público y, la administración, operación, mantenimiento, expansión, renovación y reposición del sistema de alumbrado público”. Es decir, la plata que pagan las y los tadoseños debe cubrir el costo de la factura de energía del municipio (incluída la que va a las farolas de las calles) y a mantener y modernizar la red de alumbrado público, siempre velando porque la población reciba un buen servicio y porque tengan niveles adecuados de cobertura” buscando un gasto energético y financiero responsable, según la dirección de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Para cumplir con la parte del suministro, la alcaldía de Tadó contrató esta actividad, así como el recaudo del impuesto de alumbrado público, con Dispac, por lo que la empresa no tiene ninguna responsabilidad legal con el mantenimiento del sistema. Sin embargo, esto no es claro para los usuarios que se acercan a las oficinas de Dispac para interponer quejas por la oscuridad de las calles.
La falta de información y de respuesta ha llevado a la gente a unirse para resolver el problema por ellos mismos. Las soluciones van desde cosas sencillas como poner un bombillo afuera de sus viviendas, hasta recolectar recursos entre los mismos habitantes del sector para mandar a cambiar una lámpara dañada. Los habitantes del barrio San Pedro, sector Pantanito, pidieron recursos a los comerciantes del barrio con el objetivo de arreglar sus lámparas. “A mí como concejal me ha tocado meterme la mano al bolsillo para comprar lámparas”, dice el concejal Moreno.
Esto, según Castañeda, no debería pasar. “La idea es que las comunidades no hagan esto ellas mismas porque hay riesgos para las vidas de las personas y porque es responsabilidad del municipio. Además, hay que cumplir con unas normas técnicas que da el Reglamento Técnico de Alumbrado Público”.
Historia de una deuda millonaria
Con el cambio de administración, en enero de 2020 el alcalde Cristian Copete, como representante del municipio de Tadó, firmó un nuevo contrato con Dispac. En este las partes dejaron el recaudo como estaba: el dinero que la empresa recaudaría por el impuesto del alumbrado público se usaría para pagar la factura de energía del municipio. Entonces, Dispac cobra directamente el valor del suministro de electricidad de los edificios públicos, de la red de alumbrado de las calles y de los parques. Pero hicieron un cambio: establecieron que, en caso de que se recaude más dinero del que se gastó en energía, la empresa le debe transferir los recursos al municipio.
Pero la realidad es que una deuda millonaria ha impedido que eso efectivamente se haga como dice el papel. Según el secretario Mosquera “las administraciones municipales de muchos años atrás han venido aumentando unas deudas por el no pago de energía, no solamente del alumbrado público, sino de energía en los diferentes establecimientos institucionales que hay en el municipio”, por lo que se acumuló una deuda que alcanzó los 1300 millones de pesos.
De acuerdo con las cuentas del recaudo que le proporcionó Dispac a Consonante, desde marzo de 2019 hasta julio de 2020, la empresa no entregó un solo peso al municipio, sino que usó el recaudo del alumbrado público para cobrar la energía y, en los meses en los que sobró plata, la empresa la tomó para abonar a la cartera de la deuda. Luego, por directriz de la gerencia, durante nueve meses consecutivos, Dispac le giró al municipio tres millones de pesos, para un total de 27 millones de pesos por cuenta de este impuesto. Pero la deuda bajaba muy lentamente.
La historia de la deuda cambió el 25 de mayo de 2021, cuando la alcaldesa Yocira Lozano firmó un acuerdo de pago con Dispac. Establecieron que la empresa no cobraría los intereses de la deuda, que para entonces sumaban 645 millones de pesos. La empresa también se comprometió a descontar 172 millones de pesos que correspondían a la deuda que se había acumulado hacía más de 10 años. El municipio abonó 28 millones de pesos y, en total, le quedó debiendo 425 millones de pesos a Dispac, que debe pagar en 72 cuotas mensuales de casi seis millones de pesos que empezó a pagar en octubre de ese año.
A partir de ese mes, la factura del municipio pasó de costar casi diez millones de pesos a casi 16 millones, por lo que solo ha habido dos ocasiones en las que el valor del recaudo superó el costo de la factura. Las dos devoluciones al municipio corresponden a una por casi siete millones de pesos en septiembre de 2021 y otra por dos millones y medio en diciembre del mismo año.
Según el balance de pagos, el valor de la deuda, hasta junio de este año, era de 333 millones de pesos.
“Tadó no cuenta con un contrato de mantenimiento”
De acuerdo con la contratación pública de la Alcaldía, la última vez que el municipio le hizo mantenimiento al alumbrado público fue en marzo de 2021, es decir, hace más de un año. En ese momento el municipio hizo un contrato por 22 millones de pesos cuyo objeto fue el “suministro, transporte e instalación de lámparas y postes del parque Rey Barule y mantenimiento e instalación de lámparas en diferentes barrios del municipio de Tadó”.
Se instalaron siete postes, 16 lámparas LED, tres reflectores, 50 bombillos de 70 vatios, 15 bombillos de 40 vatios y 10 de 250 vatios. Además de balastras, arrancadores y otros elementos propios del funcionamiento del sistema eléctrico.
Sin embargo, como confirmó el secretario de Planeación, Deiner Mosquera, la Alcaldía no tiene ningún contrato de mantenimiento del alumbrado público o un operador encargado de esto. Es decir, el mantenimiento se hace únicamente a través de una contratación en momentos puntuales.
Mosquera aseguró que la estrategia de la administración para solucionar este problema es hacer una nueva contratación, por valor de 280 millones de pesos para mejorar la red de alumbrado público en el casco urbano y en la zona rural. A finales de abril, la alcaldía ya había abierto una licitación para el mismo fin, pero por un valor de casi 150 millones de pesos. Sin embargo, el proceso se declaró desierto. “Se presentó una sola persona y esa persona no cumplía con los requisitos habilitantes”, explica el funcionario. Por esta razón, la Alcaldía destinó más recursos en el nuevo proceso. Mosquera asegura que 45 días después de abrir el proceso, que está en borrador, la administración tendrá al contratista y comenzará la remodelación del alumbrado público.
Una solución incompleta
Karen Castañeda explica que para garantizar el gasto responsable de energía eléctrica, la legislación colombiana contempla el componente de inversión y de modernización, que es el que, en teoría, está utilizando la Alcaldía de Tadó con este nuevo contrato. El proceso requiere que antes se haga un estudio técnico de referencia.
Sin embargo, el secretario de Planeación le dijo a Consonante que para este nuevo contrato “un técnico voluntario del mismo Dispac hizo el recorrido no solamente en la cabecera municipal, sino también en los corregimientos y realizó esa visita técnica, donde él nos dijo: ‘esta (luminaria) nos sirve, esta no nos sirve, a esta hay que hacerle un cambio de balastra’… Le contamos del déficit de recursos que hay y él nos hizo un diagnóstico real de cuántas luminarias necesitamos tanto la cabecera municipal como en los corregimientos, cuáles requerían el cambio para modernizar, cuáles no, de tal manera que funcionen a largo tiempo”.
Este estudio, además, debe darles herramientas a los municipios para que determinen los costos reales de la prestación del servicio. “Este es el documento base con el que el Ejecutivo toma las decisiones estratégicas para su sistema de alumbrado público”, explica Castañeda.
El siguiente paso debería ser la inclusión del componente de administración, operación y mantenimiento. Para la experta, si Tadó quiere modernizar su alumbrado público, debe “tener en cuenta el principio de planeación: si yo voy a modernizar también tengo que tener en cuenta cómo voy a operar, mantener, administrar mi sistema”. Para Castañeda es claro que el alcalde debe asesorarse “puede ser con este estudio técnico de referencia o a través de una consultoría que un experto genere un documento que le sirva al municipio para que sepan cuáles son las mejores modalidades para operar y que se genere un modelo financiero que nos muestre cómo serían, por ejemplo, los tiempos de modernización”.
Según el secretario de Planeación, la nueva licitación procurará resolver el vacío que hay con la falta de mantenimiento permanente, a pesar de los cambios de gobierno. “La idea no es esperar que se nos dañen todas (las lámparas) para luego salir a hacer unos procesos”, dijo.
Lo evidente, sin embargo, es que este contrato es una reacción coyuntural a un momento crítico del sistema. Se llegó a este punto porque no hay nadie encargado de hacerle mantenimiento permanente al alumbrado de las calles y los parques. La pregunta que sigue abierta es para cuándo la Alcaldía de Tadó tendrá una respuesta de fondo.
Mientras esto pasa, los tadoseños siguen esperando en la oscuridad.
