Casi cinco meses después de las elecciones presidenciales, el discurso contra el racismo y las desigualdades del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez continúa haciendo eco en el Chocó. Esta semana, más de 40 líderes indígenas, afro, campesinos, representantes del gremio de transportadores, y hasta alcaldes y funcionarios públicos de El Carmen de Atrato y otros municipios del Chocó, viajaron hasta Bogotá para resolver de una vez por todas una serie de problemas que enfrentan desde hace años las poblaciones que viven cerca de las dos vías principales que conectan a este departamento con el resto del país: la carretera Quibdó-Medellín y la vía Pereira-Quibdó. Estas inconformidades, que van desde la falta de personal médico en zonas rurales hasta la carencia de tierras para sembrar cultivos, fueron las que llevaron a que los miembros de varias de estas comunidades y el gremio de transportadores instalaran bloqueos en las carreteras del Chocó en una manifestación espontánea de descontento que paralizó el departamento durante casi veinte días a inicios de octubre.
Sin embargo, los funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro no pudieron dar respuesta a todas las peticiones que durante el 1 y 2 de noviembre expusieron los líderes en la sede del Ministerio del Interior. Los líderes acordaron regresar a sus territorios pero advirtieron que seguirán insistiendo para que el gobierno central encuentre soluciones pues, en su mayoría, consideran que estas no han podido ser resueltas por los gobiernos municipales y departamentales por lo que finalmente llegó el momento de ser escuchados. “A pesar de la dificultad y lo que hoy está pasando acá con nosotros en Bogotá, vemos con buenos ojos el gobierno del cambio”, dijo Javier Arrieta, líder del resguardo indígena Sabaleta.
Este es un resumen de las peticiones de los indígenas, campesinos y afro de El Carmen de Atrato:
Los indígenas piden más hectáreas para sus resguardos
Los siete resguardos indígenas de El Carmen de Atrato ocupan cerca de 8 000 hectáreas de tierra, según los cálculos de los líderes que representan a El Fiera, Quebrada Borbollones, La Puria, Alto El Consuelo, Sabaletas, El Diecisiete y el Dieciocho. Sin embargo, aseguran que necesitan más tierra. Por lo menos, para alcanzar a ocupar unas 15 000 hectáreas.
“En mi resguardo Sabaleta somos 168 familias, 826 habitantes, con apenas 600 hectáreas de tierra. Entonces no nos da ni tan siquiera una hectárea por familia”
Javier arrieta, coordinador de la mesa departamental indígena del Chocó
Javier Arrieta, miembro del pueblo Embera Chamí del resguardo de Sabaleta y coordinador de la mesa departamental indígena del Chocó, da un ejemplo. “En mi resguardo Sabaleta, en el sector de La Trocha, somos 168 familias, es decir 826 habitantes, con apenas 600 hectáreas de tierra. Somos el resguardo con la población más grande. Entonces no nos da ni tan siquiera una hectárea por familia”, dice Arrieta.
Además, piden ayuda al Ministerio del Interior para solucionar una serie de disputas vigentes en torno a la titulación de tierras de los resguardos. “En los años 90 cuando se titularon los resguardos, esas resoluciones, los mapas quedaron abiertos, no dice por dónde o hasta donde linda, qué ríos contiene, eso está abierto, entonces a veces se entiende que se están invadiendo territorio cuando nosotros hacemos uso de acuerdo a las resoluciones. La Agencia Nacional de Tierras tiene que volver a hacer los croquis y los mojones”, sostiene el líder indígena que asistió al encuentro en la capital del país. Solucionar este tipo de errores, afirma Arrieta, les permitiría acceder a más hectáreas.
Los indígenas también tienen una serie de peticiones específicas sobre otros temas. Por ejemplo, para la comunidad del resguardo El Fiera el Invias ha incumplido los acuerdos pactados antes del inicio de la construcción de la vía Medellín-Quibdó hace dos años. Entre estos, la construcción de la casa de paso que solicitó la comunidad en Medellín. En 2020 se acordó que esta obra tendría un valor de 330 millones de pesos, pero hoy aseguran que este monto no es suficiente y estiman que para construirla se necesitan unos 2 000 millones de pesos.
Los líderes han pedido aumentar la cantidad de recursos para la construcción de un hogar de paso, en varias ocasiones. En unas mesas de negociación realizadas en los últimos meses en las que participaron funcionarios del Invías, la entidad estatal ya había asegurado que no se podían desembolsar más recursos. Sin embargo, durante la reunión realizada esta semana en la capital del país se acordó que el dinero que estaba destinado para construir otras estructuras en el resguardo, como un salón comunitario y una cancha, serán destinados para la construcción de la casa.
Finalmente, tienen otras solicitudescomo “avanzar en las reparaciones individuales y colectivas a víctimas del conflicto armado”, y “apoyo económico para el fortalecimiento de la guardia indígena”. Para este último punto, el gobierno ya se comprometió a entregar 1 000 millones de pesos. También piden que se construyan puestos de salud en El Siete, El Dieciocho y Sabaleta, y escuelas en La Trocha. El gobierno también se comprometió a hacer una inversión de 1 200 millones en proyectos productivos que se iniciarán en un mes.
Los afro quieren legalizar el primer consejo comunitario del municipio
Las 52 familias que conforman la comunidad afro del sector de La Trocha también tienen peticiones específicas como la construcción de una nueva escuela y la reparación y dotación del puesto de salud. Pero su principal petición es obtener apoyo económico del gobierno para cumplir con el último requisito necesario para constituirse como consejo comunitario ante el Ministerio del Interior. Para lograr convocar una asamblea mayor, un evento en el que deben participar todos los miembros de la comunidad (inclusive aquellos que aún no han retornado al territorio) necesitan dinero para pagar la alimentación, el transporte y lo que sea necesario para organizar el evento.
“En la asamblea salen los miembros que van a ser parte de la Junta Directiva y ya esos documentos se mandarán al Ministerio para su aprobación del Consejo Comunitario”, cuenta Anny Julia Rodríguez, lideresa de la comunidad. Según Rodríguez, la comunidad espera constituirse como consejo comunitario antes de la llegada de la Navidad para luego organizar actividades como la siembra de cultivos de pancoger.
Por otro lado, también solicitan el respeto por las hectáreas de tierra que ya les entregaron. En 2021 el Estado le otorgó a esta comunidad negra 24 hectáreas de tierra, 2 555 metros que van desde el sector de “El 53”, más abajo de La Playa, hasta “La Selva”. Los líderes aseguran que esto es poco, pero sobre todo les preocupa que los indígenas también están reclamando parte de esos terrenos. “Hoy encontramos que las comunidades indígenas hicieron una demanda diciendo que nosotros les habíamos invadido a ellos. A nosotros lo que nos dejaron son 120 metros, 60 a un lado y 60 al otro lado de la vía, que no es nada, no tenemos mucho donde sembrar donde cultivar el para el pancoger y nos sentimos como apretujados”, explica Rodríguez.
Como víctimas de desplazamiento forzado, piden mayor acompañamiento para el retorno. “No hemos tenido el apoyo de las instituciones como tal que les corresponde organizar un retorno o apoyar a las personas que ya volvieron. Somos 22 familias que volvimos” dijo la lideresa. Además piden celeridad en las acciones de reparación individual y colectiva, que hasta el momento, aseguran, solo se han quedado en el papel.
“No hemos tenido el apoyo de las instituciones que les corresponde organizar un retorno o apoyar a las personas que ya volvieron. Somos 22 familias que volvimos”
Anny Julia Rodríguez, lideresa de la comunidad afro de El Dieciocho
Los campesinos piden reconocimiento
Las peticiones de los campesinos y campesinas también tienen que ver con la restitución de tierras y apoyos para lanzar proyectos productivos. Piden a la Agencia Nacional de Tierras que delimite el territorio para que cada comunidad pueda saber cuántas hectáreas de tierra le corresponde. “En toda La Trocha es prioritario que nos venga el saneamiento de tierras, 10 fincas tienen problemas en este momento, más que todo en Sabaleta. Hay campesinos que incluso con escrituras han sido invadidos”, asegura Melba Rosa Agudelo Parra, lideresa campesina.
"En toda La Trocha es prioritario que nos venga el saneamiento de tierras, 10 fincas tienen problemas en este momento, más que todo en Sabaleta"
Melba Rosa Agudelo Parra, lideresa campesina.
Además, dicen que es necesario que desde el gobierno central ayuden a fortalecer el movimiento. Para esto, piden reconocimiento de la ancestralidad campesina, entrega de proyectos productivos, apoyo a microempresarios, fortalecimiento del sector turístico, compromisos medioambientales, mejoramiento de vías de acceso e infraestructura y mejores oportunidades educativas.
En las zonas rurales, solicitan la construcción de puestos de salud, una petición que la secretaría de Salud departamental no ha podido resolver. “En agosto tuvimos un encuentro y nos dijeron que para tener un centro de salud se requieren mil habitantes, pero eso no puede ser así. Una vereda como Guaduas tiene 170 habitantes pero queda lejos del casco urbano. El transporte es difícil, si un campesino se corta con su machete se desangra mientras que llega al centro de salud de El Carmen de Atrato a una hora y media” dijo Agudelo, por lo que proponen al Gobierno nacional reevaluar el criterio.
Finalmente, piden participación en caso de que se instalen diálogos de paz con grupos como las AGC o el Clan del Golfo. Y piden a la Unidad de Víctimas reparaciones individuales a las víctimas del conflicto armado, así como avanzar en los planes de reparación colectiva.
