¿Por qué es importante?
Representantes de organizaciones de derechos humanos han advertido que la intervención de BCC significa la expansión de la economía del carbón en el sur de La Guajira, donde la mina de Cañaverales es tan solo uno de los engranajes. El megaproyecto que podría llegar a consolidarse incluye dos minas a cielo abierto, una subterránea y un complejo férreo que conectaría al municipio de San Juan del Cesar con un puerto en Dibulla.
A principios del 2021, la empresa inició una carrera contrarreloj para realizar las consultas previas y gestionar la licencia ambiental ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El único freno ha sido la comunidad de Cañaverales, que reclama no tener suficiente información sobre el proyecto y teme la contaminación del Manantial, que surte el sistema de riego para la agricultura y el consumo diario de agua. Esto amenazaría la posición del territorio, ubicado en el piedemonte de la Serranía del Perijá, como una de las despensas de tomate, yuca y ají para el sur de La Guajira, Valledupar y Riohacha.
¿En qué consiste el proyecto Cañaverales?
BCC cuenta en La Guajira con tres proyectos mineros, dos minas a cielo abierto: Cañaverales, que es el proyecto con mayor avance y tendría una vida útil de diez años aproximadamente, permitiendo una producción total de doce millones de toneladas de carbón durante este periodo. Lo que en promedio equivaldría a la producción anual de un millón doscientas mil toneladas. La segunda es Papayal, que está en jurisdicción del municipio de Barrancas y el tercero es el proyecto San Juan del Cesar, de minería subterránea en ese municipio.
En palabras de Federico Giraldo, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) que ha acompañado a Cañaverales, “el gran miedo de la empresa es que no quieren dar cuenta que es un proyecto a gran escala. En temas mediáticos se escucha que es solo la mina de Cañaverales pero no se habla que es el inicio de un proyecto a gran escala. Por ende cuando le exigimos información a la empresa no es solo de Cañaverales sino del proyecto minero integrado”.
Por su parte, Jaime Álvarez, director Ambiental y Social de BCC, dice que no hay una intención de un megaproyecto. Explica que entre el paquete de títulos que compraron a la empresa CCX Carvao da Colombia, antes propietaria de las minas, se encontraba la vía férrea a Dibulla. Sin embargo, asegura que ni siquiera la han tenido en el radar. “Eso era el proyecto enorme, estilo Cerrejón, que tenía CCX. Nos hemos alejado completamente de ese modelo de negocio aún más con el golpe del precio del carbón. Seguramente a la gente le quedó en el imaginario lo que iba a hacer esa empresa y realmente el proyecto Cañaverales es muy pequeño”.
La comunidad de Cañaverales ha denunciado que la socialización del proyecto ha sido nula. “A pesar de que no sabemos gran cosa, tenemos la experiencia fatídica del Cerrejón. Lo poco que sabemos del proyecto ha sido por la información de amigos de otras poblaciones que ya han desarrollado la consulta previa. Sabemos que el PIT (la zona de excavación) sería a escasos 700 metros de la iglesia”, dice Ifener Mendoza, integrante del consejo Los Negros de Cañaverales. BCC ha sido enfático que por las reglas del juego, solo hasta que inicie la consulta previa no se da a conocer la información del proyecto.
¿Qué reclama la comunidad?
Desde 2009, la comunidad de Cañaverales ha emprendido distintas acciones para frenar el proyecto minero. Lo que comenzó con un cierre de las vías para evitar el ingreso de los camiones para la exploración de los yacimientos de carbón escaló a una campaña en distintos frentes para alertar sobre los impactos de la minería. Ifener Mendoza, detalla que “tomamos fotografías de la comunidad y las riquezas naturales y fotografías actuales de mineras en el departamento y de otros lugares del mundo; entre esos Cerrejón, del Cesar, mexicanas y de Brasil”, que eran enviadas por redes sociales.
Hoy, la comunidad está luchando para que se garantice su derecho a una consulta realmente previa, libre e informada. Desde el inicio la petición ha sido que no se vulnere su derecho a la información y que el cronograma de fechas para las reuniones con el Ministerio del Interior y la compañía sean concertadas con la gente. Para Rosa Mateus, abogada de Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) que acompaña a la comunidad hace un año, “la consulta no es libre cuando esos tiempos no se ajustan a las realidades de las comunidades ni al entendimiento de la comunidad sobre cuáles serán los impactos que van a sufrir”.
Esta situación ha agudizado la desconfianza de la comunidad con las instituciones públicas. Denuncian el abandono de la Personería de San Juan del Cesar en el acompañamiento y por esto el Consejo Comunitario ha buscado asesoría en organizaciones como Cinep, Cajar y la ONU. “Un punto fundamental de nuestro acompañamiento es también dar la tranquilidad a estas comunidades y brindar las herramientas con las que se cuenta para que ellos no se dejen engañar o presionar”, señala Rosa Mateus.
El pueblo de Cañaverales teme la contaminación sobre el Manantial, que estaría ubicado a 2.1 kilómetros del proyecto, según BCC. En palabras de Mario Gámez, integrante del consejo de Cañaverales, esta fuente natural es importante porque “de ahí bebo mi agua, de ahí siembro mi cultivo, ese es el sustento de este pueblo. Cañaverales sin esa fuente de agua no somos nadie, no somos nada, de eso sobrevivimos”, explica Mario Gámez, integrante del Consejo.
La comunidad también ha notado la fragmentación de su tejido social, al asumir su defensa y las cargas administrativas por la inoperancia de las instituciones. “En este momento tenemos una división que no sabemos quién es quién ni para dónde van. Nos maltratamos a palabra porque unos no quieren la mina, y otros ven en ella una sobrevivencia”, añade Mario Gámez.
Jaime Álvarez asegura que tienen un proyecto diseñado con los más altos estándares en materia de minería, principalmente para evitar que afecte el flujo del agua del manantial. “Por supuesto, todo proyecto minero causa impacto, sería una gran mentira decir que no. Hay impactos en el suelo y contaminación atmosférica en la zona donde se desarrollaría porque es minería a cielo abierto”. Sin embargo, advierte que se ha desinformado a la gente “diciendo que es un proyecto devastador. Son más beneficios para la gente local, no sólo en términos de empleo sino en el desarrollo de proyectos productivos”.
¿Qué han dicho los demás consejos?
Son nueve consejos comunitarios que se verían afectados con el posible desarrollo del proyecto minero: Nelvis Aragón del corregimiento de Conejo; Gustavo Castro y La Diáspora de El Tablazo; Wilmer Tirado y Tiama de Corralejas; Rafael Zúñiga de Los Pozos; Luis Enrique Martínez de Sitio Nuevo y Caminos Hacia el Desarrollo de Pondorito, Tunales y Boca del Monte.
Federico Giraldo cuestiona que “la consulta previa la han visto las empresas como un lugar de socialización del proyecto, tan solo de pasar unas imágenes para que las comunidades digan cuánto cuestan ciertas afectaciones pero no hay un diálogo intercultural. Acompañé una de las sesiones de la comunidad de El Tablazo y me di cuenta que hay una ausencia del Estado en garantizar los derechos de las comunidades étnicas. La empresa desconoce los saberes propios de las comunidades, entonces se impone el conocimiento técnico de la empresa”.
A pesar de los obstáculos y retrasos en los procesos de consulta previa, los consejos en su mayoría han dicho que sí al megaproyecto. El único que cerró la consulta sin acuerdo fue Wilmer Tirado de Corralejas, y aún falta la consulta con el consejo de Cañaverales, cuyos líderes han expresado no querer la intervención minera en su territorio.
- “El proceso de consulta fue muy difícil porque fue una pelea jurídica con la empresa BCC durante un año. Aunque es un derecho que tenemos como pueblos étnicos, fue desconocido en su momento y un fallo lo ordenó. En la comunidad tuvimos espacios donde cada persona dio su punto de vista y se transformó en colectivo. La decisión fue defender el territorio y proteger nuestra identidad cultural”, detalla Yulianis Tirado, representante legal del consejo comunitario Wilmer Tirado.
- “Es verdad que un proyecto minero trae consecuencias a nuestros territorios, eso lo tenemos claro, pero también nos trae desarrollo. Esto no quiere decir que les decimos a BCC tienen la puerta para que vengan a explotar pero tampoco le estamos diciendo que no pueden hacerlo. Eso no depende de nosotros sino de las autoridades ambientales dependiendo de los estudios”, dice Nelvis Aragón, presidenta del consejo comunitario de Conejo.
Los detalles
- La consulta previa es una instancia de debate y participación de la comunidad sobre asuntos que impactan en la explotación de sus recursos naturales y el gobierno nacional debe realizarla antes de tomar cualquier decisión.
- Los consejos de Gustavo Castro de El Tablazo, Wilmer Tirado de Corralejas y Cañaverales tuvieron que entutelar a BCC para que les reconocieran su derecho como sujetos étnicos a la consulta previa.
- Yildirim Holding es la casa matriz de la compañía Best Coal Company. Este conglomerado turco tiene inversiones en cuatro continentes y su diversidad de negocios está en la operación de puertos, producción de químicos y agroquímicos, y un sector fuerte de minería.
- En 2012, el Manantial de Cañaverales fue declarado Reserva Forestal Protectora por parte de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), por la riqueza de sus aguas subterráneas y el bosque tropical que lo rodea. Esto implica que debe conservarse y quedan prohibidas la exploración y la explotación minera.
En contexto
Aunque la discusión más álgida se ha centralizado últimamente en la comunidad de Cañaverales, el fantasma de la realización de un proyecto minero en este corregimiento se remonta al año 2009. En ese entonces la empresa CCX del grupo brasileño EBX del empresario Eike Batista, logra la concesión para explorar el potencial carbonífero de La Guajira. Se estimaba que existía una reserva de carbón con 110 millones de toneladas entre los municipios de Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar.
Para 2011, el proyecto minero de Eike Batista ya contaba con la licencia ambiental otorgada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Esto se dio en medio de una serie de protestas de las comunidades que reclaman no haber tenido información clara sobre el proyecto. Para obtener la consulta previa, los pueblos afro empiezan a autodeterminarse como consejos comunitarios y buscan el reconocimiento ante el Ministerio del Interior. En 2014, el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales, constituido en el 2010, fue reconocido por la Alcaldía de San Juan del Cesar a través de la Resolución 0532.
El freno final del proyecto minero fue la bancarrota de la compañía después de terminar involucrada en el escándalo de corrupción Lava Jato. El grupo empresarial turco Yildirim Holding compra en 2017 los títulos mineros y pierde la licencia ambiental al darse el cambio de razón social de MPX a BCC.
Lo que sigue: ¿es posible frenar el proyecto?
El Consejo de Cañaverales está a la espera de la respuesta del Ministerio del Interior sobre su solicitud de modificar la fecha de realización de la preconsulta que les había sido impuesta. De no realizarse la consulta previa en Cañaverales, el Ministerio aplicaría el test de proporcionalidad que permite ponderar si la restricción a los derechos fundamentales que generaría la mina a cielo abierto resulta equivalente a los beneficios que reporta, o si por el contrario, esta resulta desproporcionada al generar una afectación mucho mayor.
David Uribe, abogado del Programa Socioambiental de la Corporación Podion, añade que para solicitar la licencia ambiental debe culminar la consulta previa en acuerdo o desacuerdo. “No hay obligación que la empresa o el Estado acoja las solicitudes de la gente. Se tiene que demostrar que se tuvieron en cuenta o por qué criterios no, que hubo opción de diálogo, alternativas y se convocó a la gente. Si la gente no va o no quiere llegar a ningún acuerdo, se deja constancia de eso y se cierra la consulta previa”.
Jaime Álvarez puntualiza que desde BCC están dispuestos a que se dé el debate como lo hicieron con otras comunidades. “Entiendo que el Ministerio puede tomar acciones pero no quisiéramos que eso se diera en esos términos. Tampoco podemos poner en riesgo una inversión en un proyecto que sabemos que trae múltiples beneficios porque hay personas que quieren oponerse y no quieren facilitar el proceso de consulta, como está establecido en la ley”.
Mientras se definen las fechas con el Ministerio del Interior, el consejo Los Negros de Cañaverales está realizando asambleas amplias de discusión con toda la comunidad para divulgar la información y prepararse para las próximas reuniones. “Aunque muchas personas no lo crean, hay esperanzas no solamente en la fuerza y defensa que nosotros ejercemos sino a nivel internacional. Acá ha venido gente de Alemania, Inglaterra, Argentina, que tiene la visión de defender espacios para la vida”, dice Óscar Gámez, presidente del consejo de Cañaverales.
