El juez Ceilis Riveira Rodriguez también pidió a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior (Dancp) continuar con el proceso de consulta previa.
¿Por qué se pronunció el juzgado? Lo hizo en respuesta a un incidente de desacato interpuesto por el consejo comunitario de Los Negros de Cañaverales. En el documento, los líderes comunitarios aseguraban que el Ministerio del Interior y BCC estaban incumpliendo el fallo de tutela que el mismo juzgado había emitido en 2019, en el que se ordenaba respetar el derecho a la consulta previa.
¿Esto qué significa? El juez le dio la razón al consejo comunitario de Cañaverales, que ha insistido en la importancia de que se escuche la voz de la gente que habita en el área de influencia del proyecto. Además, concluyó que no se puede aplicar el test de proporcionalidad en este caso porque la comunidad ha demostrado su voluntad de concertación al solicitar en varias ocasiones una nueva reunión para el proceso de consulta previa.
Esto es importante porque ya no será un juez de la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado quienes deben sopesar los pros y los contras del proyecto, sino la comunidad étnica la encargada de poner sobre la mesa sus preocupaciones.
Que dice la comunidad: Los líderes del consejo comunitario celebraron la decisión. “Nosotros estamos visualizando otra forma de hacer una consulta previa. No como algo mercantil. Vemos la consulta como un espacio que nos permitirá demostrar que el proyecto es nefasto para la mayoría de comunidades que están cerca. Estamos haciendo historia”, dijo Óscar Gamez, presidente del consejo.
El consejo comunitario ha teñido varias reuniones con representantes del gobierno en las últimas semanas. La más reciente fue el 7 de septiembre con Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía, en el resguardo wayúu Tamaquito 2 de Barrancas. Le pidieron detener el proyecto minero y le propusieron ser la despensa agrícola de La Guajira también le pidieron que implemente una política minera enmarcada en el respeto por los pueblos y una mesa técnica permanente de diálogo de alto nivel entre la institucionalidad, autoridades locales y representantes de las comunidades étnicas y campesinas afectadas por la explotación minera en la media Guajira.
Vélez se comprometió a visitar Cañaverales en unos meses, pero no dio una fecha exacta, y dijo que desde el gobierno van a revisar los títulos mineros para crear un nuevo Código de Minas.
Lo que sigue: BCC deberá implementar el proceso de consulta previa con el consejo comunitario. De no lograrse este proceso, el documento explica que se tendrá que convocar una reunión con representantes del la gobernación de La Guajira, la alcaldía de San Juan del Cesar, la Personería municipal, y otras entidades como la Agencia Nacional de Minería y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para discutir los posibles impactos y facilitar la construcción del test de proporcionalidad que soportaría la decisión final.
Por su parte, el consejo comunitario asegura que seguirá defendiendo y exigiendo el cumplimiento de esta decisión ante los entes públicos. Además, solicitará un nuevo estudio de las implicaciones del proyecto, sobre todo a nivel hidrográfico, ante una entidad independiente.
