¿Qué dijo el Ministerio? En el recurso de apelación, el Ministerio aseguró que el proceso del test de proporcionalidad ya finalizó, por lo tanto es “imposible el cumplimiento de la orden” y, en esa medida, no se puede retomar la consulta previa. Es decir, que ya se surtieron todos los pasos y la ponderación de los efectos sociales, ambientales y económicos que tendría el proyecto minero se hizo con autoridades del orden nacional.
¿Esto qué significa? Para Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que acompaña al consejo comunitario Los Negros de Cañaverales, el recurso del Ministerio no tiene cabida. “El hecho de que el Ministerio haya presentado ese recurso indica que se está desconociendo la decisión judicial y a las comunidades cuando advierten que están dispuestas a realizar un proceso de consulta previa con las garantías suficientes para que participen de manera libre e informada”.
Al respecto, Federico Giraldo, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) que ha acompañado a la comunidad de Cañaverales, cuestiona la forma en la que se aplicó el test de proporcionalidad. “Ellos dicen que con las tres sesiones que tuvieron de test ya se cierra el procedimiento. Agregan que bajo su autonomía queda cerrado. No tienen que buscar que lo avale un juez”, explica Giraldo. “Las sesiones se hicieron algunas virtuales y participó en ocasiones la ANLA, la Alcaldía de San Juan y Personería, entre otras”, cuestiona.
¿Por qué no se hizo la consulta previa? Desde 2021, cuando la empresa BCC inició la consulta previa con los nueve consejos comunitarios, la comunidad de Cañaverales argumentó que ese proceso se estaba realizando sin la información que diera cuenta de los impactos que generaría la mina en la zona y la reserva del manantial. El consejo comunitario reclamó no tener suficiente información sobre el proyecto y recurrieron a una tutela para que se garantizara el acceso a esa documentación y poder iniciar la preconsulta.
En ese proceso, la empresa BCC sostuvo que no entregaría mayores detalles hasta que la comunidad no iniciara el proceso de consulta previa. Por su parte, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior aseguró que era necesario aplicar el test de proporcionalidad pues no había habido disposición para el diálogo por parte de las comunidades. Bajo ese argumento, el Ministerio decidió avanzar en aplicar el test de proporcionalidad, una herramienta para medir las afectaciones directas del proyecto. Sin embargo, el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha le dio la razón al consejo comunitario de Cañaverales en una sentencia a mediados de octubre y ordenó retomar el diálogo con los habitantes.
En Cañaverales se sorprendieron con la decisión: “Lo vemos con extrañeza, normalmente frente a una orden desacato no sigue ningún recurso. Es curioso que la entidad que debe ser garante del proceso de consulta previa se oponga. El comportamiento del Ministerio es contradictorio, por eso los invitamos a que permita el buen desarrollo de la consulta. Nosotros lo único que hemos exigido es que la consulta se haga en el marco del respeto, un proceso libre e informado. Estamos a la espera de la decisión del juzgado”, dice Óscar Gámez, líder del consejo comunitario Los Negros de Cañaverales.
Lo que sigue: Dentro de los próximos 30 días, la jueza Ceilis Riveira Rodríguez deberá pronunciarse ante el recurso de apelación, a partir del cual debe decidir si se mantiene en su sentencia inicial. Mientras tanto, las comunidades continuarán exigiendo que se garanticen sus derechos y llamando la atención del Gobierno nacional para que preste atención a las irregularidades que han denunciado. Por su parte, el Congreso de la República realizará una audiencia en Cañaverales el 26 de noviembre, para recoger propuestas y comentarios de los habitantes que permitan construir un nuevo Código de Minas en el país.
