El Instituto del Tránsito y Transporte Municipal (Instrafon) y la concesión Millenium Sistems SAS instalaban, de lunes a sábado, puestos de control en las salidas del municipio de Fonseca. Eran ubicados al norte y al sur del municipio: uno frente a la Institución Agrícola de Fonseca, en la salida hacia el municipio de Distracción; y el otro, al lado de la entrada principal de la sede de la Universidad de La Guajira, salida al municipio de Barrancas.

En estas zonas era común encontrar a cinco miembros encargados de la regulación del tránsito y una grúa para el transporte de los vehículos inmovilizados. Estos retenes se realizaban de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de las 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Sin embargo, desde el 6 junio, un día después de la visita fiscal de la Contraloría departamental a la sede del Instituto de Tránsito para indagar sobre presuntos manejos irregularidades de los recursos públicos, se suspendieron los retenes en estos dos puntos. No hay agentes de tránsito ni controladores de la empresa Millenium, concesión que se encarga de los comparendos en el municipio.

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¿Qué dice la gente?

Las denuncias por presuntos cobros irregulares fueron ganando fuerza en las últimas semanas luego de que el acordeonero Rolando Ochoa reclamara en sus redes sociales por dos comparendos impuestos por el Instituto de Tránsito de Fonseca por no tener el cinturón y otro por desacato a la autoridad.

Odilio Berty, quien transita frecuentemente entre Distracción y Fonseca, dice que es un alivio que no se hagan más cobros en las vías: “A veces uno viene de carrera a realizar una diligencia y le toca perder tiempo con ellos, así se tenga los documentos en regla o no. La finalidad de ellos es agarrarse de lo que sea para al final sacarte la plata, el tránsito es necesario pero que sea serio y cumpla con sus verdaderas funciones y no para robar o extorsionar a la gente”. 

Por su parte, el ingeniero y docente Hendris Brito Ortiz cuenta que lleva un mes esperando a que le resuelvan un comparendo injustificado. “Me aparece un comparendo por manejar sin licencia, lo cual comprobé que era falso en sus oficinas y esto ha sido una demora para que desmonten el comparendo de la base de datos. Me dicen que hoy, que mañana y en eso ya voy más de un mes. A Rolando Ochoa se lo desmontaron en 24 horas después que vieron el video en redes sociales, pero como no somos famosos no nos responden”, señala.

El rector de la Institución Agrícola, Alexánder Martínez Villazón, indica que el tener el punto de control cerca al plantel educativo generaba más violencia. “Es una tranquilidad para los alumnos, padres de familia y los profesores no tener ese reten al frente, esto estaba trayendo problemas de inseguridad y desorden a la entrada y salida de los estudiantes. Al detener los vehículos se formaban discusiones, se hacían trancones y era peligroso para toda la comunidad estudiantil”, dice. Debido a las constantes quejas interpuestas por Martínez Villazón, ante la Secretaría de Educación municipal, la Personería y la Secretaría de Gobierno, se habían retirado los operativos por un tiempo, pero al cabo de dos semanas volvieron a instalarse.

A esto se suman las denuncias de conductores por presuntas inmovilizaciones arbitrarias. “Me tocó darles $ 150.000 después que me quitaran la moto en un retén ilegal a la salida del municipio de Fonseca a Distracción. Necesito mi moto para ir al trabajo y para fortuna de ellos tenía ese día dinero, pero qué queda para quienes no pueden pagar esta extorsión”, cuestiona Mónica Bravo, habitante de Fonseca.

“Yo ando en la vía y es penoso lo que uno tiene que ver cuando los del tránsito le quitan la moto a los campesinos que vienen al pueblo a mercar o a realizar vueltas personales en unas motos viejas. Más vale el comparendo que la moto, a uno le da rabia y hasta impotencia de ver cómo los humillan y les sacan plata”, recalca Fadrith Torres, empleado de una cooperativa financiera.

Consonante contactó al Instituto de Tránsito para conocer los detalles de la visita de la Contraloría y de las quejas de la comunidad por los operativos, pero no se recibió respuesta.

Lo que sigue

Se espera que en los próximos días la Contraloría departamental de La Guajira, a cargo de Bienvenido Mejía, se pronuncie sobre los hallazgos en la visita a las oficinas del Instituto de Tránsito de Fonseca y que se dé respuesta a los afectados por presuntas irregularidades en los puestos de control. El 30 de junio la Contraloría departamental realizará una audiencia virtual de rendición de cuentas.

Ha pasado un mes y medio desde que 14 dueños de hoteles y 11 de restaurantes hospedaron y alimentaron a alrededor de 400 bailarines que se congregaron en Tadó del 28 al 30 de abril para participar en el festival de la Jotatón. Sin embargo, en todo este tiempo los comerciantes no han recibido los pagos por los servicios prestados, que ascienden a 45 millones de pesos, lo que está afectando gravemente su economía. 

Según Beatriz Garcés, directora del Grupo La Platina y organizadora de la Jotatón, los pagos eran responsabilidad de la Alcaldía y de la Gobernación. “Asistí a varias reuniones con el Consejo Departamental de Danza y la Secretaría de Cultura donde se acordó realizar el encuentro departamental de danza la Jotatón en Tadó. La gestión de los recursos presentó fallas desde su ejecución pues no daban los tiempos, por eso se acordó realizar un convenio entre la Alcaldía y la Gobernación para que el proceso fuera más rápido. Los acuerdos estaban claros en las responsabilidades y la Secretaría de Cultura gestionaba a través de Gobernación”, dice.

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El pago de los comerciantes quedó en medio del cambio de Gobernador tras la suspensión de Ariel Palacios por presuntas irregularidades en un contrato. Farlin Perea fue designada como gobernadora encargada el 2 de enero de este año y dejó como secretaría de Cultura a Aura Violeta Castillo, quien adelantó las conversaciones para la realización de la Jotatón.

Palacios y su secretario de Cultura, Hedrix Gutiérrez, se reintegraron en los cargos en junio de este año. Sin embargo, Gutiérrez indica que no fue informado sobre la deuda durante el proceso de empalme. 

¿Qué dicen los comerciantes?

Los comerciantes afirman que con el evento pretendían impulsar el crecimiento de la economía y, ahora, ante la falta de pagos se han visto perjudicados y asumiendo deudas cada uno de hasta 4,8 millones de pesos.

Marco Alexis Moreno Murillo, dueño del Hostal Villa Rome, es uno de los comerciantes que prestó sus servicios al evento hospedando personal en su hotel. “Me vinculé a este proceso a través del director del Instituto de Deportes y Recreación de la Alcaldía y hospedé a 38 personas durante dos días, cobrando 40.000 pesos por habitación, lo que arrojó un total de 3.040.000 pesos. El hecho de no recibir el pago oportuno me genera dificultad en el cumplimiento de los contratos laborales y deudas con los proveedores de insumos para el aseo, así como también con los trabajadores que contraté para atender al personal”, dice.

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Leidy Mosquera Giraldo, propietaria del Centro Recreacional San Antonio, también hace parte de los comerciantes que esperan el pago de sus servicios. “Atendimos a 61 personas y cobramos 40.000 pesos por persona para un total de 4.800.000 pesos. Acá recibimos a las delegaciones de Valle del Cauca, Lloró, Medellín y Bogotá”, señala.

“Nosotros solo suministramos el alojamiento porque ellos nos confirmaron la alimentación un día antes, a las 9 de la noche, y sin ningún anticipo por lo cual no nos comprometimos a suministrar alimentos. Terminado el evento solicité el pago y me enteré que eso estaba embolatado”, agrega.

“Tuvimos que invertir lo poco que teníamos porque había que comprar elementos de aseo y pagarles a los empleados. Teníamos una expectativa muy grande con este evento, nos tenían que pagar por anticipado y estamos en la incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, lo cual nos hace suponer que los recursos están perdidos”, puntualiza Giraldo. 

Otro comerciante, quien pidió no revelar su nombre, indica que tiene una deuda superior a los 4 millones de pesos. “Suministré 52 desayunos, 52 almuerzos y 52 cenas por los días del evento, donde me quedaron debiendo 3.660.000 pesos. Yo tenía la expectativa de ganarme unos pesitos con este evento, pero mire. Estoy debiendo 4.700.000 pesos porque pedí prestado dinero a interés para poder suministrar esos alimentos”. Y agrega que con la Alcaldía no se hizo cuenta de cobro, ni compromiso firmado y que le dijeron que una vez terminaran el evento inmediatamente pagarían la plata.

Por su parte, Beatriz Garcés, coordinadora de la Jotatón, advierte que está preocupada con la situación porque fue ella quien habló con los comerciantes con la esperanza de que la Gobernación y la Alcaldía cumplirían con todos los compromisos monetarios.

“El impacto por el incumplimiento es muy grande y negativo, ya que la mayoría de la personas, especialmente los de los restaurantes, prestaron plata a interés para cumplir con el compromiso. Es desesperante para ellos y muy incómodo para nosotros no poder resolver esa situación. A diario se reciben mensajes, llamadas y visitas y no sabemos qué responder”, asegura.

¿Qué dice la Gobernación?

Hedrix Gutiérrez, secretario de Cultura del Chocó, advierte que la responsabilidad está en manos de la Alcaldía porque no ha entregado el informe de los pagos pendientes. “La Alcaldía de Tadó debe entregar el informe para poder pagar estos recursos. No se ha cancelado porque la Alcaldía no ha entregado lo que corresponde (...) La Platina está cobrando pero no han entregado los soportes a la Alcaldía”. 

Gutiérrez agrega que una vez reciban los documentos del convenio y los soportes de las deudas, se hará la resolución de pagos y las cancelaciones.

“No es posible proceder al pago de una deuda que no está soportada. La secretaria Aura Violeta Castillo que fue la que hizo el convenio y quien organizó todo nunca me hizo empalme de eso. Es más, nunca se ha acercado a la Secretaría a informar o a entregar o a decir que dejó (...) No sé en qué etapa dejó el proceso”, dice.

Por su parte, Consonante intentó comunicarse con la Secretaría de Cultura de Tadó para que informaran sobre la demoras en los pagos e información del convenio y no fue posible.

Lo que sigue

Desde la coordinación del evento, a cargo de Beatriz Garcés, están organizando toda la documentación y soportes para llevarlos a la Secretaría de Cultura Departamental de tal manera que ellos revisen y avalen el pago de los comerciantes que están a la espera

El domingo, 11 de junio, se reanudó el servicio de buses de las empresas Flota Occidental y Arauca que cubren las rutas de transporte entre los departamentos de Chocó y Risaralda.

El servicio se había suspendido tras la quema de tres vehículos, el 19 y 25 de mayo, por parte de la estructura ‘Cacique Calarcá’ del Eln por el no pago de extorsiones. La situación afectaba a cerca de 350 pasajeros que a diario viajan por esa zona.

La Flota Occidental cubre las rutas Medellín, Quibdó, Istmina, y Condoto; y Arauca las zonas de Pereira, Manizales, Bogotá, Cali y Buenaventura. Los vehículos que ahora transitan por la vía Quibdó – Pereira ahora son escoltados por el Ejército Nacional con el fin de brindar seguridad.

¿Qué dice la gente?

Aunque las autoridades y las empresas han manifestado que se cuenta con los protocolos de seguridad para poder transitar por la vía, la comunidad advierte que sigue el miedo.

Elvis Mosquera, de 26 años, dice que aunque hay presencia del Ejército en la zona se siente inseguro de tomar esas rutas: “Escoltar los buses no es la solución, siempre va existir un riesgo inminente y esos grupos al margen de la ley pueden tomar represalia en algún momento. Ellos tienen unas exigencias y las empresas optaron la medida de proteger los pasajeros con el Ejército, pero considero que la principal salida para este problema sería el diálogo”.

“El Gobierno debe evaluar las medidas tomadas y si no están funcionando debe tomar otras más fuertes”, agrega.

Otra comerciante, quien hace uso frecuente de esta ruta, pero por seguridad pidió reservar su identidad, dice que también ha viajado con miedo:  “Uno va en esos buses porque no hay de otra, sabemos que el grupo que hay en la zona tiene mucho poder y que no come cuento de la ley. Cuando uno se sube a esos buses no sabe ni a qué santo rezarle, viajamos asustados y solo tenemos tranquilidad cuando llegamos a nuestras casas”.

“Muchos sentimos temor porque si al andar solos pasó eso, ahora escoltados no sabemos qué represalias puedan tomar. Es una forma de apaciguar la situación, pero debería de estar militarizada totalmente la carretera y no escoltados”, agrega otra habitante de Tadó, quien pidió no revela su nombre.

¿Qué dicen las autoridades?

Yirson Ledezma, Personero de Tadó, señala que se necesitaba reanudar el servicio y dar una solución temprana. “La medida tomada de escoltar los buses parcialmente fue buena debido a que necesitábamos transportar a los pasajeros, pero no se garantiza a largo tiempo porque el Ejército no tendría como sostenerla”, dice.

“Esperamos tener tranquilidad en esta vía y que se materialicen pronto los diálogos de paz, somos muchos los afectados con estos actos de violencia”, puntualiza.

El coronel del Ejército en Tadó, Diego Molina, indica que se ha reforzado el pie de fuerza en la zona con cerca de 350 hombres y que se seguirá garantizando la seguridad a las empresas de transporte. “Estamos haciendo caravanas, acompañamiento a los buses y haciendo presencia sobre la vía desde la semana pasada”, dice.

“Las empresas aceptaron con el compromiso de que el Ejército y la Policía estuvieran en la zona. Hacemos seguimiento a todos los vehículos que transitan por ahí”, asevera.

Lo que sigue

Esta vía es la principal puerta de ingreso para pasajeros y el transporte de carga. Tanto el coronel del Ejército en Tadó, Diego Molina; el comandante de la Policía, Mayor Alejandro Uribe; y la secretaria de Gobierno, Yuccy Samira Asprilla informaron que se mantendrá el pie de fuerza en los puntos críticos de la vía para poder garantizar la seguridad.

Lea el especial completo haciendo clic aquí: Las huellas de la gran estafa detrás del barrio Cristo Rey

Después de más de un año y medio en obras fue inaugurada la Casa Social de la Mujer de Tadó Margareth Cristal, nombre que hace referencia a la hija de la gestora social y primera dama, Sandra Perea.

En el espacio se encuentra funcionando el restaurante donde venden desayunos y almuerzos, y el área de belleza, donde se realizan manicure, pedicure y peinados. Sin embargo, algunas mujeres cuestionan que no se les ha dado participación a todas las que se capacitaron por Asodamas y que unas 90 emprendedoras quedaron por fuera del proyecto.

Las obras de la casa empezaron en noviembre de 2021 y aunque se había planteado que para agosto del año pasado ya estaría terminada, la fecha se fue corriendo durante varios meses.

¿Qué dicen las mujeres?

Luz Daira Hinestrosa Rengifo, participante del proyecto, dice que se siente agradecida por poder aportar sus conocimientos y tener un ingreso. “Este emprendimiento es para las mujeres del municipio y nos sirve para darle a conocer a la gente las capacidades de nosotras. La visión de esta casa es poder involucrar a las mujeres que quieran compartir sus habilidades, si saben peinar o de manicure pueden venir a implementar esto en la Casa de la Mujer. No es solamente para quienes hicimos el curso, sino de todas aquellas que tengan la capacidad de trabajar y de emprender y podamos crecer. Esto es para el público”.

Luz Daira agrega que con este espacio tienen la oportunidad de trabajar y generar su propio salario. “Nosotras dejamos el 20 por ciento que es para cubrir los implementos que se necesitan y que vamos gastando y con el resto podemos ir organizando nuestro dinero. Debemos aprender a ahorrar y no malgastar lo que trabajamos”.

“Me siento bien, la verdad que me han acogido muy bien y yo veo muchas capacidades aquí entre las niñas que están atendiendo. Invito a la gente a que se acerquen, la verdad se le ve bastante armonía y mucha responsabilidad al cambio”, dijo por su parte una mujer que se estaba arreglando las uñas en el centro.

Sin embargo, hay algunas mujeres que dicen que a pesar de haber estado en las capacitaciones no están en los programas. Cleris Yasiris Perea, quien hizo parte de la junta administrativa como tesorera, dice que no la invitaron a la inauguración y que desconoce los avances del proyecto. “Tenía muchas expectativas, pero ahora estoy disgustada porque siendo parte de la junta administrativa de la Casa de la Mujer no nos han tenido en cuenta para nada. Recibimos unas capacitaciones por Asodamas pero no nos invitaron a la inauguración, prácticamente están son mujeres del gabinete de la primera dama y no al grupo de quienes hicimos parte de este proceso”.

“Mi sueño es poder ayudar a las mujeres y organizar bien los emprendimientos de las mujeres. Como tesorera yo debía estar recibiendo lo que llegaba y ver si estaba lo que solicitamos. El llamado de la primera dama no fue el esperado, no sabemos qué va a pasar y faltó mucha transparencia en el proceso”, agrega Cleris.

Sandra Perea (homónima de la primera dama), representante legal de la Casa Social de la Mujer, cuenta que como ella unas 90 mujeres que llegaron hasta el final de las capacitaciones no hacen parte del programa de belleza ni de gastronomía. “Recibimos mucho conocimiento y nos dijeron que todas las mujeres asociadas y legalizadas en Cámara y Comercio impartirían el conocimiento en la Casa de la Mujer. Mi grupo fue capacitado en belleza y mejoramiento de vida integral, moda y reciclaje, pero hoy no quieren que estemos todas”.

“La invitación tenía que ser de manera formal y no por la página, no todas tenemos internet. Se habla de convocatorias que no existieron”, agrega.  

Otra mujer que pidió no ser identificada indicó que esperaba que la Casa de la Mujer sirviera para “hacer reuniones, y actividades, pero no quedó el espacio". También asegura que no fue invitada: “La inauguración no fue para todas, fueron unas elegidas. La Casa de la Mujer no puede ser un negocio, no puede ser que solo estén beneficiadas unas personas cuando invirtieron tantos millones”.

¿Qué dicen las autoridades?

La gestora social y primera dama, Sandra Patricia Perea, indica que la invitación fue abierta para todas las mujeres del municipio, tanto de la zona rural como urbana. “La convocatoria se hizo por todos los medios radiales, redes sociales, perifoneo por las diferentes calles del municipio y en la zona rural por donde había acceso”. Y ante las quejas de las mujeres advierte que muchas de las que están “son las que se capacitaron. De hecho, las que están en restaurante fueron de las que están en la Cámara de Comercio”.

La gestora Sandra Perea señala que el centro se construyó con el objetivo de generar ingresos y empleo para las mujeres y que la sostenibilidad de la casa a nivel de infraestructura estará a cargo de la administración municipal, pero los emprendimientos estarán a cargo de las mujeres. “Ya tienen el capital semilla, las planchas, los secadores, entre otros materiales. Ellas del trabajo que hacen van guardando el 20 por ciento para los insumos y para ir comprando los elementos. Las emprendedoras no pagan nada para la sostenibilidad de la casa”.

Y agrega que para aquellas mujeres de tercera edad se está pensando en espacios de recreación: “Es verdad que muchas mujeres ya no están en la edad de producir si no de descanso, pero si bien la Casa de la Mujer no es para ellas, vamos a generar espacios deportivos y recreativos donde ellas puedan participar como adultos mayores”.

Sin embargo, la gestora social reconoce que se deben incluir a más mujeres en la convocatoria: “Sabemos que hay muchas mujeres que en sus casas venden salchipapas, palitos y otras comidas y desde la administración municipal debemos tener un proyecto para que a ellas se les facilite su labor”.

Lo que sigue

Algunas mujeres piden que se amplíen las convocatorias para estar vinculadas a la Casa de Mujer y que no se destaquen solo los proyectos de gastronomía y belleza. Entre estos, que se apoyen los programas de la huerta casera, el salón de memoria histórica, la venta de artesanías con material reciclable y que se realicen otras actividades de recreación.

A su vez, solicitan a la administración municipal que presente un informe del total de recursos invertidos en el proyecto y un inventario de los implementos entregados.

Varias familias de San Juan del Cesar y Fonseca, en la Guajira, que tenían la esperanza de recibir el pago de renta ciudadana se encuentran hoy en una espera indefinida. Este dinero era necesario para suplir algunas de las necesidades básicas de sus hogares, como la alimentación, útiles escolares de los niños, uniformes, zapatos y el pago de servicios públicos.

Aunque el gobierno de Gustavo Petro anunció que la renta ciudadana, con el tránsito de familias en acción e ingreso solidario, empezaría su primera entrega en mayo, muchas personas en situación de pobreza siguen fuera del programa, principalmente por fallas en la actualización de las bases de datos del Sisbén. La situación preocupa porque las inscripciones fueron suspendidas por el Departamento de Prosperidad Social, según advirtieron, para “evitar el posible aprovechamiento electoral de esta iniciativa”.

(Renta ciudadana: cómo funciona este nuevo subsidio y por qué está retrasado)

Cinco familias en Fonseca y San Juan del Cesar cuentan cómo se han visto afectadas por el no pago de este subsidio:

“Necesito el dinero para comprar los útiles escolares”

En la lista de la nueva renta ciudadana hay quienes salieron beneficiados y no han podido cobrar el incentivo por inconvenientes en el Sisbén. Este es el caso de Carmen Brito, quien vive en el barrio Villa Hermosa. Aunque aparece en el listado de las personas que debían recibir el primer pago de renta ciudadana que se vería efectuado en el mes de mayo, hasta el momento no ha sido así porque en la página del Sisbén aparece como suspendida. En varias ocasiones ha intentado acercarse a la oficina y no ha logrado que le den respuesta.

“En este pago el sistema me refleja que estoy suspendida y no pude recibir la ayuda. Mi madre me comunicó que me acercara a la Alcaldía municipal, inmediatamente fui, en ese proceso estuve tres días consecutivos tratando de hacer el arreglo que me pedían, se suponía que debía ser un nuevo censo y tendría que contestar palabras exactas porque había una inconsistencia y ese proceso es muy demorado”, cuenta.

En la oficina del Sisbén de Fonseca solo están atendiendo a 30 personas al día, con pico y cédula de lunes a jueves, los viernes no atienden. Carmen no pudo seguir yendo porque cuando llegaba, todos los cupos ya estaban ocupados y su tiempo era limitado. 

Carmen es ama de casa, tiene 36 años y vive con su esposo Jorge Luis Romero y sus dos hijos (un niño de nueve años y una niña de 12 años, ambos estudiantes de básica primaria y bachillerato). Además, tiene a su cargo una sobrina de 19 años que se encuentra estudiando en el Sena y está con ellos desde hace más de 6 años. El sustento de este hogar en este momento está a cargo del esposo quién trabaja en una ferretería y gana un salario mínimo mensual.

“Mi esposo es el que trabaja como bodeguero en una ferretería. Él es el que lleva la carga de todas las necesidades de la casa y también recogemos chatarra, con eso solventamos un poco la situación. Yo no trabajo y estoy estudiando para tener acceso al campo laboral y poder ayudar en las cosas del hogar”, relata Carmen Brito.

Los gastos que tiene está familia son de $1.500.000 aproximadamente, con los que deben pagar los servicios públicos, la alimentación, los útiles escolares, el transporte, los medicamentos que necesitan y demás gastos que surgen.

El no recibir el subsidio de renta ciudadana les está limitando muchas cosas. Con el incentivo que recibían de familias en acción lograban solventar algunas de las necesidades del hogar y además servía de motivación para sus hijos.

"Era de gran ayuda porque los niños estudian y constantemente deben llevar materiales de estudios, la merienda y sus cosas personales. Con eso motivaba a mis niños a estudiar y a que sacarán buenas calificaciones, como les pagaban por ser estudiantes y había momentos en los que ellos se me ponían perezosos, yo les decía: ‘Pilas que poco les llega la ayuda’. De momento les ha hecho bastante falta el subsidio", manifiesta Carmen.

Carmen cuenta que quiere seguir estudiando con el fin de conseguir un buen trabajo y no depender de los subsidios. "Estoy estudiando para no tener que depender de los subsidios del gobierno, esa es la mejor herramienta que tengo para poder solventar las necesidades del hogar y ayudar a mi esposo porque ese sueldo mínimo no alcanza para todas las necesidades que tenemos en el hogar", dice.

“El dinero me servía para comprarles a mis hijas lo que necesitaban”

Uno de los casos es el de Julieth Restrepo, de 32 años de edad, quien vive en el barrio Villa Luz, en Fonseca. Julieth tiene dos niñas, de 10 y 9 años, que se encuentran cursando los grados quinto y segundo de primaria. Hasta el año pasado esta familia recibía el pago de familias en acción y como el pago del subsidio iba variando dependiendo la edad de sus hijas el monto que les llegaba cada dos meses daba un total de $84.800. Normalmente usaba este incentivo para comprarle los zapatos del colegio, útiles escolares y los materiales que les  hiciera falta.

Julieth estaba esperando para el mes de febrero el primer pago de familias en acción para este año, sin saber que había una transición del programa y que a finales del año pasado debía de haber realizado una nueva inscripción.

"Me cayó como un balde de agua fría. Desde febrero estaba esperando los pagos y nada. Cuando me dicen es que eso cambió, que ahora es renta ciudadana, que debía buscarme en una lista y al ver que no salí, pregunté y me enteré que me sacaron", cuenta.

Julieth es madre soltera y actualmente está desempleada. En su casa normalmente los gastos son de  700.000 pesos mensuales, debe pagar con esto arriendo, alimentación, útiles escolares y los gastos que sus niñas requieran. Como no está trabajando recibe ayuda del papá de las niñas y de su familia. "No estoy trabajando, el sustento que tengo hoy en día es el apoyo de mi familia, ellos me colaboran", dice.

Ella también ha tenido que optar por buscar otra manera de tener ingresos, haciendo manualidades, carteleras y trabajos que los padres de los compañeros de clases de sus hijas le encargan. "Yo hago trabajos manuales del colegio de mis hijas, algunos padres que no tienen el tiempo o que no saben y yo ahí me rebusco".

El incentivo que les llegaba cada dos meses era de gran ayuda para su hogar para brindarle a su hijas todo lo que necesitaban. "El dinero que recibía me servía para comprarle todo lo que ellas necesitaban, era una ayuda que usaba solo para eso y que ahora hace falta", agrega.

"El dinero lo estaba usando para la comida y medicamentos"

En Guayacanal, un corregimiento de San Juan del Cesar, vive Verónica Bolaño de 24 años. Ella recibió el subsidio de ingreso solidario hasta diciembre del año pasado y aunque su hijo, de 3 años, salió focalizado en familias en acción no recibió ningún pago en la primera entrega

Verónica cuenta que en el Sisbén le sale una franja roja que significa que hay alguna inconsistencia y que debe ser corregida. En varias oportunidades se ha acercado a la oficina del Sisbén en la alcaldía municipal de San Juan del Cesar, pero no le han dado solución.

“Allá dicen que tengo que esperar a que vengan al lugar donde vivo porque ellos lo tenían que hacer aquí en el corregimiento, algo que no entiendo. En la página del Sisbén dice que uno se tiene que acercar a la Alcaldía y uno va allá y no. Me eché cuatro viajes a la Alcaldía", relata Verónica Bolaño.

Veronica vive con su hijo de tres años de edad y no tiene trabajo. Ambos dependen económicamente del padre del niño que les entrega $250.000 todos los meses. Sin embargo, Verónica cuenta que necesita al menos $500.000 para cubrir los gastos de ambos.  Ella utilizaba los $400.000 que recibía de ingreso solidario, para ayudarse con la alimentación, medicamentos en caso de alguna enfermedad o virus, ropa, elementos de aseo personal y el pago de los servicios públicos.

“Me siento afectada. Con ese subsidio uno solventa muchas cosas. Yo no estoy trabajando y con mi hijo tengo muchos gastos. Ahora que se está enfermando por las lluvias no tengo ni para los medicamentos”, dice. 

"Estoy desempleada y a veces me piden cosas del colegio de los niños y no tengo"

En una situación similar se encuentra Dayerlis Ariño del barrio Cristo Rey, en Conejo. Tiene 31 años y es madre soltera de cuatro niños, pero solo vive con tres de ellos. Dayerlis recibió hasta diciembre del año pasado el Ingreso Solidario y para este año salió focalizada en Familias en Acción, pero debe esperar a que se habrán inscripciones para el nuevo programa.  “Fui seleccionada para Familias en Acción pero no estoy recibiendo nada. Tengo que esperar que abran las inscripciones. He ido al Sisbén y allá lo que me dicen es que el Ingreso Solidario no va más”, cuenta.  

Dayerlis tiene en su hogar unos gastos aproximados de $600.000 que incluyen el pago del  arriendo, el servicio de la luz, el costo del cilindro de gas, los gastos escolares de sus tres hijos y la alimentación familiar. “Estoy desempleada, me ayuda en ocasiones un tío. O yo me rebuscó vendiendo fritos, vendo cosas en la calle y a veces en Fonseca trabajo por días, con eso me reúno para pagar el arriendo”.

Los $400.000 que recibía Dayerlis del ingreso solidario los usaba para comprar alimentos. "Estoy triste porque con ese dinero me ayudaba para cubrir muchas cosas. Yo soy mamá de tres hijos y con eso tapaba varios huequitos, pero ahora nada".

"Necesito el dinero para sobrevivir, ayudarme con la comida y pagar algunos servicios"

En el barrio La Victoria, en San Juan del Cesar, vive Luz Celeth Granadillo, de 53 años de edad. Recibió el ingreso solidario durante dos años, con pagos que iniciaron de $160.000 y con el tiempo aumentaron a $400.000 hasta diciembre del año pasado.

Luz Celeth es madre de tres hijos, pero solo vive con una: su hija Juana Plata, de 28 años de edad, quien estuvo internada en una clínica de rehabilitación por problemas psicológicos y debe hacerse cargo de ella. Luz Celeth tiene que solucionar el sustento diario de la casa vendiendo chichas y, en ocasiones, una de sus hijas le ayuda con la comida.

"Me ayudo haciendo chichas. Un conocido me dijo que en la tienda donde él trabaja necesitaban alguien que hiciera chichas y ahí me entra algo. Pero ahora mismo no estoy haciendo eso porque ese puesto era de otra chica, pero ella estuvo enferma y ahora ya retornó. Mi otra hija me da en ocasiones la comida, ella depende de su esposo", relata Luz Celeth Granadillo.

El dejar de recibir el ingreso solidario ha dificultado en cierta manera su sustento diario. "Me operaron de la tiroides, tenía unos nódulos, pero no quede bien. Hay días en los que siento mucha dolencias. Ahora mismo no se cómo voy hacer porque tengo una deuda de luz y están que la cortan, yo soy una señora mayor, mis hijos me ayudan pero ellos tienen sus hogares y necesito bastante ese beneficio", cuenta Luz Celeth.

Inscripciones suspendidas

Por ahora no hay una pronta solución para estas familias. En un comunicado emitido por Prosperidad Social se dio a conocer la suspensión de las inscripciones para evitar el aprovechamiento electoral.

"En ese proceso de la renta ciudadana que es la fase 4, había salido un listado para iniciar inscripciones el 12 de mayo pero por temas electorales las aplazaron, no logramos ni iniciar. Entonces todas esas personas que tengan esos inconvenientes con franja roja deben subsanar esa situación antes de septiembre porque el listado de focalización lo hacen antes de que inicien las inscripciones y estarían iniciando en noviembre", relata José Maria Cabana, enlace municipal de Familias en Acción en San Juan del Cesar.

Las rutas de transporte entre los departamentos de Chocó y Risaralda, que coordinan las empresas  Flota Occidental y Arauca, llevan nueve días suspendidas afectando a cerca de 350 pasajeros que a diario viajan a estas zonas.

Las empresas de transporte decidieron suspender las rutas por falta de garantías en seguridad. Lo anterior, luego de que el 19 y 25 de mayo del año en curso fueran incinerados tres buses de la empresa Flota Occidental, por parte de la estructura ‘Cacique Calarcá’ del Eln, en el sector de Bochoromá y en inmediaciones de los corregimientos de Angostura y Playa de Oro, en el municipio de Tadó. 

La Flota Occidental cubre las rutas Medellín, Quibdó, Istmina, y Condoto; y Arauca las zonas de Pereira, Manizales, Bogotá, Cali y Buenaventura. 

La suspensión de las rutas de transporte ha generado preocupación en los viajeros ya que no cuentan con el servicio de estas dos empresas y han tenido que recurrir al servicio de vehículos particulares, como mototaxis, que los conduce al corregimiento de Santa Cecilia, en Risaralda. Por este trayecto, las personas deben pagar un aproximado de 30.000 a 50.000 pesos, allí tienen que coger otro vehículo que los conduzca hacia el municipio de Pueblo Rico, en el mismo departamento, para poder viajar al interior del país. Es decir, para trasladarse de Tadó a Pereira se pueden estar gastando aproximadamente entre 100.000 a 150.000 pesos, mientras que en la Flota Occidental y Arauca el pasaje costaba 50.000 pesos.

Las afectaciones de los viajeros

Por estos días hay incertidumbre, tanto para las personas que residen en el departamento del Chocó como para las que residen en las demás ciudades. Uno de los casos es el de Walter Antonio Mosquera, quien desde hace más de 20 años vive en la ciudad de Pereira y por estos días buscaba llegar a Tadó. “He pasado muchas dificultades para viajar, toca seguir esperando hasta que puedan resolver esta situación o me tocará dar la vuelta por Medellín y luego hacia Quibdó, y ahí dirigirme a Tadó. Así se multiplican los costos entre pasajes y comida. Es muy duro porque el que no tenga para esos gastos adicionales pasa mucho trabajo en todos los sentidos y no se sabe cuándo podrán habilitar la vía”, resalta Mosquera.

Por su parte Francisco Antonio Asprilla, veedor del municipio de Tadó, señala que es necesario adelantar consejos de seguridad para que las empresas de transporte sigan operando. “Veo que se necesita voluntad de diálogo y consejos de seguridad para garantizar que las empresas envíen sus buses, y en eso deben intervenir el alcalde de Pueblo Rico, la Gobernación y la alcaldía de Tadó. Los mandatarios como andan en sus vehículos particulares no les importa la suerte de los demás”, indica.

Asprilla cuenta que regularmente viaja a Pereira, pero que en este momento siente temor en el tramo Tadó- Santa Cecilia porque aunque existen algunos sitios con presencia de la Fuerza Pública, hay otros espacios peligrosos.

A su vez Luis Alfonso Murillo Moreno, líder ciudadano del municipio de Tadó, manifestó que es necesario adelantar un diálogo y atender pronto una solución. “Pienso con profunda preocupación la situación del municipio de Tadó, siendo la puerta de oro del departamento del Chocó está encerrado por una tarea muy sencilla: aquí tenemos gobernador, tenemos alcalde, y entonces ellos por qué no han salido a tratar de mediar esta situación. Esto es preocupante y triste”, puntualiza. 

¿Qué dicen las autoridades?

El coronel del Ejército en Tadó, Diego Molina, indica que han reforzado el pie de fuerza en la vía entre Tadó y Guarato. “En este momento hay 350 hombres en la zona. Estamos aumentando la presencia en la vía y a las empresas les estamos garantizando acompañamiento y estamos esperando una decisión”, indica.

Molina asegura que el Ejército ha propuesto a las empresas “establecer unos horarios específicos para hacer el acompañamiento en detalle todos los días a las rutas”.

La estructura ‘Cacique Calarcá’, del Eln, se atribuyó los ataques: “Nuestro frente está adelantando y seguirá adelantando acciones militares y de control territorial y es por lo cual que queremos que estos gremios están censados en nuestras líneas económicas y se movilicen de manera segura y porten código”, dijo en un comunicado. Ante esto, el Ejército informa que conocen de las denuncias y amenazas del Eln a las empresas por no pagar las extorsiones y que “van a seguir incentivando las maneras de control. No vamos a permitir que el Eln tenga el dominio del terreno o de la carretera, hace dos años no ocurría la quema de un bus”.

Yirson Marino Ledezma Martínez, personero del municipio de Tadó, cuenta que aunque han participado en consejos de seguridad y reuniones urgentes hasta ahora no hay una solución. “En las reuniones lo único que se ha generado son más dudas y más incertidumbre. He tomado la decisión de reiterar un oficio enviado al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Transporte para poner en conocimiento esta situación. Pedimos que le presten atención al tema de esa vía, porque los buses quemados, la activación de artefactos explosivos y de minas antipersonal son un mensaje claro de que hay presencia de grupos al margen que no se han podido neutralizar”, enfatiza.

“La Fuerza Pública no ha controlado ese corredor, no es normal que suceda de manera simultánea unos hechos de activación de minas antipersonal y posteriormente una quema de buses. Recientemente se han presentado hechos que ponen en riesgo esa tranquilidad en el tránsito de las personas”, recalca.

¿Qué dicen las empresas de transporte?

Héctor Fabio Artunduaga, gerente de la Terminal de Transportes de Pereira, indicó que la suspensión de la ruta se mantiene debido a que “no se cuentan con las garantías de seguridad suficientes para hacer el recorrido”. “El Terminal de Transporte abanderó una reunión con el secretario de Gobierno departamental, el comandante de la Policía, el comandante del batallón de Risaralda y no se ha levantado la restricción, sigue inhabilitado para las empresas ese recorrido porque no hay seguridad, no se sabe hasta cuándo. También se debe adelantar una reunión con el comandante de la brigada y del Ejército del Chocó para ver qué medidas se van a tomar”, señala.

Artunduaga puntualiza que lo más grave es que las amenazas y los panfletos continúan y por eso las empresas pararon. “No sabemos claro qué grupo es, pero sabemos que salieron hombres armados, bajaron los pasajeros y al conductor e incineraron los vehículos. En las dos ocasiones fue igual”, recalca.

La oficina de transporte Flota Occidental de Tadó informan que seguirá suspendido el servicio hasta nueva orden.

Lo que sigue

Ante esta situación los habitantes del municipio de Tadó esperan que se les brinde una mayor seguridad a las empresas Flota Occidental y Arauca, para que así ellos puedan volver a ofrecer sus servicios para poder viajar con tranquilidad hacia sus respectivas rutas.

Falta de medicamentos para pacientes con hipertensión y diabetes, y demoras en la asignación de citas para pediatría, psiquiatría, citologías, entre otras especialidades, son las principales quejas de los usuarios de las EPS en Tadó sobre la atención en salud.

Los reclamos fueron escuchados en una jornada de la Superintendencia de Salud (Supersalud), el 15 de mayo, donde se registraron las principales quejas. Una de las mayores preocupaciones sigue siendo la demora en la entrega de medicamentos: en el municipio hay 2.600 solicitudes pendientes, según reporta Michael Córdoba Palacios, coordinador de salud de la alcaldía de Tadó.

“Se constató a través de la Supersalud que hay 2.600 solicitudes pendientes de medicamentos que no han sido entregados a la fecha, esto es una alarma porque lo que va a generar es que los pacientes se agraven”, puntualiza Córdoba.

Las quejas de los pacientes

Los usuarios reclaman por la demora en la entrega de medicamentos, en las remisiones y en la asignación de citas médicas y la falta de transporte para poder asistir a controles en otras ciudades.

Juan José Mosquera, de 70 años y diagnosticado con hipertensión, cuenta que ha ido en cuatro ocasiones al hospital para sacar una cita médica y no ha sido posible. “Voy desde las cinco de la mañana y no me atienden porque primero debo tener un ficho el día anterior y cuando voy ya no hay. Esto es un irrespeto con las personas de la tercera edad. Soy usuario de la Nueva Eps y no he podido recibir mis medicamentos porque no me han atendido”, dice.

Una mujer de 72 años de edad, quien pidió no revelar su nombre, dice que lleva tres semanas esperando en ser atendida por un dolor que tiene en un brazo tras una caída. “Me mandaron unos medicamentos, pero no me sirvieron. Me siguen diciendo que no tengo nada y que me sobara con un gel, pero no puedo alzar el brazo. También tengo hipertensión y no he podido sacarme los otros exámenes, me dijeron que llegara a las tres de la tarde a coger ficho y facture para que al otro día me hagan los exámenes”, cuenta.

Otro de los casos es el de una joven, de 16 años y en estado de embarazo, quien desde hace un mes está solicitando ante la Eps Comfachocó una cita para una ecografía y con el ginecólogo.

Por su parte, las quejas en el servicio de transporte se dan principalmente porque Comfachocó suministra los medicamentos de segundo nivel en Quibdó y las personas deben asumir esos gastos de desplazamiento. Y Cootrasanjuan, prestador del servicio para la Nueva Eps, no cuenta con una ruta directa a Quibdó y los usuarios deben desplazarse hasta el municipio de la Unión Panamericana. Y aquellos que viven en corregimientos como Playa de Oro y Guarato les toca pagar el transporte hasta Tadó para iniciar la ruta a Quibdó.

Otras de las quejas son por las largas filas para la asignación de citas en el Hospital de Tadó. Así como la falta de atención en las zonas rurales.

¿Qué dicen las autoridades?

Michael Córdoba Palacios, coordinador de salud de la alcaldía de Tadó, indica que una de las principales preocupaciones es el retraso en la entrega de medicamentos. “La ley establece unos criterios y cuando la farmacia no los tiene debe entregarlos en las 24 y 48 horas tanto a la casa o al lugar de trabajo del paciente”. Córdoba advierte que se registran más demoras en los casos de pacientes con enfermedades con hipertensión y diabetes.

“La visita de alerta realizada por la Supersalud buscó mostrar las debilidades o las falencias en el municipio en todo lo que tiene que ver con la red prestadora de salud como son farmacias, EPS, IPS y buscar soluciones. Ahora nos toca hacer seguimiento a todas estas quejas que fueron generadas para que no se sigan presentando casos de violación a los derechos de los afiliados”, agrega.

Frente a las demoras en las citas médicas, Córdoba comenta que uno de los acuerdos es que los prestadores de salud aumenten su recurso humano y realicen un plan de mejoramiento con el fin de asignar en un menor tiempo las citas.

“Comfachocó y la Nueva Eps se comprometieron a que a cada paciente le van a generar su tiquete y que no tenga que irse en un tiempo no acorde con la cita. Por ejemplo, si la cita es a las tres de la tarde en Quibdó con un especialista el paciente pueda irse a las 10 o 11 de la mañana y ya terminada su cita, el paciente pueda regresarse y no tener que esperar a que un carro recoja todas las personas que fueron con citas en la mañana y en la tarde”, dice.

Frente al estado del Hospital de Tadó afirma que “se ha venido mejorando en la prestación del servicio de manera coordinada con la Alcaldía”. “El hospital presentó su plan de mejoramiento institucional y estamos a la espera de que la Supersalud lo avale y haga los ajustes correspondientes”, señala.

Lo que sigue

En la jornada se dejaron varios compromisos con las EPS y las farmacias para mejorar el servicio. Además, la Supersalud recalcó que la Alcaldía es la responsable de garantizar el servicio de salud en el territorio y, por ello, deben hacer seguimiento a cada uno de los acuerdos plasmados en las actas y enviar cada mes un informe a la Supersalud.

Entre los compromisos se solicita al Hospital de Tadó y a las EPS que realicen brigadas de salud en la zona rural y capacitación al equipo de talento humano frente a la implementación las rutas integrales de atención en salud.

Además, las farmacias se comprometieron a gestionar los medicamentos faltantes y a llamar a los usuarios con fórmulas pendientes con el fin de garantizar su entrega en un plazo de 24 horas. Por su parte, tanto Comfachocó y la Nueva Eps, deben realizar monitoreo a las farmacias.

El 25 de mayo hacia las nueve de la noche, dos jóvenes fueron asesinados a tiros en una trocha de la vía al corregimiento de Los Pondores. Andrés David y Maikol iban en una motocicleta, que no fue robada y quedó junto a sus cuerpos. La versión de los medios de comunicación locales es que los hicieron entrar a la trocha para matarlos. ¿Quiénes? Nadie responde a esa pregunta, ni siquiera la Policía o el Ejército. ¿Por qué? Tampoco se sabe.

Aún así, apenas unas horas después de los crímenes, las redes sociales se llenaron de comentarios que culpan a los jóvenes, ponen en duda su honra y que justifican los asesinatos. “Ellos sabían por qué fue” o “les llegó rápido el tate quieto” son algunos de los comentarios, aunque no se les acusa de ningún crimen. 

El silencio y la justificación han sido las respuestas de la ciudadanía frente a la violencia contra estos dos jóvenes, pero también contra los asesinatos de Jaime Pájaro Cuello, el 26 de abril en Zambrano, y contra los hermanos Jader y Francisco Romero, en octubre, en el corregimiento La Junta. Quizás el único de los últimos crímenes cometidos en los últimos seis meses que ha merecido una reacción de rechazo fue el del líder Javier Gámez, también en La Junta. 

Estas expresiones se dan en un contexto en el que se han incrementado las amenazas personales y los panfletos, la presencia de actores armados y, sobre todo, el anuncio de una “limpieza social”, que no es más que una serie de asesinatos selectivos contra personas consideradas “indeseables” por el grupo que la ejecuta o por la sociedad en la que ocurre. Para el profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, es claro el mensaje que grupos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc o Clan del Golfo) quieren dar:  “Lo que evidencia la historia del país es que las mal llamadas limpiezas sociales son un mecanismo de ingreso y legitimación de organizaciones armadas en territorios particulares. Es una especie de carta de presentación que le envía un mensaje al mundo criminal diciendo: hemos llegado. Pero también a las comunidades en el sentido de: nosotros vamos a garantizar seguridad en los territorios, aunque no dicen cómo”.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp OEA) alertó en su informe más reciente, publicado en abril del 2023, sobre la evolución del control social y la gobernanza por parte de los grupos armados como una de las principales formas de violencia. “A través de estas acciones los grupos armados ilegales evidencian su poder y buscan aceptación por parte de las comunidades, aprovechando la debilidad de las instituciones en la prestación de servicios públicos, y en la regulación de asuntos inherentes a la convivencia ciudadana, a las relaciones personales y a los ámbitos administrativo, penal, civil, medioambiental, entre otros”. 

El discurso de la limpieza social también advierte que están en peligro quienes cometen actos ilícitos como robos, o quienes realizan acciones mal vistas socialmente, como el consumo de sustancias psicoactivas. Por eso muchas personas aseguran sentir el ambiente “más tranquilo” que hace un mes, cuando hombres armados se pasearon por las calles de Zambrano amenazando a algunas personas que luego se fueron del corregimiento. Consonante consultó a diez líderes de distintos corregimientos y todos coincidieron en que había calma. Algunos, incluso, dijeron que los que “no deben nada” están tranquilos. 

El peligro del discurso de la “limpieza social”

Un líder juvenil de San Juan asegura que los jóvenes sanjuaneros están en peligro. Según él están en un “ciclo del no retorno”. Es decir, los jóvenes no tienen oportunidades y son fácilmente captados por grupos criminales. “Estos grupos se fortalecen del hurto y la venta de drogas. Por ahí empezamos a ver afectación en los jóvenes: un aumento desmedido del consumo que las mismas bandas están sembrando”, afirma. Y luego, por cuenta de ese consumo son señalados, amenazados y pueden ser asesinados para legitimar su discurso de seguridad. 

Pero lo que más preocupa a este joven es que si bien algunos pueden terminar en dinámicas criminales, el riesgo se puede extender a todos. Para el profesor Luis Trejos este es uno de los peligros de que se extienda y se acoja el discurso de que se debe “limpiar” a la sociedad de personas que se consideran indeseables. “Lastimosamente por lo general ese tipo de prácticas son muy bien recibidas socialmente, porque el ciudadano percibe que las autoridades son incapaces o incompetentes de garantizar o brindarle seguridad a ellos o a sus bienes”, afirma.

El líder juvenil lo ve claramente en San Juan. “No tenemos una cobertura policial idónea. Trajeron siete auxiliares nuevos y no dan abasto. Esto les permite (a los grupos armados) andar a lo ancho dentro del área rural, a la gente no le queda sino tener miedo. San Juan no se ha militarizado cuando pasan esas situaciones, pero cuando el alcalde dijo que lo habían amenazado, en dos días estaba militarizado el municipio”.

“Puede darse la situación en que crean que un hombre con el cabello largo es consumidor o un hombre con tatuajes o una mujer que sea liberal automáticamente la pueden confundir o asumir como una trabajadora sexual. Ese tipo de prácticas tú sabes dónde y cómo inician, pero no dónde y cómo terminan o cuáles son sus límites”, afirma Trejos quien hace énfasis en que estas acciones criminales que supuestamente brindan seguridad las cometen basadas en estereotipos, aunque no cometan ningún crimen, únicamente por ser “diferentes”, como: jóvenes, consumidores de droga, personas LGBT o mujeres en prostitución. 

Desorden criminal, impunidad y narcotráfico

Según el defensor de derechos humanos Lerber Dimas, hay condiciones y movimientos que dejan ver que la violencia no va a disminuir. Desde la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y líder de la Sierra Nevada (Pdhal) han observado que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) están intentando extender su control a La Guajira, incluyendo a la región del sur. “Han venido tomando la zona de la troncal del carbón, y ya tienen gente en Cuestecitas, Albania y San Juan del Cesar, que están llegando y penetrando. Mandan tres, cuatro o cinco personas para hacerse sentir y abrir campo para que el grupo entre con mayor fortaleza”, explica Lerber Dimas, director de la Pdhal. 

Según Dimas, el contexto en el que ocurre este avance es de un desorden criminal. “Con la captura de 5-7 (jefe paramilitar encargado de la expansión de las Agc en Magdalena, Cesar y La Guajira, capturado en junio de 2022) quedan algunos comandantes con algún poder en los territorios. El desorden criminal es que cuando no hay una cabeza, las partes que siguen empiezan a interactuar de manera violenta sin ningún tipo de organización porque en últimas el paramilitarismo se rige por un poder económico. Aumentan las extorsiones, los asesinatos para hacer favores y los asesinatos extorsivos”, afirma.  Los más de seis panfletos que han circulado en San Juan serían una prueba de esto. “Estos panfletos no son una orden del comando central de las Agc, ellos no van a desgastarse haciendo un panfleto para este tipo de cosas. Incluso puede generarlo el otro actor”. 

Además, este desorden fue una oportunidad para que las Acsn avanzaran. “Esto también coincide con el famoso cese bilateral de hostilidades que ha servido para que estos grupos se posicionen más en los territorios. El 31 de diciembre el Estado sacó sus tropas de Mingueo, Palmor, de la parte montañosa de La Guajira y deja descubierta la Sierra en virtud de la voluntariedad del cese”.

En este momento la gente de la zona rural de San Juan no sabe a ciencia cierta a qué grupo pertenecen los hombres que han visto pasearse por los caminos y montañas vestidos de negro y portando armas cortas. Un habitante de Los Haticos  asegura que “en días pasados había un grupito por ahí de las autodefensas que se metió y estaba pidiendo dinero a los ricos. A muchos les dio rabia porque llegaban a las fincas y duraban dos o tres días. Estaban de civil, pero unos usan capuchas cubriéndose el rostro”. Otra persona en el corregimiento de Caracolí cuenta que “hace algunas semanas hubo algunas de esas amenazas, contra una persona que vivía aquí, pero la hicieron salir. Se presentaban frente a frente. Por aquí ha habido movimiento de personas extrañas, más que todo en la parte alta, pero de pronto las ven cerca del pueblo. Más que todo andan con prendas negras, uniformadas y armadas”.

Más allá de a qué grupo pertenecen, es claro que sobre el territorio hay intereses. El principal: mover la droga. Pero también armas y personas. Según los registros de prensa, en lo que va del año las autoridades han hecho 19 incautaciones de drogas (marihuana y cocaína) en La Guajira. Según la información de las autoridades y los análisis de organizaciones como InSight Crime y Pdhal, la droga sale del Catatumbo y del sur de Bolívar y llega la frontera con Venezuela o al mar caribe, donde es enviada a centroamérica y continúa su destino a Estado Unidos y a otros países. De hecho, la mayor parte de esas incautaciones se han dado cuando la droga ya estaba en mar caribe. Pero al menos cinco se han efectuado entre San Juan del Cesar y Maicao. La cantidad de droga suma 7,7 toneladas.

Las capturas que la Fuerza Pública ha hecho en estos operativos son las únicas que corresponden al conflicto armado en San Juan del Cesar. Sin embargo, en ninguno de los seis asesinatos cometidos en los últimos seis meses ha habido esclarecimiento. “Está la misma incertidumbre, el mismo miedo, la misma incógnita de quién y por qué, no hay respuesta de nada”, dice un líder. Esta impunidad, según Luis Fernando Trejos, se suma al avance de los grupos criminales. “La impunidad termina convirtiéndose en un incentivo más para el delito”, dice. 

Además, se articula con el discurso que soporta la “limpieza social”. Mientras que la sociedad sigue viendo como normal o incluso apoya los delitos contra personas “indeseables”, las autoridades no tienen presión para dar resultados en materia de capturas o esclarecimiento. “Aquí no hay un consenso sobre un rechazo absoluto a la violencia, sino que unos hechos sí y otros no. También tenemos en ese ecosistema a unas instituciones que no operan plenamente dando resultados, sino que muchas veces producen impunidad y eso facilita entonces que los delincuentes no tengan ni sanción social, ni sanción judicial”, explica Trejos. En el caso de San Juan del Cesar, las autoridades siguen sin reconocer la presencia de grupos armados en el territorio.

¿Cómo rechazar todas las violencias?

Quizás lo único que puede hacer la ciudadanía en contra del avance de los grupos armados sea rechazar la violencia. “Si hubiera un consenso ciudadano rechazando este tipo de prácticas, hoy hubiera habido una marcha en San Juan contra la violencia, diciendo que estos no son los métodos, respaldando a las instituciones, manifestaciones a través de redes sociales y siendo empáticos y solidarios con la familia de las víctimas”, explica el profesor Trejos. Esto, sin embargo, no sucedió.

Según líderes y lideresas del municipio una de las razones es el miedo. Por esto mismo nadie quiere que se mencione su nombre en la prensa. Tampoco hay quien denuncie. Johana Daza, personera municipal, afirma que no ha recibido denuncias relacionadas con acciones de conflicto armado ni tampoco la Personería las ha hecho. “Obtener un pronunciamiento de la Policía es difícil”, dice un joven del municipio, sobre la falta de información que circula. 

A esto se suma que la gente no confía en la justicia y tampoco la tiene cerca. “La ruralidad está totalmente desatendida y ahí está la fortaleza de los grupos paramilitares. En los planes integrales de seguridad no hay estrategias que vayan a la ruralidad, por eso el actor armado es el que va a generar dinámicas y a imponer normatividades. Si una persona necesita resolver un problema, se lo resuelve el ‘paraco’”, afirma Lerber Dimas. En medio de todas estas condiciones, el silencio continúa a la par de la violencia.

Cruzar las calles principales de Fonseca es una batalla entre motos, carros y peatones. En el municipio no hay quién controle el tránsito y siguen siendo constantes las quejas por presuntas multas ilegales, inmovilizaciones arbitrarias y la evidente falta de señalización.

Ni el Instituto del Tránsito y Transporte Municipal (Instrafon) ni la concesión Millenium Sistems SAS, encargadas en los últimos ocho años de coordinar la movilidad, han rendido cuentas sobre su gestión ni cuánto dinero han recaudado en multas. Tampoco asisten a las reuniones ni cabildos abiertos donde son convocados.

Este año se han registrado siete muertes en accidentes de tránsito — cifra que según la oficina de Tránsito municipal supera las ocurridas durante el 2022— y aún así las dos autoridades a cargo (Instrafon ni Millenium) no han adelantado campañas para la prevención vial.

(Un trancón de quejas y dos responsables que se esconden: ¿qué pasa con la movilidad en Fonseca?)

Siete muertos en las vías

En solo 28 días, del 26 de marzo al 23 de abril, fallecieron siete personas en accidentes de tránsito. En 3 de los 4 siniestros viales, según informó la Policía, los conductores iban en estado de embriaguez, convirtiéndose en la principal causa de accidentalidad. La siguiente, se atribuye a conducir a alta velocidad. 

El 26 de marzo, a las 6: 30 de la tarde, dos personas murieron tras el choque de una motocicleta particular y un mototaxi. Uno de los fallecidos era José Eugenio Aroca Arrieta, conductor de la moto particular (TYM 98 marca Yamaha) y el otro, un menor de 15 años quien era transportado en un mototaxi con dos adultos y un bebé de cuatro meses, quienes resultaron heridas. El accidente se dio en el kilómetro 3 de la vía que de Fonseca conduce al corregimiento de Conejo. Aroca Arrieta, quien según la Policía manejaba en estado de embriaguez, intentó adelantar un vehículo y chocó con el mototaxi que venía en sentido contrario. El conductor del mototaxi, Yonni Orozco, de 20 años de edad, falleció 26 días después del accidente por la gravedad de las heridas en la cabeza.

El segundo hecho fatal se registró el viernes santo 7 de abril, a las 7 pm. Javier Fuentes Solano, conductor del vehículo (QGO 735), arrolló a un mototaxi (XW 210) que se había accidentado y a las personas que los auxiliaban en el lugar. Un menor murió y 22 personas resultaron heridas y fueron remitidas a diferentes centros asistenciales. El accidente se registró en la calle 17 entre carreras 10 y 11, del barrio Medina, al norte de Fonseca. El conductor Javier Fuentes se encontraba en alto grado de embriaguez y fue detenido.

El siguiente accidente ocurrió el 16 de abril, a las 6:15 de la mañana. El pastor de la iglesia Manantial de Vida, Luis Alfonso Rodríguez Polo, de 61 años, falleció tras ser impactado por una motocicleta que iba a alta velocidad por la avenida principal de Fonseca (calle 13) con carrera 16. Rodríguez estaba cruzando la avenida cuando fue embestido por una moto (AHO 79C, marca Suzuki). La moto era conducida por Andrés Bulding Hernández, de 22 años, quien murió tras permanecer varios días en la UCI. La Policía informó que conducía en estado de embriaguez.

Y el 28 de abril falleció Yucelis Nuñez Argote, de 37 años, tras permanecer cinco días en una UCI. El 23 de abril Núñez Argote iba con su pareja, Antonio Pérez, en una motocicleta. El hombre perdió el control de la moto y chocó contra un árbol.

Falta de señalización, uno de los principales problemas

La falta de señalización en todo el casco urbano, calles y carreras céntricas son evidentes. Fonseca cuenta con tres semáforos (ubicados sobre la avenida principal — calle 13—, con la carrera 14, 17 y 19) que ya no están óptimos y, además, se necesitan otros semáforos que sean ubicados en puntos álgidos y de alto tránsito como la carrera 9 y 16. Trabajo que está a cargo de la concesión Millenium Sistems SAS. 

Estos semáforos fueron instalados desde el 2015 e inaugurados en la administración de José Manuel Moscote Pana. Sin embargo, desde hace varios años la comunidad ha venido denunciando el deterioro de los semáforos y piden que sean reemplazados por unos más modernos. Un día prenden y al otro no, y algunas veces coinciden en luz verde tanto en las calles y en las carreras lo que ocasionan accidentes. 

A esto se suma que en las calles y carreras de Fonseca no hay una debida señalización como pares, reductores de velocidad, paso de peatones, señales que indiquen un solo sentido, entre otros. El 80 por ciento de las señales de tránsito se encuentran en mal estado y otras han sido vandalizadas y hurtadas.

En los colegios, por ejemplo, no hay señalización que advierta del paso de estudiantes y sólo en la institución educativa La María Inmaculada cuenta con una demarcación adecuada. La docente de la institución Técnica Agropecuaria de Fonseca, Solmerys Bravo Pinto, indica que hay constantes quejas por el peligro que representa la movilidad frente a esta institución que está ubicada a un costado de la carretera nacional hacía Distracción. “Desde hace tiempo se ha venido presentando esta problemática, no hay señalización que permita que nuestros estudiantes pasen de un lado a otro de manera segura y responsable, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Hace como cinco años un carro atropelló a un estudiante y el joven estuvo varios meses incapacitado. Y hace unos años también falleció otro joven. La ausencia de señales y la imprudencia de algunos conductores que no bajan la velocidad en zonas escolares es un peligro para toda la comunidad”, dice la docente. 

Otras de las quejas siguen siendo las presuntas inmovilizaciones arbitrarias. “Me tocó darles 150.000 pesos después que me quitaran la moto en un retén ilegal a la salida del municipio de Fonseca a Distracción. Necesito mi moto para ir al trabajo y para fortuna de ellos tenía ese día dinero, pero qué queda para quienes no pueden pagar esta extorsión”, cuestiona Mónica Bravo, habitante de Fonseca.

“Yo ando en la vía y es penoso lo que uno tiene que ver cuando los del tránsito le quitan la moto a los campesinos que vienen al pueblo a mercar o a realizar vueltas personales en unas motos viejas. Más vale el comparendo que la moto, a uno le da rabia y hasta impotencia de ver cómo los humillan y les sacan plata”, recalca Fadrith Torres, empleado de una cooperativa financiera.

Otro de los problemas sigue siendo el desorden y la falta de cultura ciudadana. Ante la ausencia de agentes de tránsito que controlen la movilidad, la avenida principal y la Villa de San Agustín se ha convertido en un caos. Las bahías construidas para el parqueo de vehículos particulares son utilizadas como parqueadero de cooperativas de transporte público intermunicipal y la zona peatonal se encuentra ocupada por el comercio informal.

Para José María Diaz Garnica, gerente de la escuela de enseñanza Grupo Manejar, una de las preocupaciones principales es que no se está invirtiendo en señalizaciones ni en pedagogía. “Las autoridades no están invirtiendo en lo que les corresponde. Si me mandan a calificar su gestión de 1 a 10, les pondría un 5, porque no están cumpliendo con el deber, nos falta señalización y más trabajo por la movilidad”.

“Nunca encuentras al director de tránsito en la oficina, el ciudadano llega hasta la oficina a apelar una orden de comparendo y le salen con mil evasivas para no darle la audiencia a la que tiene derecho. Los procedimientos se violan en todo momento y faltan al debido proceso. La norma dice que para ser agente de tránsito mínimo hay que tener estudios técnicos en tránsito, transporte y seguridad vial y eso no se cumple. Al cometer la infracción, el ciudadano debe subsanar el motivo de la inmovilización y tiene cinco días hábiles para pagar el 50 por ciento del comparendo, pero aquí no. Ningún organismo de tránsito a nivel nacional debe dejar salir de los patios un vehículo que no tenga la documentación al día, pero qué hacen aquí, por ejemplo, quitan una moto por el Soat. Le cobran los 600 mil de grúa y patio y la moto se la entregan y sale sin seguro”, dijo una fuente cercana a la empresa, quien pidió proteger su nombre. 

Autoridades ausentes

Los representantes de los transportistas, de las cooperativas de mototaxis, agentes de tránsito y la Policía Nacional se reunieron, el 9 de mayo, con el fin de dar a conocer las quejas que tenían sobre el tránsito municipal y encontrar posibles soluciones para prevenir la accidentalidad.  Sin embargo, nuevamente, no asistieron ni el Instituto del Tránsito y Transporte Municipal (Instrafon) ni la concesión Millenium Sistems SAS. A su vez, Consonante contactó a las dos empresas para preguntarles sobre su gestión en la movilidad de Fonseca y no dieron respuesta ni aceptaron una entrevista.

Lenio Arocha, representante de las cooperativas de transportistas de pasajeros intermunicipal y convocante de la reunión, indica que “están cansados de tanto incumplimiento y abuso por parte de los miembros de tránsito municipal". "El señor Norgen Anaya, gerente del tránsito; y el señor Miguel Peñalosa, representante de la empresa Millenium; nunca asisten a las reuniones y han incumplido con todos los acuerdos pactados desde hace tiempo. La Policía y el tránsito se unen para quitarle la plata a gente muy humilde como campesinos que bajan sus productos a bordo de una moto vieja con un gajo de guineo para venderlo y tener algo de dinero para su sustento. De dónde van a sacar cuatrocientos o seiscientos mil pesos para pagar una multa y rescatar su moto. Así vienen cometiendo hechos de corrupción para enriquecerse de manera ilegal”, agrega.

Por su parte, el secretario de gobierno municipal, Eder Hugues Peñaranda, puntualiza que para frenar la accidentalidad se necesita más cultura ciudadana. “Esta es la primera mesa a la que asisto desde mi llegada al cargo y veo con mucha preocupación la accidentalidad en Fonseca, pero se nos está olvidando algo muy importante y es la cultura ciudadana. Aproximadamente el 80 por ciento de los conductores transitan en completa ilegalidad; es decir, no tienen la documentación obligatoria para poder manejar. Conductores que no tienen la tecnomecánica y los seguros de su vehículo. No podemos promover el desorden y menos ir a las vías de hecho, esto no generaría ninguna solución”.

Para el personero municipal, Juan Jaime Peralta, uno de los problemas más comunes es que muchos vehículos no se encuentran con la documentación al día. “Hay muchos mototaxistas que se molestan si se les detiene para solicitarles la documentación del vehículo y su licencia de conducción. La mejor salida es la legalidad, estamos dispuestos desde mi posición a colaborar en todo lo posible en compañía de las demás autoridades aquí presentes. Pero algo que queda claro es que la ilegalidad no es negociable”. 

Por su parte, el mayor de la policía Hegel García hace un llamado a la Secretaría de Gobierno para que se invierta en capacitaciones de prevención vial. “Hay que educar a la gente, hace falta mucha pedagogía, hay mucha intolerancia y no respetan a las autoridades. Yo le digo a mis policías que no los quiero ver haciendo tránsito, pero qué hago si la accidentalidad va en aumento. Le pido al secretario de Gobierno que nos colabore con las capacitaciones a la comunidad y las señalizaciones que ayudarían a que mejore la movilidad”, puntualiza.

Lo que sigue

Uno de los principales llamados de la comunidad a las autoridades encargadas de la movilidad es que Fonseca cuente con un plan estratégico de seguridad vial con el fin de mitigar los puntos en donde se registra mayor accidentalidad y contar con la señalización correcta frente a las instituciones educativas y zonas de mayor flujo peatonal.

Por su parte, tras la reunión del 9 de mayo, se hizo el compromiso de expedir un documento en donde se fije el plazo para que los conductores legalicen su documentación.

En la noche del 26 de abril los pobladores de Zambrano, un corregimiento a solo diez minutos del casco urbano de San Juan del Cesar, escucharon el sonido de una motocicleta, dos disparos y el ladrido ahogado de un perro. Cuando se acercaron a la casa de donde salían los ruidos, la de Jaime Pájaro Cuello, lo encontraron muerto en su chinchorro. 

Pájaro se dedicaba a ordeñar vacas, pero también era consumidor de drogas y por eso fue amenazado mediante uno de los más de seis panfletos que han circulado en San Juan del Cesar en el último año, la mayoría firmados por las Agc (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo). Según habitantes de Zambrano consultados por Consonante, tras el panfleto, hombres armados se acercaron a él para repetir la advertencia que luego se convirtió en realidad: si no dejaba el consumo o se iba del municipio, sería asesinado. Dos personas más que también fueron amenazadas se fueron del corregimiento. 

Otras personas también han recibido mensajes amenazantes por parte de hombres que se han presentado en moto o a caballo. Les han dicho que las Agc están en el territorio para “cuidarlos”, y que se harán sentir si no se acatan sus órdenes. Incluso, un habitante de este corregimiento le dijo a Consonante que a unos seis kilómetros del pueblo se instalan algunos de ellos por varios días. 

Sin embargo, nadie se atreve a denunciar ante las autoridades lo que está sucediendo. A la gente le da miedo que la información se filtre y las Agc los asesinen.  A esto se suma que desde que empezaron a circular los panfletos, hace más de un año, ni la Policía ni el Ejército han reconocido su autenticidad ni muchos menos que integrantes de este grupo armado están haciendo presencia en esta zona del departamento de La Guajira. 

“Desde inteligencia venimos haciendo un análisis, teniendo en cuenta que estos panfletos no corresponden a las características que normalmente tienen los que producen estos grupos, y no han sido validados como originales”, afirma coronel Javier Rincón, comandante de policía de La Guajira. Según Rincón la policía no ha identificado tal presencia de ningún grupo armado en San Juan del Cesar. Aun así, agrega que “tampoco se descarta que los que hagan presencia en el departamento del Cesar se hayan movilizado a esta zona de La Guajira, cometan algún acto ilícito y retornen nuevamente hacia el Cesar, donde se tiene conocimiento de una presencia fuerte de diferentes grupos armados”. El comandante confirma que hasta el momento no han recibido denuncias. 

A la posibilidad de movilidad del grupo armado se suma que este 8 de mayo la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia para el municipio de Agustín Codazzi, Cesar. En ella se alerta que las Agc se han presentado “uniformados y con fusiles, para reclutar jóvenes y también a perseguir a otros en las mal llamadas ‘limpiezas sociales’”. Aunque Codazzi está a una hora y media de San Juan, los comunica una vía importante que facilita el tránsito. 

Por parte de la comandancia del Ejército en la región se abstienen de dar declaraciones. Sin embargo, Consonante conoció que para los próximos días está programada una reunión con la Defensoría del Pueblo y otras autoridades para determinar si se emite una alerta temprana o no.

¿Qué explica la presencia de las Agc?

Organizaciones de defensa de derechos humanos e investigación, como Insight Crime y la Plataforma de defensores de derechos humanos, activistas y líderes de la Sierra Nevada han documentado la presencia de las Agc en el sur de La Guajira, incluyendo San Juan del Cesar. Además, han alertado sobre su expansión.

Para Luis Fernando Trejos, profesor investigador de la Universidad del Norte que estudia las dinámicas del conflicto en la región Caribe, las acciones en San Juan del Cesar pueden hacer parte de esa expansión. “En este momento hay un proceso de expansión territorial de las Agc por todo el Caribe, y dentro de esa expansión una forma de penetración de territorios puede ser a través de las mal llamadas limpiezas sociales. Eso les otorga una cierta legitimidad dentro de las comunidades porque aparecen como garantes de seguridad”, afirma el investigador.

La expansión sin mayores actos de violencias, como masacres o combates, se explica en la medida en que este grupo armado no está disputando el territorio. “En este momento no es necesaria una presencia en clave de estructuras militares. Primero, porque no hay otra organización a la cual ellos tengan que quitarle el territorio y, segundo, tampoco pareciera que hay otra que los vaya a amenazar a ellos, entonces utilizan la violencia muy dosificada y selectiva contra individuos que para las comunidades aparecen como ‘indeseados’”, dice Trejos. Por ejemplo, a través de panfletos contra personas a las que acusan de ladronas o expendedoras de drogas, y de asesinatos selectivos a las mismas. Por medio de esta estrategia transmiten la sensación de que son quienes aseguran también el bienestar o las buenas costumbres.

Este control les es útil para continuar con el negocio que, según los investigadores, han establecido en la región: el tráfico de droga desde la región del Catatumbo y desde el sur de Bolívar hasta distintos puntos de la frontera con Venezuela en La Guajira o en la salida al mar en el mismo departamento. 

¿Por qué no hay denuncias? 

A pesar de las amenazas, el desplazamiento de dos personas en Zambrano y el asesinato de Javier Pájaro, en San Juan del Cesar nadie denuncia. Según Johana Daza, personera municipal, su oficina no ha recibido ninguna denuncia relacionada con vulneraciones de derechos por cuenta del conflicto armado o por el accionar de los grupos ilegales. Según seis habitantes de la región consultados, la explicación sobre este silencio es el miedo. “Uno no sabe si lo que dice se va a filtrar”, dijo una persona. 

Para Luis Fernando Trejos esto es producto de, lo que él llama, un aprendizaje producto de los años más duros del conflicto. “San Juan fue un territorio castigado duramente por la violencia, entonces creo yo que hay un aprendizaje comunitario en clave de autopreservación de la seguridad y en este sentido el silencio siempre aparece como un mecanismo de protección”.

Lo que sigue

El gobierno de Gustavo Petro está a punto de radicar en el Congreso la ponencia para la ley de sometimiento de bandas criminales, y aún persiste la discusión sobre si las Agc cabrían dentro de esta ley o si, por el contrario, se les reconocería un estatus político que llevaría a una mesa de negociación de paz. En esta incertidumbre siguen las poblaciones controladas por este actor armado con el que el gobierno rompió conversaciones y cese al fuego el 19 de marzo. 

En medio de este contexto, Luis Fernando Trejos afirma que, en adelante, es posible que las acciones de las Agc avancen hacia su consolidación. “El paso siguiente es el cobro de extorsión o lo que ellos llaman las contribuciones o los impuestos para poder mantener esa supuesta tranquilidad o ese contexto de orden. No creería que se vayan a presentar combates o masacres porque no hay ningún grupo armado que en este momento esté controlando el territorio”. Sin embargo, es posible que se sigan presentando asesinatos selectivos y panfletos dirigidos a la delincuencia común que no está aliada con ellos. 

Mientras no se define si habrá o no cese al fuego, diálogos o sometimiento, muchos habitantes de San Juan se resguardan y acatan órdenes como no salir de noche o irse del pueblo. Otros, como dijo una habitante, “no creen si no ven muertos”. Lo cierto es que en toda la población está rondando el miedo de volver a las épocas de control paramilitar que vivió San Juan hace 20 años. 

La pavimentación de las calles en los barrios San Pedro y Reinaldo, en Tadó, lleva más de dos meses en pausa. Desde el 3 de marzo las obras se suspendieron y aunque, en un comienzo, la Alcaldía informó a la comunidad que después de Semana Santa la construcción se retomaría, a la fecha no hay ningún avance.

Para la comunidad la pavimentación de las calles de sus barrios es importante porque mejora la movilidad y valoriza sus predios. Sin embargo, en San Pedro dejaron una misma calle con una parte en pavimento y el resto en obras.

Ahora, según cuentan algunos ciudadanos, cuando llueve se inundan las calles y sus viviendas, y se han aumentado los accidentes de mototaxis.

El proyecto de “Mejoramiento de la malla vial mediante pavimentación en concreto rígido en los barrios San Pedro y Reinaldo” contempla la intervención de 1.963 metros cuadrados divididos en 18 tramos. Para esta obra la Alcaldía destinó 5.600 millones de pesos.

(Suspendida la pavimentación en San Pedro por presuntas irregularidades)

Los reclamos de la gente

Inocencio Sánchez, habitante del barrio San Pedro, indica que una de las principales quejas de la comunidad es que dejaron una obra a medias, sin señalización y que les está trayendo más accidentes. “Manifestamos que sin la malla el pavimento se hundía muy rápido. Ahora las obras quedaron pausadas y se han tenido afectaciones como inundaciones, también se accidentó un mototaxi. No dejaron señalización de las áreas intervenidas y cuando llueve uno no sabe por dónde está el hueco que dejaron”, afirma.

Wilson Murillo, habitante del barrio San Pedro, dijo a Soberana Stereo que espera que las obras retomen en mínimo ocho días. “No sabemos si se repartieron algunos recursos dados de anticipo y después el contratista no tenga cómo devolverlos para dar continuidad al proyecto. Esperamos el pronunciamiento del señor alcalde sobre el inicio de la obra o nos veremos obligados a tomar las vías de hecho”, cuenta.

(San Pedro: con pavimento pero con un acueducto a medias)

“Llevamos más de dos meses con la obra parada y no tenemos pronunciamiento claro por parte de la administración municipal. No sabemos cuándo se renuevan los trabajos, necesitamos resultados y que nos digan fechas. Si en 8 días a partir de hoy no inician los trabajos, nos tomaremos las vías de hecho y cerraremos la vía principal”, dice otro líder, quien prefiere no dar su nombre.

Aristarco Parra, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Pedro, dice que la obra fue detenida por la comunidad porque "se estaba haciendo un mal trabajo y más adelante se podría hundir o rajar el pavimento. La administración municipal nunca nos dio repuesta a los documentos que enviamos”.

¿Qué dicen las autoridades?

Deiner Mosquera, Secretario de Planeación de Tadó, señala a Consonante que las obras en los barrios Reinaldo y San Pedro se encuentran suspendidas mientras el Departamento para la Prosperidad Social revisa los estudios y diseños.

“Todos los tadoseños conocen que los trabajos en el pavimento de San Pedro comenzaron a buen ritmo, pero por quejas de la comunidad y una serie de denuncias que llegaron al DPS donde solicitaban que se revisaran unos documentos, se suspendieron las obras”, dice.

“No podemos continuar en la pavimentación hasta tanto el DPS no dé un acta donde manifieste que todo está bien”, agrega.

Según Mosquera, las obras van solo en un “10 o 11 por ciento de ejecución”. “De este proyecto no se ha pagado ni un peso, todos los recursos están ahí. En el contrato se estipula que hasta que no haya un avance del 60 % de ejecución de la obra no se hará ningún pago. Los recursos están en la cuenta, no se ha pagado un peso al contratista”, señala.

“La gente de Tadó puede tener la tranquilidad y seguridad que la plata no se está perdiendo. Este proyecto tiene unas pólizas de responsabilidades y de estabilidad de las obras”, puntualiza.

En Reinaldo, según comenta Mosquera, se están haciendo las actas de vecindad, las obras de arte y muros de contención.

Lo que sigue

Algunos habitantes y líderes de los barrios San Pedro y Reinaldo informaron que esperan que en una semana les informen sobre qué van a pasar con las obras o anunciarán protestas. Sin embargo, la Secretaría de Planeación afirma que no pueden dar fechas exactas del reinicio de la pavimentación.

El fin de semana pasado, en el marco de los 10 años de la Jotatón, el grupo de danza La Platina marcó el ritmo de la jota chocoana.

De este grupo hacen parte los bailarines Aura María, Jhon Freddy, Keidy Liceth, Edison Alberto, Johanson y Yuliana. Los seis jóvenes hablaron con Consonante sobre cómo empezaron en la danza y lo que significa ahora en sus proyectos de vida.

El grupo es coordinado por Beatriz Garcés Mosquera, conocida como la “seño Male”, quien recalca que a todos los conoce desde que eran unos niños, con 10 y 11 años. Sin embargo, advierte que no tienen recursos para todo lo que necesitan y pide a la Alcaldía y al departamento apoyar la cultura. “El apoyo institucional es poco por no decir nada. La falta de apoyo y de interés a la cultura es evidente, les pedimos más compromiso, que se detengan un poco y miren la cultura como una herramienta de integración social y económica. La Platina ha crecido solo gracias al apoyo de nuestro amigo y padrino José Eddy Torres”.

(La historia de la jota: el baile español que se quedó en Tadó)

La "seño Male" destaca que el pasado viernes, 28 de abril, tuvo la oportunidad de sustentar la importancia de la Jotatón ante la asamblea departamental de Tadó y que esperan con mucha expectativa la ordenanza que declarará a Tadó como sede permanente del evento, y con ello, recibir recursos de la Gobernación. “Fue un festival que generó gran impacto social, cultural y económico. Además, se destaca que fue un evento que dinamizó la economía y que convocó a muchos turistas”, dice sobre la Jotatón.

Aura María de Andrés Mosquera, 20 años

Esta joven de 20 años de edad y madre de una bebé de tres meses ha sido una de las bailarinas representativas del grupo La Platina y participante activa de la Jotatón.

“Nací en Montelíbano, Córdoba, y llegué a los 5 años al municipio de Tadó en compañía de mi madre. Acá logré conocer a un familiar muy especial para mí, quien en ese entonces hacía parte del grupo La Platina. En muchas ocasiones, él me llevaba a sus ensayos y yo observaba lo que hacían, me encantaba ver cómo bailaban con esa alegría y dedicación, me fuí enamorando de cada uno de esos movimientos”, cuenta Aura María.

Agrega que desde la niñez descubrió su gusto por la danza: “Siempre he tenido ese talento y esas ganas de bailar. Yo lo hago con amor, por eso decimos que al son que me toquen bailo”.

Aura María es estudiante de quinto semestre de Trabajo Social, en la Universidad Tecnológica del Chocó.  “Pertenecer al grupo La Platina ha significado mucho para mí, gracias a eso he aprendido a ser más sociable, a compartir, a ser mejor persona, a tener empatía y sobre todo amor por los demás”, recalca.

Esta bailarina de ritmos ancestrales del Chocó invita a los jóvenes a unirse a la danza. “Les digo que se den la oportunidad de hacer parte de este proceso tan hermoso que es conocer a fondo nuestras raíces a través de la danza”, puntualiza Aura María.

John Freddy Mosquera, 25 años 

“El amor por los ritmos ancestrales corre por mis venas”, dice John Fredy, bachiller técnico de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza. Además de bailarín en el grupo de danza La Platina, John Fredy trabaja como mototaxista.  

John Fredy tiene 25 años y apoya a la ‘seño Male’ en la dirección del grupo de danza. “Llegué al grupo de danza hace 12 años con mucha motivación y ganas de bailar los ritmos ancestrales de nuestra comunidad, ya que me dan mucha emoción y alegría”, dice.

“Pertenecer a este grupo de danza ha significado mucho para mí porque he aprendido mucho sobre los bailes ancestrales, y también he conocido muchos lugares”, agrega.

John Fredy cuenta que, en el 2012, mientras hacía parte de La Platina, se impulsó el nacimiento de la Jotatón. “Había muchos bailarines de danza y la Jotatón nació de los ensayos de rutina del grupo. Inicialmente empezó con los mismos bailarines de La Platinan y luego se convirtió en una actividad que resalta a todo el departamento a través de la jota chocoana y en la cual participan distintas agrupaciones de otros lugares”, cuenta.    

John Fredy sueña con ser un gran director de danza y enseñar a otros niños sobre los ritmos ancestrales. “Quiero que más niños sientan amor por la danza. Yo no recibo pago por pertenecer a este hermoso grupo, pero me siento muy orgulloso porque en él he aprendido a bailar los ritmos que nos dejaron nuestros ancestros y muy feliz de participar en la Jotatón porque es algo que me gusta hacer. Seguiremos celebrando está actividad tan hermosa que nos llena de orgullo y emoción”, puntualiza.

Keidy Liceth Copete Mosquera, 20 años

Keidy Liceth llegó al grupo de danza La Platina cuando estudiaba su bachillerato en la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza. Hoy, a sus 20 años, es bailarina activa de la Jotatón.

Esta joven cuenta que su familia la ha motivado y apoyado para que siga bailando. “Ellos se sienten orgullosos de que haga parte de las jóvenes que bailamos en la Jotatón. Llegué al baile porque en el colegio vi los ensayos y me encantó”. 

“No recibo pagos por pertenecer al grupo, pero me siento feliz y orgullosa de bailar los ritmos ancestrales de mi pueblo. Hacer parte de La Platina ha mejorado mi forma de interactuar con las demás personas, y me ha enseñado a valorar más a las personas, a aprender a compartir, a pensar como grupo, a empoderarme de los ritmos de mi cultura”, recalca.

Keidy invita a los jóvenes a que se empoderen bailando: “Mi mensaje es que disfruten de los ritmos ancestrales y que valoren lo propio. La Jotatón es de suma importancia para nosotros como chocoanos, ya que la danza tradicional es identidad y es una de las maravillosas cosas que culturalmente nos representa”. Además de bailar, Keidy es estudiante de Trabajo Social. 

Édison Alberto Perea Copete, 20 años

Édison Alberto llegó al grupo de danza La Platina hace diez años. Se vinculó a él a través de su prima, quien era integrante y lo llevaba a sus ensayos todos los días, eso hizo que se fuera enamorando de los bailes ancestrales. 

“Estoy en el grupo hace 10 años y pertenecer a La Platina me hace sentir muy especial y ha cambiado mi vida para bien. Antes me la pasaba metido en problemas y desperdiciaba mi tiempo libre haciendo cosas que no debía”, recalca.

Edison tiene 20 años y es estudiante de Trabajo Social en la Universidad Tecnológica del Chocó. Y su principal sueño es terminar su carrera universitaria.

Al igual que sus demás compañeros inició a participar de la Jotatón desde hace más de 12 años. “Para mí la Jotatón es un evento muy bonito porque lo llena a uno de emoción y permite compartir el escenario con otras personas”, agrega. 

Jhojanson Mosquera Andrade, 30 años

Este joven de 30 años de edad inició a bailar con el grupo La Platina desde el grado quinto. Para esa época la agrupación folclórica era solo de mujeres y él tuvo el privilegio de ser el primer integrante hombre. 

“La vena artística la heredé de mi tío que es paz descanse. A él le gustaba bailar todos los ritmos ancestrales. Yo lo veía de muchacho y eso despertó en mí la curiosidad por aprender y de saber por qué era tan distinto cada tipo de baile. Con el tiempo me fui dando cuenta  que es algo tradicional de acá y le fui tomando cada vez más gusto. Desde ahí nació mi gusto por la música y los bailes de nuestros ancestros”, cuenta Jhojanson Mosquera.

Este joven cuenta que siempre ha tenido el apoyo de su familia para seguir bailando y destaca que la danza lo ha ayudado a tener buenos hábitos. “En mi casa son felices y están de acuerdo porque ellos saben que el baile me hace feliz y a mí me gusta muchísimo.  Sé que estoy haciendo las cosas bien porque es algo sano y estoy contribuyendo para que otras personas también se inclinen por hacer algo sano. La danza ha cambiado en mí el temperamento me ha enseñado a tener más tolerancia y empatía”.

Entre sus sueños está seguir como coreógrafo, instructor de danza y formador del semillero. “Yo sueño con dejar un legado, quiero que la gente me recuerde como una de las personas que difundió la danza y que contribuí al crecimiento de estas costumbres y tradiciones ancestrales que tenemos en el Chocó”. 

“Compartir y estar en constante diálogo con los compañeros hace que uno vaya aprendiendo a comunicarse de manera de más asertiva y hablar sobre los inconvenientes”, agrega.

Para Jhojanson, la Jotatón es un intercambio de saberes en medio del baile y rescata la participación de grupos de otros municipios y departamentos. 

“A los jóvenes les diría que debemos conocer nuestras costumbres, no está mal que nos gusten otros géneros, pero no debemos dejar de lado lo propio. Que se detengan a empoderarse de nuestros ritmos ancestrales, ya que también con nuestra cultura y nuestras tradiciones se puede ser feliz”, resalta Jhojanson.

“No recibo ninguna remuneración por participar o estar en el grupo, pero uno hace esto de corazón, ya son varios años y cada vez que podamos contribuir en el empoderamiento de nuestra cultura y tradiciones, lo vamos a continuar haciendo de la mejor manera”, puntualiza. 

Yuliana Agualimpia, 26 años

Yuliana dice que llegó al grupo de danza La Platina en el año 2010 “por pura casualidad y curiosidad”. Un día estaba paseando por el parque, en compañía de su mamá, cuando vio al grupo haciendo una presentación el atrio de la iglesia.

“Le dije a mi mamá que quería meterme a ese grupo porque quería aprender a bailar como ellos. Mi mamá me envió a los ensayos, pero fue muy difícil para mí porque no lograba llevarle el ritmo a la danza”, cuenta.

“Yo no perdí la fe e inicié a practicar cada que tenía la oportunidad en mi casa y me fui aprendiendo las coreografías. Yo pensaba que, por el hecho de no saber bailar, no me iban a aceptar en el grupo”, recuerda.

La primera vez que se realizó la Jotatón, Yuliana no era parte de la coreografía, pero tuvo que apoyar al grupo porque una de sus compañeras se accidentó. “Yo solo estaba acompañando con la hidratación, pero la seño Male me dijo: ‘Le toca a usted cubrir a su compañera porque no hay alguien más y no podemos salir incompletos’. Recuerdo que salí con muchos nervios, pero con el apoyo de mis compañeros quienes me dieron mucha seguridad, brillamos en ese increíble evento. Desde ahí se inició mi amor más profundo por la danza”, resalta.

“Para mí este grupo de danza es una familia, donde hay mucho amor y respeto. Bailar al ritmo de nuestros ancestros para mi es muy importante ya que genera una vibra hermosa en mi corazón”, dice.

Yuliana sueña con tener una empresa en la que pueda apoyar el talento local y a los jóvenes del departamento. Por ahora, sigue llevando un mensaje positivo a sus amigos y familia a través de la danza. 

“A la pregunta de por qué la gente calla, la respuesta es simple: los grupos armados no han dejado de estar. Aquí en San Juan la gente no va a hablar de lo que le pasó porque aquí no hay disidencia de las Farc: existen las Farc todavía”, sentenció una lideresa de San Juan del Cesar, un municipio del sur de La Guajira en el que desde hace más de un año se respira una zozobra que ha ido en aumento en los últimos meses. Esta lideresa respondía a la pregunta ¿por qué persiste el miedo?, y lo hacía frente a 19 sanjuaneros y sanjuaneras en una reunión privada con periodistas de Consonante. Quienes la escuchaban asentían y, en voz baja, comentaban sus preocupaciones.

¿Y a qué se le tiene miedo? “El miedo es a uno morirse”, dijo un líder de uno de los corregimientos desplazados de San Juan del Cesar, que fueron muchos en la época álgida del conflicto armado. Este líder contó que las palabras amenazantes de los paramilitares en 2002, hace 21 años, todavía le suenan en la cabeza. En esa época hacía denuncias públicas, pero se tuvo que quedar callado cuando le dijeron que podía silenciarse por cuenta propia, o si no, ellos, los armados, lo harían. Desde hace meses, cuando en San Juan aparecen panfletos con siglas similares a las de esa época, el llamado al silencio sigue pareciéndole la mejor opción. Esa cautela lo ha protegido las últimas dos décadas.

El último panfleto circuló el 29 de marzo y estuvo firmado por las “Agc”, un grupo paramilitar autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pero al que el gobierno Colombiano llama Clan del Golfo. En este documento, que circuló de forma física y a través de WhatsApp, este grupo ilegal declaró “objetivo militar” a al menos 24 personas, a cuatro supuestas bandas delincuenciales y a un negocio. En el papel se acusa a estas personas de ser expendedoras de estupefacientes, ladrones de celulares, motos y ganado, entre otros. Además, les dieron menos de 48 horas para irse del municipio.

El panfleto apareció 10 días después de que el presidente Gustavo Petro anunciara el rompimiento del cese bilateral al fuego que se pactó con este grupo ilegal desde el 1 de enero de 2023, luego de un ataque de las Agc contra la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño. Pero en San Juan ese no ha sido el único anuncio de que los paramilitares están en el territorio: el 23 de enero una bandera de las Agc apareció en la vía al corregimiento de El Tablazo y al menos dos panfletos donde se anunciaba “limpieza social” circularon el año pasado. 

De hecho, en octubre de 2022 se consumó la amenaza contra los hermanos Jader y Francisco Romero, quienes fueron asesinados en La Junta. Dos meses después, el líder social Javier Gámez fue asesinado, aunque se afirma que no hubo amenazas previas. 

Por ese miedo, que se cimenta en el riesgo de ser asesinados, Consonante conversó con líderes y lideresas sociales bajo la promesa de no revelar sus identidades. 

La presencia no reconocida de grupos armados

Ni el Ejército ni las autoridades municipales han reconocido públicamente la presencia de las Agc en San Juan del Cesar, a pesar de que varios muros del municipio están marcados con grafitis que nadie se atreve a borrar. A pesar de eso, la información sobre dónde se ve a los hombres armados se mueve. Los líderes los han visto.

“Aquí cerquita se está organizando un grupo armado. Y siempre en el Comité de Justicia Transicional el Ejército va a decir que está todo normal. Y nosotros como comunidad tenemos tanto miedo que decimos que está todo normal. No decimos lo que vemos porque no confiamos”, agrega un líder de otro corregimiento. Se dice que en La Junta se asentaron los paramilitares. Por Marokaso, según cuentan, pasa un grupo guerrillero; en Caracolí ya han visto hombres armados, y lo mismo en Zambrano. 

Otro líder narra que, incluso, mientras se dedicaba a sus labores productivas, se encontró de frente con alrededor de 45 hombres fuertemente armados y uniformados en una zona rural cerca de San Juan del Cesar. Ahí tuvo que responder a este grupo qué estaba haciendo para que lo dejaran seguir. “Ahora tengo miedo de andar por esa zona”, confiesa. 

El problema es que las comunidades no confían en las autoridades civiles ni militares. Ninguno se atreve a hacer denuncias públicas ni privadas a nombre propio. El mismo líder que refuta el parte de tranquilidad que siempre da el Ejército, afirma que, si está en la montaña, siente más miedo de encontrarse con el Ejército que con otro grupo armado.

El miedo sigue latente

Esta desconfianza por las autoridades militares y civiles, así como por vecinos y coterráneos, tiene su origen en los hechos del conflicto armado. Según las cifras de la Unidad para las Víctimas, en San Juan hubo 315 homicidios por parte de grupos armados ilegales durante el conflicto. Sin embargo, esta cifra únicamente cuenta los casos de los familiares que denunciaron, narraron su relato y quienes fueron reconocidos como víctimas. Estas cifras, para los líderes, son inexactas. “Mucha gente se cohibió de ir a denunciar por miedo a que esa información que daban se filtraba”, afirma un hombre que fue desplazado y que no denunció este hecho en su momento.

Una mujer wiwa le dijo a Consonante que después de que fue a declarar a la Fiscalía por el asesinato de su esposo, recibió información de que el comandante paramilitar que en 2004 se conocía como Kevin ya sabía todo lo que ella había dicho. Por fortuna, le insistió al fiscal en que no sabía nada. 

Pero no fueron sólo las autoridades. “Nosotros como comunidad también pusimos el granito de desconfianza. Se presentaban casos de que un vecino vendía al toro y por miedo decían un nombre y así murió mucha gente inocente. La gente se cohibía de hablar, prefería encerrarse en su casa y no estar opinando con ninguno por miedo a que otro me venda”, dice una líder y víctima del conflicto. Todos los presentes estuvieron de acuerdo. “Hoy estamos hablando aquí y no sabemos quién de aquí va a malinformar a quién”, agregó alguien más. 

Ahora, con el rompimiento del cese al fuego, esa duda se hace cada vez más grande. “Que ya no haya cese al fuego sí nos genera zozobra, porque aquí no hay apoyo de ninguno y la fuerza pública no genera confianza”. 

Hace un año, cuando se hablaba aún menos de la presencia de los paramilitares, hubo una noche sin luz. Hubiera sido una de muchas, pero cuando volvió a salir el sol la comunidad de La Junta encontró paredes pintadas con las letras “AUC”. Eran las siglas viejas, que eran tan familiares. Y el miedo que revivió en ese momento aún no se va.

El Sisbén IV, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, es el primer filtro que la población debe superar para aspirar a los beneficios de los programas sociales del Estado. Sin embargo, desde hace varios meses este sistema enfrenta una serie de problemas: un aumento en el volumen de trámites, demoras en sus tiempos de respuesta y, en general, un desbordamiento de sus capacidades. 

En el 2022, el Sisbén recibió cerca de 450 mil solicitudes de encuestas y actualización de datos por mes, según el Departamento Nacional de Planeación, DNP. Este número representó un incremento del 28,2 por ciento en comparación con el año anterior, cuando el promedio fue de 355 mil solicitudes por mes.

El principal motivo es la transición en la que se encuentra el sistema. En 2021, el DNP, entidad encargada del Sisbén, cambió la metodología de clasificación de la población: pasó de establecer puntajes a ubicar a los usuarios en grupos y subgrupos. Esto llevó a que fuese necesario registrar nuevamente a las personas que ya estaban, teniendo en cuenta que el 74 por ciento de los registros no se actualizaba desde 2011.

A esta transición se le sumó que en febrero de este año, Catalina Velasco, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, informó que estar en el Sisbén IV es un nuevo requisito para ser beneficiario del programa Mi Casa Ya. A través de este programa, el Gobierno entrega en áreas urbanas y rurales un subsidio de vivienda de entre 20 y 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La sobrecarga del sistema ha sido tal que a principios de marzo, el Gobierno nacional informó que extendería un año más el plazo establecido para que las personas del régimen subsidiado en salud pudieran registrarse y actualizar sus datos en el Sisbén IV.  Durante el anuncio, Juan Miguel Gallego, subdirector General de Prospectiva y Desarrollo Nacional del DNP, dejó ver que persisten confusiones alrededor de las consecuencias de no estar registrado: “no es cierto que se puedan desvincular por no actualizar los datos en el Sisbén”, aclaró. 

Para despejar dudas alrededor del Sisbén IV, Consonante elaboró esta guía básica de trámites en esta entidad gubernamental: desde cómo registrarse hasta actualizar sus datos o consultar el grupo de clasificación.

¿Qué es y qué no es el Sisbén?

Es un sistema que permite clasificar a las personas a partir de sus condiciones de vida e ingresos, utilizado por el Estado para focalizar la inversión social en quienes más lo necesitan. El Sisbén no es un programa ni cuenta con un equipo que entregue subsidios ni ayudas, esto lo hacen las entidades que administran los programas sociales como Pensión Familiar, Vivienda Rural, Familias en Acción, Ingreso Solidario y Mi Casa Ya.

¿Cómo registrarse en el Sisbén IV?

• Solicitar una encuesta

Todas las personas mayores de 18 años, preferiblemente los y las jefas del hogar, pueden solicitar la encuesta del Sisbén IV ante la oficina local del Sisbén en el municipio donde viven o de manera virtual, siguiendo estas instrucciones:

1. Ingresar al portal ciudadano del Sisbén IV y diligenciar el formulario con su nombre, documento de identidad, correo electrónico, fecha de nacimiento y fecha de expedición del documento, correo y contraseña.

2. Al hacerlo, recibirá un correo electrónico con la confirmación de acceso al portal. A través de ese correo, debe ingresar nuevamente al sistema con su usuario y contraseña, colocar sus datos personales y los de su núcleo familiar y solicitar una encuesta. 

3. Luego, recibirá al correo un número de radicado para que pueda hacer seguimiento a su solicitud.

4. El DNP aclara que debe estar atento, pues un funcionario se contactará con usted para programar una visita domiciliaria a su hogar y realizar la encuesta. Según el DNP, este trámite debería tomar 30 días, pero en realidad el periodo de espera depende del volumen de solicitudes y el número de encuestadores. En algunos casos, este tiempo llega a ser de hasta tres meses. 

5. Una vez realizada la encuesta, no recibirá de inmediato el resultado del grupo de clasificación del Sisbén. Debe consultarlo periódicamente a través de este enlace. De acuerdo con el DNP, la información se debe ver reflejada en la página web, como máximo, seis días luego de que la alcaldía la envíe al DNP. 

• Consultar su grupo de clasificación

Cada persona registrada en el Sisbén cuenta con un grupo de clasificación. Estos grupos son utilizados por las entidades del Estado, junto con los requisitos de cada programa. Con esta información, cada dependencia evalúa y asigna beneficios a los ciudadanos según sus condiciones de vida. Por ejemplo, el departamento de Prosperidad Social utiliza estos grupos para definir quiénes acceden a Familias en Acción, un programa que ofrece incentivos económicos a familias con niños, niñas y adolescentes en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

En la metodología del Sisben IV, existen cuatro grupos de clasificación: A, B, C y D. Dentro de cada, se ubica a las personas según su capacidad para generar ingresos y sus condiciones de vida, de esta manera:

• Grupo A: población en pobreza extrema. Va de A1 a A5
• Grupo B: población en pobreza moderada. Va de B1 a B7
• Grupo C: población vulnerable. Va de C1 a C18
• Grupo D: población no pobre, no vulnerable. Va de D1 a D21 

Las personas que deseen consultar su grupo, deben ingresar el tipo y número de su documento en este enlace. 

• Actualizar sus datos en el Sisbén

En el caso de que usted ya esté registrado en el Sisbén y deba cambiar la información consignada en el sistema, el único camino es acercarse a la oficina del Sisbén en su municipio y realizar el trámite presencialmente. 

Según el DNP, las correcciones de la información en la base del Sisbén pueden ser por:

• La incorporación o exclusión de personas de la encuesta
• Cambio de domicilio en el mismo municipio o por cambio de municipio (en este caso debe solicitar una nueva encuesta)
• Por inconformidad con la información registrada
• Cambio de información en alguna de las secciones de la encuesta: vivienda, hogar, personas, salud, atención a menores, educación, ocupación e ingresos

¿Quién puede ser excluido del Sisbén IV? 

Solo las personas fallecidas y aquellas mal identificadas pueden ser eliminadas de la base de datos. También es posible ser excluido por una orden judicial. Todos los demás retiros corresponden a una solicitud expresa del hogar, precisa el DNP. 

¿Qué debe hacer si se ve afectado por demoras en el Sisbén IV?

De acuerdo con Óscar Castelblanco, especialista en derecho constitucional, cualquier ciudadano que presente demoras en los trámites del Sisbén IV y se vea afectado puede interponer una acción judicial constitucional, como una acción de tutela, para “reclamar la protección que el Estado debe darle”.

“Las personas más afectadas aquí son las que más requieren la atención del Estado, las más vulnerables (...) Las consecuencias son gravísimas para los ciudadanos porque quedan en riesgo sus derechos fundamentales y principios constitucionales. Puede quedar en riesgo su vida, salud, dignidad”, advirtió Castelblanco. 

Encuentre acá la lista de investigaciones, reportajes, videos y noticias más leídas: 

1.  Asoagua: anatomía de un fraude con la contratación pública en La Guajira

Esta investigación documentó que la Asociación de Municipios del Sur de la Guajira, Asoagua, un esquema asociativo territorial hecho a la medida, acumuló una inusitada cantidad de millonarios contratos y dejó a su paso una estela de obras incompletas y de mala calidad. Los responsables de su constitución legal presumiblemente abusaron de la figura para ampliar su capacidad de contratación en la región. Esta es la historia de un esquema que vinculó a empresarios y políticos guajiros que terminó perjudicando a centenares de habitantes del departamento.

Entre 2006 y 2016, Asoagua firmó 141 contratos con diferentes entidades administrativas de diferentes departamentos, según el Sistema Electrónico para la Contratación Pública —Secop—. En esos diez años, el valor total de los contratos fue superior a los 82 mil millones de pesos. Durante ese periodo de tiempo los proyectos a cargo de Asoagua sufrieron retrasos e incumplimientos. Y poco a poco quedaban en entredicho los principios que deberían regir la contratación pública: la transparencia, la economía, la responsabilidad y la selección objetiva. La asociación suscribió contratos con municipios de La Guajira, Cesar, Bolívar, Magdalena y Cundinamarca. Si bien, los 141 que registra el Secop no son la totalidad de los contratos firmados por Asoagua, lo cierto es que 70 de esos se hicieron por medio de la modalidad de contratación directa y cuatro se adjudicaron a uniones temporales en las que participó la asociación. En varios de los contratos que se hicieron por licitación, Asoagua aparece como único oferente. Esto quiere decir que la mayoría de contratos fueron adjudicados a dedo.

      Lea acá la investigación completa

2. “Pa' la cantidad de plata que costó, no han hecho nada”: los vacíos del parque en honor a Diomedes Díaz

En junio de este año se publicó cuáles eran las irregularidades del parque El Cacique, en honor al fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz.  Se denunció que, para ese momento, las sillas de concreto estaban sin espaldar, las zonas verdes eran pedazos de pasto y, en las noches, la estatua y los 32 triángulos de piedra pegados al suelo que representan los CD’s que grabó Díaz en vida permanecían en total oscuridad. 

Se advirtió que la obra, que tuvo una inversión de 2.700 millones de pesos, no correspondía a los planos del proyecto y que la estructura tenía fallas evidentes.

El parque El Cacique, que debía ser terminado en diciembre de 2020, fue entregado el 30 de noviembre de este año. Es decir, dos años después. Aunque se cumplió con las revisiones técnicas y las exigencias pactadas, siguen los reparos por el estado de la obra. 

    Este fue el informe  
   Además: Dos años tarde, Alcaldía de Hatonuevo entrega parque en honor a Diomedes Díaz 

3. Problemas de convivencia escolar: la secuela de la pandemia en Tadó 

Este reportaje cuenta cómo tras el regreso a clases presenciales se reportaron más discusiones, peleas y hasta riñas entre estudiantes de varias instituciones educativas.

Los rectores, docentes y psicorientadores de distintos colegios señalaron que las y los estudiantes regresaron agresivos e intolerantes después de dos años de clases virtuales a raíz de la pandemia de Covid-19. Además, según los coordinadores, los alumnos estaban tristes y desanimados.

Uno de los casos graves ocurrió en la Escuela Normal Demetrio Salazar donde un estudiante llevó un machete al colegio con la intención, al parecer, de agredir a un compañero con el que había tenido una discusión.

 
    Lea acá el reportaje  

4. EN FOTOS: El festival de arroceros más grande del sur La Guajira

El Hatico, corregimiento al sur de la Guajira, realizó la edición número 27 del Festival de Arroceros que destaca la ardua labor que a diario realizan los cultivadores de arroz.

El evento se efectuó del 22 al 24 de julio y se rindió homenaje a Luis Manjarrez, el fallecido verseador hatiquero quien fue conocido por ser uno de los mejores repentistas de la piqueria vallenata. 

En este pueblo hay unas 700 hectáreas de cultivos de arroz y representa una fuente de empleo para cerca de 10 mil pobladores. Por ello, los arroceros celebraron que volviera una tradición que estuvo en pausa por falta de financiamiento de la Alcaldía y privados.

^{Vea acá las mejores imágenes del Festival de Arroceros}

5. ESPECIAL | El álbum Panini criollo: conozca la selección de Tadó

En Tadó nacen y se cultivan talentos futbolísticos en todos los barrios. Desde el Reinaldo hasta San Pedro, pasando por el barrio Escolar y Villas de Remolino. De esas calles sin pavimentar, en las que se forman barro y charcos cuando llueve, salieron jugadores como Yeimar Gómez, defensa central del Seattle Sounders, y Yeicar Perlaza, defensor en Atlético Nacional. Esto quedó demostrado durante la participación de los dos equipos tadoseños en el torneo Primera C: Mineritos Fútbol Club y Club Nueva Generación de Tadó aseguraron dos de los tres lugares del Chocó para la fase nacional del campeonato.

Consonante presentó a once jugadores tadoseños que seguramente darán de qué hablar en los próximos años. Todos esperan la oportunidad de cumplir un sueño común: ser futbolistas profesionales.

   Conozca acá quiénes conforman este álbum Panini criollo 

6. Así trabajan 30 personas por recuperar el río Cesar

El río Cesar es el segundo afluente más importante del departamento de La Guajira. Sin embargo, desde hace dos décadas los habitantes de San Juan del Cesar han visto cómo se ha reducido su caudal por la sedimentación. Ante la falta de acciones estatales, un grupo de sanjuaneros y sanjuaneras decidieron organizarse para recuperar la cuenca y regresarle la gloria a esta fuente de agua que ha inspirado a compositores vallenatos de la talla de Rafael Escalona.

En 2015, la Corporación Regional Autónoma del Cesar (Corpocesar) declaró la emergencia ambiental sobre la cuenca baja y media de este afluente. A pesar de que el Acueducto de San Juan del Cesar, que beneficia a cerca de 40 mil habitantes, recibe la mayor parte de sus aguas de este afluente, a nivel local no se han adoptado acciones de fondo que permitan recuperarlo.

El grupo de WhatsApp “Gente, cultura y pueblo”, en el que se difunden noticias y anuncios de San Juan del Cesar, sirvió como plataforma para que Mairo Daza, Rita Mindiola, José Banquet, Yeris Mercedes Daza y otras personas comenzaran a gestar la idea de conformar una fundación que uniera a personas preocupadas por la preservación del río. Además de invitar a las jornadas de limpieza cada dos meses, identificaban a las personas interesadas y difundían las reuniones con entes como la Contraloría para discutir acciones sobre el río Cesar.

   Encuentre acá el reportaje que detalla esta iniciativa 

7. ‘Las personas LGBT en El Carmen de Atrato nos enfrentamos todos los días al rechazo de la gente’: Viviana Cartagena

Viviana Marcela Cartagena Taborda se asumió públicamente como una mujer lesbiana a los 15 años. A pesar de que desde entonces ha sido discriminada, su autorreconocimiento le dio libertad. Algo esquivo para la población LGBT+ de El Carmen de Atrato. Viviana, a pesar de las agresiones verbales, se ha atrevido a mostrarse como le gusta, a actuar como quiere y a no esconderse. Esto la ha convertido en una figura visible e incluso irreverente en este municipio chocoano en el que el tabú alrededor de la diversidad sexual es tan fuerte que aún no existe un colectivo o una organización que defienda los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans. En la Alcaldía ni siquiera tienen un estimado de cuántas personas se reconocen como personas diversas en términos de sexualidad y género.

Sentada en un café del parque principal, Viviana Cartagena —quien a sus 30 años trabaja como instructora deportiva en la Alcaldía— habló con Consonante sobre el rechazo que existe en el pueblo hacia las personas LGBT y la necesidad de que la población local les dé el respeto que merecen. 

^{Reviva acá la entrevista}

8. Video: Caracolí, el pueblo que perdió su carretera por la represa del río Ranchería

El megaproyecto inundó la principal vía de acceso a este corregimiento de San Juan del Cesar, en el sur de La Guajira, hace 12 años y desde entonces más de siete mil personas sufren las consecuencias.

    Encuentre acá el video

9. Empleo, rumba y turismo: el impacto de la telenovela de Leandro Díaz en San Juan del Cesar

La novela de Leandro Díaz, que se grabó este año en las calles de cuatro corregimientos y en el caso urbano de San Juan del Cesar, impulsó durante seis meses la economía del municipio. El rodaje se tradujo en mayor ocupación hotelera y en empleo directo e indirecto para los pobladores, quienes se desempeñaron como actores y actrices extra, equipo de logística y seguridad, y venta de bebidas y comidas en puestos informales.

El folclor vallenato también se tomó el pueblo con parrandas repentinas de Silvestre Dangond durante las grabaciones.

^{Lea más sobre cómo se vivió la grabación de la novela en San Juan del Cesar.}

10. Siete semanas en Fonseca: así es vivir con el servicio de Air-e

En La Guajira se paga uno de los servicios de energía más costosos del país, a pesar de que se presentan apagones al menos tres veces a la semana. Consonante creó un grupo de WhatsApp con cinco personas de distintos barrios del municipio que contaron qué pasaba en sus casas y en sus lugares de trabajo cada vez que se iba la luz. 

^{Acá puede leer más sobre los resultados de este ejercicio periodístico con participación ciudadana.}

Abrió el primer museo de vallenato del país

El 9 de diciembre abrió sus puertas el Museo Nacional del Vallenato, ubicado en la Plaza Simón Bolívar de Fonseca, La Guajira. Este espacio busca salvaguardar, perpetuar y difundir la memoria histórica del género musical vallenato, que fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco en 2015.

Para la creación de este espacio se unieron dos museos: el Museo Histórico de Fonseca y la Casa Museo La Provinciana, liderados por los gestores culturales Carmen Lucina Rodríguez y David Hernández. 

En el museo se destacan los rostros de los pioneros de la música vallenata. Hay antiguos equipos reproductores de música, radios, grabadoras y hasta una réplica de un fonógrafo, el popular artefacto que es usado como estatuilla en los premios Grammy.

Conozca los detalles del museo: Un recorrido por el Museo Nacional del Vallenato en Fonseca

Los excombatientes de Pondores ya son dueños de la tierra que cultivan

La finca San Luis, de 188 hectáreas, es desde el pasado 6 de diciembre de propiedad de la Cooperativa Multiactiva para la Paz de Colombia (Coompazcol), una organización formada por alrededor de 185  excombatientes de las antiguas Farc, familiares y miembros de la comunidad de Pondores. El título de este predio se les entregó a los firmantes de paz por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

En agosto de 2017 los firmantes de la paz dejaron las armas y desde entonces se dedicaron a desarrollar varios proyectos productivos que les permitieran sostener económicamente su proceso de reincorporación a la vida civil, así como construir con las comunidades aledañas.

Lea acá cuáles son los proyectos productivos

Volvió el festival del arroz en El Hatico, tras seis años sin hacerlo

El Hatico, corregimiento al sur de la Guajira, realizó la edición número 27 del Festival de Arroceros que destaca la ardua labor que a diario realizan los cultivadores de arroz.

El evento se efectuó del 22 al 24 de julio y se rindió homenaje a Luis Manjarrez, el fallecido verseador hatiquero quien fue conocido por ser uno de los mejores repentistas de la piqueria vallenata. 

En este pueblo hay unas 700 hectáreas de cultivos de arroz y representa una fuente de empleo para cerca de 10 mil pobladores. Por ello, los arroceros celebraron que volviera una tradición que estuvo en pausa por falta de financiamiento de la Alcaldía y privados.

En fotos: El festival de arroceros más grande del sur La Guajira

Se realizó el Festival del Café y el Gobierno anunció ayudas a campesinos

En Fonseca, 162 caficultores llevan más de 15 años dedicados a la producción de uno de los mejores granos del país. Lo hacen a 14 kilómetros del casco urbano del municipio, en la zona alta del corregimiento Conejo, y también en Las Bendiciones, Las Marimondas y Las Colonias. Las primeras plantas de café llegaron allí en manos de campesinos del interior del país, quienes huían de la violencia en los años 40. Desde ese momento, gracias al clima y a su ubicación en medio de bosques, en la serranía se produce un café con “agradable acidez media alta y notas vinosas''.

Ante el aumento en el precio de los insumos, el Gobierno anunció que ayudará a los caficultores con un subsidio que cubriría el 20 por ciento del costo de los fertilizantes. Según advirtieron, hace uno o dos años, un saco de urea (fertilizante) costaba 80 mil pesos y hoy no se consigue por menos de 210 mil pesos.

Lea además: El café que se cultiva en Conejo, en La Guajira, llega hasta Japón

Entre los afiliados de la Nueva EPS en el Carmen de Atrato se ha vuelto común una frase: “no le han pagado a la farmacia; no están entregando los medicamentos”. Los pacientes, que como muchos en el sistema de salud colombiano, requieren superar una cadena de autorizaciones, citas y fórmulas, deben frenar sus tratamientos porque desde hace dos meses la Droguería El Descuento no recibe los pagos de la EPS. Los pacientes, desde entonces, han quedado en medio de un proceso que no entienden. 

Pacientes con tratamientos interrumpidos: Melissa Rueda Serna, madre de un niño de cinco años diagnosticado con esquizofrenia, denuncia que desde hace dos meses no le entregan los medicamentos que requiere para su tratamiento en El Carmen de Atrato (Chocó). El menor necesita unas gotas de Tractal Risperidona que deben ser suministradas a diario para garantizar su calidad de vida.

“Él necesita 10 gotas diarias y las gotas duran aproximadamente de ocho a quince días. Como no conseguimos las gotas, le tuvimos que dar una presentación en pastillas, pero esto le está perjudicando. Tiene efectos secundarios, le está dando dolor de cabeza y lo está indisponiendo mucho. Las gotas cuestan 12 mil pesos, pero por ser medicamentos psiquiátricos no todas las farmacias las traen”, cuenta Melissa Rueda, quien trabaja en un asadero y afirma que no tiene el dinero suficiente para comprar la medicina que requiere su hijo.

Melissa no envió a su hijo al colegio durante las dos últimas semanas. “Cuando él no tiene el medicamento es agresivo, le pega a las personas y no quise tener problemas con sus compañeros ni con la profesora”.

Otro caso es el de Gloria Cecilia Tirado, diagnosticada con diabetes: “me enviaron unas inyecciones para controlar el peso. También necesito unas tiras para medir el azúcar y me ha tocado comprar la insulina porque no me la entregan”. 

Lea también: El enredo que dejó la liquidación de la EPS Barrios Unidos en El Carmen de Atrato

¿Quién responde? Carlos Augusto Muriel, farmacéutico y propietario de la Droguería El Descuento, explica que dejó de entregar los medicamentos por el retraso en los pagos. “Me dejaron de pagar a principios de octubre, pero veníamos con unos meses vencidos. La Fundación Santa Sofía de Asís me estaba abonando, pero la deuda sigue siendo muy alta, por más de 150 millones de pesos”, indica.

La Fundación Santa Sofía de Asís, de Quibdó, es el prestador de servicios de la Nueva EPS y fue quien contrató a la Droguería El Descuento para entregar los medicamentos. Consonante contactó a la Nueva EPS para conocer por qué hay demoras en el pago y cómo se está garantizando la entrega de medicamentos a los usuarios, pero no obtuvo respuesta.

El principal problema del sistema de salud en todo el país: La no entrega de medicamentos es la barrera más común en el acceso a la salud, según un informe de la Asociación de Pacientes de Alto Costo con quejas recibidas a nivel nacional durante el 2021. 

Su presidente, Nestor Álvarez, recalca que las EPS no pueden redireccionar su responsabilidad, como en el caso del Carmen de Atrato, a los prestadores o proveedores. “La salud es un derecho individual  y la Nueva EPS es la responsable de garantizar los derechos del paciente. Las EPS abandonan al paciente diciendo que los proveedores son los que deben hacerse cargo, no hay un sistema claro para la entrega de medicamentos y esta es una de las principales deficiencias del programa de salud”, advierte. 

“Esta situación se acentúa más en las zonas más apartadas del país porque no cuentan con las mismas ofertas y con menos proveedores. Los pagos deben hacerse máximo a los 30 días y resulta que esto no pasa, si no hay dinero no hay cómo suministrar un servicio. Los pacientes quedan perjudicados y deshumanizados en el sistema de salud”. 

Por su parte, el abogado y salubrista Johnattan García Ruiz advierte que en Colombia “existe una deuda entre intermediarios de salud” que afecta directamente a los usuarios y a su servicio. “Más allá de las EPS se requiere de una entidad que se encargue de vigilar y de negociar todo lo que se hace en salud”, indica.

Lo que sigue: Ana María Muñoz Olaya, Secretaría de Salud y Bienestar Social del Carmen de Atrato, recalca que es un tema preocupante y advierte de un problema mayor: “Los usuarios de El Carmen de Atrato pueden desplazarse hasta Quibdó para solicitar la entrega de sus medicamentos. Pero este trayecto, les implicaría un trayecto de cinco horas”. El costo de los pasajes es de 90.000 pesos, una cifra que puede superar el valor de los medicamentos que deben ir a reclamar.

La Secretaria de Salud no tiene un conteo de las quejas que han atendido, pero Muñoz afirma que ha conocido casos de pacientes con enfermedades crónicas en los que no tener el medicamento afecta significativamente su vida. “Muchos no tienen la economía suficiente para comprarlos por cuenta propia o un familiar que se haga cargo. La afectación no sólo es a nivel físico, sino también a nivel mental porque la persona puede colapsar. Esto es muy complejo”.

Estas quejas ya han sido reportadas, según cuenta Muñoz, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Secretaría de Salud Departamental. “Espero que se logre un acuerdo, ya sea con esta farmacia u otra. Nosotros no tenemos un preferido, lo que necesitamos es que se cumplan los protocolos y que funcione”.

Si usted tiene una queja sobre un medicamento que no le han entregado puede reportarlo en esta página https://www.pacientesaltocosto.org/ 

Joisses Paola Mendoza Muñoz, de 19 años, saltó a la popularidad en redes sociales hace tres meses cuando protagonizó un video en el que cantaba y bailaba ‘Me quito el nombre’, de Silvio Brito. La canción fue lanzada en 1984 y hoy, 38 años después, ha vuelto a ubicarse entre los principales éxitos en las emisoras.

Mendoza nació en Capurganá (Chocó), está culminando su carrera de enfermería y alterna su tiempo libre con el baile. Creció en una familia amante del vallenato y hace unos años empezó a cultivar su gusto por la música de Silvio Brito. “La primera canción que yo escuché fue ‘El Mocoso’, se la escuché a mi mamá y me pareció muy linda”, recuerda. “Había terminado una relación y decidí darme la oportunidad con otra persona y ese día dije: ‘si no es él, me quito el nombre’. Mejor dicho, la canción me cayó como anillo al dedo”. 

La canción se convirtió en su himno. “Esa cancioncita se me pegó y a donde iba siempre la pedía”, cuenta. Tal vez por ese motivo, se la pidió al DJ la noche en que su hermana celebraba sus quince años con una fiesta en Turbo (Antioquia). “Yo siempre acostumbro a poner esas canciones cuando estoy con mi familia. Ese día molesté al DJ para que me pusiera esa canción, jamás pensé que mi cuñada me iba a grabar y en ese instante todo me fluyó”.

Joiss Paola, como se hace llamar en redes, tardó un mes en publicar el video. Hasta que un día de julio no lo pensó más y decidió subirlo a su perfil. “Estaba con mi familia y al acostarme recorté el vídeo y lo publiqué en TikTok”, cuenta. La publicación se viralizó rápidamente y tres meses después acumula casi 200 mil visualizaciones y 5 mil comentarios. “Yo decía dios mío, el que persevera alcanza. No sabes lo que la gente empezó a compartir este vídeo para que llegara hasta donde él. Incluso muchos me mandaron un saludo de él desde España. No lo podía creer”.

Sobre su popularidad en redes, dice que llevaba mucho tiempo esperando el momento en que alguno de sus videos se hiciera viral. En su cuenta, hay varias grabaciones de coreografías bailando reggaeton, chirimía y salsa con su grupo de baile femenino Infinity Record. “Algunos me han recibido como una artista y me catalogan como un buen ejemplo y otros de forma negativa. Para mí ha sido muy difícil. Mi familia, gracias a dios, lo ha tomado bien. Se sienten orgullosos porque yo siempre he querido hacerme viral en TikTok y he subido contenido cantando y bailando”, dice la chocoana que actualmente cuenta con 145 mil seguidores en la red social.

La historia que nació en redes sociales trascendió a los escenarios. Joisses Paola compartió tarima con el maestro Silvio Brito el pasado 15 de octubre durante las fiestas en Capurganá  y juntos cantaron, por supuesto, ‘Me quito el nombre’, de la autoría del reconocido compositor Roberto Calderón.

La joven cuenta que desde septiembre sabía que el cantante vallenato asistiría al evento. “Estuve pensando hasta el último día en ir porque tenía algunos compromisos en mi hogar, con mi mamá y mis hermanos. Recuerdo que le dije a mi mamá: ‘vámonos para allá’. Decidimos viajar y le escribí al organizador del evento para que me dejara subir a la tarima”, dice. 

Según la tiktoker, el maestro se enteró en ese momento que ella estaba entre el público y decidió invitarla al escenario. “Me escribió: ‘ven a la tarima’. Cuando iba llegando, él se quedó sorprendido al igual que yo y empecé a temblar. Nos saludamos, compartimos un momento y él me dijo: ‘te atreves a cantar conmigo’".

Silvio Brito conoció a la joven a través de sus videos de TikTok meses antes del evento en Capurganá. En realidad, él fue uno de los primeros en ver el famoso video. “Yo lo vi rapidito. Creo que fui uno de los primeros en ver el vídeo y me gustó mucho, vi una actitud muy agradable, pero no pensamos que a partir de ese momento se volvería viral el vídeo”, dice el cantante que no dudó en pedirle a su equipo que se la presentaran para felicitarla e invitarla al escenario.

Brito es considerado por muchos vallenatólogos y críticos de la música vallenata como la mejor voz de este género y denominado “La voz morena del vallenato”. Es oriundo de La Guajira y hace 38 años hacía pareja musical con Ciro Mesa. Para el cantante vallenato, la joven tiene madera para la música, pero debe practicar. “Usted sabe que todo hay que ponerlo en práctica. Habría que hacer unos ensayos, podría ser posible”, afirma.

Lea también: Silvio Brito: "Los guajiros sostenemos la música vallenata"

El encuentro en el festival quedó registrado en un video que se viralizó en redes e impulsó aún más el tema musical que hoy en día suena con fuerza en las emisoras y discotecas de todo el país. El éxito ha sorprendido a la misma Joisses Paola. “Este fin de semana salí a dar una vuelta y en una discoteca, que se llama ‘El quiosco de Rafa’, estaban poniendo esa canción. Yo vi a la gente cantando con demasiado sentimiento aunque fuera una canción vieja. Qué cosa tan impresionante”, dice.

Pero para Silvio Brito no es una sorpresa que su canción haya vuelto a sonar después de tantos años. “Las canciones que he cantado tienen mucho contenido social, son canciones que cuentan anécdotas y sucesos de la vida cotidiana en Colombia y cualquier parte del mundo. Son canciones que perduran”, sostiene. Para él, otros temas como ‘Ausencia sentimental’, ‘Tú eres el amor’, ‘A mis hijos por qué’, ‘Llegaste a mí’, ‘Huellas de un recuerdo’, ‘El mocoso’, ‘Romanza’, y ‘Mi poema’ también resultan atemporales y por eso siguen sonando.

“La base del vallenato tradicional es esa, contar una historia. Por eso pienso que va a perdurar. Porque el vallenato tendrá que ser historia, porque esa es su esencia; es la defensa de la historia, del pasado, el presente y el futuro. Le cantamos a todas esas cosas”, dice Brito, quien afirma que esa es la razón por la que el vallenato tradicional no podrá ser desplazado por otros géneros musicales.

Silvio Brito descarta grabar una nueva versión de ‘Me quito el nombre’. “Una nueva versión tal vez no. “Yo pienso que podríamos hacer un vídeo o algo por el estilo porque, se dice que las cosas buenas nunca se repiten. Después de tantos años no se va a hacer algo exactamente igual. Entonces es mejor dejar las cosas así. La canción está bien grabada, no le faltó nada, por eso se pegó y entonces modificarla podría ser una falla”, afirma.

¿Qué va a pasar con mis medicamentos? ¿Mi mamá tiene una cirugía programada, debe empezar ahora de cero? ¿Siguen en las mismas fechas los tratamientos o las autorizaciones con la nueva EPS? Estas son algunas de las dudas que tienen los usuarios de la liquidada Comfaguajira desde que empezó el proceso de traslado de usuarios a otras EPS, el pasado 11 de noviembre. 

Son ocho entidades las que recibirán a 273.029 afiliados de Comfaguajira. Estas son: Cajacopi, Nueva EPS, Sanitas, EPS Familiar de Colombia, Anas Wayuu Epsi, Salud Total, Coosalud y A.I.C. Epsi.  La mayoría de afiliados fueron asignados a Cajacopi (63.626); seguida por la Nueva EPS (56.762); EPS Sanitas (45.848); EPS Familiar de Colombia (44.632); y Anas Wayuu (34.032). Otros afiliados fueron trasladados, en menor cantidad, a Salud Total (44.421); Coosalud (9.157) y A.I.C. Epsi (7.551).

A propósito de esta situación, Consonante consultó a través de WhatsApp a varios usuarios de Comfaguajira para conocer sus dudas y recibió 32 preguntas.A continuación, respondemos los interrogantes que más se repitieron con información de la Superintendencia Nacional de Salud:

1. ¿Cómo puedo saber a qué EPS fui asignado/a?

“Era usuaria de Comfaguajira, me busco a través del link y dice que quedé en Cajacopi y luego me envían un mensaje de Sanitas y que ahora pertenezco a ellos. Entonces, no sé a dónde ir”. Para muchos usuarios no es claro cuál EPS le fue asignada. El Ministerio de Salud habilitó un enlace en su página web (haga clic aquí si quiere visitar la página del Minsalud) en el que cada persona puede conocer a qué entidad prestadora de salud fue asignada después de ingresar su número de cédula.

El problema radica en que, primero, no todos viven en zonas con acceso a internet. Según cifras del Dane (2019), solo el 21 por ciento de los hogares en La Guajira tienen una conexión a la red. En otros casos, como uno de los reportados a Consonante, un usuario recibió mensajes que confirman la afiliación a un EPS distinta a la registrada en la página de Minsalud. Según la Supersalud, esto no debería suceder, pero en caso de que existan personas en esta situación es  la entidad (la EPS) quien debe notificar a la Secretaría de Salud y a Minsalud para actualizar la base de datos de afiliados. 

Los usuarios, asegura el ente, serán trasladados automáticamente a las EPS receptoras. Sin embargo, es necesario que el cotizante o cabeza de familia, se contacte con la EPS asignada y actualice sus datos básicos y los de su grupo familiar.

2. ¿Me atienden en el mismo lugar? ¿Qué puedo hacer si fui asignado/a a una EPS que no ofrece atención en el municipio donde vivo?

“Me gustaría saber dónde será mi atención ya que me atendían en la Fundación Vida Con Amor. Tengo una bebé y ahí es donde le realizan sus controles”. Sobre estos casos, indica Supersalud, la EPS debe informar a través de la página web y las líneas telefónicas cuáles serán los nuevos puntos de atención. Sin embargo, según comentan algunos ciudadanos, a la fecha no han sido contactados y por eso todavía no saben a dónde dirigirse para seguir sus tratamientos.

Y aunque la Supersalud asegura que la EPS a la que fueron asignados debe garantizar la atención básica en el municipio y asumir los traslados para los trámites que requieran los usuarios, a una semana del inicio del proceso de liquidación varias personas reportan fallas: “me pasaron a Salud Total donde tengo a mis dos hijos en controles médicos en la Fundación Vida Con Amor y me anularon la cita ya que esta EPS no tiene convenio con la fundación y acá, en San Juan, tampoco está esa EPS”, contó una usuaria.

3. Si tenía un procedimiento médico en trámite con Comfaguajira, ¿qué pasa ahora?

“Estoy preocupada por el cambio de EPS de mi padre ya que él tenía una cirugía de los ojos y con todo esto se ha atrasado”, escribió Mary Araujo, hija de Bernardo Dario Ybañez (San Juan del Cesar); “mi mamá tenía una orden de Comfaguajira pendiente para una cirugía de ortodoncia”, manifestó otra usuaria. Sobre esto, la Supersalud advierte que es posible que algunos procedimientos requieran nuevas valoraciones en las EPS asignadas para que estas puedan actualizar la información clínica. Sin embargo, el ente aclara que esto no debe implicar una “regresividad” ni alterar la continuidad de su tratamiento. 

Comfaguajira, puntualiza Supersalud, será responsable de entregar a las EPS receptoras la información de los servicios autorizados que a la fecha de la asignación no hayan sido prestados, para que sigan su trámite. Estos tratamientos serán responsabilidad de la EPS a la que fue asignado. 

Este es uno de los asuntos más complicados del proceso de liquidación. Luis Jorge Hernández, médico salubrista y Ph. D. en Salud Pública de la Universidad Nacional, afirma que por este motivo es posible anticipar que aumente el número de tutelas y quejas en el sistema de salud. “Liquidar una EPS es un desastre para la salud. Aunque en el papel se diga que los procesos van a seguir, lo cierto es que se viene una avalancha de tutelas y quejas porque se pierde la continuidad de los tratamientos, de cirugías, etc. Al no tener una historia clínica digital la carga nuevamente queda para los usuarios, que ya son víctimas del sistema de salud”, asegura.

Hernández agrega que “los usuarios llegarán a EPS que ya están saturadas, con oferta limitada y en una zona, como La Guajira, con una atención deficiente”.

4. ¿Qué pasará con los pacientes con enfermedades crónicas?

Según las consultas recibidas por Consonante, varias familias están preocupadas por no saber si los tratamientos que reciben algunos de sus miembros para hacerle frente a enfermedades crónicas se verán interrumpidos. “Mi familiar tiene cáncer y necesita quimioterapias, cómo me van a garantizar el tratamiento”; “mi niña sufre de convulsiones y tenía control este viernes, estoy muy preocupada ya que me dijeron que no me la podían atender porque no tienen convenio”. 

Las EPS receptoras- puntualiza Supersalud- deben contratar con las redes disponibles en el territorio e incorporar sus prestadores habituales para garantizar a los pacientes su cobertura. La Supersalud, además, adelanta mesas de contratación en el territorio para garantizar la integridad y calidad de los tratamientos.

Pero para Hernández, es posible que se presenten problemas en tratamientos que están en proceso y también en la detección de enfermedades. Según el especialista, las demoras en la atención van a impedir el diagnóstico oportuno. “La pandemia demostró que un 70 por ciento no está diagnosticado oportunamente y así es muy difícil atender la mortalidad. Se está hablando de usuarios con enfermedades que requieren un tratamiento inmediato y donde un proceso de liquidación afecta lo poco que ya habían logrado”.

5. ¿Cómo deben tramitarse las órdenes de medicamentos de alto costo? Si tengo órdenes pendientes, ¿cómo las debo reclamar?

“Tengo un familiar que tiene Parkinson y necesita medicamentos que están pendientes de entregar desde hace un mes. Estos medicamentos no se pueden dejar de dar al paciente”, escribió María Barrios a través de la página de Consonante. 

La Supersalud informa que mientras el proceso de traslado no se haya efectuado, los usuarios deberán dirigirse al dispensario asignado por Comfaguajira y una vez se realice el traslado, la EPS a la que fue asignado deberá explicarle el procedimiento a seguir y entregar los medicamentos formulados.

6. ¿Cómo cambiarme a otra EPS si no me gusta la que me asignaron?

Este es, para los usuarios, uno de los asuntos con mayor crítica. La Supersalud explica que si un usuario no está conforme con la EPS debe esperar 90 días para hacer el traslado. La nueva EPS elegida por el usuario debe prestar el servicio en el municipio y operar en el régimen al cual pertenece. Es decir, una persona que en este momento desee cambiar de EPS luego de haber sido asignado por Supersalud a alguna otra debe esperar tres meses. 

Para Hernández, la demora de este trámite es otra muestra de que el sistema no está preparado para este tipo de cambios: “Se necesita una reforma, el proceso de liquidación debe ser anticipatorio y que el sistema de salud se prepare para lo que va a pasar y no esperar a todas las quejas para actuar”.

7. ¿Por qué liquidaron Comfaguajira? ¿Estos cambios son para mejorar el servicio?

Comfaguajira fue liquidada por la Superintendencia Nacional de Salud al evidenciar que estaba en riesgo la prestación de salud a los afiliados ante el deterioro en sus indicadores financieros, administrativos, jurídicos y asistenciales. Sin embargo, el proceso de liquidación tomaría 2 años. 

Los cambios, según Supersalud, buscan proteger la vida, la salud y bienestar de las personas y sus entornos. De igual forma, busca proteger los recursos públicos disponibles y dispuestos por el Estado para garantizar el derecho a la salud de los afiliados a esas EPS.

Si hay fallas en el servicio de salud o tiene alguna queja sobre la nueva EPS a la que fue afiliado puede comunicarse a la línea gratuita nacional de Supersalud 01 8000 513 700 habilitada 24 horas, 7 días de la semana, utilizando la opción 3 recibirá asesoría sobre su caso en particular. También puede escribir al correo electrónico pqrdasignadosguajira@supersalud.gov.co