Berna Jaraba, representante de los habitantes de la urbanización Cristo Rey, en Fonseca, sur de la Guajira, cuenta que para que en esas viviendas haya agua, todos los días a las dos de la mañana deben encender una turbina. Sus casas se encuentran en un terreno desértico, al lado de otras que están aún sin terminar. Este proyecto de vivienda que costó
5.602 millones de pesos debía haberse entregado hace tres años, pero después de más de una década no se ha terminado y los servicios de agua, alcantarillado y alumbrado público son deficientes.
También en el sur de la Guajira, en el municipio de Barrancas, los habitantes de la vereda Mapurito tienen que llevar sus cantinas cada mañana hasta el río para recoger el agua que necesitan para sus actividades domésticas, regar los cultivos de pancoger y darle de beber a sus animales. A pesar de que en 2009 la alcaldía les prometió que solucionaría su problema con la construcción de un acueducto veredal que costaría 1.800 millones de pesos, la obra no funciona de manera regular. Hoy, los vecinos siguen sin tener agua en sus viviendas.
Estas dos construcciones le fueron encargadas a la Asociación de Municipios del Sur de la Guajira, Asoagua, un esquema asociativo territorial hecho a la medida, que acumuló una inusitada cantidad de millonarios contratos y dejó a su paso una estela de obras incompletas y de mala calidad. Los responsables de su constitución legal presumiblemente abusaron de la figura para ampliar su capacidad de contratación en la región. Esta es la historia de un esquema que vinculó a empresarios y políticos guajiros que terminó perjudicando a centenares de habitantes del departamento.
Los orígenes del pulpo de la contratación
Asoagua fue creada el 20 de diciembre de 1995 por ocho alcaldes de municipios del sur de La Guajira: Luis Raúl Ramos Fuentes , de Urumita; Jorge Juan Orozco Sánchez, de Villanueva; Jorge Luis Zabaleta, de El Molino; Jairo Suárez Orozco, de San Juan del Cesar; Manuel Torres A., de Distracción; Carlos García Britto, de Fonseca; Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, de Barrancas; y Ovidio Ramírez, de Hatonuevo. Su asamblea de socios estaba integrada por los alcaldes de turno. Apenas un año antes se había expedido la ley 136 de 1994 que permite la creación de asociaciones de municipios. Hasta ahora no se ha dado la liquidación de la asociación, pero tampoco está operando, pues su matrícula en la Cámara de Comercio no se renueva desde 2019.
A partir de 2008 la cantidad de contratos aumentó significativamente. De 9 que se celebraron en 2007 pasó a firmar 28 ese año, y 38 en 2009. Esta explosión de contratos coincidió con una modificación a los estatutos que fue propuesta por Silvio Esnobis Cuesta, exdirector ejecutivo de la asociación, en la asamblea general extraordinaria del 25 de enero de 2008. En el acta de esa reunión quedó consignada la ampliación del objeto y las actividades de la asociación, que pasaron de ser 10 a 28 y a incluir diversos asuntos como: capacitación de profesores, análisis de impacto ambiental, servicios ganaderos, aprovechamiento de recursos hídricos, servicios de control de plagas, servicios turísticos, servicios de telefonía masiva, telégrafo y télex, entre otros. Esta ampliación de las actividades era una estrategia para ampliar la oferta de servicios de la institución.
Para ese momento, el ambiente político en el departamento era favorable para hacer esta jugada. El 1 de enero de 2008 se habían posesionado los mandatarios locales y regionales elegidos el año anterior. Jorge Pérez Bernier asumió como gobernador de La Guajira y Pedro Manjarrez, como alcalde de Fonseca. Ambos hacían parte del grupo político Nueva Guajira, al que pertenecía Cuesta. Entre 2008 y 2009, la asociación firmó contratos por 33.819 millones de pesos. A partir de entonces, empezaron los problemas.
141 contratos en 10 años
Entre 2006 y 2016, Asoagua firmó 141 contratos con diferentes entidades administrativas de diferentes departamentos, según el Sistema Electrónico para la Contratación Pública —Secop— . En esos diez años, el valor total de los contratos fue superior a los 82 mil millones de pesos. Durante ese periodo de tiempo los proyectos a cargo de Asoagua sufrieron retrasos e incumplimientos. Y poco a poco quedaban en entredicho los principios que deberían regir la contratación pública: la transparencia, la economía, la responsabilidad y la selección objetiva. La asociación suscribió contratos con municipios de La Guajira, Cesar, Bolívar, Magdalena y Cundinamarca. Si bien, los 141 que registra el Secop no son la totalidad de los contratos firmados por Asoagua, lo cierto es que 70 de esos se hicieron por medio de la modalidad de contratación directa y cuatro se adjudicaron a uniones temporales en las que participó la asociación. En varios de los contratos que se hicieron por licitación, Asoagua aparece como único oferente. Esto quiere decir que la mayoría de contratos fueron adjudicados a dedo.
Durante esta década Asoagua celebró 18 contratos en Hatonuevo, Fonseca 15, en Maicao 11 y en Barrancas, El Molino (ambos en La Guajira) y Puebloviejo (en Magdalena) tuvieron un total de 10 contratos en cada lugar. El valor de los contratos de Hatonuevo, Maicao, Barrancas y Fonseca es de 44 000 millones de pesos.
Cuesta, quien se encuentra detenido por uno de estos contratos, le dijo a Consonante que Asoagua solo contrató durante ese tiempo con municipios que pertenecían a la asociación. Lo cierto es que hay varios proyectos con entidades por fuera de este grupo. Por ejemplo, en Maicao y La Jagua del Pilar (La Guajira) se firmaron 11 y 7 contratos, respectivamente; en Puebloviejo, Santa Ana y Plato (Magdalena) 10, 5 y 4; en Zambrano (Bolívar) dos; entre otros ejemplos. Según Cuesta, la Asociación obtuvo esos contratos por la vía de la licitación pública y, en su criterio, tenían “la experiencia para hacerlo”.
Entre los objetos que tenía la asociación en sus inicios, y que quedaron plasmados en los estatutos originales, estaba la “financiación y ejecución de obras, prestación o administración de servicios de interés regional”. Según un exfuncionario de la Alcaldía de Fonseca, que habló bajo la condición de no revelar su nombre, la figura jurídica de la asociación hacía más sencillos los procesos de contratación con las alcaldías, por lo que “a los alcaldes se les hacía agua la boca”.
“Él (Silvio Esnobis) lo que hacía era alquilar la figura para hacerle el quite a las licitaciones (...) esos esquemas asociativos les permitían a las entidades territoriales contratar directamente”, dijo el exfuncionario. Al respecto de su enorme poder y su habilidad para conseguir contratos, agregó: “Él se dio vida de magnate”.
Los objetos contractuales iban desde la construcción de acueductos y de obras públicas hasta el suministro de ovinos y caprinos para el repoblamiento de crías, como quedó registrado en un contrato firmado con la alcaldía de Hatonuevo.
“La obra fue un fraude”
La vida de los campesinos de la vereda Mapurito, en Barrancas (La Guajira), iba a mejorar con la construcción del acueducto veredal. Con esa obra ya no tendrían que ir cada mañana hasta el río para abastecerse de agua. Pero la Alcaldía y Asoagua les incumplieron.
Fue tal la desilusión que, según cuenta Leonardo Gómez, presidente electo de la junta de acción comunal de Mapurito, ellos no querían recibir la obra. “Es una cosa muy pequeña, para el dinero que se invirtió. Fue un fraude”, enfatizó el líder. Los constructores les dijeron que no había más plata y que tenían que recibirla. Se resignaron. Hoy, cada tanto, se presentan conflictos entre vecinos porque no llega suficiente agua para la comunidad y deben competir por ella; una paradoja en una vereda bañada por tres ríos y enclavada en la exuberante Serranía del Perijá.
“Es una cosa muy pequeña, para el dinero que se invirtió. Fue un fraude”
Leonardo Gómez, presidente JAC Mapurito, Barrancas
Por la construcción de esa obra, que se remonta a 2009, hay un proceso penal abierto en un juzgado de San Juan del César. Cuesta fue acusado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en el contrato firmado con la Alcaldía de Barrancas. Al contrato se le hicieron dos adiciones, una el 28 de octubre de 2009 y otra el 29 de junio de 2011, para un total de 2.691 millones de pesos. Aunque en el contrato original la obra debía entregarse a mediados de 2009, en febrero 2012 solo se había ejecutado el 54 por ciento.
Finalmente, el acueducto fue terminado, pero al poco tiempo dejó de funcionar debido a que la fuente de abastecimiento de agua se secó. En el escrito de acusación que conoció Consonante, la Fiscalía señaló que hubo un detrimento patrimonial por más de 527 millones de pesos y que no se aplicó el reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico. “La gente se quedó esperando el gran acueducto. Sí hay, pero el agua es muy poquita, hay partes donde no llega porque no tiene fuerza”, contó Gómez.
La Fiscalía señaló que la empresa contratista no contaba con la capacidad para asumir el contrato. “Por labores de policía judicial se pudo determinar que la asociación de municipios Asoagua no posee actualmente (septiembre de 2016), ni poseía para la fecha del contrato (2009) una infraestructura técnica, administrativa y financiera que de manera razonable permita inferir o garantizar la adecuada ejecución del proyecto”. Por eso, además del exdirector ejecutivo de Asoagua Silvio Cuesta fueron acusados el exalcalde de Barrancas Juan Carlos León Solano y los interventores de la obra Wilmer Junior Gómez Brito y Héctor Mario Jiménez Ibarra.
Pero este no fue el único contrato ejecutado a medias por Asoagua. En 2013, el alcalde de Hatonuevo, Reyner Leonardo Palmezano, contrató a la asociación para pavimentar algunas vías. El proyecto costó 10.359 millones de pesos. Según se infiere de la información consignada en el Secop, este fue el contrato de Asoaguas más costoso. Las obras terminaron el 3 de junio de 2014. Sin embargo, la interventoría encontró que el pavimento tenía grietas. El 22 de abril de 2015, Palmezano declaró el incumplimiento del contrato por parte de Asoagua. “Es claro para la administración, a partir de los informes de interventoría, que existen fallas constructivas que ponen en riesgo la calidad de la obra ejecutada”, se lee en la resolución.
También en Hatonuevo, Asoagua suscribió un convenio interadministrativo con la alcaldesa Oralis Conrado Iguarán por 1.282 millones de pesos, el 10 de junio de 2008, para la ejecución de unas obras de mantenimiento y construcción de espacios de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. En 2008, la Fiscalía abrió una investigación porque Conrado habría celebrado ese contrato sin la autorización del Concejo municipal, requisito establecido por ley.
El vínculo entre Silvio Cuesta y Nueva Guajira
Silvio Esnobis Cuesta permaneció 12 años en el cargo de director ejecutivo de Asoagua. Sus nexos políticos permitieron que se mantuviera en el cargo durante tres períodos, pues poco tiempo antes del fin de cada término electoral se celebró una asamblea en la que los alcaldes salientes lo eligieron de nuevo como director ejecutivo. De esta manera, cada vez que se posesionaron nuevos mandatarios Cuesta ya había sido ratificado en el cargo.
Cuesta hacía parte del grupo político Nueva Guajira, cuyos líderes nacionales son el excongresista Bladimiro Cuello Daza y el exgobernador de La Guajira, Jorge Pérez Bernier. Este último enfrenta un juicio en la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción en una adición a un contrato para el manejo de aguas residuales en Riohacha, firmada cuando él era gobernador.
Cuesta tiene casa por cárcel pues está sindicado de los delitos de violación al régimen legal o constitucional, inhabilidades e incompatibilidades; contrato sin cumplimiento de los requisitos legales vigentes y falsedad ideológica en documento público, por un proceso de contratación con la Alcaldía del Carmen de Bolívar en 2014. Asoagua, en cabeza de Cuesta, fue el primer contratista del acueducto Caracolí, obra en la que presuntamente hubo un detrimento patrimonial. La Fiscalía estableció que el terreno donde se levantó la obra no tenía escritura pública ni licencia de construcción. En 2015, solo se había ejecutado el 20 por ciento de la obra, cuyo contrato había ascendido a 2 240 millones de pesos. Además, según explicó la entidad a Consonante, Cuesta es investigado en otros tres procesos penales.
De otro lado, la Contraloría General confirmó que hay tres procesos fiscales abiertos contra Cuesta y otros tres contra Asoagua. Aunque funcionarios de la entidad se negaron a dar más detalles, porque las investigaciones están en curso, precisaron que las indagaciones corresponden a seis contratos: dos con Hatonuevo, uno con Uribia, uno con Barrancas, uno con Maicao (todos, municipios de La Guajira) y uno con la empresa Aguas del Cesar. Además, sobre Cuesta pesan dos inhabilidades para contratar con el Estado y para desempeñar cargos públicos.
En un momento en que otros políticos intentan emular la figura de la Asociación de Municipios del Sur de La Guajira, pues en julio del año pasado los alcaldes de Molino, Villanueva, Urumita y la Jagua del Pilar firmaron un acta de constitución para crear otro esquema parecido, las autoridades deberían descifrar el alcance que tuvo este pulpo de la contratación.
Mientras tanto, las familias de Fonseca, decenas de habitantes de Barrancas y Hatonuevo esperan algún día recibir viviendas dignas y servicio de agua potable en sus hogares. Pero estas no han sido las únicas comunidades afectadas por Asoagua.
Óscar Aponte contribuyó a la sistematización de datos para esta investigación.
