Los habitantes de los corregimientos de El Tablazo, Los Pozos, Corraleja y Cañaverales, en zona rural de San Juan del Cesar, llevan una semana sintiendo miedo. En Corraleja, incluso, un líder advierte que en las noches el lugar parece un pueblo fantasma. “Cuando son las ocho de la noche todo el mundo está encerrado”, afirma. La razón es que el lunes 23 de enero, a las afueras de El Tablazo, amaneció colgada una bandera con las siglas “Agc”, que hacen alusión al grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia – también conocido como Clan del Golfo –. Las comunidades tomaron el hecho como una amenaza a los cuatro corregimientos.
A pesar de que el Ejército retiró la bandera e implementó su presencia en esta zona, la población no cree que esta sea una solución. “Esta es una zona muy olvidada. Todos sentimos temor”, recalca una habitante de Cañaverales.
Este hecho ha causado temor en otros corregimientos, como en La Junta, donde fue asesinado el líder social Javier Gámez, el 13 de diciembre de 2022. En este mismo lugar, en octubre, también asesinaron a los hermanos Jader y Francisco Romero. Además, el año pasado circularon por WhatsApp varios panfletos con información sobre supuestos paros armados decretados por las Agc y otro en el que se anunciaba una supuesta “limpieza social”. Aunque la Fuerza Pública puntualizó que eran falsos y que “no se ha podido identificar la existencia de las estructuras relacionadas en dicho documento”, la población tiene dudas y alerta sobre la presencia de las Agc.
¿Hay paramilitares en San Juan del Cesar?
La respuesta de los expertos es que sí los hay. Y no solo paramilitares. Lerber Dimas, director de la Plataforma de defensores de derechos humanos, activistas y líderes de la Sierra Nevada, afirma que han monitoreado la presencia de grupos armados en La Guajira y la conclusión es que “desafortunadamente sí hay presencia de las Agc en San Juan del Cesar. En San Juan y Fonseca vemos una influencia muy grande que viene desde Valledupar, una ciudad que duplicó sus homicidios en 2022 con relación al año 2021”.
El investigador afirma que en la zona que va desde la Serranía del Perijá hasta La Guajira además hay presencia de Los Pranes, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Y este no es un problema nuevo. En marzo de 2022 un equipo de InSight Crime, una fundación dedicada al estudio de las amenazas a la seguridad de América Latina y el Caribe, visitó La Guajira para recoger información sobre el movimiento de los grupos criminales. En ese momento pudieron confirmar la presencia de las Agc y del Eln en varios municipios, entre esos en San Juan.
Luisa Acosta, investigadora senior de InSight Crime, señala que pudieron confirmar “la expansión de las Agc en el sur de La Guajira. Este grupo, a principios de 2022 intentó ingresar a La Guajira por el lado de la Alta Guajira, pero allí se encontraron con Los Pachenca, el grupo dominante de la Sierra Nevada y les pusieron obstáculos para consolidar su presencia”. Hubo homicidios selectivos y ataques de ambos grupos, y según Acosta, “las Agc no tuvieron más remedio que retirarse e ingresar al departamento por el sur de La Guajira. Uno de los municipios más afectados es San Juan del Cesar”. Esta organización recibió testimonios de pobladores que vieron a grupos de hombres vestidos de negro en la zona rural del municipio.
¿Cuál es el interés de los grupos armados en este territorio?
San Juan del Cesar hace parte de dos rutas de narcotráfico. Según Lerber Dimas, un corredor comienza en el Catatumbo y finaliza en Venezuela. “Nada mas en La Guajira hay unos 186 pasos fronterizos ilegales y en estos hay trata de personas, narcotráfico y tráfico de armas”, explica. Otro corredor, según InSight Crime, comienza en el Sur de Bolívar y termina en los mismos puntos de la frontera.
Por esta razón los grupos están buscando expandir su presencia y consolidarse. Como lo explica la investigadora Luisa Acosta, lo que las Agc buscan es abrir nuevamente las puertas para expandirse en el norte y tener acceso a los puntos fronterizos para la salida de las drogas. “El Estado Zulia es una de las zonas más importantes para el tránsito de la cocaína y la salida a las islas del Caribe, y de ahí hacia Europa y hacia Estados Unidos. Ese es su interés”.
Por eso la vía en la que instalaron la bandera es importante. La vía conduce de San Juan del Cesar a El Molino, pero se bifurca y, tras atravesar los cuatro corregimientos, llega a Conejo, en Fonseca y muy cerca de Venezuela. “De noche y de madrugada van carros nuevos, tres o cuatro, en caravana. A veces pasa la Policía detrás de ellos, pero se devuelven. Se dice que llevan droga”, cuenta un habitante de esta zona.
¿Qué dice esto frente a las negociaciones con este grupo?
La semana pasada, además de la bandera en San Juan, aparecieron pasacalles y las pintadas de grafitis alusivos a las Agc en Antioquia, Cesar, Magdalena y Santander. Esto, para los investigadores, además de ser una demostración de su poder y expansión, es un mensaje para el gobierno Petro, que ha sostenido conversaciones con este grupo, y que incluso estaba entre los grupos armados que se acogerían al cese al fuego. Sin embargo, hasta ahora no se han conocido resultados de estas negociaciones.
“Lo que están haciendo es presionar al gobierno para que los diálogos se inicien rápido, además están diciendo 'aquí estamos, desde aquí nos tienen que escuchar'. Están mostrando su capacidad de expansión. En territorios en los que no pudieron poner las banderas no quiere decir que no estén”, destaca Lerber Dimas. Para él esto es preocupante, pues en La Guajira “hay una unión de fuerzas entre Los Pranes, la Segunda Marquetalia y el Eln. Ellos han llegado a algunos acuerdos. Pero las Auc están entrando a fortalecer su tema del narcotráfico”.
Para Luisa Acosta esta también es una prueba de que negociar con este grupo será complicado. “Podemos concluir que no hay un compromiso absoluto que se da porque no hay un líder fuerte que cohesione a las Agc y por su estructura, que funciona como una franquicia”. Este será uno de los mayores retos de la política de la “paz total”. Mientras tanto, en San Juan, las comunidades reclaman a las autoridades que los protejan.
