La finca San Luis, de 188 hectáreas, ahora es propiedad de la Cooperativa Multiactiva para la Paz de Colombia (Coompazcol), una organización formada por alrededor de 185 excombatientes de las antiguas Farc, familiares y miembros de la comunidad de Pondores. El título de propiedad de este predio se les entregó a los firmantes de paz el pasado 6 de diciembre, por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Wilfran Martinez, director de Coompazcol, celebró esta entrega, pues desde 2017, cuando nació la cooperativa, estaban esperando la tierra. “Habíamos trabajado solo con la buena intención de los dueños del terreno, pero siempre con la inquietud de no tener nada propio y eso nos tenía en una inseguridad jurídica de que no nos salieran beneficios con el Estado'', explica.
En diciembre de 2016 llegaron a este Antiguo Espacio Territorial para la Capacitación y la Reincorporación (AETCR) 220 hombres y mujeres que integraron el Bloque Martín Caballero, que operaba en el Caribe. En agosto de 2017 los firmantes de la paz dejaron las armas y desde entonces se dedicaron a desarrollar varios proyectos productivos que les permitieran sostener económicamente su proceso de reincorporación a la vida civil, así como construir con las comunidades aledañas.
La comunidad explica cuáles son los proyectos productivos
La finca San Luis, a la que todos llaman “La granja”, es un terreno extenso en el que los excombatientes trabajan desde hace cinco años. Allí están sectorizados los espacios para cada uno de los siete proyectos productivos que están desarrollando y que vinculan a los miembros de la cooperativa.
Uno de estos proyectos es Dama Verde, un emprendimiento agro ecológico en el que trabajan 40 mujeres y siete hombres. Este grupo se dedica a crear abonos orgánicos, cultivar y comercializar plantas aromáticas medicinales y a sembrar árboles nativos para la reforestación y árboles maderables. Además, están sembrando cultivos integrales, es decir, en los que crecen alimentos variados, como cebollín, tomate, maíz y yuca. Marinelly Hernández, líder de emprendimiento y presidenta de la Junta de Acción Comunal, asegura que están “trabajando con las mismas comunidades y formando para la protección del medio ambiente”.
En este proceso han sido capacitadas por el SENA y han tenido apoyo de organizaciones de cooperación internacional. Sin embargo, según afirman, el camino que les falta por recorrer es largo. “La falta de garantías del mismo gobierno no ha permitido que desarrollemos nuestros proyectos y que nuestros productos sean vendidos. Dama Verde es un proyecto muy ambicioso y muy bonito porque estamos construyendo territorio donde podemos encontrarnos con mujeres de la región y compartir nuestras experiencias y la cultura”, afirma Marinelly Hernández.
En San Luis también están adelantando un proyecto de ganadería doble propósito. Crían ovejas y cabras y, a su vez, tienen proyectos agropecuarios como la siembra de tomates, que les ha permitido abastecer a las familias y generar ingresos. “Gracias al Programa Mundial de Alimentos hemos podido vender nuestros tomates al PAE, donde el 85 % de la producción era utilizada para la alimentación de los estudiantes de La Guajira, pero se necesita mucho apoyo de las entidades locales para poder asegurar la venta de nuestros productos”, explica Wilfran Martinez.
En la misma línea de la seguridad alimentaria están produciendo huevos. En estos momentos, en los galpones tienen 3.600 gallinas ponedoras y la producción alcanza los 3.200 huevos diarios, aunque varía. “Producimos huevos semicriollos y estamos haciendo los esfuerzos para que sean orgánicos”, explica Wilfran. Este proyecto alcanza para distribuirlos entre la población el AETCR y del corregimiento de Conejo. En algunas ocasiones incluso han vendido huevos en Fonseca. Pero lo que más destacan los firmantes no es la producción, sino que a partir de su gestión lograron que el proyecto de gallinas ponedores llegara a 406 familias de La Unión, Pueblo Paz, Pondores, Las Colonias, Las Bendiciones, Las Marimondas y Conejo.
Además, desarrollan otros proyectos como la confección de ropa deportiva y de montaña, y la fabricación de adobes ecológicos. Sobre este último proyecto están probando el mercado, por lo que han producido algunos para la venta local. Por otro lado, están proyectando trabajar en la fabricación de puertas y ventanas metálicas y recientemente ganaron un proyecto con la Unión Europea para establecer una transportadora.
Seguridad y apoyo, entre los reclamos
A los firmantes de paz les ha tomado cinco años llegar a establecer estos siete proyectos productivos. Aunque ha sido un proceso lento, la gran mayoría sigue comprometida con la reincorporación. Sin embargo, algunos hechos han desilusionado a la población. El pasado 23 de julio miembros del Ejército Nacional allanaron la sede del proyecto Dama Verde y, a su paso, destruyeron insumos. Marinelly Hernández asegura que este acto fue “un atentado directo a la paz, porque es un proyecto donde hay madres, niños en discapacidad, adultos mayores. Este tipo de actos nos hacen sentir inseguros".
Además, desde el año pasado están esperando “trastearse” a la finca Portobello, de 8,7 hectáreas. Este predio se los entregaron, pero por demoras en los estudios de factibilidad no han podido empezar a construir las nuevas viviendas, pues las que tienen ahora se están cayendo.
Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que hace seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, el Estado debe cambiar el enfoque de la reincorporación para lograr que sea sostenible. “La lógica institucional se ha centrado en la entrega de beneficios económicos que tienen un carácter transitorio y en el desembolso de proyectos productivos cuya oportunidad de éxito es cuestionable. La reincorporación sostenible pasa por la posibilidad de que los excombatientes accedan a oportunidades económicas de manera autónoma y sostenible”, dice un documento publicado por la organización. Se refieren a que hace falta acompañar los proyectos que se están ejecutando y “diseñar estrategias tanto de inclusión laboral como financiera''. Esto es, precisamente, lo que piden en Pondores: seguimiento y asistencia a sus proyectos, apoyo para la comercialización y relacionamiento con posibles compradores y seguridad para que no vuelvan a allanar esta ni ninguna finca.
Lo que sigue
Los predios están a nombre de la cooperativa, pero según Rosa Doris Chaparro, funcionaria de la Agencia Nacional de Tierra, esta es una entrega provisional. “Nos queda todo el proceso de hacer la asignación definitiva a las familias. Estamos apostando por una entrega colectiva porque creemos que es la manera de hacer más productiva la tierra”. Ahora, los excombatientes deben decidir a cuáles familias irá la tierra y cómo la dividirán. Después, la Agencia tendrá la tarea de titular los terrenos de nivel individual.
