La registradora de Fonseca, Cecilia Linares, dice estar preocupada ante la baja asistencia a las jornadas pedagógicas. “Fue insólito que en los corregimientos de El Hatico y Conejo tuvimos que salir a reclutar personas para que asistieran. La reunión más nutrida se presentó en el resguardo de Mayabangloma”, dice. “A mi despacho no se ha presentado ningún líder para solicitar apoyo de esta dependencia en cuanto a este tema”, agrega.
En Fonseca, donde hay un censo electoral de aproximadamente 5.900 personas, existen tres candidaturas que aspiran a tener uno de los 16 cupos de las curules en el Congreso para representar a las víctimas del conflicto armado: Jurith del Socorro Fonseca del resguardo de Mayabangloma, Dalia Molina, de la vereda El Confuso, y Nairobis Jiménez. Recientemente desistió Francisco Acosta de Mayabangloma por falta de garantías para realizar la campaña.
Al respecto, Dalia Molina asegura que varias situaciones han impedido el desarrollo de una campaña equitativa como establece el Acto Legislativo 02 de 2021. “La pedagogía en los territorios no llegó para inscribir las cédulas porque la mayoría de las víctimas están en los centros poblados por la situación de victimización. La otra falencia es que nos confunden con las elecciones de congresistas que son las grandes maquinarias políticas, y los medios de comunicación no nos han abierto los micrófonos”, detalla.
Aunque reconoce que las campañas de pedagogía funcionan, dice que dejan a la mayoría de las personas habilitadas por fuera. “Nosotros tenemos una cantidad de población que no sabe leer ni escribir por la situación del conflicto armado y a esa población deberían darle un trato especial, un acompañamiento. Eso se lo hemos dicho a la doctora Cecilia Linares”, añade.
A pesar de que hace una semana el secretario había dicho que el atraso se debía al mal estado de los comedores y restaurantes escolares, Mosquera afirmó que ya están listos todos los espacios de las tres instituciones de la zona urbana, pero continúan trabajando en las rurales. Para Gabriel Copete, rector de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza, es importante que el PAE empiece pronto. “Muchos estudiantes no tienen con qué comer y van a clases con el estómago vacío”. Lo mismo opina una madre de familia para quien “la falta de la alimentación escolar atrasa la capacidad de aprender de los niños”.
En María La Baja, Bolívar, se anunció la construcción de un nuevo estadio de béisbol en el mismo predio que en el año 2018 se había aprobado la construcción del hospital municipal. Sin embargo, pocos conocen los detalles del proyecto. Arnold Venecia, veedor comunitario, cuenta la información que averiguó a través de un derecho de petición.
Este trabajo fue realizado en el marco del diplomado de Consonante en María La Baja que se inició el pasado 29 de enero.
Reportería: Alexis Julio, Banister Sánchez.
Guion: Maura Franco, Ediem Chico Batista y Yenifer Rodríguez.
Narración: Kiara Cardoza.
Edición: Ricardo Jalaff.
"Acá el transporte está paralizado, la gente acá tiene temor", le dijo a Consonante Deiner Mosquera Moreno, secretario de Planeación municipal. Por las calles del casco urbano de Tadó solo circulan algunos vehículos particulares. Desde este lunes no funciona el transporte público y está detenido el tránsito de vehículos pesados. Las empresas de transportes Flota Occidental y Flota Arauca no están despachando buses hacia otros municipios. “Frente a estos anuncios, uno mismo se debe cuidar porque hasta la policía necesita que la cuiden”, dijo una mujer que prefirió no dar su nombre. Según Nadia Rivas, teniente de Policía en Tadó, no se han presentado alteraciones al orden público en el municipio.
De acuerdo con el panfleto atribuido al ELN, el paro armado comenzaba a las 6 de la mañana de este lunes e iría hasta las 6 de la mañana del 17 de febrero, y la población debía quedarse en sus casas y abstenerse de utilizar transportes. Este texto, sin embargo, no aparece en ninguna página o grupo del ELN según confirmó el Ministerio de Defensa a la Revista Semana.
Eribeth Chirino, madre de familia, dijo que no va a exponer a su hijo a infectarse con alguna bacteria generada por el excremento de palomas y murciélagos. Por su parte, Alexander Ibarra, rector de la institución, sostuvo que será muy difícil regresar a dictar clases si no cuentan con pupitres.
Ibarra espera que en los días siguientes la Alcaldía Municipal de Fonseca, específicamente la Secretaría de Desarrollo Social, tome medidas para adecuar la sede.
Según el texto que ha circulado ampliamente, el paro armado comenzaba a las 6 de la mañana de este lunes e iría hasta las 6 de la mañana del 17 de febrero, y la población debía quedarse en sus casas y abstenerse de utilizar transportes. Sin embargo, este lunes, 14 de febrero, el Ministerio de Defensa le dijo al periódico El Tiempo que el texto y el llamado al paro armado es falso.
Qué está pasando
A la fecha se han registrado 74 homicidios y de acuerdo la Oficina de Asuntos Humanitarios (Ocha) de la ONU al 20 de enero ya se reportaban 1.531 desplazados. También se han registrado amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos, homicidios selectivos, retenciones ilegales y atentados con explosivos contra sedes de proyectos comunitarios importantes para la región.
Consonante habló con cinco víctimas de los últimos hechos violentos ocurridos en enero en Arauca. Compartieron lo que ha significado para ellos y ellas vivir en medio del conflicto, las consecuencias que ha tenido en sus vidas y las razones por las que aún desean permanecer en el territorio pese a que sus vidas estén en peligro.
Qué está pasando
En una reunión virtual de tres horas, rectores y directivos de instituciones educativas de La Guajira que pertenecen a Asodegua, la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira analizaron las condiciones de aseo de los colegios, un asunto que ha sido la principal preocupación de la comunidad educativa del departamento desde mediados del año pasado. Eduard Fragozo, rector del colegio El Carmelo, cuenta que más de la mitad de colegios no cuentan con personal de aseo, y en los casos que sí hay personal, son personas mayores.
Al final del encuentro, los asistentes concluyeron que ante la falta de avances en este tema —sumados a otros problemas como el deterioro de las infraestructuras, los atrasos de los contratos de alimentación escolar y el transporte— debían suspender regreso a la presencialidad. La decisión fue tomada a través de una votación. “Entendemos que lo de la infraestructura no se soluciona de la noche a la mañana, pero el aseo y la desinfección es vital, así no podemos volver”, afirma Fragozo.
Las 96 instituciones educativas del departamento, ubicadas en 12 municipios, cuentan con una población estudiantil de 92.172 niños, niñas y jóvenes. Por ahora, todos seguirán recibiendo clases virtuales.
Qué dice el gobernador
Lo que sigue
Qué está pasando
El ente de control reveló que, según una auditoría realizada el año pasado, la mina superó las 100.000 toneladas de producción en bruto anuales entre 2014 y 2020 que establecía el contrato de concesión firmado en 1986. Por esta razón, la empresa debía pagarle al Estado un monto equivalente al 3 por ciento del precio de venta del mineral en bruto, puesto en boca de mina o en plaza. Sin embargo, la Agencia Nacional de Minería (ANM) no había cumplido con su función de efectuar la liquidación y cobro de la participación nacional que debía desembolsar la Minera El Roble.
Lea también: Más transparencia y apoyos para la población local: las peticiones de El Carmen de Atrato a la Minera El Roble
En diciembre, como ya había reportado Consonante, El Roble presentó un acuerdo de pago a la ANM por 87.900 millones de pesos correspondiente a regalías y otras obligaciones económicas derivada del contrato de concesión 9319 de 1987.
Lo que sigue
La Contraloría confirmó que la minera ya desembolsó 3.800 millones de pesos, y que deberá pagar el resto del dinero, más intereses, en un plazo de cinco años.
Por qué es importante
Los campesinos de El Carmen de Atrato recuerdan que, hace 20 años, el municipio era la “despensa agrícola del Chocó”, pero por cuenta del conflicto armado y pocos incentivos para el campo, la vocación del territorio cambió. Pasaron de producir alimentos para todo el departamento a comprar los productos de otras partes.
La apuesta de la panadería La Mariela
Luis Ángel y Dora son una pareja campesina que siempre se ha dedicado a la panadería. Desde hace algunos años cuando Luis, carmeleño, volvió al pueblo con su familia, decidieron montar un pequeño negocio aprovechando los frutos del campo. Así nació La Mariela, una panadería en la que se usa miel en vez de azúcar y frutas como la cidra o la ahuyama en vez de saborizantes y colorantes artificiales.
En este video cuentan cómo funciona la producción de panes de granos, dulces y hasta huevos.
Desde una cabina de radio improvisada en la cancha de Andagoya gritaron una vez: “reza Epifanio Torres, las camándulas al aire... cobra Epifanio, tiene que hacerlo, pierna derecha...”. Gol. Y aunque no se sabe con exactitud qué partido se estaba jugando, en el video que aparece colgado en Youtube desde 2019, la cancha de este municipio enclavado en las orillas del río San Juan era un manto de tierra color avena. Con cada saque, se levantaba tanto polvo que en el aire alcanzaba a formarse una espesa nube sobre la selva.
Esa arena llegó hasta ahí luego de que un norteamericano llamado HH Standy decidió llevar varias volquetas al pueblo para construirla. Con el paso del tiempo, ese terreno se convirtió en un templo deportivo. Un centro reconocido por el campeonato que tiene lugar cada año: el Torneo Amistades del San Juan.
Este video es una coproducción de Consonante y La Champa Informativa, un grupo de periodistas locales de Andagoya. Es la historia de un torneo, de una cancha, de quienes la rodean y la mantienen viva.
Por qué es importante
En los últimos dos años, Consonante ha trabajado en 21 municipios considerados “desiertos de información”: lugares donde no existen suficientes medios locales que produzcan información periodística. En 2021, junto a líderes y lideresas, comenzamos a publicar noticias sobre la actualidad de estos municipios. Cubrimos un amplio espectro de temas desde problemas cotidianos surgidos a raíz de necesidades básicas insatisfechas, como salud o educación y las consecuencias de una crisis de gobernabilidad local hasta prácticas culturales que están en peligro de desaparecer.
¿Por qué creamos el glosario Consonante?
Este año publicamos más de 100 noticias producidas por líderes y periodistas locales. Esto nos ayudó a contar y explicar asuntos de interés local, pero también a identificar vacíos de información. Hablamos de temas que, por un lado, eran invisibilizados pues —a pesar de ser de público conocimiento— nunca habían sido registrados por un medio de comunicación. O, por otro lado, eran silenciados. Es decir, estaban vetados entre la población local por distintas razones: censura social, peligro o tradición. Durante el 2021, hicimos un esfuerzo por llenar esos espacios.
El siguiente listado resume los temas que marcaron nuestra agenda informativa —construida de manera abierta y participativa— a través de diez términos que vale la pena recuperar y mantener presentes.
La pandemia de Covid-19 dejó en evidencia los problemas de conectividad en el país. En Fonseca, sur de La Guajira, la gente nunca ha tenido buena señal de celular ni de internet: están desconectados. De hecho, según los datos más recientes del Dane, sólo el 10 por ciento de los hogares están conectados. Esto, con la pandemia de Covid-19 se tradujo en la imposibilidad de teletrabajar, estudiar virtualmente o hacer cualquiera de las actividades que implican llamar o usar internet. Para este término quizás sería más preciso decir “falta de conectividad”.
Investigamos y contamos en esta nota cuál es el lío de la falta de conexión en Fonseca:
Además, en El Carmen de Atrato la poca conexión que había se afectó con el escándalo de los Centros Digitales del Ministerio de las TIC, es decir, por la supuesta pérdida de 70 mil millones de pesos que el Ministerio entregó como anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a siete mil escuelas rurales. Este terminó con la renuncia de la ministra Karen Abudinen y varias investigaciones en curso.
En El Carmen de Atrato algo se había avanzado, pero tras este hecho dejó de funcionar el internet que habían instalado en diez escuelas rurales. Estos le servían a los niños y niñas para hacer sus tareas y a los vecinos para comunicarse, pues en algunas veredas no hay ni siquiera señal de celular.
Los Centros Digitales de El Carmen de Atrato se quedaron sin internet
2. Presencialidad
A mediados de año, el Gobierno nacional autorizó el regreso a clases presenciales de los estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato luego de casi dos años de interrupción debido al Covid-19. Sin embargo, en muchos municipios no había condiciones para regresar al colegio. En San Juan del Cesar y en Fonseca, en el sur de La Guajira, por ejemplo, la comunidad educativa descartó desde el principio esa posibilidad. La falta de agua, de infraestructura e incluso los robos de equipos fueron algunas de sus razones. Algo parecido sucedió en San Diego, Cesar, donde un juzgado ordenó el cierre de las instituciones tras quince días de clases presenciales al comprobar que no cumplían con las condiciones mínimas de bioseguridad y su infraestructura era deficiente para garantizar el regreso a clases en alternancia.
Poco más de un mes después, con algunos de estos problemas resueltos, volvieron. Casi todos. La Escuela primaria Clotilde Poveda de Fonseca se encontraba en condiciones tan deplorables que resultaba imposible recibir a los 570 estudiantes que atendía.
En Tadó las cosas no fueron muy distintas. En octubre volvió la presencialidad, pero un balance al final del año escolar reveló que el impacto de la pandemia se seguirá sintiendo: unos 200 estudiantes dejaron de asistir a las aulas de clase, 1.000 disminuyeron su rendimiento académico y por lo menos 20 jóvenes resultaron embarazadas.
3. Verdad y reparación
Cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz, decenas de comunidades en el país siguen reclamando verdad y reparación por las afectaciones del conflicto armado. Esto sucede en lugares como Guaduas, una vereda de El Carmen de Atrato, o Guacoche, un corregimiento de Valledupar. Las víctimas piden acciones concretas que les ayuden a recuperar la confianza, el tejido social y sus tradiciones.
En el caso de las afectaciones a comunidades, la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras contempla el proceso de reparación colectiva. En este la Unidad para las Víctimas y la comunidad en cuestión acuerdan cómo se van a restituir los derechos vulnerados en el marco del conflicto, es decir, un Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC). Estas son medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, ya sean políticas, materiales o simbólicas.
En Ayapel y Montelíbano, en Córdoba, las comunidades apenas están iniciando este camino. Por eso hicimos este explicador sobre el proceso:
María Fernanda Vélez, periodista de la Red Consonante en El Carmen de Atrato, escribió esta nota sobre un mirador que construyó la comunidad de Guaduas, que también adelante un proceso de reparación colectiva:
Turismo y reconciliación: la historia detrás del mirador de Guaduas
4. Violencia sostenida
Sin embargo, en varias regiones el conflicto armado aún no es un tema del pasado. Este año las comunidades asentadas en la ribera del río San Juan, en el Chocó, no han tenido paz. En agosto 1.227 personas se desplazaron del corregimiento de Dipurdú, en la zona rural de Istmina (Chocó), y cerca de 1.391 personas de la Unión, San Miguel e Isla de Cruz estuvieron confinadas por los enfrentamientos entre el ELN y las AGC. En el segundo semestre del año se intensificaron los combates, como lo reportamos en esta nota: Cuarenta días de violencia sostenida en el San Juan
Como lo dijo el comisionado de la Verdad Leyner Palacios, “el silencio se convirtió en la mejor arma para mantener la vida”. En esta zona el conflicto nunca ha cesado, entre otras cosas porque, “es una zona tremendamente atractiva para los grupos armados por la lógica de la movilidad que permiten los ríos, los esteros, los caños”. Pero hay otras razones, como la falta de presencia institucional. Palacios lo explica mejor en esta entrevista: Leyner Palacios: “El silencio se convirtió en la mejor arma para mantener la vida”
En esta zona, la gente sigue pidiendo, por otros medios, el cese al fuego. Por ejemplo, hablando con líderes de la iglesia, como el padre Jesús Albeiro Parra, coordinador de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC). En esta entrevista el padre eleva el pedido de las comunidades: un acuerdo humanitario que les permita un respiro de esa violencia sostenida al menos en las fiestas de fin de año.
5. Bebedizos
La pandemia de Covid-19 también dejó en evidencia el mal estado de muchos hospitales y la poca capacidad que tenían para atender a los enfermos: desde demoras para asignar citas médicas hasta falta de elementos necesarios para atender urgencias. En territorios étnicos, como el Chocó, esto llevó a que recuperara vigencia la medicina tradicional.
En Istmina, un municipio a orillas del río San Juan, los jóvenes empezaron a utilizar plantas medicinales a raíz de la pandemia. De repente volvieron a los bebedizos: preparaciones líquidas artesanales con propiedades medicinales. Además, regresaron las infusiones, los rituales de baños y cantos. En esta nota contamos cuáles son las cinco plantas más utilizadas para hacer bebedizos.
“Si se acaban los territorios, las plantas y la naturaleza, se va muriendo la medicina tradicional”
En Condoto, un municipio cercano, un grupo de líderes que tomó el diplomado de periodismo local de Consonante decidió visibilizar la historia de Santiago María, uno de los pocos yerbateros que quedan en el municipio. En un video de cinco minutos, contaron cómo sana las picaduras de serpientes y regresa la fertilidad al cuerpo de las mujeres que lo buscan para quedar embarazadas.
Estas historias hicieron parte del conjunto de temas que publicamos destacando diferentes aspectos de la cultura local de esta y otras regiones del país que cobraron relevancia este año. Por ejemplo, cinco recetas tradicionales con ñame a propósito de un evento realizado en noviembre, en Montería, para comercializar 1.000 toneladas de este tubérculo que los y las campesinas tenían represadas.
6. Acueductos comunitarios
Se calcula que hoy en día existen cerca de 30.000 acueductos gestionados por comunidades en todo el país. Frente a la inacción del Estado, muchas personas han optado por asegurar su derecho a tener agua potable, accesible y de calidad. Este año, un grupo de 50 vecinos del barrio de San Agustín en Istmina decidieron unir esfuerzos para construir un acueducto comunitario y por fin tener agua en sus casas. “Es un legado que ha pasado de generación en generación, no solo garantizando el acceso a este recurso, sino también preservando y protegiendo las fuentes hídricas y los ecosistemas”, le dijo Fabio Martelo Castellar, miembro de la red Caribe de acueductos comunitarios, a Isabella Porras, periodista del equipo Consonante y tutora del diplomado en Istmina quien escribió esta historia.
En este artículo explicamos qué son, y cómo se financian y administran los acueductos comunitarios. También abordamos el problema de fondo: la falta de acceso al derecho humano de acceso al agua.
Durante el 2021 identificamos otras historias como esta, en las que la gente se inventa soluciones para problemas cotidianos. Por ejemplo, la iniciativa de cien familias de la vereda Puerto López, en Fonseca, que iniciaron una colecta para empezar a reparar la carretera, o el proyecto de formación gestionado por un grupo de jóvenes de San Jacinto, Bolívar, que busca democratizar la educación superior.
7. Territorios Campesinos Agroalimentarios
Entre septiembre y noviembre, Consonante ofreció un diplomado en periodismo local a líderes y lideresas en Arauca, y desde el primer momento los participantes estuvieron interesados en hablar sobre los Territorios Campesinos Agroalimentarios. Estos son una forma de organización campesina que tiene como objetivo asegurar la vida digna de las familias campesinas, fomentar la producción agroecológica para recuperar el ecosistema y, al final, garantizar su soberanía alimentaria. En Arauca hay cuatro territorios que agrupan a 12 mil familias y producen cacao, lácteos, carne y plátano, entre otros alimentos.
Un grupo de periodistas de Consonante viajó al departamento para conocer cómo funcionan. De esa reportería salió este documental:
Y esta galería fotográfica.
EN FOTOS | Viaje al interior de la resistencia campesina en Arauca
Pero más allá de esta iniciativa, los campesinos de diferentes zonas del país siguieron reclamando sus derechos y denunciando la falta de garantías para subsistir en sus territorios. Este es el caso de algunos de los miembros del gremio de arroceros del sur de La Guajira. En agosto contamos que los agricultores de Fonseca descartan abandonar la siembra del arroz, a pesar de que tienen pérdidas superiores a los dos millones de pesos por hectárea sembrada cada semestre por la prolongada crisis de este cultivo.
8. Violencia contra las mujeres
En la noche del 3 de octubre Maribel Mosquera fue asesinada por su pareja, Emilio Benítez. La noticia se difundió rápidamente en Tadó, Chocó, y al día siguiente miembros de la Policía dieron declaraciones en la radio local, y se refirieron a este hecho como “un tema pasional, de violencia intrafamiliar”.
Sin embargo, la violencia de género se refiere a todo acto de maltrato físico, sexual, psicológico o económico que se ejecuta en razón del género de la persona. A raíz de este hecho, los integrantes de la Red de periodistas de Tadó se preguntaron ¿qué deberían decir las autoridades frente a este tipo de crímenes? y ¿cuál es la ruta para atender y denunciar este tipo de violencia? Al final, Sory Jordan, integrante de la red Consonante, y Beatriz Valdés, periodista del equipo Consonante, escribieron este artículo: La violencia contra la mujer en Tadó aumenta en medio del miedo y la desinformación
Mientras tanto, en el sur de La Guajira, las mujeres han estado sometidas históricamente a parir en un hospital que no cuenta con las herramientas necesarias para atender partos que presenten complicaciones. Elisa Jojoa, enfermera y representante del Movimiento por la Salud Sexual y Reproductiva, advirtió que esta situación –a la que también están sometidas muchas mujeres en otras partes del país– podría considerarse violencia gineco-obstétrica.
9. Guardianes de río
Uno de los temas más mencionados de la agenda en El Carmen de Atrato fue el cuidado del medioambiente y especialmente de los ríos que bañan esas montañas en el límite entre Antioquia y Chocó . El Atrato, que nace en el municipio, es una de las arterias más importantes del Chocó y, desde 2016, tiene una sentencia que lo declara sujeto de derechos y exige su protección. En El Carmen, un grupo de personas trabaja por la conservación y el cumplimiento de la sentencia. Ellos y ellas son los guardianes del río.
Laura Giraldo y Adrián Foronda, integrantes de la Red Consonante en este territorio, se propusieron contar de qué se trata su trabajo y produjeron este pódcast:
Esta figura también se utilizó como parte del plan para proteger otro cuerpo de agua que atraviesa este municipio: el río Habita. Este afluente baña cuatro veredas de El Carmen. En esta nota reportamos que se estaba creando un cuerpo de guardianes, aunque no quedaron claras sus funciones y alcances: Comenzó la protección del río Habita en El Carmen de Atrato
10. Nulidad electoral
Al igual que en varios municipios, este año en Tadó se vivió una crisis de gobernabilidad a raíz del cambio de alcalde. Tras los comicios del 27 de octubre de 2019, los contendores de Cristian Copete, ganador de la contienda electoral, demandaron su elección ante el Tribunal Administrativo del Chocó alegando que estaba inhabilitado. El Tribunal falló en contra de Copete, declaró la nulidad electoral y convocó nuevas elecciones. En mayo de este año, Yocira Lozano resultó ganadora de las elecciones atípicas.
Sin embargo, en octubre el Consejo de Estado anuló la elección de Lozano y ordenó el reintegro de Copete.
Cristian Copete regresa a la Alcaldía: seis preguntas que vale la pena responder
En noviembre, hablamos con Cristian Copete sobre sus planes para gobernar el tiempo que le resta en el poder. Esto nos dijo: Cristian Copete: “Aulio César Ledezma y yo nos tenemos que unir para distensionar a Tadó”
En El Carmen de Atrato ya están preparados para recibir la Navidad. En las calles se escucha a niños y niñas jugar, tocar maracas y cantar villancicos. La gente adornó sus casas y por todas partes suenan las canciones típicas de la época decembrina. En las cocinas, se cocinan los buñuelos y el sancocho.
Escucha esta cápsula sonora para conocer las voces de los carmeleños y las carmeleñas, y saber cómo suena la Navidad en este territorio montañoso.
Por qué es importante
Colombia es el país más peligroso del mundo para defender el medioambiente. Según la oenegé Global Witness, en 2020 fueron asesinados 65 líderes ambientales en el territorio nacional. De hecho, el Chocó ocupó el segundo lugar de los departamentos más peligrosos para ejercer esta actividad, pues ocho líderes fueron asesinados el año pasado. Aún así, en El Carmen de Atrato, cuna del río más importante del departamento, estos liderazgos se fortalecen a través de la Mesa Social y Ambiental.
La historia
“Al que le gusta, le sabe”, dice Ramón Cartagena antes de decir, convencido y emocionado, que a él le gusta su labor de liderazgo porque ama al río Atrato. Su preocupación comenzó hace muchos años, porque su vida siempre estuvo atada al río, pero hace seis se empezó a mover para defender ese cuerpo de agua que cambiaba de color porque lo estaban contaminando.
Río abajo, en el medio y bajo Atrato, otras personas como él se estaban preguntando qué hacer para proteger una de las principales arterias del Chocó. Fue así como siete organizaciones se juntaron para presentar una tutela contra el Ministerio de Ambiente y otras entidades con el fin de pedir la protección del río. Este recurso fue negado por el Tribunal de Cundinamarca, y luego por el Consejo de Estado. Sin embargo, la Corte Constitucional seleccionó la tutela para su revisión y en 2016 no solo amparó los derechos fundamentales de la gente “a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio”, sino que declaró al propio río como sujeto de derechos.
En El Carmen de Atrato viven varios de los guardianes del río Atrato. No solo está Ramón. También están Alicia Villegas, Marcela Sánchez y otras personas que, preocupadas por la protección del territorio, se agrupan en la Mesa Social y Ambiental. Trabajan por la defensa y protección del medio ambiente, pero también por concientizar a la gente. “Nosotros siempre decimos que el río Atrato es un niño al cual tenemos que garantizarle ciertos derechos”, dice Maryury Mosquera Palacio, guardiana del río.
Hoy, con la sentencia de la Corte Constitucional en mano, los líderes y lideresas ambientales desarrollan distintas acciones para proteger al Atrato. Inclusive a pesar de amenazas y discusiones con sus propias familias. “Ser líder ambiental en Colombia es como tirarse de un avión sin paracaídas”, reconoce Marcela.
En este pódcast realizado por el equipo de Arrejúntate y Consonante, Ramón, Alicia y Marcela cuentan cómo ha sido su lucha y reflexionan sobre lo que significa ser líder ambiental en El Carmen de Atrato.
Haz clic aquí para escuchar el pódcast.
¿Cómo hicimos esta historia?
Este pódcast fue producido por los periodistas Laura Giraldo y Adrián Foronda, participantes del diplomado Consonante en El Carmen de Atrato e integrantes de la Red Consonante. Sara Zuluaga los orientó en la producción y la reportería. Cristian Mora editó y musicalizó y Beatriz Valdés Correa escribió el texto.
La producción tardó cuatro meses. Este fue el proceso:
Créditos
Producción: Laura Cristina Giraldo - Adrián Guillermo Foronda
Monitoría: Sara Zuluaga - Beatriz Valdés
Edición: Cristian Mora J
Música:
Con la participación de: Ramón Cartagena - Alicia Villegas - Marcela Sánchez - Maryury Mosquera.
Para ver el especial completo, haz clic aquí
Los productores del chontaduro, el fruto insignia, apenas se están recuperando de una plaga que azotó sus cultivos. Leonardo Mosquera es tadoseño de la zona rural, específicamente del corregimiento El Carmelo. Es un ingeniero industrial y tecnólogo acuícola de 33 años, integra la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) y trabaja hace ocho años asesorando campesinos y familias del municipio para mejorar sus técnicas de producción a nivel agropecuario. Desde hace seis lo hace también a través de diversos cursos que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), del que es instructor.
Mosquera analiza la situación actual del campo en el municipio, que no produce ningún producto a gran escala. En Tadó los campesinos siembran yuca, diferentes tipos de musácesas (plátano, banano, primitivo), lulo, cacao y ñame. Y a nivel pecuario, trabajan criando cerdos, pollos y peces, que lo alcanzan a vender en el mercado local. Para que esto cambie y mejoren las condiciones de vida de los campesinos, Mosquera cree que se debe impulsar la renovación generacional, los procesos de tecnificación y establecer una política integral clara.
Consonante: ¿Qué está pasando con el campo en Tadó?
Leonardo Mosquera: El campo se está quedando viejo porque no hay políticas desde el nivel académico que permitan incentivar a las juventudes a seguir con los cultivos y con la actividad tradicional. En este momento no estamos ni bien ni mal. No existe una política trazada donde se le pueda hacer una asistencia integral a los campesinos, donde les demos las herramientas útiles para ejercer de forma óptima la actividad.
C: ¿El campesino hoy en día solo produce lo necesario para sobrevivir?
L.M. Para el autoconsumo, sí. La gente produce lo necesario para el autoconsumo y para abastecer una parte del mercado local. Por varias razones. Uno, no tienen capacidades de producción para establecer canales de comercialización con otros municipios. Y, dos, porque su método de cultivo no les permite acceder a ese canal.
C: ¿Cómo es el método de cultivo?
L.M. La costumbre, el mito. Por ejemplo, que si yo siembro en tal luna no me produce. Si rozo en tal luna, se me va a crecer muy rápido el monte. Entonces esperan un mes o dos meses para hacerle limpieza al cultivo.
C: Usted ha intentado impulsar la idea de tecnificar el campo en Tadó. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que ha encontrado en ese camino?
L.M. Primero, la manera tradicional de producción. Ancestralmente se viene realizando así y la producción no es sostenible, no es tan rentable como el productor la quiere. Empíricamente un productor no sabe qué correctivos aplicar cuando tiene un problema con el cultivo. Eso se va obteniendo con las prácticas de tecnificación. En los cultivos agrícolas, cuando se tecnifica, el objetivo principal es aumentar la producción y facilitar el manejo de los cultivos.
C: ¿Cree que es posible tecnificar el campo?
L.M. Sí.
C: ¿Cómo?
L.M. Primero, la accesibilidad es muy buena. Segundo, concientizando a nuestros productores. Que ellos entiendan que si yo tecnifico es para aumentar la producción y hacerla rentable. Tercero, una política seria, integral, porque a nuestros productores les da miedo ir al banco a que le presten para comprar una motosierra, porque si esa motosierra se pierde, se dañó, ya se enredó en el banco. Entonces se necesitan unas políticas integrales que permitan que desde lo local ese productor se sienta acogido y pueda acceder a eso.
C: ¿Qué estrategias de tecnificación se podrían aplicar?
L.M. Yo he pedido la zonificación. Nuestros productores dicen: este terreno es bueno para el plátano. Pero la tecnificación del cultivo permite que yo antes de sembrar haga un estudio del suelo para saber si me sirve o no me sirve, y eso nos permite zonificar los predios, de modo que el productor sepa qué puede cultivar en cada sector.
También hay que darle las herramientas al productor para que él sepa cuánto le cuesta producir cada producto. Y eso le va a permitir graduar sus actividades, porque ir a alimentar los pollos media hora no equivale a un día de trabajo. Ese es el cuello de botella.
C: ¿Cree que es posible hacer ese cambio cultural con campesinos que llevan toda la vida sembrando con prácticas tradicionales?
L.M. Sí, claro que es posible. Siempre y cuando se tengan políticas claras y esa tecnificación sea asequible, que el productor la pueda hacer, que no sea de tan alto nivel. Usted sin leer ni escribir sabe injertar. Hay que darles todas las herramientas para que puedan aplicar la tecnificación.
C: ¿Qué rol pueden cumplir los jóvenes en ese proceso?
L.M. Si los jóvenes se vinculan, eso permite que el campo crezca y se sostenga en el tiempo. También con los jóvenes es más fácil hacer la tecnificación. Por ejemplo, en la piscicultura, es más fácil hoy que un joven, bachiller agropecuario, te aprenda a manejar un multiparámetros a que lo haga un productor que toda la vida ha medido la temperatura del agua con la mano. Y que el joven pueda transmitir el conocimiento al productor ancestral.
C: Cuando usted era más joven, ¿qué te movió para decidir ser ingeniero agropecuario? ¿Por qué si el campo en Tadó está como está?
L.M. Yo toda la vida he vivido en el campo y me gusta ese quehacer con los animales, con los cultivos, con el campo, entonces desde ahí me fui proyectando. Y entendí que si estudié en un colegio agropecuario, mi vocación debería ser esa. Eso me motivó al objetivo de cambiar las técnicas de cultivo, pero no ha sido tan fácil porque para eso se necesita el apoyo institucional comprometido.
C: ¿Cómo se puede lograr que los jóvenes se enamoren del campo?
L.M. El trabajo inicia desde el ámbito académico. El docente encargado tiene que lograr que el joven se enamore de esa mata de plátano, de ese pollo, pero no porque se lo va a comer, que se enamore de eso y se case con el campo. Eso depende de que los colegios tracen una ruta y que tengan las herramientas. Porque al colegio le nombramos al docente que sabe hacer todo, pero no hay dónde hacer las cosas. Si hay todas las herramientas, podemos ir enamorando a los jóvenes.
Les diría a los jóvenes que primero exploren el campo, enamórense del campo. Cuando yo terminé el colegio dije: no voy a trabajar madera ni con mina. Y me dediqué a hacer otras cosas. Porque cosa mamona es que a los jóvenes los obliguen a hacer algo que no quieren.
¿Por qué es importante?
Representantes de organizaciones de derechos humanos han advertido que la intervención de BCC significa la expansión de la economía del carbón en el sur de La Guajira, donde la mina de Cañaverales es tan solo uno de los engranajes. El megaproyecto que podría llegar a consolidarse incluye dos minas a cielo abierto, una subterránea y un complejo férreo que conectaría al municipio de San Juan del Cesar con un puerto en Dibulla.
A principios del 2021, la empresa inició una carrera contrarreloj para realizar las consultas previas y gestionar la licencia ambiental ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El único freno ha sido la comunidad de Cañaverales, que reclama no tener suficiente información sobre el proyecto y teme la contaminación del Manantial, que surte el sistema de riego para la agricultura y el consumo diario de agua. Esto amenazaría la posición del territorio, ubicado en el piedemonte de la Serranía del Perijá, como una de las despensas de tomate, yuca y ají para el sur de La Guajira, Valledupar y Riohacha.
¿En qué consiste el proyecto Cañaverales?
BCC cuenta en La Guajira con tres proyectos mineros, dos minas a cielo abierto: Cañaverales, que es el proyecto con mayor avance y tendría una vida útil de diez años aproximadamente, permitiendo una producción total de doce millones de toneladas de carbón durante este periodo. Lo que en promedio equivaldría a la producción anual de un millón doscientas mil toneladas. La segunda es Papayal, que está en jurisdicción del municipio de Barrancas y el tercero es el proyecto San Juan del Cesar, de minería subterránea en ese municipio.
En palabras de Federico Giraldo, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) que ha acompañado a Cañaverales, “el gran miedo de la empresa es que no quieren dar cuenta que es un proyecto a gran escala. En temas mediáticos se escucha que es solo la mina de Cañaverales pero no se habla que es el inicio de un proyecto a gran escala. Por ende cuando le exigimos información a la empresa no es solo de Cañaverales sino del proyecto minero integrado”.
Por su parte, Jaime Álvarez, director Ambiental y Social de BCC, dice que no hay una intención de un megaproyecto. Explica que entre el paquete de títulos que compraron a la empresa CCX Carvao da Colombia, antes propietaria de las minas, se encontraba la vía férrea a Dibulla. Sin embargo, asegura que ni siquiera la han tenido en el radar. “Eso era el proyecto enorme, estilo Cerrejón, que tenía CCX. Nos hemos alejado completamente de ese modelo de negocio aún más con el golpe del precio del carbón. Seguramente a la gente le quedó en el imaginario lo que iba a hacer esa empresa y realmente el proyecto Cañaverales es muy pequeño”.
La comunidad de Cañaverales ha denunciado que la socialización del proyecto ha sido nula. “A pesar de que no sabemos gran cosa, tenemos la experiencia fatídica del Cerrejón. Lo poco que sabemos del proyecto ha sido por la información de amigos de otras poblaciones que ya han desarrollado la consulta previa. Sabemos que el PIT (la zona de excavación) sería a escasos 700 metros de la iglesia”, dice Ifener Mendoza, integrante del consejo Los Negros de Cañaverales. BCC ha sido enfático que por las reglas del juego, solo hasta que inicie la consulta previa no se da a conocer la información del proyecto.
¿Qué reclama la comunidad?
Desde 2009, la comunidad de Cañaverales ha emprendido distintas acciones para frenar el proyecto minero. Lo que comenzó con un cierre de las vías para evitar el ingreso de los camiones para la exploración de los yacimientos de carbón escaló a una campaña en distintos frentes para alertar sobre los impactos de la minería. Ifener Mendoza, detalla que “tomamos fotografías de la comunidad y las riquezas naturales y fotografías actuales de mineras en el departamento y de otros lugares del mundo; entre esos Cerrejón, del Cesar, mexicanas y de Brasil”, que eran enviadas por redes sociales.
Hoy, la comunidad está luchando para que se garantice su derecho a una consulta realmente previa, libre e informada. Desde el inicio la petición ha sido que no se vulnere su derecho a la información y que el cronograma de fechas para las reuniones con el Ministerio del Interior y la compañía sean concertadas con la gente. Para Rosa Mateus, abogada de Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) que acompaña a la comunidad hace un año, “la consulta no es libre cuando esos tiempos no se ajustan a las realidades de las comunidades ni al entendimiento de la comunidad sobre cuáles serán los impactos que van a sufrir”.
Esta situación ha agudizado la desconfianza de la comunidad con las instituciones públicas. Denuncian el abandono de la Personería de San Juan del Cesar en el acompañamiento y por esto el Consejo Comunitario ha buscado asesoría en organizaciones como Cinep, Cajar y la ONU. “Un punto fundamental de nuestro acompañamiento es también dar la tranquilidad a estas comunidades y brindar las herramientas con las que se cuenta para que ellos no se dejen engañar o presionar”, señala Rosa Mateus.
El pueblo de Cañaverales teme la contaminación sobre el Manantial, que estaría ubicado a 2.1 kilómetros del proyecto, según BCC. En palabras de Mario Gámez, integrante del consejo de Cañaverales, esta fuente natural es importante porque “de ahí bebo mi agua, de ahí siembro mi cultivo, ese es el sustento de este pueblo. Cañaverales sin esa fuente de agua no somos nadie, no somos nada, de eso sobrevivimos”, explica Mario Gámez, integrante del Consejo.
La comunidad también ha notado la fragmentación de su tejido social, al asumir su defensa y las cargas administrativas por la inoperancia de las instituciones. “En este momento tenemos una división que no sabemos quién es quién ni para dónde van. Nos maltratamos a palabra porque unos no quieren la mina, y otros ven en ella una sobrevivencia”, añade Mario Gámez.
Jaime Álvarez asegura que tienen un proyecto diseñado con los más altos estándares en materia de minería, principalmente para evitar que afecte el flujo del agua del manantial. “Por supuesto, todo proyecto minero causa impacto, sería una gran mentira decir que no. Hay impactos en el suelo y contaminación atmosférica en la zona donde se desarrollaría porque es minería a cielo abierto”. Sin embargo, advierte que se ha desinformado a la gente “diciendo que es un proyecto devastador. Son más beneficios para la gente local, no sólo en términos de empleo sino en el desarrollo de proyectos productivos”.
¿Qué han dicho los demás consejos?
Son nueve consejos comunitarios que se verían afectados con el posible desarrollo del proyecto minero: Nelvis Aragón del corregimiento de Conejo; Gustavo Castro y La Diáspora de El Tablazo; Wilmer Tirado y Tiama de Corralejas; Rafael Zúñiga de Los Pozos; Luis Enrique Martínez de Sitio Nuevo y Caminos Hacia el Desarrollo de Pondorito, Tunales y Boca del Monte.
Federico Giraldo cuestiona que “la consulta previa la han visto las empresas como un lugar de socialización del proyecto, tan solo de pasar unas imágenes para que las comunidades digan cuánto cuestan ciertas afectaciones pero no hay un diálogo intercultural. Acompañé una de las sesiones de la comunidad de El Tablazo y me di cuenta que hay una ausencia del Estado en garantizar los derechos de las comunidades étnicas. La empresa desconoce los saberes propios de las comunidades, entonces se impone el conocimiento técnico de la empresa”.
A pesar de los obstáculos y retrasos en los procesos de consulta previa, los consejos en su mayoría han dicho que sí al megaproyecto. El único que cerró la consulta sin acuerdo fue Wilmer Tirado de Corralejas, y aún falta la consulta con el consejo de Cañaverales, cuyos líderes han expresado no querer la intervención minera en su territorio.
Los detalles
En contexto
Aunque la discusión más álgida se ha centralizado últimamente en la comunidad de Cañaverales, el fantasma de la realización de un proyecto minero en este corregimiento se remonta al año 2009. En ese entonces la empresa CCX del grupo brasileño EBX del empresario Eike Batista, logra la concesión para explorar el potencial carbonífero de La Guajira. Se estimaba que existía una reserva de carbón con 110 millones de toneladas entre los municipios de Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar.
Para 2011, el proyecto minero de Eike Batista ya contaba con la licencia ambiental otorgada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Esto se dio en medio de una serie de protestas de las comunidades que reclaman no haber tenido información clara sobre el proyecto. Para obtener la consulta previa, los pueblos afro empiezan a autodeterminarse como consejos comunitarios y buscan el reconocimiento ante el Ministerio del Interior. En 2014, el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales, constituido en el 2010, fue reconocido por la Alcaldía de San Juan del Cesar a través de la Resolución 0532.
El freno final del proyecto minero fue la bancarrota de la compañía después de terminar involucrada en el escándalo de corrupción Lava Jato. El grupo empresarial turco Yildirim Holding compra en 2017 los títulos mineros y pierde la licencia ambiental al darse el cambio de razón social de MPX a BCC.
Lo que sigue: ¿es posible frenar el proyecto?
El Consejo de Cañaverales está a la espera de la respuesta del Ministerio del Interior sobre su solicitud de modificar la fecha de realización de la preconsulta que les había sido impuesta. De no realizarse la consulta previa en Cañaverales, el Ministerio aplicaría el test de proporcionalidad que permite ponderar si la restricción a los derechos fundamentales que generaría la mina a cielo abierto resulta equivalente a los beneficios que reporta, o si por el contrario, esta resulta desproporcionada al generar una afectación mucho mayor.
David Uribe, abogado del Programa Socioambiental de la Corporación Podion, añade que para solicitar la licencia ambiental debe culminar la consulta previa en acuerdo o desacuerdo. “No hay obligación que la empresa o el Estado acoja las solicitudes de la gente. Se tiene que demostrar que se tuvieron en cuenta o por qué criterios no, que hubo opción de diálogo, alternativas y se convocó a la gente. Si la gente no va o no quiere llegar a ningún acuerdo, se deja constancia de eso y se cierra la consulta previa”.
Jaime Álvarez puntualiza que desde BCC están dispuestos a que se dé el debate como lo hicieron con otras comunidades. “Entiendo que el Ministerio puede tomar acciones pero no quisiéramos que eso se diera en esos términos. Tampoco podemos poner en riesgo una inversión en un proyecto que sabemos que trae múltiples beneficios porque hay personas que quieren oponerse y no quieren facilitar el proceso de consulta, como está establecido en la ley”.
Mientras se definen las fechas con el Ministerio del Interior, el consejo Los Negros de Cañaverales está realizando asambleas amplias de discusión con toda la comunidad para divulgar la información y prepararse para las próximas reuniones. “Aunque muchas personas no lo crean, hay esperanzas no solamente en la fuerza y defensa que nosotros ejercemos sino a nivel internacional. Acá ha venido gente de Alemania, Inglaterra, Argentina, que tiene la visión de defender espacios para la vida”, dice Óscar Gámez, presidente del consejo de Cañaverales.
Si prefieres leer esta noticia puedes hacer clic aquí: 'Yocira Lozano, amenazada por el fantasma del exalcalde Copete'.
¿Por qué es importante?
Más de 3.000 estudiantes estaban esperando recibir clases de forma presencial después de casi dos años de intermitencia educativa por la falta de conectividad y las dificultades del seguimiento remoto de los profesores en el municipio de Tadó. Los padres y madres de familia aliviarán sus bolsillos al no tener que comprar planes de internet para las clases virtuales. Para los docentes será una oportunidad de volver a hacer más eficiente el proceso de enseñanza.
Los detalles
¿Qué está pasando?
Para el regreso a clase de los colegios Nuestra Señora de la Pobreza, la Normal Superior Demetrio Salazar Castillo y el ITA fue necesario que padres y madres de familia, y directivos gestionaran recursos de la Alcaldía municipal, la Gobernación del Chocó, el Ministerio de Educación y otras entidades nacionales. Hoy las instituciones se encuentran en un 60% adecuadas para el recibimiento de los estudiantes con las condiciones mínimas de bioseguridad.
“Siguiendo las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, así mismo como el Ministerio de Educación, la administración municipal dotó a todas las instituciones de elementos de bioseguridad que permitan el manejo y la no propagación del virus Covid-19. También se hizo acompañamiento psicosocial a docentes y estudiantes, y se establecieron convenios interadministrativos para realizar mejoras locativas y adaptación al ambiente escolar”, afirma Liceth Perea, secretaria municipal de Salud y Educación.
Así se están invirtiendo los recursos:
La Institución Nuestra Señora de la Pobreza recibió 27 millones de pesos para compra de papelería, impresión y distribución de las guías a los estudiantes. Recientemente, la alcaldesa Yocira Lozano adjudicó 54 millones de pesos, que se invertirán de manera proporcional hasta noviembre para reparaciones de la infraestructura principalmente de la sede primaria El Esfuerzo y la sede Carlos Hernán.
Gabriel Copete, rector de Nuestra Señora de la Pobreza, recibió de la Secretaría de Educación departamental un poco más de 3 millones de pesos que fueron invertidos en el pago a las aseadoras. Además, Copete gestionó 3. 600 millones de pesos con el Ministerio de Educación y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) para infraestructura, pero sólo le desembolsaron 140 millones de pesos. Estos recursos están siendo invertidos en la sede San Pedro para renovar los baños.
“Yo no sé qué criterios tomaron para asignarnos solo 140 millones de pesos, a sabiendas que la reparación costaba 3.600 millones de pesos. Solo dijeron que habían asignado eso y con base a eso miráramos qué podíamos hacer para la institución. Decidimos que lo fundamental era el cambio de la batería sanitaria y de pronto cambiar la cubierta que tenemos de asbesto y cemento, detalla Copete.
La Normal Demetrio Salazar Castillo recibió el dinero de gratuidad que fue girado por el Ministerio de Educación en marzo, el cual fue utilizado en mantenimiento de la institución. La Secretaría de Educación departamental giró 11 millones de pesos, de los cuales 10 millones fueron destinados para comprar elementos de bioseguridad, y 1 millón de pesos para comprar ventiladores.
Eudes Celina Ramírez, rectora de la Normal, firmó un convenio con la Alcaldía municipal por 88 millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura de la institución que serán girados durante tres meses. El primer desembolso es de 44 millones de pesos y los dos meses restantes, de 22 millones de pesos cada uno. La Escuela Miranda será la sede que más inversión recibirá para el cambio de pisos y el sistema de drenaje en los techos.
¿Y la bioseguridad?
En Nuestra Señora de la Pobreza y la Normal Demetrio Salazar Castillo los estudiantes y docentes están preparando jabón líquido, gel antibacterial y desinfectante para los protocolos de bioseguridad de las instituciones y el personal educativo.
"El rector compró los insumos para que los estudiantes mediante la asignatura emprendimiento y bajo mi asesoría y acompañamiento, prepararan el gel, el desinfectante para piso, el jabón líquido y los ambientadores para este tiempo de pandemia. Utilizamos sábila, aceite de cocina usado y otras hierbas ancestrales”
Beatriz Murillo, docente de Ciencias Naturales de Nuestra Señora de la Pobreza
El Instituto Técnico Agroambiental solamente ha recibido lavamanos e insumos de bioseguridad. Falta arreglar el restaurante del colegio para la preparación de los alimentos que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) entrega a los estudiantes. El coordinador del colegio, Luis Enrique Guio Ledezma, asegura que ”hasta ahora ninguno ha dado recursos. Solo nos dieron como para comprar tapabocas, alcohol y unos lavamanos que puso la Secretaría de Educación. Hasta ahora la Alcaldía no ha metido un peso ni para arreglarnos las tinas, todo ha sido con los recursos propios de la institución”.
Pero aún hay temas pendientes:
A pesar de que la comunidad educativa destaca los esfuerzos que se han hecho para lograr el regreso a la presencialidad, afirman que aún hay varios asuntos a resolver.
Por ejemplo, Luis Enrique Guio, coordinador del ITA, detalla que “la parte física de la infraestructura no está del todo bien, hay unas baterías sanitarias deshabilitadas. Agua tenemos porque las tinas se arreglaron pero tenemos un problema con el servicio de transporte, porque el bus se dañó y no se ha arreglado, por lo tanto no están viniendo todos los estudiantes”.
¿Qué dice la gente?
Lo que sigue
Los rectores de los tres colegios esperan que la Alcaldía siga trabajando en la adecuación de las diferentes sedes primarias para que los estudiantes puedan terminar el año escolar asistiendo a las horas de clases completas. Para la rectora Eudes Celina Ramírez es importante además que “los estudiantes se sigan vacunando para evitar el contagio. La institución se está preparando también para recuperar los niños y niñas que pudieron perder el ánimo al estudio por la pandemia”.
Por qué es importante
La escuela primaria Clotilde Poveda, adscrita al Colegio Roig y Villalba, recibe a cerca de 570 estudiantes de los barrios periféricos de Fonseca, niños y niñas que están bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y otros a quienes sus padres no le pueden pagar un colegio privado. Las directivas de la institución han intentado mantener las clases virtuales, pero los problemas de conectividad en el municipio son un gran obstáculo. Muchas familias no pueden asumir el costo de los planes de datos para que reciban clases virtuales.
Además, la Escuela Clotilde Poveda es patrimonio cultural para muchos fonsequeros y fonsequeras
¿Qué tan grave está la escuela?
Las directivas de la sede Clotilde Poveda se han negado a regresar a clases hasta que la institución cuente con las condiciones mínimas para el buen desarrollo de las clases y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.El rector del Colegio Roig y Villalba, Álvaro Amaya Sardoth, y la coordinadora, Nelvis Peralta, han enviado varias cartas a las autoridades competentes detallando el mal estado de la escuela. La carta más reciente es del 30 de agosto. En estas cartas dicen que:
¿Qué dice la gente?
¿Qué han hecho las autoridades?
Los gobiernos municipales y departamentales son los responsables de garantizar que las instituciones educativas públicas cuenten con las condiciones mínimas para que sus estudiantes regresen a la presencialidad o a la alternancia.
La semana pasada, el alcalde Hamilton García Peñaranda y su secretario de Planeación Deimer Torres recorrieron la sede principal del Colegio Roig y Villalba y se comprometieron a intervenir el techo de dos bloques de la institución. Por su parte, García informó que la Secretaría departamental tiene priorizado al Roig y Villalba y no a sus demás escuelas. Sin embargo, todavía no se ha ofrecido una solución para el problema de la falta de agua y luz.
No es la única escuela en mal estado
El panorama en otras escuelas anexas no es el más alentador. La Mariluz Álvarez, una escuela ubicada en la zona central del municipio y que recibe a estudiantes de transición a quinto de primaria es un ejemplo. La directora de la institución, Bernarda Solano, asegura que hasta la fecha no le han “puesto un chinche a su sede” y por esto se han negado al regreso a clases presenciales.
Aunque el alcalde Hamilton García y sus funcionarios hicieron visitas para conocer las condiciones de la sede, aún no han ofrecido una solución.
El Centro Educativo Agro Industrial José Pérez, su sede anexa Centro Educativo Agro Ambiental, y la Institución Técnica Agropecuaria de Conejo -escuelas rurales del corregimiento El Hatico- ya cuentan con agua, electricidad y lavamanos. Sin embargo, persisten las deficiencias en la infraestructura: cielos rasos rotos y techos llenos de humedad. Tampoco tienen celadores para evitar que se roben los equipos de informática o los cables de la luz y de internet.
El personero municipal Juan Jaime Peralta ha acompañado el proceso de diálogo entre la Alcaldía y las directivas del Colegio Roig y Villalba para buscar soluciones a la crisis de infraestructura y personal. Peralta explica que se necesitan inversiones sustanciales para mejorar la infraestructura de las instituciones educativas públicas del municipio.
“Todos los colegios de Fonseca son de hace más de 50 años. Las deficiencias de construcción se han acrecentado por la pandemia y el aumento de los estudiantes. Sí se han hecho arreglos locativos pero no van más allá. De pronto no se han hecho las inversiones suficientes”
Juan Jaime Peralta, personero de Fonseca
A todo esto, ¿quién fue Clotilde Poveda?
Fue una profesora fonsequera que desde los 14 años se dedicó a la pedagogía y se convirtió la precursora del Método Montessori en Fonseca, según el libro Retratos Ilustres Fonseca-La Guajira. Poveda creó una pequeña escuela en su casa que después se convirtió en el Colegio La Divina Pastora. Durante la Alcaldía de Emiro Peralta, la Escuela Urbana de Niñas No. 1 recibió el nombre de Clotilde Poveda. Si quiere conocer más sobre la historia de Clotilde Poveda, haga clic aquí
Lo que sigue
Los directivos y padres de familia de la Escuela Clotilde Poveda esperan que se cumpla el plan de acción al que se comprometió el alcalde Hamilton García, principalmente las adecuaciones de luz, agua, adecuación de baños, la sala de maestros y el nombramiento de aseadoras y celadores. Por su parte, los rectores y coordinadores de las escuelas, que aún no regresan a clases, esperan que la Gobernación de La Guajira priorice presupuestalmente a sus instituciones para seguir recibiendo a los estudiantes. Sin embargo, la inestabilidad política con la reciente restitución del gobernador y la renuncia de todo su gabinete son un mal augurio.
