Más transparencia y apoyos para la población local: las peticiones de El Carmen de Atrato a la Minera El Roble

Por qué es importante

En 2020, la mina produjo 44.534 toneladas de concentrado en las que se incluyeron 9 mil toneladas de cobre, 306 kilos de oro y poco más de una tonelada de plata. Esto, según Atico Mining, dueño del 90 por ciento de la Minera El Roble, representó una utilidad neta de 8,4 millones de dólares (unos 32 mil millones de pesos). Esta es la única mina de cobre en explotación en el país, y ha operado en El Carmen de Atrato durante 35 años. La minera se ha convertido en la mayor fuente de empleos directos e indirectos para la gente de este municipio en el que no hay empresas.

¿Qué está pasando?

Este 23 de enero vence el contrato de concesión que la empresa Minera El Roble, o Miner S.A., tiene con el Estado. Sin embargo, a pocos días del vencimiento de su licencia no se ha anunciado la renovación de la concesión. Desde 2020, Miner S.A. está bajo la observación de las autoridades porque no ha pagado el concepto de participación nacional ni las regalías correspondientes por su actividad. Es decir, no ha cumplido con la obligación que tienen las compañías petroleras y mineras de pagarle al Estado colombiano un porcentaje del valor de su producción por explotar yacimientos de un recurso natural no renovable.

¿En qué consiste el pleito por las regalías?

Según una cláusula del contrato suscrito en 1987, la empresa debía pagar el concepto de la participación nacional si producía más de 100 mil toneladas de mineral por año. Sin embargo, existen dos interpretaciones encontradas sobre este punto. Mientras que el Estado, a través de la Agencia Nacional de Minería, sostiene que estas toneladas son de “mineral bruto en boca de mina”, como lo dicen otras leyes, la empresa afirma que son de mineral concentrado.

Esta diferencia técnica ha mantenido enfrentadas a ambas partes. Pero para Darío Cújar, ingeniero de minas y metalurgia que ha investigado a fondo este caso, es claro que la empresa debía pagarle al Estado la participación nacional, al menos, desde 2014. "A partir de 2014, cuando entró Atico (como socio mayoritario), la producción ya subió a 138 mil toneladas por año de material en bocamina, y debieron empezar a pagar la participación nacional", explica. 

Además, desde 1991, en la nueva Constitución Política se estableció el concepto del pago de regalías, por lo que la empresa también estaría obligada a pagar este rubro, aunque el contrato fuera anterior. "En diferentes sentencias de demanda la Corte Constitucional ha reiterado que la regalía es un imperativo constitucional. Hay que pagarla", dice Cújar. Miner, entonces, debe este monto de 1991, que corresponde al 5 por ciento del material explotado (en caso de oro y plata, 4 por ciento) bajo un precio fijado por el Estado.

En 2017, la Agencia Nacional de Minería interpuso una demanda contra la empresa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el no pago del concepto de participación nacional. Luego, en junio de 2021, la Contraloría empezó a investigar a la ANM por no cobrarle a la mina alrededor de 22 mil millones de pesos por ese concepto, más intereses.

¿Entonces?

El 29 de diciembre de 2021, a menos de un mes de finalizar el contrato, Atico Mining, el socio mayoritario de la mina, anunció en un comunicado que llegó a un acuerdo de pago con la Agencia Nacional de Minería. Al día siguiente, mediante un comunicado, la entidad gubernamental celebró el “acuerdo de pago de 87 mil millones con Minera El Roble”. Esto con el fin de “normalizar el estado del título minero”. Este dinero, según Cújar, corresponde al pago de las regalías desde 1991 y sus intereses, y la participación ciudadana desde 2018 (pues entre 2014 y 2017 está demandado y deben esperar una decisión judicial).

Saldar esta deuda era un requisito para la aprobación de una nueva concesión que solicitó la empresa el 22 de enero de 2020 por medio de un oficio (con radicado Rad. 20205501003872). 

A la fecha no se conoce la respuesta a esta solicitud, aunque en el mismo comunicado Atico Mining asegura que “avanza favorablemente”. La empresa dijo que continuará trabajando después de la fecha de terminación del contrato, cosa que ya consultaron con la ANM.

El reclamo por la compensación

La posible renovación del contrato de Miner S.A. genera expectativa entre la población carmeleña. En los últimos años las divisiones a favor y en contra de la empresa se han hecho más profundas. En 2020, integrantes de la Mesa Social y Ambiental —ahora constituida como una fundación— hicieron un plantón para protestar por la llegada de una maquinaria pesada que, aseguraron, estaba dañando las vías del pueblo. Por otro lado, a finales del año pasado hubo una recolección de firmas en respaldo a la actividad de la mina y a los empleos que genera.

Muchos se preguntan sobre las labores de compensación que debería hacer la empresa en el pueblo. Esto, a pesar de que según el contrato firmado en 1987 la empresa no estaba obligada a elaborar y ejecutar planes de gestión social. De acuerdo con la respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, la Minera El Roble considera que ha realizado una serie de actividades sociales en los últimos años en beneficio de la comunidad. 

A pesar de que no demostró tener un Plan de Gestión Social, un requisito que actualmente contempla la ley para este tipo de concesiones, la empresa adjuntó una serie de videos en los que muestran que han apoyado a algunos productores y emprendedores, y otras publicaciones de Facebook en las que constan que desde 2020 tiene un programa de becas para apoyar la educación superior, aunque no especifica a cuántos jóvenes han apoyado y con cuánto dinero. Además, en otras publicaciones se refirió a préstamos de maquinaria para remover derrumbes, apoyo en la pavimentación de una vía, donaciones de pipetas de oxígeno al hospital, señalización del parque principal y la liberación de un venado, entre otras.

La cuestión ahora, de cara al nuevo contrato, es si el Estado podrá negociar cláusulas que traigan beneficios para la población carmeleña. Para Darío Cújar, es posible que eso suceda pues hay antecedentes. “La Drummond (explotación de carbón), por ejemplo, tuvo que comprometerse a hacer una inversión en temas críticos de la región en la que están. Además, había unas inversiones permanentes en el tiempo en el que fueran a estar en la región. También acordaron que en 10 años iban a otorgar 200 becas en diez años”, cuenta. En su opinión, “Miner es una empresa más pequeña, pero podría establecerse 4 o 5 becas anuales”, dice. Además, el investigador afirma que, conforme suba el precio del mineral, podría incrementar el valor de las regalías. 

¿Qué pide la gente?

Estos son los pedidos de varios sectores de la población de El Carmen de Atrato.

• Más diálogo y transparencia

El principal reclamo que se escucha en el pueblo gira en torno a la falta de participación de la gente en el nuevo proceso.“Me parece fundamental que se tengan en cuenta a las comunidades. Hace un mes y medio hablamos con la Agencia Nacional de Minería y les preguntamos por qué a la gente no la  convocan, por qué no tenemos derecho de participar con los señores de la compañía y la institucionalidad. La respuesta que ellos dieron es que eso no era necesario”, asegura Ramón Cartagena, presidente de la Fundación Mesa Social y Ambiental. 

Él, como otros carmeleños y carmeleñas, espera que se socialice el nuevo contrato y que se escuche a la comunidad en la construcción del Plan de Gestión Social que prevé la ley Ley 685 de 2001 y que desde el 9 de junio de 2015 deben adoptar los concesionarios que firmen Contratos de Concesión con la ANM. Otras personas piensan que tanto la empresa como el Estado deben explicarles qué está pasando, en qué va el proceso, pero esto no ha pasado.

• Proyectos productivos para impulsar el campo

En la memoria de los carmeleños y carmeleñas está la imagen de los y las campesinas del municipio sacando sus productos y enviándolos a Quibdó. Eso hoy no sucede. “Hoy es todo lo contrario, a nosotros nos tienen que mandar comida para sobrevivir”, dice Cartagena. Melvin Becerra, rector de la Institución Educativa Corazón de María, coincide. “Una empresa como Atico Mining debería estar pensando en cómo contribuir con proyectos estructurales para facilitar la transición en el momento en que la empresa deje de tener ese material disponible. El Carmen ha sido de vocación agropecuaria y debería haber unos proyectos desde la empresa, liderados por la administración municipal o en asocio, que permitieran que esa transición fuera cómoda y fácil para la comunidad. Ese tipo de proyectos no se conocen”.

Para ambos estos proyectos deben estar enfocados al restablecimiento de la cadena productiva a largo plazo. Para Ramón “se necesita inyectarle al campo unos proyectos robustos ya sea en ganadería, café o las hortalizas”.

• Más becas para educación universitaria y apoyo a las instituciones educativas

Jaime* es un joven estudiante universitario cuya familia trabaja en la mina, por lo que pidió proteger su identidad. Por esta razón puede acceder a un beneficio económico producto del trabajo del sindicato de trabajadores de la empresa: cada semestre la mina le gira un millón doscientos mil pesos para un parte del pago de su matrícula. “Eso lo agradezco porque con mis recursos no hubiese sido fácil entrar a la universidad”, asegura. Sin embargo, es consciente de que la mayoría de los jóvenes del municipio no tienen esa oportunidad. 

“En la mina se ve mucho el aporte al deporte en El Carmen, pero deberían tener más en cuenta a las personas que no se enfocan en el deporte sino que quieren ser abogados, médicos, psicólogos, aportarles más a los que quieren estudiar. Priorizar la educación universitaria”, dice. Según Darío Cújar, podrían negociarse cuatro o cinco becas anuales, de acuerdo con la capacidad de la empresa. De esta forma, podría asegurarse mano de obra cualificada incluso para la misma mina.

El rector Melvin Becerra confirma que su institución ha recibido computadores y tablets. En febrero de 2021 la I.E. Corazón de María y la I.E. Marco Fidel Suárez recibieron nueve computadores y una tablet, así como materiales pedagógicos. En otras ocasiones han recibido implementos deportivos y adecuaciones en las instalaciones. Sin embargo, dice Becerra, desde hace algunos años las gestiones son más complicadas. 

Los rectores Melvin y Fainory Rodríguez, rectora de la Institución Indígena katío chamí Sabaleta, coinciden en que la alimentación escolar es un apoyo que necesitan todas las instituciones del municipio. “La empresa podría apoyar de manera más significativa para que los niños en las instituciones realmente puedan recibir un desayuno y un verdadero almuerzo, porque lo que reciben es un 33 por ciento de desayuno y un 33 por ciento de almuerzo, que es con los recursos que dan las autoridades y la empresa”, dice Melvin Becerra.

• Trato diferencial a la población indígena 

“En los proyectos que ellos (Miner) desarrollan, a nivel de comunidades indígenas somos aislados. No hacemos parte de ningún tipo de proyecto productivo o apoyo por parte de la mina. No porque no se hayan tocado las puertas, porque se ha hecho en varias oportunidades, sino simplemente porque el apoyo que ellos ofrecen a la comunidad es clasificado a ciertos grupos de personas”, expone Fainory Rodríguez, rectora de la Institución Indígena katío chamí Sabaleta. 

La docente espera que con el nuevo contrato haya más inclusión. “Ellos (la mina) a nivel de apoyos educativos tienen mejoramiento de alimentación escolar, becas universitarias, apoyo en material pedagógico, eventualmente hacen dotación de equipos tecnológicos, entre otras ayudas. En ninguna de estas estamos incluidos nosotros y claro que necesitamos apoyo en material tecnológico, porque no lo tenemos. No tenemos material pedagógico. Tenemos la alimentación escolar, pero no es suficiente. Yo no conozco el primer indígena que haya sido becado por la mina para educación universitaria, y no es que no hayan indígenas estudiando en universidades, claro que los hay”.

En la misma línea de la rectora habla el líder indígena José Tanugama: “nosotros por parte de la mina nunca tenemos apoyo, aporte o regalías para nada”. Tanugama, además, pide que contraten indígenas para trabajar en la empresa y agrega que ha sido difícil conseguir una reunión para dialogar con ellos. Además, asegura que están afectados por la contaminación del río aguas abajo. “Según lo que nos cuentan nuestros abuelos, el río Atrato era un río sano. Y aunque los inodoros de El Carmen de Atrato tiran acá, nunca fue como es ahora. Los indígenas siempre se bañan en el río, pero ahora eso no se puede hacer porque dan rasquiñitas con brotes en la piel. A veces echan cosas que no sé qué son en la mina y el río queda oscuro, negro o gris. Antes la gente vivía de la pesca, tenía mucho pescado, pero ahora va y pesca y no mata nada”. 

El pedido es que se sienten con ellos y los escuchen, y agrega que “Si no tienen en cuenta la voz de las comunidades indígenas, pues vamos a bloquear (la vía a la mina)”. La profesora Fainory dice que es tiempo de tener en cuenta a la población.

• El cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

Desde 2001, de acuerdo con la Resolución 030 de Codechocó, la autoridad ambiental del departamento, se acogió un Plan de Manejo Ambiental que obliga a la empresa, entre otras cosas, a mantener permanentemente la vía que comunica la cabecera municipal con la mina, a sembrar mínimo cinco hectáreas de árboles por año y a monitorear las fuentes hídricas, además de reportar los vertimientos a Codechocó. Para la Fundación Mesa Social y Ambiental, estas obligaciones no se han cumplido y, además, ni la mina ni Codechocó les han respondido cuando han pedido explicaciones. “Lo que pedimos es que lo cumplan”, dice Ramón Cartagena. 

Para Darío Cújar, quien en el año 2000 aprobó este plan siendo funcionario de Codechocó, una medida de compensación ambiental sería fortalecer la planta de tratamiento de aguas, de modo que se garantice que no haya impactos en la calidad del agua.

"Desde el punto de vista ambiental tengo cuatro medidas para implementar. Primero, prevenir un impacto ambiental. Si veo que se va a producir, lo tengo que minimizar para que no se agrave. Cuando se presenta, corrijo e implemento las medidas para evitar que se prolongue. Y por último, cuando el impacto que causo no lo puedo evitar, lo compenso. Por ejemplo, si estoy arrojando colas al río Atrato y el tratamiento que utilizo no me garantiza que el agua sea 100 por ciento aceptable, entonces lo compenso con otra cosa". 

• Obras: la construcción de un hospital de segundo nivel y un escenario deportivo

Para Ramón Cartagena “la mina tiene una gran deuda social y ambiental con el municipio de El Carmen de Atrato y lo que esperamos es que en ese nuevo contrato haya una cláusula en la que esa empresa y la institucionalidad se comprometan con las autoridades a hacer un trabajo grande, como un hospital de segundo nivel”. El hospital del municipio es de primer nivel, por lo que cualquier complicación o servicio especializado debe ser remitido a Medellín o a Quibdó. 

Por otro lado, María*, propietaria de un restaurante que pidió no revelar su nombre, dice que esperaría que la empresa “haga un lugar para que los niños tengan algo que hacer y no caigan tanto en el vicio. Ellos tienen el grupo de patinaje y de fútbol, pero le deberían invertir más a la parte de infraestructura para que ellos tengan donde patinar y ocupar el tiempo libre. Que vaya más allá y sea una inversión que le quede al pueblo y a la juventud”. 

• Un proyecto de vivienda para los trabajadores de la mina

“Yo siempre me he soñado que la empresa adquiera un lote donde se puedan construir unos proyectos de vivienda para sus propios empleados, porque hay personas que trabajan en la empresa que reciben salarios relativamente bajos, de 1.300 o 1.500 y tienen que pagar arriendos de 500 o 600 mil pesos, como están de costosos en este municipio, y le queda un mínimo para sobrevivir con tres hijos”, dice el profesor Melvin Becerra.