El consejo comunitario ancestral “Los negros de Cañaverales” radicó una queja ante la Procuraduría General el pasado 21 de marzo argumentando la violación al derecho a la participación ambiental, acceso a la información y a la consulta previa. Lo último que denunciaron fue la visita técnica que se realizó durante los días 19, 20 y 21 de febrero por parte de Corpoguajira en varios puntos donde la compañía Best Coal Company S.A.S. busca adelantar el proyecto minero de carbón a cielo abierto sin contar con su participación.

Esa visita, según exponen, se realizó sin las debidas garantías. Por eso piden a la Procuraduría acciones para que se protejan sus derechos y se inicie una investigación. 

El estudio de la licencia ambiental con la que la empresa Best Coal Company (BCC) pide operar en los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar, sur de La Guajira, por unos 10 años está a cargo de Corpoguajira desde octubre del año pasado. BCC solicitó la modificación de su plan de trabajos y obras y redujo la explotación de carbón a menos de 800 mil toneladas por año. Por esto, la revisión quedó a nivel departamental.

Desde enero de 2025 el consejo comunitario “Los negros de Cañaverales” fue reconocido como tercer interviniente en el trámite de la licencia. La comunidad envió un derecho de petición en el que solicitaba prorrogar la visita y acompañar el recorrido conforme a sus usos y costumbres. Sin embargo, según denuncian, Corpoguajira realizó la diligencia sin tenerlos en cuenta. “La convocatoria se limitó a un anuncio general sobre la visita, careciendo de detalles cruciales para la participación efectiva. No hubo solicitud de autorización para el ingreso al territorio, información sobre el cronograma o metodología para el espacio y los asuntos logísticos de la misma”, indica.

“Se nos estaba negando la posibilidad de participar efectivamente de este proceso que es de gran importancia para la pervivencia de nuestra comunidad en el territorio, pues con ella se verificarían las condiciones sociales y ambientales del proyecto en temas hidrogeológicos, paisajismo, fauna, flora, hidrología, atmósfera, etc., los cuales estaban relacionados con el análisis del Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) que presentó la empresa”, argumenta la comunidad en el documento.

Líderes de la comunidad informan que hicieron ese recorrido sin ellos y que incluso se movieron en camionetas con empleados de BCC y miembros del Ejército Nacional: “Los funcionarios de Corpoguajira junto con delegados de la empresa estuvieron transitando en el territorio en 5 o 6 camionetas. En algunas fincas no permitieron su ingreso pues no contaban con los permisos de la comunidad. Por ello, solo estuvieron transitando por las carreteras, lo que no deja certeza sobre la efectiva verificación de los puntos a visitar del proyecto”.

Oscar Gámez Ariza, presidente del consejo comunitario, cuestiona que no hubo ningún tipo de convocatoria. “Nos notificaron que iban a hacer un trabajo, pero no hubo concertación. Acá en territorio no hemos tenido ningún tipo de visita por parte de las instituciones públicas”, afirma. 

“El manantial es la mayor riqueza que tenemos no solo para nuestro bienestar, sino para las futuras generaciones. Seguimos en la resistencia y tratando de hacer lo que podamos”, agrega.

Oscar Gámez tiene 50 años y define su labor como la “resistencia de su territorio”, por eso rechaza la entrada de la minera: “Traer a la minería como una solución a toda esta problemática es una mentira. Generan algunos puestos de empleo, pero a dónde van a vivir las personas si pierden su territorio. Ellos hablan de desplazamiento voluntario, pero es una forma de engañar a la gente, el gran desplazador es la minería de carbón. Cañaverales será arrasado por la empresa minera”.

“Desplazan a los colombianos de su tierra para que llegue una empresa de un país extranjero, eso es peor que la invasión y peor que la colonización”, puntualiza. 

Edward Andrés Fragoso tiene 26 años y vive en Cañaverales. Su voz se suma al rechazo:  “Queremos que la empresa no llegue más a Cañaverales. Todo es una incertidumbre, acá no nos han socializado el proyecto ni el estudio. Pedimos a las autoridades nacionales estar del lado de las comunidades y no de transnacionales”.

“Nos han violado nuestros derechos, no hemos sido consultados, ellos siempre se han levantado. Ahora están quietos para que se les otorgue esa licencia”, puntualiza. Edward describe a Cañaverales como un lugar de “riqueza y un paraíso. Es un lugar hermoso y ahora lo quieren destruir”.

Desde el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), que ha acompañado el proceso del consejo comunitario, afirman que la problemática actual es que se esté permitiendo una nueva mina de carbón a cielo abierto en tiempos de crisis climática. “No hay coherencia con todos los acuerdos en materia ambiental que ha adquirido el gobierno. Se está permitiendo que se esté dando trámite a una licencia ambiental que busca una nueva mina de carbón”, dice una de las abogadas.

“Exigimos al presidente Petro cumplir sus promesas de campaña y amparar nuestro territorio agroalimentario. Es fundamental impedir que una nueva mina de carbón a cielo abierto provoque la desaparición de nuestras fuentes de agua y afecte nuestra agricultura, identidad y vida digna”, agrega por su parte el comunicado del consejo comunitario en su cuenta en X, publicado el 25 de febrero.

“Fue un proceso en el que nunca hubo garantías de acceso a la información, por lo tanto se desconocieron los principios de participación pública, de transparencia y de publicidad. La empresa siempre generó obstáculos para socializar el proyecto y cambió el foco de atención orientado a traer progreso y trabajo”, indican desde el Cajar.

Argumentan que el convenio 169 de la OIT, ratificado por medio de la Ley 21 de 1991, reconoce el derecho humano a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y tribales. Este derecho tiene relevancia fundamental cuando se trata de decidir sobre la evaluación de proyectos de explotación, ya que son medidas administrativas que pueden afectar directamente las formas y sistemas de vida de los pueblos indígenas o su integridad étnica, cultural, espiritual, social y económica.

“No hubo un respeto en el consentimiento previo libre e informado. Aplicaron de manera unilateral y arbitraria la figura del test de proporcionalidad que ya han cuestionado tribunales como el Consejo de Estado. Es repetir la misma historia de lo que ocurrió con Carbones del Cerrejón”, dice el Cajar.

Audiencia pública ambiental será clave 

Jorge Marcos Palomino, subdirector de Autoridad Ambiental de Corpoguajira, indica que la visita realizada en febrero fue netamente de la corporación y que el estudio está en evaluación con un equipo interdisciplinario que evalúa el impacto ambiental: “Se hizo la visita por parte de los funcionarios de la corporación. La visita fue netamente de Corpoguajira. Los dueños del proyecto informaron sobre algunos puntos específicos en dónde hay vertimientos y dónde se va a hacer el aprovechamiento forestal. Aunque los terceros intervinientes piden que no se aplace, que no se haga la visita. Eso no funciona así”.

“Nosotros estamos actuando conforme lo establece la ley, la norma. Estamos siendo muy cuidadosos con este trámite por toda la trascendencia, este es un trámite que tiene los ojos puestos de todas las comunidades y los entes de control”, agrega.

Palomino recalca que recibieron las quejas del consejo comunitario, pero que en esa visita no era requisito que estuvieran las comunidades. “Es una función netamente de los funcionarios de la corporación. La comunidad puede presentar sus escritos, puede participar en audiencia pública, pero ellos no pueden entrar a evaluar el estudio de impacto ambiental, ellos no pueden entrar a hacer la visita de inspección con los funcionarios de la corporación. Los profesionales expertos son quienes hacen la visita”.

“El espacio para que se argumenten sus razones, pros, contra es en esa audiencia pública, ellos tienen que estar preparados y hacer su presentación en la audiencia”, puntualiza. La audiencia pública ambiental que se realizará con el fin de socializar las dudas, preguntas, y presentar el estudio de impacto ambiental fue aceptada, pero no tiene fecha. Están invitadas la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación, la Alcaldía, la Personería, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente, los 18 terceros intervinientes y la comunidad en general.

Otro de los cuestionamientos del consejo comunitario ancestral “Los negros de Cañaverales” es que Corpoguajira no tendría la capacidad para analizar el estudio. “En el expediente figura un acta de reunión de Corpoguajira indicando problemas sobre sus capacidades técnicas y operativas para analizar este estudio de impacto ambiental debido a la complejidad y magnitud del proyecto”, dicen desde el Cajar.

Sobre esto, Jorge Marcos Palomino dice que se contrató a un hidrogeólogo, se han reunido con varias entidades en Bogotá y se han pedido conceptos a entidades como el Ideam, el Servicio Geológico y el Instituto Humboldt: “En una ocasión el director general manifestó que no se tenía un funcionario idóneo para esta evaluación. Se han presentado conceptos de los cuales no son vinculantes”. 

Por su parte Jaime Álvarez, coordinador Ambiental y Social de BCC, indica que la empresa no tiene injerencia en las visitas que hace Corpoguajira. “La Corporación es autónoma en la forma en el mecanismo de evaluación. Ellos cuentan con un grupo multidisciplinario de profesionales que tienen la experiencia y el conocimiento para poder hacer la evaluación de la información que presentó BCC. El estudio de impacto ambiental se enmarca en los aspectos físicos, bióticos y sociales”. 

“Nosotros estamos pendientes de la audiencia pública en la que participarán los representantes de la comunidad. De los nueve consejos comunitarios con los que hicimos el proceso de consulta, ocho se protocolizaron sin ningún problema, los únicos que se oponen son los Los negros de Cañaverales”, indica Jaime Álvarez y resalta que será mediante la audiencia pública donde serán escuchados como intervinientes, en espera del trámite de Corpoguajira sobre la licencia. 

La maleza cubre las tumbas y lápidas del cementerio municipal del casco urbano de San Vicente del Caguán. Algunas sepulturas tienen más de 20 años, en ellas la vegetación crece desordenada y borra la memoria de quienes reposan allí. Las lápidas se encuentran deterioradas y rotas, igual que las imágenes que en algún momento les dejaron.

En este camposanto no hay espacio para sepultar más cuerpos. Las tumbas y lápidas se encuentran pegadas unas a otras y no hay un solo espacio libre. El cementerio municipal de San Vicente del Caguán, Caquetá, ha alcanzado su límite, se calcula que puede haber entre 3.000 a 4.000 muertos. Por ello, la secretaria de Gobierno de San Vicente y la administración del cementerio han solicitado a las familias que exhumen los restos de sus seres queridos enterrados hace más de diez años para liberar espacio, y que sean llevados a osarios. 

Otras familias han optado por la cremación o, en última opción, por llevarlos a otros cementerios. Sin embargo, los demás camposantos se encuentran en veredas e inspecciones ubicadas a una o hasta cuatro horas del casco urbano de San Vicente.

El principal inconveniente es la ubicación de los cuerpos que llevan más de una década. Algunas familias desconocen el lugar exacto donde fueron sepultados sus seres queridos y tampoco la administración del cementerio tiene un buen registro. También falta equipamiento y personal especializado para realizar los procesos de exhumación y manejo de los restos.

Por ejemplo, el 7 de julio del 2007, Karol Lizet Itacue Chacón despidió a su hermano de 21 años, Jerón Oswaldo Itacue, quien fue víctima del conflicto armado. Oswaldo  fue enterrado en el cementerio de San Vicente del Caguán, pero por la situación que se estaba viviendo en ese momento, Karol no tuvo presente el lugar donde quedó su cuerpo. Y tampoco aparece la ubicación en los registros del cementerio. 

“Lo buscamos diferentes familiares junto con el sepulturero, pero no logramos encontrar la tumba. De mi hermano no se volvió a saber nada”, cuenta Karol. 

Los familiares de Oswaldo Itacue nunca dieron con su cadáver y hoy no se sabe si ya le hicieron la exhumación o aún está en el lugar donde se enterró. “Para nosotros como familia es muy triste, no tenemos un lugar donde podamos llevarle flores, visitarlo, llorarlo o al menos saber dónde está”, agrega Itacue.

Por falta de conocimiento la familia no pasó el caso a ninguna entidad y siguen en la búsqueda de su familiar. “Mi mama fue varias veces a buscarlo, pero nunca lo encontramos, ni siquiera sabíamos que nos podíamos quejar en algún lado”, afirma Karol Itacue. 

El cementerio tiene 100 años, fue el primero en el municipio y el único en el casco urbano. Se ubica en el barrio 20 de julio en el casco urbano del municipio, ocupando una superficie aproximada de 1,5 hectáreas. Algunas tumbas aún conservan nombres y fechas, mientras que otras han perdido su identificación con el paso del tiempo. 

El padre Ricardo Tovar, sacerdote de la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes en San Vicente del Caguán, la cual manejó los registro de difuntos que entraban al cementerio municipal menciona que el terreno fue cedido a la iglesia y bendecido el 4 de diciembre de 1921 por el misionero capuchino Fray Gaspar. El padre Tovar asegura que el registro de enterrados en el cementerio de San Vicente comenzó en 1986 bajo la dirección del padre Bruno del Piero y finalizó en 2007 con el padre Luis Alfonso Molina. 

Sin embargo, el padre Tovar reconoce que faltan nombres: "No sé realmente qué sucedió con los registros después de 2007. La situación fue muy compleja especialmente desde 2002 debido a la violencia en la región cuando se termina la zona del despeje”, afirma. 

En el artículo “A desenterrar los muertos de la guerra” de El Espectador se describe cómo después de que se rompieran los diálogos entre el entonces presidente Andrés Pastrana y la guerrilla de las Farc, al panteón del pueblo llegaron decenas de cuerpos sin dolientes. “Eran los que morían en las sabanas del Yarí, en la montañas de la cordillera Oriental y en las veredas y el casco urbano del Caguán”, cuenta el periodista Edinson Bolaños. El padre Tovar recuerda para esa época haber visto unos 70 muertos y la búsqueda de cientos de desaparecidos.

La información sobre las personas que se enterraban sin identificar era  recopilada por las funerarias del municipio en colaboración con la inspección de la Policía y las juntas de acción comunal de las veredas o los barrios donde eran encontrados los cadáveres. Estos datos fueron anexados al registro correspondiente en la parroquia. 

“Cada parroquia cuenta con libros de partida tanto de bautismo, matrimonio, confirmación y actas de defunción. Las víctimas N.N. que se traían al cementerio se registraban en el libro de defunciones”, puntualiza el padre Tovar. Y explica que aunque no se volvió a llevar un registro sobre la administración del cementerio, en las iglesias existen datos correspondientes de las personas que han sido sepultadas. 

“Llevar los registros del cementerio es un consuelo para las familias de contar con la esperanza de encontrar algun dia a quien están buscando”, recalca el padre Tovar. Además, el registro de cadáveres tiene una gran importancia para los habitantes de San Vicente del Caguán, ya que permite hacer memoria de una historia marcada por la violencia y la desaparición de personas.

Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hay 47.131 víctimas directas de desaparición en el país entre 1985 y 2018, de  las cuales 1.914 corresponden a Caquetá. Por su parte, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica  indica que entre 1958 y 2017 desaparecieron de manera forzada 82.998 personas. Y de estas, 3.004 son de Caquetá.

Respecto a las víctimas fatales, el Sirdec (Sistema  de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres) reporta que  para Caquetá entre 1985 y 2015 se registraron 692 cadáveres en condición de No Identificados en diferentes cementerios oficiales del departamento. Y, según el Instituto de Medicina Legal, 644 cadáveres están inhumados en el Cementerio Central de Florencia. 

Javier Rojas Vargas trabajó como sepulturero durante más de 12 años,  desde el 2002 hasta mediados del 2014, y recuerda que durante la guerra llegaron muchos cuerpos y la mayoría fueron sepultados en el cementerio municipal de San Vicente. 

“El cementerio estaba supremamente lleno y el padre Alfonso me dijo que hiciera un hueco y si encontraba restos tenía que dejarlos quietos y tapar de nuevo”, recuerda Javier, hoy de 79 años, quien enseña sus manos con callosidades y marcas que evidencian sus años de trabajo.

Javier señala que la administración del espacio era complicada, pero que nunca enterró dos o más cuerpos en un solo hueco. “Yo buscaba solucionar; pero lo importante era que no fueran a quedar unos encima de otro. Todos en diferentes lugares sin ir a sacar a nadie”, asegura.

“Cuando llegaban cadáveres sin identificar les dejaba una cruz con trozos de madera, las pintaba o ponía algunos puntos como medida para reconocer el sitio donde había enterrado los N.N. como los llaman”, puntualiza.

Diego Fernando Reinoso lleva un año como sepulturero en el cementerio y cuenta que a inicios del año 2024 el cementerio municipal estaba a punto de ser clausurado, por la falta de espacio y el mal manejo administrativo.

“Cuando recibí el trabajo me tocó mover más de cinco cuerpos, que estaban sepultados uno encima de otros. Venía la familia a buscar a su familiar y ya tenía otro cuerpo encima, cuerpos de meses y pocos años sepultados", agrega.

Fernando advierte que el cementerio solo cuenta con 10 espacios disponibles para sepultar cuerpos y que solo hay 200 osarios para reubicar a los cadáveres, lo cual no sería suficiente y se necesitaría que las familias los llevaran a otros cementerios.

Esperanza Fierro Vega, presidenta de la asociación de usuarios del Hospital San Rafael y dueña de una funeraria del municipio, dice que la problemática viene de años atrás: "Nuestro cementerio se ha quedado pequeño, y con una población de aproximadamente 54.000 habitantes, es evidente que no hay espacio suficiente. Algunas personas han dejado la tumba en el olvido y hay tumbas en completo abandono y hace que el cementerio collapse”.

Desde la administración de Domingo Emilio Pérez (2012- 2015) la comunidad ha pedido la creación de un nuevo camposanto y así evitar la exhumación de muchos cadáveres que, por su antigüedad, no tendrían dolientes que reubicaran los restos. 

El exalcalde Domingo Pérez recuerda que esto no fue posible porque se solicitaba hacer un diagnóstico ambiental para saber cuál era la situación del cementerio y se pedía adecuar un terreno para la construcción de un nuevo camposanto. El nuevo espacio debía ser en una parte baja, donde las aguas no se filtraran y la comunidad no se viera afectada.

“Estuve en reuniones con personas que manejan este tema y lo que me dijeron fue que la población que tenía San Vicente del Caguán y su porcentaje de mortalidad no les era rentable a ellos para hacer esa inversión”, agrega Domingo. 

La identificación de cuerpos en estado de abandono sigue siendo un desafío en San Vicente del Caguán. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) llegó al Caquetá en el 2019 y comenzó el plan regional de búsqueda Caquetá Norte, del que también hacen parte Puerto Rico, Cartagena del Chairá, Paujil y Doncello y otros campos abiertos en zonas rurales donde se tiene información de desaparecidos.

“Los planes regionales son estrategias que nosotros organizamos para poder identificar en el territorio las dinámicas de la desaparición y preparar la intervención. El cementerio de San Vicente es importante porque identificamos inhumaciones de personas que murieron en el marco del conflicto armado y que se encuentran como cuerpos no identificados, pero que corresponden a personas dadas por desaparecidas. También ha sido referido por varias fuentes como un lugar donde se enterraron a los desaparecidos”, indica Yolima Jurado Tobias, coordinadora territorial de la Unidad de Búsqueda para el Caquetá.

En el 2023 la Unidad de Búsqueda hizo la primera intervención del cementerio, los cuerpos recuperados fueron enviados al Instituto de Medicina Legal para realizar la identificación y se logró la entrega digna a una familia. “Hay muchas complejidades porque no estamos hablando de casos recientes sino de los años 90 o de antes de 2016, es difícil encontrar a quienes tienen la información de primera mano. También tenemos casos de personas identificadas y ahora buscamos a sus familias, muchos de estos ya están fuera del departamento y hasta fuera del país”, puntualiza Yolima Jurado. En los próximos meses la Ubpd tiene programada la segunda intervención en el cementerio. 

En busca de que el cementerio no sea clausurado, la comunidad de San Vicente está siguiendo el llamado de la administración para hacer la exhumación de los cuerpos  que llevan más de 10 años en este lugar. Por otra parte, se están reubicando a los que llevan más de una década sin ser reclamados; son ubicados en osarios, con sus nombres y apellidos, con la esperanza de que sus familiares los reclamen algún día.

Desde el 2017 la concesión Millennium Sistems S.A.S se encarga del manejo y la administración del tránsito en Fonseca. Sin embargo, esta empresa lleva 8 años sin rendir informes de gestión, se desconoce cuánto ha recibido en concepto de multas y no responde a los derechos de petición. Todo esto se suma a que en el municipio no hay regulación del tráfico vehicular ni un plan de seguridad vial.

En debate de control político, el pasado  25 de febrero, los concejales discutieron por qué los ingresos siguen en manos de un privado y algunos plantearon desligarse de la concesión: “Quién responde por el parqueadero, se necesita un otrosí con las dos partes, la Alcaldía y el consorcio, pero acá hay mala fe”, dijo Jesús Cobo, líder social del municipio de Fonseca.

Lo mismo cuestionó Zunilda González, politóloga y docente del municipio: “Un problema grave de Fonseca es la movilidad, acá nos han atracado, tenemos un tránsito que hace y deshace y hay que denunciarlo. Van 9 años siendo incompetentes. Acá no hay regulación del tránsito y siguen los accidentes, no vamos a permitir más muertos ni heridos”.

Al contrato le restan otros 9 años (hasta 2034), pero con tantas quejas e incumplimiento de los acuerdos, algunos concejales y líderes proponen que la operación quede al 100 por ciento bajo el poder de la Alcaldía de Fonseca. En este momento, según el contrato, la concesión recibe el 60 por ciento de los ingresos.

Y aunque el alcalde Micher Pérez, en octubre de 2023, había prometido la salida de esta concesión, ha pasado más de un año sin que esto se cumpla. “Estamos viendo como le cumplimos al municipio esa petición, que esa concesión se vaya del municipio de Fonseca”, dijo en su momento. 

Desde Consonante revisamos el contrato de creación del Instituto de Tránsito Municipal (Instrafon) y la concesión con Millennium Sistems, documento que se había solicitado por derecho de petición en varias oportunidades y nos habían negado. Además, consultamos con analistas las implicaciones de la falta de transparencia sobre dineros que son públicos, así como la importancia de que se exija a los municipios planes de seguridad vial y de velocidad. (Acá puede consultar el contrato completo) 

¿Qué dice el contrato? 

El 7 de junio de 2010 se creó el Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Fonseca (Instrafon) y desde ese momento se destinó una concesión “para escoger la compañía o entidad más efectiva para el proceso”. (Puede consultar la página 34).

Desde enero de 2014 y hasta enero de 2017 esa concesión estuvo a cargo de la Unión Temporal Tránsito de Fonseca Unitraf. Y para ese último año fue cedida a Millenium Sistems S.A.S con Nit 900442978-9 representada por Carlos Peñaloza Sarmiento, quien se presenta en Linkedin como actual presidente de la compañía.

Millenium fue constituida en el 2011, con domicilio en Bogotá. Dentro de su objeto social se encuentran todas las actividades de tránsito, tráfico y movilidad así como los sistemas de detección electrónica. Tiene un capital de $1.200.000.000, activos por $826.000.000 y un patrimonio de $748.000.000. Además, para la aceptación de esta concesión presentó experiencia en Tránsito con la Alcaldía Municipal de Turbo (Antioquia), Zulia (Norte de Santander), Planeta Rica (Córdoba), Codazzi (Cesar) y Bosconia (Cesar).

La concesión fue establecida por 20 años en la alcaldía de Pedro Segundo Manjarrez (2014), es decir que aún le quedarían 9 años de gestión  a Millenium Sistems. El contrato indica que aunque la cuantía es indeterminada, para efectos fiscales se estableció un monto de 200.000.000 de pesos anuales. (página 94).

¿Cuál es la participación del consorcio? ¿Qué implicaciones tiene?

El Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca entregó a la concesión las siguientes rentas y conceptos: “Participación al concesionario sobre los ingresos brutos de los comparendos, multas y sanciones de infracciones de tránsito (60 por ciento) y por la participación al concesionario sobre los demás ingresos del instituto (50 por ciento)”. En el mismo, se exige una garantía (a favor de Instrafon) del 10 por ciento sobre el valor del contrato. 

Desde ahí, según expertos consultados, se están excediendo los límites de la participación. “Un municipio o un distrito puede contratar a privados para la ubicación de cámaras, pero la ley limita que solo le pueden dejar el 10 por ciento del recaudo. Tiene que quedar la mayoría del recaudo o el 90 por ciento en la autoridad de tránsito municipal o distrital. Se están excediendo los límites”, puntualiza Dario Hidalgo, ingeniero industrial e investigador y profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana.

Hidalgo agrega que el privado puede ayudar, apoyar y facilitar el proceso, pero quien expide una orden de comparendo tiene que ser la autoridad de tránsito, ya sea por un agente o por dispositivos electrónicos. “La responsabilidad sigue siendo del municipio, independientemente si hay un consorcio. El municipio o en ese caso las administraciones o las alcaldías son las que deben garantizar el cumplimiento y encargarse de los balances y el control de los recaudos por multas”, resalta el docente Hidalgo, quien ha sido asesor en movilidad sostenible y seguridad vial por más de 33 años en América Latina, Asia y África.

Por su parte, Óscar Pérez, concejal electo de Fonseca, cuestiona los montos de la participación de la concesión: “El hecho de que la concesión reciba el 60 por ciento de lo recaudado implica que el municipio no pueda hacer las inversiones necesarias y a tiempo. Al Instituto de Tránsito solo le llega el 40 por ciento, y estos nunca nos han brindado un informe que diga en qué se ha invertido ese dinero”.

¿Qué funciones tiene el Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca y Millennium Sistems?

Las funciones de Instrafon se dividen en diseñar programas y proyectos de conformidad con las políticas en materia de tránsito y transporte. Promover y adelantar campañas de educación. Expedir licencias de tránsito y placas a los vehículos registrados. (Página 4).

En el contrato se menciona que Instrafon debe velar por la seguridad de las personas en las vías públicas, así como dirigir y controlar todo lo relacionado con el transporte y el tránsito. “Dentro del patrimonio se encuentra todo lo producido por las multas, sanciones y comparendos por infracciones a las normas del Código Nacional de Tránsito. El Instrafon es una entidad pública descentralizada del orden municipal, con patrimonio propio y autonomía administrativa financiera”, indica el documento. 

Por su parte, la concesión Millennium Sistems quedó a cargo de: la implementación, la operación y el mantenimiento del sistema integral de información, soporte técnico, agentes de tránsito, administración de patio, gruas, centro teórico- práctico, administración de recursos humanos, administrativos y de tránsito, recaudo ordinario de los recursos, cobro prejuridico y coactivo de todos los trámites de tránsito previstos en las normas legales y reglamentarias. (Página 34).

La concesión se encarga además de la administración del registro nacional de automotores, conductores, infractores, del sistema de detección electrónica de infracciones de tránsito y el apoyo a los procesos de cobro prejurídico y coactivo.

¿Qué cláusulas penales y multas hay contra el consorcio por incumplimientos? 

Por caducidad del contrato o por el incumplimiento del concesionario la pena pecuniaria será del 10% del contrato (Página 96). “Se considera hechos imputables al concesionario las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, subcontratistas o proveedores, así como de personal de estos, que produzca deficiencia a incumplimiento en los diseños, materiales y servicios objetos del contrato”, dice el documento. Y agrega que Instrafon está libre de las demandas reclamaciones o acciones legales que sean responsabilidad del concesionario. 

El acuerdo puntualiza que Millennium Sistems sí debe presentar informes bimensuales de su gestión y asistir a las reuniones que se convoquen con anticipación por el instituto o el interventor para verificar la ejecución del contrato. Esta última parte, según se ha denunciado desde el Concejo de Fonseca, nunca se ha cumplido.

El ingeniero e investigador Dario Hidalgo indica que de presentarse alguna irregularidad debe entrar en verificación de los organismos de control: “Entra en investigación de la Procuraduría en el tema disciplinario, de la Contraloría en el tema fiscal de recursos y, por su parte, la Superintendencia de Transporte hace la vigilancia de las autoridades de tránsito y sus agentes”.

“La comunidad puede presentar una queja ante la administración municipal fundamentando la falta de transparencia, de información y la autoridad municipal debería dar respuesta. Los concejales pueden elevar una queja ante las autoridades de control”, agrega.

El concejal Eiman Guerra sostiene que en el pasado debate de control político se mencionó que se necesita la presencia de los organismos de control. “Se debe poner lupa sobre estos temas, y quién sea responsable debe responder y pagar. Desconozco de alguna sanción o multa contra la concesión. Hay mucha complacencia con los socios, quizá por intereses políticos”, denuncia.          

“La solución no es acabar con el tránsito municipal, realmente lo que hay que hacer es exigirle que cumpla con las cláusulas consignadas en el contrato, y que la junta directiva sea responsable con lo que le corresponde. Hay un desorden administrativo y operativo, Fonseca merece la operatividad de un buen instituto de tránsito”, puntualiza.

¿Por qué en algunas ciudades hay un tránsito privado y otros público- privados?

El ingeniero y profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana, Dario Hidalgo, indica que en Colombia es común que la delegación de trámites y gestión de tránsito se otorgue a agentes privados mediante procesos de concesión, pero advierte que el municipio debe mantener el control. “El tema clave son los procedimientos y trámites porque requiere de un contrato bien estructurado con información que le permita al municipio tener control sobre todos los procesos. Se delega es la realización de los trámites, pero la autoridad sigue siendo el municipio, debe ser solo un agente privado que contribuye a los objetivos del Estado”.

“Es decir, no se exime a la autoridad del conocimiento que corresponda a los trámites de tránsito como la expedición de licencias, el registro de la matrícula de los vehículos, el procedimiento e infracciones de tránsito. Esos temas pueden delegarse, pero es importante que el municipio mantenga el control sobre la información”, agrega Hidalgo. 

En estos trámites de tránsito estarían la expedición de licencias, el registro de la matrícula de los vehículos, el procesamiento de infracciones, que, según Hidalgo, deberían estar bajo el control del municipio con el fin de que cada administración local conozca el monto del recaudo, el número de trámites y cómo son los procesos.

“Las grandes ciudades como Bogotá y Medellín, que también tienen tercerización, presentan informes muy completos de cada uno de los trámites y del recaudo, la tipificación de las multas y quiénes son objeto de estas. En el caso de Bogotá está privatizado el trámite de las licencias de conducción y registro de los vehículos, pero las multas las maneja directamente la Secretaría de Movilidad”, agrega.

¿Qué implicaciones tiene que no haya claridad de los recursos y fondos?

Cristina Annear, abogada e investigadora de Dejusticia, señala que la falta de transparencia no permite a la ciudadanía participar y hacer veeduría sobre si la gestión de la administración. “Toda esa falta de información hace que haya menos legitimidad sobre su efectividad y posibilita que aumente el discurso de que esto es un negocio y que los municipios solo se llenan los bolsillos a costa de los ciudadanos”.

“Hay dos grandes implicaciones negativas que tiene esta falta de transparencia. La primera es que eso imposibilita que haya control ciudadano sobre las multas, conocer en qué tramos es donde hay más siniestralidad vial, entre otros. Y el segundo es que no permite la colaboración entre autoridades”, sostiene. 

El concejal Óscar Pérez también pide que se dé claridad de los recursos: “Lo que necesitamos es que el Instituto de Tránsito funcione como debe ser, que se le diga la verdad a la comunidad, que haya agentes debidamente preparados y certificados para esta labor. El pueblo debe saber qué ha pasado con los dineros”.

¿Qué pasa en los municipios en los que no hay planes de seguridad vial ni de control de velocidad?

La ley 22 52 de  2022 (Julián Esteban)  da un plazo de dos años para que los municipios presenten los planes de seguridad vial y de gestión de la velocidad. Esos dos años se cumplen en julio. Sin embargo, los expertos consultados consideran que las Secretarías de Movilidad no tienen las mismas capacidades para hacer estos planes y es posible que no todos cumplan.  En el caso de Fonseca no hay todavía un plan.

Hidalgo sostiene que un municipio tiene dos posibilidades para el control del comportamiento en el tránsito. La primera, hacer un convenio con la Policía Nacional que tiene una dirección de Tránsito Nacional y, la segunda, la creación de un cuerpo de policía de tránsito civil, como funciona en Medellín y Bogotá donde hay agentes azules que son funcionarios de la administración. 

“Las autoridades locales pueden hacer uso de dispositivos electrónicos de control de infracciones, pero para eso tienen que seguir un proceso normado y con autorización del gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque la ubicación de las cámaras debe obedecer a criterios de siniestralidad vial. No se pueden poner cámaras de cualquier manera”, agrega.

¿Por qué las sanciones, controles y medidas policivas son necesarias?

El profesor e investigador Dario Hidalgo sostiene que las campañas de divulgación deben estar acompañadas de actividades de control. “De nada sirve decirle a los conductores de Fonseca que usen el casco si después la autoridad no controla ese uso”, puntualiza.

Hidalgo además plantea seguir las recomendaciones del Plan Nacional de Seguridad Vial: una infraestructura segura, reductores en avenidas y calles donde hay alta circulación peatonal y buena señalización, entre otros. “Cuando se avanza en infraestructura con diseño seguro, se tienen vehículos de mejores condiciones para circular en las vías y se controla el comportamiento, disminuyen las muertes y los heridos en el tráfico”. El experto agrega que los recursos que provienen de multas deberían estar destinados para la señalización, semaforización y el mantenimiento: “Las multas no están para recaudar, no es su objetivo central, están para disuadir los comportamientos riesgosos”, puntualiza.

Por su parte Juan Pablo Bocarejo, ingeniero civil de la Universidad de los Andes y exsecretario de Movilidad de Bogotá, indica que la seguridad vial es un tema de salud pública. “La ley ordena una regulación porque estamos hablando de salud pública. Los siniestros viales son la principal causa de fatalidad de los jóvenes en Colombia, tanto en las ciudades como en municipios”.

“No es suficiente expedir las normas, necesitamos primero una mejor infraestructura, una mejor ingeniería, señalización, reductores de velocidad y una geometría de las vías adecuadas. También necesitamos una mejor educación y actitud de los conductores”. Por ello, Bocarejo plantea trabajar en formación y campañas de divulgación.

En la zona rural del municipio hay 12 puentes peatonales distribuidos en las veredas Angostura, Bochoromá, Farallones, Brubata, El Tabor, Mondó, Moindó, Medio Mondó, Jingarabá, Peñas del Olvido, Mesetas y Yoraudó. Estos permiten el paso de las comunidades indígenas por los ríos San Juan, Mondó, Mondocito y el río Bochoromá hasta la carretera principal.

Sin embargo, como reconoce la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, de estos 12 puentes solo 4 se encuentran en buen estado: Peñas del Olvido, Mondo, Bochoroma y Moindo. Los demás necesitan reparaciones y uno de estos está en pésimo estado: el de la vereda Angostura.

Para las comunidades, estos puentes se han convertido en trampas mortales y aunque durante las campañas políticas se han prometido inversiones, estas nunca llegan. Además aseguran que han tenido 4 reuniones con personal de la Alcaldía y otras entidades, pero no se ven acciones. 

Desde Consonante se hizo un recorrido por los principales puentes de la zona rural para evidenciar el estado de cada uno. 

Puente de Angostura

Está ubicado a 13 minutos de la cabecera municipal, unos 16 kilómetros aproximadamente. Tiene varias tablas de madera destruidas y los cables están conectados con cabuya.La comunidad, compuesta por unas 55 familias (270 habitantes aproximadamente), pasan por ahí sus productos y alimentos y aunque quisieran potencializar el turismo y poner en funcionamiento del corredor ecológico, este puente no permite el paso. 

José Américo, líder de la comunidad y representante del Consejo Comunitario de Angostura, indica que han tenido algunas reuniones con el alcalde Juan Carlos Palacios sobre la situación, pero no han visto resultados. “La comunidad está dispuesta a taponar la vía nacional que conduce Tadó- Pereira en busca de una respuesta satisfactoria. Por este puente surtimos nuestra vereda de alimentos todos tenemos sus parcelas en ese lado del río, hoy se gestiona un proyecto con el Consejo Comunitario porque necesitamos un puente en buen estado para evitar accidentes”, afirma.

Américo cuenta que tras reuniones con el alcalde hace 15 días se acordó amarrar el puente con una cabuya hasta que se hagan los ajustes. “Se delegó a un compañero de la comunidad para que cortara la madera, pero esto se suspendió por falta de recursos. Le pedimos un adelanto a la Alcaldía”, agrega.

María Perea Cossío, habitante de Angostura, afirma que se ha accidentado en dos ocasiones por fallas en la estructura. “El primero fue en el 2012  cuando venía de trabajar en minería ancestral y el segundo el año pasado (2024) cuando pasaba con leña para cocinar. Estos accidentes hoy me tienen casi inválida porque no puedo mover bien la pierna derecha, en el hospital me dijeron que me iban a quitar la pierna por una infección. Sigo caminando, cojeando, pero de milagro”, puntualiza. 

Perea describe que durante la administración de Arismendy García Mosquera (2015-2019) se intervino el puente, pero dejaron una madera de baja calidad que se partió al poco tiempo.  

En 2023 otra mujer, que vive en una de las 45 casas de la vereda, se cayó cuando transitaba por el puente causándole heridas de gravedad. Por todo esto, la comunidad pide una intervención urgente antes de que ocurra una tragedia. Plantean a la Alcaldía una canoa y un motor fuera de borda mientras se rehabilita el puente.

Puente de Bochoromá

Este puente está ubicado a 20 minutos de la cabecera municipal de Tadó y comunica a las comunidades indígenas de Farallones y Cañaveral, para comercializar los productos agrícolas que producen. Bochoromá además se convirtió en bandera de turismo para el municipio, todos los fines de semana atrae a quienes quieren bañarse en las aguas cristalinas del río. 

José Manuel Sánchez, miembro del Consejo Comunitario de Bochoromá, afirma que este puente fue construido en el gobierno de Cristian Copete (2023). Por este no solo pasan personas sino mototaxis. “Aunque se ve en buen estado, sus cables están cediendo, y para algunos, el puente tiene más movimiento.  esperamos que haya una verificación y seguimiento para que puedan dar un diagnóstico sobre la situación ya que se necesita el concepto de un profesional”, agrega.

Puente de Brubata

Este puente está ubicado a 24 minutos de la cabecera municipal de Tadó. Tiene tablones destruidos, partes amarradas con alambre y no cuenta con mallas de protección a los lados, lo que representa un riesgo de que alguien caiga al río San Juan. “Este puente no necesita reparación sino una construcción completa. Este puente está en zona de riesgo porque arriba se está derrumbando. En  el gobierno de Cristian Copete se hicieron los estudios, pero nadie dice cuándo van a realizar los trabajos o si ya el proyecto está en curso o no. Esperamos que no ocurra ningún accidente”, dice Virgilio Mosquera, habitante de Brubata.

Puente de El Tabor

El puente de El Tabor está ubicado a 28 minutos de la cabecera municipal de Tadó y a 7 minutos de Playa de Oro. Este puente se descolgó, la madera está destruida, tiene cables flojos y sin protección a los lados. Sirve de conexión para las comunidades afro de El Tabor y las comunidades indígenas de Mondo y Mondocito.

“Este puente no es solo de las comunidades afro sino también de los indígenas. Hoy es una trampa mortal porque se descolgó hacia el río San Juan. La madera está mala, no tiene protección, cables destemplados,  dios quiera que no ocurra una tragedia o pérdidas humanas”, recalca Robinson Arias, líder comunitario de El Tabor. Según cuenta, durante la administración de Copete (2023) se cambiaron algunos tablones de madera, pero la estructura ya no sirve. 

Puente de Mondó

Este puente comunica a las comunidades indígenas de Mondó, Mondocito  y Medio Mondó. Está a 30 minutos caminando del puente El Tabor. Hace unos años se informó de la muerte de algunas personas  ahogadas en este sector por el mal estado del puente. En el 2023 la Alcaldía hizo algunas reparaciones. *A este puente solo se accede con el permiso de las comunidades indígenas.

Puente de Moindó

Está ubicado a solo 4 minutos de El Tabor y a 34 minutos de la cabecera municipal de Tadó. Los indígenas de Tarena se desplazan por este puente para llegar a la vía principal que conduce a Risaralda. Este puente es metálico y cuenta con pocos años construido, luego de que se registrara el accidente de varios integrantes de la comunidad por tablas sueltas.

Puente de Gingarabá

Está ubicado a solo 40 minutos de la cabecera municipal de Tadó. Su estructura es metálica y tiene algunos segmentos partidos. Este sector es de afluencia permanente porque hay un bañadero turístico.

Evelio Machado, representante legal del Consejo Comunitario local, cuenta que este puente fue construido hace más de 8 años por gestiones de la comunidad y sin apoyo de la Alcaldía. “En estos momentos está en muy mal estado y no hemos tenido apoyo de ninguna entidad. Está sostenido con cabuya y pedimos a la Alcaldía una visita para ver cómo se gestiona su reparación. Las láminas están en buen estado, pero los ángulos que sostienen el peso algunos están partidos”, agrega.

Puente de Mesetas

Está ubicado a 50 minutos de la cabecera municipal.  La comunidad indígena de Mesetas, unas 71 familias (198 habitantes), asegura que la Alcaldía solo les entregó 3 millones de pesos para la reparación del puente, pero estos recursos no alcanzaron. La madera está en mal estado, no cuenta con protección a los lados, hay tablas amarradas con alambre, y se mueve bastante cuando uno cruza.

“Le pedimos al alcalde Juan Carlos que nos arregle el puente antes de que ocurra un accidente. Este puente no cuenta con ninguna protección y tenemos miedo de que los niños se caigan al río además en las condiciones que se encuentra el puente en cualquier momento se va al río San Juan”, puntualiza Humberto Estevensis, gobernador de esta comunidad indígena.

Puente de Yoraudó

El puente de Yoraudó está ubicado a 54 minutos del casco urbano de Tadó y permite el paso por la quebrada con ese mismo nombre. Tiene madera en mal estado y sin ninguna protección a los extremos.

“Este puente tiene más de 10 años de construido y la Alcaldía, hasta el momento, no le ha invertido nada, solo llegaron cuando se iba a instalar la torre de Tigo. La empresa hizo unas reparaciones para poder pasar sus materiales, y cambiaron unos tablones de madera, pero este puente sigue con dificultades. El Consejo Comunitario está buscando espacio para hablar con el alcalde pero no ha sido posible”, afirma Jose Mosquera, líder de Yoraudó.

Carlos Jheiler Mosquera, líder del Consejo Mayor de Asocasan, agrega que además de las reuniones con la Alcaldía, se ha buscado a la Unidad de Víctimas. “En nuestro territorio están afectadas las comunidades afro como Bravata y Angostura. Buscamos que la Unidad de Víctimas nos ayude a atender la situación por la figura de reparación colectiva, pero son procesos lentos”.

Puente de Peñas del Olvido

Aunque la Alcaldía informa que invirtió 34 millones el año pasado para el mantenimiento y adecuación de este puente, el estado del mismo no evidencia esa inversión. Tiene madera en mal estado, con mallas plásticas  de  protección a los lados que están sueltas y rotas, y con el riesgo de que algún niño se deslice al río San Juan. Este puente está ubicado a solo 47 minutos de la cabecera municipal de Tadó.

La Alcaldía no tiene fechas establecidas de reparación ni de inversión 

Jixon Perea Collazo, secretario de Planeación municipal de Tadó, estuvo el pasado 12 de enero en Angostura en una reunión con la comunidad. Aunque no dio fechas, indicó que desde la Alcaldía se están definiendo las intervenciones a realizar. “El estado del puente de la vereda de Angostura es precaria y requiere una intervención prioritaria el cual ya está en proceso de contratación”, dijo a Consonante durante la reunión con la comunidad.

Sobre la petición que hace la comunidad de cambiar el puente de madera por uno metálico, Perea afirmó que esto no es posible: “Frente a la situación económica del municipio no es viable el puente metálico para Angostura porque tocaría realizar unos estudios nuevos y presentar un proyecto a ver por donde se puede buscar el financiamiento y sería irresponsable ilusionarlos con algo que no se haría en estos tres años”, recalcó.

Sin embargo, Perea agregó que se han realizado mejoras en los puentes de Peñas del Olvido, Mondó y Bochoroma y que periódicamente se está evaluando la vida útil de los materiales y las condiciones estructurales.

Además, en respuesta al derecho de petición enviado por Consonante, la Alcaldía informa que “el puente de la vereda Angostura se encuentra en pésimo estado y requiere una atención prioritaria”. También, reconoce que pese a su pésimo estado no se ha realizado inversión.

“El mantenimiento de los puentes peatonales se realiza periódicamente, evaluando la vida útil de los materiales y las condiciones estructurales. Las actividades incluyen: inspecciones para identificar signos de desgaste, corrosión o daños estructurales, remoción de residuos y vegetación que pueda afectar la estructura, reparaciones menores y aplicación de recubrimientos para prevenir la corrosión, especialmente en puentes de acero”, dice la Alcaldía en el documento.

En el derecho de petición, la Alcaldía sostiene que para 2024 se invirtieron 69 millones de pesos en el mantenimiento de los puentes Peñas del Olvido y Mondo- Monocito. En el 2023 se realizó la construcción del puente de Bochoromá por un valor de 539 millones y el mantenimiento y reparación de los puentes de Mesetas, Farallones y El Tabor con una inversión de 84 millones de pesos. Y en 2021 se asignaron 40 millones de pesos para adecuar el puente de Medio Mondo y Mondo- Monocito.

Por su parte Leison Agualimpia, coordinador de Gestión de Riesgo, indica que se evaluará con la Secretaria de Planeación la situación de cada puente y se buscarán fuentes de financiación para dar una respuesta a las comunidades antes de que ocurra algún accidente.

Aunque los habitantes de Angostura son los más perjudicados, en todas las demás veredas esperan una pronta acción de la Alcaldía y las autoridades para el mejoramiento y rediseño de los puentes. 

Este martes comenzó el paro armado del Eln en el Chocó. Esta situación se da en medio de denuncias por el aumento de la instalación de minas antipersona y las alertas por más de 3.500 desplazados y unas 9.000 personas confinadas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas. 

La escalada de violencia se ha intensificado en las últimas semanas. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, alertó ante la Organización de Estados Americanos OEA el reclutamiento de dos menores de edad y el secuestro de un gobernador indígena: “No puedo quedarme callada en un escenario como la OEA, cuando en este momento esos combates tienen en confinamiento y desplazamiento a los habitantes, o nos están llevando a las niñas en reclutamiento forzado, apenas ayer se me llevaron dos niñas de una comunidad; y el Gobernador Indígena de una comunidad fue secuestrado por alzar la voz”, denunció la gobernadora. 

Córdoba también indicó que en el 80 por ciento del departamento hay minas. “El departamento del Chocó está minado, las minas antipersona están prácticamente en el 80 por ciento del territorio. El episodio más reciente ocurrió el 20 de enero, cuando las tropas del Ejército fueron atacadas con un artefacto explosivo instalado como campo minado por miembros del Eln en el corregimiento El Tabor, a 35 minutos del casco urbano de Tadó”, agregó. 

Este es el octavo paro armado por parte del Eln que se vive en el Chocó en el último año. El último dejó 50 mil personas desplazadas. Este departamento, según la Defensoría del Pueblo, está entre las 12 zonas del país con emergencia humanitaria por los enfrentamientos entre el Eln y las Agc.

Ante esta situación de violencia, Consonante habló con Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de la Diócesis Istmina - Tadó,  quien lleva 7 años en este departamento y recorre frecuentemente la cuenca del río San Juan. Álvarez reiteró su llamado a todas las instituciones del Gobierno para que envíen ayudas a las familias afectadas, que se han tenido que desplazar y confinar en sus territorios. Como representante de la Iglesia, también invitó a que se retomen los diálogos de paz con el Eln. 

Consonante: ¿Qué comunidades se encuentran actualmente en riesgo por estos hechos de violencia? 

Monseñor Mario de Jesús Álvarez: Hubo un encuentro con los personeros y alcaldes de los municipios del Chocó y se llegó al balance de que en esta región hay 13.000 personas afectadas. De ellos hay 3.500 desplazados y unas 9.000 personas confinadas.

Estamos tocando puertas de todas las instituciones porque desde noviembre, luego de la asistencia en la ola invernal, no nos quedó dinero para alimentos, vestido y medicinas. Necesitamos atención urgente. 

Como iglesia vamos a seguir acá. Queremos ser voz de todas las personas que allí viven, de las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas.

C: ¿Qué zonas son las más afectadas por las disputas entre el Eln y las Agc?

M.J.A.: El Eln tiene dominio en este territorio y las Agc vienen avanzando y ganando espacio. Hace poco hubo enfrentamientos en el Bajo Calima entre el Eln y las disidencias, a lo mejor tenían la intención de subir por el río San Juan.

La mayor alerta está en la zona del Medio San Juan. La diócesis de Istmina y Tadó cubre todo el suroccidente del departamento del Chocó y la costa del Pacífico desde Panamá hasta Buenaventura, el río Baudó y la cuenca del río San Juan. En esta región hay grandes problemas y situaciones de violencia por grupos armados. 

En el río Iró, cuya cabecera municipal es Santa Rita de Iró, hace 15 días murió un intendente. Allí dejaron un artefacto y apenas lo pudieron desactivar el domingo pasado en la tarde. Desactivar esta mina que dejó allí el Eln tranquilizó un poco a la comunidad, pero se siente una continua zozobra. 

Ahora se vive la violencia de una forma más cruda en la región que conocemos como Medio San Juan, cuya cabecera municipal es Andagoya. Y compromete a varios municipios de la zona rural como Istmina, Sipí, Nóvita y el Litoral de San Juan. 

C: ¿Cómo están las demás comunidades y qué zonas son las que más preocupan?

M.J.A.: Hay un problema también en el Alto San Juan y que se manifiesta repetidamente en el bloqueo de la vía Tadó –Pereira. Allí continuamente se están realizando bloqueos por falta de atención, por inseguridad y llamados al Estado. En esta zona están las comunidades indígenas Embera Katio. 

En el Medio San Juan hay que detenerse con particular cuidado y lo hemos venido advirtiendo. También hay violencia en el bajo San Juan, en el municipio del litoral de San Juan, y comunidades vecinas a Buenaventura. Es decir, toda la cuenca del río San Juan está en desorden social y violencia.

C: ¿En esta zona están el Eln y las Agc o han identificado más grupos ilegales? 

M.J.A.: No, son básicamente estos dos. Puede ser, no lo puedo asegurar, que ese enfrentamiento que hubo entre el Eln y las disidencias en el bajo en el Bajo Calima, que es el río que hace división entre el norte del departamento del Valle del Cauca y el sur del departamento de Chocó, vaya a sumarse a este conflicto. Entonces, ya serían tres grupos. Pero en este momento lo que tenemos claridad es la presencia del Eln y las Agc. 

C: No es la primera vez que la Iglesia lanza una alerta por la violencia en el Medio San Juan. ¿Considera que se ha expandido la violencia en todo el territorio?

M.J.A.: Sí. Desde el Medio San Juan hay comunicación por tierra con el Bajo Baudó y eso comprometería un municipio más, un territorio extenso, con mucha área selvática y que conecta con el Litoral, el Medio San Juan y el Medio Baudó. Esta última es otra zona neurálgica donde también hay enfrentamientos y una poca presencia del Gobierno. 

C: ¿Qué llamado hace la Iglesia a las autoridades? 

M.J.A.: Hacemos un llamado al Gobierno para que a través de sus instituciones haga presencia en todas estas zonas. Esto es algo que venimos diciendo desde hace mucho, a todos los gobiernos de turno y ahora con el gobierno de Gustavo Petro. Le pedimos atención a todas las instituciones que tienen que ver con derechos humanos.

Que la Policía, el Ejército y la Armada hagan una presencia no solo coyuntural, no solo del momento, sino más permanente. Esto no es una invitación, por supuesto, a la guerra. Es una invitación a que la presencia de ellos garantice la seguridad y la tranquilidad.

También a que se retomen los diálogos con el Eln, que sean efectivos los alivios humanitarios que se han prometido y que haya acción del Estado en todos estos municipios.

C: ¿Han llegado ayudas?¿Hay más seguridad luego de esta alerta?

M.J.A.: Sí, tengo entendido que el Ejército y la Armada van a hacer mucha más presencia y el llamado es también a estos grupos para que, por favor, no involucren a la sociedad civil en esta guerra. De ahí la necesidad de aceptar estos diálogos de paz y que estas conversaciones demuestren un deseo de paz y que no sea únicamente una distracción.

C: Esta es una región que siempre ha estado en conflicto pese a los llamados de la Defensoría, organizaciones de derechos humanos, y de la Iglesia, ¿qué cree que hace falta?

M.J.A.: Que se sienta el Estado, que se sienta y haya una presencia activa de la institucionalidad, que realmente allí sea efectivo todo aquello que históricamente ha faltado: la educación, la salud, el transporte. Por ejemplo, movilizarse por esta zona es carísimo y la única vía es el río y esto es muy costoso.

Nosotros nos sumamos a las alertas de la Defensoría pero necesitamos intervención del Estado, necesitamos respuestas.

C: ¿Qué lo lleva a alertar de que esta situación podría igualarse a lo que sucede en el Catatumbo? 

M.J.A.: Lo que se viene cocinando en el Medio de San Juan no es de ahora, los llamados y alertas son de mucho tiempo. Se ha suplicado por ayudas, se ha rogado, pero no se hace efectivo. Puede ser que se esté cocinando una violencia peor que la del Catatumbo, esperemos que no, pero necesitamos que se atienda este llamado urgente y que el Estado esté allí. Necesitamos la presencia de todas las instituciones en una zona que es tan neurálgica y tan importante para todos. Si no se atiende como debe ser, precisamente es codiciada y es sostenida por uno o otro grupo ilegal.

C: ¿Cómo está la situación? ¿La Fuerza Pública si está presente como ha dicho?

M.J.A.: La Fuerza Pública habló de un refuerzo de seguridad. La invitación no es a que se alimente una confrontación sino que se dé cierta serenidad a la comunidad y a través de estos entre toda una institucionalidad en salud, en transporte, en educación, en recreación y deporte. Son tantas las comunidades que han estado olvidadas que esto es lo que necesitan realmente.

C: ¿Qué comunidades se están viendo más afectadas por desplazamientos y confinamientos?

M.J.A.: Las comunidades de Puerto Murillo, la comunidad de Unión Wounaan, de La Lerma y la comunidad de Noanamá, que es como el centro del Medio San Juan. 

C: ¿Tienen reportes de instalación de minas antipersona?

M.J.A.: Se ha aumentado el sembrado de minas, tenemos reportes en Sipí, en Negría, en el Tabor y en área rural de Tadó. Los grupos ilegales han aumentado el sembrado de estas minas para asegurar que los otros no lleguen y terminan perdiendo las comunidades, esta es nuestra mayor advertencia.

Se conoce de la instalación de minas en zonas en las que antes no había, como en la zona rural de Tadó, en la carretera. Hemos hecho la alerta y tenemos un equipo de trabajo desde la diócesis inclusive con personas que han sido afectadas directamente. 

C: ¿También conocen casos de reclutamiento de menores?

M.J.A.: Eso se ha dado históricamente, siempre se han llevado menores. Pero no puedo asegurar sobre casos nuevos.

C: ¿Cómo se está trabajando con las otras parroquias y cómo se garantiza la seguridad de los sacerdotes?

M.J.A.: En la pastoral tenemos una comisión que trabaja en la reconciliación, la paz y el desarrollo. Se visitan, se acompañan a las comunidades y a los sacerdotes. Estamos presentes en todas las zonas por sectores. 

C: ¿La Iglesia sigue en las mesas de diálogo? ¿En qué quedaron las conversaciones? 

M.J.A.: La mesa de diálogo entre el gobierno nacional y el Eln está suspendida. No está revocada. Nosotros pedimos que se retome la negociación y los diálogos porque si no se acelera esto, uno u otro frente se van desplegando y endureciendo. Cada vez será más difícil retomar esos diálogos.

El llamado de la Iglesia es a que se retomen nuevamente estos diálogos. El mismo cese al fuego, aunque hubo algunos incidentes, se sintió. Se siente la esperanza de que salgamos de esta guerra. 

C: ¿Cómo están las comunidades indígenas en el tema de desplazamiento y confinamiento?

M.J.A.: Las comunidades se han desplazado en varias ocasiones para pedir alimentos. Su mayor preocupación ha sido también la incursión de algunos grupos armados o incluso estar tan cerca de enfrentamientos entre el Ejército y algún grupo. 

Las comunidades indígenas, sobre todo del medio San Juan, quisieran estar fuera de esto. Nos duele como esa violencia afecta a las comunidades y las deja en medio de estas contiendas de guerra.

Tenemos un sacerdote que está en Playa de Oro (Tadó) y le corresponden Tabor y Guarato, donde se encuentra la comunidad Embera Katio. Él está pendiente de la situación que se vive en esta zona y nos ha reportado un continuo confinamiento.

C: ¿En algún momento se ha sentido en riesgo o ha recibido intimidaciones de algún grupo?

M.J.A.: Aquí sí hay que ser muy sinceros, en las salidas me encuentro con unos o con otros y he podido hablar con ellos. Por supuesto, como representante de la iglesia los invito a la reconciliación y al diálogo, pero nunca me han impedido la movilización, ni se le han impedido a los sacerdotes que están en la zona. Ningún grupo.

Como iglesia hemos logrado ser la voz de las comunidades y esto hace que todos estos grupos nos dejen accionar y si en algún momento hay alguna crisis, alguna acción inmediata o humanitaria estamos nosotros para ayudar, sea quien sea. 

En las verdes laderas de la Serranía del Perijá, el café se ha convertido en un legado que se hereda entre distintas generaciones. En este paisaje montañoso, las mujeres cafeteras han encontrado una oportunidad para vivir y crear una tradición a partir de los cafetales.

Glenis Bula, de 61 años, es una de ellas. Vive en el corregimiento de Conejo con su familia y se desplaza a 12 kilómetros, en la vereda Las Marimondas, para cuidar de sus cultivos de café. Durante toda su vida se ha dedicado a la siembra, el cuidado y el procesamiento del café y con esos ingresos sacó adelante a sus 4 hijos.

En su hogar, en el corregimiento de Conejo, se siente el aroma de plantas aromáticas y a café tostado que procesa artesanalmente en el fogón de su casa.

Glenis es la menor de 14 hermanos, de los cuales solo 4 son mujeres. Según cuenta, desde que era una niña le gustó la caficultura, aunque su padre le decía que ese no era trabajo para mujeres: “Cuando obtuve mi herencia yo tenía 20 años y me dije: Voy a continuar el legado del café, lo que hacía mi padre, aunque a él no le gustaba que las mujeres hicieran esa labor”.

“Con mis hermanas nos quedábamos en la casa cuando había cosecha. Mi papá no nos dejaba salir a coger café porque decía que las mujeres debían quedarse en casa”, recuerda.

"Con mis hermanas nos quedábamos en la casa cuando había cosecha. Mi papá no nos dejaba salir a coger café porque decía que las mujeres debían quedarse en casa"

Glenis Bula

En los meses de marzo, abril y mayo, Glenis se dedica a la siembra de las plántulas y podas del cafetal, para, así, garantizar una buena producción en la temporada de cosecha durante octubre, noviembre y diciembre.

“El café siempre ha sido mi sustento y aunque solo se cosecha anualmente, cubre las necesidades de mucha gente, alcanza para pagarle a los trabajadores y salir de deudas”, indica Glenis. Ella vende la libra de café a 25.000 pesos y la media libra a 13.000. 

Glenis, junto a 10 mujeres caficultoras, se registraron legalmente ante Cámara y Comercio en 2013 como Asmuperijá (Asociación de Mujeres Caficultoras del Perijá). Esto con el fin de incluir a las mujeres caficultoras y víctimas del conflicto armado en un grupo organizado que pudiera gestionar beneficios para este sector.

Según la Federación Nacional de Cafeteros, en el corregimiento de Conejo existen varias veredas dedicadas al cultivo del café, como Las Colonias, Las Marimondas, Puerto López y Las Bendiciones. En el municipio de Fonseca, por su parte, hay 253 hectáreas destinadas a este cultivo y de las cuales 219 están en plena producción.

Juan Carlos Angarita, coordinador regional de la Federación Nacional de Cafeteros en La Guajira, sostiene que el café de la Serranía del Perijá es de una variedad excepcional por su grano pesado y de alta calidad. “Es un grano resistente a enfermedades, además tiene una cascarilla delgada, lo que lo hace más valioso. Es importante que se reconozca y se promueva la identidad cafetera guajira, ya que es un café especial cultivado sin fertilizantes, lo que lo hace aún más valioso en el mercado especializado”, puntualiza.

Según Angarita, este café posee atributos especiales que lo hacen altamente apetecido en el mercado. Una de sus principales ventajas es su peso: la cascarilla es más delgada, lo que reduce la merma durante la trilla en un 12 % mientras que en el interior del país es aproximadamente un 15 %. Esto significa que el pergamino del café producido en el municipio de Fonseca es más delgado, lo que a su vez se traduce en una almendra de mayor peso y excelente calidad.

"El café de la Serranía del Perijá se mezclaba con el de la Sierra Nevada de Santa Marta sin realizar una diferenciación entre ambas producciones. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que el café de la Serranía del Perijá posee una calidad superior", asegura Angarita.

La zona montañosa del Perijá presenta un relieve que se divide en tres pisos térmicos -cálido, templado y frío-. Esta biodiversidad favorece que los cultivos de café resistan y que se realice el proceso de polinización de manera natural, hay una variedad de insectos y aves polinizadoras que garantizan la salud y fertilidad del suelo, el equilibrio ecológico y el tratamiento de los cafetales.

Falta un laboratorio para analizar el café

Aunque en la Guajira se produce café en siete municipios (Villanueva, El Molino, Barrancas, Fonseca, Hato Nuevo, Urumita y Dibulla), en el departamento no existe un laboratorio especializado de café, lo que dificulta a los caficultores conocer la calidad del grano que producen.

Al no tener un laboratorio especializado, las mujeres de Asmuperijá no han podido determinar el valor comercial adecuado del café, lo que puede generar pérdidas económicas y afectar la sostenibilidad de la producción cafetera.

Para las mujeres cafeteras, la adquisición de una maquinaria especializada es crucial para poder evaluar la calidad de su producto en tiempo real y mejorar factores como el secado y la fermentación. 

Mayerlys Aragón, líder de Asmuperijá y caficultora de la vereda Las Marimondas, agrega que un laboratorio les permitiría optimizar el proceso de producción de sus fincas cafeteras, desde la recolección hasta la selección final de los granos. “Sin un laboratorio nos vemos obligados a enviar muestras a otras ciudades del país, lo que encarece el producto”, cuenta. 

El 2 de junio -Día Nacional del Campesino- del año pasado la asociación salió favorecida en una convocatoria del Fondo Mujer Emprende y promovieron el desarrollo de un laboratorio, sin embargo este se encuentra en proceso de adecuación.

Las mujeres buscan con este laboratorio ofrecer servicios de análisis de calidad para quienes deseen conocer el potencial de su café y los factores que influyen en su sabor, aroma y textura. “Con un laboratorio, los productores de café de la región podrán analizar la humedad, la acidez y otros elementos que afecten o mejoren la calidad del café”, agrega. 

Mairelis Contreras, una de las asociadas de Asmuperija, llegó a la organización luego de huir por más de 18 años del conflicto. “Regresar a Conejo, mi pueblo natal, fue bastante difícil, pero los recuerdos me llamaban. Sentí la valentía de empezar de nuevo y en mi territorio encontré la asociación conformada, eran mujeres que también fueron víctimas del desplazamiento y me motivaron”, cuenta.

Desde el 2016 Mairelis hace parte de la asociación y, junto a Glenis Bula, tomaron la iniciativa de elaborar productos derivados del café, como dulces y tortas e incluso una bebida ancestral, que elaboran con plantas nativas de la región y granos de café, luego de capacitarse en el SENA y aprender de otras transformaciones de la materia prima del café.

Según Mairelis, estos productos derivados del café, han tenido buena aceptación por el público ya que han teniendo buena comercialización. “En el festival puse mi puesto con café, dulces, arequipe y galletas. Eso fue un éxito, la gente estaba muy curiosa de probar”, agrega.

La asociación cuenta con dos locales para la comercialización de los productos: uno en Conejo, que funciona como planta procesadora de café; y el otro en el municipio de Fonseca, que redirige a los amantes del café a un recorrido por los lugares donde trabaja la asociación, desde la planta procesadora del café en Conejo hasta las rutas del café en la Serranía del Perijá.

Las mujeres cafeteras buscan llegar a otros municipios de La Guajira para fortalecer su marca y acercar sus productos a más personas. Para ello, sueñan con fomentar fincas cafeteras donde se garantice una producción de excelencia y amigable con el medio ambiente.

“Cultivar café es un proyecto que se ha llevado nuestras vidas enteras. Cada día siento más amor a nuestro café, a nuestra cultura y a nuestra asociación que ha sostenido a nuestras familias y a nuestros cultivos. Una tradición que cobija a todo el pueblo”, puntualiza Mairelis.

Los sabedores y sabedoras son personas reconocidas dentro de los pueblos indígenas porque representan una memoria viva especializada en un saber que se hereda de generación en generación. Pero ¿qué significa ser nombrado así? ¿Quiénes pueden ser sabedoras y sabedores? ¿Cuál es la diferencia con los abuelos y abuelas? ¿Cuál es su importancia para las comunidades? Acá te contamos parte de esta tradición del pueblo Ticuna.

Créditos:

Locución: Alexis Rufino
Entrevistas: Erick Orjuela
Guión: Erick Orjuela y Valeria Ortiz
Edición: Valeria Ortiz
Ilustración: Camila Bolívar
Editora general: Ángela Martin Laiton

Alejandro cruzó la frontera con Colombia en 2019, tenía 11 años y venía sin documentos. A lomo de mula y a pie recorrió largos y agotadores trayectos durante dos días, bajo el sol inclemente y la humedad de la Serranía del Perijá. Con cada paso que daba, dejaba atrás a su país natal acompañado por sus hermanos y un conocido que lo llevaría a reunirse con un familiar con el que se reuniría en Colombia.

Como Alejandro, hoy de 16 años, hay muchos niños y adolescentes venezolanos que llegan solos a Colombia, sin sus padres o familiares, y a merced de toda clase de peligros. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hasta 2020 (no hay estudios más recientes) había más de 3.600 casos de niños migrantes que necesitaban protección prioritaria, y 246 de ellos estaban completamente solos. Por su parte, un estudio de Migración Colombia, del mismo año, indicó que el 22,33 por ciento de los migrantes venezolanos que ingresan al país son menores de 18 años.

Lo primero que recuerda Alejandro de su llegada al país es la comida: “Al llegar aquí, me pareció todo mejor porque no teníamos una buena alimentación en Venezuela. Cuando llegué con mi hermana las cosas cambiaron, comía carne varias veces en la semana y comía frutas que solo veía en televisión”.

Sin embargo, con el tiempo, surgieron otras dificultades. Alejandro no podía estudiar por no estar regularizado y en plena pandemia por el covid-19 los trámites estaban frenados. “No tener documentos y no poder hacer nada se siente como si no existiera en el mundo”, recalca.

En el 2020 estando en el espacio de reincorporación de Pondores, en el municipio de Fonseca, Alejandro participó en una visita de Naciones Unidas con otros niños y empezaron los trámites para el permiso de protección temporal (PPT). Después de dos años, recibió los papeles y con estos la esperanza de volver a la escuela. Desde entonces su experiencia educativa ha estado marcada por la deserción escolar debido a dificultades económicas y la rutina de traslado de un país a otro.

Para mantenerse ha tenido que trabajar desde niño. “Si no hubiera trabajado, no tendría nada. Estuve en el monte, trabajando como machetero y ordeñando, pero esos trabajos no son bien pagos”, agrega. Actualmente, Alejandro se dedica a lo que  llama “el arte de la peluquería”, al hablar de sus sueños su rostro se ilumina y cuenta con entusiasmo los detalles: “Ahora soy barbero, hago cortes de cabello con diseños profesionales, pero más adelante quiero ser un estilista profesional, es lo que quiero alcanzar”.

A pesar de las dificultades, Alejandro se ha planteado como meta volver a la escuela para sacar el bachillerato. Lleva 10 meses sin estudiar y quiere prepararse de nuevo en la modalidad de validación para poder estudiar y seguir trabajando. “Me siento emocionado de volver a estudiar, aunque no será igual que en otros años. Sé que la educación es fundamental para mi futuro y sin ella, no podré acceder a las oportunidades que deseo”, agrega.

A un kilómetro y medio de la vereda de Pondores, en el corregimiento de Conejo, vive Gabriel Delgado, un hombre de 61 años que trabaja en oficios varios para sacar adelante a sus tres hijos.  Cuenta que la primera vez que viajó de Venezuela a Colombia fue hace 6 años y lo hizo solo, con la esperanza de encontrar un lugar seguro y tranquilo para vivir.

Una vez encontró el lugar, viajó de vuelta a Venezuela para buscar a su esposa y a sus hijos que lo esperaban cerca de la frontera. La travesía sería difícil y Gabriel lo sabía por eso fue preparado con ollas y comida para cocinar durante el camino que se extendió por tres días para ir al paso de sus hijos que en ese entonces tenían tres y un año.

Aunque en Venezuela trabajaba como vigilante, desde que Gabriel llegó a Colombia se dedica a lo que le salga. “Trabajo para mis hijos y su bienestar. Ellos no estudiarán este año porque he tenido dificultades con la salud de mi esposa este año y está hospitalizada. Nos ha tocado difícil”, cuenta.

Como muchos, al no tener un trabajo estable, se le dificulta la posibilidad de cubrir todas las necesidades, principalmente la educación de sus hijos. Por esto, Gabriel recalca que le preocupa que sus hijos pierdan el interés por estudiar y empiecen a trabajar: “Este año me trasladaré a una finca para ahorrar costos de arriendo en el corregimiento. Lo malo de trabajar en una finca, es que solo quieren dar 200 o 150 mil pesos al mes, los días de trabajo salen en menos de 10 mil pesos y eso no es suficiente”.

Cuando le sale trabajo, Gabriel se lleva a sus hijos para poder estar pendiente de ellos. Sin embargo, espera tener el dinero suficiente para que vuelvan a estudiar en el Instituto Educativo de Conejo.

Algo similar vive Ana Lucía Urdaneta, de 32 años. Ella llegó a Colombia junto a su pareja y sus dos hijos, de 16 y 14, desde el 2022 cruzando la frontera por Maicao. Cuenta que está indecisa de quedarse o irse a otra ciudad de Colombia porque ha tenido dificultades para encontrar trabajo. “Uno está en un país que no es de uno, y si se arregla Venezuela yo me devuelvo porque allá está mi mamá” dice.

Al llegar a Colombia, Ana Lucía quedó embarazada de dos niños más. La niña de 14 años debería estar estudiando, pero no se ha inscrito. “No tengo recursos para uniformes y útiles escolares, además prefiero no inscribirla hasta que decida en qué parte de Colombia me quedaré. Lo malo de que la niña pierda el año escolar, es que se atrasa, pero no sé cómo hacer”, señala.

La falta de recursos económicos es un patrón que se repite en las familias migrantes e impide acceder oportunamente a la educación. Además, no todos cuentan con la documentación necesaria para ingresar a un colegio. 

10 años de crisis migratoria

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, advierte que el fenómeno migratorio proveniente de ese país ya está cumpliendo 10 años de crisis. “Es una población en emergencia humanitaria que tiene unas condiciones que implican una serie de inversiones para poder hacer su integración. En 2015 llegaban venezolanos que tenían una capacidad económica para invertir en educación en Colombia, en bachillerato y en educación universitaria. Era una población que era subsidiada por el régimen venezolano, ahora son ciudadanos que buscan salir del bloqueo y quieren una mejor vida”. 

Rodríguez advierte que Venezuela tuvo uno de los sistemas educativos más importantes en la región y con mayor capacidad de formación profesional y doctorados en los años 80, pero todo se fue perdiendo. “No tenemos cifras de lo que está sucediendo, pero se han realizado pruebas a los niños y hemos encontrado casos de analfabetismo. Cada vez el nivel es más bajo y hay muchos retos por enfrentar”, puntualiza. En Colombia no hay cifras de desescolarización de niños y adolescentes migrantes. Incluso, las últimas cifras que publicó el Ministerio de Educación  son del 2021 y solo se ubican por departamento y género.

Por su parte Carlos Meléndez, investigador y docente venezolano, indica que en estos 10 años de crisis, la deserción escolar en Venezuela alcanza el 30 por ciento en colegios y en universidades supera el 60 por ciento: “Hay un déficit general y seguimos perdiendo estudiantes. Otros ni siquiera ingresan por la presión a migrar, buscando mejores condiciones de vida, los salarios profesionales son los más pobres de la región y eso no motiva a estudiar”.  

Meléndez agrega que hay otras dificultades para estudiar como no tener internet ni luz y la violencia. “En todo el país se vive lo mismo, hay desigualdad territorial y precariedad. Por ejemplo, en el Amazonas 9 de cada 10 instituciones son controladas por el Gobierno, no tienen autonomía y reciben las líneas ideológicas del partido de Gobierno”, dice.

“Los profesores también han migrado. La situación se empeora en zonas fronterizas y en localidades donde hay poblaciones vulnerables. El pulso de migrar allí es mayor y nos preocupa que se vayan sin documentos y homologación. Por más que acá se masificó la educación los controles para expedir los documentos y acceder a trabajos quedan anulados, es un trámite casi imposible”, puntualiza. 

San Juan del Losada es un corregimiento ubicado a 60 kilómetros del casco urbano de San Vicente del Caguán, Caquetá,  y a 112 kilómetros de la cabecera municipal de la Macarena, Meta. Por más de 40 años se ha debatido su pertenencia entre esos dos departamentos. Y aunque en el mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y en las leyes de ordenamiento territorial se señala que pertenece al Meta, en las dinámicas sociales estas normas se quedan cortas. 

La discusión ha trascendido a tal punto que en las últimas elecciones a Gobernación y Alcaldía, la Registraduría Nacional instaló ocho mesas de votación para que fuera la gente quien decidiera si quería votar por los candidatos del Meta o del Caquetá. En ese mismo corregimiento hay dos colegios con inversión, a medias, de los dos departamentos y dos juntas de acción comunal. Y depende de servicios públicos y administrativos proporcionados por ambos departamentos, lo que complica la prestación eficiente de los mismos, así como la inversión y el desarrollo.

La división interfiere, además, en la atención médica. Sus 3.000 habitantes cuentan solo con dos puestos de salud, pero no hay un hospital. Ante una urgencia médica queda más fácil llegar a Caquetá, a dos horas por carretera; que a la Macarena, que tomaría casi 8 horas por una vía que algunos refieren como “un paseo de la muerte”.

La zona compartida, de litigio o sin limitación, como muchos la denominan, es de unos 3.630 kilómetros cuadrados en los que además de San Juan de Losada hay unas 120 veredas con situaciones similares que reúnen unas 9.000 personas.

Actualmente rige el límite provisional entregado en 2019, por el Instituto Geográfico Agustin Codazzi (Igac), mientras que la Comisión de Ordenamiento Territorial y la plenaria del Congreso reanuda el debate y resuelve el diferendo limítrofe. En el mapa se deja claro hasta donde hay injerencia de los dos departamentos, ubicados entre los municipios de La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá).

Junto al mapa del Igac se encuentran las leyes 78 de 1981 y 118 de 1959 que definen la división de los departamentos especialmente en áreas cercanas al nacimiento del río Ajajú, los ríos Caquetá y Guayabero. En esta defensa por el territorio se mueven intereses económicos como el petróleo y la ganadería. La compañía petrolera Emerald Energy tiene un punto de explotación petrolero en la inspección de Los Pozos y los giros de regalías (estimados en 5 mil millones de pesos por la Gobernación de Caquetá) están congelados hasta que defina la pelea limítrofe.

Origen del conflicto

Las leyes 78 de 1981 y 118 de 1959 definieron el límite entre Caquetá y Meta en puntos geográficos específicos, como el nacimiento del río Ajajú y la divisoria de aguas entre los ríos Caquetá y Guayabero. Sin embargo, al confrontar estas descripciones legales con la cartografía oficial, surgieron desacuerdos entre la comunidad, que alega una mala interpretación de afluentes secundarios.

En septiembre del 2019, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) presentó un informe técnico con una nueva propuesta de trazado limítrofe a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. Para esto se tuvo en cuenta herramientas de medición satelital y se agregaron 2.400 kilómetros cuadrados para Caquetá.

Como pasó un año sin que el Congreso definiera la pelea departamental, quedó vigente el límite provisional que fijó el Igac. Sin embargo, las comunidades y autoridades locales solicitan al Congreso que se reanude el debate y se dicte una solución que refleje adecuadamente las realidades geográficas y sociales de la región.

Guillermo Peña Serrano, presidente fundador de la Asociación Pro Defensa del Territorio y del Medio Ambiente (Asoproeca) y líder comunitario por más de 34 años en la región, menciona que la problemática radica en el nombramiento de ríos y divisiones de aguas como coordenadas en el año 1954 y que se interpretaron de manera distinta para los departamentos.

Lo que defienden los habitantes es que la divisoria del agua que separa los dos departamentos no viene del nacimiento del río Ajajú, como lo menciona la ley 78 de 1981. “El río divisorio es el Guayabero y el Apaporis, que desemboca en el río Caquetá, incluso más adelante se abre un brazo del río que se llama el León ese es el límite con el Guaviare. El río Guayabero es el que define los límites entre Meta y Caquetá, cuando se realizó la ley 78 de 1981 se delimitó con nombres incorrectos”, puntualiza.

La comunidad defiende que prime el límite tradicional, definido en la ley 1447 del 2011 como aquel que es “reconocido por la comunidad y las autoridades de los entes territoriales colindantes, aunque no exista una norma legal o un acto administrativo que lo establezca formalmente”.

Peña además recalca que se siente más caqueteño que metense: “Los primeros maestros rurales que llegaron a enseñar a las veredas eran de San Vicente. Las primeras enfermeras, sacerdotes y misioneros también. Tenemos la cultura caqueteña, no metense, todo eso nos identifica a nosotros como amazónicos y no como llaneros”, afirma. 

Otra problemática, según advierte Peña, es la inversión e ingresos por el sistema de regalías que genera la extracción del crudo en el bloque petrolero de la vereda Los Pozos durante 15 años. “Como estamos en límites dudosos esos recursos se congelan. Eso es triste y lamentable porque de 52 mil millones de pesos ahora están dando razón de 9.300 millones. Es posible que debido a disputas legales, ambientales o administrativas, se suspendan temporalmente las regalías asociadas a ciertos proyectos de extracción”, menciona. 

Para un habitante de la zona de litigio y asesor de derechos humanos, quien pidió no citar su nombre, la pelea responde a intereses económicos: “Esta disputa territorial genera un escenario de terror por los intereses en cuanto al poderío económico, estrategias como nombrar los Pozos como del Meta lo demuestra (...) Se ha notado un favoritismo hacia el departamento del Meta, reconociendo que ellos son fuertes políticamente”.

Falta de titulación de tierras

En San Juan de Losada hay dos colegios a tan solo tres cuadras de distancia, uno inscrito al departamento del Meta y uno al Caquetá, este último fue construido por iniciativa de la comunidad. “Al principio se compartía la infraestructura para los dos departamentos generando problemas en cuanto a la falta de maestros de un lado y de otro, siendo más eficiente la respuesta del Meta, lo que generó que las familias quisieran retirar los maestros del Caquetá de esta infraestructura (...) Cuando se aperturó la petrolera, ambos departamentos se interesaron por afianzar la relación con la población y se construyó una pequeña sede educativa para el Caquetá", puntualiza Dario Murcía, rector del colegio San Juan del Losada del Caquetá.

Murcía cuenta que en las clases de ciencias sociales se ha recalcado la problemática entre los departamentos. “Cuando dibujaba en clases el mapa del Caquetá había que resaltar o sombrear esa parte entre Meta y Guaviare, nos explicaban vagamente la no definición del territorio y que no se sabía si era Caquetá o Meta, pero que ahí estaba en litigio”, puntualizó.

La situación en otras veredas es similar. En la Cristalina del Lozada, ubicada a orillas del río Lozada y a 42 km de San Vicente del Caguán, existe una infraestructura donde funcionan dos colegios y hasta cantan los himnos de los dos departamentos. La rectora Diana Carolina Peña cuenta que han hecho un esfuerzo para mantener una relación amigable: “Es una situación atípica en la cual después de un fuerte ejercicio para mejorar la convivencia hemos podido mantener armonía, pero en un mismo espacio no deberían existir dos instituciones. No hay documentación de las sedes, escrituras, ni siquiera documentos de sana posesión”, afirma.

No es solo la falta de escrituración en estos colegios. También falta documentación de algunas viviendas y casetas comunales. Algunos propietarios tienen solo “cartas colono”, un documento entregado por las juntas de acción comunal; o “compraventas”, que no son válidos para trámites con entidades bancarias. 

Jhan Keiner Poveda, directivo de la organización Jóvenes de Gobernanza Rural (JOGUAR) y habitante de la vereda Serranía de la Macarena, indica que su predio está titulado en Meta, pero él preferiría hacer parte del Caquetá. Vive a 50 km, a 2 horas y media de San Vicente del Caguán y para llegar al municipio de la Macarena el trayecto es de hasta 6 horas. “Como productores nos queda más fácil llegar a San Vicente, allá nos movilizamos para hacer los trámites. Bajar hasta San Vicente a tomar carro para la Macarena vendría costando entre 100.000 y 150.000 por trayecto (...) La mayoría tenemos Eps de San Vicente y los productos que sacamos salen hacia allá mismo”, menciona.

Según cuenta, los títulos de esta vereda se hicieron sin costo y por eso muchos accedieron. “Si usted habla con los vecinos, ellos se quejan porque desconocían que cualquier tipo de trámite ahora solo se puede hacer en la Macarena, pero aun así la salud no la vamos a cambiar. Además, el conflicto armado no permite que tengamos libre movilidad por eso debemos andar solo por las carreteras señaladas”, puntualiza.

Un campesinado fuerte que resiste

En la zona hay presencia de grupos armados al margen de la ley como el bloque Jorge Briceño (Emc), estructura dirigida por Iván Mordisco; y las disidencias de la Segunda Marquetalia. Un habitante de la vereda La Unión, ubicada a tres horas aproximadamente de San Vicente del Caguán, cuenta que llevan muchos años en medio de la guerra. “La preocupación es latente todo el tiempo debido a las confrontaciones que hemos tenido que soportar por operativos militares, una situación inacabada por la problemática de tierra, la presión ambiental y el actor armado dividido que se rearma”, afirma.

Pese a todo esto, han ganado fuerza asociaciones de campesinos y junta de acción comunal que han propuesto zonas de reserva campesina y la zonificación ambiental participativa, con el fin de llegar a acuerdos ambientales de conservación y eliminar los conflictos por la tierra. 

En marzo de 2023, el Igac realizó visitas en San Vicente del Caguán para dialogar con las comunidades locales, aclarar dudas y atender inquietudes relacionadas con el límite provisional entre Caquetá y Meta, enfatizado que su función es técnica y que no tiene la autoridad para definir límites territoriales de manera definitiva. La entidad explicó que se centra en proporcionar información y análisis técnicos que sirvan de base para las decisiones que corresponden al Congreso.

Y en diciembre, durante el sexto ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno y el Emc, el representante del Instituto Geográfico Agustin Codazzi  (Igac) anunció la entrega del colegio Sabanas de Yari  ubicado en la vereda el Triunfo (que se encuentra en zona de litigio) para el departamento del Caquetá.

Por su parte, desde la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso informan que no hay fechas de citación de ponentes sobre este litigio y que se está esperando un concepto del Consejo de Estado sobre el trámite de este diferendo. Mientras tanto, las comunidades de San Vicente del Caguán reanudarán este año las mesas de diálogo para definir un plan de trabajo sobre el límite tradicional y que está pelea no siga sumando más décadas sin resolverse.

A las cinco de la mañana comienza a escucharse el canto de las aves en San Vicente del Caguán, municipio donde se han avistado unas 140 especies. Guacamayas, loros, golondrinas, entre otras, vuelan entre las copas de los árboles en busca de alimento y cuidar sus nidos. Su recorrido alcanza la zona del aeropuerto donde comparten el mismo espacio, un mismo cielo, con los aviones.

Para proteger tanto la biodiversidad como la seguridad aérea es necesario realizar un monitoreo constante. Tarea que desde hace cinco años está a cargo de Cristián Guerrero, biólogo de la Universidad del Valle y especialista en peligro aviario. Su jornada comienza cuando salen las aves, entre las 5 o 6 de la mañana, en cuatro puntos estratégicos del aeropuerto, en bloques de tres horas para controlar la presencia de aves y fauna silvestre. 

“Desde el 2020 se han identificado unas 140 especies de aves, pero hay unas que no son frecuentes en el aeropuerto y que no generan riesgo, por ejemplo, los tucanes, turpiales y mochileros (...) Hay aves muy vistosas, exóticas y bonitas. Por ejemplo, el guacamayo amarillo, la guacamaya roja, los loros, los juncos, los azulejos, las tangaras. Mi favorita podría ser la guacamaya roja”, describe. 

Guerrero debe monitorear un radio de 7 kilómetros desde el centro de la pista de aterrizaje por eso también visita y capacita a los dueños de fincas aledañas al aeropuerto. “Mi misión es hacer monitoreos y mantener fuera de riesgo las operaciones aéreas en cuanto a la presencia de aves y fauna. Tratamos de que no haya ratas, culebras o cualquier animal que pueda presentar riesgos tanto para las operaciones aeroportuarias como para el personal”, dice.

En este aeropuerto, según explica, lo que más se ven son chamones, garzas, azulejos, betis rojos, gallinazos, canarios, golondrinas, loros y guacamayas. “No es que vivan en el aeropuerto, pero pasan por esta zona entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde, cuando salen de los nidos”, afirma.

Sin el debido control y vigilancia de aves y fauna este proceso sería muy peligroso para los pilotos. El personal del aeropuerto debe verificar si un ave hace nido o está buscando refugio, o si están cruzando por el campo aeroportuario. “El análisis de peligrosidad consiste en identificar los horarios en los que las aves frecuentan más la zona”, asegura el biólogo.

La principal herramienta para su trabajo son los binoculares, con estos observa por horas: “Hay aves que se pueden diferenciar; por ejemplo, el gallinazo tiene las puntas de las alas blancas y el guala tiene todo el ala blanca por debajo. A las guacamayas y a los loros los diferenciamos por el sonido, o a otras por la forma de volar (el forrajeo), otras si se perchan (quedarse en un lugar para descansar). Los vuelos de los gallinazos (catartes) utilizan remolinos de viento para volar sin gastar energía, por eso vuelan en círculos porque están montados en una térmica y cuando están comiendo empiezan a bajar por tandas”. 

Además de los binoculares, Cristián Guerrero tiene una bitácora donde registra las especies que observa, con detalles y horarios, una cámara fotográfica y un dron autorizado para su trabajo. 

Hay aves que vuelan en bandadas de 100 a 150, y por ello se crearon estrategias para disminuir el peligro aviario y mantener la seguridad del transporte aéreo. “Uno no puede decir que las aves no pasan, eso es imposible. Lo que hay que hacer es controlar la presencia y disminuir los atractivos potenciales: por ejemplo, el problema de San Vicente es el gallinazo, es el ave más peligrosa que tenemos en el aeropuerto. Hay gente que hace un mal manejo de los residuos orgánicos y de los animales muertos y esto atrae a los gallinazos (...) Nuestra labor es capacitar a los dueños de las fincas alrededor del aeropuerto para realizar un manejo que logre disminuir la presencia de gallinazos y el buen uso de los residuos orgánicos de su finca”, agrega Guerrero.

Cuidado de las especies

El aeropuerto de este municipio es tipo 4c. lo que quiere decir que solo se permite el aterrizaje de aviones pequeños como los de Satena. Desde allí vuelan a Bogotá y Neiva, los martes y los sábados. Para garantizar la seguridad también se dejan señales con pintura, bandas y luces de aproximación.

Las aves, según explica, llegan por varios atractivos como los charcos de agua o en las orillas de la pista de aterrizaje para hacer sus nidos, los árboles, cananguchales y ríos. “Nosotros analizamos en el aeropuerto cuál es el atractivo que hay dentro del aeropuerto para las aves. Algunas buscan refugio o nidos, por ejemplo, los alcaravanes hacen los nidos en la zona de seguridad donde está el pasto (...) Hay un ave que es muy grande muy peligrosa que le dicen el junco, una grandota que tiene un cuerno y andan en parejas, buscan los charcos de agua”, destaca.

“Cuando llueve mucho se generan cuerpos de agua que son un atractivo para muchas aves en busca de comida. También allí se albergan ranas, insectos y otros animales”, agrega. Si hay nidos se hace su traslado buscando no afectar el ecosistema.

Guerrero indica que no se ha registrado ningún accidente grave. En marzo de 2022 un avión de Satena impactó contra un chamón sin mayores daños. Esta ave busca arbustos altos, por lo que se deben mantener cortos. 

Néstor Espejo, licenciado en biología de la Universidad Distrital y ornitólogo, considera que el cuidado depende del hábitat en el que se encuentren las aves. “Se debe controlar los hábitats potenciales para aves que presenten riesgo de colisiones de aeronaves, entre más grande sea el ave mucho más peligroso será el daño. Los más peligrosos son los que llamamos chulos que alcanzan unas alturas considerables y que tienen una masa corporal grande. Para evitar esos accidentes se modifican los hábitats cercanos”, indica.

Espejo destaca que las rutas migratorias más grandes que tenemos en Colombia son las que conectan poblaciones de aves de Norteamérica, que vienen a pasar el invierno en el trópico, en los bosques y humedales: “Lo mejor para que no pierdan sus rutas es mantenerlos conservados, con la creación de áreas protegidas y un enriquecimiento de cultivos agroforestales para que puedan llegar a sus cuarteles de invernada que son los bosques”.

Peligro aviario

En Colombia hay 45 biólogos en los aeropuertos cuya labor es hacer que las operaciones aéreas sean amigables con el medio ambiente y tratar de tener el máximo respeto, entendiendo que los aviones comparten parte del espacio con las aves.

Sin embargo, las herramientas que usan pueden ser agresivas como la pólvora, voladores, totes, entre otros. “Nosotros tratamos de no usarlas. Si observamos que los vuelos de los gallinazos en verano son entre las 8 de la mañana y 3 de la tarde, pedimos que los vuelos sean a las 4 o 5 de la tarde, así no espantamos a las aves y las operaciones no corren riesgo”, asegura Guerrero.

Desde el 2014 se adelanta en el municipio el programa de gestión de riesgo de peligro aviario y de fauna, en el que se ha involucrado a la Policía, el Instituto Colombiano Agropecuario (Ica), bomberos, entre otros.

Como parte de la sensibilización a la comunidad, además de las visitas a los finqueros se realizan campañas en colegios. “San Vicente tiene un déficit en educación ambiental. Los estudiantes no conocen el territorio, la biodiversidad ni las especies de aves y plantas que hay”, cuestiona. Guerrero propone que se trabaje en la construcción de un jardín botánico en el municipio para hacer recorridos y enseñar sobre la naturaleza.

El proyecto de creación y operación del organismo de tránsito en San Juan del Cesar ha mantenido en alerta a mototaxistas y transportadores en las últimas semanas. Este viernes en la madrugada nuevamente salieron a protestar en rechazo de que en el Concejo municipal se realicen sesiones extraordinarias para la discusión y aprobación del documento. El bloqueo se registra a la entrada del municipio, cerca del peaje.

El pasado 2 de diciembre la comunidad cerró la vía que comunica a San Juan del Cesar con el norte de La Guajira para ser escuchados por la administración municipal. Luego de una reunión con el alcalde Urbina, las partes acordaron no sancionar el proyecto y la realización de mesas técnicas para radicar un nuevo documento. Aunque la primera reunión estaba programada para el 13 de enero, desde el 26 y hasta el 30 de diciembre se citaron sesiones extraordinarias en el Concejo para discutir el proyecto.

El gremio de transportadores considera que seguir discutiendo el proyecto, sin realizar las reuniones con la comunidad, es un incumplimiento de los acuerdos, y por esto salieron de nuevo a las calles. Este jueves en la noche también se registraron bloqueos en la vía que comunica a San Juan del Cesar con Distracción, en el sector conocido como "la Y". Los manifestantes argumentan que la llegada del organismo de Tránsito no traería beneficios al pueblo y se convertiría en una suma de quejas si no se socializa correctamente ni se realizan los censos de los mototaxistas y de quienes trabajan con vehículos particulares.

San Juan del Cesar es un punto de paso obligado para parte de la movilidad de carga y pasajeros en la región. Según datos del IRAP (Programa Internacional de Evaluación de Carreteras) por sus corredores viales se movilizan entre 5.000 a 6.000 vehículos. Y un tránsito anual de 1.807.863 vehículos mixtos, según Invías. 

Gran parte de sus habitantes trabajan en el transporte público. En este municipio funciona el servicio de mototaxis, la mayoría sin licencia de conducción, y el transporte en vehículos particulares para moverse hacia  la zona rural, municipios cercanos y a Valledupar.

Álvaro Peralta, transportador de la ruta San Juan-Valledupar, cuestiona que podría repetirse la historia de Fonseca: “Mi posición siempre ha sido no al tránsito porque estamos viendo una situación similar en Fonseca en el que hay un tránsito que ha venido golpeando al pueblo y con esa misma intención lo quieren traer en San Juan, trayendo fotomultas y comparendos”.

“A los de transporte informal nos trataron de ilegales en ese proyecto, somos informales y venimos haciendo la labor de la mejor manera, nunca he sido un delincuente. Las cifras que muestran en los estudios son absurdas”, agrega Peralta. En el proyecto se estima que entre 1.800 a 2.000 motociclistas se dedican al transporte público informal y que, en promedio, realizan 30 carreras al día. Sin embargo, el gremio cuestiona que no se ha realizado un censo.

Peralta asegura que de llegar el tránsito, el bolsillo de los transportadores de la zona rural se verían afectados económicamente, porque este es el oficio que les permite llevar el sustento diario a sus casas. “Cómo van a tener esos carros de Caracolí y de las otras partes para sacar la tecnomecánica, seguro y licencia. Se sabe que son vehículos que vienen en sobrecupo y se van a ver afectados directamente”, se pregunta Peralta.

José López, el único concejal declarado en oposición, asegura que el proyecto no fue socializado: “Aquí no se llamó al grupo de mototaxis, no se llamó el sector comercio, no se llamó al Concejo. Simplemente radicaron un proyecto para aprobarlo. Ahí no se vivió un debate, fue una imposición por parte los concejales. Nos dijeron dilaten, hagan lo que quieran, que esto lo vamos a aprobar ya”.

López reconoce que hay problemáticas en la movilidad, pero asegura que no es necesario un organismo de tránsito. “Las motos sin luces en las noches son un peligro latente, falta respeto por la señalización, falta delimitación de las zonas para parqueo, pero para eso no necesitamos un organismo de tránsito y menos en sociedad de economía mixta (entidades públicas autorizadas por la ley y constituidas bajo la forma de sociedades comerciales, en las que confluyen aportes de capital público y privado)”. 

El proyecto aprobado en el Concejo, con 10 votos a favor y 3 en contra, autoriza al alcalde para que cree el organismo de tránsito en San Juan del Cesar y se autoriza la fijación de las tarifas de los servicios de tránsito que se ofrecerán a los ciudadanos, haciendo referencia a los procesos de registro nacional automotor y de conductores, entre los más relevantes: matrículas, licencias de tránsito, traslados, renovaciones y expedición de licencias. 

“En primer lugar asignando y responsabilizando a la administración pública por la adecuada planeación y regulación del tránsito, el transporte y la seguridad vial, con la creación de un organismo de tránsito rector de la actividad, y en segundo lugar, aprovechando las posibilidades que nos brinda la ley para vincular a la comunidad y al sector privado en la eficiencia y sostenibilidad del mismo, la generación de recursos de inversión y el empleo formal, con la creación de una entidad pública del tipo sociedad de economía mixta, que apoye las tareas delegables del organismo de tránsito”, dice el proyecto de ley.

Los mototaxistas, transportadores y la comunidad ven cómo en Fonseca, municipio cercano, no se socializó la llegada del organismo de Tránsito, no hubo debate en el Concejo ni se han atendido los cambios que pide la comunidad. Estos hacen parte de sus argumentos para pedir revisión del proyecto.

Este es el proyecto:

Un Tránsito en Fonseca que no funciona 

Desde su llegada en 2015, la concesión Millennium Systems y el Instituto de Tránsito, encargadas de la movilidad en el municipio, no han rendido cuentas del dinero recaudado en multas ni de su gestión y las quejas por presuntas irregularidades en la operación se siguen sumando mientras es paso obligado para  el transporte público y de carga entre el norte y el sur del país. 

Al contrato le restan 8 años, pero con tantas quejas e incumplimiento de acuerdos, se habla de poder finalizar antes la participación de la concesión Millennium Systems y se propone que la operación quede al 100 por ciento bajo el poder de la alcaldía. En este momento, la concesión recibe el 75 por ciento de los ingresos y la administración el 25 por ciento. 

En medio de protestas por parte de conductores y de la comunidad, y de citaciones al Concejo municipal ante comparendos injustificados y multas sin fundamentos, las dos entidades acordaron en mayo de 2023  los retenes a la entrada y salida del municipio y, en febrero, tuvieron que desmontar la cámara de foto detección y los más de 40.000 comparendos impartidos.

Sin embargo, la operación del tránsito en el municipio no ha mejorado. Este año han pasado tres personas por la dirección del Instituto de Tránsito Municipal (Instrafon). Hasta febrero estuvo José Vicente Velázquez, designado por la administración del exalcalde Hamiltón; luego, llegó Luis Emiro Idarraga Peña. Este último salió del cargo el 13 de diciembre y el alcalde Micher Pérez Fuentes nombró mediante acto administrativo a Julio Blanchard Iguarán como director encargado. Blanchard se venía desempeñando como inspector de tránsito y transporte.

En vista de las posibles irregularidades, el 1 de noviembre fue citado a audiencia ante el Concejo Municipal de Fonseca el entonces director Luis Emiro Idarraga Peña. Allí asistieron afectados por los comparendos para exponer sus quejas. Esta ha sido la única vez que se ha hablado del tema de cara al público.

Luis Emiro Idarraga Peña, exdirector del Tránsito, habló de las irregularidades que encontró al llegar al cargo. “La deuda de servicios públicos en estos momentos supera los 120 millones de pesos. En el parqueadero encontré a una pareja wayuu con un niño, quienes cuidan, atienden y custodian los automotores, están sin ningún contrato, ni seguridad social. Al llegar a la oficina de Tránsito no encontré funcionarios, ni secretaria, ni abogado, nada. Solo se cuenta con el nombramiento de dos reguladores de tránsito”, dijo en el Concejo.

Peña sostuvo que los procesos se dificultan por depender de la concesión Millennium Systems SAS. “Les hice el requerimiento de vinculación de cada uno de los empleados y nunca llegó. A estos empleados se les deben salarios, no tienen seguridad social y así hay muchas inconsistencias. Hemos ido legalizando ciertos actos administrativos, pero existen casos que solo pueden ser solucionados por la concesión”.   

Peña también envió un comunicado a la concesión Millennium Systems SAS, que opera en Fonseca, indicando que no es posible instalar las cámaras fotomultas. En este habla de “un detrimento patrimonial para la entidad y un enriquecimiento sin justa causa a favor de la concesión”, y añade: “La Dirección de Infraestructura y Vehículos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial jamás ha realizado requerimientos sobre el inicio de las operaciones del sistema de detección electrónica de infracciones de tránsito en Fonseca”.     

La concesión Millennium Systems SAS no da entrevistas ni responde correos. La comunidad incluso manifiesta que, cuando se reúne con las autoridades, lo hace a puerta cerrada y sin avisar. Desde Consonante se han enviado varios derechos de petición solicitando información sobre los ingresos y el reporte de gestión por comparendos y copia del contrato y no se ha recibido respuesta.

Por su parte, el concejal Deyber Guerra advierte que el problema del tránsito municipal es “histórico”. “El Tránsito Municipal anteriormente era una empresa extorsiva, no me da miedo decirlo. Te quitaban el vehículo a los puños, golpes, como fuera y luego te pedían un recurso para devolverte la moto. El problema de movilidad en el municipio sigue aumentando, al director hay que exigirle que cumpla con sus funciones, pero para eso necesita unas garantías”.

La concejala Eredis Brito también se refirió a las irregularidades mencionadas. “Como fonsequera estoy preocupada, no es la primera vez que se escucha esto en el recinto. Está en los audios, las denuncias, y debe salir una posible solución. Las consecuencias recaen sobre el municipio”.

Juan Manuel Díaz, alcalde encargado del municipio de Fonseca, expresó su desacuerdo con tener una concesión. “Definitivamente, todo redunda en un solo objetivo y son las arbitrariedades que ha venido cometiendo el Tránsito y la concesión que ha resultado dañino para la comunidad. Se necesita denunciar ante los entes de control competentes para que dejen de ser solo comentarios, por eso solicité la intervención de la Contraloría departamental para que intervenga al Tránsito”.

El gremio de conductores, quienes han sido los más afectados por los cuestionados procedimientos del Tránsito y la concesión Millennium Systems SAS, también alzó su voz de protesta.  Fidel Pitre, representante de los conductores, habló sobre la falta de transparencia: “Nos preguntamos a dónde fueron a parar los recursos de las 40 mil fotomultas. Aún cuando han comprobado que estos comparendos son ilegales, no los han quitado. Esto se debe denunciar ante los entes de control, no podemos seguir siendo permisivos ante estos abusos”.

El actual director del Tránsito, Julio Blanchard Iguarán, indicó que busca dar solución a las quejas. “Asumo con mucha responsabilidad esta nueva tarea con mi municipio en busca de lograr la normalización de contratación del personal. Tenemos claro que hay que sentarse con el sector privado para llegar a acuerdos que mejoren la relación, especialmente debido a los incumplimientos que ellos han venido teniendo con el Tránsito. Hay que reactivar los diálogos y buscar soluciones”.

Blanchar reiteró que no tiene conocimiento de la instalación de fotomultas: “No se instalarán dispositivos de fotodetección en el municipio en lo que resta del año, ni al inicio del próximo. Hay que ser muy prudente con ese tema; si el Gobierno lo ordena, habría que evaluarlo”.

Unas 700 familias de El Hatico, corregimiento de Fonseca, llevan 18 años esperando que terminen las obras de alcantarillado y el proyecto sigue inconcluso. En el barrio Bazurto, por ejemplo, hay varios problemas de salubridad ya que frente a sus casas hay una alcantarilla abierta que provoca el desbordamiento de las aguas residuales.

El proyecto se realizó bajo el mandato del exgobernador de la Guajira, José Luis González (2004-2007). En 2012, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 10 años de cárcel por celebración indebida de contratos y peculado por apropiación.

¿Qué dice la gente?

La comunidad advierte que en el proyecto hubo fallas desde la planificación del acueducto en el que, por ejemplo, no se conocieron los estudios. “No hay alcantarillado porque a un genio se le ocurrió tirar unos tubos y hacer unos manjoles (alcantarillas) en dos y tres calles del corregimiento. No tienen pozos sépticos (sistema de tratamiento de aguas residuales). Eso no tiene salida, no tiene nada”, cuestiona Luis Pérez, exconcejal de Fonseca. Tampoco se realizó una laguna de oxidación y quedó un manjol (una alcantarilla) que se rebosa y faltó una planta de tratamiento. 

Ante estas fallas, las familias realizaron excavaciones y construyeron pozos sépticos artesanales en los patios de sus casas, contaminando los pozos de agua potable. Y aunque se sabe que es un servicio que no funciona, se conectan a un sistema inexistente que genera malos olores y problemas ambientales. 

“¿Cómo voy a tirar los desechos que me van a quedar en esa tubería? Lógicamente se tiene que rebosar. Yo ahí le echo la culpa a los habitantes que están conectados y que saben que no hay servicio”, agrega Luis Pérez.

Pérez considera que, para que el alcantarillado funcione, se necesita una intervención de la Gobernación porque a nivel municipal se salió de las manos. “El proyecto tenía un costo cercano a los 60 mil millones de pesos. Se mencionó un subsidio con la cooperación de España, pero tocaba realizar un convenio entre las dos naciones y nunca se avanzó”, cuenta Luis Pérez.

Mónica Cantillo, habitante de El Hatico desde hace 10 años, advierte que lo que más le preocupa son los malos olores. Ella tiene 39 años y vive con sus dos hijos y una nieta. “Tenemos problemas porque la alcantarilla se desborda dado que no está funcionando y hay casas que están conectadas. Ese alcantarillado todo el tiempo está manando agua y va a caer a la acequia que está a la salida del pueblo que es donde se bañan nuestros hijos. Sabemos que nosotros no nos podemos sentar al frente de nuestras casas porque el mal olor es impresionante”.

“Cuando el olor es muy fuerte nos vamos al patio porque sabemos que no es bueno que estemos oliendo eso”, agrega.

Tahiris Quintana Arguelles tiene 34 años y lleva toda su vida viviendo en El Hatico. Es ama de casa y vive con sus cuatro hijos y su esposo. “El alcantarillado lleva más de 10 años con ese olor tan terrible y a los dos niños pequeños les afecta y nadie hace nada”, cuenta. 

“Aquí no está funcionando el alcantarillado y hay casas conectadas, eso ya está lleno y el agua busca por dónde salir. Las personas son conscientes de que no está funcionando y nos tiene a nosotros perjudicados”, agrega.

Tahiris evita salir de su casa para no sentir malos olores. “Eso nos genera problemas respiratorios y uno no sabe si, a largo plazo, pueda tener otras complicaciones. Ese olor es de todos los días, a cada rato, a veces frena una o dos horas y otra vez. Eso es todo el tiempo y ahora está peor porque ya hasta se le hundió la tapa. Cualquier persona puede caerse y tener un accidente grave”, puntualiza. 

Maria Lucía Martínez tiene 24 años y siempre ha vivido en El Hatico. Es auxiliar contable en una ferretería y vive con su esposo. “El problema es que el alcantarillado está rebosado y los malos olores y los zancudos aumentan. Desde que nací no ha funcionado el alcantarillado. He probado varias cosas en la casa y no se van los zancudos”, dice. 

“Escuché que habían firmado un contrato de un proyecto en el mandato pasado con unos españoles y se acabó el mandato y todavía estamos esperando”, agrega.

Autoridades no dan respuesta

Durante dos meses desde Consonante nos intentamos comunicar con Hernando Quintero, secretario de Planeación, y María José Brito, secretaria de Gobierno, y nunca se recibió respuesta. La comunidad también cuenta que no han recibido comunicación de qué seguirá en el proyecto. 

Lo que sigue

Los habitantes de El Hatico esperan una pronta solución a los daños que ha dejado un alcantarillado inconcluso. Por lo pronto, la recomendación a corto plazo es que las viviendas se desconecten para evitar que se desborde. Sin embargo, también requieren orientación con el tema de los pozos sépticos.

Alguna vez se ha preguntado ¿cómo se vive diciembre en otras regiones de Colombia?, ¿qué tradiciones permanecen entre las generaciones? y ¿a qué suenan las fiestas de fin de año en esos lugares del país?

Desde la tierra de compositores les contamos la historia del Festival Nacional de Compositores y de los concursos, una tradición que se realiza cada año en San Juan del Cesar. El festival comenzó este viernes, 13 de diciembre; y va hasta el 15.

En el marco de esta celebración se realizan concursos de piqueria infantil y mayores, canción inédita profesional y aficionado. Espacios para que todos los compositores de San Juan y de la región muestren su destreza para componer canciones inspiradas en las costumbres del pueblo, el amor, la belleza de la mujer, la naturaleza, los paisajes mágicos de esta tierra y su luna sanjuanera.

También, les mostramos cómo preparar un plato especial para estas fechas: el chivo guisado con bollo de mazorca.

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Hace dos semanas, un grupo de 80 comerciantes se reunió con la Policía de Fonseca, al sur de la Guajira, para alertar sobre su preocupación por el aumento de atracos, robos y extorsiones de los que son víctimas. “Las cosas están horribles, en su peor momento. Acá atracan todos los días, hay fleteos y robos de hasta 40 millones”, denuncia un comerciante, quien pidió reservar su nombre por seguridad.

Algunos comerciantes consultados mencionan que han considerado cerrar sus negocios por la falta de garantías en la seguridad. “Sabemos que esta es la principal fuente de empleo del municipio, pero no soportamos más extorsiones ni robos. Si la situación no mejora, nos vamos”, cuenta otro comerciante. Los mensajes y llamadas, según afirman, se han difundido a todo el comercio, y los grupos criminales, que se identifican supuestamente como integrantes del Clan del Golfo, piden 30, 40 y hasta 50 millones de pesos para no ser declarados como “objetivo”. Sin embargo, los comerciantes creen que detrás de esto no solo está el Clan del Golfo, sino también otros grupos armados.

Los mensajes de extorsión son enviados por WhatsApp con nombre y apellido. El delincuente se presenta como el supuesto comandante financiero del Ejército Gaitanista de Colombia y habla de una “citación para tratar temas correspondientes a su apoyo y retomar dicho acuerdo”.

Son varios los hechos de violencia que los comerciantes han documentado: el dueño de un local comercial recibió dos disparos en las piernas, en otro negocio se llevaron los celulares de todos los empleados, en un almacén se robaron 14 millones de pesos y a una empleada de Coca Cola le robaron 50 millones de pesos a la entrada del banco. 

Y aunque, después de la reunión con la Policía de Fonseca, se capturaron a 7 personas que extorsionaban bajo el nombre del Clan del Golfo (autodenominado Ejército―antes Autodefensas― Gaitanista de Colombia), para la comunidad el miedo persiste: “Nos sentimos vulnerables y hace falta acompañamiento del Gobierno. Estamos prevenidos y pedimos al Ejército, a la Policía y a la Fiscalía que intervengan”. A pesar del miedo, se atreven a denunciar porque quieren hacer visible el problema y pedir garantías para su seguridad: “No queremos más heridos, somos unos 2.000 comerciantes que pagamos impuestos y, si tenemos que cerrar y bloquear las vías, lo haremos”.

“No contesto números desconocidos porque me llaman para pedir plata. No hay apoyo de las autoridades, dan estadísticas que no corresponden a la realidad. A un comerciante le robaron el camión y la misma Sijin le dijo que pagara 20 millones para que lo devolvieran, no hacen operativos, no hay policías (...) Nos están matando y atracando, y el alcalde y la Policía no hacen nada”, reclama otro comerciante.

El Gaula de la Policía informa que se han instaurado denuncias por extorsión en los municipios de Fonseca, Barrancas y San Juan del Cesar en contra de comerciantes, ganaderos y agricultores. Solo en noviembre se identificaron a 4 víctimas y se capturaron a 3 personas relacionadas en los delitos. Para contrarrestar las extorsiones, el grupo de prevención e investigación criminal del Gaula realizará para la siguiente semana desplazamientos en los municipios para atender las denuncias.

Sin embargo, el Gaula advierte que no tiene confirmada la responsabilidad del Clan del Golfo: “Si bien es cierto se tiene presencia el Clan del Golfo, no podemos afirmar que las extorsiones mencionadas por los comerciantes en Fonseca se atribuyan a este grupo criminal, hasta no adelantar los respectivos actos investigativos a que dé lugar”.

Amenazas a Supergiros 

Para los vendedores de Fonseca, las amenazas están relacionadas con las recientes denuncias en Supergiros. “Es una advertencia para los comerciantes, ellos se hacen sentir metiéndose con nuestros empleados, no hay una seguridad completa”, advierten. 

El 4 de noviembre Marlen Fernanda Mozo, trabajadora de Supergiros, fue asesinada en el municipio de Bosconia, en Cesar, durante el día y en su lugar de trabajo. La Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que el responsable de las amenazas y ataques que recibió la empresa de giros y apuestas venían al parecer del Clan del Golfo.

El 22 de noviembre en Luruaco, Atlántico, dispararon contra otra empleada de Supergiros y al día siguiente, hombres armados atacaron a otra mujer en el centro de Barranquilla. En el lugar, los delincuentes dejaron un panfleto firmado por el Ejército Gaitanista en el que amenazaban a quienes “operaban sin acuerdo”.  Por estos hechos, esta semana la Policía capturó a 12 personas que al parecer estarían detrás de los ataques.

Consonante intentó comunicarse, tanto por llamadas como por correo electrónico, con la Secretaría de Gobierno de Fonseca para conocer qué se ha adelantado y cómo se ha garantizado la seguridad en el municipio, y no obtuvo respuesta. Por su parte, la Policía de Fonseca tampoco dio declaraciones sobre el tema aunque fue contactada en varias ocasiones.

La violencia se expande en el departamento

Desde 2023, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), la violencia armada en Riohacha, Dibulla y San Juan del Cesar se ha intensificado debido a la disputa territorial entre grupos armados. Lo que ha incrementado los desplazamientos individuales y masivos, confinamientos, restricciones a la movilidad, masacres, homicidios selectivos y amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

Este año se han registrado 1.356 desplazamientos en La Guajira, mientras en 2023 se registraron 956, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Este incremento, según el informe, obedece al desplazamiento masivo en la zona rural de Riohacha desde finales de febrero, que afectó a los corregimientos de Las Palmas y Juan y Medio: “Las principales causas de estos desplazamientos forzosos incluyen los enfrentamientos entre los grupos armados, el temor de quedar atrapados en el fuego cruzado, las amenazas hacía los líderes sociales y las diferentes acciones armadas ejercidas por los mismos”.

Más de 2.800 personas de las comunidades afrodescendientes y de los pueblos Wiwa y Kogui  fueron confinadas, entre febrero y mayo de este año, en zona rural de Riohacha debido a los enfrentamientos y la disputa territorial entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo (autodenominado Ejército―antes Autodefensas― Gaitanista de Colombia). “Los confinamientos dificultan a la población civil el acceso a servicios básicos, como la salud, la educación por la interrupción de ciclos escolares por el cierre de instituciones educativas y la obtención de alimentos debido al deterioro de sus medios de vida. Las comunidades optan por el confinamiento como medida de autoprotección, arraigo a su territorio y a las condiciones y características que este les brinda”, dice el documento.

Y, por último, la Ocha advierte que la circulación de panfletos en la zona rural de Riohacha ha generado temor y estigmatización social, lo que repercute en la agudización de los riesgos para la protección y la salud física y emocional de las personas, además de vulnerar el derecho a la libre circulación.

“La seguridad está alterada por la presencia de grupos armados en el territorio. La troncal Caribe está afectada por el narcotráfico. Las noticias de cuerpos desmembrados son cada vez más comunes”, dice una habitante de la región. 

La Defensoría del Pueblo mantiene vigente la alerta temprana de inminencia 025 de 2023 en la que advierte sobre los riesgos de los impactos humanitarios por la disputa territorial entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el frente Francisco José Morelos Peñate del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca de las AGC, relacionados con los negocios de contrabando y narcotráfico en la Troncal Caribe y áreas cercanas. 

Aunque la Defensoría alerta sobre la disputa territorial, también identificó otros hechos de violencia como las extorsiones y amenazas. “La utilización del terror como mecanismo de un mensaje de poderío sobre el adversario y para el sometimiento y control sobre la población civil a lo que se agrega la imposición de exacciones, extorsiones, amenazas de muerte, y restricciones a la movilidad que recaen sobre ella”, dice la alerta temprana 025 de 2023. La población en situación de riesgo incluye a comerciantes, hoteleros, pescadores, operadores de turismo formal e informal, transportadores, docentes, ganaderos, finqueros, jóvenes en contextos de vulnerabilidad, defensores de Derechos Humanos y líderes sociales.

En la Defensoría se han reportado denuncias de extorsiones a docentes, quienes han sido intimidados exigiéndoles el pago de un porcentaje a cambio de permitirles continuar con sus labores en los corregimientos de Dibulla, sobre la Troncal del Caribe. En algunos corregimientos de este municipio, grupos armados ilegales han realizado citaciones a líderes y lideresas sociales para imponer normas de conducta y cobros de dinero a cambio de “seguridad”.

Para la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios el registro de emergencias humanitarias, como el confinamiento, es un indicador del recrudecimiento del impacto del conflicto armado. Junto con la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas piden una respuesta humanitaria de todas las autoridades locales para garantizar la seguridad de las comunidades. 

“Siempre que entro les digo: ‘Con el permiso de ustedes, vengo a recoger lo que me regalan, gracias por la comida’. Les canto que son hermosas”. Ana Lucila Cañón cruza entre los alambres que dividen su finca y la zona de cananguchales en La Patagonia, una vereda a 40 minutos de Montañita, en el Caquetá. Lleva unas botas de caucho cubiertas de barro, una caneca para recoger los frutos de canangucha y una gorra para protegerse del sol, aunque podría no ser necesaria porque las hojas de las palmas forman sombrillas y refugio de todos los que lleguen al humedal.

El crujir de las hojas secas a su paso se mezcla con el canto de algunas aves, el susurro del agua y el aleteo de las palmeras con el pasar del aire. “Allá hay un racimo”, señala Lucila y ve hacía lo alto de la palma, que puede alcanzar los 35 metros de altura . “Esa está cargadita, pero todavía no está madura”, continúa y sigue en la búsqueda. Esa tarde su caneca salió vacía, pero sabe que en ocho meses podrá volver a recoger los frutos rojizos de canangucha (con nombre científico Mauritia flexuosa), o quienes otros llaman aguaje, moriche, morete y burití.

Lucila y su esposo, Lorenzo Cuellar, recogen los frutos cuando caen para no treparse por las palmas. “Los cananguchales son magníficos, son un regalo de la naturaleza. Sus raíces tienen un colchón de musgo y son las que retienen agua”, sostiene. Su casa queda a 15 minutos a pie de la zona de cananguchales, un ecosistema propio de la Amazonía que se encarga de conservar el agua y funciona como sumidero del gas de efecto invernadero. Este espacio es a la vez refugio de diferentes especies como reptiles, aves e insectos. Es fuente de vida y alimento.

“Cuando estoy entre las palmas siento paz, armonía, siento que me comunico con ellas. Cuando las veo secas y tristes le digo: ‘¿Qué pasó mija? ¿Por qué se cae?’ Luego veo que salen plantas nuevas, que son su reemplazo. Ellas también tienen su ciclo de vida”, resalta Lucila. Su amor a esta planta la llevó a tener en la parte trasera de su finca cultivos de canangucha, son jóvenes, miden hasta ahora unos tres metros y tienen sus hojas muy verdes. “Estas palmas hacen una gran labor sin recibir nada a cambio por eso da tristeza cuando la gente las maltrata, las trepa, debemos esperar a que el fruto caiga”, agrega. 

Lucila trabaja con otras 96 mujeres que hacen parte de la Asociación de Mujeres Rurales de Colombia y El Caquetá (Asmucoca), la cual cumplió 10 años de creación. María Daisy Bermeo, líder de la organización, cuenta que en el proyecto participan mujeres de Puerto Rico, Florencia y Montañita. 

“Nosotras hacemos la transformación de la canangucha en yogurt, arequipe, mermeladas, tortas, cupcakes y quesillo. Buscamos que la gente lo consuma, nosotras no vendemos. Llevamos la degustación para poder mostrar lo que tenemos”, destaca María Daisy desde la planta de tratamiento del fruto. El grupo de mujeres produce el aceite cosmético Doña Canangucha. “Cuando les doy a oler el aceite me dicen que huele a bosque, sirve para las manchas, las cicatrices y las arrugas”, resalta.

María Daisy llama a los cananguchales oro verde: “Es un oro que debemos trabajarlo y cuidarlo. A nosotros nos produce agua, oxígeno y tranquilidad por eso es oro verde”.

Un estudio del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) y Corpoamazonía, publicado en 2007, identificó la presencia de la palma de canangucha en Colombia, Brasil y Perú, a lo largo de zonas inundadas y cursos de agua. En Colombia abarca las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas y el piedemonte de la cordillera de los Andes. Según encontraron, cada palma puede producir entre 4 y 8 racimos y cada uno puede contener entre 470 y 730 frutos de canangucha. Los investigadores además recomiendan el uso de la palma canangucha para recuperar áreas pantanosas deforestadas o para proteger suelos susceptibles a la erosión.

Palmas sagradas y resistentes

Esta palma es una planta sagrada para los pueblos indígenas y las comunidades. Diego Díaz Vargas, del pueblo Uitoto, afirma que deben cuidarse por servir de refugio y proveer alimentos: “Es la casa del protector o del jefe de los seres del agua que es la boa. Todos dependemos del agua, nosotros lo llamamos el líquido amniótico porque como humanos duramos nueve meses dentro del agua para después salir a esta superficie y seguir viviendo. Los cananguchales son un eje fundamental en nuestra cosmovisión y cosmogonía”.

“Para mí los cananguchales son como una mujer. Sus palmas son bonitas y diferentes a los demás, dan tranquilidad, son fuente de alimento y generan vida, pero también la quitan”, agrega. Pese a esta comparación, para los Uitoto solo los hombres pueden entrar a algunos cananguchales que consideran sagrados, puesto que creen que la mujer al menstruar está enferma y debe alejarse.

Igual que Diego, el ingeniero forestal Esteban Cabuya también reitera las creencias alrededor de este ecosistema: “La naturaleza tiene cristales sagrados y algunos lo interpretan como diamantes y esto le ha permitido a las palmas sobrevivir a las talas y a las quemas. Las palmas crecen en terreno húmedo, son socias, gregarias y hacen un buen equipo. La naturaleza les ha dado facultades para que se cuiden junto con las serpientes y por eso sobreviven”. 

Esteban Cabuya resalta que las palmas son resistentes incluso a las intervenciones del hombre: “La carretera les empezó a reducir la entrada de agua y la posibilidad de oxigenación, pero siguen resistentes. El cananguchal hace el proceso de riñón, es capaz de filtrar el agua y lograr mantenerse (...) Para mí es el equivalente del manglar que tanto adoran en el biopacífico colombiano”.

Por su parte, la ingeniera Agrónoma Mercedes Mejía considera que los ecosistemas de canangucha deben estar en la categoría de máxima protección, igual que los humedales: “Los cananguchales son muy importantes, ellos tienen su propia vida, su propia energía y biodiversidad. Son fuentes de agua y por eso debemos propender por cuidarlos, mantenerlos y aumentarlos”.

“Cada cananguchal debería estar georeferenciado y ser intocable. Hablar de un cananguchal es hablar de agua y son clave para la humanidad”, agrega. 

Un territorio por explorar en San Vicente 

San Vicente del Caguán tiene un área aproximada de 21.923,7 km², cuenta con una reserva forestal, una reserva campesina y un distrito de conservación del agua, según datos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía).  Sin embargo, el Fondo Europeo para la Paz alertó este año que el departamento perdió entre 2002 y 2021, 474.000 hectáreas de bosque primario húmedo.

A lo largo del departamento predomina el ecosistema natural acuático de humedales conocidos como cananguchales o morichales. Tan solo en el casco urbano de San Vicente del Caguán hay 13 humedales, con características y dimensiones diferentes. Uno de ellos está en el balneario turístico Club Burití, con 1.000 metros cuadrados de corredores de canangucha bajo el cuidado de Elizabeth Murcia Caviedes, ingeniera Agroforestal: “Con mi familia nos hemos dedicado a conservar la naturaleza y el medio ambiente por 10 años. El calor es infernal, estamos en noviembre y ya es verano, no debería ser así, se está afectando el cananguchal porque baja su cauce. Intentamos proteger, limpiar y cuidar para que en un futuro sigan observando la fauna que hay”, menciona Elizabeth. 

En San Vicente del Caguán, a diferencia de la experiencia de las mujeres de Montañita, no se ha aprovechado su fruto para la alimentación. Las palmas de aguaje tienen una buena producción de fruto, con racimos de 45 kilos aproximadamente. Varias especies habitan este ecosistema: tortugas, babillas, peces, cangrejos, guacamayas, loros, pavas, arañas, ranas, entre otros. “Ellos viven por el agua, si no hay agua ellos no tienen vida”, afirma Elizabeth y agrega que es un lugar lleno de magia donde es posible creer en muchas de las historias y mitos: “Dicen que la canangucha es una culebra que va de acuerdo con el fruto; si el fruto está verde la culebra es verde, si el fruto ya está amarillo, la culebra es amarilla y cuando ya está rojo, sale la culebra roja llamada X (Bothrops asper)”, agrega.

Antes no era necesario el manejo de este ecosistema, pero con los veranos fuertes, causados por la crisis climática, la familia de Elizabeth hace barricadas para evitar las fugas de agua y alimentan el cananguchal de otras fuentes para el funcionamiento sistémico. Otro factor de riesgo es la mano del hombre, personas externas que cazan las babillas, pescan los bocachicos o espantan a los animales.

Cristian Guerrero, biólogo y oficial de peligro aviario y de fauna en el aeropuerto Eduardo Falla Solano, se encarga de registrar las especies de animales alrededor del aeropuerto y garantizar la seguridad en el espacio aéreo. Desde su labor ha encontrando cananguchales de diferentes dimensiones debido a la tala indiscriminada para formar potreros, carreteras y hasta viviendas.

 “Algunas de las causas de la disminución de las palmas es la falta de educación ambiental y apropiación por el territorio, para un campesino de a pie el cananguchal es una barrera natural que impide la movilidad del ganado y en extensiones muy grandes se asocian a otras especies como helechos y arbustos lo cual impide una movilidad”, menciona Cristian Guerrero. 

La evidente reducción del cananguchal que rodea el aeropuerto se ve en islas de palmas secas y en palmas que resisten erguidas en medio de la potrerización.

La fuerza de los cananguchales es lo que más impacta a todo aquel que se acerca a este ecosistema. “Se mantiene resistente a la presión del sol, la pisada de animales y la tumba a mano del hombre”, explica Guerrero y agrega que el ciclo del cananguchal radica en la apertura de la raíz en la profundidad de la tierra: en épocas de lluvia almacena la mayor cantidad de agua generando una asociación entre especies “como una comunidad” y cuando llega el verano va expulsando agua de a poco, logrando aguantar hasta las siguientes lluvias. 

En tiempos de sequía, algunos frutos secos caen logrando integrarse entre el barro y germinar, lo que permite una reproducción natural y una esperanza para su preservación.

Una palma que resiste

En los límites del municipio de San Vicente del Caguán están los barrios de invasión Yarumales y Nueva Esperanza. 130 familias construyeron varias viviendas a unos 8 metros del humedal. 

Luis Alexander Acosta, fiscal del barrio Nueva Esperanza, reconoce que para construir sus casas algunos de los miembros de la comunidad tumbaron varios árboles, pero ahora están en la búsqueda de reforestar. “Estamos gestionando con Corpoamazonía y la administración municipal más árboles para sembrar y cuidar las zonas verdes. Nosotros estamos dispuestos a trabajar e inculcar el cuidado del cananguchal”, agrega. 

María Parada, presidenta del asentamiento Nueva Esperanza, describe al cananguchal como una especie única. “Es majestuosa porque ocurre el nacimiento de agua que es muy importante para nuestro medio ambiente  y sirve para la protección y el cuidado”. 

“No queremos afectar este cananguchal, sabemos  la importancia para el medio ambiente. Desde pequeña vi como mis padres los aprovechaban, y por eso tengo buenos recuerdos”, agrega por su parte Isabel Rodríguez, vicepresidenta del asentamiento Yarumales. 

Quienes han trabajado por años en la Amazonía concuerdan en que la restauración ecológica debe ser una labor conjunta entre comunidades campesinas, indígenas y afro con el acompañamiento de las instituciones educativas. El ingeniero agroecólogo Cristian Camilo Bautista López resalta que las comunidades conocen las dinámicas de lluvia, de verano y las épocas de siembra: “Ellos conocen sus predios y tienen la necesidad de conservar y restaurar ciertas áreas. Si saliera un proyecto de restauración de fuentes hídricas todos lo apoyarían, porque a todos nos interesa tener agua limpia”.

Sobre la formación y capacitación a niños, adolescentes y jóvenes, Cristian Bautista precisa que se puede acompañar la elaboración de viveros escolares “donde los niños vean la importancia de germinar una semilla, el manejo de los suelos, el ciclo del agua, la importancia de un árbol en un sistema amazónico y que las nuevas generaciones tengan esa conciencia de conservación del ecosistema y no traer ideas aisladas desde los escritorios”.

En esto coincide Dailer Montoya Díaz, especialista en derecho del medio ambiente: “La restauración de los cananguchales es una estrategia clave para garantizar la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático. Las iniciativas de reforestación con la palma de aguaje y otras especies nativas, combinadas con la implementación de políticas de gestión sostenible del agua, pueden ayudar a recuperar la capacidad de estos humedales para regular el ciclo hídrico”.

Para ambos el acompañamiento de la academia es fundamental para fomentar la investigación sobre los ecosistemas y recursos naturales con los que se cuenta. “En la canangucha están muchas respuestas, se pueden conservar pero hay que investigarlos y hay que también transformarlos para que la gente realmente viva del bosque, es decir una industria comunitaria”, concluye Dailer Montoya.

Las comunidades han aprendido el poder protagónico de los cananguchales como fuente de agua y refugio de muchos animales. Mientras unos promueven su cuidado, otros buscan sembrar árboles a las orillas de los cuerpos de agua para que lleguen más aves y que los cananguchales sigan vivos.

Desde el 6 de febrero del año pasado las madres comunitarias le han pedido al gobierno que se dignifique su trabajo y se dé atención inmediata a sus reclamos: acceder a una pensión digna, dotación para los centros de atención, capacitación y reconocimiento de sus estudios y el aumento de la minuta alimenticia.

El 28 de octubre, luego de un paro de tres días -entre el 21 y el 23 de octubre-, se llegó a varios acuerdos que fueron firmados entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Cuidado de la Primera Infancia y Adolescencia del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Sintracihobi) y el ICBF. También estuvieron representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Trabajo, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Educación Nacional y Fiduagraria.

Estos fueron los principales acuerdos:

• Subsidio pensional: Sintracihobi solicitó al ICBF que atiendan los procesos de postulación de subsidio pensional, que están en los decretos 325 de 2022 y 2182 de 2023.  Actualmente hay madres comunitarias que tienen la edad de pensión y no han podido hacerlo.

• Presupuestos: El ICBF se comprometió a garantizar el presupuesto para la gestión de recursos para la atención en primera infancia hasta el 31 de diciembre de 2024.

• Estabilidad laboral: Las madres comunitarias reclaman que se están quedando sin cupos en los servicios de atención tras la apertura de los Centros de Educación Inicial. El ICBF se comprometió a articular a las madres comunitarias. 

• Entregas de raciones: Se darán orientaciones para entregar los alimentos con valores nutricionales. 

Para el 2025 debe haber un gestor de alimentos contratado por el ICBF que apoye a las madres comunitarias. 

¿Qué piden las madres comunitarias? 

Reclaman que no está claro qué pasará con las demoras en la contratación y los retrasos que se dan en el ingreso a los centros cada año. Piden ser contratadas por el ICBF a término indefinido y que no se les excluya de los nuevos programas.

Nelcy Erazo, madre comunitaria del centro Pasito de Amor en Villa Hermosa y presidenta del sindicato de madres comunitarias Sintracihobi de Fonseca, cuenta que el 11 de febrero de 2023 llegaron a unos acuerdos con el ICBF, pero hasta la fecha no ninguno se ha materializado. “Una de las cosas que nos llevó a retomar este paro es que el 11 de febrero del 2023 llegamos a unos acuerdos con el ICBF y no se cumplieron. Se habló de  la alimentación de los niños, el bono pensional, la dotación de los CDI, la dotación a las madres comunitarias y no se han cumplido. Por eso entramos a paro”, cuenta Erazo.

Las madres comunitarias han sido las pioneras de estos programas y le piden al ICBF ser tenidas en cuenta y que se les dé un trato justo. “Nosotras hemos sido creadoras y hemos sostenido esos programas por más de treinta años. No es justo que con este nuevo tránsito las madres comunitarias prácticamente nos vamos (con las manos) vacías a las casas. No hay formalización para las madres comunitarias, ¿qué pasará con nosotras que hemos entregado nuestra juventud y ahora estamos enfermas? Le pedimos al Gobierno del cambio que no se nos vulneren más nuestros derechos”, agrega Erazo.

¿Qué pasará con nosotras que hemos entregado nuestra juventud y ahora estamos enfermas? Le pedimos al Gobierno del cambio que no se nos vulneren más nuestros derechos

Nelcy Erazo, madre comunitaria del centro Pasito de Amor en Villa Hermosa

Yohelis Medina Amaya, madre comunitaria desde hace 14 años y quien labora en el hogar comunitario Travesuras de El Hatico, nos cuenta: “Estamos en paro porque en febrero de 2023 se hicieron esas peticiones y siguen sin cumplirnos. Las madres comunitarias hemos sido vulneradas en nuestros derechos tanto laborales como personales. Estamos exigiendo algunas garantías para los niños que son los más afectados cuando hacemos cese de actividades”, agrega.

Medina cuenta que antes los contratos de las madres comunitarias eran de dos años y ahora son de cuatro meses. “Con los contratos de cuatro meses hay un mes muerto y afecta la seguridad social (...) El paro es para que el Gobierno entienda que las madres comunitarias somos indispensables para la formación de nuestra niñez”, concluye.

Marelvis Ariza, de 54 años y habitante de San Juan del Cesar, advierte que les preocupa que nunca tendrán pensión. “A las madres comunitarias no nos quieren tener en cuenta para el bono pensional. Sí nos contratan cada dos o tres meses cuándo vamos a alcanzar a cotizar todas las semanas que necesitamos para pensionarnos. No nos quieren dar una continuidad en la contratación y necesitamos un contrato indefinido. Queremos también la dotación de las unidades de servicio y de talento humano. Ni uniformes nos han entregado”, dice Ariza con indignación.

Como Marelvis varias madres comunitarias de Hato Nuevo, Barrancas, San Juan del Cesar, El Molino, y Villanueva, municipios del sur de La Guajira, se reunieron el 22 de octubre en las instalaciones del ICBF de Fonseca para reclamar por sus derechos.

Otro caso es el de Arelis Contreras. Es madre comunitaria desde hace 22 años y trabaja en el centro de atención Carmen y Medina del barrio El Centro. “Venimos con una lucha constante con el ICBF, tenemos un pliego de peticiones para mejorar nuestros salarios y la atención en los centros de desarrollo. No queremos ser tercerizados y queremos que los contratos sean directos con el ICBF (...) Este paro fue una continuidad de los reclamos de 2023 porque no han dado respuesta al 100 por ciento al pliego de peticiones. Esperamos que esta vez sí nos cumplan”, dice.

Las madres comunitarias también buscan espacios para la formación. “Con la revolución de la educación en el 2014 salió el Conpes donde motivan a las madres a formarse profesionalmente para mejorar el programa, pero fuimos engañadas en cuanto a los salarios porque a las madres comunitarias que no tuvieron la oportunidad de ser profesionales les bajaron el sueldo. Eso es una injusticia”, afirma Arelis Contreras.

Arelis pide mejores condiciones laborales y un salario digno: “Necesitamos transitar al Ministerio de Educación Nacional porque están implementando un nuevo programa en el cual los niños y las niñas de cuatro o cinco años van a pasar a la escuela. Nosotras estamos capacitadas para que transitemos con ese nuevo programa, hay muchas madres comunitarias que somos licenciadas en pedagogía y que tenemos las capacidades y la experiencia. Ser profesional es importante, pero tener la experiencia para el cuidado también lo es”, puntualizó.

Madres de familia molestas por un mal servicio 

En las Unidades de Cuidado (UCAS) hay un servicio intermitente debido a que la  contratación no se garantiza durante todos los días del año. Cada vez que las madres comunitarias entran en paro, los niños son enviados a sus casas y los padres deben mirar qué hacen para alimentarlos, cuidar de ellos y dejarles actividades de aprendizaje para que no pierdan el hábito.

Kendry Aragon Martinez tiene 37 años de edad y vive en El Hatico con su esposo y sus 4 hijos. Kendry es madre usuaria de la UCA Flores de Mi Jardín, en El hatico,  donde tiene un niño de tres años que estuvo sin clases por 20 días: “Las clases comenzaron el 9 de mayo cuando debieron iniciar  los primeros días de febrero. Comenzó tarde y en septiembre volvió y se paralizó el servicio a causa de que la contratación la hicieron hasta julio”.

“Cuando llegaron a hacer la concertación nos encontramos con la sorpresa de que le habían firmado el contrato del 17 de octubre hasta el 30 de noviembre donde la contratación tenía que haber sido hasta el 15 de diciembre. Entonces nuestros niños quedarán desamparados esos 15 días de diciembre”, cuestiona Aragón.

Wendy Paz es ama de casa y tiene 29 años. Vive en El Hatico y tiene un hijo de 19 meses que asiste a la UCA Flores de Mi Jardín. “No sabemos por qué el ICBF llegó a estas instancias porque la verdad es un tema muy delicado. Ellos (ICBF) nos hablan de que primero se debe salvaguardar la integridad y los derechos de los niños y les privan a ellos de estar en un lugar donde tengan con quién relacionarse, cómo desestresarse y cómo aprender. No entendemos por qué a ellos se les privó de ese beneficio y de ese derecho que tienen”.

Ante la ausencia del servicio, las madres se han visto en la obligación de aprender a realizar algunas labores del UCA. “Ellos están guiados por una nutricionista que les dice el número de porciones para que no estén en sobrepeso o desnutridos. Para ir a trabajar tengo que buscar quién lo cuide y estar pendiente de que esa persona lo esté cuidando bien”, dice Wendy.

Lo que sigue

Antes de que se acabe este año, el ICBF deberá brindar estabilidad laboral a sus empleados, garantizar el ingreso al subsidio pensional, asignar los presupuestos para la atención a la primera infancia, capacitar al personal y entregar las raciones de alimento adecuadas, entre otros acuerdos.

Mientras tanto las madres comunitarias esperan que no haya irregularidades que afecten las actividades en los hogares comunitarios. 

En San Vicente del Caguán los apagones frecuentes y bajones de energía eléctrica se han convertido en una preocupación constante para la comunidad en general. Un problema que afecta el trabajo, la economía, la salud, la educación y la calidad de vida de las personas. 

Cuando no hay luz todo se pausa en el municipio, todo se detiene. No hay música, ni televisión, los ventiladores dejan de funcionar y el calor, que en ocasiones alcanza los 40 grados, se siente más fuerte. Se descargan los celulares y las llamadas se caen.  

Entre agosto y la segunda semana de octubre se registraron 27 cortes e interrupciones sin previo aviso. Por esas fallas en el servicio de energía se han dañado electrodomésticos, maquinaria, equipos eléctricos, contadores y transformadores. Estas interrupciones afectan las actividades académicas y el desempeño de labores comerciales y económicas al no poder mantener la refrigeración de alimentos y medicamentos. Otros comerciantes tienen problemas para trabajar en los talleres, operar las maquinarias y cumplir con los plazos de entrega.

En el municipio se han registrado interrupciones prolongadas del servicio eléctrico de hasta 14 horas. Por ejemplo, el lunes 19 de agosto no hubo energía desde las 3:30 a.m. hasta las 5:55 p.m. en siete municipios del norte del Caquetá (Montañita, Milán, Paujil, Doncello, Solano, Puerto Rico, San Vicente) y la Macarena, en el Meta. En su momento Jaime Zapata, coordinador de la zona norte, informó que el daño se dio porque una iguana quedó atrapada entre una de las redes de Doncello que proporciona el servicio.

El sábado 24 de agosto se registró otro corte del fluido eléctrico desde las 9:00 p.m. hasta las 8:00 a.m. del domingo 25 y ese mismo día se cayó el servicio desde las 12:30 p.m. hasta las 3:00 p.m. Los siguientes días: lunes 26, martes 27 y miércoles 28 hubo cortes de entre tres a cuatro horas. El 5 de septiembre dos cortes: a las 5:37 a.m. y a las 11:57 p.m.  El 6 de septiembre a las 7 p.m. y el 18 de septiembre a las 9:32 a.m., entre otros.  

¿Qué dice la gente?

Daniel Pineda, propietario del establecimiento comercial Adán e integrante de la Asociación de Comerciantes, indica que cada bajón de energía genera pérdidas en los negocios locales y afecta la atención al cliente. Los comerciantes han comprado plantas eléctricas de gasolina para proveer los ventiladores y otros equipos, pero los sistemas no funcionan de manera efectiva. “Los equipos no operan y el fluido es muy diferente con la planta eléctrica. Los bombillos empiezan a parpadear y algunas instalaciones no funcionan como debe ser. Una planta eléctrica no puede mover los congeladores como lo haría la distribución eléctrica normal. Las plantas tienen cierta capacidad y hay pérdidas económicas grandes”, dice.

“La situación de los apagones en San Vicente del Caguán nos pone en jaque a todos los comerciantes. Se va la energía y automáticamente el internet se vuelve lento y no funciona, tanto que la facturación electrónica ha sido difícil. El sonido de las plantas eléctricas es tan abrumador no solo para los clientes sino para los transeúntes. Los apagones no son de 20 minutos sino de 6, 7 y hasta 14 horas. El apagón más corto aquí dura dos horas y por esto los comerciantes han tenido que comprar plantas eléctricas”, advierte.

Edwin Vanegas, emprendedor independiente de productos lácteos Monilac, cuenta que varios comerciantes compraron plantas eléctricas de gasolina y se incrementaron los gastos de operación. “Es muy desgastante estar al tanto de las máquinas cada vez que se va la energía, correr a instalar y encender la planta de forma manual para contener la cadena de frío de los lácteos. Además, se compraron protectores de voltaje para evitar que se dañara la licuadora, la nevera y el enfriador; aunque es un gasto adicional a la compra de gasolina, no veo otra solución. Estos elementos son la forma más factible ante la falta de energía”, agrega Vanegas.

Sin embargo, como advierte Vanegas la mayoría de daños no se reportan: “No hemos interpuesto quejas porque es un proceso tortuoso para que nos escuchen. Es muy difícil que ‘le paren bolas’, entonces siempre preferimos dejar eso ahí”.

El sector educativo no ha sido ajeno a las afectaciones por las fallas en el servicio de energía. Erick Zúñiga Lizcano, rector de la Institución Educativa Rural Arenoso, de la sede La Pradera, comenta que hay varios daños en el colegio. “Los computadores tanto de la oficina como de la sala de sistemas, donde se dictan clases, han sufrido daños. Incluso los estabilizadores y los contadores de energía se han dañado. En el restaurante escolar la nevera también estaba fallando y el comité de alimentación escolar la mandó a arreglar”, afirma. 

Con las fallas de energía también se afectan las comunicaciones. “Se va el internet y no se puede trabajar en el computador, no se puede tener información, no se puede abrir un correo y los datos no funcionan. En las casas los niños no pueden hacer las tareas, los efectos no solo están en la institución sino en los hogares”, agrega Erick Zúñiga.

Para Rosa Taborda Daza, odontóloga de profesión, estos apagones limitan poder brindar una atención oportuna. “No puedo realizar profilaxis, entregar  trabajos como prótesis y pierdo clientes porque prefieren ir a otro sitio (...) Sin electricidad no se puede trabajar, toca aplazar y muchas veces son personas del campo. No se puede atender ni una urgencia”.  

Para Séfora Mejía, ama de casa de 62 años de edad, quien reside en el barrio La Pradera, son varias las afectaciones: “Se me han dañado las frutas, la carne de la nevera, tengo que comprar a diario porque con esos apagones se daña todo lo que uno tiene, hasta el televisor y el equipo de sonido”. 

Bepsy Edith Villegas, una mujer de 33 años y quien labora en la Institución Educativa Los Colonos, dice que no ha podido cumplir sus funciones de secretaria con normalidad. “Tengo dificultades para trabajar, mi computador tiene que estar conectado para funcionar. Tengo dos hijos estudiando y no pueden hacer sus consultas del colegio, se retrasan los planes y los horarios de los niños para presentar las tareas,” concluye.

Yessica Losada, modista local, también dice que su labor se ha retrasado. "Los apagones me han afectado en mi trabajo. Si no hay energía no puedo trabajar, pierdo no solo dinero sino clientes porque la maquinaria requiere de energía para funcionar. Hay clientes que se enojan y otros son comprensivos, pero además se descargan los celulares y no puedo avisarle a los clientes sobre su trabajo”. 

“Las pérdidas económicas son de herramientas y días de trabajo. No se puede recuperar el día y uno se va retrasando en el arriendo, los servicios, porque el recibo sí llega puntual”, sostiene Alfonso Montero, mecánico de motocicletas.

Henry Ortiz Tafur, técnico en mantenimiento y reparación de equipos de cómputo en Tecnipartes, advierte que en la última semana de agosto los apagones fueron más constantes. “La luz se fue desde 4 hasta 10 veces al día y en la empresa se tuvo que comprar un panel solar. Aunque para la fibra óptica e internet no hay solución, necesitamos avanzar en el trabajo que realizamos. Hemos perdido varios equipos por estos apagones, la situación impacta en las ventas y la confianza de los clientes”, añade Ortiz.

El diputado Wilman Fierro comenta que el problema radica en que el departamento no cuenta con una generadora eléctrica propia. “Dependemos del municipio de Altamira, en el Huila, donde está la última subestación de distribución. El gerente nos dice que en una semana se reporta el daño de 11, 15 y hasta 25 transformadores que hemos llegado a tener que cambiar o reemplazar por daño de contracorrientes, de rayos, de cortos que levantan un transformador y se queman”. 

¿Qué dice la empresa Electrocaquetá? 

En San Vicente del Caguán existe una oficina de atención al usuario que solo funciona como receptora e intermediaria de peticiones, quejas y reclamos. Estas reclamaciones son remitidas a la oficina central en Florencia, Caquetá. Desde San Vicente se responde solo por la reimpresión de facturas, pero cuando se trata de fallas por los cortes de energía se quedan solo en la recepción de un documento.

Al visitar el punto de atención en San Vicente de Caguán, un funcionario de Electrocaquetá explicó que las reclamaciones solo se aceptan por escrito. “Recibimos peticiones, quejas y recursos. Los usuarios deben interponer esto por escrito porque nosotros somos auxiliares y recepcionamos la documentación y las peticiones de los usuarios. Deben tener un recibo y un teléfono para poder comunicarse cuando esté lista la respuesta, se les da un radicado y deben esperar respuesta de la oficina central en un plazo de 15 días hábiles”, indicó. Las quejas también pueden interponerse en la línea directa de atención al cliente  (608) 4366413 extensión 115, celular: 3502118707 y whatsApp: 317447 4437. 

Electrocaquetá S.A. indica en un comunicado que la actual línea de interconexión (Altamira-Florencia de 115 Kv) ha enfrentado dificultades debido “a la alta carga, nivel de antigüedad y las condiciones climáticas recientes”. La empresa agrega que se está evaluando la realización de una segunda línea de interconexión teniendo en cuenta que la infraestructura eléctrica tiene más de 46 años de operación. Los estudios, según informan, terminarán en junio de 2025 y la construcción tardará de dos a tres años.

Por su parte, desde la administración municipal se hizo una reclamación el 29 de agosto a Electrocaquetá por las frecuentes fallas en el servicio de energía. Norely Oyola Paredes, coordinadora encargada de las peticiones, quejas y recursos, reconoció en un documento las fallas y comentó que se está monitoreando el sistema eléctrico de manera remota: “Desde el 24 de agosto hemos experimentado fallas debido a los fuertes vientos, las descargas atmosféricas y el clima adverso. La mayor falla se presentó sobre la línea 34.5 kv Puerto Rico - San Vicente por el sector de la vereda La Doncella. Contamos con equipos telecontrolados que nos ayudan a reducir tiempo de respuesta ante fallas y permiten una mejor gestión de la red eléctrica, especialmente en situaciones de emergencia”, dice el documento del 2 de septiembre.

El 22 de agosto la empresa Electrocaquetá se comprometió ante la Superintendencia de Servicios Públicos a revisar los puntos afectados e informar sobre los planes de contingencia para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en San Vicente del Caguán. Sin embargo, no han llegado a todos los puntos con daños. Por ejemplo, la presidenta del barrio La Paz informa que la empresa no ha ido a ver el transformador y que hay descargas eléctricas cerca a un árbol.

Incluso, Juan Carlos Durán, Secretario de Hacienda municipal, advierte que Electrocaquetá no ha cumplido con todos los compromisos: “Con la visita de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios se adquirieron unos compromisos que hasta ahora no se han visto. El 20 de septiembre de 2024 la Superintendencia desarrolló una jornada pedagógica con el objetivo de promover los derechos y deberes de los usuarios, aunque contó con poca participación ciudadana, se creó la esperanza de conformar el comité de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios que  les permite a usuarios, comerciantes y líderes sociales tener una voz en la empresa Electrocaquetá y lograr respuestas efectivas en temas de servicio”.

Sergio Leonardo Bautista, concejal del municipio, manifiesta que en mayo se hizo una sesión de control político donde asistió la electrificadora y quedaron otros compromisos que tampoco se cumplieron: “Es necesaria hacer una redistribución de un nuevo punto eléctrico especialmente en la zona urbana y la electrificadora se comprometió a instalar la subestación en el casco urbano del municipio (...) Ayudaría mucho para que la energía no se vaya constantemente y sea fluida, la empresa se comprometió a instalar un transformador industrial eléctrico en la parte del barrio El Jardin, zona industrial que consume bastante energía”. Bautista agrega que se han revisado las respectivas quejas sobre  los daños o la quema de los electrodomésticos porque la energía no es la adecuada y por los apagones.

Lo que sigue

La comunidad busca conformar el comité de control y desarrollo social de servicios domiciliarios y tener un vocero de los usuarios para que tanto las autoridades como Electrocaquetá atiendan oportunamente las quejas.

Aunque el gerente general Luis Enrique Trujillo López confirma la necesidad de mejorar el sistema de energía actual, que lleva más de 46 años en servicio, la comunidad reclama garantías sobre el servicio y recibir respuestas claras sobre cómo proceder ante los daños ocasionados por fallas en el suministro.

La Ley  2232 de 2022 que busca la eliminación gradual de los plásticos de un solo uso lleva 87 días de vigencia en el país. Tenderos y comerciantes de pequeños y grandes negocios poco a poco han ido pidiendo a los clientes que lleven sus propias bolsas.

En la lista de plásticos que se retirarán están: bolsas de punto de pago, bolsas de rollo del Fruver, bolsas de empaque de revistas y recibos, bolsas de lavandería, soportes plásticos de bombas, copitos de algodón, pitillos y mezcladores. Según Minambiente, hasta 2030 se irán sumando restricciones a más productos.

La ejecución de la medida no ha sido fácil. En Fonseca, algunos habitantes han cumplido, pero otros insisten a los comerciantes para que les den bolsas. Además, recorriendo las zonas de comercio se evidencia que las personas están vendiendo bolsas plásticas a las afueras de las tiendas de cadena. 

Falta de socialización

Algunos habitantes de Fonseca consideran que hace falta socialización de la ley por parte del Gobierno y las autoridades locales. Una de ellas es Ana Isabel Amaya, quien administra desde hace 2 años la tienda Granero Medellín, ubicada en la carrera 23 con calle 15 en el barrio Villa Jardín, en Fonseca. 

Ana Isabel atiende en su negocio entre 50 y 60 clientes a diario y menciona que desde que supo de la implementación de la ley en el municipio  trata de que la gente se concientice de que el plástico genera  una contaminación inmensa. Ya no despacha mercancía en este tipo de bolsas y les pide a sus clientes que lleven las propias en otros materiales, ya sea  tejidas, reutilizables o sacos.

“Aquí a muchos les ha tocado llevarse los productos en las manos porque no traen en qué llevar. La única manera para que aprendan es así. He estado en ese tira y afloje con la gente”, dice Ana Isabel. También cuenta que ha tenido inconvenientes con los clientes: “Un domingo estaba sentada afuera de la tienda cuando llega un joven y me pide que por favor le venda dos pañales, se los di sin bolsa y se enojó. Le dije que no se los llevara y le devolví su dinero”, agrega.

Ana Isabel destaca la implementación de la ley:  “A mí me pareció bien, pero el Gobierno tiene que socializar y concientizar porque eso no ocurre de un día para otro”, puntualiza.

Otro es el caso de Arnulfo Montoya. Tiene 48 años y llegó a Fonseca hace 19 años. Es propietario del Autoservicio Medellín, un supermercado que vende artículos de la canasta familiar como: azúcar, harina, aceite, frutas, verduras, bebidas y también tiene una sección de venta de artículos plásticos. Su negocio está ubicado en la diagonal 12 con carrera 20, a pocos pasos del round point de este municipio y a diario atiende al menos a 200 personas. 

Montoya considera que la ley de plásticos del Gobierno es buena, pero que todavía falta concientizar al pueblo fonsequero de que es una medida que aplica tanto a grandes negocios como a pequeñas tiendas.  “Como somos pequeños negocios, los clientes quieren que uno les dé las bolsas y en los almacenes de cadena aceptan que deben comprarlas. Vienen y quieren que se les dé la bolsa gratis”, dice.

Fanor Montoya tiene 45 años y lleva 8 meses viviendo en Fonseca. Es administrador de un almacén llamado Desechables y Lencería Fonseca. En este sitio se puede encontrar gran variedad de artículos plásticos como: vasos desechables, bolsas, tenedores, cucharas, platos, bolsas de empaques, entre otros. Montoya cuenta que el valor de estos productos asciende a más de cien millones de pesos, por lo que deshacerse de estos insumos no es una opción. “Estamos esperando a ver qué hacen las empresas y el Gobierno. Sin embargo, para uno tomar una decisión de dejar este negocio es muy difícil”, agrega.

Montoya considera que la medida del gobierno actual es muy buena para salvar el planeta, pero pide que se implemente poco a poco: “Es una idea que requiere tiempo, no es de un día para otro. Se debe implementar poco a poco porque hay muchos desechables en los depósitos y negocios”.

Montoya cuenta que la ley se ha ido implementando poco a poco y ha escuchado nuevas propuestas de platos, tazas y tenedores en material de bagazo de caña. Mientras tanto él sigue despachando sus productos en bolsas plásticas hasta que se tomen acciones definitivas por parte del Gobierno.

Por su parte, los almacenes de cadena como Ara, El Canasto, D1 y Olímpica están implementando la ley de plástico. Los clientes llevan bolsas de papel, de saco, fique y diferentes técnicas de bordados, que en estos establecimientos puede costar entre 2.000 y hasta 7.000 pesos. Otros llevan bolsas biodegradables que pueden variar entre 200 y 500 pesos.

Roberto Burgos tiene 57 años y vive en Fonseca hace tres años. Es cliente de la tienda Granero Medellín y considera que hace falta mayor socialización y difusión en medios de comunicación como televisión y redes sociales, ya que no todas las personas saben cómo les afecta esta ley. 

Una ley para tomar conciencia del uso de residuos 

Sergio Luis Iseda Suárez, ingeniero ambiental y especialista en gestión ambiental de la Universidad de La Guajira, ratifica que la implementación de esta ley es un poco apresurada y que los habitantes necesitan adaptarse primero a esos cambios. “Me parece que está un poquito acelerada y que no hubo socialización”, dice. 

Iseda considera que es un trabajo educativo, publicitario y de sensibilización ya que la medida no es fácil de digerir y las personas necesitan tiempo para acostumbrarse a ese nuevo ritmo de vida.

“Se debe divulgar a través de la radio o televisión, por canales nacionales, regionales,  locales, comunitarios y del Estado para que la información llegue constantemente a las personas. En las redes sociales se ha hecho un trabajo, pero sabemos que no todos tiene redes sociales y que no es fácil tampoco”, agrega. 

Iseda considera que la medida traerá efectos positivos al medioambiente, para proteger y contribuir a la conservación. “Necesitamos productos que los reemplacen en el mercado. Pero todo se va a ir normalizando a medida que pasen los días”, dice el ingeniero Sergio Iseda.

En el recorrido por Fonseca se encontró que en ninguno de los negocios hay carteles que hablen de la implementación de la ley. Si bien la medida se está cumpliendo a mayor escala en los almacenes de cadena como Olímpica o en El Ara, con bolsas de papel y biodegradables, es evidente que hace falta articulación entre el comercio, las autoridades locales y una mayor responsabilidad social.

El aumento en la demanda de bienes y servicios ha llevado a un consumo exhaustivo de recursos naturales y por ende mayor producción de residuos.  De acuerdo con un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, para 2015 la mala calidad de aire generó alrededor de 8.052 muertes en el país, con costos asociados de aproximadamente 12,2 billones de pesos, cifra que equivale al 1,5% del PIB de ese año.

Según Minambiente, el no cumplimiento de la norma podría traer sanciones entre los 100 hasta los 50.000 SMLMV, el decomiso de los elementos plásticos y hasta la clausura definitiva del establecimiento.

Lo visto en Fonseca es una muestra de que el cumplimiento de esta ley es una tarea de todos, no solo de los tenderos y los almacenes de cadena. El Gobierno debe hacer frente a esta situación y los usuarios, que son los consumidores finales, tienen una gran responsabilidad con el planeta. Así lo sostiene Ana Isabel Amaya, administradora del granero Medellín: “La contaminación nos está matando, eso es verdad. Debemos cuidar los ríos, los mares y la tierra. Las bolsas acaban con todo, es hora de tomar conciencia”. 

Once familias campesinas de la comunidad Pachito Peñas están en riesgo de perder sus cultivos de primitivo, banano, cachaco (tipo de plátano), chontaduro, entre otros,  por el aumento del caudal del río que se ha ido llevando los sembrados.

Según los agricultores, su preocupación radica en la forma en la que el río ha ido socavando la tierra poniendo en peligro no solo sus cultivos, sino el quedarse sin un terreno donde volver a sembrar. Esta es su principal fuente económica y sustento. Además de ello también invierten recursos en jornaleros, para que realicen trabajos de rocería.

Algunos recuerdan que hace once años y por causa del picudo (un tipo de plaga) se dejó de producir chontaduro en Tadó. La producción volvió a normalizarse en el 2019 y ahora temen que la fuerza de la naturaleza acabe con las plantaciones. 

¿Qué dice la gente?

Luis Reinerio Rodríguez Mosquera, presidente del consejo comunitario local de ASOCASAN y agricultor afectado, cuenta que lleva unos 50 años cultivando la tierra y que esto es todo lo que tiene.

“Nosotros estamos en la comunidad de Pachito Peñas Blancas, donde son dos comunidades, pero es un solo consejo comunitario. Llevo más de cincuenta años cultivando la tierra y hoy nos enfrentamos a un grave problema: la erosión de nuestros terrenos. Necesitamos urgentemente la ayuda de las autoridades, ya que, aunque somos capaces de producir, lo poco que tenemos se nos está agotando”, recalca Rodríguez.

Luis Reinerio Rodríguez afirma que sus ingresos han bajado y que no tiene cómo sostenerse: “Le pedimos al Estado algún tipo de ayuda económica para poder seguir trabajando, ya que estamos perdiendo nuestros cultivos de frutales, como el marañón y diversas variedades de plátano. También contamos con otros cultivos, como la papa china, que están en riesgo. Lo más alarmante es que hemos perdido churcos de palmas de chontaduro. Este producto dejó de cultivarse debido a la plaga del picudo en 2008, pero gracias a los productos agrícolas, desde 2019 hemos podido volver a producirlo”.

“El chontaduro es la base de la economía en nuestro municipio y la erosión del río San Juan pone en peligro nuestra producción y genera una profunda tristeza en nuestra comunidad”, puntualiza.

José de los Santos Mosquera Ramírez es otro de los agricultores afectados. Tiene 75 años y lleva 63 de ellos trabajando en la parcela conocida como El Palmar, ubicada en la comunidad de Pachitos Peñas Blancas. “La pérdida de tierra se debe a que el río San Juan ha ido erosionando nuestros terrenos, especialmente en un área llamada el Brazo de Peñas Blancas. Es importante destacar que, anteriormente, el río corría mucho más adentro de lo que está ahora, lo que ha provocado que se desplace hacia donde trabajamos y se lleve consigo parte del terreno”, cuenta.

“Esto nos está ocasionando mucho daño porque se nos está llevando churcos de plátano, primitivo, banano, cachaco, palmas de chontaduro y árboles frutales” agrega Mosquera.

Al igual que Luis Reinerio Rodríguez y José Los Santos Mosquera Ramírez hay otras familias afectadas. En la lista, promovida por la comunidad, están: José Juvenal Rodríguez Mosquera, Cosme Damián Ampudia, Eduar Antonio Perea, Decio Antonio Mosquera Ramírez, Pedro Emilio Mosquera, Diofanor Copete, Julio Copete, Alfonso Minota, y Raúl Minota. Para todos la preocupación radica en perder sus cultivos y la tierra en la que siembran.

¿Qué dicen las autoridades?

Frente al impacto ocasionado por la naturaleza, los agricultores han buscado apoyo de la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) y de la Unidad de Gestión del Riesgo para restablecer los terrenos de cultivo, pero hasta ahora no se ha dado una solución.

Consonante habló con el coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo, Kattier Lesión Agualimpia Gutiérrez, quien manifestó que este era un tema exclusivamente de la oficina de la UMATA.

Por su parte, Jorge Betín Pino, director de la UMATA, indica que algunos cultivos se encuentran en áreas protegidas. “Realicé un recorrido por la zona del bajo San Juan para evaluar la situación del chontaduro y me percaté de la problemática que enfrentan estas comunidades a causa de la erosión de las orillas de los ríos. Hemos tomado medidas basadas en el decreto 2811 de 1974, que establece áreas a lo largo de los cuerpos de agua consideradas de utilidad pública y protección ambiental, pertenecientes a la Nación, con un margen de treinta metros”. Betín aclara que las  medidas pueden variar dependiendo de las características de las cuencas, el tipo de agua y las decisiones de las autoridades ambientales competentes.

Sin embargo, Betín afirma que se iniciará un proceso de sensibilización y concienciación con las comunidades del alto y bajo San Juan para delimitar los terrenos destinados para los cultivos. “Es importante que la gente comprenda cuál es el espacio que le corresponde al Estado  y cuál deben respetar. Además, muchas especies de árboles, que protegen las orillas de los ríos, están siendo taladas, lo que está causando la erosión”, recalca.

Sobre esto último, los agricultores entrevistados señalan que han trabajado durante más de 60 años en las riberas de los ríos porque son más fértiles y que nadie les habló de límites ni áreas protegidas. Además, reclaman que no se les da respuesta a la reubicación que han solicitado ni a las labores que ayuden a contrarrestar el caudal del río.

En Fonseca hay 1.800 personas censadas y certificadas con alguna discapacidad, según cifras de la Alcaldía. Sin embargo, tener un certificado no les garantiza acceder a oportunidades de empleo, ni  educación e incluso, tampoco pueden movilizarse en su municipio.

Solo hasta esta semana, luego de nueve meses de espera, llegó como representante Mailon Toncel, quién sería el nuevo coordinador del comité de discapacidad. Él se encargaría de ser el enlace de los proyectos para esta población y de garantizar sus derechos.

“Esta gran responsabilidad es un reto que me prueba como profesional y como persona con discapacidad. Me estoy capacitando y con las ganas necesarias ayudar (...) Hay varios temas que son prioritarios y de atención inmediata que deberé atender. La primera, la creación urgente del comité”, dijo Toncel en entrevista con Consonante. Sin embargo aclaró que su nombramiento aún no es oficial sino que actúa como representante.

La preocupación de la gente es no tener un representante fijo en la administración local, porque las necesidades y problemas de las personas con discapacidad, y de quienes se encargan de su cuidado, están sin respuesta.

Es el caso de Rosa Hervirá Merchán, una fonsequera de 57 años y cuidadora desde hace más de 10 años de José Luis Díaz, quien tiene una discapacidad cognitiva. Él no es su familiar, pero lo considera un gran amigo y por eso decidió apoyarlo. “Esto lo hago por dedicación y amor”, dice.

Rosa se desempeña como lavandera cuatro días a la semana, siendo esta su única fuente de ingreso. Advierte que desconoce sobre los recursos y programas disponibles para mejorar la calidad de vida de José Luis y que solía entregar la documentación en la Alcaldía, esperando recibir alguna ayuda u orientación, pero las llamadas nunca llegaron. “Todos los años meto los papeles de Luis en la Alcaldía para ver si hay algo en lo que me puedan apoyar, pero nunca recibí ni una llamada”, expresó decepcionada.

Este año Rosa Hervira no ha llevado los papeles de Luis. Asegura que ya está cansada de no tener una respuesta. “Ya me cansé de llevar papeles ¿para qué? Si allá ya los tienen. Uno solo gasta el pasaje para allá, para que ni lo llamen”, asegura.

En el transcurso de este año, la población con discapacidad de Fonseca no ha tenido representación constante en la Alcaldía. Durante dos semanas de julio estuvo a cargo una psicopedagoga (Fania Corzo), pero luego salió del cargo y ahora está bajo la atención de Mailon Toncel. 

La ausencia prolongada del personal que atienda las inquietudes de la población con discapacidad ha traído la sensación de exclusión en la toma de decisiones sobre su comunidad y el acceso efectivo de derechos. No hay un canal al que puedan acudir para resolver problemas y conflictos.

Los comités municipales de discapacidad, agrupados en la Ley 1145 de 2007 y la resolución 3317 de 2012, son grupos de trabajo que buscan garantizar los derechos de las personas con discapacidad en los distintos municipios. Sin embargo, en Fonseca no se ha activado este comité y se espera que con la llegada de un nuevo coordinador se dé inicio a los trámites.

Tatiana Yelena Rodríguez Mojica, activista y directora de la fundación de personas con discapacidad “Sirius”, sostiene que a pesar de que en Colombia el marco jurídico está muy avanzado y existen herramientas como la ley estatutaria 1618 del 2013 que defienden los derechos de las personas con discapacidad, el problema es que no se divulgan ni se garantizan los derechos y existen barreras que impiden su plena participación. Entre las quejas más frecuentes está el poco acceso a un empleo inclusivo y digno, y la falta de orientación y apoyo. 

Orlando Antonio Guerra, habitante del corregimiento de Conejo, cuenta que no ha tenido oportunidades de trabajo desde que sufrió un accidente que le afectó su pierna izquierda. “A pesar de tener experiencia laboral, nadie me da una oportunidad de trabajo. A una persona con discapacidad no le dan espacio. Es un poco difícil que a uno lo empleen, entonces uno se rebusca por allí con lo que salga”.

Orlando se dedica a oficios varios, entre esos, coser zapatos, y otros empleos no formales. La falta de inclusión laboral a personas con discapacidad es una situación que se ha normalizado, lo que ha provocado que esta población esté sumida en una situación de exclusión y pobreza, impidiendo que las familias salgan adelante.

Para Tatiana Rodríguez Mojica, la historia de Orlando es un reflejo de la dura realidad que enfrentan muchas personas con discapacidad en Colombia, donde la falta de inclusión y accesibilidad laboral es una barrera para salir adelante: “El 83 por ciento de la población con discapacidad vive de la informalidad, no tiene un trabajo estable y el 73 por ciento vive por debajo de la línea de pobreza”. 

Una Alcaldía para los que tampoco son prioridad

El plan de desarrollo municipal “Fonseca, Potencia del Desarrollo” (2024-2027) solo toma tres puntos u objetivos para trabajar en su periodo de gobierno con la población con discapacidad y vulnerable del municipio. 

De las 254 páginas del plan de desarrollo solo en tres de estas hablan del tema. Estos puntos son: apoyar la educación inclusiva para personas con necesidades educativas especiales y con discapacidad, garantizar la educación adecuada y fortalecer el apoyo social integral.

Hoy todas las actividades por las que tendría que responder el enlace de discapacidad estaban frenadas hasta esta semana. Entre estas: recepcionar las historias clínicas para generar certificados, visitar las Eps, divulgar la política de inclusión a las entidades públicas y privadas del municipio y articular con el SENA.

“Aquí no hay nadie que nos escuche, estamos en el aire”, puntualiza Orlando Antonio Guerra.

Desafíos de la educación con inclusión

La educación inclusiva es un derecho fundamental que no se garantiza en las instituciones educativas de Fonseca. Consonante, junto con líderes de la población con discapacidad, realizó un recorrido por tres instituciones educativas, Calixto Maestre, Ernesto Parodi y Juan Jacobo Aragón, y se identificó la falta de adaptación de los espacios para garantizar la movilidad independiente de los niños con discapacidad.

De las tres instituciones educativas visitadas, Juan Jacobo Aragón es la que cuenta con la mayor población de estudiantes en situación de discapacidad. De 936 estudiantes en la institución, 48 alumnos tienen esta condición.

Karen Fernández, psicóloga y docente orientadora de la institución, cuenta que ha hecho falta apoyo tanto a nivel municipal como departamental para superar las barreras y garantizar una educación inclusiva: “Resulta de mucha importancia que exista siempre una articulación con programas y proyectos externos a la institución para que brinden el acompañamiento”.

“Hay ausencia a nivel municipal y departamental en este tema de inclusión, aún no se han generado las actividades pertinentes para el acompañamiento dentro de las instituciones, estamos a la espera porque ya se nos está haciendo tarde”, agrega.

Fernández destacó, además, que para la inclusión educativa es fundamental habilitar espacios que permitan a los estudiantes con discapacidad desarrollarse con plenitud, resaltando el caso de un estudiante en silla de ruedas: “Tenemos a un niño con silla de ruedas y aunque es un niño motivado, responsable y activo es un niño que necesita la adecuación de espacios. Aquí, por ejemplo, no contamos con rampas y lo que hacemos es que los docentes y los estudiantes están muy atentos y prestos a colaborar, pero no es su responsabilidad”, puntualiza Fernández.

En la misma línea, la experta Tatiana Rodríguez Mojica explicaba que la mayoría de los niños y niñas con discapacidad dejan sus estudios por las barreras arquitectónicas y actitudinales que se encuentran en las instalaciones educativas. 

“A veces creemos que para disminuir todas estas barreras es una inversión muy cara o que es imposible y la mayoría de veces ni es una inversión cara ni es imposible, es solo un asunto de actitud”, expresó.

Rodríguez advirtió que las familias no están preparadas para tener un hijo con discapacidad y, por ello, es crucial que los comités o enlaces estén activos: “Muchas familias no están preparadas y lo ven como una carga o un problema. Es allí donde los comité de discapacidad ayudan a las familias y orientan y garantizan que esos niños y niñas con discapacidad tengan acceso a la educación”, destaca.

También puntualiza que otro imaginario social que afecta a esta población, es la infantilización de las personas con discapacidad, especialmente niñas y niños: “Esa normalización nos hace daño y genera que las niñas y los niños crezcan con falta de autonomía y que se traten como niñas y niños por siempre”.

Yuleisy Fernández, líder de la población con discapacidad, contó que siente impotencia y abandono por parte de la administración y pide que la persona que llegó comience a trabajar pronto: “Estamos en cero, durante nueve meses no hubo nadie (...) Necesitamos a alguien que se preocupe por toda la población con discapacidad, que le duela y que sienta en carne propia, lo que nosotros sentimos”, agrega.