La comunidad de Tabaco nunca pensó que su territorio, fundado en 1780 por negros africanos en la Serranía del Perijá, iba a desaparecer. Se habían convertido en una despensa agrícola y pecuaria, rodeada por el río Ranchería y el arroyo Tabaco, de la que se surtían otras comunidades afro y wayúu de la zona. Incluso, cuentan que sus productos cruzaban hacia Venezuela. Pero todo cambió en 2001 cuando Cerrejón, entonces operada por Carbocol e Intercor, compró los predios de la mayoría de sus habitantes y desalojó, junto con el Ministerio de Minas, la Alcaldía de Hatonuevo y el Esmad, a las nueve familias que permanecieron en el territorio.
“Veíamos la mina desde las montañas y sus luces estaban demasiado lejos. Como a 10 kilómetros. El Cerrejón se fue comiendo todo ese territorio, todas esas comunidades hasta que nos llegó a nosotros en 1997. Comenzaron a presionarnos que si no vendíamos a las buenas, nos sacaban por las malas y así fue, en el año 2001, hicieron efectivas las amenazas”, cuenta Samuel Arregocés, representante legal del consejo comunitario de Tabaco.
"El Cerrejón se fue comiendo todo ese territorio, todas esas comunidades hasta que nos llegó a nosotros en 1997. Comenzaron a presionarnos que si no vendíamos a las buenas, nos sacaban por las malas y así fue"
Samuel Arregocés, representante legal del consejo comunitario de Tabaco.
El corregimiento de Tabaco es una de las poblaciones desplazadas por la expansión de la explotación minera de carbón a cielo abierto que Cerrejón ha realizado en La Guajira desde hace 40 años. La Corte Suprema de Justicia ordenó la reubicación de esta comunidad pero, después de 22 años, no ha habido mayores avances. Hoy sus habitantes están ubicados en casas a orillas de la vía que conduce hacia Hatonuevo, donde la empresa le dio casas, además, a otras comunidades afro también desplazadas: Roche, Patilla y Chancleta.
La voz de Arregocés y otros habitantes de las comunidades desplazadas han tomado relevancia con la noticia de una posible nueva mina de carbón que quiere explotar el conglomerado turco Yildirim Holding en el corregimiento de Cañaverales, sur de La Guajira y dos nuevos proyectos de cobre que desarrollaría la canadiense Max Resourse y la colombiana Carbomas. Consonante conversó con líderes afro y wayúu, y expertos para analizar los aprendizajes de la experiencia de Cerrejón.
1. Los reasentamientos deben hacerse bajo protocolos
Jairo Fuentes, cabildo gobernador del resguardo de Tamaquito II (nombre que asumió su comunidad después de la reubicación), cuenta que los mayores ya no sueñan porque en el nuevo territorio no tienen sus ombligos enterrados y se ha perdido la conexión con el territorio. Aunque su resguardo fue una de las últimas comunidades reasentadas y ha sido el “modelo” a seguir, afirma que tienen afectaciones culturales y espirituales que no pueden ser reparadas, y que Cerrejón ha incumplido los acuerdos para garantizarles bienestar en el nuevo resguardo.
“La empresa todavía niega que fuimos desarraigados por los daños ambientales, cuando los teníamos a 200 metros por un lado y cuatro kilómetros en otra parte de la explotación”, afirma Fuentes. “No nos dejamos dividir ni que cambiaran nuestro modelo de vivir. Aunque tenemos una vivienda digna, no han cumplido con que los proyectos productivos sean autosostenibles. Aquí la comunidad es consumidora, tiene que comprar la mazorca y la yuca porque no hay agua suficiente para cultivar, ni siquiera para mantener las huertas en las casas. Antes teníamos ríos, cuencas y pozos profundos”, agrega.
"La empresa todavía niega que fuimos desarraigados por los daños ambientales, cuando los teníamos a 200 metros por un lado y cuatro kilómetros en otra parte de la explotación"
Jairo Fuentes, cabildo gobernador del resguardo de Tamaquito II
Tanto la comunidad de Tabaco como la de Tamaquito representan para Leonardo González, investigador del Instituto de Ideas para la Paz (Indepaz), una forma de desplazamiento forzado que no es reconocido. “El reasentamiento involuntario es una forma de llamar al desplazamiento forzado por desarrollo. Se denomina así en Naciones Unidas y en diferentes instancias. Genera todos los impactos igual que un desplazamiento forzado por el conflicto armado: psicológicos, en el tejido social y demás”, explica González.
El investigador, quien le ha hecho seguimiento a las afectaciones de Cerrejón, afirma que los reasentamientos debieron darse de una forma justa con las comunidades. Para ello, detalla, es necesario que se garantice el tejido social y que las compañías mejoren la calidad de vida los y las habitantes tenían antes del traslado. “De los cinco reasentamientos colectivos que tiene en estos momentos Cerrejón, especialmente Roche, Patilla, Chancleta, Tamaquito y Las Casitas —sin contar Tabaco porque fue expulsada—, dejaron de ser una comunidad rural para ser urbana o semiurbana. Roche era la capital agrícola de Barrancas y del sur de La Guajira y hoy es un barrio que tiene hasta casas caídas”, agrega.
Una de las formas que han logrado para que se reconozca la vulneración a un reasentamiento justo ha sido apelar a la normatividad del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. Ambas entidades le piden a las empresas o países, a los que les prestan dinero, que cumplan con una evaluación exhaustiva de los posibles impactos sociales, un plan de reasentamiento; el apoyo para la reubicación y la recuperación de medios de vida; la consulta y la participación activa de las comunidades afectadas; la compensación justa y el apoyo para la restauración o mejora de medios de vida, entre otros.
2. Las comunidades deben tener claridad sobre los alcances del proyecto
Jairo Fuentes recuerda que no hubo socialización por parte del Estado ni de la empresa sobre las afectaciones que podría generar la explotación de carbón. Fue a través de los cambios en el agua, las plantas, los animales y las enfermedades que fueron conscientes de las implicaciones. “Nunca tuvimos una garantía del Gobierno ni de los entes de control que deberían garantizar nuestros derechos. No importaba a pesar de que somos minoría y estamos protegidos por una Constitución. Aquí el gobierno era la misma empresa”, lamenta Fuentes.
Al respecto, Leonardo González cuestiona que la empresa no fue clara en decirle a la gente que tenía la opción de vender individualmente o ser reubicada en colectivo con su comunidad. Asegura que actualmente varias personas han presentado tutelas y han ganado pues no se les reconoció el derecho a la consulta previa. “(Las empresas) deben ser transparentes y decirle a la gente ‘vamos a operar en esta zona y los vamos a tener que mover’. Lo mejor es trasladar a toda la comunidad para garantizar el tejido social pero, por supuesto, les sale más barato comprarle la tierra a unos”, agrega González.
Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), alerta que el desconocimiento y la incertidumbre que se genera en las comunidades se da, además, por la falta de claridad sobre el tamaño del título minero que se les otorga. “Las empresas dicen ‘vamos a abrir esta minita chiquita, denme la licencia ambiental’ y resulta que luego van solicitando las licencias de los otros pedacitos. Así empezó Cerrejón, siendo una mina pequeña y luego se fue expandiendo”, afirma Mateus. “En Cañaverales, la empresa ha presentado el proyecto como una cosa pequeñita y que no va a crecer y resulta que sí, va a ser más grande que el Cerrejón, por lo que tenemos entendido, con los títulos que se les han entregado”, agrega.
"En Cañaverales, la empresa ha presentado el proyecto como una cosa pequeñita y que no va a crecer y resulta que sí, va a ser más grande que el Cerrejón"
Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
3. La reglamentación debe priorizar los derechos humanos
La minería es una actividad de utilidad pública. Esto significa que es considerada de bienestar para los y las habitantes del país y, por ende, las autoridades pueden expropiar terrenos privados para desarrollarla. Para Mateus y González esto es problemático porque a costa de los megaproyectos se han vulnerado los derechos humanos y se ha afectado la biodiversidad y las distintas culturas en el país. “Se debe dejar de pensar que la economía se derrumba si no les dan vía libre a estos proyectos porque, al contrario, estos han empobrecido a la gente y a los territorios. Nos han hecho perder una cantidad inmensa de biodiversidad que nadie mide”, dice Mateus.
Hay tres aspectos que dan cuenta de la debilidad institucional que ha marcado la operación de Cerrejón, según Mateus, González y los líderes de las comunidades. La primera es que en Colombia no hay una legislación sobre asentamientos involuntarios por lo que han acudido a normas internacionales. La segunda es la falta de una licencia ambiental para realizar la explotación. “Nunca se les ha exigido porque están en un régimen de transición. Presentamos una acción de nulidad que está en conocimiento del Consejo de Estado en la que discutimos que la empresa no cumple con un proceso de licenciamiento ambiental que tenga el estudio de impacto ambiental y unos planes de manejo ambiental como correspondería”, agrega la abogada.
Por último, un líder de la comunidad de Roche, quien pidió mantener el anonimato de su nombre por miedo a represalias, agrega que ha habido pasividad por parte de las autoridades para investigar las afectaciones y las denuncias, incluidas las amenazas contra la vida de quienes se han opuesto al proyecto. Para dar solución a esta situación, González y Mateus coinciden en que se debe cambiar la legislación colombiana para que proteja los derechos de las comunidades. La abogada del Cajar agrega que junto a otras organizaciones están trabajando en un proyecto de ley que se convierta en un marco normativo que ligue las actividades empresariales con las garantías de los derechos humanos.
4. El desarrollo debe llegar a los territorios
Heli Arregocés, un conductor de camión de Cerrejón, recuerda que era un joven cuando entró a la empresa soñando con tener un trabajo estable. Esta idea de convertirse en un trabajador de la mina se repite entre varios jóvenes que sueñan con salir de la franja del desempleo. Sin embargo, Arregocés cuestiona que las garantías laborales que han tenido no compensan los daños ocasionados a sus comunidades y al departamento.“Hoy no tenemos desarrollo de ninguna índole. En nuestras poblaciones, no hay hospitales, no hay universidades, no hay salud. Es una desgracia el saqueo que ha hecho la mina”, afirma Arregocés.
La posibilidad de emplearse en la mina fue una de las promesas que les han hecho a los habitantes de la zona de influencia de la minera. Sin embargo, Samuel Arregocés y Jairo Fuentes coinciden en que esto no se ha dado plenamente. “Puedo contar con mi dedo de la mano la cantidad de gente que nosotros tenemos trabajando hoy en Cerrejón. Rescato la experiencia de un líder de nosotros que lo llevaban a comer todos los días a Maicao y después, cuando ya no lo utilizaron no lo llevaban a comer ni siquiera tenía una casa en Roche”, agrega Arregocés.
Juana Rita Velásquez Ipuana, habitante de la Serranía de Maureen cerca a Puerto Bolívar, donde la empresa realiza su operación portuaria, agrega: “Habrá desarrollo cuando la empresa se siente a contar la verdad sobre el impacto que genera. Las comunidades también deben participar. No es que nos tengan como animales porque entran, explotan toda la riqueza y dejan un hueco. Cerrejón tiene una fundación de artesanías, de alimentación y tantas cosas. ¿Quién se queda con esa plata? ¡Cerrejón! Aquí no han dejado nada. Hasta los trabajadores se están muriendo por ese polverío de carbón como la misma naturaleza”.
"Habrá desarrollo cuando la empresa se siente a contar la verdad sobre el impacto que genera. Las comunidades también deben participar"
Juana Rita Velásquez Ipuana, habitante de la Serranía de Maureen
Heli Arregocés asegura que el Estado debería asumir la generación de otras fuentes de empleo para los y las jóvenes. “Ingresamos aquí y sabemos las afectaciones que esto produce y llega la contradicción, porque no hay oportunidades para que nuestras familias se sostengan. Hay que luchar para que esto no vuelva a repetirse y haya posibilidad de impulsar ideas y acciones para que el Estado atienda a la juventud y no vuelva a tener las contradicciones que ahora tengo”, afirma Arregocés.
5. Afectaciones incalculables
Los líderes y las lideresas junto a los expertos consultados por Consonante coinciden en que las afectaciones hasta la fecha por Cerrejón son incalculables y se concentra, principalmente, en la salud, el ambiente y en la división comunitaria. Juana Rita Velásquez cuenta que su comunidad no ha sido reconocida por ser zona de influencia de la empresa. Sin embargo, cuenta que ha habido muertes por accidentes durante el paso del tren y de los camiones. Además, asegura que las lluvias han disminuido, los pastos están secos, los árboles se llenan de comején, los animales han disminuido y las plantas sagradas ya no pueden curar las enfermedades.
“Dice que los niños murieron desnutrición pero es por las afectaciones, por las contaminaciones. No se mueren así no más. Antes con la medicina tradicional se curaban pero hoy en día parece ser que no tienen cura”, cuenta Velásquez. Por su parte, Heli Arregocés agrega que el cáncer es una de las enfermedades principales en las comunidades alrededor de la mina y entre sus compañeros de trabajo. “Hay un gran número de afectados pulmonares, la patología osteomuscular es una de las más que más abundan y la ansiedad y depresión. Lo peor del caso es que una vez que se adquieren, comienza una guerra contra el sistema para que lo reconozcan como afectación laboral y así recibir tratamiento”, cuenta Arregocés.
Las comunidades de Roche y Tabaco están a la espera de que su reasentamiento y compensación llegue algún día. La Alcaldía de Hatonuevo y la empresa tienen pendiente la caracterización de los habitantes de Tabaco para reubicarlos en un nuevo predio que compró Cerrejón para darle cumplimiento a la sentencia T-329-17 de la Corte Constitucional. Por lo pronto, los líderes y lideresas esperan que su bienestar pueda darse en la medida que la nueva situación lo permita y esperan que otras comunidades no permitan el avance de proyectos minero energéticos en La Guajira.
“Le decimos a las comunidades no se salgan de su territorio a pesar de la contaminación. Hay que buscar el mecanismo de cómo frenar esto porque nos estamos quedando sin territorio. Acá se puede presentar una guerra entre clanes porque las cuencas de agua se están perdiendo por las voladuras. El río está muriendo y nos vamos a quedar sin agua para consumir. Hay comunidades que se dejan fraccionar y los líderes que lo hacen es porque no tienen sentido del dolor o no miran al futuro. No queremos que a nadie le vaya a pasar lo que estamos viviendo aquí. No somos felices en este nuevo lugar”, agrega Jairo Fuentes.
