Micher Pérez ganó la alcaldía de Fonseca con 9.803 votos. Su triunfo significó la derrota de Enrique Luis Fonseca, considerado el candidato de la administración y el único competidor que tuvo en el último mes de campaña. Con esto, Pérez se convierte en el tercer alcalde de este siglo que, de forma no consecutiva, llega con el aval del partido ASI (Alianza Social Independiente, antes llamado Alianza Social Indígena). Sus prioridades, según su Plan de Gobierno, son la salud, la movilidad, el campo y la seguridad.
Pérez nació en el corregimiento de El Hatico. Su vida laboral empezó en el campo como ayudante en los cultivos de arroz del municipio, luego pasó por el mundo de los juegos de azar como vendedor de chance y de ahí saltó a la política. Fue concejal de Fonseca por dos periodos, después se lanzó a la Asamblea y mantuvo su curul hasta este año.
En el municipio, Pérez es visto como un político tradicional que apoyó al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, condenado por el homicidio de tres personas; y que hoy tiene el apoyo de los exalcaldes Misael Velásquez y Chema Moscote y del senador del partido de La U, Alfredo Deluque, que puso de gobernador a su primo Jairo Aguilar.
La elección de Pérez se dio luego de que las elecciones del 29 de octubre, en el que los resultados preliminares lo daban como el segundo más votado por debajo de Enrique Fonseca, se tuvieran que repetir porque varias personas dañaron más del 25 por ciento del material electoral. A ese anuncio le siguieron movidas políticas claves como la renuncia y adhesión a su campaña de Benedicto González, un firmante de paz que se perfilaba como la tercera votación a la Alcaldía.
González le puso el voto juicioso de los excombatientes y militantes de Avanzar, su movimiento político, y el voto de opinión que lo acompañaba. El firmante de paz y excongresista es visto como una de las personas de la campaña de Pérez que puede liderar el tema del campo y la inversión de los recursos que le llegan a Fonseca para la zona rural. Esto debido a que el municipio hace parte del Pdet (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, que nació del Acuerdo de Paz).
Con un mes más para ganar votos y con sólo dos candidatos, de los cinco que estaban compitiendo por la Alcaldía, la campaña política se centró en ataques y poco en propuestas. Enrique Luis Fonseca se movió como el candidato del progreso y Pérez como el de la transformación. En redes sociales, ambos señalaron a la campaña contraria de violenta.
Al final, el alcalde electo sacó 649 votos de ventaja a su competencia. De esa forma continuó con la tendencia, que venía de las últimas tres elecciones en Fonseca, de elegir alcalde con una diferencia menor a los 1100 votos.
Pero el triunfo de ‘El tren de las oportunidades’, como era conocida la campaña de Pérez, no es redondo. Primero porque va a tener que gobernar con un municipio dividido políticamente en el que casi la mitad de votantes no apoyaron su campaña o desconfían de su futura administración.
“Fonseca no tiene memoria, no tiene dignidad, decidieron apoyar a los violentos. — dice un votante que estaba en la campaña contraria del alcalde electo — Espero que no vengan con sed de venganza ni de poder. Ojalá puedan demostrar que quieren paz y que son el cambio porque en estas elecciones sólo vimos lo peor, nada de propuestas”.
"Ojalá puedan demostrar que quieren paz y que son el cambio porque en estas elecciones sólo vimos lo peor, nada de propuestas"
Votante de Enrique Luis Fonseca
La segunda es más política. Pérez llega con minorías en el Concejo: de las 13 curules, sólo cuatro son afines a él o lo apoyaron en campaña; las demás estaban con el candidato contrario. De entrada, eso puede ser contraproducente para los proyectos que el alcalde deba pasar por el Concejo porque puede que le pongan trabas o que deba negociar con puestos en la administración. Pero podría beneficiar el debate público al darse un control político más estricto con concejales que tengan sus ojos puestos en el alcalde.
Un Concejo poco cercano
La elección de los concejales no suele ser tan mediática como la de la Alcaldía, pero es clave. El Concejo es el que debate las propuestas del alcalde, le hace control político y aprueba o no el Plan de Desarrollo y el presupuesto municipal —que en 2021 fue de más de 37 mil millones de pesos—, que son las cartas de navegación de la administración en obras, planes, programas y en cómo se invierten los recursos públicos.
En Fonseca, el Concejo quedó conformado por tres concejales del partido ASI, dos de Alianza Verde, dos de Mais, dos de La U, uno de Dignidad y Compromiso, uno de Esperanza Democrática, uno de En Marcha y uno de Cambio Radical. Este último se confirmó luego de que Enrique Luis Fonseca, el segundo más votado, no aceptara la curul que le correspondía.
Los resultados muestran que el Concejo también se renovó porque de los ocho cabildantes que buscaron la reelección, sólo cinco lo lograron. También se mantiene la representación de las mujeres que tenían dos curules. Otro punto clave es que los partidos que hace cuatro años fueron fuertes, han perdido poder.
Por ejemplo, el partido conservador que fue el más votado en 2019 ni siquiera presentó lista y los liberales, que fueron la tercera votación con más de 2 mil votos, esta vez no alcanzaron los mil. Pero se mantienen el Verde, La U y Cambio Radical como los que tienen más votos. Al igual que ASI que fue el partido más votado, teniendo en cuenta que también tuvo candidato propio a la Alcaldía que impulsó la lista al Concejo.
Hasta el momento, las cuentas de las curules indican que el alcalde electo sólo tiene cuatro concejales que estuvieron con él desde la campaña. Pero eso no significa que los otros nueve deban hacerle contrapeso, incluso podrían declararse de gobierno o en independencia si el partido lo decide. Además, hay casos particulares como el de Alianza Verde que sacó dos concejales: Felix Cristobal Martínez que apoyó a Micher Pérez y Eliza Eugenia Álvarez que, según sus redes sociales, apoyó a Enrique Luis Fonseca.
Martínez dice que en su partido el apoyo es para Pérez y que, según las conversaciones que han tenido como colectividad, lo respaldarán en el Concejo: “En el partido casi todos estábamos apoyando al alcalde electo, conocemos sus propuestas y nos parece que lo mejor es trabajar de la mano. Sabemos que los que no estuvieron con él son mayoría, pero todo es de diálogo y concertación para trabajar de la mejor manera y sacar el municipio adelante”. Pero la decisión final se sabrá en febrero (un mes después de la posesión del Concejo), cuando los cabildantes tengan que definir su posición política frente al mandatario.
"Sabemos que los que no estuvieron con él son mayoría, pero todo es de diálogo y concertación"
Felix Cristobal Martínez, concejal electo del partido Verde.
En ese momento también se sabrá qué tan difícil será la negociación. Por ejemplo, si el alcalde llega a tener una coalición mayoritaria (de gobierno), es probable que el Concejo le apruebe de forma más rápida los proyectos y propuestas que deben pasar por esa corporación. Pero, si la mayoría no está de su lado, el camino puede complicarse porque al alcalde le toca empezar a negociar con los concejales.
Así lo explica Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral: “Cuando un alcalde no puede negociar con un partido, le toca hacerlo uno a uno para que le salgan los proyectos. El problema es que cada vez que presente un proyecto le va a tocar hacer lo mismo y va a terminar extorsionado por concejales que le piden puestos en la administración porque ninguno va a querer pasar cuatro años sin burocracia”.
Lo dice porque hay concejales con prácticas políticas tradicionales que, si no le dan contratos o puestos a sus votantes o líderes de votantes corren el riesgo de no reelegirse. “Más en municipios donde normalmente viven de la burocracia de la Alcaldía", dice Gutiérrez.
Este cuatrienio también hay una particularidad en el Concejo. El reelegido Óscar Pérez, del partido de La U y quien apoyó la campaña contraria, es hermano del alcalde electo. El concejal le dijo a Consonante que tiene un concepto del Concejo Nacional Electoral que dice que no está inhabilitado y aclara que ahora está en conversaciones con la bancada para saber la posición política.
Pedro Felipe Gutiérrez, quien también es abogado electoral, dice que según la ley no hay ninguna inhabilidad para el concejal: “Puede seguir con su curul, lo que sí va a tener que hacer es declararse impedido para votar en lo que tenga que ver con decisiones del alcalde. De lo contrario puede incurrir en un conflicto de intereses y terminar investigado por la Procuraduría”. Según Gutiérrez, el impedimento aplicaría para, por ejemplo, aprobar el Plan de Desarrollo Municipal o hacer control político a la administración. Pero no afecta la elección del personero municipal ni los proyectos que son iniciativas propias del Concejo.
Por ahora, el principal reto del alcalde electo es la gestión que tiene que sacar adelante. Para quienes no lo apoyaron, se trata de superar la alcaldía de Hamilton García: “El reto es mantener un municipio en paz y superar la administración actual que ha invertido más de 200 mil millones de pesos en temas de acueducto, calles y ha tratado de darle solución a varios problemas sociales”, dice el concejal Pérez.
Los que apoyaban a Micher Pérez y estaban en contra de la alcaldía creen que esos puntos son los más atrasados en el municipio: “Necesitamos que avancen los proyectos de agua potable, alcantarillado y pavimentación de vías que están bloqueados desde hace varias alcaldías”, cuenta Jeider Martínez, seguidor del alcalde Pérez. Todos coinciden en que el nuevo mandatario debe priorizar la seguridad y la inversión social. Para eso será clave su relación con el gobernador electo.
Un gobernador amigo
Lo único que estaba claro en las elecciones del domingo 17 de diciembre es que el candidato que resultara electo tendría un gobernador amigo. Tanto Pérez como Fonseca apoyaron la candidatura de Jairo Aguilar Deluque, elegido el 29 de octubre como mandatario departamental. Sólo con el 58 por ciento de las mesas informadas en Fonseca, Aguilar sacó el 67 por ciento de los votos frente al segundo que no llegó ni al 15 por ciento.
Ese apoyo masivo a la gobernación también se puede reflejar en inversión directa al municipio para asegurar que, en unas próximas elecciones, se elija un candidato del mismo partido o de la misma cuerda del actual. “Esa es una dinámica propia del debate electoral: dar buenos resultados buscando la continuidad en el poder”, dice Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia
“Esa es una dinámica propia del debate electoral: dar buenos resultados buscando la continuidad en el poder”
Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia.
Tanto opositores como aliados del alcalde electo deparan una buena relación entre la alcaldía y la Gobernación. “Creo que una de las mejores administraciones que tendrá Fonseca es la de Micher Pérez porque podrá hacer grandes obras de la mano del gobernador electo con el que tiene una muy buena relación”, dice Deiber Guerra, concejal electo del partido Esperanza Democrática y quien apoyó al alcalde electo en su aspiración.
En municipios como Fonseca, que son de sexta categoría y tienen un presupuesto reducido, la relación con la Gobernación es clave porque es la que gira recursos de salud y educación, como los del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Si la relación es buena, el alcalde puede pedir que se priorice el giro de esos recursos o con el apoyo del gobierno departamental puede cofinanciar proyectos como los de infraestructura educativa o pavimentación de calles.
“La gobernación es clave para realizar proyectos de común acuerdo en salud, deporte y pavimentación de calles. Ahí creemos que va a primar la buena relación que tienen ambos mandatarios”, dice el concejal reelecto Óscar Pérez. Aguilar también será clave porque es el que tiene interlocución directa con el gobierno nacional que, en este caso, ha querido priorizar a La Guajira. Por ejemplo, los tres mandatarios podrían aliarse para aterrizar en Fonseca o en parte de esta, las propuestas que el presidente Gustavo Petro tiene para el departamento o la región Caribe.
Por ahora, lo único seguro, es que Micher Pérez tendrá que ponerle acelerador a un empalme que debe realizarse en menos de 15 días y que, a diferencia de los alcaldes elegidos en los demás municipios, no tendrá tiempo para hacer gestiones tempranas que den pistas de lo que será su futura administración.
*Consonante intentó comunicarse con un concejal electo de cada partido o movimiento, pero hasta el momento de publicar sólo respondieron de La U, el Verde y Esperanza Democrática. El alcalde electo tampoco respondió los mensajes.
Micher Pérez será el sucesor de Hamilton García. Su votación es similar a la que tuvo el actual alcalde en 2019 (7.113), pero con una diferencia de menos de mil votos con el segundo más votado, lo que muestra la división política que hay en el municipio.
Micher Pérez fue concejal de Fonseca, cargo en el que estuvo por dos periodos (hasta 2011). Después se lanzó a la Asamblea, quedó electo y desde entonces ha mantenido su curul. Actualmente es el presidente del partido Alianza Social Independiente (ASI) en La Guajira
Con su triunfo, Pérez derrota a Enrique Luis Fonseca; que iba con el aval de Sí Podemos — el movimiento del actual alcalde—, La U y En Marcha, y es considerado el candidato de la administración.
Pérez cuenta con el respaldo de los excandidatos Benedicto González y Jazen Suárez. Ambos renunciaron a su aspiración después de los resultados parciales que los ponían en tercer y quinto lugar, respectivamente, y tras el anuncio de que las elecciones del 29 de octubre se repetirían. Esto tras la destrucción de más del 25% del material electoral por parte de ciudadanos que argumentaban que les estaban robando las elecciones.
El alcalde electo también recibió el apoyo de agremiaciones campesinas, la asociación de Constructores de Fonseca y de líderes y simpatizantes que apoyaron a Orangel Romero, el cuarto más votado según los resultados parciales del 29 de octubre y quien se unió a la campaña de Enrique Luis Fonseca.
Aunque para algunos simpatizantes del candidato Fonseca hay inconformidad porque sentían que en las elecciones pasadas iban ganando, el sentimiento general es que hay que respetar los resultados.
Con la presencia de la Policía, Fiscalía, Defensoría, procuraduría, Registraduría y otras entidades de Gobierno junto con entidades internacionales como la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las elecciones transcurrieron con tranquilidad.
La seguridad se redobló en este caso, hubo 228 policías en el casco urbano, 160 soldados en la zona rural y patrullajes constantes. En este momento la campaña de Pérez organiza una caravana para celebrar su triunfo.
La Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Misión de Observación Electoral, ONU y entidades nacionales e internacionales acompañan las elecciones. Aún no hay reportes de irregularidades en los 12 puestos de votación.
El registrador nacional, Hernán Penagos, dio apertura a las elecciones desde el puesto de votación del corregimiento de Conejo, en donde el 29 de octubre varias personas destruyeron material electoral. Eso llevó a que las elecciones se repitieran hoy.
La jornada ha transcurrido en calma. El pie de fuerza se redobló: En Conejo hubo más de 10 soldados en cada una de las dos entradas y motorizados del Gaula alrededor. El Ejército dispersó a los grupos de ciudadanos que se formaron alrededor del puesto de votación. “Está muy organizado, nada que ver con la vez pasada” , dijo un transeúnte.
En el casco urbano hay patrullajes constantes de la Policía, lo que también ha dispersado posibles casas de compra y venta de votos. Integrantes de las campañas de Micher Pérez y Enrique Luis Fonseca también están recorriendo los barrios para vigilar y documentar posibles irregularidades.
“He estado en diferentes puestos de votación y todo está fluyendo normalmente. Uno se siente más seguro y con más garantías”, dice Luis Alfonso Gutiérrez, comerciante de Fonseca.
En el municipio están las cabezas o delegados de instituciones como la Policía, el Ejército, la Procuraduría, la Defensoría, Migración, entre otros. También organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Misión de Observación Electoral (MOE).
A diferencia de las elecciones anteriores, el transporte está a cargo de carros particulares y no de buses. Tampoco hay reportes de irregularidades, pero sí de información falsa que circula, como la de la agresión a una de las hermanas del alcalde.
Según el medio LaGuajiraHoy.com, ocho personas fueron capturadas al sur del departamento por supuestamente perturbar las elecciones el 29 de octubre, tres estarían relacionadas con lo sucedido en Calixto Maestre.
Los letreros con fondo blanco, letras negras y logos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la minera Best Coal Company (BCC), se han vuelto comunes en el corregimiento de Cañaverales. Están colgados en diferentes casas y dicen el nombre y el tipo de emprendimiento que BCC ayudó a financiar. Los letreros también son la muestra más evidente de que la empresa ya entró a Cañaverales y está moviéndose con el fin de ganar apoyo a favor del proyecto minero. Pero no es la única.
Desde mediados de año, la minera pasó de asistir a las reuniones de preconsulta a realizar acciones concretas en el corregimiento: convocatorias para recibir hojas de vida, embellecer el parque, ofrecer cursos de emprendimientos de los cuales algunos fueron financiados y hasta realizar un torneo de fútbol para los niños de Cañaverales. De esa forma, BCC busca acercarse a la comunidad liderada por el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales. Esta es una de las nueve comunidades que serían impactadas por el proyecto “Mina Cañaverales”, y la única con la que la empresa aún no tiene un acuerdo para explotar carbón a cielo abierto por los próximos 10 años.
Hasta ahora, la comunidad de Cañaverales está dividida entre los que quieren la mina porque creen que generará educación, empleo, inversión social y movilizará la economía del corregimiento; y los que insisten en que perderán la vocación agrícola, afectará el manantial que los surte de agua y terminarán desplazados por los efectos ambientales.
La estrategia de la minera también ocurre en medio de la expectativa de lo que pueda decidir un juez frente a si aplica o no el test de proporcionalidad; que la empresa pidió bajo el argumento de que la consulta previa se ha dilatado, algo que niegan desde el consejo comunitario. El test es una herramienta para medir las afectaciones del proyecto y que, de aprobarse, descartaría la posibilidad de hacer una consulta previa, como lo pide el consejo comunitario, para que sean ellos los que lleguen a acuerdos y puedan votar si quieren o no la mina. Aunque la decisión final la tiene la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que da el visto bueno, o no, a estos proyectos.
Manantial de Cañaverales que surte de agua al corregimiento. Foto: Nicole Bravo
Por eso, llegar con obras sociales, ofertas de empleo, invertir dinero al corregimiento y acercarse a la comunidad, en un momento en el que el proyecto minero aún no empieza, puede ser clave para ganar apoyos. De esta forma, la empresa puede llegar a acuerdos y mostrarse como una compañía que se preocupa por el bienestar social y va más allá de la explotación de los recursos naturales.
Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) que acompaña el proceso del lado de la comunidad que se opone a la mina, dice que acciones como estas terminan permeando las voluntades de los habitantes: “En un lugar donde las necesidades básicas no han sido cubiertas, no debería pasar que una empresa llegue a reemplazar al Estado porque se aprovechan de la necesidad de las personas y permean su voluntad haciéndoles creer que lo más importante es el dinero”.
“En un lugar donde las necesidades básicas no han sido cubiertas, no debería pasar que una empresa llegue a reemplazar al Estado"
Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)
Por su parte, Gabriel Bustos, gerente ambiental de BCC, dice que los proyectos realizados en Cañaverales, aparte de voluntarios, son una muestra del interés de la compañía en apoyar el desarrollo del corregimiento: “Queremos construir confianza, queremos acercarnos a la comunidad, ser honestos. Dirás que hacemos eso para convencerlos, para que digan que sí o no en la consulta, pero es para decirles: ‘quiero ser su amigo y el proyecto que queremos hacer no viene a destruir, viene a contribuir’”. La inversión social de este año, según Bustos, es de cerca de mil millones de pesos.
Pero la idea de generar confianza no ha calado en quienes se oponen al proyecto. Al contrario, sienten que las acciones son un intento más por hacerlos cambiar de opinión mostrando que la empresa tiene dinero que ofrecer a cambio de recursos naturales. Pero quienes están a favor del proyecto ven con buenos ojos estas acciones porque sienten que la empresa está mostrando un interés social y está beneficiando a los habitantes sin la necesidad de explotar carbón.
Una de las primeras acciones de la empresa en Cañaverales fue a principios de julio cuando le hicieron una donación a seis hogares comunitarios del corregimiento. Según la carta enviada al consejo comunitario, en el que informaban sobre esta actividad, la donación fue solicitada vía una PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias). También fue acompañada de la adecuación de una huerta escolar para implementar Proyectos Ambientales Escolares en la institución Ana Joaquina Rodríguez.
En la misma carta, Óscar Gámez, presidente de Los Negros de Cañaverales, escribió a mano que no había solicitado donaciones, lo catalogó como “prácticas irregulares” y dijo que era “un soborno para las comunidades”. Gamez cuenta que cuando fueron al colegio vieron una pancarta de BCC y el logo de la empresa al lado de unas etiquetas que identificaban las matas que crecían en la huerta. “Quitamos la pancarta y las etiquetas que tenían el logo porque el colegio no es del rector, de los docentes ni de BCC, es de la comunidad”, asegura.
A mediados de ese mismo mes, la empresa hizo una movida mucho más pública. Abrió una convocatoria, junto con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la Caja de Compensación de la Guajira (Comfaguajira), para actualizar y registrar hojas de vida de las comunidades cercanas al proyecto minero. El anuncio hizo que empezara a crecer el rumor de que la mina era un hecho y que por eso estaban creando un banco de hojas de vida para empezar a contratar. Pero no fue así, aún hoy no se sabe si el proyecto se hará porque depende de la aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Bustos, gerente ambiental de BCC, le dijo a Consonante que la convocatoria se hizo anticipándose a la consulta y a la solicitud de la licencia porque, en el cronograma que han considerado para poner en marcha el proyecto, los tiempos son muy ajustados. Según dijo, desde la empresa esperan que el tema de la consulta, o en su defecto el test de proporcionalidad, se de en un mes y de ahí pedirían la licencia ante la Anla que calculan que puede tardar unos cuatro meses.
“Ponle tú que esa licencia salga en junio o julio del otro año y el proyecto empiece en agosto. Agosto es mañana para escoger y capacitar gente de las comunidades cercanas al proyecto que serán priorizadas”, comenta Bustos. Sólo Comfaguajira recibió un total de 1057 hojas de vida de 12 comunidades en cinco municipios. Cañaverales fue la quinta población que más hojas de vida inscribió con 108.
Después, en agosto, la minera realizó la Primera Feria Expo-BCC en la que se entregaron equipos y materiales a 53 proyectos productivos de Cañaverales. Según la empresa, la inversión es de unos 230 millones de pesos. Para lograr esa financiación, quienes fueron beneficiados asistieron a un curso de emprendimiento dictado por el Sena, formularon su proyecto con las ayudas que necesitaban y, según dice la empresa, bajo criterios del instituto fueron seleccionados los que cumplieron con todos los requisitos. Ese proyecto de BCC no estuvo falto de críticas y polémica.
Dayeli Gámez, de 32 años, hace parte del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales y se inscribió al curso porque vio en este una oportunidad para aprender y generar ingresos económicos. Pero a menos de un mes de asistir a las clases no volvió porque se sintió presionada a apoyar a la mina. Cuenta que uno de los compromisos en el curso era que contratarían a los mismos estudiantes para que hicieran los refrigerios y así poder generar ingresos, pero asegura que esas contrataciones se quedaban en un grupo reducido de personas. “Nosotros hicimos el reclamo a uno de la comunidad que estaba trabajando con BCC en lo del curso y la respuesta de él fue que la empresa no es una ONG que regala cosas, que ellos querían algo a cambio”, comenta Gámez.
Dayeli Gámez, integrante del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales. Foto: Maira Fragozo.
Al retiro del curso por parte de algunos estudiantes, se sumaron las presiones para acompañar en el proyecto de la mina de forma pública. Helena Fragozo tiene 30 años, estudia ingeniería ambiental, participó en el curso y asegura que días antes de una reunión de preconsulta, una persona de la comunidad que trabaja con BCC llegó a su casa, le entregó una camisa con un mensaje a favor de la mina y le dijeron que si no se la colocaba en la reunión su proyecto no saldría seleccionado. Al final sí financiaron su proyecto, pero no como ella esperaba, según dice.
“Metí un proyecto para hacer fumigación orgánica y me entregaron glifosato, que es todo lo contrario a lo que pedí. También me salieron con dos bombas de fumigar que, según quien me las entregó, costaban 5 millones de pesos. Las busqué en Mercado Libre y estaban a 700 mil pesos”, cuenta Fragozo. Las críticas han sido varias: “Supuestamente eran proyectos de 5 millones de pesos y yo creo que a nadie de Cañaverales le dieron eso”, dice Brenda Gómez, de 39 años, quien también dejó el curso porque asegura que una persona cercana a BCC le dijo que “debía estar de corazón con la empresa”. En lo que coinciden las personas consultadas, es que la presión ha venido de parte de personas de la comunidad que trabajan con la empresa.
Brenda Gómez, habitante de Cañaverales. Foto: Nicole Bravo.
La crítica también va dirigida a que los emprendimientos no están funcionando en su totalidad. “Uno que otro está funcionando, pero no todos. Y los que están andando es porque ya estaban desde antes de BCC”, dice Dayeli Gámez. Por las calles de Cañaverales, Consonante contó 21 letreros que marcan las casas como emprendimientos financiados por BCC, al menos cinco han estado activos, según varias personas que conocen el corregimiento. Para Gámez lo que ha hecho la minera es más una forma de “marcar el territorio” y cree que tantos emprendimientos no son rentables porque los habitantes son pocos y Cañaverales tampoco es un lugar turístico.
Al otro lado, y con una visión distinta está Mildreys Moya de 33 años, una de las mujeres que apoya el proyecto de la mina y que desde hace tres años tiene un restaurante en su casa. Para ella fue clave que BCC le entregara el carro para freír que había solicitado y con el cual puede cocinar y acelerar la atención a sus clientes. Moya dice que el curso fue riguroso y que la empresa incluso extendió los plazos y los apoyó para llenar el formato que solicitaba el Sena con el fin de lograr la financiación de la empresa. “Hubo gente que prefirió pagar para que le llenaran el formato y no coincidía lo que presentaron en las clases con lo que decía el documento. La empresa también habló con todos, puso los topes de lo que se iba a invertir por negocio y dijo que les hará seguimiento para que haya una segunda inversión”, cuenta.
Moya dice que ella nunca fue presionada para apoyar la empresa ni para usar camisas que los identificara. Explica que un sueter blanco en apoyo al proyecto minero lo pidieron a la empresa para identificarse en una de las reuniones y otro, de color azul que dice “El carbón se transforma en oportunidades” lo mandó a hacer ella junto con quienes quieren la mina para defender el proyecto y mostrarse unidos. “Si los han presionado, invito a esas personas a que denuncien públicamente, aunque acá la gente es capaz de decir cualquier cosa”, afirma. Bustos, gerente ambiental de BCC, dice que la empresa nunca ha presionado a las personas para apoyar el proyecto y que lo de las camisas son iniciativas de los propios ciudadanos que los apoyan.
Después de la financiación de los emprendimientos vino el torneo de fútbol que patrocinaron y que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que BCC pueda hacer una escuela de fútbol para jóvenes en el corregimiento. El torneo se realizó al mismo tiempo que el de microfútbol, iniciativa del consejo comunitario y no ha sido visto con buenos ojos porque se entiende como una competencia.
“A los 15 días de nuestro torneo, ellos inventaron otro. Acá la reglas eran que si te sacan tarjeta amarilla, en el próximo partido tenías que traer un cartel en defensa del agua o de un animal. Pero en el de allá (el de BCC) el premio es de 2 millones de pesos. Siempre está el dinero de por medio”, dice Óscar Gámez, presidente de Los Negros de Cañaverales. Por las calles de Cañaverales hay niños que llevan camisas blancas con el logo de BCC y otros, los uniformes azules del consejo comunitario con la frase “Juego por el agua y por la vida”.
Lorena Fuentes, de 22 años, y una de las encargadas de la escuela de fútbol del corregimiento, también ve con sospecha que la minera quiera poner su propio espacio de formación: “No sé si es para hacernos competencia a nosotros, pero aquí ya hay una escuela deportiva, ya la tenemos”.
Entre otras acciones, la empresa pintó el parque principal y está caracterizando a los habitantes de la tercera edad, incluyendo a los de las otras once comunidades cercanas al proyecto “Mina Cañaverales”, para identificar necesidades que puedan ayudar a solventar.
Los días previos a las reuniones de preconsulta suelen ser tensionantes en Cañaverales. “Tengo una tía que dice que sólo con ver la empresa por acá se enferma. Dice que ahora sufre de la presión por el temor que le genera lo que pueda pasar en el corregimiento si se aprueba el proyecto”, cuenta Dayeli Gámez y admite que a ella también le ha afectado. “Unos días antes a las reuniones de preconsulta me daban nervios, ansiedad, me ponía a pensar qué iba a hacer la empresa, con qué iba a salir. Era mucha zozobra y temor de que hubiera confrontación en la comunidad por culpa de un tercero, algo que no ha pasado hasta ahora”, cuenta.
En las reuniones públicas ha habido insultos, chiflidos y discusiones entre familiares y amigos por las posturas que tienen frente al proyecto minero. Los días posteriores no son muy distintos. Al menos en las dos semanas que le siguen a las reuniones de preconsulta, el tema común en las casas y las calles es lo que sucedió ese día, si alguien estuvo a favor o en contra, si hablaron o no, si asistieron o no. Esas discusiones han trascendido los espacios de preconsulta y ha roto amistades y lazos entre familiares y vecinos quebrando el tejido social de la comunidad.
“Antes iba mucho a la casa de mi tía, que es también la casa a la que llegan todos los familiares de visita. Pero ya no llego allá porque ella defiende la minería y quizá yo le digo algo que va en contra de su creencia y es para problema. Ya mi primo, el hijo de ella, no me habla”, cuenta Lorena Fuentes. “El presidente de la Junta de Acción Comunal es mi sobrino, pero ya no me habla porque una vez puse un estado de Whatsapp dando mi opinión sobre la minería y él se lo tomó personal. Y con mi hermana tampoco hablamos por lo mismo”, recuerda Yólgica Gámez.
Además de las peleas en casa, las diferencias se han ahondado entre líderes de la comunidad. Al consejo comunitario y a quienes lo presiden, que están en contra del proyecto minero, son vistos por quienes quieren la mina como los que impiden el progreso a Cañaverales. “No me siento tranquilo cuando salgo a la calle porque lo que estamos haciendo no es cualquier cosa, nos estamos oponiendo a un megaproyecto con una cantidad de recursos económicos y de gente de San Juan y de otras partes con intereses”, dice Óscar Gámez de Los Negros de Cañaverales.
Y al otro lado está la Junta de Acción Comunal (JAC), liderada por Yemerson David Gamez, que es vista por los opositores del proyecto como cercana a BCC y la que le ha permitido la entrada a una empresa que, consideran, terminará destruyendo el corregimiento. “BCC ya causó una de las peores afectaciones: rompieron el tejido social de Cañaverales”, dice Óscar Gámez. Hasta el momento de publicar esta historia Consonante no obtuvo la versión de parte del presidente de la JAC.
“BCC ya causó una de las peores afectaciones: rompieron el tejido social de Cañaverales”
Óscar Gámez, presidente del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales
Aunque parecen dos posiciones irreconciliables en Cañaverales, también tienen puntos en común. Mildrelys Moya, quien quiere que la mina llegue al corregimiento para que se dinamice la economía y haya oportunidades de trabajo, insiste en que el manantial no puede tocarse ni destruirse y que confía en los estudios que ha hecho la minera. Para ella, ese espacio de agua dulce es un paraíso a proteger y está dispuesta a reclamarle a la mina si incumple sus promesas o genera daños al manantial.
Por su parte Dayeli y Yólgica Gámez, quienes se han opuesto al proyecto por temor a los impactos ambientales, también quieren que la calidad de vida de las personas mejore sin tener que irse de su territorio y salvaguardando el manantial. Sin saberlo, las tres mujeres, y a quienes representan, están de acuerdo en que Cañaverales es todo lo que tienen, el lugar al que, sin importar las veces que salgan, siempre vuelven, y la tierra en donde quieren un futuro lleno de oportunidades que hoy no tienen.
En su tercera aspiración a la Alcaldía, ’Cubita’ Enrique Camilo Urbina fue elegido alcalde de San Juan del Cesar con 14.225 votos, más del doble de la votación que sacó el actual alcalde Álvaro Díaz.
Su candidatura tuvo el aval del partido de La U y Cambio Radical, hizo fórmula con el gobernador electo, Jairo Aguilar Deluque y fue visto como ‘el candidato de la administración’. Hasta convirtió su apodo ‘Cubita’ en parte de su nombre de pila para que sus votantes lo reconocieran en el tarjetón, aunque para estas elecciones su única competencia era el exalcalde Moisés Daza.
Urbina es un abogado especialista en derecho administrativo que fue concejal de San Juan entre 2012 y 2014. También es conocido porque fue director de Participación Ciudadana de La Guajira y asesor de la Federación Nacional de Departamentos. Con sólo un contendor, la campaña terminó marcada por la polarización, la guerra sucia y los señalamientos mutuos de presionar a funcionarios y trabajadores del sector de la salud en el municipio.
En entrevista con Consonante, Urbina habló de priorizar a la zona rural, apostarle a la educación de los jóvenes, transformar el campo, garantizar el servicio de agua las 24 horas y de su meta de avanzar en la organización del espacio público en su primer año. Asimismo, aseguró que trabajará con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) que, en sus palabras, como hacen las veces de veedores jugarán un papel importante en su administración.
Consonante: Antes y después de las elecciones, en el municipio hablan de estar polarizados y divididos entre las dos candidaturas a la Alcaldía. ¿Tiene alguna estrategia para unir nuevamente a los sanjuaneros?
Cubita Enrique Camilo Urbina: Fue una campaña agresiva, con bastantes ataques. Ya superado eso uno tiene que concentrarse en trabajar. Hay que doblar la página. Por eso, y con el fin de buscar la manera en que la dirigencia de San Juan se una, invité con mucha humildad y respeto al otro candidato, al doctor Moisés Daza, para que nos reuniéramos y entre los dos comenzáramos a tocar temas que favorezcan al municipio. La idea es tener en cuenta las opiniones de él, los puntos que tenía en su programa de gobierno.
Le hice un llamado (a Daza), no sé cuáles fueron los motivos pero lastimosamente no me contestó la llamada. Pero uno no puede desfallecer: le hice otro llamado público por medio de la emisora y ayer (28 de noviembre) me reuní con un familiar suyo que está de acuerdo con la propuesta. Él será el canal de comunicación para sentarnos y lograr una unidad que beneficie al pueblo.
Tenemos claro que se necesita una oposición, es lo más normal, lo más democrático, pero queremos que esa oposición no se dedique a hacer persecuciones o ataques a título personal, sino que sea una oposición constructiva. A veces un mandatario está actuando de una manera equivocada y la única manera de que caiga en cuenta es que un opositor le haga un llamado de atención. De esa oposición también aprendemos.
C: ¿Cómo ha visto el recibimiento del pueblo Sanjuanero?
C.E.C: Se nota la alegría. La gente todavía me ve y me felicita, me abraza, se pone a disposición y celebra el triunfo. San Juan me brindó un respaldo contundente, una votación histórica. Es la primera vez que el municipio elige un alcalde con más de 14 mil votos, aquí normalmente se lograba una alcaldía con 8 mil.
Eso es algo que me llena de compromiso. Un compromiso que asumo con mucha humildad porque cada sanjuanero depositó su voto de confianza y lo que menos quiere es ser desilusionado. Por eso, mi compromiso y mi reto es responderles y agradecerles con una buena gestión y una buena administración.
C: ¿Cómo se está dando el empalme entre su administración y la saliente?
C.E.C: Se está dando de manera amigable. Tengo muy buena relación con el alcalde actual. Nos enfrentamos en la campaña anterior cuando él resultó elegido. En ese momento, asumí mi derrota con humildad, lo felicité, me puse a su disposición y le colaboré en lo que podía. Al alcalde nunca lo ataqué ni lo perseguí. Por eso hemos creado un ambiente amigable con el empalme. Vemos armonía y disposición del alcalde y su equipo de trabajo. Incluso me hizo un recibimiento y creo que es la primera vez que se realiza eso aquí en San Juan.
C: ¿Qué proyectos específicos de la Alcaldía de Álvaro Díaz continuará en su mandato?
C.E.C: En estos momentos se están ejecutando proyectos y obras como los parques y la pavimentación de vías. A eso no le voy a poner trabas, al contrario, le voy a hacer seguimiento para que llegue a un feliz término. Voy a revisar los programas que está ejecutando el alcalde y a darle continuidad a lo bueno. Si nosotros vemos que hay algo que no está favoreciendo en nada al municipio, lo eliminamos, lo suspendemos. Pero necesitamos primero el informe de la Comisión de empalme para ver cómo está el municipio en la parte presupuestal y en la ejecución de proyectos.
C: Se rumoraron muchas cosas sobre su candidatura, incluyendo la injerencia política del actual alcalde y hay denuncias en la Fiscalía. ¿Qué tiene para decir sobre esto?
C.E.C: Fueron una de las persecuciones que tuvimos. El alcalde nunca estuvo vinculado, nunca me apoyó. Sí lo he felicitado públicamente y aprovecho para felicitarlo, porque al César lo que es del César. Para nadie es un secreto que él ha representado muy bien a San Juan, lo ha dejado por lo alto, ha recuperado la credibilidad del municipio con esos tres premios que ha ganado. Esos no son premios que se ganan fácil, si se los dieron fue porque lo hizo bien. Pero como yo nunca ataqué ni perseguí al alcalde, quizá los opositores pensaban, y lo manifestaron, que el alcalde me estaba apoyando. Sí tenemos una buena amistad, pero en lo personal. En ningún momento recibí su apoyo; tengo cómo probarlo ante los estados judiciales, voy a demostrarlo y a enfrentar estos procesos.
C: También se habló de presiones a los trabajadores del hospital para que votaran por su campaña. ¿Qué sucedió con eso?
C.E.C: Totalmente falso. Fueron especulaciones, ataques de la oposición y persecuciones. No puedo decir que el hospital, que es una institución pública, me apoyó. Los funcionarios son libres de votar por el candidato que les parezca. A la gerente la respeto, la admiro y le aplaudo la gestión que ha venido haciendo por nuestro hospital, que es un patrimonio de los sanjuaneros, pero en ningún momento tuve una reunión con ella ni me brindaron ese apoyo ni ese respaldo.
C: ¿En qué condiciones financieras y sociales se encuentra el municipio?
C.E.C:Todavía la Comisión de empalme no ha llegado a Hacienda. Vamos por sectoriales y, al final, la comisión me da un informe de lo que fue el empalme y en las condiciones de cómo se encuentra el municipio.
C: En una de sus vallas de agradecimiento a los votantes usted dice que será “el alcalde de la transformación”, ¿qué planea para San Juan?
C.E.C: La transformación con la juventud. Vamos a dedicarnos a tener una juventud educada, que se dedique a estudiar para que asuma su responsabilidad con nuestro pueblo y nuestra sociedad.
También le apuntamos al emprendimiento, esa será una propuesta bandera. Con el emprendimiento queremos mejorar la calidad de vida de los sanjuaneros, porque cuando una persona genera ingresos, mejora sus condiciones de vida. A falta de empleo y condiciones laborales, queremos que esa persona produzca y se vuelva emprendedora.
Queremos transformar el campo, apoyar al sector campesino. San Juan cuenta con una extensión rural y una despensa agrícola que no hemos sabido explotar porque no hay vías de acceso. Soy un hombre amante del campo y me voy a preocupar porque la zona rural tenga unas buenas vías de acceso para que el campesino tenga como cultivar, sacar sus productos y traerlos al mercado. Con buenas vías no sólo movemos el agro, también el turismo y ambos mueven la economía.
C: ¿Qué presupuesto necesita para llevar a cabo sus propuestas?, ¿cómo piensa lograr esos recursos?
C.E.C: Contamos con un presupuesto de casi 50 mil millones de pesos, pero esos recursos no son de libre inversión, se van en funcionamiento, salud y saneamiento básico. Quizá quedan unos 8 mil millones de pesos de libre destinación y con eso no se hace nada. Lo que queremos es multiplicar esos 8 mil millones y cofinanciar proyectos con el gobierno departamental y nacional. También necesitamos tocar la puerta de ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) y de fundaciones que quieran invertir acá. También me voy a reunir en Bogotá para revisar con qué empresas podemos hacer alianzas para que vengan a gestionar y ejecutar obras por impuestos en nuestro municipio, una modalidad que se está realizando en todo el país.
C: ¿Cuál será el papel de la alcaldía en torno al proyecto de la represa del Río Ranchería?
C.E.C: Vamos a hacer acompañamiento a esa gran obra que beneficiaría a La Guajira, pero tenemos que ser exigentes. Si está en la jurisdicción de nuestro municipio, debemos tener prioridad para usar esa agua y que de allí se de el distrito de riego, que los acueductos estén abastecidos con la captación de aguas del río Ranchería.
Incluso hay un proyecto que se va a ejecutar que consiste en utilizar la captación, con un tubo, de la Represa Ranchería, y va a fortalecer la captación del acueducto de la zona urbana. Ya con eso optimizaríamos el servicio y tendríamos agua las 24 horas en la zona urbana. De allí mismo necesitamos, y eso lo estoy gestionando, el acueducto respaldo que iría para la zona rural, también con la captación de la represa del río Ranchería.
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C: Uno de los problemas de San Juan es el uso del espacio público, en especial por los vendedores que están en la calle principal, ¿les va a garantizar una reubicación o va a rescatar el nuevo mercado?
C.E.C: No se trata de solucionar un problema y dejar otro. Hemos hablado de recuperar el espacio público, pero tenemos que tener en cuenta que los vendedores están trabajando porque necesitan llevar un sustento a su familia.
Necesitamos trabajar de manera articulada. Garantizar que el espacio público esté organizado y que los comerciantes mejoren sus condiciones laborales. Para eso, primero, necesito escuchar a todos los comerciantes, porque para que haya una buena solución se necesita un buen entendimiento y diálogo. Quiero saber qué piensan, qué pretenden y con base a esto tomar decisiones.
Lo que sí le digo al pueblo sanjuanero es que le voy a garantizar el espacio público y a los comerciantes les voy a mejorar su calidad y condiciones laborales. Mi mamá y mi papá tenían puestos en el mercado, por eso queremos ejercer autoridad sin atropello.
C: ¿Cuál será la prioridad de su gobierno en el primer año y qué resultados espera en ese tiempo?
C.E.C: En el primer año estamos apostando a los acueductos de la zona rural. Ya estoy gestionando ante Andreína García, la gerente de Esepgua (Empresa de Servicios Públicos de la Guajira), el tema del acueducto para La Peña, La Junta y Curazao. En estos días tengo una reunión con ella porque también voy a proponerle el Acueducto Regional en el corredor de Cañaverales a El Tablazo y un acueducto en la zona de Boca del Monte, Los Tunales, Pondorito y El Playón. También queremos dar resultados en el primer año en el tema del espacio público y las vías terciarias.
C: A propósito, Consonante ha cubierto las denuncias en Guayacanal por las demoras en el proyecto de alcantarillado, esas deberían terminar este año, pero está atrasado. ¿Ha podido hablar con las comunidades de esta zona ? ¿Qué va a pasar con este proyecto?
C.E.C: Estuve por fuera alrededor de dos o tres semanas por reuniones y capacitaciones, así que todavía no se ha dado la oportunidad de reunirme con la comunidad de Guayacanal, Corral de Piedra y Zambrano, que es donde están ejecutando ese proyecto, para revisar cómo van los avances de de esa obra. Tengo entendido que la obra ha tenido muchos inconvenientes y nosotros vamos a entrar a revisar cómo va el avance y en qué porcentaje va tanto financieramente como en ejecución.
C: Usted hizo fórmula con el gobernador electo, Jairo Aguilar, ¿cómo será esa relación ahora que fueron elegidos?
C.E.C: Los sanjuaneros le brindamos un respaldo contundente y él tiene mucha afinidad y agradecimiento. Ya en días anteriores me reuní con él y le hablé del compromiso que teníamos y que es importante articular los procesos de la Gobernación con el municipio. Necesitamos del gobernador para que nos ayude a financiar proyectos, a hacer convenios. El presupuesto de San Juan no alcanza para mucho, por eso es importante que lo articulemos y que rinda con la gestión que hagamos ante el gobierno departamental.
C: ¿Cómo será su relación con los concejales electos teniendo en cuenta que son los que aprueban presupuesto y plan de desarrollo local?
C.E.C: Con todos los concejales electos tengo una muy buena relación. Lógicamente va a haber oposición, ya vi un concejal que se declaró como tal y esa es la democracia. Lo importante es que haya una oposición constructiva, que se corrijan acciones que quizá no se estén haciendo bien, pero en armonía. Yo fui concejal, sé cómo debe llevarse una relación alcalde - concejales. Estamos a disposición de ellos para trabajar de la mano y ellos están dispuestos a trabajar por nuestro municipio, asimismo vamos escucharlos a ellos y al control político que nos hagan.
C: ¿Cómo aprovechará que San Juan es un municipio PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial)?
C.E.C: Nosotros contamos con esa bendición y, por eso mismo, tenemos que aprovechar para presentar proyectos que beneficien la zona rural y sean financiados de esa bolsa. Ya entraríamos a analizar si podemos realizar proyectos productivos o de vías terciarias.
C: Desde hace varios años la empresa BCC ha buscado poner en marcha un proyecto minero en Cañaverales que tienen dividida a la comunidad, ¿Cuál será la injerencia de su alcaldía en este proceso?
C.E.C: Eso es algo de orden nacional, no es competencia de un alcalde tramitar una licencia ni un permiso para la operación de esa mina. Lo que sí puedo decir es que todo el tiempo voy a estar a favor de Cañaverales. Sé que unos quieren el proyecto y otros no, yo estaré respaldando las decisiones de la mayoría. Puedo garantizar que no voy a permitir que les atropellen sus derechos, los voy a apoyar, ellos no se van a sentir huérfanos ante cualquier decisión que tome el gobierno nacional.
C: El proyecto ha generado divisiones entre los que quieren y los que no quieren la mina y entre los que creen que hará un daño ambiental al manantial de Cañaverales, ¿qué opina sobre esto y qué mensaje le da a los habitantes de este corregimiento frente al proyecto minero?
C.E.C: Mi recomendación es que se unan como pueblo, las divisiones no son buenas. Siempre lo ha dicho la Biblia: ‘Divide y reinarás’. Necesitamos que el pueblo esté unido y yo voy a buscar la forma y los canales para que esa unidad se dé, me les voy a poner a su disposición para facilitar todos los medios con el fin de unificar su criterio.
C: La administración que está saliendo ha tenido el proyecto insignia de la remodelación de las plazas y parques que llevan un año y aún no se han entregado, ¿estas obras se van a terminar?
C.E.C: Lo voy a garantizar. No puedo perjudicarme, así que le exigiré a los contratistas de estas y todas las obras que están en ejecución que las terminen. Por eso es que necesitamos el informe de la Comisión de empalme para ver en qué porcentaje de avance y ejecución se encuentran dichas obras.
C: ¿Tiene alguna política pública orientada a personas migrantes?
C.E.C: Este es un problema que ocurre en San Juan y en todo el país, vamos a trabajarle y para eso me apoyaré siempre en el Gobierno Nacional para brindarle una buena calidad de vida a nuestros hermanos venezolanos que muchas veces se convierten en un problema.
C: ¿Ya tiene nombres de las personas que harán parte de su gabinete?
C.E.C: Aún no tenemos nombres porque estamos realizando el empalme. Hay personas que están acompañando el empalme y a ellos les vamos a hacer un estudio, entrevistas y exámenes porque queremos escoger a unas personas idóneas, que tengan la capacidad de asumir ese cargo. Esto no va a ser un gabinete político ni una complacencia político, sino un gabinete técnico.
C: ¿Cuándo se conocerá ese gabinete?
C.E.C: A mediados de diciembre.
Tras la destrucción de más del 25 por ciento del material electoral y la pérdida de la cadena de custodia de los votos, en al menos dos puestos de votación de Fonseca, la Registraduría anunció que las elecciones para Alcaldía y Concejo del pasado 29 de octubre debían repetirse el próximo 17 de diciembre. En el municipio sólo alcanzaron a informar los votos de 57 de las 98 mesas, pero esos resultados, aún parciales y no oficiales, han servido de antesala para medir fuerzas y hacer cálculos políticos. Las cifras preliminares tienen a los candidatos a la Alcaldía y al Concejo moviéndose a contrarreloj para tomar decisiones sobre alianzas o renuncias definitivas a sus aspiraciones.
Pero no sólo es el tiempo el que les juega en contra, también es el desgaste de una campaña que inició a mitad de año, que se pensó hasta el 29 de octubre y en la que no se contemplaban recursos adicionales para otro mes. Estos días son claves para evitar que los votos se vayan hacia otros candidatos y garantizar como mínimo, así como lo hicieron en octubre, que el día de la votación haya testigos electorales y transporte de los electores a los puestos de votación para asegurar su voto. También será un tiempo clave para concretar alianzas, convencer al elector y hacer pedagogía sobre unos cambios que, al menos en el tarjetón, no serán visibles.
Por ahora el tablero electoral en Fonseca no se ha terminado de definir. Hay candidatos al Concejo que cambiaron su apoyo político a candidatos a la Alcaldía y otros que se bajaron de sus candidaturas y afectarían los votos mínimos que debe tener una lista o partido (umbral) para elegir candidatos.
Mientras eso pasa en las listas al Concejo, en las aspiraciones a la Alcaldía el margen entre las dos candidaturas punteras parece estrecharse. Enrique Luis Fonseca, el candidato considerado a derrotar en las elecciones y que iba con el apoyo de la administración, alcanzó a tener 4.715 votos en el preconteo. Pero hoy tiene una competencia directa con el exdiputado Micher Pérez, quien registró 3.733 votos y que sumó a su campaña a Benedicto González, tercero más votado (con 2.888 votos preliminares). Los otros dos candidatos que tienen más de 100 votos dicen que aún no han definido por quién irse, pero su apoyo puede inclinar la balanza en una campaña electoral que lideran dos candidatos.
El 19 de noviembre, en un comunicado conjunto, Benedicto González anunció su renuncia como candidato a la Alcaldía y la fusión de su campaña ‘Un cambio para avanzar’ con la de ‘Un tren de oportunidades’ de Micher Pérez que se convirtió en el candidato de esa alianza. “Los principales temas programáticos de esta alianza son el pacto por el agua, las vías terciarias, los acueductos rurales, las escuelas y los puestos de salud en zona rural, así como el desarrollo urbano y humano a partir de la generación de oportunidades laborales”, le dijo González a Consonante.
Con la unión, se concreta una única candidatura fuerte para hacerle competencia al candidato de la administración y se evita la dispersión de votos. También le da más fuerza a Micher Pérez porque puede reunir el voto que va en contra del continuismo o que no quiere que el grupo político ‘Podemos’, por el que se eligió el actual alcalde, se consolide en el poder con una segunda alcaldía. Así lo ve Luis Dario Ortiz, votante de González quien ahora apoya a Pérez y piensa que la Alcaldía actual se quiere “perpetuar en el poder”: “Quiere imponerse en todo punto de vista. Creo que la unión es una oportunidad de volver a remover ese poder enquistado y los egos que se forman alrededor de eso”.
Además puede sumar el voto juicioso que estaba con González y que se concentra, primero en los firmantes de paz que son su nicho político y a quienes representa de forma inmediata, y segundo a los que integran y apoyan su movimiento político ‘Avanzar.’
La alianza ha sido vista con buenos ojos por votantes de ambas campañas.“Es una alianza que se oficializó y ya estamos esperando que el partido Esperanza Democrática adhiera a la campaña de Micher Pérez, comenta Deiber Guerra, candidato al Concejo. “Sentimos que el panorama ha cambiado mucho, nos sentimos con el apoyo de un 50 por ciento más de las personas”, nos dijo Jeider Martínez, líder social de El Hatico que apoya a Pérez. “Nosotros con todo el respeto y la confianza vamos a seguir la directriz del equipo. Nuestra idea era llegar solos hasta el 29 de octubre y así lo hicimos, sabemos que unirnos a Micher fue la mejor decisión”, comenta Juan Contreras, conductor y parte de la campaña de González.
Tanto Martínez como Contreras están jugados con la alianza y convencidos de que ganarán estas elecciones. Por ejemplo, Contreras dijo que como conductor pondrá su carro a disposición de la campaña, como lo hizo el 29 de octubre. Ese día movió aproximadamente 50 personas y está dispuesto a hacer lo mismo para asegurar el triunfo de Pérez. Por su parte, Martínez está concentrado en temas de propaganda electoral: mover el nuevo jingle sobre la unión de las campañas que se escuchará en la emisora Utay Stereo e impulsar la campaña por redes sociales como Facebook y Whatsapp.
Pero la alianza tampoco asegura que todos los votantes de González aterricen en la campaña de Pérez ni le den su voto, tampoco que los votos del conteo preliminar se le vaya a sumar de forma automática. En alianzas como esta pesa, por ejemplo, que Pérez es visto como un político tradicional que fue cercano al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, condenado por el homicidio de tres personas; al exalcalde Misael Velásquez y al senador del partido de La U, Alfredo Deluque, que puso de gobernador a su primo Jairo Aguilar.
Esas relaciones políticas van en contra del discurso de González de que haya un cambio político en el municipio. Algo que notan desde la campaña de Enrique Fonseca. “Tú tienes que buscar candidatos de tu misma corriente política, en este caso de centro o de izquierda, pero aliarse con uno de derecha como Micher Pérez creo que los perjudicó porque era lo que criticaban: las maquinarias y los clanes políticos”, cuenta Early Díaz, votante del candidato de Podemos.
En eso coincide Jorge Camargo, candidato al Concejo Liberal que apoya al candidato Fonseca: “Me gustaban los ideales de Benedicto, porque buscaba un cambio, una propuesta nueva. Pero ahora al unirse a Micher Pérez no le creo. Porque siguen los mismos. Hay que respetar la decisión si él decidió irse para allá para derrotar a la Administración”.
Por eso, González ha tratado de enviar un mensaje de tranquilidad a sus votantes: “Les damos un parte de tranquilidad (a los votantes) y les decimos que ‘El cambio para avanzar’ conserva la esencia con la cual ha iniciado su trasegar político. Y esa esencia e independencia se notará en el ejercicio mismo de la administración”, dice el excandidato. Esos peros a la alianza hacen que algunos votos, en especial los que estaban casados con González o los que eran de opinión, no se endosen tan fácil a Pérez y opten por votar en blanco, por Fonseca o abstenerse. Es ahí donde este mes de campaña es clave para todos, en especial para conquistar votos en blanco o de indecisos.
Como en estos momentos son dos los candidatos que recogen la mayor votación, los otros han empezado a repensar su candidatura. Orangel Romero del partido Liberal, que tuvo 356 votos en el conteo preliminar e incompleto, aceptó que desistirá de su aspiración. Aunque diferentes fuentes dicen que llegará a la campaña de Enrique Fonseca, el candidato le dijo a Consonante que no ha tomado ninguna decisión. Según la sección El Oráculo del Diario del Norte, el candidato estaría negociando que, quien lo reciba, dé el voto en Corpoguajira (la principal autoridad regional ambiental de La Guajira), a favor de su primo Juan Zambrano, pero Romero negó que esto fuera cierto.
Por su parte, Jazen Suárez del partido Gente en Movimiento, a quien le contaron 161 votos, dijo que estaba analizando la situación y esperaba decidir esta semana si continúa o no con la campaña. El apoyo de cualquiera de los dos candidatos es clave porque en una contienda electoral tan apretada puede marcar la diferencia de quién llega a la Alcaldía. “Llegará el momento donde se necesitará el centavo para completar el peso y en una situación como esa, posiblemente, seríamos nosotros (el grupo político) los que entraríamos a definir”, afirma Suárez.
Ambos candidatos reconocen que las campañas de Fonseca y Pérez son fuertes y que con ambos tienen buena relación. También dicen que una de las razones que más pesa para bajarse de esta campaña es el tema del presupuesto y el desgaste que acarrean más de tres meses en correrías por el municipio.
El 17 de diciembre, cuando se repitan las elecciones en Fonseca, los candidatos completarán medio año haciendo campaña formalmente. Un trajín que sienten ellos y los ciudadanos que han estado inmersos en las discusiones políticas y han provocado un desgaste en al menos tres frentes.
El primero es el físico y el mental. “El que diga que no está desgastado en esta campaña está echando mentiras. Estamos activos, pero en la mirada se nos nota que estamos cansados”, cuenta Early Díaz, exgerente de la campaña del excandidato a la asamblea Luis Pérez, y quién apoya a Enrique Fonseca. Dice que a las avanzadas no va la misma gente ni va con la misma fuerza que antes del 29 de octubre y que no se trata sólo de las actividades que se ven en el día a día de una campaña.
“En estos días empezamos a hacer un sondeo con los resultados que Fonseca obtuvo la campaña pasada. Empezamos a analizar debilidades y fortalezas y para eso hay que hacer análisis de datos, operaciones estadísticas, saber qué pasa en las mesas de votación, todo eso es un desgaste de sentarse en el computador y tirar cabeza”, explica Díaz.
El segundo es el económico. Una persona que conoce cómo se mueven las campañas y prefirió no ser nombrada, dijo que sin gastar en publicidad, invirtiendo en recorridos en barrios y siendo austeros, podrían gastarse entre 35 y 40 millones de pesos el último mes. Otro político que ha estado en varias campañas dijo que esos serían los gastos básicos en un mes: “A una persona que haga parte de un equipo de avanzada le puedes estar pagando unos 400 mil pesos al mes, y si tienes una avanzada de 100 personas, ya se te fueron los 40 millones sin contar transporte, gasolina, refrigerio, publicidad, hidratación e imprevistos”, comentó.
La temporada decembrina tampoco ha ayudado en ese factor. Orangel Romero dijo que una de las razones de su renuncia es que este mes todo se ponía más caro: “Como es diciembre empiezan que el regalo, que la ropa para el bautizo, que ayúdeme para el grado. Quiera o no, en la idiosincrasia de estos pueblos se aumentan los gastos de la campaña porque te lo van a pedir como un favor”. Incluso ha afectado la compra de votos que hoy está más costosa porque, quienes aceptan dar su voto por dinero, también buscan asegurar ingresos para la familia.
A eso se suma que lo ocurrido el 29 de octubre, según personas que estuvieron presentes y participaron de la asonada, fue en parte por la indignación que generó la compra de votos, por lo que la práctica ha tenido que hacerse con mayor antelación y cuidado.
El tercero es el desgaste de los procesos políticos que llevó a que varios candidatos renunciaron, ya sea porque vieron que la votación del 29 de octubre fue muy baja o porque se sintieron abandonados por los partidos que los avalaron o por los candidatos a la Alcaldía que apoyaron.
Ese el caso de Carlos Nail Fernandez, excandidato al concejo por el partido Liberal, quien ya se retiró de las contienda. Dice que lo hizo porque no contaba con el tiempo para hacer un mes más de campaña: “No me veían bien ni la campaña, ni mis compañeros de lista. Me sentí solo en el proceso, nunca me tuvieron en cuenta. A pesar de todo saqué 110 votos sin tener padrinos políticos”. Fernández apoyaba a Benedicto González y dice que era el único de los liberales (que tenían candidato propio con Orangel Romero) que estaba con la campaña de ‘Avanzar’, pero que ni así le cumplieron los acuerdos y se sintió excluido. “La decisión fue mía por el desgaste que sufrí en el proceso, además yo tengo responsabilidades, yo trabajo en una empresa y también tengo familia”, añade Fernadez
Una opinión similar tiene Aylin Rincones, excandidata Liberal al Concejo quien renunció incluso antes del 29 de octubre porque, según dijo: “No tuve la más mínima ayuda del partido, me di cuenta que no todo era color de rosa (...) y sentí que era un relleno en la lista”. Con la bajada de Fernández y Rincones, el partido Liberal tiene una pérdida doble porque se queda sin los votos de Fernández, lo que implica que va a ser más difícil sacar el umbral para poner un candidato.
Con la pérdida de esos votos, el partido Liberal está en una situación similar a la de otros movimientos y listas de las que se han bajado candidatos: la reducción de votos que puede llevar a que se queden sin curul. “Antes del 29 de octubre y con las proyecciones que hacíamos, podíamos pelear dos curules, pero hoy estamos peleando una, ni siquiera es fija”, dice el excandidato Orangel Romero.
Y el otro lado es que Rincones hace parte del mínimo de participación de mujeres que deben tener los partidos en una lista (30 por ciento de participación). Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explica que renuncias como la de Rincones no afecta la legitimidad de la lista porque el partido cumplió con inscribirla como lo indicaba la ley, pero sí lastima la democracia: “El partido cumplió, pero cumplió en el papel. Las razones de la renuncia, por ejemplo, muestran que la colectividad no garantizó la participación de las mujeres y que aún hay un camino largo para que haya paridad de género en estos casos”.
Tanto Fernández como Rincones dicen que seguirán moviéndose por la alianza entre Micher Pérez y Benedicto Gonzalez que sienten que representa sus ideales políticos. Sólo una de las personas con las que habló Consonante dijo que su voto cambió. Se trata del excandidato al concejo Rogelio Ramos, del partido En Marcha. Dijo que desistió por falta de tiempo y porque le “quedaba difícil continuar con el proceso electoral” y añadió que pasó de apoyar al candidato Enrique Fonseca a estar con Micher Pérez, en parte porque sintió que lo dejaron solo en su ejercicio electoral.
El peso de las alianzas y las renuncias se sabrá el próximo 17 de diciembre cuando Fonseca elija un alcalde. A menos que la votación sea tan apretada que dependa de los escrutinios que tardarán un par de semanas. Pase lo que pase, el alcalde electo tendrá menos de 15 días para hacer un empalme que los mandatarios del resto del país iniciaron en noviembre.
Hasta el momento de publicar esta historia, ni Micher Pérez ni Enrique Fonseca contestaron las llamadas de Consonante para conocer su versión de lo que está pasando en las campañas.
Pasadas las tres de la tarde del domingo 29 de octubre, casi una hora antes de que cerraran las urnas en todo el país, decenas de personas entraron al puesto de votación del colegio Ernesto Parodi, en la sede Calixto Maestre. La turba arrasó con varias mesas, tumbó sillas, rasgó tarjetones y, en últimas, destruyó parte del material electoral. Al poco tiempo, esta misma escena se repitió en la Institución Educativa Agropecuaria del corregimiento de Conejo.
Ese mismo día circularon por WhatsApp videos y fotografías de personas destruyendo el material electoral en estos puntos y tarjetones electorales en el piso de los puestos de votación. En total, 43 de las 98 mesas de votación instaladas en el municipio fueron violentadas, según le dijo a El Tiempo José Fernando Mejía Castaño, delegado del Registrador en La Guajira. Tras los hechos, el alcalde Hamilton García declaró un toque de queda hasta las 9:00 am del día siguiente, y señaló como responsables de los disturbios a los excombatientes de las Farc, a pesar de que la mayoría de las personas que participó de los actos violentos no eran excombatientes.
Desde entonces, los funcionarios de la Registraduría han intentado continuar con la revisión de los resultados de unas elecciones que debieron suspenderse. Según varios expertos consultados por Consonante, la pérdida de la cadena de custodia de varias urnas, los disturbios y la destrucción del material electoral eran argumento suficiente para declarar nulas las elecciones y repetir la jornada electoral. Sin embargo, ni el alcalde Hamilton García ni la gobernadora Diala Wilches tomaron esta decisión.
Por eso, a cinco días del cierre de las elecciones, en Fonseca aún no se sabe quién será el próximo alcalde. De acuerdo con la página de la Registraduría, solo el 58% de las mesas de Fonseca han sido informadas. Aún así, el escrutinio aparece en el 100%, con 98 mesas escrutadas. Los resultados parciales dan como ganador a Enrique Luis Fonseca con 4.715 votos. Pero estos no son oficiales y la comisión escrutadora municipal trasladó este viernes los escrutinios a la comisión departamental.
Para aclarar los hechos que llevaron al municipio a esta situación Consonante reconstruyó lo sucedido en la sede Calixto Maestre. Esta institución educativa fue el punto inicial de los disturbios que se presentaron el domingo de elecciones. La información recopilada demuestra que fue la indignación de las personas por las irregularidades y la compra de votos que denunciaban y la inacción que sintieron por parte de la Policía, la que los impulsó a entrar al puesto de votación. La arremetida fue coordinada por varias personas que se pusieron de acuerdo para entrar de forma masiva al colegio y destruir tarjetones. El plan incluía trasladarse a otros puestos de votación, pero no lo lograron.
También queda claro que la cadena de custodia de votos se perdió, que por al menos dos horas no hubo jurados ni claveros que cuidaran lo que no se destruyó y que, aún con urnas que parecen no haber sido violentadas, cabe la posibilidad de que se haya alterado el número de tarjetones al interior de varias de estas. Sin embargo, quedan varias dudas sobre cómo se coordinó la acción, quién dirigió la operación.
Siga a continuación la cronología de los hechos sucedidos el domingo 29 de octubre en la sede Calixto Maestre de la Institución Educativa Ernesto Parodi.
La apertura del puesto de votación ocurre con normalidad. La sede Calixto Maestre es uno de los 12 puestos de votación instalados en el municipio. De los cuatro de la zona urbana, este es el segundo con mayor número de mesas: 18 en total. Siete policías que custodian las dos puertas habilitadas están encargados de garantizar la seguridad durante la jornada electoral. Cinco están ubicados en la entrada principal, un portón grande que tiene el nombre del colegio, y los otros dos, en una puerta destinada para la salida de los votantes.
La mayoría de las personas que se acercan al puesto de votación en la mañana son adultos de la tercera edad.
Al poco tiempo del inicio de la jornada electoral se empiezan a presentar irregularidades. “A una de las mesas llegó un señor y ya venía con el tarjetón firmado por los jurados, pero se lo alcanzaron a quitar y una funcionaria de la Registraduría lo destruyó”, contó una testigo. El tarjetón era pedagógico, pero el hecho despierta preocupación y rumores de irregularidades entre los asistentes al puesto de votación.
Según los testimonios, integrantes de la campaña o simpatizantes de Enrique Luis Fonseca, conocido como Kike Fonseca, buscaban alterar los resultados a su favor en este y otros puestos de votación del municipio. Fonseca es considerado el candidato de la administración para estas elecciones pues se presentó por el partido ¡Sí Podemos!, al que pertenece Hamilton García, actual alcalde.
“Por mi casa estaban comprando votos, así descaradamente, para Eliza Álvarez (candidata al Concejo por Alianza Verde) y Kike Fonseca. — cuenta una habitante del barrio 1 de julio —. También llegó un muchacho comprando votos para la señora Eredys Brito (candidata al Concejo por Cambio Radical) y Kike Fonseca. Yo llamaba y reportaba y les decía que estaban en la calle tal con tal y no hacían nada. La Policía custodiaba, yo lo sé porque cuando llegaban no les decían que pararan ni se llevaban a nadie preso”.
A medida que transcurre el tiempo, se empiezan a conocer más denuncias. En las redes sociales y Whatsapp circulan mensajes, audios, fotografías y videos con denuncias ciudadanas de irregularidades en los puestos de votación y compra de votos. En uno de estos videos la Policía aparece registrando a una mujer que tiene varios tarjetones marcados a favor de Enrique Fonseca.
Los votantes se quejan de la inacción de la Policía. “Hubo 60 puestos de compra de votos en Fonseca y no llegaba un Policía. Si llegaban no se bajaban del carro. En Conejo un muchacho con una mochila pagaba los votos. En la esquina de los Chinchilla pagaban el voto a 150 mil pesos, fue un descaro y una corrupción total. Todo eso fue el detonante de esta situación”, cuenta un habitante de Fonseca.
Pasado el mediodía, la afluencia de jóvenes y adultos que llegan a votar a la sede educativa aumenta. A esa hora se percibe tensión en el ambiente por el incremento de la compra de votos cercana a este y otros puestos de votación.
Los mismos candidatos hablan de estos hechos en sus redes sociales. Benedicto de Jesús González, candidato a la Alcaldía del movimiento Avanzar, publica en su cuenta de Facebook: En Fonseca, La Guajira, hay una descarada compra de votos frente a una pasividad y complicidad de la Policía y demás instituciones.
Por Whatsapp empieza a moverse un video grabado en la carrera 14, entre la calle 16 y la 17, en donde una multitud rodea un bus en el que, supuestamente, están comprando votos: “Alteración del orden público por compra de votos y la Policía no hace un carajo”, dice quien graba el video y cuenta que, supuestamente, el bus “transportaba dinero y votantes”.
Al puesto de votación Calixto Maestre, llegan cinco personas que empiezan a presentarse como claveros. Es decir, los encargados de custodiar los votos. “Todos eran de apellido García, no sé si tenían relación con la administración (del alcalde Hamilton García), pero era sospechoso”, dice una persona que fue testigo en el puesto de votación.
Un funcionario de la Registraduría le llama la atención a los claveros diciéndoles que la presentación de ellos debe hacerse en conjunto con funcionarios de la Registraduría. A pesar de eso, los supuestos claveros continúan con su recorrido y salen del puesto de votación.
A unas cuadras del colegio, el candidato Micher Pérez sale de ‘La casa de la paz’, sede de la campaña de Benedicto González; según una persona que lo vio llegar y salir de la sede. El encuentro, minutos antes de que pasaran los desmanes, ha llevado a que crezca la idea de que lo sucedido en el puesto de votación estuvo relacionado con la reunión entre los dos candidatos. Ni Pérez ni González contestaron las llamadas y mensajes de Consonante para conocer su versión, pero ambos han rechazado los disturbios públicamente y han pedido la nulidad de las elecciones.
Sólo una persona que conoció los hechos dijo que, de forma espontánea, la gente se organizó para entrar al puesto de votación: “No sé en dónde fue, pero la gente se reunió, hablaron y se pusieron de acuerdo para ir al Calixto Maestre. Ya estaban cansados de la compra de votos y decidieron unirse. La idea era destruir ese material electoral para que las elecciones se repitieran”.
Entre 20 y 30 personas llegan a la puerta del Calixto Maestre: “Vamos, vamos que vamos para adentro”, dice uno de ellos como tratando de animar a la multitud.
“Ahí vienen”, gritan dentro del puesto de votación. Los votantes que se dirigen a la salida regresan corriendo al ver a la multitud. Quienes ingresan al puesto corren a las mesas de votación que están en los salones mientras gritan indignados: “Hay fraude”, “nos robaron las elecciones”, “¿por qué la Alcaldía no puede jugar limpio?”.
“Nosotros venimos de parte de Micher Perez y vamos a meterle candela a toda esta mierda”, dice una de las personas. “Cálmese, así no es, no vinimos a hacerle daño a la gente, vinimos a quemar los tarjetones porque los están metiendo marcados”, responde una mujer que lo escucha.
En la mesa 2, una mujer encargada de hacer la biometría a los votantes se lanza hacia la puerta del salón para intentar cerrarla. Tres hombres forcejean con ella y logran entrar, los siguen otras tres personas. El primero que entra patea la urna de los votos, mientras otros impiden que jurados y testigos salgan del salón. En la mesa 1, 3 y 6 ya estaban rasgando tarjetones.
“En medio de los disturbios, noté que uno de los jurados de la mesa 10 cogió unos tarjetones, los marcó y los metió en la urna. No sé cuántos tarjetones, pero varios”, dice un testigo.
Algunas personas lanzan las urnas y los cubículos de votación de cartón al piso. Otras las patean o las arrojan al aire. Una mujer se acerca a la urna 7 que aún no ha sido dañada: “Dos familiares y yo habíamos votado ahí por el concejal al que apoyamos, así que me pongo a buscar esos votos y nada. Lo que encontramos fue que los tarjetones que estaban marcados por el concejal tenían tachones”, cuenta la mujer que revisó la urna.
Algunas personas intentan refugiarse en salones de clases y cierran las puertas, pero quienes estaban detrás de los disturbios las intentan abrir. Tres policías que estaban cerca de la mesa 15, alejan a uno de los dos hombres que golpea una de las puertas y lo empujan hacia la multitud. Otros hombres se enfrentan con los policías que intentan defenderse con sus bolillos. Varias fuentes coinciden en que los policías que estaban en el puesto de votación no mediaron ni trataron de frenar los hechos.
De a poco, sin organización ni liderazgo, las personas empiezan a salir del puesto de votación. “No había nadie que los guiara, pero sí se hablaban entre ellos y decían ‘de aquí vamos pa’ tal lado’”, asegura una persona que estuvo en el lugar y conoció más versiones sobre lo sucedido.
El grupo de personas que inició los disturbios sale del colegio. Todo vuelve a la calma en pocos minutos. “En algunos momentos se oía a la Policía que estaba en el puesto de votación diciéndole a los jurados que salieran, que se fueran ya”, recuerda un ciudadano.
Una de las personas que estuvo en la mesa 17 dice que protegió la urna y que antes de salir del colegio la entregó a uno de los policías. Cuenta, y su versión coincide con el testimonio de otras personas consultadas, que a esa hora no encontró ningún funcionario de la Registraduría en el colegio Calixto Maestre.
Las personas que salen del Calixto Mestre llegan a la institución Juan Jacobo Aragón, ubicada a unos cinco minutos de distancia caminando. La intención era la misma: destruir el material electoral. Pero para ese momento, la Policía y el Grupo de Operativos Especiales de Seguridad (Goes) ya rodeaban la entrada del colegio. Los uniformados impiden que los ciudadanos entren al puesto de votación.
Al menos tres personas coinciden en que, antes de las 4 de la tarde, la Policía les pidió desalojar todos los puestos de votación. “También nos pidieron no tocar nada porque decían que hacía parte de la evidencia, pero había gente que entraba a grabar, periodistas que llegaron al puesto de votación”, cuenta un testigo.
Llegan más integrantes de la Policía y ordenan cerrar la puerta y proteger el material destruido para utilizarlo como evidencia. Un funcionario de la Registraduría cierra con candados las puertas de varios salones, mientras espera la llegada del fiscal y el registrador para hacerse cargo del caso.
“Ya cuando estaba el registrador, empezamos a discutir qué hacer con los votos que estaban en el piso. Según el registrador, eso ya era basura, entonces empezamos a recogerlos”, dice una persona que permaneció en el puesto de votación todo el día.
“Hubo funcionarios de la Registraduría y Policías que metían votos que estaban en el piso en las cajas. Ahí dos testigos que estaban en el lugar pidieron que dejaran de hacerlo”, cuenta una persona enterada de lo que sucedía.
En este lapso de tiempo, el alcalde Hamilton García se presenta en el puesto de votación acompañado de otras personas. La fiscal Sofía Gómez es una de las últimas en llegar y solicita que, para legalizar todo, los jurados entreguen formalmente las urnas. Un hombre asegura que tiene una lista con contactos de los jurados y se ofrece a convocarlos de nuevo.
Un poco más de 30 personas están en el Calixto Maestre junto con el alcalde Hamilton García y el registrador José Basilio Rodríguez, y se levanta un acta, escrita a mano, para dejar constancia de lo sucedido. En el documento queda establecido que pasadas las 3 de la tarde un grupo de ciudadanos entró y destruyó material electoral. También deja constancia de que las urnas de seis mesas (de la 1 a la 5 y la 16) quedaron destruidas y que otras 12 se mantienen en buen estado.
Una de las personas que estuvo presente durante la realización del acta asegura que las urnas 17 y 18, que estaban en buen estado, aparecieron casi dos horas después de que se hiciera el inventario de lo que había sido destruido. Sin embargo, esto no quedó consignado en el documento oficial. El “material electoral que no fue vandalizado, fue custodiado por miembros de la Policía, jurados y testigos hasta el lugar en el que se realizarán los escrutinios”, se lee en el texto. El acta también establece que los formularios E-14, donde se deben consignar los votos de cada mesa, no fueron firmados por los jurados. No se cuentan los votos de este puesto de votación.
Una persona que estuvo en el lugar, cuenta que el material electoral fue entregado alrededor de las ocho de la noche: “El señor alcalde dijo ‘ahí tengo el carro’ y salió una camioneta 350 en la que montaron las urnas no vandalizadas, pero no sé si el carro era de él”, dice.
Consonante consultó al alcalde Hamilton García para conocer su versión sobre este y otros hechos ocurridos el día de las elecciones, pero hasta el momento de esta publicación no ha contestado nuestras preguntas.
Los votos rasgados y que quedaron en el piso fueron incinerados en una pequeña fogata que se hizo en el patio de la institución y que fue acompañada la Registraduría y algunos testigos electorales.
Jaime Arturo Herrera ganó las elecciones con 2.183 votos (el 44,7 por ciento) con el total de las mesas informadas. Algunas personas con camisas y trapos rojos salieron a las calles del parque principal a celebrar el triunfo.
Jorge Iván Bedoya, por su parte, obtuvo 1.800 votos. Natalia Mazo ocupó el tercer lugar con 851 votos. En total, 5.138 personas votaron. Es decir, el 71,4% del censo electoral. La diferencia de votos entre los dos candidatos más votados fue amplia en comparación con los dos últimos comicios: en 2015 fueron menos de 100 votos de diferencia y en 2019, 15.
El resultado sorprendió a algunos votantes. En las dos encuestas realizadas por District Data realizadas a mediados de agosto y a principios de octubre, Bedoya ocupaba el primer lugar y Herrera, el segundo o el tercer lugar.
Herrera le dijo a Consonante que durante su gobierno, mestizos, afros e indígenas “estarán todos en la cama o todos en el piso”, es decir, que tendrán las mismas condiciones. Entre las propuestas del alcalde electo está controlar la expansión minera, crear un plan de acción concertado con la comunidad para los recursos de gestión social que invierte la Minera El Roble y gestionar las peticiones de las comunidades indígenas con el gobierno nacional.
Desde 2011 el partido Liberal no había puesto alcalde. Los últimos dos pertenecían al partido de La U. Por ley, Bedoya tiene la oportunidad de ocupar una curul en el Concejo.
Con el triunfo de Herrera, se acaba la tensión que vivía el casco urbano por los resultados. Al momento de esta publicación no se habían registrado alteraciones del orden público.
Cerca de 50 indígenas de la zona rural llegaron desde antes de las 8 a.m. para votar en el colegio Corazón de María. Según la Registraduría, hubo una inscripción masiva de indígenas en este puesto.
Un conductor de jeep aseguró haber sido contratado para transportar personas durante toda la jornada por parte de la campaña de Jaime Arturo Herrera. El hombre aseguró que por trabajar durante toda la jornada recibirá 500 mil pesos. También dijo que desde el jueves ha transportado habitantes de la zona rural, en especial indígenas, para votar en el casco urbano.
La llegada de los indígenas al casco urbano antes del domingo llamó la atención de varias personas. “Es la primera vez que se ven tantos indígenas desde el día anterior. Ellos siempre llegan el día de las elecciones en chivas, pero nunca como esta vez y vestidos como la guardia indígena”, comentó un habitante. José Tequia, concejal indígena liberal que hace parte del equipo de campaña de Herrera, dijo que esperaban movilizar a unos mil indígenas y que 300 guardias llegaran al casco urbano del municipio.
La afluencia de población indígena en el centro del pueblo incrementó la tensión que hay en el municipio desde hace varios días. Varios ciudadanos temen que se presenten disturbios como hace cuatro años. En 2019, se registró una asonada luego de que el preconteo diera como perdedor de las elecciones al entonces candidato Herrera, pues varios ciudadanos consideraron que se había dado un fraude. Herrera es cercano a los indígenas desde hace 20 años. En algunos resguardos es conocido por regalar medicamentos durante la pandemia del covid, darle regalos de Navidad a los niños y subsidiarles el transporte de regreso a los indígenas cuando viajaban a Quibdó.
Con ese antecedente presente, algunos votantes que viven en el casco urbano han optado por votar temprano para “evitar posibles inconvenientes entre las campañas. Hay algunas personas que no saben que hoy es un día para unir al pueblo y no para buscar problemas”, dijo una ciudadana. Además, varios comerciantes ya le habían dicho a Consonante que pensaban cerrar sus locales antes de las 4 p.m, momento en el que se inicia el conteo de los votos.
Mauricio de Jesús Moreno de Publinoticias, dos líderes indígenas, que no identificó de qué campañas políticas eran, discutieron en la plaza principal y, al parecer, hubo agresiones físicas.
“La compra de votos es el mayor delito que afecta el proceso electoral”, dice el padre Napoleón García, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Chocó. Una muestra de esto es que, en cada elección, las instituciones del Estado prenden las alarmas ante la posibilidad de que candidatos, campañas o cualquier individuo ofrezca dinero o regalos a cambio de votar por un candidato o partido.
La compra de votos representa un riesgo para la democracia, para el desarrollo y el futuro de un municipio o departamento y puede implicar sanciones penales y económicas para quien compra y quien vende el voto.
Acá le explicamos por qué:
Vender el voto es un delito. Según el Código Penal esta figura se llama “corrupción al sufragante” y puede acarrear de cuatro a ocho años de cárcel y una multa de 200 a mil salarios mínimos legales vigentes.
Las consecuencias de esta práctica van más allá de lo penal. “Si se demuestra que un candidato compró, así sea un sólo voto, y resulta el elegido, su elección puede ser anulada porque es ilegítima”, explica Renato Contreras, abogado en derecho electoral y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral.
“Si se demuestra que un candidato compró, así sea un sólo voto, y resulta el elegido, su elección puede ser anulada porque es ilegítima”
Renato Contreras, abogado en derecho electoral y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral
Sí. La compra de votos no es sólo dar dinero, también es ofrecer regalos o dádivas, como cemento, tejas, comida o algún beneficio particular a cambio de votar a favor de un candidato, votar en blanco o abstenerse de hacerlo.
La misma consecuencia que para el votante que acepta venderlo: de cuatro a ocho años de prisión y una multa de 200 a mil salarios mínimos legales vigentes. Pero hay un agravante: “Si la persona que incurre en el delito es un empleado público, la pena puede incrementarse en un 50%”, dice Contreras.
Contreras dice que una forma de las autoridades para comprobar que hay compra de votos es infiltrando campañas y que para eso son claves las denuncias de los ciudadanos que pueden ser anónimas. Pero en estas deben dar la mayor cantidad de información posible sobre el lugar, los hechos y las posibles personas involucradas.
“Normalmente no hay documentos escritos porque al ser una transacción ilegal no se van a firmar contratos, es más una transacción verbal. En ese caso se trata de tener testimonios, fotos o videos que prueben la compra de votos”, afirma el exmagistrado que pone como ejemplo el caso de la excongresista Aida Merlano, condenada por corrupción electoral, y en el que los videos y testimonios han sido claves.
Este año, el Gobierno Nacional pidió que los ciudadanos den información veraz y eficaz para evitar la compra de votos y el presidente Gustavo Petro pidió grabar todo lo que consideren irregularidades.
Yan Basset, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, dice que lo más grave de esta práctica es que afecta la democracia al ir en contra de la sinceridad y la integridad del voto.
“Cuando esto sucede (la compra de votos) los ciudadanos no terminan dando su voto por las preferencias reales que tengan sino por las ventajas materiales que pueden obtener. Además introduce un tema complicado para la democracia que es la desigualdad (en términos electorales), porque muestra que es más probable que gane el que tenga más plata”, asegura el docente. Lo que implicaría que los candidatos a un cargo de elección popular no tienen las mismas condiciones para hacer campaña y que no hay garantías completas para que los ciudadanos voten libremente.
Contreras coincide en que el golpe más grave, cuando se trata de la compra de votos, lo recibe la propia democracia: “La esencia de la democracia es la expresión de los ciudadanos en las elecciones y si esa expresión no es limpia ni transparente y no parte de la convicción de que está votando por la mejor opción, pues no van a votar por las mejores opciones sino por las que más le retribuyan”.
Para hacer que la compra y venta de votos sea posible, los candidatos deben conseguir grandes cantidades de dinero. Para hacerlo, suelen afianzar relaciones con contratistas o personas que les prestan el dinero esperando ser beneficiados si esa persona llega al poder. Es decir, con la compra y venta de votos se inicia un ciclo de corrupción.
“Cuando una persona llega al poder con métodos corruptos puede pasar lo que la gente dice: ‘si llegan robando llegan a robar’ — dice Basset —. Muchas veces la plata que se invierte en la compra de una elección se debe reembolsar. Generalmente eso termina en casos de corrupción o beneficiando a los financiadores de esos votos con contratos o ventajas en contratos. Eso es una mala utilización del presupuesto público, un detrimento patrimonial, y un dinero que no se invierte en las necesidades fundamentales del municipio”.
Yan Basset, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario
"Muchas veces la plata que se invierte en la compra de una elección se debe reembolsar. Generalmente eso termina en casos de corrupción o beneficiando a los financiadores de esos votos con contratos o ventajas en contratos"
Para Contreras, la compra de votos también puede generar “una captura del Estado por parte de actores económicos legales o ilegales que buscan obtener beneficios particulares y no un beneficio común” al comprometer, por ejemplo, parte de la contratación pública.
Lo primero que puede hacer es informar al cuadrante de la Policía que tenga más cercano, llamar a la Fiscalía desde su celular marcando el número 122, o poner una denuncia virtual en el portal de ambas entidades. También puede denunciar por teléfono marcando a la línea de emergencia 123, o a la línea #623 que comunica con la Unidad Inmediata Contra Delitos Electorales (Uriel), que está integrada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y otras entidades.
La Misión de Observación Electoral también tiene una línea de WhatsApp (315 266 1969) y un portal (pilasconelvoto.com) para recibir denuncias que pueden ser anónimas.
Sí. Lo anunció esta semana en su cuenta de X (Twitter) y dijo que la recompensa será de uno a cinco millones de pesos para quienes denuncien con pruebas a los compradores de votos. “Le solicito a la ciudadanía grabar toda actividad irregular que detecte en las campañas y enviárnoslas”, escribió el presidente.
Según un comunicado del ministerio del Interior, para acceder a las recompensas los ciudadanos que denuncien deben dar información veraz y eficaz. En caso de que esas denuncias lleven a allanamientos en casas que compran votos, se encuentre dinero y ese dinero sea sujeto de extinción de dominio (o sea que se convierta en propiedad del Estado por ser adquiridos o destinados a actividades ilegales), el ciudadano que denunció puede quedarse hasta con el 10% de lo que se incautó o un máximo de 20 millones de pesos.
El gobierno nacional dijo que recibirá las denuncias por la página uriel.mininterior.gov.co, llamando al 018000912005 o marcando #623 desde el celular.
Para el docente Basset la estrategia puede ser acertada porque incentiva a que las personas denuncien y “los pocos casos que tenemos de condena de votos se dieron por un denuncio de la ciudadanía, como pasó con el caso de Aida Merlano”. El abogado Contreras dice que “todo lo que se haga en favor de combatir la corrupción electoral es un buen camino. Lo que sigue es articular acciones entre el ejecutivo, jueces y Policía para que las medidas sean efectivas”.
Sin embargo, la Misión de Observación Electoral dijo que preferirían que “los ciudadanos no tuvieran que recibir algún pago para denunciar” y la Fiscalía ya dijo que no está de acuerdo con el anuncio de las recompensas y que no promoverá esa estrategia.
Las comunidades indígenas son la segunda mayor población después de los mestizos en El Carmen, un municipio de 15 mil habitantes. Su apoyo electoral este domingo puede ser determinante en un municipio que hace cuatro años eligió alcalde con la escasa diferencia de 15 votos. También representan una base social importante para el partido, movimiento o candidato político que logre tener su apoyo. Pero en esta campaña el voto indígena no está cantado de forma unánime para ningún candidato y candidata.
Al contrario, está dividido entre dos candidatos: Jaime Arturo Herrera, conocido como ‘Puntillo’, que va por el partido Liberal, y Jorge Iván Bedoya, a quien apodan ‘Chorizo’, que tiene el aval de La U, ASI y La fuerza de la paz. La única bandera que parece unir y recoger a las comunidades indígenas es la de querer un alcalde o alcaldesa+ que pueda responder con inversión y proyectos a las necesidades que llevan décadas señalando.
Bedoya busca repetir el cargo que ocupó en 2016 y mantener el poder del partido de La U que ha puesto los últimos dos alcaldes. Los indígenas que lo apoyan quieren que repita la gestión anterior y confían en que llevará obras como lo hizo antes. Por su parte, este es el segundo intento de Herrera por llegar a ser mandatario de El Carmen, un puesto que el partido Liberal no ha ocupado desde 2011. Los indígenas que apoyan su candidatura lo hacen porque consideran que es necesario un cambio en el poder y porque creen que se sentirán respaldados con un alcalde que es cercano a las comunidades indígenas desde hace más de 20 años.
En El Carmen, más que la elección de una Alcaldía, lo que las comunidades indígenas sienten que está en juego es su representatividad y la apertura que podría tener una Alcaldía con sus exigencias. Las peticiones se centran en atender necesidades de salud, infraestructura, educación y desarrollo económico.
Inclusión e inversión
En el resguardo La Puria piden la mejora de infraestructura del Centro Educativo Indígena Amado Arce en el que estudian 400 niños; también proponen aprovechar el potencial turístico de las quebradas del sector La Borrasca con el fin de dinamizar la economía de la comunidad. En el resguardo Sabaleta dicen que necesitan centros de salud con medicina tradicional y occidental y mejora en las viviendas. En El Doce Quebrada Borbollón piden espacios deportivos para niños y niñas y sedes educativas.
La pavimentación de la vía Medellín - Quibdó, la representación indígena en el gobierno municipal por medio de una oficina para tratar asuntos indígenas y trabajar de la mano con la Alcaldía para hacerle frente a la discriminación que viven, son asuntos transversales. Precisamente la discriminación es un asunto que divide el punto de vista de los aspirantes. Para Herrera y Bedoya esta no existe, sino que obedece al rechazo de quienes no son indígenas, pero padecen las afectaciones de los bloqueos cuando estas comunidades salen a protestar. Sólo la candidata Natalia Mazo lo ve como racismo y considera que se debe a los efectos de los bloqueos en las vías y las peticiones que muchas veces no son claras o son difíciles de cumplir.
José Tequia, concejal indígena Liberal que busca reelegirse y apoya a Herrera, dice que tiene su voto por el apoyo que ha dado a las comunidades indígenas, incluso antes de ser candidato. “Cuando había un niño hospitalizado en Quibdó o en Medellín, el señor ‘Puntillo’ estaba ahí. Cuando los indígenas estamos en Quibdó nos invita la comida, nos regala medicamentos y en Navidad le da regalos a los niños. Él ha sido muy amplio con la gente, por eso lo buscamos como candidato hace cuatro años”, dice el concejal.
"Cuando los indígenas estamos en Quibdó, Puntillo nos invita la comida, nos regala medicamentos y en Navidad le da regalos a los niños"
José Tequia, concejal indígena Liberal
Para Tequia, Herrera es clave como alcalde porque podría darles la participación y la inversión en el territorio que siente que no le han dado los anteriores mandatarios: “Siempre en la vía de El Carmen hacia Quibdó hay bloqueos porque la Alcaldía no gestiona proyectos para las comunidades indígenas. Si ‘Puntillo’ llega a la Alcaldía y nosotros al Concejo, vamos a acabar eso, vamos a buscar proyectos. Con ‘Puntillo’ sabemos que las cosas van a mejorar, quizá no todo, pero sí algo”. A Herrera le juega en contra que dentro de las mismas comunidades hay quienes lo ven como “el político que gasta plata, comida y trago a los indígenas para tenerlos a su favor”, como nos dijo un indígena que prefirió no ser nombrado.
Por el lado del candidato Bedoya, Alfonso Queragama, el líder indígena de El Doce Quebrada Borbollón que está en campaña con él, asegura que están animados porque conocen la gestión del exalcalde y sienten que los puede beneficiar como antes. “En la administración anterior tuvimos mucho apoyo en temas de construcción y mantenimiento del acueducto y arreglos de la vía y él ya ha estado acá visitando la comunidad y viendo las necesidades que tenemos”, cuenta. Para él fue un mandatario cercano que siempre les respondió al teléfono sin tener que pedir cita o trasladarse hasta el casco urbano: “Creo que con él podemos mejorar nuestras condiciones de vida, cubrir las necesidades principales que él ya conoce”.
“Creo que con Bedoya podemos mejorar nuestras condiciones de vida, cubrir las necesidades principales que él ya conoce”
Alfonso Queragama, el líder indígena de El Doce Quebrada Borbollón
A esa experiencia le juega en contra que algunas comunidades indígenas se han sentido excluidas en las últimas dos administraciones (la anterior de Bedoya y la del alcalde Jaiberth Ríos que es del mismo partido). Más por el apoyo que le dieron a Herrera hace cuatro años. “Aquí ha primado más la politiquería que las comunidades indígenas”, dijo Benito Queragama de Quebradas Borbollón. El concejal Tequia asegura que cuando han querido acercarse a la administración para hablar de propuestas o necesidades, lo han despachado por haber apoyado a la competencia.
Por el lado de la candidata Mazo el apoyo es menor y viene específicamente de algunas mujeres indígenas. Una de ella es Alejandra Yagarí, candidata al Concejo, quien dijo que está con la candidata “porque en su plan de Gobierno ella habla de transformar todo el municipio, incluyendo la zona rural, y trabajar para acabar el racismo, porque acá hay un tema de racismo muy cruel hacia nosotros”, cuenta. Pero Mazo no tiene mucha acogida. Para algunos indígenas ella representa la continuidad del proyecto político del actual Alcalde porque trabajó como su secretaria de Salud.
“(Apoyo a Mazo) porque en su plan de Gobierno habla de transformar todo el municipio, incluyendo la zona rural, y trabajar para acabar el racismo"
Alejandra Yagarí, candidata indígena al Concejo
Las comunidades indígenas en la campaña
Aunque la campaña en El Carmen no ha girado en torno a las comunidades indígenas, tampoco han sido excluidas de las mismas. Una muestra de esto es que tres de los cuatro candidatos activos tienen propuestas a su favor en el Plan de Gobierno y le apuestan a crear políticas diferenciadas para estas comunidades.
Las propuestas de Mazo, que tienen un enfoque étnico, incluyen construir casas ceremoniales de salud que integren conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, respaldar y apropiar el Plan Decenal de Lenguas Nativas, apoyar la educación con enfoque diferencial, crear una secretaría de asuntos indígenas para tratar temas como salud y educación de las comunidades y erradicar el racismo empezado por acompañar a los indígenas en las peticiones y reclamos que tienen.
La candidata reconoce, por ejemplo, que los dos candidatos son fuertes entre las comunidades indígenas: “Tanto Bedoya como ‘Puntillo’ llevan cuatro años recorriendo los resguardos, han hecho fiestas, dan licor, teja, ladrillo, cemento. Eso sesga mucho a las comunidades que están permeadas por este tipo de política. Pero tenemos el apoyo de las mujeres indígenas que sí nos han escuchado”, dijo.
En el plan de gobierno de Bedoya, el centro de sus propuestas para las comunidades indígenas es crear una oficina de asuntos indígenas que sirva de enlace y tratar de canalizar sus peticiones por esta vía para evitar bloqueos en la carretera. También propone gestionar con el gobierno nacional puntos intermedios donde confluyen las comunidades indígenas para que operen puestos de salud y no deban trasladarse a zonas alejadas para ellos, como lo puede ser la cabecera municipal.
“Los apoyos están divididos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un censo de unos 650 indígenas que están en este proyecto político porque cuando fui Alcalde hice obras como acueductos, puentes y aulas en las comunidades”, contó Bedoya.
Por su parte, Herrera dijo que el corazón de sus propuestas con las comunidades indígenas se centra en la gestión que hará con Presidencia y Vicepresidencia para conseguir recursos. Entre esos dijo que gestionará un proyecto alimentario para reactivar el campo esto con el fin de que indígenas y campesinos tengan sus proyectos productivos y siembren y produzcan su propia comida y la que pueden comercializar. También le dijo a Consonante que está hablando con líderes indígenas para que los gobernadores de los resguardos se comprometan a no cerrar las vías durante su gobierno. “Cuando cierran las vías es porque sienten que la Gobernación, la Alcaldía y el Gobierno Nacional los abandonaron” y se comprometió a gestionar sus peticiones a nivel nacional.
El domingo del 2019, un antecedente que inquieta
Pero no son sólo las propuestas y los apoyos los que las tienen de boca en boca a las comunidades indígenas en El Carmen en estas últimas semanas de campaña electoral. También lo es la tensión que viven en el casco urbano del municipio por temor a los resultados electorales de este domingo. “Aquí el temor es que se repita lo que pasó hace cuatro años”, dice una habitante refiriéndose a los disturbios que hubo en 2019 en el puesto de votación Colegio Corazón de María que obligó a sacar a los jurados de votación del lugar. Ese día, algunas comunidades indígenas que apoyaban a Herrera bajaron del puesto de votación al parque principal, bloquearon una de las calles con una chiva y se quedaron hasta la mañana siguiente.
Los hechos pasaron tras conocerse los resultados del preconteo en el que Herrera empezó ganando las elecciones por menos de 10 votos, a perderlas por 15. Desde ese momento, los que apoyaron al candidato Liberal se han mantenido en la idea de que “les robaron las elecciones”. Hay versiones encontradas entre quienes dicen que algunos indígenas que estaban en el casco urbano querían entrar a tomarse a la Alcaldía y los que dicen que sólo amanecieron a un costado del parque, otros que aseguran que se sintieron “como en la toma guerrillera del 2000” y los que dicen que sólo era una protesta de inconformidad.
Ese antecedente ha hecho que algunas personas estén prevenidas. “Yo voy al casco urbano, voto y me devuelvo de una. No quiero que me vayan a tocar desmanes por ahí”, nos dijo una mujer indígena. “Voy a abrir el local en la mañana y de acuerdo a como se vaya desarrollando el día veo si lo tengo abierto después de las cuatro de la tarde que cierran las urnas”, comentó una comerciante. “Ha sido difícil para nosotros conseguir testigos electorales porque les da miedo estar en los puestos de votación el domingo”, dijo la candidata Mazo.
Mientras el concejal Liberal Tequia advierte que “si se siguen robando las elecciones va a haber un problema serio” y que aceptará los resultados sólo si hay una diferencia amplia de unos 100 votos, otros hacen un llamado a la tranquilidad. “Ya hemos hablado con las comunidades para que no se repita lo de hace cuatro años. Vamos a aceptar los resultados y si tomamos medidas, serán con las autoridades correspondientes a nivel nacional”, dice Benito Queragama del resguardo Quebradas Borbollón. “Aquí estamos pidiendo transparencia y juego limpio. Yo haré el mismo llamado de hace cuatro años por la paz y la no violencia”, le dijo Herrera a Consonante.
Este domingo, independiente de los resultados electorales, una parte de las comunidades indígenas de El Carmen sentirá que perdió la oportunidad de tener atención y espacio en el próximo gobierno municipal, mientras otra verá la posibilidad de tener un Alcalde dispuesto a escuchar y actuar a favor de las necesidades que tengan.
A menos de una semana de las elecciones regionales en las que se elegirán los próximos alcaldes, concejales, gobernadores y diputados, Consonante le cuenta cuáles son los términos que debe tener en cuenta para que llegue preparado a la jornada electoral de este domingo 29 de octubre.
Es el registro de la cédula de todos los ciudadanos que están habilitados para votar en las elecciones. También sirve para determinar, por ejemplo, cuántas firmas se necesitan para convocar un referendo que busca tumbar una ley o cuál es el mínimo de votos para convocar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.
Es la tarjeta en la que un ciudadano consigna su voto. En estas aparecen los candidatos con sus respectivos partidos. En estas elecciones habrá hasta cinco tarjetas electorales que incluirán los candidatos a las Alcaldías, Gobernaciones, Concejos Municipales, Asambleas Departamentales y Juntas de Acción Local (JAL) en algunos municipios.
Estas tarjetas solo les son entregadas a los votantes si las solicitan. Es decir, al llegar a la mesa de votación debe pedirle los tarjetones que desea a las personas de la mesa. Ningún votante está obligado a votar en todos los tarjetones. Usted puede, por ejemplo, solo depositar su voto a la Alcaldía si así lo desea.
Este término se refiere a la manera en que los partidos presentan sus candidatos en el tarjetón para el Concejo municipal o la Asamblea departamental. Cuando un partido o movimiento político no le da la posibilidad a los votantes de seleccionar a un candidato en específico, se habla de lista cerrada.
En una lista cerrada, el ciudadano solo puede votar por el partido completo. Y los partidos o movimientos son los que eligen qué candidatos hacen parte de su lista y el orden en el que aparecen en el tarjetón. Esto último define la cantidad de votos que se le asigna a cada candidato, pues según la cantidad de votos que obtenga el partido, se distribuyen entre los candidatos. Por supuesto, los primeros candidatos de la lista son los que tienen la mayor posibilidad de quedar elegidos. Así se ve en el tarjetón una lista cerrada:
En esta modalidad, el partido o movimiento político elige los candidatos que aparecerán en su lista en el tarjetón, pero le da la posibilidad al votante de escoger el candidato por el que desea votar.
Al elegir los ciudadanos deben escoger el partido y seleccionar un candidato con el número que lo represente en el tarjetón. Así se ve en el tarjetón una lista abierta:
Es una lista electoral en la que se alternan candidatos hombres y mujeres asegurando la misma participación de ambos, ya sea en una lista abierta o cerrada.
Los y las candidatas están organizados en una lista y dependiendo de la cantidad de votos que saque el partido, se van eligiendo del primero al último. Es decir, los primeros candidatos de la lista son los que tienen la mayor posibilidad de quedar elegidos.
Son ciudadanos que vigilan el proceso de votación y de conteo de votos en representación de partidos y movimientos políticos, coaliciones, movimientos sociales y promotores del voto en blanco. Los partidos y movimientos políticos postulan a sus testigos y la Registraduría es la entidad encargada de acreditarlos. Esta labor es voluntaria.
Son las personas encargadas de atender a los votantes, hacer el conteo de votos y registrar los resultados en los documentos electorales. Son la máxima autoridad en la mesa de votación.
Estos ciudadanos pueden ser funcionarios públicos, empleados de empresas privadas y estudiantes. Son elegidos por la Registraduría Nacional de forma aleatoria y deben ser mayores de 18 y menores de 60 años. Esta función pública es de obligatoria aceptación y cumplimiento.
Es el resultado que vemos el día de las elecciones y que publica la Registraduría en su página web tras el conteo rápido de los votos por cada mesa, pero no es el definitivo. Las cifras de ese día son de carácter informativo, las que son decisivas y tienen validez jurídica son las del escrutinio que pueden tardar semanas en conocerse.
Cuando la intención del elector es clara en el tarjetón. Eso sucede cuando el votante hace un rayón o una marca (una equis, un corazón, un dibujo o palabras) en una de las casillas del tarjetón porque es clara la intención del votante de marcar esa casilla. En los votos válidos se incluye el voto en blanco.
Es un voto que no es válido para ningún candidato, partido o movimiento porque la intención del elector en el tarjetón no es clara. Pasa, por ejemplo, cuando marcan más de una casilla en el tarjetón y no se sabe qué quería manifestar el votante.
Son redes de personas, comúnmente con mucho poder, que tienen como objetivo conseguir votos para lograr el triunfo de un candidato en específico. La maquinaria de una campaña puede notarse, por ejemplo, en si alquila buses o transporte particular para trasladar votantes, si le paga o no a los testigos electorales o en la organización y logística del día electoral. El funcionamiento de las maquinarias políticas no es ilegal a menos que cometan delitos como la compra de votos, retención de cédulas u otros.
Es el valor mínimo que debe alcanzar una lista o partido para poder tener candidatos elegidos. Esto solo aplica para cargos plurinominales, es decir, que se escogen varias personas para que ejerzan el mismo cargo, como el concejo o las asambleas.
Este valor se calcula al 50% del cociente, que es el total de los votos válidos dividido por el número de curules.
Es uno de los 28 formularios que tiene el proceso electoral. Su importancia radica en que es el primer soporte utilizado para conseguir un resultado preliminar de las elecciones. En este documento, los jurados de votación registran a mano los votos obtenidos por los candidatos en la mesa en la que están trabajando. Este es el insumo principal del proceso de preconteo de votos y antecede al escrutinio.
En total son tres formularios E-14 que deben llenarse y cada uno tiene una función: uno es para transmitir los resultados de cada mesa el día de la votación (que son los que suman y aparecen en el preconteo), otro se digitaliza y se sube a internet donde son públicos y el otro se le entrega a quienes custodian los votos y los formularios electorales (claveros) para el escrutinio, que es el conteo oficial.
“Los E-14 que se publican por parte de la Registraduría no tienen validez jurídica — explica Esteban Salazar, coordinador de la línea de Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación —. Los que tienen esa validez jurídica son los votos que se cuentan en el escrutinio que está conformado por comisiones departamentales, jueces, Registraduría, Procuraduría y otros entes de control que determinan cuántos votos tuvo un candidato”.
El formulario E-14 se diferencia del formulario E-24 que sí tiene validez jurídica y es en el que se registran los votos del escrutinio, que es el conteo oficial.
Es el proceso oficial de conteo de votos en el que se definen los resultados de las elecciones. Las cifras pueden ser distintas a las del preconteo porque es donde se verifica si ese conteo estuvo bien o hubo errores que deben subsanarse, por eso los votos de un candidato pueden aumentar o disminuir. El escrutinio puede durar varias semanas después de la jornada electoral. Los resultados se publican en la página de la Registraduría.
Es el documento en el que consta que una persona votó. Tiene sus datos personales como el nombre completo, número de cédula, el puesto y la mesa de votación y va firmado por el jurado de votación. Con el certificado también se puede acceder a varios beneficios como descuento en las matrículas de universidades públicas y la expedición del pasaporte, rebaja de un mes en la prestación del servicio militar para soldados y auxiliares bachilleres, entre otros.
Es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto al lugar en el que realmente vive. También se le conoce como fraude en inscripción de cédulas o trasteo de votos y es un delito. El propósito es controlar el sentido de su voto y aunque se suele hablar de esto durante el periodo de inscripción de cédulas, incluso puede tener consecuencias después de las elecciones.
Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y actual abogado en temas electorales, dice que la trashumancia puede ser clave para definir elecciones que se ganan por una diferencia pequeña de votos. “Si esa participación irregular es comprobada y fue determinante para el triunfo de un candidato, el Consejo Nacional Electoral puede revocar la inscripción y un juez puede anular la elección. En ese caso podría quedar electo el segundo con la mayor votación”, asegura Gutiérrez. Como fue el caso de Tadó, en las elecciones del año pasado.
El exmagistrado también dice que hay casos en los que las personas con cédulas a las que se les revocó la inscripción en el último puesto de votación en el que se inscribieron pueden votar sin problema. Esto porque la Registraduría no alcanza a sacarlos del censo electoral.
Es la acción de prometer un nuevo contrato, una mejora en un contrato que ya existe, ofrecer dinero o cualquier otro beneficio particular a un ciudadano para que vote por determinado candidato, partido, corriente política, en blanco o, incluso, que no salga a votar. Es un delito y puede dar de 4 a 8 años de cárcel y una multa de 200 a mil salarios mínimos legales mensuales, según el Código Penal.
Es la acción de amenazar o presionar a un ciudadano para que vote por determinado candidato, lista de candidatos o para que vote en blanco. Es un delito y puede dar de 4 a 9 años de cárcel y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales, según el Código Penal.
Es la acción de engañar a un ciudadano para que vote por determinado candidato, partido, corriente política o para que vote en blanco. Es un delito y puede dar de 4 a 8 años de cárcel y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales, según el Código Penal.
Dos mujeres y tres hombres buscan ser los sucesores de Jaiberth Ríos en la Alcaldía de El Carmen de Atrato. En la carrera electoral están Jorge Iván Bedoya, exalcalde entre 2016 y 2019, el exconcejal Jaime Arturo Herrera, conocido como Puntillo; la exsecretaria de Salud Natalia Mazo; la recicladora y excandidata al Concejo Maria Lucelly Taborda; y el excandidato a la Asamblea Gonzalo de Jesús Ríos.
En El Carmen aún no se perfila un favorito para quedarse con el cargo que conlleva la responsabilidad de ser la máxima autoridad administrativa, el jefe de la Policía y la persona encargada de manejar un presupuesto que para el 2022 fue de más de 14 mil millones de pesos. El ganador o la ganadora de las elecciones del 29 de octubre también deberá nombrar a los secretarios que estarán al frente de temas de gobierno, educación, cultura y deporte, planeación, hacienda y salud.
Consonante revisó las propuestas de cuatro de los aspirantes a la Alcaldía, incluidas en sus planes de gobierno. Este es el documento en el que cada aspirante da a conocer su visión y las propuestas que tienen para el municipio.
En cuanto a forma, algunos son más completos que otros. Los cuatro textos varían en su extensión: el de Taborda tiene nueve páginas, el de Mazo 25, el de Herrera 20 y el de Bedoya 50. Hasta el momento de esta publicación, Gonzalo de Jesús Ríos no había contestado las llamadas de Consonante ni había enviado su plan de gobierno por lo que no fue posible incluirlo en esta revisión.
Más allá de la extensión, sólo Mazo y Bedoya hacen diagnósticos del municipio apoyándose en cifras oficiales, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística o del Departamento Nacional de Planeación. Mazo lo hace en cada línea estratégica antes de desglosar las propuestas que asocia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Bedoya, por su parte, lo hace en un capítulo aparte.
Al revisar las propuestas, Taborda y Bedoya son más generales, mientras que Mazo y Herrera son más precisos con lo que quieren hacer. Sin embargo, ninguno de los candidatos asocia sus propuestas con metas ni especifica de dónde saldrá el dinero para financiar su plan. Sólo Bedoya menciona cuáles son las fuentes de financiación de El Carmen.
Un punto importante al evaluar los planes de gobierno son las respuestas que ofrecen los candidatos a lo que consideran que son los temas más importantes para la gente, como el empleo. La mayoría se proponen a generar empleos potenciando los emprendimientos por plataformas digitales, incentivando el turismo o creando bolsas de empleo que conecten con empresas municipales y departamentales.
En cuanto a la protección del medio ambiente, Mazo, Bedoya y Herrera son explícitos en decir que están de acuerdo en crear estrategias para proteger el medio ambiente e incentivar la separación de residuos sólidos y el reciclaje, pero lo abordan de maneras distintas.
Por ejemplo, Herrera dice que formulará e implementará un plan de reforestación de las cuencas de los acueductos y que comprará el reciclaje y la materia orgánica separada a cada hogar, comercio o institución para producir abono. Mazo dice que diseñará una política pública de cuidado del agua y conservación de la biodiversidad y que va a adecuar una zona de separación de reciclaje. Mientras que Bedoya propone actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y recuperar las cuencas hídricas, aunque no dice cómo. Taborda sólo propone organizar el recicladero para que la entrada del pueblo se vea mejor.
Sólo dos candidatos, Herrera y Taborda, se refieren a Miner SA en sus propuestas. Taborda dice que recuperará el dinero de las regalías de la mina y buscará oferentes en otros países que paguen más. Mientras que Herrera propone un plan de acción para utilizar los recursos de gestión social y que la empresa minera pague un especialista en enfermedades laborales en el hospital como parte de la compensación al municipio.
Todos coinciden en la necesidad de invertir en infraestructura vial, incentivar el turismo, aumentar la cobertura de acueducto y alcantarillado y en reconocer e impulsar acciones y políticas diferenciadas para la comunidad LGTBIQ+, indígenas, personas en condición de discapacidad y de la tercera edad.
Revise a continuación los perfiles y las propuestas de ambos candidatos:
Es conocido como Puntillo. En 2014 fue capturado junto con otras siete personas que eran investigadas porque presuntamente se habrían apropiado de más de 1.700 millones de pesos que estaban destinados para pagar servicios de salud a la población vulnerable de el Chocó. En ese momento, Herrera era administrador de la Droguería La 20. Según la Rama Judicial, Herrera fue dejado en libertad en 2015, pero en el caso hay actuaciones hasta 2019.
Consonante intentó comunicarse con el candidato para conocer el estado de este proceso, pero hasta el momento no contestó las llamadas. Herrera también fue candidato a la Alcaldía de El Carmen en 2019 con el aval de los partidos Liberal y Mais. Aunque no resultó electo, fue el segundo candidato más votado (con más de 1300 votos) y tuvo derecho a una curul en el Concejo que ocupó por un año (2020-2021).
Propuestas:
Aquí el plan de gobierno completo
Es fisioterapeuta especializada en Gerencia de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. De 2010 a 2012 fue gerente del hospital San Roque, luego coordinadora de servicios de fisioterapia. Viene de ser la secretaria de Salud de la actual administración y para esta campaña se inscribió por firmas. Es la primera vez que aspira a un cargo de elección popular.
Propuestas:
Aquí el plan de gobierno completo.
Es técnico profesional de fútbol y actualmente estudia un técnico en administración pública. Empezó su carrera en la política como concejal en 2004 y repitió ese cargo en 2012. Tres años después, cuando terminaba su labor en el Concejo, fue elegido alcalde con el aval del partido de La U y Mais.
Propuestas:
Aquí el plan de gobierno completo
En el municipio la conocen como La 500. Lleva años dedicada al reciclaje. En 2011 se lanzó a la Alcaldía de El Carmen de Atrato por el Polo Democrático, pero no quedó elegida. Ocho años después aspiró a ser concejal por el partido Centro Democrático, pero se quemó con 11 votos.
Propuestas:
Aquí el plan de gobierno completo.
Una versión inicial de este artículo decía erróneamente que Natalia Mazo había aspirado al Concejo y a la Alcaldía por el partido Conservador, pero se trataba de otra persona que también se llama Natalia Mazo. Borramos la información y pedimos disculpas por el error.
El alcalde es la figura más visible del municipio, es la principal autoridad y lo representa legalmente; maneja su presupuesto, es el jefe de la Policía y es quien nombra los secretarios de la Alcaldía. Sin embargo, y aunque su poder es de orden municipal, tiene limitantes. El Concejo es su principal contrapeso, es el que le hace control político, vigila su gestión y le aprueba tanto el Plan de Desarrollo — que es donde están los programas, planes y obras para el municipio en cuatro años — como el presupuesto.
Los alcaldes tampoco pueden pasar por encima de las directrices de Presidencia y Gobernación (si no es distrito) y, como funcionarios públicos, tienen restricciones en temas de contratación y participación en política. Para que pueda votar informado el 29 de octubre, Consonante le explica lo que no pueden hacer los alcaldes.
El Plan de Desarrollo Municipal es la hoja de ruta de los alcaldes para los cuatro años que gobiernan. En este especifican las obras, los programas, de dónde saldrá el presupuesto, las cifras de las que parten y los resultados que esperan cuando finalice su gobierno. El documento nace del programa de gobierno que inscriben los candidatos ante la Registraduría y debe ser tenido en cuenta si el candidato queda elegido.
“Cuando elegimos alcalde no estamos eligiendo a la persona, estamos eligiendo el programa de gobierno que inscribió en la Registraduría y que luego será un plan de desarrollo si son elegidos. Cuando lo presentan, los alcaldes quedan vinculados durante los próximos cuatro años al proyecto que le ofrecieron al pueblo”, explica Ricardo Zuluaga Gil, docente de la Universidad de Antioquia y experto en organización político-administrativa de Colombia.
"Cuando elegimos alcalde no estamos eligiendo a la persona, estamos eligiendo el programa de gobierno que inscribió en la Registraduría y que luego será un plan de desarrollo si son elegidos"
Ricardo Zuluaga Gil, docente de la Universidad de Antioquia y experto en organización político-administrativa de Colombia
Ese Plan de Desarrollo Municipal es un documento obligatorio y público que el alcalde debe presentar completo, a más tardar, el 30 de abril del año en que se posesiona. Lo presenta ante el Concejo Municipal que es el encargado de aprobarlo, máximo, el 31 de mayo y, si no es aprobado en ese tiempo, el alcalde puede adoptar el plan por decreto, según el artículo 40 de la Ley 152 de 1994.
El Plan de Desarrollo Municipal es tan importante que si la ciudadanía ve que no se está cumpliendo, un año después de que el alcalde esté en el poder puede solicitar la revocatoria del mandato. Esa es una medida que requiere recoger firmas, llamar a las urnas para votar la revocatoria y en caso de ganarla la Registraduría tendrá que convocar a otras elecciones para elegir un nuevo alcalde, como pasó en 2018 en el municipio de Tasco, Boyacá.
En ambos casos, el Alcalde requiere de la aprobación del Concejo Municipal. La corporación es la encargada de darle el visto bueno o no, tanto al presupuesto de rentas y gastos como a las modificaciones que este pueda tener en casos como comprometer dineros de presupuestos futuros (vigencias futuras) para obras o programas actuales. Para eso, el alcalde debe presentar su propuesta ante el Concejo y este debe discutirla.
Ese presupuesto incluye los gastos administrativos y de funcionamiento de la Alcaldía y va de la mano del Plan de Desarrollo Municipal que contiene las obras, los programas y planes en los que se invertirá y el plan de inversiones que detalla el recurso que se necesita para financiarlos.
Según la modificación del artículo 126 de la Constitución Política, los funcionarios públicos (como los alcaldes) no pueden nombrar, postular ni contratar con familiares hasta el cuarto grado de parentesco (padres o hijos adoptados o biológicos, hermanos, nietos, bisnietos, abuelos, tíos, tíos abuelos y primos). Tampoco con la pareja con la que están casados o viviendo en unión permanente ni con los que son considerados parientes en un segundo grado de afinidad, es decir por el lado de la familia política o la familia del cónyuge (suegros, yernos, nueras, cuñados e hijastros).
El único cargo conocido que suele ser ocupado por la pareja, los familiares o cercanos del mandatario es el de gestor social, una figura que según la ley se encarga de tareas de protocolo, asistencia social o beneficencia. Tampoco es reconocido como un cargo público y quien lo ocupa no tiene funciones, responsabilidades ni es considerado un servidor público.
De igual forma, el alcalde siempre deberá nombrar o contratar personas que cumplan con los requisitos del cargo. Por ejemplo, para ser nombrado secretario de Gobierno en un distrito capital, como Bogotá, la persona debe tener mínimo un título profesional y experiencia, mientras que para ser secretario de Gobierno en un municipio de sexta categoría, como Tadó en el Chocó, permiten como mínimo un título de tecnólogo y experiencia. De no cumplir con los requisitos mínimos, la Procuraduría puede investigar e incluso suspender tanto al alcalde como al funcionario nombrado.
Pero hay otra restricción clave. Aunque la persona no sea familiar y cumpla con los requisitos del cargo al que aspira, no podrá ser contratada en la administración si durante la campaña electoral le donó al alcalde electo más del 2% del máximo permitido para la elección. Por ejemplo, en Fonseca, La Guajira, el tope de gastos que pueden tener los candidatos a la alcaldía es de 274,8 millones de pesos, si una persona le donó a un candidato más de 5,4 millones de pesos (el 2% del tope permitido) y resulta electo, esta persona no podrá contratar con la administración, según la ley 1778 de 2016.
De ahí en adelante, la contratación pública la rige la Ley 70 de 1993 que establece, por ejemplo, que todo contrato que supere el monto de los 280 salarios mínimos debe hacerse por medio de una convocatoria pública (licitación pública) y que sólo se usará la modalidad de contratación directa cuando se trate de convenios entre instituciones públicas o que sólo una persona o empresa ofrezca el servicio que requiere.
Después de que un alcalde es elegido tiene prohibido participar en política. Esto implica, por ejemplo, hacer parte de actividades de partidos o movimientos políticos, participar en controversias políticas, utilizar su cargo para presionar a terceros para que influyan en el proceso electoral o usar su poder o los servicios del Estado,como los dineros públicos, para apoyar a un candidato, bien sea financiándolo, desviando dineros o contratando personas que le hagan campaña, como lo establece la Constitución, el Código Penal y la Ley de Garantías.
Aunque la restricción es clara en el papel, en la práctica poco se cumple. En época de elecciones presidenciales, de Congreso y regionales, es común que los alcaldes tomen partido y apoyen a algún candidato, a veces presionando a contratistas y funcionarios de la Alcaldía o de las entidades que dependen de esta, a que asistan a eventos o realicen reuniones a favor de un candidato. En el caso de las elecciones regionales suelen hacerlo a favor de un candidato que trabajó en la Alcaldía, es cercano a esta o es de confianza del mandatario que, en ese caso, suele buscar un heredero que continúe con su proyecto político.
“La no participación en política de los alcaldes es una hipocresía de nuestro ordenamiento jurídico-político, en cada municipio saben quién es el candidato del Alcalde — dice Ricardo Zuluaga Gil, experto en organización político-administrativa de Colombia—. Lo que demuestra esto es que la gente tiene la idea de que la administración se corrompe con la política, así que lo que hay que hacer es purificar la política, dejar de satanizar la relación entre política y administración y velar por la transparencia”.
“La no participación en política de los alcaldes es una hipocresía de nuestro ordenamiento jurídico-político, en cada municipio saben quién es el candidato del Alcalde"
Ricardo Zuluaga Gil, experto en organización político-administrativa de Colombia
La participación en política de los alcaldes, hasta ahora, no suele ser pública ni hacerse abiertamente porque implica sanciones. El ejemplo más reciente fue el del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que en 2022 y durante las elecciones presidenciales fue suspendido de forma provisional mientras la Procuraduría inició una investigación en su contra por participación en política por un guiño a la campaña de Gustavo Petro.
Aunque el alcalde puede tomar decisiones sin tener que consultarle todo a los ciudadanos, sí tiene que rendir cuentas sobre sus acciones y los avances de las metas del Plan de Desarrollo que propuso. La obligación existe desde el 2011 cuando se creó el Estatuto Anticorrupción que dice que todas las entidades y organismos de la administración pública deben involucrar a los ciudadanos y hacerlos partícipes de la formulación, ejecución, control y evaluación de su gestión. Además, el estatuto señala que todas las entidades “tendrán que rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía”.
Esa rendición de cuentas, según el Gobierno y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), es una relación en doble vía entre, la Alcaldía y la ciudadanía: “la primera tiene la obligación de informar sobre sus acciones y justificarlas, mientras que la ciudadanía tiene el derecho de exigir explicaciones, retroalimentar la gestión pública territorial e incentivar el buen desempeño y comportamiento de sus gobernantes y sus equipos de trabajo”. Para reglamentar la rendición de cuentas existe el “Manual único de rendición de cuentas” que dice, por ejemplo, cómo deben construir la estrategia de rendición de cuentas (que es obligatoria), cómo se ejecuta y cómo se le hace seguimiento y evaluación.
A pesar de eso, Zuluaga explica que la rendición de cuentas es una estrategia reciente “que apenas estamos empezando a implementar”. Asegura que es un mecanismo de participación que le genera dudas porque los alcaldes la usan para mostrar cifras y acciones que resaltan y respaldan sólo lo positivo de su gestión, pero pocas veces hablan de retrasos o incumplimientos: “los comunicados de prensa, las reunión virtuales, un foro o una transmisión televisiva puede ser una rendición de cuentas. Los alcaldes lo hacen y en el papel esas cuentas son magníficas, pero en el fondo no es así. El mecanismo que queda es el del derecho de petición en el que los ciudadanos pueden pedir las aclaraciones o complementos que deseen frente a la rendición de cuentas. Si la persona, el grupo de personas o la veeduría que pide más información cree que esta es insuficiente, puede recurrir a los órganos de control”.
Son cinco hombres los que buscan ser los sucesores del alcalde Hamilton García. Por ahora, los que puntea para llegar a la Alcaldía son Enrique Luis Fonseca, considerado en el municipio como el candidato de la administración porque viene del mismo movimiento, y el exconcejal y diputado Micher Pérez. También están en campaña un excombatiente de las Farc que fue Representante a la Cámara entre 2018 y 2019, un abogado que ha hecho su carrera en el sector público y un profesional en Salud Ocupacional que ha sido empresario y trabajó en la actual Alcaldía.
El cargo es clave porque es la máxima autoridad administrativa, el jefe de la Policía en el municipio y el que maneja el presupuesto municipal que en 2021 fue de más de 37 mil millones de pesos. Además, el alcalde es quien nombra a los cuatro secretarios que estarán al frente de temas de gobierno, planeación, hacienda y desarrollo social.
Consonante revisó quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Fonseca y cuáles son sus propuestas. Los cinco planes de gobierno — el documento en el que dicen cuál es su visión y las propuestas que tienen para el municipio – tienen entre 30 y 35 páginas, a excepción del de Orangel Romero que tiene 18. Sólo dos candidatos, Enrique Lusi Fonseca y Micher Pérez, incluyen una sección de contexto y diagnóstico en el que cuentan las problemáticas y oportunidades de Fonseca sustentadas con cifras oficiales. El programa de Pérez es el único que tiene un apartado sobre las fuentes de financiación que tiene en cuenta para los planes propuestos, pero no especifica la inversión que requeriría cada uno. Los demás candidatos tratan las problemáticas sin datos, sin fuentes claras y sin especificar la inversión ni de dónde saldría el dinero para financiar las propuestas.
Todos coinciden en que deben invertir en mejorar la infraestructura física de las instituciones educativas, en capacitar a docentes y en formar a profesores y estudiantes en herramientas digitales. También en fomentar los emprendimientos por medio de incentivos económicos o créditos de fácil acceso. Las propuestas incluyen rescatar el patrimonio cultural del municipio y fomentar la participación y divulgación de eventos culturales como el Festival del Retorno.
La seguridad es otro punto en común en el que proponen fortalecer la relación entre ciudadanos y la fuerza pública, pero algunos le suman programas enfocados en prevención del delito y otros una inversión fuerte en cámaras de seguridad que funcionen todo el día, todos los días (una medida que comenzó con el actual alcalde y tiene como fin combatir la inseguridad). También reconocen la importancia del campo, pero tienen miradas distintas: uno propone un centro de acopio para almacenar y vender productos locales, otro le apuesta a la industrialización del campo, uno quiere impulsar asociaciones y cooperativas de productores y dos hablan de mejoramiento genético para algunos animales.
Su recorrido político inició en 2004 como concejal de Fonseca, cargo en el que estuvo por dos periodos (hasta 2011). Después se lanzó a la Asamblea, quedó electo y desde entonces ha mantenido su curul. Actualmente es el presidente del partido Alianza Social Independiente (ASI) en La Guajira al que ha pertenecido desde que se lanzó al Concejo.
Propuestas:
Aquí el plan de gobierno completo
Es abogado especialista en derecho administrativo. Ha sido inspector de Policía, personero y secretario de Gobierno de Fonseca. También se ha desempeñado como asesor jurídico de la Empresa de Servicios Públicos Acueducto y Alcantarillado de Valledupar (Emdupar), la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) y el Hospital San Agustín de Fonseca. Fue senador (2002- 2006) por el Movimiento Renovador de Acción Social (Moral), del político Miguel Pinedo, condenado por nexos con paramilitares. En las últimas dos elecciones ha aspirado sin éxito a la Alcaldía con el apoyo del partido Liberal.
Propuestas:
Aquí el plan de gobierno completo.
Profesional en salud ocupacional y técnico profesional en minería. Se ha movido en el sector empresarial fundando varios establecimientos de comercio y como técnico operador de producción en la mina de carbón del Cerrejón. En el sector público ha trabajado en la Registraduría Nacional y como director municipal de Gestión del Riesgo en la actual Alcaldía (2020-2021).
Propuestas:
Aquí el plan de gobierno completo.
Estudiante de Ciencias Políticas. Nació en Mompox, Bolívar y fue presidente del Sindicato de Servidores Públicos del Distrito de Barranquilla. Ingresó a las antiguas Farc en 2001 y fue uno de los firmantes del Acuerdo de Paz en 2016. Dos años después, y por seis meses, fue representante a la Cámara en reemplazo de Jesús Santrich, excombatiente que fue capturado.
Propuestas:
Aquí el plan de gobierno completo.
Médico veterinario y zootecnista con especialización en producción bovina tropical. Ha sido instructor del Sena, veterinario del Centro Provincial de Gestión Agroempresarial del Ranchería (Cenproranchería) y coordinador del programa de trazabilidad bovina del Instituto Colombiano Agropecuario sede La Guajira. En 2021 fue alcalde encargado de Fonseca cuando anularon la elección de Hamilton García por estar inhabilitado, una decisión que tumbó la Corte Suprema. En febrero de este año la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria porque, como alcalde encargado, presuntamente violó la ley que dice que las entidades públicas no pueden celebrar contratos cuatro meses antes de unas elecciones (en ese caso, elecciones atípicas).
Propuestas:
Aquí el plan de gobierno completo.
“Algunas personas creen que los votos en blanco se le suman al candidato más votado”, cuenta Javier Pallares, consejero de juventudes de Fonseca (La Guajira), cuando habla sobre la desinformación que se mueve en las elecciones. Sin embargo, este es tan solo uno de los mitos que circulan en época electoral y que en ocasiones logran confundir al elector o lo llevan a abstenerse o hasta cambiar su voto.
Para que usted pueda votar informado el 29 de octubre, Consonante le explica 10 de los mitos que más están sonando de cara a las próximas elecciones regionales y por qué no debe creerlos.
El 29 de octubre se votará para elegir las cuatro autoridades regionales: el alcalde, que es la máxima autoridad en el municipio; los concejales que harán aparte del Concejo Municipal y cuya labor principal es realizar control político al alcalde; el gobernador, que es la máxima autoridad del departamento; y los diputados que integrarán la Asamblea Departamental y deberán hacerle control político al gobernador. Además, en los distritos o municipios con localidades se elegirán ediles de las Juntas Administrativas Locales.
Esto quiere decir que el 29 de octubre cada votante recibirá cuatro tarjetones.
Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explica que las autoridades locales se eligen al mismo tiempo y en una fecha distinta a las nacionales como parte de la descentralización del país. “Esto se hizo bajo la lógica de que cuando se hiciera un proceso electoral nacional, que es el que se hace primero, como ocurrió el año pasado, no tuviera injerencia en las elecciones locales”, dice.
Legalmente, los candidatos que se lanzan por primera vez tienen las mismas posibilidades que los demás candidatos y no es un requisito previo haber aspirado antes al mismo cargo de elección popular. Un ejemplo de esto es que el exagobernador de La Guajira, Nemesio Raul Roys, y el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, no habían aspirado a ese cargo antes de ser elegidos. También hay casos como el de Guillermo Torres, conocido como Julián Conrado, actual alcalde Turbaco (Bolívar), un reincorporado de las antiguas Farc que quedó elegido y nunca había sido candidato a un cargo de elección popular.
Para Salazar, la idea de que los candidatos nuevos no son elegidos, pasa sobre todo por imaginarios que existen en zonas “dominadas por los clanes políticos”: “En el resto del país creo que es más bien común que quien se lanza por primera vez tenga unas buenas probabilidades de llegar. Por supuesto que es difícil, no porque los candidatos nuevos nunca se puedan elegir por una regla generalizada, sino porque existen unas condiciones preexistentes que generan que la competencia electoral sea muy difícil”. Como puede ser la financiación de la campaña.
“Las elecciones no se ganan o se pierden solamente el día de las elecciones — dice Esteban Salazar de Pares —, también pueden ganarse o perderse las dos semanas siguientes a la votaciones durante el proceso del escrutinio, que es el que tiene validez jurídica”. En realidad lo que vemos el día de las votaciones en medios de comunicación o en la página de la Registraduría es el preconteo y es de carácter informativo. De ahí sigue el proceso de escrutinio que es el conteo y la consolidación oficial de los resultados de las votaciones para cada candidato y lista de candidatos.
En el escrutinio, por ejemplo, se verifica si lo que se informó en el conteo estuvo bien o si hubo errores que se deben subsanar. A veces hay errores, intencionales o no, de contar un voto que debía ser válido como uno nulo o viceversa. Eso puede aumentar o disminuir el número de votos de un candidato. En el proceso de escrutinio participan a nivel municipal un registrador, testigos electorales, los candidatos, abogados o apoderados de los candidatos y funcionarios de los entes de control como la Procuraduría.
Sí lo tiene, tanto jurídico como simbólico. La Corte Constitucional reconoce el voto en blanco como una expresión de inconformismo, abstención o disentimiento político en la elección. “La importancia del voto en blanco es simbólica, puede mandar un mensaje de hastío de los políticos que están en la contienda electoral”, dice Diógenes Rosero, director del capítulo regional Costa Atlántica de la Fundación Foro Nacional por Colombia, una ONG que busca fortalecer la democracia en el país.
El voto en blanco también se cuenta dentro de los votos válidos como si fuera otro candidato. La diferencia es que sólo puede ganar con la mitad más uno del total de los votos válidos. Según la Constitución Política de 1991, si esto pasa, las elecciones deben repetirse con nuevos candidatos, ya que el triunfo es leído como un inconformismo de los ciudadanos con los candidatos postulados. En la historia del país, al menos tres veces ha ganado el voto en blanco en elecciones regionales: en 2011 en Bello (Antioquia) y en 2015 en Tinjacá (Boyacá) y Florida (Valle del Cauca).
“El voto en blanco es una opción para los que no se sienten representados. Se contabiliza como voto válido, pero no se le suma a ningún otro candidato que gane o pierda, es una opción aparte”, explica Rosero de Foro Nacional por Colombia.
Es decir, la Registraduría contabiliza el voto en blanco de forma independiente como si se tratara de otro candidato.
Según la Registraduría, el voto es nulo — o sea que no es válido para ningún candidato, partido o movimiento— sólo cuando la intención del elector no es clara. Eso pasa, por ejemplo, porque marca dos casillas en el tarjetón y no es posible saber qué era lo que quería manifestar el votante.
Es decir, cualquier marca o rayón que haga sobre una de las casillas de los candidatos que aparecen en el tarjetón es interpretada como un voto a favor del candidato que está ahí. Si usted dibuja un corazón, hace una línea, dibuja un bigote o escribe insultos dentro de una de las casillas del tarjetón, ese voto es válido y es sumado a favor del candidato que estaba en esa casilla porque es considerado como una marca clara e intencional.
Sin embargo, la recomendación es poner siempre una equis (X) en la casilla del candidato por el que quiere votar. De esta manera no hay dudas sobre su intención de voto.
No es necesario elegir a los candidatos del mismo partido o movimiento en cada uno de los tarjetones.
“El sistema político colombiano es muy diverso y permite que tú votes por diferentes partidos a diferentes corporaciones”, afirma Diógenes Rosero de Foro Nacional por Colombia. Dice que una muestra de eso es que hay partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos (que son los que recogen firmas) que no tienen candidatos en todas las corporaciones. Por ejemplo, no es obligatorio que un candidato a la Alcaldía que se inscribió por firmas tenga inscrita una lista al Concejo. Por eso mismo, hay un tarjetón para cada cargo al que aspiran y los votos se cuentan por separado.
Sí lo hace. El sistema electoral del país cuenta cada voto válido y puede ser decisivo para definir si un candidato es elegido o no. Por ejemplo, en las elecciones de 2019, Cristian Copete fue elegido como alcalde de Tadó en el Chocó, por una diferencia de ocho votos.
También hay otros casos en los que un voto puede alterar la balanza. En 2015, dos candidatos al concejo de Barranquilla quedaron empatados y tuvieron que definir quién se quedaba con la curul al azar sacando el nombre del concejal electo de una urna. El procedimiento está contemplado en el Código Electora, la ley que regula los procesos electorales en el país. En este caso, si alguno de los aspirantes al Concejo hubiera tenido un voto más, no hubieran tenido que recurrir a la suerte.
Salazar, coordinador de Pares, también dice que votar tiene varias implicaciones: “El voto no sólo es la decisión sobre el día de las elecciones, sino sobre el futuro de un municipio. Ese voto puede cambiar la dirección y el desarrollo de un territorio en los próximos cuatro años y de muchas personas que dependen del presupuesto público”.
Según el artículo 259 de la Constitución: “Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato”. Eso quiere decir que el programa que se inscribe ante la Registraduría — y que contiene las propuestas y las visiones del candidato frente al municipio— deberá coincidir con el Plan de Desarrollo Municipal que deberá formular en caso de ser elegido.
Si hay un incumplimiento, los concejos y las asambleas que hacen control político a alcaldes y gobernadores y las veedurías ciudadanas que vigilan la gestión pública, son los llamados a denunciar ante los entes de control. Esto teniendo en cuenta que hay incumplimientos que obedecen a circunstancias de tiempo, modo y lugar que pueden alterar lo propuesto, como lo fue en su momento la pandemia de covid.
La Ley 403 de 1997 estableció varios beneficios para los votantes, esto como parte de la idea de reconocer y estimular el voto. Entre los beneficios está: media jornada de descanso remunerada en el mes siguiente del día de la votación, rebaja de un mes en la prestación del servicio militar para soldados y auxiliares bachilleres y de dos meses para soldados campesinos y regulares, 10% de descuento en la matrícula de universidad pública y en la expedición del pasaporte, y preferencia de ser elegido en caso de igualdad de puntaje en exámenes para ingreso de universidades públicas y privadas o para empleos de carrera en el Estado.
Para acceder a estos beneficios debe tener el certificado electoral — un pequeño documento que le dan después de votar— que contiene datos como su nombre completo, número de cédula y el puesto de votación, y va firmado por el jurado de votación.
La carrera por reemplazar a Álvaro Díaz en la Alcaldía sólo tiene dos competidores y, hasta el momento, ninguno se perfila como posible ganador. La apretada campaña electoral tiene a San Juan a la expectativa de saber quién será el próximo mandatario que decidirá el rumbo del municipio en los próximos cuatro años.
El cargo es clave porque es la máxima autoridad administrativa, el jefe de la Policía en el municipio y el que maneja el presupuesto del municipio que el año pasado fue de más de 68 mil millones de pesos. Además, el alcalde es quien nombra a los cinco secretarios que estarán al frente de temas de gobierno, planeación, salud, hacienda y asuntos jurídicos.
Consonante revisó quiénes son los candidatos a la Alcaldía de San Juan y cuáles son sus propuestas. En sus programas de gobierno — el documento en el que dicen cuál es su visión y las propuestas que tienen para el municipio— los dos aspirantes coinciden en qué es clave ampliar el acceso de servicios de alimentación y transporte escolar para tener mayor cobertura y una educación de calidad. También, en darle un papel más importante al ecoturismo y al etnoturismo y reactivar el proyecto de distrito de riego de la represa Ranchería, en invertir en las vías terciarias para una mejor conectividad. Así como aumentar la cobertura de servicios como energía y agua potable.
Ambos buscan impulsar el sector agropecuario para dinamizar la economía, pero tienen miradas distintas sobre cómo hacerlo. Por ejemplo, uno propone un centro de investigación de mejora genética para algunos animales y fortalecer la feria ganadera y agropecuaria de San Juan para que sea nivel nacional, mientras el otro quiere garantizar a los campesinos la comercialización de sus productos por medio de contratos. También distan de la relación con Valledupar: mientras uno quiere que San Juan sea parte de su área metropolitana, otro quiere poner fin al lío que hay por los límites entre ambos y dejarlos bien definidos.
Abogado especialista en derecho administrativo. Fue concejal de San Juan de 2012 a 2014. Un año después aspiró a la Alcaldía con el aval del Centro Democrático y el Partido Liberal, pero se quemó con más de 8 mil votos. Cuatro años después volvió a aspirar con el apoyo del partido cristiano Colombia Justa Libres pero quedó de segundo con casi 6 mil votos. En 2020 fue director de Participación Ciudadana de La Guajira y asesor de la Federación Nacional de Departamentos. Va en fórmula con el candidato a la Gobernación Jairo Aguilar, primo del senador Alfredo Deluque de La U. En el municipio es visto como el candidato de la Alcaldía.
Propuestas:
Médico ginecólogo y empresario del sector salud. Es propietario de la Clínica Someda de San Juan del Cesar. En 2002 se lanzó a la Alcaldía sin éxito. Dos años después fue elegido senador por el partido Conservador. En 2008 regresó a San Juan, se lanzó a la Alcaldía y ganó; pero su elección fue anulada un año después porque su hermano era funcionario del municipio y eso lo inhabilitaba para ser candidato. En 2019 apoyó la candidatura de Álvaro Díaz, actual mandatario del que está distanciado.
Propuestas:
A menos de dos meses de las próximas elecciones regionales, las y los candidatos a alcaldía, gobernación, concejo y asamblea han empezado a mover con fuerza sus campañas para quedarse con los puestos a los que aspiran. Sin embargo, no todo está permitido. Hay organismos del Estado y leyes que limitan acciones como la fecha desde la que puede circular propaganda electoral en el espacio público, los lugares en los que puede ponerse, la cantidad de cuñas radiales que puede tener un candidato y los delitos en los que pueden incurrir.
A continuación, le explicamos qué está permitido, cuáles son las sanciones por incumplir la norma y dónde puede denunciar.
Limitar las campañas electorales tiene tres razones principales: proteger al ciudadano para que pueda elegir libremente, sin ser presionado u obligado para votar por un candidato u organización política; moderar los gastos de las campañas y garantizar que todos los candidatos tengan las mismas condiciones de acceso para el ejercicio electoral.
“Ese tipo de límites ayuda a que se pueda dar una contienda política en condiciones medianamente equitativas. Aunque la cantidad de la propaganda depende de la capacidad económica de un candidato, las restricciones ayudan a que no sea invasiva para el elector y pone unas limitaciones razonables para que la campaña no sea una competencia de quien tiene más recursos”, explica Carlos Oviedo, profesional especializado de justicia electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE).
“Ese tipo de límites ayuda a que se pueda dar una contienda política en condiciones medianamente equitativas".
Carlos Oviedo, profesional especializado de justicia electoral de la MOE.
2. Entonces, ¿quiénes definen las reglas en una campaña electoral?
El Consejo Nacional Electoral (CNE) establece las regulaciones sobre el número de vallas que los y las candidatas pueden instalar, y la cantidad de publicidad política que puede circular en medios de comunicación.
Las reglas establecidas por el CNE se complementan con las fijadas por las alcaldías que son las llamadas a regular, señalar y establecer las condiciones y los lugares públicos donde se pueden instalar carteles, pasacalles y afiches con propaganda electoral. Esto lo deben hacer por medio de decretos. El objetivo de las administraciones municipales, en estos casos, es evitar que la publicidad en el espacio público se desborde, afecte la estética del municipio o genere contaminación visual o auditiva.
Por ejemplo, en Fonseca, La Guajira, es común que los candidatos usen jingles y música en carros como parte de su propaganda. Javier Pallares, consejero municipal de juventudes, dice que todos los candidatos a la Alcaldía de su municipio usan esta forma de propaganda de manera desproporcionada: “La gente dice que no los dejan dormir porque pasan con la música desde las 6 de la mañana a todo volumen, sobrepasan los decibeles permitidos y generan contaminación auditiva”. En este caso, la Alcaldía es la encargada tanto de crear la norma como de hacerla cumplir.
3. ¿Qué no está permitido?
Los límites de la propaganda electoral varían si se trata de un distrito, un municipio y, a su vez, la categoría del municipio. Para candidatos y candidatas de municipios de sexta categoría, como Tadó y El Carmen de Atrato, los límites son bastante específicos. Por ejemplo: Al día no pueden tener más de 30 cuñas en radio y ninguna puede superar los 15 segundos de duración. Pueden emitirse en una o varias emisoras, pero las que no salen al aire no son acumulables. Para las cuñas en televisión, sólo pueden emitir una diaria que no supere los 15 segundos.
En los medios de comunicación impresos, no pueden publicar más de cuatro avisos del tamaño de una página por cada edición. No puede tener más de 8 vallas publicitarias y ninguna puede tener un área mayor a los 48 metros cuadrados. La propaganda electoral que quieran hacer las personas de forma individual debe coordinarse con las campañas para respetar los límites impuestos y para que sean sumados como donación en los ingresos y gastos de cada campaña. Todo lo que se invierta en la campaña, incluyendo la propaganda, debe reportarse.
Está prohibido poner propaganda electoral en edificios declarados patrimonio histórico, edificaciones de propiedad del Estado o del municipio, postes de servicio público (de redes eléctricas o telefónicas), pavimento en vías del municipio, puentes, separadores viales, señales de tránsito y monumentos.
Además, existen normas fijadas por las alcaldías. Por ejemplo, en San Juan del Cesar en La Guajira, está prohibida la propaganda política a menos de 50 metros de distancia de los puestos de votación. En Fonseca, quienes aspiran a ser alcaldes o gobernadores tienen derecho a poner hasta 10 pasacalles en la zona urbana, cuatro en corregimientos y dos en otros centros poblados.
4. ¿Qué sí está permitido?
“Todo lo que no esté regulado, está permitido”, explica Carlos Oviedo de la MOE. Esto quiere decir que si la alcaldía no restringe algún tipo de propaganda electoral en el espacio público, los candidatos no tienen límites para usarla. Por ejemplo, en Tadó en el Chocó, el decreto de la Alcaldía no nombra ni limita el número de pasacalles que puede tener cada candidato, así que cada uno puede poner tantos como desee.
5. En esta época los políticos y políticas también intentan asegurar votos. ¿Hay alguna regulación sobre esto?
Sí, el Código Penal tiene prohibiciones que aplican para cualquier momento de la campaña electoral y son sancionados con cárcel y multas. Por ejemplo, es delito que un candidato o cualquier persona del común ofrezca dinero, regalos o engañe a otra persona para que vote a favor, en contra de alguien o se abstenga de ejercer este derecho.
6. ¿Pueden los contratistas de una entidad pública o privada ser presionados para votar a favor de un candidato o candidata?
No, según el Código Penal esa práctica se llama ‘constreñimiento al sufragante’, da cárcel de entre 4 y 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos. Para algunas personas es una práctica normalizada: “Pienso que si alguien tiene la dicha de ser empleado, debe ser agradecido”, dice una mujer en San Juan del Cesar luego de leer las denuncias sobre las presiones a algunos trabajadores del Hospital San Rafael para votar por un candidato. Aunque puede ser una práctica común, presionar o amenazar a una persona impidiendo que vote libremente, es un delito.
7. ¿Puede un candidato o candidata asegurar votos a cambio de dinero, puesto de trabajo o materiales de construcción?
“No está permitido. Se llama corrupción al sufragante y puede dar cárcel de entre 4 y 8 años”, dice Edison Ruiz, abogado experto en derecho electoral. Según el Código Penal incurre en este delito toda persona que: “celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero” para que otro se abstenga de votar, vote en blanco o a favor de algún candidato, partido o corriente política.
“No está permitido. Se llama corrupción al sufragante y puede dar cárcel de entre 4 y 8 años”
Edison Ruiz, abogado experto en derecho electoral.
8. ¿Qué sanciones existen para los candidatos que infrinjan las normas con respecto a la propaganda en esta época? ¿Qué es lo peor que les puede pasar?
La sanción máxima es una multa que puede ser de hasta 140 millones de pesos y mínimo de 14. Pero para llegar a esto hay todo un proceso: si un candidato está incumpliendo la norma decretada por la Alcaldía, la administración puede solicitarle al candidato que retire su propaganda — le puede dar mínimo 48 horas— , desmontarla cuando no sigan esa instrucción y denunciarlo ante el CNE para que indaguen sobre su actuar y las posibles infracciones. “El CNE deberá notificar al candidato, escuchar su defensa, conocer las pruebas y definir si hay lugar a una sanción o no”, explica Ruiz. La sanción sólo es económica.
9. ¿Qué pasa si un candidato o candidata desconoce estas normas? ¿Justifica su incumplimiento?
Desconocer una ley no es una excusa para incumplirla según el artículo 9 del Código Civil colombiano y la Corte Constitucional que lo ratificó. Tampoco los exonera de sus responsabilidades ni de las posibles sanciones.
Por ejemplo, es común que los candidatos, equipos de campaña o personas afines a un político pongan propaganda electoral en postes de energía o de telefonía que son propiedad del Estado y no pueden ser utilizados para ese fin. El abogado Ruiz dice que esas infracciones a la ley son responsabilidad del candidato: “Puede que se escondan bajo la idea de que no fueron ellos los que lo pusieron, sino un tercero, pero si es la imagen oficial de la campaña y está ahí, el candidato debe responder”.
10. ¿Qué puede hacer usted si sabe o cree que un candidato está infringiendo los límites de propaganda electoral?
Los ciudadanos pueden denunciar estos incumplimientos ante la alcaldía. Lo pueden hacer de forma presencial en una oficina de atención al ciudadano o por correo electrónico. La entidad debe revisar si hay una infracción, y si es así debe notificar al candidato del incumplimiento, darle un tiempo mínimo de 48 horas para que retire la propaganda. Si incumple, la administración puede desmontarla y denunciarlo ante el CNE para que indague si hubo una infracción y si debe o no ser sancionado.
11. ¿Y qué puede hacer si el candidato que infringe la ley tiene el apoyo de la Alcaldía?
Renato Contreras, exmagistrado del CNE, afirma que para casos como estos un ciudadano puede poner la denuncia ante la Alcaldía y de inmediato ir a la Personería (municipal) y a la Procuraduría (departamental), que son entes de control, pidiendo que le hagan vigilancia y seguimiento a las denuncias y explicando las razones para esto.
“La otra opción es poner una queja formal ante el CNE por el correo electrónico atencionalciudadano@cne.gov.co. La respuesta debería ser casi inmediata, pero a veces es difícil que esta se dé rápido por la cantidad de trabajo que tiene el Consejo en esta época electoral”, dice. La denuncia puede ser anónima, pero debe estar muy bien sustentada, por ejemplo, con fotos georeferenciadas en hora y lugar para que haya las suficientes pruebas que permitan definir si se abre una indagación o investigación contra el candidato.
12. ¿En dónde puede denunciar?
En casos de delitos electorales de los que usted conozca o haya sido testigo o víctima puede presentar una denuncia en la Fiscalía. Lo puede hacer a nombre propio o de forma anónima acompañando la denuncia con pruebas.
Para irregularidades de cualquier tipo en época electoral, la Misión de Observación Electoral (MOE) habilitó la línea de WhatsApp 315 266 1969 y la página web www.pilasconelvoto.com/reportar/.
Hasta el momento de publicar esta historia, el decreto para regularizar la propaganda electoral en El Carmen de Atrato no estaba publicado en la página de la Alcaldía. Solicitamos el documento a la secretaria de Gobierno, pero no tuvimos respuesta.
El hospital San Rafael es la entidad pública de salud más importante de San Juan del Cesar, del sur de La Guajira y de algunos municipios del Cesar y Magdalena. También, es la entidad que en cada campaña electoral resulta fundamental para mover votos o apoyos por un candidato. Su atractivo es que tiene un presupuesto anual de casi 60 mil millones de pesos y, sólo el año pasado, tuvo casi 500 trabajadores, entre la planta permanente, los temporales y contratistas, que además pueden ser potenciales votantes y atraer otros votos a cambio de asegurar su puesto de trabajo. Este año no es la excepción.
En abril, un grupo de trabajadores del Hospital San Rafael, a los que no les renovaron su contrato, hablaron en Radio Cardenal y aseguraron que se quedaron sin trabajo por sus afinidades políticas pues apoyaban la candidatura a la alcaldía de Moisés Daza y no la de Enrique Urbina, a quien señalan como “el candidato del hospital”. Desde entonces, el tema no se ha vuelto a tocar en San Juan.
Más allá de lo sucedido en abril, en el Hospital están presionando a algunos trabajadores para que apoyen y voten por Urbina, a referir personas para que también voten por el candidato y a que asistan a eventos de campaña en su tiempo libre. Así lo aseguran tres personas que vieron o vivieron esas presiones. Los tres, junto con otras dos fuentes que conocen cómo se mueve la política en el municipio, dicen que dentro del hospital siempre han pedido apoyar a determinados candidatos en las elecciones regionales y de Congreso. Esto, que en anteriores campañas lo veían como una sugerencia hoy lo sienten como una obligación.
“Uno podía sugerir que votaran por la persona que uno apoyaba. Yo lo hice y he pedido los votos, pero nunca obligué a nadie”, dice un exdirector del hospital que habló a cambio de no ser citado. Un político que estaba al tanto de lo que pasaba políticamente en el municipio, dijo que hace cuatro años el hospital apoyaba en ese momento al candidato Rodrigo Elías Daza, que quedó cuarto en las elecciones del 2019. Después, en las elecciones del Congreso, estuvo apoyando a candidatos de La U: Carlos ‘Cosa’ Daza a la Cámara y Alfredo Deluque al Senado.
En cálculos rápidos, si al menos la mitad de los trabajadores del hospital (250) dan su voto y el de su familia, sumando al menos cuatro, el candidato que tenga de su lado al hospital podría contar de entrada con mil votos. Una cifra que puede marcar la diferencia, teniendo en cuenta que para ganar la Alcaldía en las últimas dos elecciones se han necesitado menos de 9 mil votos y la diferencia entre los candidatos no ha sido amplia.
Por ejemplo, en 2019, Álvaro Díaz ganó la alcaldía con una diferencia menor a los 800 votos y en 2015 la definición del alcalde fue por menos de 50 votos. Al menos hasta ahora, ese capital político lo quieren poner a favor del candidato Urbina.
Ginna Brito se desempeñó como auxiliar de enfermería del Hospital San Rafael hasta marzo de este año. Brito asegura que la razón detrás de la no renovación de su contrato es evidente: su esposo es el concejal Emiro Mendiola, a quien ella misma reconoce como “el concejal de Moisés Daza”, quien es la competencia de Urbina.
Brito trabajó en el hospital durante casi una década por medio de una cooperativa que contrataba la entidad. Pero en marzo, mientras estaba incapacitada por una cirugía, sus compañeros empezaron a llamarla: “Me decían que por ser la esposa del concejal de Daza era la primera en la lista para sacarla del hospital. Los jefes de proceso que me conocían, me decían ‘busque palanca, usted está en la cuerda floja. hable con el candidato Urbina o con Marcos Bolaños’", asegura.
Brito dice que a Marcos Bolaños lo identifica porque fue quien la citó y le pidió que votara por Carlos ‘Cosa’ Daza a la Cámara y por Alfredo Deluque al Senado en medio de la campaña al Congreso de 2022, a cambio de seguir en el hospital. “Al final yo hice un trato con ellos para que no me sacaran. Yo me comprometí a trabajarles, a hacerles campaña, a asistir a eventos y a buscar gente para asegurar mi puesto en el hospital”, dice.
"Los jefes de proceso que me conocían, me decían ‘busque palanca, usted está en la cuerda floja. hable con el candidato Urbina o con Marcos Bolaños’"
Ginna Brito, exauxiliar de enfermería del hospital.
Bolaños es un odontólogo y exgerente del hospital San Rafael que según las tres fuentes entrevistadas es “el poder” detrás de la entidad. “La gerente es la doctora María Isabel (González), pero el que manda es él (Bolaños)” dice Brito. “A la gerente la nombra el (entonces) gobernador Nemesio Roys (del grupo político del senador Alfredo Duque del partido de La U) porque Bolaños se lo pide, él también es amigo del gobernador y la mano derecha del senador Deluque”, cuenta una de las fuentes que prefiere no ser nombrada.
La misma persona dice que Bolaños es el que da el visto bueno para las contrataciones en el hospital: “Yo lo sé porque mi hijo entró al hospital por recomendación de él y él mismo lo sacó”. Afirma que hizo política con la familia de Bolaños y trabajó con él cuando Álvaro Díaz era apoyado por Daza, pero al romper ese lazo, cada uno se fue a corrientes políticas distintas.
Bolaños le dijo a Consonante que no entendía por qué lo relacionaban con el hospital, si su cargo de gerente fue hace doce años. “Me extraña este tipo de situaciones. Lastimosamente, San Juan es un pueblo y este tipo de especulaciones están a la orden del día”. Dijo que era amigo de la actual gerente, Maria Isabel González, porque cuando él era gerente ella era subgerente científica; que acompañó al senador Deluque desde que aspiró por segunda vez a la Cámara de Representantes en 2014 y que conoce y es amigo de varias personas que trabajan en el hospital, pero que no tiene injerencia en el hospital.
“Si yo tengo algún amigo que trabaja en el hospital y me pregunta por quién voy a votar o me dicen que me van a ayudar, lógicamente yo hago algún tipo de recomendación, pero hasta ahí”, dice Bolaños quien actualmente acompaña la campaña de Urbina.
“A mi hijo no le renovaron el contrato. Lo sacaron con la excusa de que iban a cerrar el quirófano porque no estaba dando. Pero sacaron sólo a los dos doctores que tenían en común que apoyaban o tenían gente apoyando a Daza. Mi hijo no estaba metido en política, pero todos saben que yo sí estoy con Moisés. Para mí esto es una persecución política”, dice. Según cuenta no le terminaron el contrato directamente a él porque siente que le tienen respeto por haber sido un alto funcionario del hospital, pero sí renunció en solidaridad con su hijo y por sentir que era una forma de cobrarle el estar con la campaña contraria.
María Isabel González, gerente del Hospital San Rafael, niega que la decisión de no renovar contratos obedezca a temas políticos: “Nosotros no tenemos nada que ver con situaciones políticas. Somos una Empresa Social del Estado que presta servicios de salud y no mezcla nada con la política. En ningún momento se ha hecho proselitismo, ni campaña”.
“Nosotros no tenemos nada que ver con situaciones políticas. Somos una Empresa Social del Estado que presta servicios de salud y no mezcla nada con la política"
María Isabel González, gerente del Hospital San Rafael
González explica que la decisión de cerrar el quirófano, por la que no se le renovó a dos anestesiólogos, fue porque, en los seis meses que estuvo abierto ese quirófano, la programación para cirugías era muy baja y económicamente no era rentable. Frente al caso de la no renovación para auxiliares de enfermería, González dice que estaban contratadas por una cooperativa y que, como parte de un compromiso con el Ministerio de Trabajo, iban a formalizarlas. “En abril, Recursos Humanos, junto con la abogada laboral que hace parte de equipo, recibieron las hojas de vida y, de acuerdo a estas, fueron seleccionando al personal. Eso fue todo”, afirma.
Otro punto en el que coinciden las tres fuentes, todas entrevistadas por aparte, es que Jose Nicolás Vega, un empleado de carrera administrativa en el hospital, es quien se acerca a los trabajadores a pedir que referencien otras personas para que den el voto por Urbina. “José Nicolás iba con lista en mano, sacaba a los trabajadores de las áreas por las que iba pasando y les decía que tenían que dar nombres y número de contacto de los que iban a votar”, asegura Brito.
Un trabajador actual del hospital, que pidió no ser citado porque teme perder su empleo, dijo que a él no lo han presionado directamente, pero que sí es claro que dentro del hospital hay empleados haciéndole campaña a Urbina. “Vega tiene una lista y va pidiendo nombres. A una amiga le dijo ‘necesitamos que nos des tu nombre y el nombre de quienes nos van a colaborar con el voto’”, dijo.
El trabajador del hospital cuenta que por vía Whatsapp, en grupos internos que tienen para temas laborales, los mismos líderes de diferentes procesos envían citaciones para asistir a eventos de la campaña. “A mediados de agosto enviaron un mensaje al grupo de Whatsapp diciendo que quienes no estaban de turno tenían que ir al puesto de salud 20 de julio con distintivos de la campaña, ya fuera color amarilo o blanco, y de ahí caminar hasta el comando”, dice.
Según su testimonio, la citación más reciente fue al evento denominado ‘Tintazo’ que se realizó el sábado 26 de agosto. Antes de que el evento fuera un hecho, contó: “A los que no tienen turno los citaron a las 6:30 de la mañana en la casa de José Nicolás Vega. De ahí dicen que van a salir al centro de San Juan y caminan hasta el comando. Si uno no va a estos eventos, al otro día el líder del proceso te ve y te pregunta: ‘¿Por qué no fuiste?’ entonces, claro, uno se siente presionado. Acá no hay muchas fuentes de trabajo y si tienes estabilidad, terminas apoyando al candidato que te digan” para conservar el puesto, explica.
Vega le dijo a Consonante que en el hospital votan libremente, que ningún gerente de la entidad ha pasado por el cargo pidiendo votos y que él no tiene por qué presionar a nadie para que apoye a un candidato. “Quizá me relacionan porque están buscando una justificación ante el candidato contrario (Daza), buscan beneficios, de pronto que les paguen por llevar información”, cree Vega.
Frente a la citación de trabajadores del hospital en su casa para acompañar un evento de la campaña de Urbina, Vega dice que pudo ser una confusión. Afirma que su casa, en donde tiene un taller de motos, está ubicada en la vía principal y cerca están los comandos (sedes) de las campañas a fines a Urbina. Reconoce que ahí se agruparon personas de la campaña de Urbina, pero dice que fue por el evento y no por citación. “Yo por ahora estoy parcial. La familia no se ha identificado con ningún candidato. Soy amigo de Moisés y conozco sus propuestas, también las de Urbina, son buenos candidatos, pero no me he decidido”.
González, gerente del hospital, dijo que hasta el momento no ha recibido quejas ni denuncias sobre Vega y que no conocía los testimonios contra él. Johana Daza, personera de San Juan del Cesar, dijo que no hay denuncias al respecto y que ella no conocía sobre estas situaciones. Frente al tema de renovación de contratos, dijo que no era un tema de Personería y que la entidad responsable es el Ministerio del Trabajo.
Consonante consultó a Enrique Urbina, candidato a la Alcaldía por el que, según los testimonios, están presionando para votar. Urbina dijo que era “totalmente falso”, que no había escuchado sobre supuestas presiones en el hospital y que el tema de las terminaciones de contratos lo había escuchado por la radio, pero habían quedado aclarados. “Eso acá en el hospital no ha venido pasando. Primera vez que escucho esto”.
Frente a Marcos Bolaños, quien aseguró que lo apoya en la campaña, y José Nicolás Vega, dijo que conocía a ambos, pero que no había escuchado de los señalamientos contra ellos. “Las presiones por votos y asistencias a eventos en ningún momento se ha venido realizando. Eso sí ha pasado en una entidad que presta un servicio público, pero es privada, en la Clínica Someda. Ahí, sí presionan al personal tanto asistencial como administrativo para votar por su propietario, que es el doctor Moisés, el otro candidato, y les piden hasta 20 votos a cada uno”, aseguró Urbina.
Esa ha sido una acusación constante entre los dos únicos candidatos que compiten para llegar a la Alcaldía. Cada uno señala al otro de presionar a trabajadores y pedir entre 10 y 20 votos para la campaña. “Con sólo dos candidatos en la contienda electoral, la sensación de cada uno es ‘estás conmigo o estás con mi enemigo’”, dice un joven del municipio.
Los dos candidatos, Daza y Urbina, son políticos conocidos en el municipio. Moises Daza es un médico ginecólogo y empresario del sector salud propietario de la Clínica Someda en San Juan del Cesar. Su carrera política inició en 2002 cuando se lanzó como candidato a la alcaldía, pero no resultó electo. Dos años después, Daza aspiró al Senado por el partido Conservador y fue elegido. En 2008, tras terminar su periodo como congresista, aspiró y fue elegido como alcalde de San Juan del Cesar. Sin embargo, su elección fue anulada un año después porque su hermano, José Alberto Daza Mendoza, era el registrador de instrumentos públicos de San Juan, lo que lo inhabilitaba para ser candidato en ese mismo municipio.
En las elecciones de 2019, Daza apoyó la candidatura de Álvaro Díaz, actual mandatario, e hizo parte de la Unidad de Gestión de Proyectos del municipio, que buscaba formular proyectos para invertir en San Juan. Ya en el cargo, Díaz y Daza se pelearon y se alejaron. Según una fuente cercana a Daza, una de las varias razones por las que esto pasó fue porque ambos decidieron apoyar candidatos distintos en las elecciones al Congreso. El médico apoyó a la Cámara al liberal Pedro José Solano, conocido como “Pello Pello”.
La relación quedó tan dañada que a finales de marzo, el alcalde Díaz denunció que, desde la casa de los hermanos Daza Mendoza, presuntamente se estaba planificando u orquestando un atentado criminal contra él. Moisés Daza le aseguró que lo iba a denunciar por injuria y calumnia. Esta, su tercera aspiración a la Alcaldía, Daza recogió firmas por el movimiento significativo de ciudadanos ‘Somos progreso’ y va con el apoyo de los conservadores, liberales y el Centro Democrático.
En la carrera por la alcaldía también está Enrique Camilo Urbina, un abogado especialista en derecho administrativo que fue concejal de San Juan. En las últimas dos elecciones ‘Cubita’, como es conocido, ha aspirado, sin éxito, a la Alcaldía: en 2015 tuvo el aval del Centro Democrático y el partido Liberal y quedó como el tercero más votado, y en 2019 lo apoyó el partido cristiano Colombia Justa Libres y quedó de segundo. Esta vez va con el aval de La U y de Cambio Radical y en fórmula con el candidato a la Gobernación, Jairo Aguilar, primo del senador Alfredo Deluque de La U.
A Urbina, según seis fuentes con las que hablemos, lo ven como el candidato de la Alcaldía. Primero porque es el contrincante de Daza, ex aliado del alcalde. Segundo porque a finales del año pasado hizo un video en el que reconoció la labor del alcalde Díaz. Como contó el periodista Hugues Gamez, esto fue visto como un guiño político para el grupo político de Díaz. Y tercero, por las denuncias en el Hospital San Rafael y los rumores de que en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (Infotep) y la Alcaldía, principales entidades públicas del municipio, están presionando para votar por él.
Aunque la campaña también es para Gobernación, Asamblea y Concejo municipal, el protagonismo se lo llevan los candidatos a la Alcaldía. Mientras pequeñas pancartas con imágenes de los concejales cuelgan de la parte trasera de los mototaxis, en los carros se distinguen los microperforados verdes de Daza. El amarillo, blanco y morado de Urbina y el rostro del candidato están más en las ventanas de las casas en las vías principales que tienden pancartas dando su apoyando o en las rejas que cercan los hogares. En una pared pintada de amarillo en la que cuatro familias le dan su apoyo a Urbina y a su fórmula a la Gobernación y en la camioneta de la campaña que es una publicidad andante forrada por completo de morado y amarillo, con la foto del candidato y su apodo ‘Cubita’. Por las calles del centro de San Juan, la política está en todos lados, incluso en el Hospital.
Un video de hace una semana, en el que más de 10 estudiantes van amontonados en el platón de una camioneta blanca que transita por las calles de San Juan del Cesar, muestra las deficiencias en la prestación del servicio de transporte escolar. No es claro si la camioneta está habilitada para ese servicio o llevaba a los jóvenes como una alternativa de transporte, pero lo que sí muestra el video son los riesgos a los que los estudiantes están expuestos al transportarse de ida o regreso del colegio.
No se trata unicamente del video viral, el problema es más complejo. Los cuestionamientos al servicio de transporte escolar, que le prestan a casi 8 mil estudiantes de 12 municipios no certificados de La Guajira, son constantes y vienen desde inicios del año escolar: retrasos porque los vehículos no contaban con los requisitos técnicos, denuncias por sobrecupo e intermitencia en el servicio.
Detrás del contrato de 18,9 mil millones de pesos está la Unión Temporal Costa Caribe, conformada por Transporte Sensación y Lidertur (Líneas Escolares y Turismo). Aunque esta vez la responsabilidad recae en la unión temporal, las quejas en la prestación del servicio no son solo de este año y se mantienen a pesar del contratista de turno. Incluso, tener un mejor servicio de transporte escolar ha sido bandera de movilizaciones en La Guajira como un paro de docentes en 2017 y el paro cívico de 2019.
“Hay unas circunstancias que dificultan la prestación del servicio como la topografía, lo inhóspito de la región y el tema particular de que las comunidades indígenas han pedido que el operador contrate los vehículos que ellos tienen para prestar el servicio en sus territorios”, dice Nolberto José Larrada, director territorial del Ministerio de Transporte en La Guajira. Las tres razones tienen su peso.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), más del 45% de la población de La Guajira es rural y está dispersa, pero según el Plan Departamental de Desarrollo, esa cifra podría ser superior al 60%. Esto, sumado a que no hay medios ni sistema de transporte público, hace que el transporte escolar que ofrece el Estado sea casi la única alternativa para que los estudiantes se movilicen.
Por eso mismo, la falta de rutas, las fallas en el servicio o la ineficiencia del mismo se siente con mucha más fuerza que en otras regiones. En especial si se tiene en cuenta que el 85% de las instituciones educativas oficiales en La Guajira están ubicadas en zona rural y que el 53,7% de las personas en el departamento viven en pobreza monetaria (no pueden cubrir las necesidades básicas), lo que hace que pagar alternativas de transporte no sea una opción viable. “O comemos y no van al colegio o van al colegio y no comemos. Cuando no hay transporte escolar toca bajarle a la cuchara”, dice Dora Machado, madre de dos niños y ama de casa del corregimiento Bocas del Monte de San Juan del Cesar.
Por esas dificultades, que vienen desde hace años, en 2017 La Guajira fue declarada como Zona Estratégica para el Transporte (ZET), es decir que tiene unas normas especiales y transitorias (que van hasta 2024) para prestar el servicio de transporte, incluyendo el escolar, por las particularidades del territorio. En la resolución del Ministerio de Transporte dice que las mismas comunidades indígenas, y como aparte de su autonomía, plantean que les asignen unos cupos para que ellos mismos presten el servicio de transporte escolar, así disminuyen el desempleo y ofrecen vehículos apropiados técnicamente para transitar por las zonas y conductores que conocen el territorio.
Larrada, del Ministerio de Transporte, dice que contratar con las comunidades indígenas es una exigencia porque estas no permiten que otros vehículos, ajenos a la comunidad, entren a sus territorios como parte de su autonomía. Pero esto tiene sus inconvenientes. “Nos dificulta tener un control sobre las condiciones técnicas de los vehículos. Lo que encontramos es el sometimiento que deben tener las autoridades tradicionales alrededor de la prestación del servicio por el convenio que tienen que hacer exclusivamente con las comunidades indígenas”, dice Larrada. Por temas técnicos, como el modelo de varios vehículos que ya no podía usarse para el transporte escolar, es que ese servicio estuvo quieto cuando inició el año.
Aún con las particularidades y los condicionantes de prestar el servicio de transporte escolar en La Guajira, la responsabilidad de lo que suceda con este servicio y con las actividades que se le asignen a subcontratistas, recae en la Unión Temporal Costa Caribe, quien figura como contratista.
El millonario contrato firmado entre Costa Caribe y la Gobernación de La Guajira tiene un listado de obligaciones generales y específicas que debe cumplir la unión temporal, junto con algunas multas que pueden imponerse si llega a incumplir algunos puntos. Consonante revisó las obligaciones a las que se comprometió Costa Caribe y encontró que ha incumplido al menos cuatro veces.
Uno de los primeros incumplimientos fue a inicio de año cuando el servicio no pudo prestarse porque los vehículos no cumplían con los requisitos técnicos y las comunidades indígenas exigían que se contratara con ellos. Al final el ministerio prorrogó el plazo para que los conductores puedan cambiar los modelos de los vehículos. Entre las causales de multas en el contrato, una de las que nombran es que al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se multará con un salario diario legal vigente por cada día de atraso. Aunque en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), donde reposan los contratos estatales, no figura el acta de inicio firmada por la empresa, el contrato fue adjudicado el 15 de diciembre del 2022, casi dos meses antes de que empezaran las clases y cuando debía empezar a prestarse el servicio.
Un segundo incumplimiento ocurrió cuando el servicio empezó a prestarse en forma. Las obligaciones específicas del contrato, en los puntos 8 y 9, indican que el contratista debe asignar un puesto para cada estudiante y mantener el cupo de pasajeros por cada vehículo. Pero hay registros de camionetas que fueron utilizadas para transportar hasta 25 estudiantes cuando tenían capacidad para 10, como pasó en Fonseca, o de un bus con capacidad para 42 estudiantes que terminó movilizando entre 80 y 100 en San Juan del Cesar. Otras dos personas de corregimientos de San Juan del Cesar y Fonseca, aseguraron que en los primeros meses de la prestación del servicio, entre abril y mayo, sí hubo sobrecupo en los vehículos, aunque los casos no se han vuelto a repetir.
El contrato también dice, en el punto 16 de las obligaciones específicas, que el vehículo debe tener un espacio en el que se identifique la ruta, la institución educativa a la cual presta el servicio y la imagen institucional del departamento de La Guajira. Un líder social de la zona rural de Fonseca aseguró que el vehículo que recoge a los estudiantes en el corregimiento de Pondorito no tiene ningún tipo de identificación. Dice que lo reconocen como transporte escolar porque llevan viéndolo meses y porque se parquea en el lugar donde siempre han recogido a los estudiantes. Por su parte, uno de los conductores de San Juan del Cesar dijo que sí contaba con gran parte de la identificación, excepto por el logo de la Gobernación.
Por último, el contrato dice que multarán por 0,01% del valor del contrato (1,8 millones de pesos) por atrasos o incumplimientos en el pago de salarios u honorarios de empleados o contratistas. Dos conductores de San Juan del Cesar aseguraron que les deben dos meses de salario. Uno de ellos, que prefirió no ser nombrado, dijo que hace 15 días dejaron de prestar el servicio de transporte escolar durante dos días por falta de pago.
En ese mismo sentido habló una de las personas que tiene su buseta subcontratada para el servicio en San Juan del Cesar y aseguró que apenas en agosto le pagaron el mes de mayo. “Toca estar pidiendo prestado, haciendo paro, diciendo en la bomba de gasolina que fíen. Eso genera más deudas”, dice que su contrato, aún con los meses que le adeudan, terminó en agosto y que está a la espera de que lo renueven. El retraso en los pagos a conductores y dueños de los vehículo lleva a que el servicio se vea interrumpido por no tener para la gasolina, los requerimientos técnicos o a modo de protesta para que paguen a tiempo. Al final, los directamente afectados son los estudiantes y sus familias.
Dora Machado, ama de casa en Bocas del Monte, San Juan, dice que desde hace tres semanas no hay servicio de transporte escolar para sus dos hijos que estudian en la institución Ana Joaquina Rodríguez de Cañaverales que queda a 25 minutos en moto. Según cuenta, el mismo conductor le dijo que no estaba prestando el transporte porque no le habían pagado. “Hay quienes han desistido de que sus hijos vayan al colegio porque no tienen cómo. Por fortuna, yo tengo una moto viejita, lo que me toca hacer es pedir pal azúcar, pa' las cositas o pa' la gasolina, porque no me da la plata”, cuenta.
Consonante intentó comunicarse con Nayrobis Alvarado, representante legal de la unión temporal, vía su asistente; con Angelica Maestre, secretaria de Educación de San Juan del Cesar, por llamadas y mensajes; y con Adaulfo Manjarrez, secretario de Educación de la Gobernación de La Guajira y supervisor del contrato, por llamadas, mensajes y vía la oficina de prensa de la entidad, pero hasta el momento de publicar esta historia no recibimos respuesta de ninguno.
