Arnoldo Palacios tenía ocho años cuando le pagó 10 centavos a una gitana para que le adivinara la suerte. “Tú no vas a vivir acá, vas a vivir en el extranjero. A los 20 años ya no estarás acá, te vas a casar con una mujer rubia y en la línea de la mano dice que tendrás una vida larga”. Tenía razón. Lo que no le dijo fue que antes de irse del país escribiría ‘Las estrellas son negras’ su primer libro; la obra en la que retratará la pobreza, el hambre y el olvido estatal del Chocó y por la que será considerado uno de los máximos exponentes de la literatura afrocolombiana.

La visión de la gitana era una fantasía para un niño como Arnoldo Palacios, quien en la década de los 30 vivía en Cértegui, un municipio pequeño y rural del Chocó –que para ese momento ni siquiera había sido declarado departamento–. Palacios, desde los dos años tenía las piernas paralizadas a causa del polio y sólo tenía una camisa y una pantaloneta que usaba cuando iba de su vereda al pueblo. 

En Cértegui, su pueblo natal, Arnoldo Palacios empezó a acercarse a las letras. “Había un librito que se llamaba ‘Lecturas escogidas’ que pasaba de mano en mano. Ahí comencé a leer, no había más. Tenía las hojas desprendidas, pues lo había leído todo el mundo (...) En esos tiempos leía todo lo que llegaba al pueblo”, le dijo a la revista Bocas en 2015. Ese gusto por la lectura se lo atribuyó al polio porque, para él, esa fue la única forma de pasar sus días cuando no tenía cómo moverse a causa de la parálisis. 

La primera vez que escribió un texto propio fue a los 12 años cuando murió Ana Zoila, a quien a veces catalogaba como amiga y otras como prima. “Creo que allí nació la expresión directa de la necesidad de escribir por alguna razón”, le dijo a Bocas. José Venancio Palacios, sobrino del escritor y quien ha trabajado para preservar y divulgar la obra de Arnoldo Palacios, dice que el gusto por la lectura y la escritura de su tío no fue inculcado ni impulsado por la familia. Pero cree que su abuelo, un carpintero que lleva su mismo nombre, tuvo un peso importante en ese gusto: “era un hombre inquieto que se la pasaba leyendo periódicos y motivaba a sus hijos a educarse”. 

Tal vez por eso, más de la mitad de sus siete hijos siguieron ese camino. Además de tener un hijo escritor, su hija Elba Palacios fue la primera normalista de Cértegui; su hijo mayor, que llevaba su mismo nombre, fue periodista empírico; y otro más que murió joven, se graduó como ingeniero. Quizá por la enseñanza de su padre y porque en esa época estudiar era un lujo, Arnoldo no dudó en aceptar las dos becas que se ganó para terminar su bachillerato: primero en el Colegio Carrasquilla de Quibdó y luego en el Colegio Camilo Torres en Bogotá.

— Tú vienes de un departamento en el cual se camina sobre toneladas de oro y platino; pero, sus habitantes son pobres, pobres. ¿Cómo harás para sostenerte y estudiar en Bogotá? — le preguntó José María Restrepo, rector del colegio en Bogotá. 

— Quien vive en el Chocó, queda equipado para vivir en cualquier parte del mundo — le respondió Palacios.

La inspiración siempre en el Chocó

Palacios llegó a la capital en 1943. Tenía 19 años y un sueño: escribir en el semanario ‘Sábado’ en Bogotá. El periódico llevaba el nombre del día en que circulaba y, a pesar de ser de ideas liberales, tenía como fin alejarse de la prensa escrita del país que en ese entonces se dedicaban a hablar de política entre liberales y conservadores. “Soñaba escribiendo y que me publicaran como a Juan Lozano, en una página grande e importante”, contaba, y lo logró. 

Estuvo cuatro años publicando sus escritos en ‘Sábado’ y aprovechó la oportunidad que tenía de ser leído para visibilizar las realidades del Chocó. Años después, esto se convirtió en su filosofía como escritor: “El escritor debe tomar partido. ¿Cómo es posible que (estemos) rodeados de matas de plátano y no exista un plátano en la mesa de los chocoanos?”, dijo Palacios en la década de los 90 en una entrevista al medio Chocó 7 días en referencia a las necesidades que pasaba el departamento.

En sus escritos Palacios quería contar el olvido estatal al que estaba sometido su territorio. Contar, como lo hizo en el artículo ‘Heraldos de un nuevo día’, la riqueza minera del Chocó que lo posicionaba como el primer productor de platino, el segundo de oro y el tercero de plata en el país, “cuyos mejores resultados se los traga la compañía “Chocó-Pacífico”, para la fortaleza de los Estados Unidos”, mientras los habitantes seguían explotando los minerales de forma rudimentaria.

Quizás el artículo en el que más mostró su indignación con la poca importancia que tenía su territorio para Colombia fue “Chocó, país exótico”.  En ese texto, Palacios contaba por medio de pequeñas historias cómo el Chocó parecía un país aparte: una mujer que dice que no se puede casar con un chocoano porque él no es colombiano, una carta del ministerio de Hacienda en el que se refería al Chocó como un municipio, cuando era una intendencia; el convencimiento de los habitantes de la costa chocoana de que son panameños y no colombianos. 

“Era bello el panorama. Pero desconcertante, pensar que a pesar de tantos siglos de existencia, el progreso se encontraba tan lejano, y la vida de los campesinos discurría como cuando vinieron los españoles”, escribió. En el artículo por ejemplo, apoyaba que el Chocó fuera declarado departamento y hablaba de una “postración económica” que no se iba a levantar mientras “subsista el abandono en que mantiene a la intendencia la nación”. Contar las realidades del país y del Chocó también se había convertido en su motor para escribir. “Gracias a la literatura he tenido más conciencia de los problemas, mi deber es mostrar la situación social y ayudar a encontrar caminos”, dijo décadas después.

Esa conciencia de la que hablaba no era nueva. La había construido con su propia historia, con las necesidades que había vivido en Cértegui y en Quibdó y con las que vivía en Bogotá. También con la ideología de su padre, un liberal que llevó esas banderas en un municipio conservador. 

Palacios también acompañó la campaña y fue seguidor de Diego Luis Córdoba, un político liberal chocoano que se identificaba con el socialismo y que estuvo 14 años en el Congreso representando a las comunidades negras de Antioquia. Córdoba fundó su propio partido, que en ese momento catalogó de izquierda, conocido como el Cordobismo, que buscaba crear políticas sociales y económicas para las necesidades del Chocó. Ya en Bogotá apoyó y siguió los discursos en plaza pública de Jorge Eliécer Gaitán.

Pero, Palacios, a la par se embarcó en una mayor apuesta: escribir su libro. Lo hizo en Bogotá, en una máquina de escribir que Carlos Martín, poeta y entonces ministro de Educación, le prestaba de 12 a 2 o después de las 5 de la tarde, las horas en las que dejaba la oficina. Así, por partes, escribió ‘Las estrellas son negras’, que narra un día en la vida de Irra, un joven en Quibdó que se levanta, no tiene qué comer y busca cómo ganarse unos pesos para saciar el hambre. La terminó el 8 de abril de 1948. Al día siguiente asesinaron a Gaitán.

Cuando supo de su asesinato, Palacios se fue a una emisora, llamó a Cértegui, y dio la noticia. “(dije) que Bogotá estaba en llamas, que el pueblo se había levantado, que había que tomarse el poder y que había que tener mucho cuidado con los conservadores”, contó. Al siguiente día supo que el libro que acababa de terminar se había quemado en medio del Bogotazo, la revuelta que vivió la capital tras el asesinato de Gaitán. Pero Palacios, impulsado por amigos cercanos, aprovechó los días de toque de queda impartidos en la ciudad para reescribir su libro en dos semanas.

El libro fue publicado en la editorial Iqueima de un editor español que estaba exiliado en Colombia y un fragmento de la obra salió en ‘Sábado’ luego de que Arnoldo Palacios le diera un ejemplar al director del periódico. El joven periodista Gabriel García Márquez lo criticó: “un gastado molinillo de resentimiento racial, la mediocridad técnica y la insignificancia humana de su protagonista”, escribió en ese momento. 

Críticos como Hernando Tellez, el más importante de la época a nivel nacional, resaltaron la importancia de la obra. Así lo recuerda Darío Henao Restrepo, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle y director del doctorado en Estudios  Afrolatinoamericanos: “Cuando aparece la novela, Tellez dice que es la novela más importante que ha hecho Colombia en ese año”. Décadas después, el escritor y crítico literario Óscar Collazos resaltaría de la obra “la tremenda denuncia social que hay detrás de su historia, el descubrimiento de un mundo de miserias inédito en la novela de la época (...)”

Henao, de la Universidad del Valle, explica que Palacios fue pionero en varios aspectos: “Fue la primera voz que construyó una visión dura y profunda sobre el hambre y la miseria desde un ámbito psicológico, desde el sentir afrocolombiano. Fue pionero en incorporar el habla popular de las poblaciones negras en el Chocó y de hacer todo esto desde una obra de ficción”. Pero Palacios no fue un referente sólo a nivel nacional. 

Fermín Mosquera, director de la fundación Arnoldo Palacios cuyo propósito es divulgar la obra del escritor, dice que cuando el libro fue publicado, el referente más cercano era La Vorágine por ser una novela de denuncia social. «En ‘Las estrellas son negras’ también hay una denuncia por el hambre, la miseria, el abandono y la discriminación. Para nosotros también es una reivindicación social, un grito de libertad, un campanazo que dice ‘¿qué le está pasando al Estado con su responsabilidad en estos territorios?’», cuenta Mosquera.

Arnoldo Palacios y la persistencia de su obra

Un año después de publicada ‘Las estrellas son negras’, Palacios se iría del país rumbo a Francia gracias a una beca del gobierno colombiano que se ganó cuando, según él contaba, el congresista Diego Luis Córdoba, metió un mico en una ley para que las becas César Conto cubrieran también el Chocó. Llegó al país europeo en septiembre de 1949 y de ahí en adelante hubo pocos detalles sobre su vida. Aprendió varios idiomas como francés, ruso e italiano, fue traductor, visitó África y se movió por varios países europeos.

Se sabe, de boca del mismo Palacios, que fue invitado al Congreso Internacional de la Paz en Varsovia en 1950 como representante de Colombia y que tras hablar de la violencia bipartidista que vivía el país, el gobierno colombiano le retiró la beca. Palacios también contaba que sus relaciones en Europa siempre fueron de izquierda y se relacionó con grandes intelectuales africanos que lideraron movimientos independentistas y con otros estadounidenses y franceses que luego impulsaron movimientos por los derechos de los pueblos afro y negros. 

Darío Henao, director del doctorado en Estudios Afrolatinoamericanos, cuenta que Palacios fue un puente clave para la escritura afrocolombiana: “Fue él quien generó la relación entre el campo intelectual afrocolombiano con el campo intelectual africano y afroantillano. Por ejemplo, él conoce a Frantz Fanon y a su obra ‘Los condenados de la tierra’, que influenció y fue clave para los movimientos independentistas africanos y por él es que estas obras empiezan a moverse entre intelectuales afrocolombianos con los que él ya se relacionaba en Bogotá”.

Para Palacios, mover la obra de los autores con la única pretensión de darla a conocer, era clave. La práctica no sólo la ejercía, también la promovía. Por ejemplo, a su amigo Hermes Sinisterra le dijo una vez: “Si usted llega a escribir un libro, procure crearle pies a ese libro. ¿Sabe cómo los crea? Cuando no se vende, cuando se regala, cuando va de mano en mano porque no todos tienen la forma de comprar un libro”. Así lo hizo con la literatura colombiana en el extranjero y así lo hizo con su propia obra.

Palacios hizo su vida en Francia junto a Beatrice Palacios, tuvo cuatro hijos y vivió en una casa que le regaló el gobierno Francés y que él escogió: tenía 300 años de antigüedad y techo de paja. Ahí crió a sus hijos como lo hubiera hecho en el Chocó en los años 30 porque ese hilo entre Palacios y su departamento nunca se soltó. La conexión era tan fuerte que él mismo contaba que cuando escribió “La selva y la lluvia” y se dedicó al apartado de Chocó, se ensimismó tanto en su relato que empezó a sudar como lo hacía en la selva de su departamento. La historia podría haber pasado desapercibida si no fuera porque la escritura transcurrió en medio de un fuerte invierno en Budapest, Hungría.

‘La selva y la lluvia’ fue publicado en 1958 por una editorial rusa. En sus páginas contó la violencia bipartidista desde los años 30 hasta el asesinato de Gaitán en 1948 a través de las voces de varios personajes que van desde la selva del Chocó hasta la ciudad de Bogotá. “También (contó) los numerosos obstáculos y violencias que una persona racializada debía enfrentar y vivir durante la crisis social que significó la violencia partidista”, contó Ángel José Batista, en su investigación sobre la obra.

El libro sólo llegó a Colombia unos treinta años después, a mediados de los 80, cuando la Biblioteca Nacional encontró un ejemplar de la obra firmado por Arnoldo en medio de la biblioteca personal que había donado el exministro de Educación, Germán Arciniegas.

Palacios volvió de forma intermitente a Colombia, en especial a Cértegui. Lo visitaba cada 10 o 15 años y cuando llegaba siempre había un sector del municipio que se reunía a esperarlo, lo aplaudía y le hacía una pequeña calle de honor. Fue en uno de sus regresos, a mediados de los años 90, que ‘Las estrellas son negras’ se reeditó y tomó más impulso, en especial en el sector académicos, como las universidades, que empezaron a investigar más sobre su obra y su valor.

Desde Francia también siguió hablando, no sólo del Chocó, sino de su vida en el Chocó. En el 1998 publicó en la revista Magazine un texto titulado ‘la marca del hierro’ en el que, a partir de la cicatriz que tenía su bisabuela al haber sido marcada con hierro como esclava, explorada lo que había representado para ellos la esclavitud.

Decía, por ejemplo, que habían sido despojados de la historia familiar porque ni siquiera tenían un apellido propio. El de su bisabuela venía del apellido del blanco al que ella perteneció. “¿Qué representa, desde nuestros días, la abolición de la esclavitud? Es innegable que nosotros, los otros negros, continuamos viviendo sobre el peso de la esclavitud. Sus efectos están presentes, como lo demuestra mi propia experiencia”, escribió. 

En la primera década de este siglo regresó a Colombia y en 2009 publicó su última obra, una autobiografía que lanzó en el marco de la Feria del Libro de Cali número 15. Se llamó ‘Buscando mi madrededios’, como le dicen los chocoanos a buscar cómo ganarse el pan cada día. Sus últimos días los pasó en Bogotá donde vivía con una de sus sobrinas.

Murió el 12 de noviembre de 2015 después de algunos reconocimientos que le hicieron por su aporte a la literatura colombiana, como el de entregarle la Cruz de Boyacá, que es la máxima distinción que da el gobierno a ciudadanos destacados. Un año después de su muerte, la Fundación Arnoldo Palacios que nació en Francia para impulsar a otros escritores, se convirtió en un espacio para divulgar su obra y se trasladó, primero a Cali y luego a Cértegui. 

“Para nosotros los chocoanos Arnoldo Palacios es una voz autorizada para reivindicar los derechos de nuestro pueblo. Esa fue su gran preocupación porque para la época en que la escribió, el Chocó padecía la ausencia del Estado”, asegura Fermín Mosquera, director de la fundación. Pero también dice que a pesar de que han pasado más de siete décadas, la importancia de su obra también radica en que esas denuncias siguen vigentes.

Mosquera cuenta que aparte de dar conocer la obra del escritor que admiró, también buscan impactar en la vida de los certegueños y lo han hecho por medio de una beca que lleva el nombre del escritor. El monto es de unos mil dólares (unos 4 millones de pesos) a los dos mejores estudiantes del municipio. “Su hijo Pol fue el ideólogo de la beca, consideró que si su papá salió del Chocó con todas las dificultades de la época y los impedimentos físicos que tenía por el polio, y había tenido un impacto nacional, podíamos seguir impulsando a otros jóvenes para que hicieran su camino y pudieran soñar en grande”, dice. 

Daniel Palacios fue uno de ellos. Hace dos años, cuando tenía 17, ganó la beca Arnoldo Palacios por ser el mejor puntaje del Icfes en el municipio. Le dieron 2 millones de pesos que le sirvieron para pagar las cuotas que debía del semestre de ingeniería de sistemas que cursa en línea.  Para él, el aporte que hace la beca, e hizo el escritor del que escuchó hablar en el colegio, es clave para el municipio. “Es muy importante para iniciar porque no todos contamos con los recursos o las oportunidades para dar el primer paso”, afirma. Por ahora le faltan tres semestres para terminar el  pregrado y sigue alternando sus estudios con trabajos ocasionales como el de la construcción, pero dice que sin ese primer empujón económico que le dio la beca, hubiera sido aún más difícil. 

El nombre de Arnoldo Palacios quedó resonando en Chocó, no sólo por la fundación que lleva su nombre y busca abrirles la puerta a otros jóvenes, sino por el aporte de su literatura. En su honor, la biblioteca departamental ubicada en Quibdó lleva su nombre y aún hay docentes que le apuestan por divulgar sus escritos. Yurlis Mosquera, profesora en Tadó nos contó que en las clases de español que dictó hablaba sobre él. “No tuvo que escribir cien obras para ser el escritor más grande del Chocó”, dice el periodista Jorge Salgado. 

Pero Hermes Sinisterra, amigo de Palacios, asegura que en el Chocó aún no se le hace justicia a la importancia de Palacios: “La verdad sea dicha, él muere y no logra un impacto que mueva la esencia certegueña o chocoana. Cuando venía de visita, la gente era más bien indiferente, creo que no dimensionaron su importancia. A pesar de eso es uno de los escritores más conocidos del departamento”.

En su primer intento por llegar a la Alcaldía, Luis Trujillo Osorio fue elegido alcalde de San Vicente del Caguán con 5.827 votos. Hizo campaña junto con otros seis candidatos y le sacó una ventaja de casi 800 votos a Duber Martínez, candidato del partido Alianza Verde y su competidor directo. Su triunfo rompió la tendencia que venía desde 2011 de elegir como alcalde a quienes ya habían aspirado a ese cargo y no a los que lo hacían por primera vez.  Sus propuestas y su plan de gobierno giraron en torno a la transformación social, económica y ambiental del municipio.

Trujillo es un abogado de la Universidad Libre de Bogotá especializado en Derecho Penal y Criminología y en Derecho Administrativo. Su vida laboral se ha concentrado en Caquetá: fue inspector urbano de Policía, inspector de tránsito, juez promiscuo municipal y juez primero municipal. También fue personero en Paujil y San Vicente y fiscal delegado en seis municipios del departamento. En 2019 se lanzó a la Asamblea departamental con el aval de Cambio Radical, fue el tercero más votado de la lista con 2.374 votos, pero no alcanzó curul. 

En 2023 aspiró a la Alcaldía con el aval del partido Alianza Social Independiente (ASI). Aunque en total hubo siete candidatos, una cifra que no se presentaba desde 2011, los favoritos eran Trujillo y Martínez. Esto llevó a que los ataques se concentraran en ambas campañas. Por ejemplo, a Martínez le dañaron una valla publicitaria y días antes de las elecciones empezó a correr el rumor de que estaba inhabilitado. A Trujillo intentaron tumbarlo como candidato al solicitar su revocatoria por una posible doble militancia. Los ataques escalaron cuando se publicó en redes sociales un supuesto video íntimo de Trujillo, la respuesta de la campaña fue que se trató de un montaje.

Al final, a pocos días de la elección, Martínez recibió la adhesión del candidato Farid Quintero, del partido Fuerza de la Paz, pero el triunfo fue para Trujillo. El alcalde concentró su campaña en la zona rural que tiene el 33 por ciento del censo electoral de San Vicente, pero más de la mitad de su votación vino del casco urbano.

Por el lado del orden público, las elecciones transcurrieron con normalidad. Según el concejal liberal Eduardo Cedeño, los grupos armados ilegales dieron las garantías para votar con tranquilidad: “Lo más importante es que las disidencias (de las Farc) no presionaron a favor ni en contra de un candidato y pidieron ejercer el voto a conciencia”. Para Cedeño eso generó confianza entre los votantes y considera que fue la razón por la cual en el municipio pasaron de votar para la Alcaldía unas 17 mil personas, hace cuatro años, a unas 22 mil en octubre.

"Las disidencias (de las Farc) no presionaron a favor ni en contra de un candidato"

Eduardo Cedeño, concejal liberal

En sus redes sociales, Trujillo no hizo ningún apoyo público a candidatos al Concejo o a la Gobernación, pero por ahora no cuenta con una oposición fuerte en ninguno de los dos. El Concejo está dividido entre una mayoría independiente y el resto de Gobierno, y por el lado del gobernador, el mandatario ha llegado con aires conciliadores con los alcaldes.

Un concejo independiente y sin oposición

Aunque la elección de los concejales no suele ser tan mediática como la de la Alcaldía, también es clave. El Concejo es el que debate las propuestas del alcalde, le hace control político y aprueba o no el Plan de Desarrollo y el presupuesto municipal —que el año pasado fue de 72.500 millones de pesos —, que son las cartas de navegación de la administración en obras planes y programas y en cómo se invierten los recursos públicos.

En el caso de San Vicente, el Concejo quedó conformado por cuatro liberales, tres del Polo Democrático, tres de Alianza Social Independiente (ASI) y cinco de Alianza Verde contando con la curul de la oposición que aceptó Duber Martínez por ser el segundo más votado a la Alcaldía. Aunque La U y el Movimiento Salvación Nacional pasaron el umbral (el mínimo de votos que necesita un partido para tener la posibilidad de elegir un concejal), no logró una curul.

Los resultados dejan tres conclusiones claves. La primera es que el Concejo se renovó porque de los 15 concejales que fueron elegidos en 2019, ocho intentaron reelegirse, pero sólo cuatro lo lograron. Entre ellos está Eduardo Cedeño, el concejal liberal que completa más de 20 años seguidos con la curul. 

La renovación del Concejo vino de la mano con el aumento de la representación de las mujeres que pasaron de tener dos curules hace cuatro años, a cinco. Entre ellas está la más votada de toda la corporación: la cabildante del partido Verde, Nini Johana Collazos que obtuvo 570 votos. 

La llegada de estas mujeres puede lograr que se conforme una bancada interesada en impulsar temas de género, como lo plantea la concejala Astrid Amezquita, del partido Polo Democrático: “Creo que estamos haciendo un excelente equipo, tenemos claro que para sacar adelante los temas de mujer y género en el municipio tenemos que estar unidas las cinco”. Amezquita también dijo que, por su parte, impulsará un proyecto para apoyar a las mujeres emprendedoras del municipio con implementos o herramientas que necesiten en sus negocios.

La segunda conclusión es que el partido Liberal sigue estando entre los más votados de San Vicente. Hace cuatro años obtuvo 3.612 votos y cinco curules y en este logró 3.575 votos y cuatro curules. Por su parte, el partido Alianza Verde sigue aumentando su votación. Aunque en las últimas dos elecciones ha tenido candidato propio a la Alcaldía que normalmente jalona la votación al Concejo, este año los votos se duplicaron en ambas y lo posicionaron como el más votado en el Concejo. Lo contrario le sucedió al partido de La U que pasó de ser el segundo con más votos en 2019 con 2.046 votos a ser el quinto y no alcanzar ni los mil votos.

La tercera conclusión es que Trujillo tendrá un Concejo independiente. Los concejales deben definir la posición que tendrán frente a la Alcaldía (si serán de oposición, de gobierno o estarán en independencia) y, de entrada, todo apunta a que no habrá una oposición fuerte. Por ahora, ocho concejales se declararán en independencia (los cinco de Alianza Verde y los tres del Polo) y los otros siete de Gobierno (los cuatro liberales y los tres de ASI). 

Cedeño, quien lleva seis periodos siendo concejal Liberal explica que la decisión que tomaron es por una razón práctica: “No tiene sentido pelear con el gobierno municipal. Además, aquí la oposición no funciona, ¿qué le voy a pelear a un gobierno cuando sé que todo se soluciona con plata? Muy difícil pelear por pelear”. También asegura que, históricamente, los alcaldes han tenido el Concejo de su lado. “Ningún alcalde puede decir que no ha hecho por culpa del Concejo, si quieren ir a la luna, el Concejo se los autoriza”.

"Ningún alcalde puede decir que no ha hecho por culpa del Concejo"

Eduardo Cedeño, concejal liberal

Por su parte, la concejala Amezquita del Polo, dice que se declararon en independencia porque le da más margen de maniobra al tomar decisiones. “Creo que si nos declaramos independientes vamos a tener la posibilidad de apoyar cuando los proyectos sean realmente favorables. De lo contrario, podemos votar negativo”, afirma. 

Pero en la bancada de independientes también hay matices. Por ejemplo, el concejal Sergio Bautista del partido Verde contó que ve un alcalde que está tratando de hacer cambios importantes como el fortalecimiento de las empresas de servicios públicos del municipio. Aseguró que apoyará “todas las iniciativas de progreso” y dijo que, aunque los cinco concejales se declararán en independencia, “hay tres que son más afines al gobierno y dos que pretenden hacer más oposición”.

Entre esa oposición, según Bautista, está el concejal Martínez que fue la competencia de Trujillo en la campaña. Martínez le dijo a Consonante que será independiente y que quiere trabajar a favor de las comunidades. Pero en el Concejo sienten tensión por la relación entre Martínez, quien fue elegido como presidente de la corporación, y el alcalde. Incluso se ha hablado públicamente de esto: en su Facebook, el concejal dijo que el alcalde lo había atacado en una reunión con el ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y le hizo un llamado para invitarlo a trabajar por el municipio. 

“Para nadie es un secreto que hay dificultades entre el alcalde y el concejal Martínez porque en campaña se afectó la relación y hoy no se dan ni el saludo –– dice la concejala Amezquita—. Está bien que haya un equilibrio en el Concejo (concejales independientes y de gobierno) para que no se le apruebe al alcalde cosas que no favorecen a la comunidad, pero esta rivalidad hace que haya divisiones, que cada parte hale para un lado y que los únicos afectados sean los ciudadanos”.

"Para nadie es un secreto que hay dificultades entre el alcalde y el concejal Martínez porque en campaña se afectó la relación y hoy no se dan ni el saludo"

Astrid Amezquita, concejala del Polo

Si las votaciones en el Concejo trascienden las posiciones ideológicas de los concejales y empiezan como lo plantea Bautista, el alcalde Trujillo podría tener mayorías a su favor con 10 concejales de gobierno, tres independientes y dos con una tendencia a la oposición. Eso podría facilitar los proyectos de la Alcaldía. “Con un Concejo a favor del alcalde lo que uno esperaría es que se aceleren los procesos, que no haya trabas y que las propuestas sean tramitadas con facilidad y con eficiencia”, dice Ricardo Zuluaga, experto en división Político-Administrativa de Colombia.

Pero esa buena relación tiene dos implicaciones: la primera, es que el control político puede debilitarse porque será una minoría la que esté más dispuesta a encontrarle ‘peros’ a las propuestas y a cuestionar las medidas del alcalde; la segunda, es que a esa minoría le corresponderá hacer un trabajo mucho más juicioso y exigente para ser escuchados. 

Un gobernador conciliador

La campaña de Trujillo giró en torno a él y, al menos en sus redes sociales, no apoyó ni publicitó a algún candidato a la gobernación con el que hiciera fórmula. Sin embargo, su partido avaló a James Edison Urrego a la gobernación del Caquetá y en su cierre de campaña en San Vicente del Caguán, Trujillo habló en tarima diciendo “caqueteño vota caqueteño” como una invitación a votar por el candidato. 

Urrego sacó 6.400 votos en San Vicente, fue el segundo más votado por debajo de Luis Francisco Ruiz que obtuvo 8.808 en el municipio y ganó la gobernación con un total de 72.489 votos. Ruiz es médico, exalcalde de Cartagena del Chairá, exgerente de la ESE Hospital Comunal Malvinas de Florencia y de la ESE Hospital Departamental María Inmaculada. Fue avalado por (firmas) y por el partido Cambio Radical.

Aunque Trujillo no hizo fórmula con Ruiz, desde el municipio auguran una buena relación. Una muestra de esto es que el día de la posesión, y en redes sociales, el gobernador felicitó a Trujillo y a otros alcaldes por su elección. Lo que muestra que llega con un talante conciliador. También aplauden que esta semana Ruiz estuvo en el municipio en los llamados ‘Diálogos para la Convergencia Regional’ que tienen como fin escuchar a la comunidad para construir el Plan de Desarrollo Departamental.

Para el concejal Bautista esa buena relación entre alcaldía y Gobernación, no sólo es una buena señal, también es una deuda del departamento: “Acá siempre se concentran en la parte sur del Caquetá y en Florencia cuando San Vicente es el segundo municipio más poblado”. Asegura que es clave la inversión en carreteras rurales y que sean las Juntas de Acción Comunal las que ejecuten contratos de infraestructura para que haya desarrollo en el departamento.

"Acá siempre se concentran en la parte sur del Caquetá y en Florencia cuando San Vicente es el segundo municipio más poblado"

Sergio Bautista, concejal de Alianza Verde

En municipios como San Vicente, de sexta categoría y que tiene un presupuesto reducido, la relación con la Gobernación es clave porque es la que gira recursos de salud y educación, como los del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Si la relación es buena, el alcalde puede pedir que se priorice el giro de esos recursos o con el apoyo del gobierno departamental puede cofinanciar proyectos como los de infraestructura educativa o pavimentación de calles que puede reducir los costos y la inversión del municipio. 

El concejal Ruben Darío Lizcano, de ASI, comentó que el alcalde ya le ha planteado al gobernador el tema de los subsidios de vivienda y el de la terminal de San Vicente: “Creo que se van a concentrar en el tema del terminal para que este quede a las afueras del municipio y así descongestionar las vías”. 

Los demás concejales consultados, tanto de gobierno como independientes, consideran que entre los temas claves para el municipio está la legalización de barrios, atacar el déficit de vivienda que hay y los incumplimiento en la construcción de las mismas que están generando asentamientos irregulares de cientos de familias. Esa también es una prioridad para los votantes de Trujillo, así lo dijo Yamit Quiacha de 55 años que apoyó al actual alcalde: “la problemática de vivienda de interés social es importantísimo, necesitamos que el alcalde se enlace con el ministerio de Vivienda para buscar una solución”.

"Necesitamos que el alcalde se enlace con el ministerio de Vivienda para buscar una solución a la problemática de las viviendas de interés social"

Yamit Quiacha, votante de Luis Trujillo

La Gobernación también es clave porque funciona como interlocutora con el Gobierno Nacional y puede ayudar o no a que bajen recursos o proyectos al municipio, o que las necesidades del mismo estén en la agenda nacional de la mano de congresistas, ministros y otros. “Al alcalde le toca tener un buen equipo estructurador de proyectos, pegarse de senadores y representantes y empezar a hacer proyectos, presentarlos y codearse con Bogotá para que lo apoyen”, dice el concejal Cedeño. 

Por ahora, Trujillo empieza sin aliados a nivel municipal y departamental, pero esas relaciones se irán aclarando a medida que avance su gestión. Por el lado de la gobernación se notará en los recursos y obras que lleguen al municipio y que pueden beneficiar al gobernador Ruiz en popularidad o en unas próximas elecciones cuando quiera poner un candidato cercano o de su cuerda. “Esa es una dinámica propia del debate electoral: dar buenos resultados buscando la continuidad en el poder”, dice Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia.

Por el lado del Concejo la relación con la Alcaldía tendrá su primera prueba en la discusión y aprobación del Plan de Desarrollo, es ahí donde los concejales darán luces sobre sus posiciones.

*Consonante intentó comunicarse con el alcalde Trujillo, pero hasta el momento de publicar esta historia no había respondido las preguntas.

El paro de los trabajadores del Hospital San Agustín de Fonseca y la no prestación de servicios de salud, en la única entidad del municipio que los ofrece, es el impacto más reciente y directo para los ciudadanos por la pelea administrativa que se libra en la entidad. 

También es la primera gran crisis que tendrá que capotear el alcalde Micher Pérez y en la que se juega, al menos, tres aspectos claves de su gobierno: su autoridad dentro del hospital; su talante para conciliar con los trabajadores que reclaman el pago y su capacidad para evitar que los efectos del paro minen su gobernabilidad con menos de un mes en el cargo. Todas son importantes para un alcalde que fue elegido con una diferencia de menos de 700 votos frente a su único contrincante y que llega a gobernar un municipio polarizado. 

La situación actual también pone sobre la mesa la resistencia que hay al gobierno y la gestión de Pérez. Más en el Hospital San Agustín, una entidad que, además de atender a los más de 40 mil habitantes del municipio, es clave para los políticos y para cualquier alcaldía. “La salud en La Guajira es casi una alcaldía paralela por el dinero que se mueve y la capacidad de conseguir votos en época electoral”, dice una fuente que conoce el sector en el departamento y el municipio y pidió no ser citada.

Sólo en 2021, según información publicada en la página web, el hospital tuvo un presupuesto de ingresos de 11.435 millones de pesos. Casi un tercio del presupuesto total de la Alcaldía para ese momento. Ese mismo año, según la rendición de cuentas del hospital, hubo 159 contratistas y 22 trabajadores entre los de carrera administrativa, provisionales y otros. Con casi 200 trabajadores, la entidad puede convertirse en un fortín político para quien presione por votos o apoyos a favor de un candidato, como ha pasado en San Juan del Cesar. 

La pelea por el hospital ya casi completa un mes y es un pulso político entre funcionarios de la administración pasada y el alcalde actual.

La disputa por la gerencia del hospital

En 2020 el entonces alcalde Hamilton García nombró como gerente de la E.S.E. Hospital San Agustín a Yelitza del Carmen Ayala, bacterióloga que llevaba varios años trabajando en la entidad y que estuvo como gerente encargada en los primeros meses de la pandemia. Su nombramiento, por ley, va hasta el 31 de marzo de este año.

El 21 de diciembre de 2023 Ayala firmó una resolución en la que se autorizó a sí misma un permiso de tres días hábiles debido a su embarazo de alto riesgo y a la posibilidad de que se adelantara la fecha de parto. En el documento, ella nombró a Kaira Rosa Amaya como gerente encargada durante los días que se iba a ausentar y aclaró que, en caso de que ella entrara en licencia de maternidad, el encargo de Amaya cambiaría y se extendería hasta que terminara su licencia o el periodo que le corresponde. 

En la resolución, Ayala dice que es de público conocimiento que la gerente encargada también está embarazada y que se le debe respetar su derecho a la estabilidad laboral reforzada por ley. Es decir, que no puede ser despedida. Para ese momento, el alcalde era Hamilton García y recién había sido elegido Micher Pérez. 

En su primera semana como alcalde, Pérez expidió un decreto en el que dejaba sin efectos el encargo que había hecho Ayala y aseguraba que el alcalde es el único que tiene capacidad de nombrar y encargar gerentes en el hospital. En el documento el alcalde nombró como gerente encargado a Nayid Cuesta, un enfermero del hospital que ha ocupado ese cargo en varias ocasiones. Pero el encargo no se concretó. 

“El alcalde Micher Pérez me hizo el encargo, pero en ningún momento se me entregó el cargo. Sigo trabajando en mi puesto de costumbre colaborando en todo lo que se pueda y esperando que se resuelvan los inconvenientes", le dijo Cuesta a Consonante y no quiso pronunciarse más sobre el caso.

El 10 de enero el periodista Jorge Gómez de Utay Stereo publicó en su Facebook un video en el que el alcalde Pérez, junto con dos policías, le insisten a Amaya que facilite el documento que la certifica como gerente. La respuesta de ella es que lo entregará a través de la junta directiva y cuando el alcalde lo solicite por escrito. En el video Pérez insiste en que el documento debe ser público y que él es el jefe de ella porque es quien preside la junta directiva.

Un día después de publicado el video, dos de los cinco integrantes de la junta directiva del hospital firmaron el denominado “Acuerdo 01” en el que dicen que, “por mayoría de miembros con voto”, decidieron “convalidar, aclarar y/o reiterar a Kaira Rosa Amaya” como gerente. En el acuerdo también dicen que, según el tesorero del hospital, las cuentas están bloqueadas porque el alcalde envió un oficio a los bancos diciendo que el gerente encargado sería Cuesta, quien autoriza o no los movimientos económicos.  

“Es de gran preocupación que hoy la entidad tenga las cuentas bloqueadas porque no se puede hacer pagos de nómina, ni pagos de proveedores y tampoco se puede recibir dinero por parte del Estado", cuenta Darwin Brito, exgerente del hospital y agrega que es “una situación bastante delicada en la parte financiera porque el gerente de turno estará atado de manos para poder hacer cualquier gestión inherente a su cargo”.

Pérez insiste como alcalde que es él quien nombra la gerencia y los encargos en el Hospital San Agustín y quien preside la junta directiva. Mientras que el comunicado de la junta directiva se basa en afirmar que ellos son los superiores jerárquicos de la gerencia. Consonante habló con Mónica Andrea Ulloa, abogada experta en derecho administrativo en salud, para entender quién tiene la razón en estos casos. 

Según Ulloa: “El funcionario competente para ejercer la facultad nominadora y por ende un encargo es el jefe de la entidad territorial que, en el caso del hospital, es el alcalde”. Frente a las declaraciones de la junta directiva, explicó que la labor de ese órgano es aprobar el plan de gestión y evaluarlo, más no ratificar nombramientos: “la junta directiva no tiene esa facultad”, dijo. 

“El funcionario competente para ejercer la facultad nominadora y por ende un encargo, en el caso del hospital, es el alcalde"

Mónica Andrea Ulloa, abogada experta en derecho administrativo en salud

Sin embargo, Ulloa también dijo que bajo su conocimiento, el embarazo de la gerente Kaira Amaya le otorga un fuero de maternidad que la ampara. “Este le da una estabilidad reforzada y es muy probable que un juez de tutela haga valer ese derecho aún cuando la funcionaria haya terminado su periodo. Esto hace que la administración municipal deba revisar jurídicamente la alta probabilidad de un fallo que ampare a la funcionaria”, concluyó.

Un abogado que está apoyando a la alcaldía en el proceso y que habló con Consonante a condición de no ser citado, aseguró que ya pusieron denuncia en contra de ambas gerentes y tres miembros de la junta ante la Fiscalía. Dijo que lo hicieron porque la resolución firmada por Yelitza Ayala va en contra de la ley (prevaricato) por no estar facultada para designar gerente encargada.

Más denuncias de irregularidades

El abogado también contó que puso denuncias en la Contraloría por los posibles hallazgos fiscales que encuentren y en la Procuraduría por presuntas irregularidades en contratación y porque, asegura, la junta directiva ha ocultado documentación. Eso es algo que el alcalde Pérez ha dicho públicamente. 

Por ejemplo, ante el medio Semanario Guajiro, Pérez aseguró: “Creen que el hospital es privado, es de familia y ni documentos hay. No se encuentran los estatutos del hospital ni cómo nombran a la gente. Los documentos se los llevan a su casa. No tenemos nada, no tenemos ni las últimas actas que hizo la junta directiva en el hospital”. Contó que ni le quisieron abrir la sala de juntas del hospital. 

Consonante intentó comunicarse con la junta directiva del hospital, pero su presidente, Karel Quintero, junto con el abogado que está al frente del caso, dijeron que no se pronunciarán sobre este tema y que esperarán una respuesta del proceso que llevan.

Consonante intentó comunicarse con la junta directiva del hospital, pero su presidente, Karel Quintero, junto con el abogado que está al frente del caso, dijeron que no se pronunciarán sobre este tema.

Luis Carlos Toro, médico y miembro del empalme de la alcaldía de Pérez le dijo a Consonante que el gobierno anterior no entregó soportes de la gestión que hizo en los últimos años: “La alcaldía anterior dice que hizo tal programa, que entregaron y gastaron un dinero, pero no hay soportes de nada. No conocemos ni la nómina del hospital, sólo lo que vemos”. Toro afirmó también que del 27 de diciembre al 2 de enero se celebraron 187 contratos que, por ahora, y según el abogado que apoya el proceso del lado de la Alcaldía, son vistos con sospecha porque puede que se hayan firmado sin el cumplimiento de requisitos legales. 

A eso se suma la denuncia de algunos trabajadores del hospital que aseguran que no los dejaron leer el contrato que firmaron para continuar con sus labores. “Nos entregaron los contratos para firmarlos por un año y no nos permitieron leer el contenido, pretendían que firmáramos sin saber cuáles eran las condiciones. Al final accedimos como un gesto de colaboración y solidaridad con la jefe”, dijo un médico que pidió la reserva de su nombre para no poner en riesgo su puesto. 

Los usuarios y trabajadores quedan en medio de la pelea

“Estamos supremamente preocupados, hay mucha incertidumbre, queremos la presencia del alcalde para saber qué está pasando”, dice Arlettis Gómez, coordinadora del servicio de urgencias del Hospital San Agustín, en este video de Facebook. 

Según cuenta Gómez, con el bloqueo de las cuentas del hospital no sólo se ha detenido el pago a los trabajadores sino que corre el riesgo de que no haya dinero para tanquear las ambulancias, comprar oxígeno y pagar a proveedores. “No vamos a tener cómo responderle a los usuarios”, dice que teme volver a la época en la que tardaban hasta cinco meses para recibir un pago. 

Por esa razón ella entró a paro junto con los demás trabajadores asistenciales del hospital. Servicios como los de consulta externa, urgencias y laboratorios están paralizados en un hospital que cuenta con cinco puestos de salud y ha sido criticado por tener un funcionamiento deficiente. 

Toro, médico que estuvo en el empalme de la alcaldía, cuenta algunas de las falencias del hospital: “No tiene espacios adecuados de atención primaria en salud ni consulta especializada, no hay cómo hacer estudios de urgencias ni rayos X. Tampoco hay para hacer una ecografía, los pacientes que van con urgencia vital son referidos a San Juan del César”. 

Incluso las mujeres evitan parir en el hospital y prefieren o suelen ser remitidas al hospital del municipio vecino. “Todos nuestros hijos son Sanjuaneros porque no nos atrevemos a dar a luz en este hospital porque aquí no hay nada, aquí nunca hay una cita odontológica, la cita la dan de año en año y eso no es justo”, dice Madeleine Jaraba, usuaria del hospital y líder de Fonseca.

Los usuarios son conscientes del efecto que puede tener este paro. Yonelis Cujia, quien ha usado el servicio, dice estar preocupada por la situación: “Nosotros somos los perjudicados. Además de las filas inmensas que hay que hacer desde las tres de la mañana para que nos ofrezcan un servicio regular, ahora ni eso vamos a tener. Ni urgencias tendremos en este pueblo que hay tantos accidentes”. 

"Además de las filas inmensas que hay que hacer desde las tres de la mañana para que nos ofrezcan un servicio regular, ahora ni eso vamos a tener"

Yonelis Cujia, usuaria del hospital

Esa afectación, que por ahora es temprana, le puede pasar factura al alcalde Pérez si la situación toma ventaja. Mientras tanto, en Fonseca se respira incertidumbre y una puja entre la administración pasada y la actual. 

Las tres usuarias del hospital entrevistadas por Consonante aseguran que esto es una rencilla que quedó tras los resultados electorales de diciembre. Para Madeleine Jaraba, “están tratando de tirarle el agua sucia a la administración actual, cuando el problema viene desde diciembre”, el último mes en el que estuvo la alcaldía de Hamilton García. “Estos roces hay que acabarlos. Ya no estamos en época electoral”, dice Yonelis Cujia, otra de las usuarias del hospital. 

Hasta el momento, el mismo alcalde Pérez ha hecho el llamado para dejar atrás una pelea que,según ha dicho, debió terminar en las urnas. 

Tras unas elecciones tensas y polarizadas, Cubita Enrique Camilo Urbina fue elegido alcalde de San Juan del Cesar con 14.225 votos. Su votación fue histórica porque es la primera vez en este siglo que un mandatario del municipio es elegido por más de 9 mil votos y le saca una diferencia de más de 3 mil al segundo más votado. Sus prioridades, según su programa de gobierno, son transformar el campo, ordenar el municipio en temas de movilidad y uso del espacio público y construir el acueducto para garantizar a los sanjuaneros el acceso al agua

Es conocido como ‘Cubita’, un apodo que se convirtió en su nombre de pila para que fuera más fácil identificarlo en el tarjetón. En estas elecciones tuvo el aval del partido de La U y de Cambio Radical, hizo fórmula con el candidato a la Gobernación Jairo Aguilar Deluque, primo del senador Alfredo Deluque (partido de La U) que también lo apoyó. También fue visto como la continuación y el candidato del entonces alcalde Álvaro Díaz porque públicamente aplaudió su gestión, lo que fue visto como un guiño a ese grupo político, y porque su contrincante en campaña era Moíses Daza, exaliado de Díaz. Cubita le dijo a Consonante que, aunque era cercano a Díaz, nunca recibió el apoyo del alcalde.

Con sólo dos candidatos a la Alcaldía, la campaña estuvo marcada por ataques en redes sociales, desinformación, daño de la publicidad de ambos candidatos y los señalamientos mutuos de estar presionando a contratistas y funcionarios públicos por votos. Una campaña agresiva que el mismo alcalde Cubita reconoció y que llevó a que las elecciones estuvieran marcadas por las emociones y la indignación, y no por las propuestas. 

Los resultados electorales del 29 de octubre le dieron un triunfo redondo a Urbina: le sacó 3.226 votos de ventaja a Daza, quedó con gobernador amigo, los dos partidos que lo avalaron fueron los más votados en el Concejo y, de los 13 concejales elegidos, 8 lo apoyaron en campaña y sólo uno se ha declarado en oposición.

Urbina es abogado especialista en derecho administrativo y fue concejal de San Juan de 2012 a 2014. Aspiró sin éxito en las elecciones de 2015 con el aval del Centro Democrático y el Partido Liberal, y en 2019 con el de Colombia Justa Libres. Esa vez quedó como el segundo más votado y tuvo derecho a una curul en el Concejo que no aceptó porque, según él, si lo hacía le quitaba la representación al candidato que llevaba las banderas de las personas en condición de discapacidad. En 2020 fue director de Participación Ciudadana de La Guajira y asesor de la Federación Nacional de Departamentos.

Un Concejo renovado y cercano al Alcalde

Aunque la elección de los concejales no suele ser tan mediática como la de la Alcaldía, también es clave. El Concejo es el que debate las propuestas del alcalde, le hace control político y aprueba o no el Plan de Desarrollo y el presupuesto municipal —que este año es de poco más de 49 mil millones de pesos—, que son las cartas de navegación de la administración en obras planes y programas y en cómo se invierten los recursos públicos. 

En el caso de San Juan, el Concejo estará conformado por dos conservadores, dos de Cambio Radical, dos de La U, dos de Mais, dos de Dignidad y Compromiso, uno de Centro Democrático, uno de Alianza Democrática Amplia (ADA) y uno de Alianza Verde. Este último quedó en firme luego de que Moíses Daza, el segundo más votado a la Alcaldía, decidiera no aceptar la curul de la oposición a la que tenía derecho.

Estos resultados dejan tres conclusiones claves. La primera, es que el Concejo se renovó porque de los 13 concejales que hubo en 2019, ocho le apostaron a reelegirse, sólo dos lo lograron y uno más, William José Acosta del partido Mais, ya había sido concejal en 2015. De resto, la mayoría de los elegidos se caracterizan por ser jóvenes y primerizos en el Concejo. Otro punto clave, es que esta es la segunda elección consecutiva en la que no hay representación de mujeres en el Concejo, esto a pesar de que los partidos y movimientos políticos tenían la obligación de inscribir listas de candidatos en las que las mujeres participaran en un 30 por ciento.

La segunda es que los resultados también muestran el poder que ganan y pierden algunos partidos en el municipio. Por ejemplo, comparado con 2019, el partido Alianza Verde pasó de tener 2220 votos a 1558. Por su parte, el partido Liberal pasó de tener dos concejales y ser el tercero más votado a no alcanzar los mil votos ni pasar el umbral (el mínimo de votos que necesita un partido para que alguno de sus candidatos pueda tener una curul).

El partido Conservador casi mantiene su votación de hace cuatro años a pesar de que en ese momento tenía candidato propio, que ganó, y en estas elecciones no lo tuvo. Cambio Radical es el más votado con 4.178 votos (1.153 más que en 2019) y La U se consolida como el más fuerte, ya que en las últimas tres elecciones su votación sólo ha aumentado: pasó de 2.586 votos hace ocho años a 3.852. Esta vez, ambas colectividades se unieron y avalaron candidatos a Alcaldía y Gobernación que, además de ganar, impulsaron los votos hacia las listas a Concejo y Asamblea. 

La tercera conclusión es que Urbina tendrá un Concejo con mayorías a su favor. Aunque los concejales tienen hasta el 1 de febrero para definir la posición que tendrán frente a la Alcaldía (si serán de oposición, de gobierno o estarán en independencia), todo apunta a que habrá una coalición de gobierno fuerte y que, incluso los que estén por fuera de esta, no le harán una oposición dura. Eso es algo que se sabe desde campaña: de los trece concejales elegidos, ocho apoyaron a Urbina. Incluso los que no estuvieron con él ven con buenos ojos su administración y la mayoría no piensa oponerse a esta. 

Es el caso de Kleivin Castro, concejal de Dignidad y Compromiso, que le hizo campaña a Moíses Daza. “No me interesa hacer oposición porque veo que las intenciones del alcalde son positivas. Por ahora estamos fuera de la coalición porque igual no nos necesitan. En este momento estamos revisando los estatutos del partido para determinar cómo nos declaramos. Por mi parte sería de gobierno, pero mi compañero quiere la independencia”, cuenta. 

“No me interesa hacer oposición porque veo que las intenciones del alcalde son positivas"

Kleivin Castro, concejal de Dignidad y Compromiso

Otras colectividades como el partido Conservador ya definieron su posición. Según el concejal Jaime Sierra, se declararon en independencia, están “con las manos extendidas a ver qué propone” el alcalde y lo ven con una buena actitud hacia el Concejo. “El alcalde es joven, tiene mucha empatía y ha escuchado de forma atenta lo que tenemos por decir. Hasta ahora siento una buena disposición y un apoyo de su parte”, comenta Sierra.

Al menos desde el Concejo está la idea de que el alcalde es una persona conciliadora y abierta con su gestión. Así lo dice Iván Argote de Cambio Radical: “Se ha reunido con nosotros para comenzar a trabajar, hemos conversado sobre proyectos claves en el municipio y también nos ha socializado iniciativas claves como la del acueducto en San Juan”.

A Urbina le juega a favor que hace 12 años estuvo en esa corporación, sabe cómo funciona y se le puede facilitar más la relación con los concejales. El mismo alcalde lo reconoció en entrevista con Consonante: “Yo fui concejal, sé cómo debe llevarse una relación alcalde- concejales. Estamos a disposición de ellos para trabajar de la mano y ellos están dispuestos a trabajar por nuestro municipio”.

Esa buena relación y las mayorías en el Concejo le da un aire a la administración porque tiene más posibilidades de que sus proyectos pasen rápido. “Con un Concejo a favor del alcalde lo que uno esperaría es que se aceleren los procesos, que no haya trabas y que las propuestas sean tramitadas con facilidad y con eficiencia”, dice Ricardo Zuluaga, experto en división Político-Administrativa de Colombia. 

Pero esa buena relación tiene dos implicaciones: la primera, es que el control político puede debilitarse porque será una minoría la que esté más dispuesta a encontrarle ‘peros’ a las propuestas y a cuestionar las medidas del alcalde; la segunda, es que a esa minoría le corresponderá hacer un trabajo mucho más juicioso y exigente para ser escuchados. Por ahora esa oposición está en cabeza de José López Cuello del Centro Democrático, el único que hasta el momento se ha declarado en oposición. 

Sin embargo, hay concejales que dicen estar dispuestos a ser críticos de la administración: “Soy partido de gobierno, pero por eso, y porque haya apoyado al gobierno, no significa que no vaya a hacer un control político. Lo que esté bien lo aplaudiré y lo que esté mal lo criticaré”, dice Edgardo Cuello de Cambio Radical. Urbina asegura que su interés es que haya una oposición constructiva a la que está dispuesto a escuchar.

"Soy partido de gobierno, pero por eso, y porque haya apoyado al gobierno, no significa que no vaya a hacer un control político"

Edgardo Cuello, concejal de Cambio Radical

Un gobernador amigo

Enrique Camilo Urbina, alcalde de San Juan, y Jairo Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira. Foto. Instagram de Cubita Urbina.

Urbina hizo campaña con Jairo Aguilar Deluque, el gobernador de La Guajira que fue el candidato más votado en San Juan del Cesar con 16.050 votos y que le sacó casi el triple de la votación  en el municipio al candidato que le siguió. El apoyo electoral masivo es visto por concejales críticos y de gobierno como una oportunidad para que el municipio pueda ser priorizado en recursos y gestión por el mandatario.“Confío en que el Gobernador va a traer obras porque aquí le fue muy bien, aquí ni tuvo que trabajar por los votos”, dice Argote, de Cambio Radical. 

La buena relación del gobernador con el municipio se anticipa porque San Juan fue uno de los territorios que recorrió en una caravana de agradecimiento por su apoyo tras su triunfo. Para Kleivin Castro de Dignidad y Compromiso, también puede pesar que el gobernador esté casado con Sara Rosa Daza, una sanjuanera que se desempeñará como gestora social departamental y que puede impulsar más recursos y temas claves para el municipio. 

En municipios como San Juan del Cesar, que es de sexta categoría y tiene un presupuesto reducido, la relación con la Gobernación es clave porque es la que gira recursos de salud y educación, como los del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Si la relación es buena, el alcalde puede pedir que se priorice el giro de esos recursos o con el apoyo del gobierno departamental puede cofinanciar proyectos como los de infraestructura educativa o pavimentación de calles que puede reducir los costos y la inversión del municipio. 

Eso es algo que busca hacer el alcalde Urbina con apoyo de la Gobernación: “Necesitamos del gobernador para que nos ayude a financiar proyectos, a hacer convenios. El presupuesto de San Juan no alcanza para mucho, por eso es importante que lo articulemos y que rinda con la gestión que hagamos ante el gobierno departamental”. Aunque no dio ejemplos concretos, por ahora una de las prioridades del alcalde, del Concejo y del departamento es apostarle a la construcción de acueductos y a garantizar el servicio del agua.

“Necesitamos del gobernador para que nos ayude a financiar proyectos, a hacer convenios"

Cubita Enrique Camilo Urbina, alcalde

La Gobernación también es clave porque funciona como interlocutora con el Gobierno Nacional y puede ayudar o no a que bajen recursos o proyectos al municipio, o que las necesidades del mismo estén en la agenda nacional. Eso es algo que Castro ve con buenos ojos en este momento: “El gobierno nacional tiene muy buenas intenciones con La Guajira, hay que aprovechar ese interés y esos lazos para proyectarnos como departamento y fortalecer procesos claves como el de la represa del río Ranchería”.

Para eso es clave que el presidente Gustavo Petro señaló a Aguilar como uno de los gobernadores “cercanos al gobierno”. También que el nuevo mandatario tiene relaciones estrechas en el Congreso vía su primo, Alfredo Deluque, también del partido de La U que es el senador más votado de San Juan (con 4.099 votos) y que le pueden ayudar a impulsar proyectos, discusiones, recursos o reuniones a nivel nacional.

Esa estructura política, con aliados en Concejo, Gobernación y Congreso le dan a Urbina la posibilidad de empezar su alcaldía con una amplia gobernabilidad que se pondrá a prueba con la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal.

Las únicas dos plazas que tiene San Juan del Cesar en la zona urbana y que eran el punto de encuentro para los habitantes, llevan un año cerradas por el proyecto de construcción y mejoramiento que la Alcaldía contrató y que incluye un parque en la periferia del municipio. Las obras que debían entregarse este mes fueron pensadas por la administración para mejorar el espacio público, la recreación e incentivar el turismo. Pero, en un municipio con pocos espacios públicos, cierres tan prolongados suelen afectar de forma más directa a los ciudadanos. Por ahora, son más los perjuicios que cuentan algunos habitantes, que los beneficios que ven en una obra que ha tenido varias críticas y tropiezos.

La propuesta inicial de la Alcaldía a finales de julio del 2021 fue la de construir, adecuar y mejorar la Plaza Simón Bolívar por más de 11 mil millones de pesos. De esos, el municipio pondría 4 mil millones y el resto sería asumido por el departamento. Los cuestionamientos empezaron por parte de los habitantes que consideraban que San Juan tenía necesidades más urgentes, como mejorar el acueducto o terminar de construir la plaza de mercado. El anuncio de la obra llegó hasta la periodista Salud Hernández que lo incluyó en una serie llamada “La ruta de la corrupción” y lo catalogó como un despilfarro.

Al final, las condiciones cambiaron y la Alcaldía anunció que el presupuesto sería de 10.500 millones de pesos y que los invertiría en tres obras: La Plaza Simón Bolívar, La Plaza Santander y el parque de Las Tunas, uno de los cuatro parques que tiene el municipio en el casco urbano. El contrato se hizo por licitación pública, eso quiere decir que fue una convocatoria abierta en la que los postulantes debían cumplir con requisitos mínimos que determinaba la administración.

Pero un ciudadano pidió la nulidad de esa convocatoria porque, según decía, la administración no había sido específica con un punto de la experiencia técnica que le pedía a los contratistas y eso ponía en riesgo la objetividad del proceso. En agosto del año pasado, la Alcaldía argumentó que anularía la convocatoria, no porque considerara que el ciudadano tenía razón sino para “garantizar el principio de controversia”. 

Un mes después y tras un año de haber anunciado el proyecto sin poderlo poner en marcha, la administración volvió a abrir el proceso de contratación. Ese diciembre la Alcaldía firmó el contrato por un año con el Consorcio Espacio Público 2023, representado por Jhon Erick Gámez. Hasta el momento la obra ha parado y reiniciado en dos ocasiones; según el último informe del consorcio, en julio el avance era de un 60%; y la entrega que debía ser este mes se aplazó hasta enero.

Valla que anuncia la obra en la Plaza Simón Bolívar. Foto: Nicole Bravo.

Aunque las demoras en las obras públicas son comunes y un mes de retraso no parece mucho, para los comerciantes que están en el área de influencia del proyecto, implica un mes más de una situación que para ellos es insostenible. Lo plantean así porque dicen que desde hace un año, cuando empezaron las obras, están trabajando a pérdidas o con pocas ganancias porque eran espacios como las plazas y parques los que llamaban la clientela. Además, dicen que pasa justo cuando se estaban recuperando de la crisis económica que generó la pandemia del covid-19.

Las obras dejaron sin clientes a los comerciantes

“Este negocio está tan caído que no tengo ni recibos”, dice Jorge Iván Osorio a una clienta que le pidió factura de la compra. Osorio es el dueño de La Fogata un comercio ubicado frente a la Plaza Santander que lleva 20 años en San Juan, abría desde las 7 de la mañana hasta cerca de las 11 de la noche, tenía tres empleados y ofrecía almuerzos, asados, helados, licores y bebidas no alcohólicas. Pero desde diciembre del año pasado las ventas cayeron tanto que ahora abre del mediodía hasta, máximo, las 7 de la noche, tuvo que despedir a sus empleados, pasó de gerenciar el negocio a atenderlo y sólo ofrece helados y bebidas.

Osorio cuenta que la socialización de la obra de la Plaza Santander se hizo un día antes de que la cerraran y que los mismos comerciantes propusieron que la obra se hiciera por partes,  previendo que podía ser contraproducente. “Nosotros le dijimos a la Alcaldía que, como el área era de unos 1.800 metros cuadrados, fueran interviniendo de a 600 metros para que no se cerrara del todo. Pero no nos escucharon”, asegura.

La plaza fue cerrada, los vendedores ambulantes se trasladaron a la calle principal y ahora ocupan parte de los dos carriles que tiene la vía. “Aparte del desorden, es un riesgo. Si pasa una persona alcoholizada o a una velocidad muy alta puede causar una tragedia”, dice Osorio. Con el cierre también se perdieron los clientes que habían convertido el lugar en un sitio familiar obligado por tener juegos infantiles y estar rodeado de negocios que iban desde envíos nacionales hasta una droguería: “Bajito, estoy teniendo pérdidas de 3 millones de pesos por mes y las ventas se han reducido en un 90 por ciento. Ya cerré una vez, pero volví a abrir porque tengo la esperanza de que la temporada decembrina mueva un poco el negocio”, dice Osorio.

Diciembre siempre ha sido un mes bueno para el comercio porque los colegios están de vacaciones, quienes se fueron del municipio por razones laborales o de estudio regresan a pasar en familia y la gente está dispuesta a gastar dinero. En la plaza Santander esa posibilidad de tener más ingresos se duplicaba porque el lugar era el escenario tradicional del Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata que impulsa el turismo y la economía. Este año esperaban la llegada de entre 10 mil y 12 mil turistas al municipio. Pero es la segunda vez que se rompe la tradición y el festival se traslada al estadio. 

“Uno anhelaba esos cuatro días del Festival de Compositores — cuenta Cristian Medardo, dueño de una distribuidora de bebidas alcohólicas y no alcohólicas que también ofrece servicios de corresponsal bancario y que funciona desde 1980—. La última vez que hicieron el festival acá pasamos de ser un equipo de cinco personas a ser uno de 10 para responder a la demanda. Se movía tanto el comercio que un día amanecimos vendiendo y no hubo forma de cerrar el negocio”. Para dar un ejemplo, Medardo dice que en el festival podían comprar unas 250 pacas de agua (24 unidades por cada paca) y las vendía todas. Esta vez sólo tenía 100 y le sobraron 30.

Medardo afirma que en días normales tiene pérdidas de entre el 20 y el 35 por ciento, una cifra que representa gran parte de las ganancias que tenía antes del cierre de la plaza. Recuerda que en 2021 podía vender al menudeo 20 de las 24 Coca-Colas familiares que compraba semanalmente, ahora no logra vender la mitad. “Afortunadamente me han salido contratos con empresas por las novenas y las fiestas de fin de año y eso es lo que me ha permitido tener el negocio a flote”, dice. 

Pero no todos tienen para sostenerse. Zullyma López tiene 60 años y hace dos puso una heladería frente a la Plaza Santander. No había completado el año de inaugurada cuando cerraron la plaza y sintió el golpe de la decisión: pasó de pedir 30 cajas de helado cada semana a comparar entre 10 y 12.

Dice que prácticamente trabaja para pagar la luz y el agua, que ha tenido que reducir los turnos de las dos ayudantes que tenía y cierra la heladería tres horas antes de lo que acostumbraba porque, además de la falta de clientes, la zona queda muy oscura y teme por su seguridad. “Si el negocio lo hubiera levantado con un préstamo de un banco estaría en la olla de las deudas”, asegura. Hasta el momento, los comerciantes entrevistados dicen que la Alcaldía no les ha brindado apoyos ni ha buscado soluciones para su situación.

A Zullyma López, sus mismos clientes le reconocen que no van a la heladería por el cierre de la plaza: “Acá compraba el helado y se lo llevaban para la plaza. Pero ya no se puede, mis clientes me han dicho de frente que no vienen a la heladería porque la plaza está cerrada. Es que esa era el lugar para que los niños se recrearan y para que uno de adulto saliera. Sin la plaza uno se siente encerrado”

Sin espacios para recrearse 

A la Plaza Santander, que es la más conocida y visitada, llegaban personas de todas las edades a conversar, caminar, recrear a los niños o jugar dominó o parqués. En diciembre era común que la tarima Juancho Rois recibiera algún cantante de vallenato reconocido que la mina del Cerrejón suele pagar para entretener a los ciudadanos, como recuerdan varios que conocen el funcionamiento de la plaza.

Ese era un punto de encuentro clave que desapareció en el último año y que no se ha podido reemplazar porque la Plaza Simón Bolívar, que podría suplir ese espacio, está en las mismas condiciones. La lona verde impide la vista completa y el cerramiento ha impedido que se repitan las fotos de bautizos y primeras comuniones que, tras la respectiva misa en la iglesia San Juan Bautista, tenían de fondo la plaza que queda al frente. 

Plaza Simón Bolívar. Foto: Nicole Bravo

“Ahí era donde los niños salían a estrenar sus regalos el 25 de diciembre, ahora no hay dónde”, dice un padre de familia que trabaja cerca a la Plaza Bolívar. Ese es el mismo sentir que hay en los barrios que rodean el parque de Las Tunas que también era un punto de encuentro para la comunidad. Al principio, la idea que fue socializada por la Alcaldía y que tuvo cambios a petición de los ciudadanos, como el de sumar una cancha de fútbol dentro de la pista de patinaje que se va a construir, llenó de ilusión a algunas personas. 

Una de las que más se emocionó con la noticia fue Kelis Salazar, dueña de la escuela de patinaje Guajiros Skate que entrena 39 niños del municipio. Aunque asegura que la pista no cumple con los requisitos de la Federación de Patinaje para que sea de alto rendimiento, ha aplaudido la iniciativa del alcalde de construir un espacio con un nivel más técnico para este deporte. “La pista nos va a ayudar muchísimo y va a impulsar el patinaje en San Juan, un deporte que aún es nuevo en el municipio”, afirma Salazar. También dice que espera que la Alcaldía asigne horarios diferenciados para practicar Patinaje y Fútbol, porque sería riesgoso que ambos deportes se crucen en un mismo espacio.

Para otros, la idea que socializó la administración era buena, pero ahora la ponen en duda. “Cuando presentaron la propuesta me pareció fantástica, pensé que por fin iban a cambiar las cosas en Las Tunas e íbamos a tener algo muy bueno, pero no estamos viendo nada de lo que nos prometieron”, cuenta Johana Álvarez, una mujer de 44 años que ha vivido en el barrio y se ha visto afectada por las obras. Primero fue por el lado económico: tuvo que dejar de vender chorizos en el parque, que era lo que garantizaba el estudio de su hija, porque la vida nocturna que giraba en torno al parque desapareció. Y luego, fue un golpe a sus tradiciones. 

Álvarez cuenta que los habitantes de Las Tunas II llevan décadas celebrando por lo alto el día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que es la fiesta patronal del barrio que se realiza cada 27 de noviembre. La tradición era celebrar todo el día, desde las 10 de la mañana hasta cerca de las 10 de la noche, con bailes, grupos musicales, concursos, actividades recreativas, una misa y un recorrido por el barrio en honor a la Virgen. El lugar para hacerlo era el parque de Las Tunas que tenía una pequeña tarima que facilitaba la coordinación de las actividades de ese día. Por segundo año consecutivo, las fiestas patronales se limitaron al recorrido por el barrio porque el parque sigue cerrado.

Carlos Soler, bombero de 34 años, dice que el parque también era el espacio en el que varios vecinos aprovechaban para integrarse a través de partidos de fútbol. Pero reconoce que los más afectados son los niños: “Ellos se tomaron un lote que hay a la vuelta, lo limpiaron, pusieron piedras para delimitarlo como si fuera una cancha y ahí les toca jugar. De lo contrario les toca en la calle”. 

“El único parque de San Juan que se llenaba, y eso que sólo tenía la cancha, era este”, cuenta Edgardo Cuello, líder comunitario y concejal electo. Aunque está el parque de La Normal que hace poco fue remodelado, para algunos sectores del municipio, el lugar es muy alejado, lo que implica un gasto mínimo de 4 mil pesos. Para Johana Álvarez también es un espacio oscuro en el que siente que no puede permanecer hasta pasadas las 6 de la tarde. Y, en su opinión: “el otro parque, el de Las Delicias, está muy mal, eso ni es un parque”.

El cerramiento del parque también ha generado desconfianza en temas de seguridad porque, según Cuello, puede convertirse en “una guarida” a la que pueden llegar, por ejemplo, objetos robados. Incluso dice que la misma comunidad tuvo la intención de retirar la malla verde que rodea el parque con el fin de sentirse más seguros. 

Parque Las Tunas. Foto: Nicole Bravo

Johana Álvarez, quien conoce cómo era la vida nocturna en el parque antes de la obra, dice que el ambiente familiar permanecía hasta casi la media noche. “Ahora a las 7 p.m te vas entrando por la inseguridad. No ha pasado nada aún, pero uno ve gente rara, da miedo y el lugar se vuelve muy oscuro”, comenta.

La expectativa por ahora es que el alcalde electo, Enrique Camilo Urbina, termine los parques y los pueda inaugurar lo antes posible. En entrevista con Consonante, Urbina dijo que garantizará la entrega de las obras y será exigente con los contratistas. 

*Consonante intentó comunicarse con el secretario de planeación, Rafael Humberto Frías, pero hasta el momento no contestó llamadas ni mensajes.

Escucha esta carta aquí:

Soy Maira Fragozo, periodista local de Consonante en San Juan del Cesar, al sur del departamento de La Guajira. Tuve la dicha de haber nacido y crecido en el municipio conocido como ‘la tierra de compositores’. Me llena de orgullo decir que soy de un pueblo que ha sido la cuna de grandes artistas y en el que cada esquina cuenta la historia de una canción que ha sido inspirada por la naturaleza, el amor, las mujeres y la luna… La luna, ese satélite que se ha convertido en un ícono de San Juan. 

Basta con entrar al municipio y encontrarse con la primera glorieta en donde hay un monumento con una luna y un acordeón. La infraestructura no fue muy bien recibida por los residentes que esperaban un mirador en lugar de esta. Pero el monumento deja en evidencia que hablar de la luna es trasladarte o sentirte en San Juan. Solo con poner en Google “Luna sanjuanera” encontrarás la canción del reconocido compositor Roberto Calderón. La escribió en 1978 y, aunque no era explícitamente para la luna, en una de sus estrofas el compositor le pide a esta que le diga a su amada que regrese:

“Luna de diciembre, Luna sanjuanera

Dile que regrese, Porque no aguanto, ay, porque no aguanto, vuelve, mi negra”. 

Calderón tuvo la intención de componer una canción que representara a su pueblo y recordará todos los momentos que vivió en este. También quería que en el mundo conocieran a San Juan y a sus composiciones. Y lo logró: la canción se convirtió en un himno del municipio y del Festival Nacional de Compositores que se celebra cada año. Así mismo ha hecho que quienes vivimos en San Juan veamos la luna de manera diferente en las épocas decembrinas. Pero en cualquier época del año, la canción que se escribió hace más de cuatro décadas, se escucha con la misma emoción. 

Te preguntarás: ¿Qué tiene de especial la luna sanjuanera para nosotros? Por lo menos yo soy fan de verla. Aprecio mucho el sentarme enfrente de mi casa por las noches con mi hermana y mis primas. A veces, una de ellas interrumpe la conversación para decir: “Ya vieron lo hermosa que se ve la luna hoy”, y de una quedamos perplejas. No importa en donde estés en el municipio, porque desde cualquier lugar la puedes ver. No sé si a otros sanjuaneros les pase, pero yo siento que la luna de aquí es diferente, más en diciembre. Las calles se iluminan, y solo basta con verla para saber que estamos en fiestas navideñas. 

Para Yanexis Patricia Serpa, una joven sanjuanera, la luna representa espiritualidad. “San Juan es un municipio espiritual y la luna marca los tiempos espirituales: marca un nuevo comienzo, es renovación. La luna sanjuanera es mágica, hermosa e imponente.  Parece que estuviera tan cerca”.

Yo también considero que la luna tiene magia, porque ha sido la musa que inspiró a compositores y a escritores. Cuentan mis mayores que antes caminaban por las noches hasta la orilla del río Cesar para cantarle a la luna e inspirarse en ella para componer grandes melodías.

A propósito de todo lo que les cuento y retomando el motivo de esta carta, quisiera invitarles a dar un paseo por este pueblo acogedor, lleno de verseadores, cantantes, vendedores ambulantes y mucha gente amable y parrandera a la que le corre por sus venas la música. Este es el pueblo en donde es costumbre entregar el corazón y todo el que llega aquí se va con las ganas de volver. 

Foto tomada de la página de Facebook de la Alcaldía.

Antes de iniciar nuestra ruta comeremos una buena iguana con yuca en el restaurante de La Negrona, diagonal a la Estación de Policía. De allí, cerca de la papelería central, buscaremos un carro en el paradero que lleva el mismo nombre del corregimiento que visitaremos: Guayacanal. Pero antes, en el centro, compraremos mecato y gaseosas. Camino a Guayacanal disfrutarán de las buenas montañas y hermosos paisajes. Espero que tomen buenas fotos porque esto no se ve en todos lados.  

En la entrada del corregimiento encontraremos el cementerio donde reposan mis ancestros. Llegaremos a la casa de la prima Liona y del señor Miguel Maure a saludar y a comprar boli de cola para comer en el camino. De allí, bajaremos a darnos un chapuzón en el “Chorrito”, por donde pasa el río Cesar. Desde que soy niña me gusta este plan de ir al pueblo que vio crecer a mi mamá y a mis tíos, aunque mis abuelos ya no están, no he perdido la tradición de ir con mis primos y hermanos. No me van a creer, pero no sé nadar, así que no se alteren si no paso de la orilla. Báñense con libertad, disfruten de la tranquilidad de la naturaleza, no teman por su seguridad, aquí todos somos familia y nos cuidamos los unos a los otros.

Iglesia San Juan Bautista ubicada en la plaza Simón Bolívar. Foto: Gabriel Linares.

En la tarde retornaremos a San Juan para ir a conversar en el parque Simón Bolívar donde disfrutaremos de esa Luna, de la que en un inicio les conté. En medio de conversaciones, es posible que pasemos gran parte de la noche allí, contando vivencias y apreciando su majestuosidad; mientras alguien, desde otro lado del municipio, sigue otra tradición sanjuanera: demostrar su cariño regalando esa luna a un ser querido.

Micher Pérez ganó la alcaldía de Fonseca con 9.803 votos. Su triunfo significó la derrota de Enrique Luis Fonseca, considerado el candidato de la administración y el único competidor que tuvo en el último mes de campaña. Con esto, Pérez se convierte en el tercer alcalde de este siglo que, de forma no consecutiva, llega con el aval del partido ASI (Alianza Social Independiente, antes llamado Alianza Social Indígena). Sus prioridades, según su Plan de Gobierno, son la salud, la movilidad, el campo y la seguridad.

Pérez nació en el corregimiento de El Hatico. Su vida laboral empezó en el campo como ayudante en los cultivos de arroz del municipio, luego pasó por el mundo de los juegos de azar como vendedor de chance y de ahí saltó a la política. Fue concejal de Fonseca por dos periodos, después se lanzó a la Asamblea y mantuvo su curul hasta este año.

En el municipio, Pérez es visto como un político tradicional que apoyó al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, condenado por el homicidio de tres personas; y que hoy tiene el apoyo de los exalcaldes Misael Velásquez y Chema Moscote y del senador del partido de La U, Alfredo Deluque, que puso de gobernador a su primo Jairo Aguilar.

La elección de Pérez se dio luego de que las elecciones del 29 de octubre, en el que los resultados preliminares lo daban como el segundo más votado por debajo de Enrique Fonseca, se tuvieran que repetir porque varias personas dañaron más del 25 por ciento del material electoral. A ese anuncio le siguieron movidas políticas claves como la renuncia y adhesión a su campaña de Benedicto González, un firmante de paz que se perfilaba como la tercera votación a la Alcaldía. 

González le puso el voto juicioso de los excombatientes y militantes de Avanzar, su movimiento político, y el voto de opinión que lo acompañaba. El firmante de paz y excongresista es visto como una de las personas de la campaña de Pérez que puede liderar el tema del campo y la inversión de los recursos que le llegan a Fonseca para la zona rural. Esto debido a que el municipio hace parte del Pdet (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, que nació del Acuerdo de Paz).

Con un mes más para ganar votos y con sólo dos candidatos, de los cinco que estaban compitiendo por la Alcaldía, la campaña política se centró en ataques y poco en propuestas. Enrique Luis Fonseca se movió como el candidato del progreso y Pérez como el de la transformación. En redes sociales, ambos señalaron a la campaña contraria de violenta.

Al final, el alcalde electo sacó 649 votos de ventaja a su competencia. De esa forma continuó con la tendencia, que venía de las últimas tres elecciones en Fonseca, de elegir alcalde con una diferencia menor a los 1100 votos.

Pero el triunfo de ‘El tren de las oportunidades’, como era conocida la campaña de Pérez, no es redondo. Primero porque va a tener que gobernar con un municipio dividido políticamente en el que casi la mitad de votantes no apoyaron su campaña o desconfían de su futura administración.

“Fonseca no tiene memoria, no tiene dignidad, decidieron apoyar a los violentos. — dice un votante que estaba en la campaña contraria del alcalde electo — Espero que no vengan con sed de venganza ni de poder. Ojalá puedan demostrar que quieren paz y que son el cambio porque en estas elecciones sólo vimos lo peor, nada de propuestas”.

"Ojalá puedan demostrar que quieren paz y que son el cambio porque en estas elecciones sólo vimos lo peor, nada de propuestas"

Votante de Enrique Luis Fonseca

La segunda es más política. Pérez llega con minorías en el Concejo: de las 13 curules, sólo cuatro son afines a él o lo apoyaron en campaña; las demás estaban con el candidato contrario. De entrada, eso puede ser contraproducente para los proyectos que el alcalde deba pasar por el Concejo porque puede que le pongan trabas o que deba negociar con puestos en la administración. Pero podría beneficiar el debate público al darse un control político más estricto con concejales que tengan sus ojos puestos en el alcalde.

Un Concejo poco cercano

La elección de los concejales no suele ser tan mediática como la de la Alcaldía, pero es clave. El Concejo es el que debate las propuestas del alcalde, le hace control político y aprueba o no el Plan de Desarrollo y el presupuesto municipal —que en 2021 fue de más de  37 mil millones de pesos—, que son las cartas de navegación de la administración en obras, planes, programas y en cómo se invierten los recursos públicos. 

En Fonseca, el Concejo quedó conformado por tres concejales del partido ASI, dos de Alianza Verde, dos de Mais, dos de La U, uno de Dignidad y Compromiso, uno de Esperanza Democrática, uno de En Marcha y uno de Cambio Radical. Este último se confirmó luego de que Enrique Luis Fonseca, el segundo más votado, no aceptara la curul que le correspondía.

Los resultados muestran que el Concejo también se renovó porque de los ocho cabildantes que buscaron la reelección, sólo cinco lo lograron. También se mantiene la representación de las mujeres que tenían dos curules. Otro punto clave es que los partidos que hace cuatro años fueron fuertes, han perdido poder. 

Por ejemplo, el partido conservador que fue el más votado en 2019 ni siquiera presentó lista y los liberales, que fueron la tercera votación con más de 2 mil votos, esta vez no alcanzaron los mil. Pero se mantienen el Verde, La U y Cambio Radical como los que tienen más votos. Al igual que ASI que fue el partido más votado, teniendo en cuenta que también tuvo candidato propio a la Alcaldía que impulsó la lista al Concejo.

Hasta el momento, las cuentas de las curules indican que el alcalde electo sólo tiene cuatro concejales que estuvieron con él desde la campaña. Pero eso no significa que los otros nueve deban hacerle contrapeso, incluso podrían declararse de gobierno o en independencia si el partido lo decide. Además, hay casos particulares como el de Alianza Verde que sacó dos concejales: Felix Cristobal Martínez que apoyó a Micher Pérez y Eliza Eugenia Álvarez que, según sus redes sociales, apoyó a Enrique Luis Fonseca. 

Martínez dice que en su partido el apoyo es para Pérez y que, según las conversaciones que han tenido como colectividad, lo respaldarán en el Concejo: “En el partido casi todos estábamos apoyando al alcalde electo, conocemos sus propuestas y nos parece que lo mejor es trabajar de la mano. Sabemos que los que no estuvieron con él son mayoría, pero todo es de diálogo y concertación para trabajar de la mejor manera y sacar el municipio adelante”. Pero la decisión final se sabrá en febrero (un mes después de la posesión del Concejo), cuando los cabildantes tengan que definir su posición política frente al mandatario. 

"Sabemos que los que no estuvieron con él son mayoría, pero todo es de diálogo y concertación"

Felix Cristobal Martínez, concejal electo del partido Verde.

En ese momento también se sabrá qué tan difícil será la negociación. Por ejemplo, si el alcalde llega a tener una coalición mayoritaria (de gobierno), es probable que el Concejo le apruebe de forma más rápida los proyectos y propuestas que deben pasar por esa corporación. Pero, si la mayoría no está de su lado, el camino puede complicarse porque al alcalde le toca empezar a negociar con los concejales. 

Así lo explica Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral: “Cuando un alcalde no puede negociar con un partido, le toca hacerlo uno a uno para que le salgan los proyectos. El problema es que cada vez que presente un proyecto le va a tocar hacer lo mismo y va a terminar extorsionado por concejales que le piden puestos en la administración porque ninguno va a querer pasar cuatro años sin burocracia”.

Lo dice porque hay concejales con prácticas políticas tradicionales que, si no le dan contratos o puestos a sus votantes o líderes de votantes corren el riesgo de no reelegirse. “Más en municipios donde normalmente viven de la burocracia de la Alcaldía", dice Gutiérrez.

Este cuatrienio también hay una particularidad en el Concejo. El reelegido Óscar Pérez, del partido de La U y quien apoyó la campaña contraria, es hermano del alcalde electo. El concejal le dijo a Consonante que tiene un concepto del Concejo Nacional Electoral que dice que no está inhabilitado y aclara que ahora está en conversaciones con la bancada para saber la posición política. 

Pedro Felipe Gutiérrez, quien también es abogado electoral, dice que según la ley no hay ninguna inhabilidad para el concejal: “Puede seguir con su curul, lo que sí va a tener que hacer es declararse impedido para votar en lo que tenga que ver con decisiones del alcalde. De lo contrario puede incurrir en un conflicto de intereses y terminar investigado por la Procuraduría”. Según Gutiérrez, el impedimento aplicaría para, por ejemplo, aprobar el Plan de Desarrollo Municipal o hacer control político a la administración. Pero no afecta la elección del personero municipal ni los proyectos que son iniciativas propias del Concejo.

Por ahora, el principal reto del alcalde electo es la gestión que tiene que sacar adelante. Para quienes no lo apoyaron, se trata de superar la alcaldía de Hamilton García: “El reto es mantener un municipio en paz y superar la administración actual que ha invertido más de 200 mil millones de pesos en temas de acueducto, calles y ha tratado de darle solución a varios problemas sociales”, dice el concejal Pérez. 

Los que apoyaban a Micher Pérez y estaban en contra de la alcaldía creen que esos puntos son los más atrasados en el municipio: “Necesitamos que avancen los proyectos de agua potable, alcantarillado y pavimentación de vías que están bloqueados desde hace varias alcaldías”, cuenta Jeider Martínez, seguidor del alcalde Pérez. Todos coinciden en que el nuevo mandatario debe priorizar la seguridad y la inversión social. Para eso será clave su relación con el gobernador electo.

Un gobernador amigo

Lo único que estaba claro en las elecciones del domingo 17 de diciembre es que el candidato que resultara electo tendría un gobernador amigo. Tanto Pérez como Fonseca apoyaron la candidatura de Jairo Aguilar Deluque, elegido el 29 de octubre como mandatario departamental. Sólo con el 58 por ciento de las mesas informadas en Fonseca, Aguilar sacó el 67 por ciento de los votos frente al segundo que no llegó ni al 15 por ciento. 

Ese apoyo masivo a la gobernación también se puede reflejar en inversión directa al municipio para asegurar que, en unas próximas elecciones, se elija un candidato del mismo partido o de la misma cuerda del actual. “Esa es una dinámica propia del debate electoral: dar buenos resultados buscando la continuidad en el poder”, dice Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia

“Esa es una dinámica propia del debate electoral: dar buenos resultados buscando la continuidad en el poder”

Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia.

Tanto opositores como aliados del alcalde electo deparan una buena relación entre la alcaldía y la Gobernación. “Creo que una de las mejores administraciones que tendrá Fonseca es la de Micher Pérez porque podrá hacer grandes obras de la mano del gobernador electo con el que tiene una muy buena relación”, dice Deiber Guerra, concejal electo del partido Esperanza Democrática y quien apoyó al alcalde electo en su aspiración. 

En municipios como Fonseca, que son de sexta categoría y tienen un presupuesto reducido, la relación con la Gobernación es clave porque es la que gira recursos de salud y educación, como los del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Si la relación es buena, el alcalde puede pedir que se priorice el giro de esos recursos o con el apoyo del gobierno departamental puede cofinanciar proyectos como los de infraestructura educativa o pavimentación de calles. 

“La gobernación es clave para realizar proyectos de común acuerdo en salud, deporte y pavimentación de calles. Ahí creemos que va a primar la buena relación que tienen ambos mandatarios”, dice el concejal reelecto Óscar Pérez. Aguilar también será clave porque es el que tiene interlocución directa con el gobierno nacional que, en este caso, ha querido priorizar a La Guajira. Por ejemplo, los tres mandatarios podrían aliarse para aterrizar en Fonseca o en parte de esta, las propuestas que el presidente Gustavo Petro tiene para el departamento o la región Caribe.

Por ahora, lo único seguro, es que Micher Pérez tendrá que ponerle acelerador a un empalme que debe realizarse en menos de 15 días y que, a diferencia de los alcaldes elegidos en los demás municipios, no tendrá tiempo para hacer gestiones tempranas que den pistas de lo que será su futura administración.

*Consonante intentó comunicarse con un concejal electo de cada partido o movimiento, pero hasta el momento de publicar sólo respondieron de La U, el Verde y Esperanza Democrática. El alcalde electo tampoco respondió los mensajes.

Micher Pérez será el sucesor de Hamilton García. Su votación es similar a la que tuvo el actual alcalde en 2019 (7.113), pero con una diferencia de menos de mil votos con el segundo más votado, lo que muestra la división política que hay en el municipio. 

Micher Pérez fue concejal de Fonseca, cargo en el que estuvo por dos periodos (hasta 2011). Después se lanzó a la Asamblea, quedó electo y desde entonces ha mantenido su curul. Actualmente es el presidente del partido Alianza Social Independiente (ASI) en La Guajira

Con su triunfo, Pérez derrota a Enrique Luis Fonseca; que iba con el aval de Sí Podemos — el movimiento del actual alcalde—, La U y En Marcha, y es considerado el candidato de la administración. 

Pérez cuenta con el respaldo de los excandidatos Benedicto González y Jazen Suárez. Ambos renunciaron a su aspiración después de los resultados parciales que los ponían en tercer y quinto lugar, respectivamente, y tras el anuncio de que las elecciones del 29 de octubre se repetirían. Esto tras la destrucción de más del 25% del material electoral por parte de ciudadanos que argumentaban que les estaban robando las elecciones.

El alcalde electo también recibió el apoyo de agremiaciones campesinas, la asociación de Constructores de Fonseca y de líderes y simpatizantes que apoyaron a Orangel Romero, el cuarto más votado según los resultados parciales del 29 de octubre y quien se unió a la campaña de Enrique Luis Fonseca. 

Aunque para algunos simpatizantes del candidato Fonseca hay inconformidad porque sentían que en las elecciones pasadas iban ganando, el sentimiento general es que hay que respetar los resultados.

Elecciones en calma

Con la presencia de la Policía, Fiscalía, Defensoría, procuraduría, Registraduría y otras entidades de Gobierno junto con entidades internacionales como la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las elecciones transcurrieron con tranquilidad. 

La seguridad se redobló en este caso, hubo 228 policías en el casco urbano, 160 soldados en la zona rural y patrullajes constantes. En este momento la campaña de Pérez organiza una caravana para celebrar su triunfo.

• 31.386 personas están habilitadas para votar
• En total hay 12 puestos y 71 mesas de votación
• Hay 426 jurados principales
• En el casco urbano hay 228 Policías y en la zona rural 160 soldados

La Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Misión de Observación Electoral, ONU y entidades nacionales e internacionales acompañan las elecciones. Aún no hay reportes de irregularidades en los 12 puestos de votación.

El registrador nacional, Hernán Penagos, dio apertura a las elecciones desde el puesto de votación del corregimiento de Conejo, en donde el 29 de octubre varias personas destruyeron material electoral. Eso llevó a que las elecciones se repitieran hoy. 

La jornada ha transcurrido en calma. El pie de fuerza se redobló: En Conejo hubo más de 10 soldados en cada una de las dos entradas y motorizados del Gaula alrededor. El Ejército dispersó a los grupos de ciudadanos que se formaron alrededor del puesto de votación. “Está muy organizado, nada que ver con la vez pasada” , dijo un transeúnte. 

En el casco urbano hay patrullajes constantes de la Policía, lo que también ha dispersado posibles casas de compra y venta de votos. Integrantes de las campañas de Micher Pérez y Enrique Luis Fonseca también están recorriendo los barrios para vigilar y documentar posibles irregularidades.

Más garantías y menos denuncias de irregularidades

“He estado en diferentes puestos de votación y todo está fluyendo normalmente. Uno se siente más seguro y con más garantías”, dice Luis Alfonso Gutiérrez, comerciante de Fonseca.

En el municipio están las cabezas o delegados de instituciones como la Policía, el Ejército, la Procuraduría, la Defensoría, Migración, entre otros. También organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Misión de Observación Electoral (MOE).

A diferencia de las elecciones anteriores, el transporte está a cargo de carros particulares y no de buses. Tampoco hay reportes de irregularidades, pero sí de información falsa que circula, como la de la agresión a una de las hermanas del alcalde.

Esta semana hubo capturas de señalados por destrucción de material electoral 

Según el medio LaGuajiraHoy.com, ocho personas fueron capturadas al sur del departamento por supuestamente perturbar las elecciones el 29 de octubre, tres estarían relacionadas con lo sucedido en Calixto Maestre.

Los letreros con fondo blanco, letras negras y logos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la minera Best Coal Company (BCC), se han vuelto comunes en el corregimiento de Cañaverales. Están colgados en diferentes casas y dicen el nombre y el tipo de emprendimiento que BCC ayudó a financiar. Los letreros también son la muestra más evidente de que la empresa ya entró a Cañaverales y está moviéndose con el fin de ganar apoyo a favor del proyecto minero. Pero no es la única.

Desde mediados de año, la minera pasó de asistir a las reuniones de preconsulta a realizar acciones concretas en el corregimiento: convocatorias para recibir hojas de vida, embellecer el parque, ofrecer cursos de emprendimientos de los cuales algunos fueron financiados y hasta realizar un torneo de fútbol para los niños de Cañaverales. De esa forma, BCC busca acercarse a la comunidad liderada por el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales. Esta es una de las nueve comunidades que serían impactadas por el proyecto “Mina Cañaverales”, y la única con la que la empresa aún no tiene un acuerdo para explotar carbón a cielo abierto por los próximos 10 años.

Hasta ahora, la comunidad de Cañaverales está dividida entre los que quieren la mina porque creen que generará educación, empleo, inversión social y movilizará la economía del corregimiento; y los que insisten en que perderán la vocación agrícola, afectará el manantial que los surte de agua y terminarán desplazados por los efectos ambientales.

La estrategia de la minera también ocurre en medio de la expectativa de lo que pueda decidir un juez frente a si aplica o no el test de proporcionalidad; que la empresa pidió bajo el argumento de que la consulta previa se ha dilatado, algo que niegan desde el consejo comunitario. El test es una herramienta para medir las afectaciones del proyecto y que, de aprobarse, descartaría la posibilidad de hacer una consulta previa, como lo pide el consejo comunitario, para que sean ellos los que lleguen a acuerdos y puedan votar si quieren o no la mina. Aunque la decisión final la tiene la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que da el visto bueno, o no, a estos proyectos.

Manantial de Cañaverales que surte de agua al corregimiento. Foto: Nicole Bravo

Por eso, llegar con obras sociales, ofertas de empleo, invertir dinero  al corregimiento y acercarse a la comunidad, en un momento en el que el proyecto minero aún no empieza, puede ser clave para ganar apoyos. De esta forma, la empresa puede llegar a acuerdos y mostrarse como una compañía que se preocupa por el bienestar social y va más allá de la explotación de los recursos naturales. 

Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) que acompaña el proceso del lado de la comunidad que se opone a la mina, dice que acciones como estas terminan permeando las voluntades de los habitantes: “En un lugar donde las necesidades básicas no han sido cubiertas, no debería pasar que una empresa llegue a reemplazar al Estado porque se aprovechan de la necesidad de las personas y permean su voluntad haciéndoles creer que lo más importante es el dinero”.

“En un lugar donde las necesidades básicas no han sido cubiertas, no debería pasar que una empresa llegue a reemplazar al Estado"

Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)

Por su parte, Gabriel Bustos, gerente ambiental de BCC, dice que los proyectos realizados en Cañaverales, aparte de voluntarios, son una muestra del interés de la compañía en apoyar el desarrollo del corregimiento: “Queremos construir confianza, queremos acercarnos a la comunidad, ser honestos. Dirás que hacemos eso para convencerlos, para que digan que sí o no en la consulta, pero es para decirles: ‘quiero ser su amigo y el proyecto que queremos hacer no viene a destruir, viene a contribuir’”. La inversión social de este año, según Bustos, es de cerca de mil millones de pesos.

Pero la idea de generar confianza no ha calado en quienes se oponen al proyecto. Al contrario, sienten que las acciones son un intento más por hacerlos cambiar de opinión mostrando que la empresa tiene dinero que ofrecer a cambio de recursos naturales. Pero quienes están a favor del proyecto ven con buenos ojos estas acciones porque sienten que la empresa está mostrando un interés social y está beneficiando a los habitantes sin la necesidad de explotar carbón.

La presencia de BCC y la resistencia en Cañaverales

Una de las primeras acciones de la empresa en Cañaverales fue a principios de julio cuando le hicieron una donación a seis hogares comunitarios del corregimiento. Según la carta enviada al consejo comunitario, en el que informaban sobre esta actividad, la donación fue solicitada vía una PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias). También fue acompañada de la adecuación de una huerta escolar para implementar Proyectos Ambientales Escolares en la institución Ana Joaquina Rodríguez.

En la misma carta, Óscar Gámez, presidente de Los Negros de Cañaverales, escribió a mano que no había solicitado donaciones, lo catalogó como “prácticas irregulares” y dijo que era “un soborno para las comunidades”. Gamez cuenta que cuando fueron al colegio vieron una pancarta de BCC y el logo de la empresa al lado de unas etiquetas que identificaban las matas que crecían en la huerta. “Quitamos la pancarta y las etiquetas que tenían el logo porque el colegio no es del rector, de los docentes ni de BCC, es de la comunidad”, asegura.

A mediados de ese mismo mes, la empresa hizo una movida mucho más pública. Abrió una convocatoria, junto con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la Caja de Compensación de la Guajira (Comfaguajira), para actualizar y registrar hojas de vida de las comunidades cercanas al proyecto minero. El anuncio hizo que empezara a crecer el rumor de que la mina era un hecho y que por eso estaban creando un banco de hojas de vida para empezar a contratar. Pero no fue así, aún hoy no se sabe si el proyecto se hará porque depende de la aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). 

Bustos, gerente ambiental de BCC, le dijo a Consonante que la convocatoria se hizo anticipándose a la consulta y a la solicitud de la licencia porque, en el cronograma que han considerado para poner en marcha el proyecto, los tiempos son muy ajustados. Según dijo, desde la empresa esperan que el tema de la consulta, o en su defecto el test de proporcionalidad, se de en un mes y de ahí pedirían la licencia ante la Anla que calculan que puede tardar unos cuatro meses. 

“Ponle tú que esa licencia salga en junio o julio del otro año y el proyecto empiece en agosto. Agosto es mañana para escoger y capacitar gente de las comunidades cercanas al proyecto que serán priorizadas”, comenta Bustos. Sólo Comfaguajira recibió un total de 1057 hojas de vida de 12 comunidades en cinco municipios. Cañaverales fue la quinta población que más hojas de vida inscribió con 108.

Después, en agosto, la minera realizó la Primera Feria Expo-BCC en la que se entregaron equipos y materiales a 53 proyectos productivos de Cañaverales. Según la empresa, la inversión es de unos 230 millones de pesos. Para lograr esa financiación, quienes fueron beneficiados asistieron a un curso de emprendimiento dictado por el Sena, formularon su proyecto con las ayudas que necesitaban y, según dice la empresa, bajo criterios del instituto fueron seleccionados los que cumplieron con todos los requisitos. Ese proyecto de BCC no estuvo falto de críticas y polémica. 

Dayeli Gámez, de 32 años, hace parte del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales y se inscribió al curso porque vio en este una oportunidad para aprender y generar ingresos económicos. Pero a menos de un mes de asistir a las clases no volvió porque se sintió presionada a apoyar a la mina. Cuenta que uno de los compromisos en el curso era que contratarían a los mismos estudiantes para que hicieran los refrigerios y así poder generar ingresos, pero asegura que esas contrataciones se quedaban en un grupo reducido de personas. “Nosotros hicimos el reclamo a uno de la comunidad que estaba trabajando con BCC en lo del curso y la respuesta de él fue que la empresa no es una ONG que regala cosas, que ellos querían algo a cambio”, comenta Gámez.

Dayeli Gámez, integrante del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales. Foto: Maira Fragozo.

Al retiro del curso por parte de algunos estudiantes, se sumaron las presiones para acompañar en el proyecto de la mina de forma pública. Helena Fragozo tiene 30 años,  estudia ingeniería ambiental, participó en el curso y asegura que días antes de una reunión de preconsulta, una persona de la comunidad que trabaja con BCC llegó a su casa, le entregó una camisa con un mensaje a favor de la mina y le dijeron que si no se la colocaba en la reunión su proyecto no saldría seleccionado. Al final sí financiaron su proyecto, pero no como ella esperaba, según dice. 

“Metí un proyecto para hacer fumigación orgánica y me entregaron glifosato, que es todo lo contrario a lo que pedí. También me salieron con dos bombas de fumigar que, según quien me las entregó, costaban 5 millones de pesos. Las busqué en Mercado Libre y estaban a 700 mil pesos”, cuenta Fragozo. Las críticas han sido varias: “Supuestamente eran proyectos de 5 millones de pesos y yo creo que a nadie de Cañaverales le dieron eso”, dice Brenda Gómez, de 39 años, quien también dejó el curso porque asegura que una persona cercana a BCC le dijo que “debía estar de corazón con la empresa”. En lo que coinciden las personas consultadas, es que la presión ha venido de parte de personas de la comunidad que trabajan con la empresa.

Brenda Gómez, habitante de Cañaverales. Foto: Nicole Bravo.

La crítica también va dirigida a que los emprendimientos no están funcionando en su totalidad. “Uno que otro está funcionando, pero no todos. Y los que están andando es porque ya estaban desde antes de BCC”, dice Dayeli Gámez. Por las calles de Cañaverales, Consonante contó 21 letreros que marcan las casas como emprendimientos financiados por BCC, al menos cinco han estado activos, según varias personas que conocen el corregimiento. Para Gámez lo que ha hecho la minera es más una forma de “marcar el territorio” y cree que tantos emprendimientos no son rentables porque los habitantes son pocos y Cañaverales tampoco es un lugar turístico. 

Al otro lado, y con una visión distinta está Mildreys Moya de 33 años, una de las mujeres que apoya el proyecto de la mina y que desde hace tres años tiene un restaurante en su casa. Para ella fue clave que BCC le entregara el carro para freír que había solicitado y con el cual puede cocinar y acelerar la atención a sus clientes. Moya dice que el curso fue riguroso y que la empresa incluso extendió los plazos y los apoyó para llenar el formato que solicitaba el Sena con el fin de lograr la financiación de la empresa. “Hubo gente que prefirió pagar para que le llenaran el formato y no coincidía lo que presentaron en las clases con lo que decía el documento. La empresa también habló con todos, puso los topes de lo que se iba a invertir por negocio y dijo que les hará seguimiento para que haya una segunda inversión”, cuenta.

Moya dice que ella nunca fue presionada para apoyar la empresa ni para usar camisas que los identificara. Explica que un sueter blanco en apoyo al proyecto minero lo pidieron a la empresa para identificarse en una de las reuniones y otro, de color azul que dice “El carbón se transforma en oportunidades” lo mandó a hacer ella junto con quienes quieren la mina para defender el proyecto y mostrarse unidos. “Si los han presionado, invito a esas personas a que denuncien públicamente, aunque acá la gente es capaz de decir cualquier cosa”, afirma.  Bustos, gerente ambiental de BCC, dice que la empresa nunca ha presionado a las personas para apoyar el proyecto y que lo de las camisas son iniciativas de los propios ciudadanos que los apoyan.

Después de la financiación de los emprendimientos vino el torneo de fútbol que patrocinaron y que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que BCC pueda hacer una escuela de fútbol para jóvenes en el corregimiento. El torneo se realizó al mismo tiempo que el de microfútbol, iniciativa del consejo comunitario y no ha sido visto con buenos ojos porque se entiende como una competencia.

“A los 15 días de nuestro torneo, ellos inventaron otro. Acá la reglas eran que si te sacan tarjeta amarilla, en el próximo partido tenías que traer un cartel en defensa del agua o de un animal. Pero en el de allá (el de BCC) el premio es de 2 millones de pesos. Siempre está el dinero de por medio”, dice Óscar Gámez, presidente de Los Negros de Cañaverales. Por las calles de Cañaverales hay niños que llevan camisas blancas con el logo de BCC y otros, los uniformes azules del consejo comunitario con la frase “Juego por el agua y por la vida”.

Lorena Fuentes, de 22 años, y una de las encargadas de la escuela de fútbol del corregimiento, también ve con sospecha que la minera quiera poner su propio espacio de formación: “No sé si es para hacernos competencia a nosotros, pero aquí ya hay una escuela deportiva, ya la tenemos”. 

Entre otras acciones, la empresa pintó el parque principal y está caracterizando a los habitantes de la tercera edad, incluyendo a los de las otras once comunidades cercanas al proyecto “Mina Cañaverales”, para identificar necesidades que puedan ayudar a solventar. 

El tejido social está roto

Los días previos a las reuniones de preconsulta suelen ser tensionantes en Cañaverales. “Tengo una tía que dice que sólo con ver la empresa por acá se enferma. Dice que ahora  sufre de la presión por el temor que le genera lo que pueda pasar en el corregimiento si se aprueba el proyecto”, cuenta Dayeli Gámez y admite que a ella también le ha afectado. “Unos días antes a las reuniones de preconsulta me daban nervios, ansiedad, me ponía a pensar qué iba a hacer la empresa, con qué iba a salir. Era mucha zozobra y temor de que hubiera confrontación en la comunidad por culpa de un tercero, algo que no ha pasado hasta ahora”, cuenta.

En las reuniones públicas ha habido insultos, chiflidos y discusiones entre familiares y amigos por las posturas que tienen frente al proyecto minero. Los días posteriores no son muy distintos. Al menos en las dos semanas que le siguen a las reuniones de preconsulta, el tema común en las casas y las calles es lo que sucedió ese día, si alguien estuvo a favor o en contra, si hablaron o no, si asistieron o no. Esas discusiones han trascendido los espacios de preconsulta y ha roto amistades y lazos entre familiares y vecinos quebrando el tejido social de la comunidad. 

“Antes iba mucho a la casa de mi tía, que es también la casa a la que llegan todos los familiares de visita. Pero ya no llego allá porque ella defiende la minería y quizá yo le digo algo que va en contra de su creencia y es para problema. Ya mi primo, el hijo de ella, no me habla”, cuenta Lorena Fuentes. “El presidente de la Junta de Acción Comunal es mi sobrino, pero ya no me habla porque una vez puse un estado de Whatsapp dando mi opinión sobre la minería y él se lo tomó personal. Y con mi hermana tampoco hablamos por lo mismo”, recuerda Yólgica Gámez.

Además de las peleas en casa, las diferencias se han ahondado entre líderes de la comunidad. Al consejo comunitario y a quienes lo presiden, que están en contra del proyecto minero, son vistos por quienes quieren la mina como los que impiden el progreso a Cañaverales. “No me siento tranquilo cuando salgo a la calle porque lo que estamos haciendo no es cualquier cosa, nos estamos oponiendo a un megaproyecto con una cantidad de recursos económicos y de gente de San Juan y de otras partes con intereses”, dice Óscar Gámez de Los Negros de Cañaverales. 

Y al otro lado está la Junta de Acción Comunal (JAC), liderada por Yemerson David Gamez, que es vista por los opositores del proyecto como cercana a BCC y la que le ha permitido la entrada a una empresa que, consideran, terminará destruyendo el corregimiento. “BCC ya causó una de las peores afectaciones: rompieron el tejido social de Cañaverales”, dice Óscar Gámez. Hasta el momento de publicar esta historia Consonante no obtuvo la versión de parte del presidente de la JAC.

“BCC ya causó una de las peores afectaciones: rompieron el tejido social de Cañaverales”

Óscar Gámez, presidente del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales

Aunque parecen dos posiciones irreconciliables en Cañaverales, también tienen puntos en común. Mildrelys Moya, quien quiere que la mina llegue al corregimiento para que se dinamice la economía y haya oportunidades de trabajo, insiste en que el manantial no puede tocarse ni destruirse y que confía en los estudios que ha hecho la minera. Para ella, ese espacio de agua dulce es un paraíso a proteger y está dispuesta a reclamarle a la mina si incumple sus promesas o genera daños al manantial. 

Por su parte Dayeli y Yólgica Gámez, quienes se han opuesto al proyecto por temor a los impactos ambientales, también quieren que la calidad de vida de las personas mejore sin tener que irse de su territorio y salvaguardando el manantial. Sin saberlo, las tres mujeres, y a quienes representan, están de acuerdo en que Cañaverales es todo lo que tienen, el lugar al que, sin importar las veces que salgan, siempre vuelven, y la tierra en donde quieren un futuro lleno de oportunidades que hoy no tienen. 

En su tercera aspiración a la Alcaldía, ’Cubita’ Enrique Camilo Urbina fue elegido alcalde de San Juan del Cesar con 14.225 votos, más del doble de la votación que sacó el actual alcalde Álvaro Díaz. 

Su candidatura tuvo el aval del partido de La U y Cambio Radical, hizo fórmula con el gobernador electo, Jairo Aguilar Deluque y fue visto como ‘el candidato de la administración’. Hasta convirtió su apodo ‘Cubita’ en parte de su nombre de pila para que sus votantes lo reconocieran en el tarjetón, aunque para estas elecciones su única competencia era el exalcalde Moisés Daza.

Urbina es un abogado especialista en derecho administrativo que fue concejal de San Juan entre 2012 y 2014. También es conocido porque fue director de Participación Ciudadana de La Guajira y asesor de la Federación Nacional de Departamentos. Con sólo un contendor, la campaña terminó marcada por la polarización, la guerra sucia y los señalamientos mutuos de presionar a funcionarios y trabajadores del sector de la salud en el municipio.

En entrevista con Consonante, Urbina habló de priorizar a la zona rural, apostarle a la educación de los jóvenes, transformar el campo, garantizar el servicio de agua las 24 horas y de su meta de avanzar en la organización del espacio público en su primer año. Asimismo, aseguró que trabajará con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) que, en sus palabras, como hacen las veces de veedores jugarán un papel importante en su administración.

Consonante: Antes y después  de las elecciones, en el municipio  hablan de estar polarizados y divididos entre las dos candidaturas a la Alcaldía. ¿Tiene alguna estrategia para unir nuevamente a los sanjuaneros?

Cubita Enrique Camilo Urbina: Fue una campaña agresiva, con bastantes ataques. Ya superado eso uno tiene que concentrarse en trabajar. Hay que doblar la página. Por eso, y con el fin de buscar la manera en que la dirigencia de San Juan se una, invité con mucha humildad y respeto al otro candidato, al doctor Moisés Daza, para que nos reuniéramos y entre los dos comenzáramos a tocar temas que favorezcan al municipio. La idea es tener en cuenta las opiniones de él, los puntos que tenía en su programa de gobierno.

Le hice un llamado (a Daza), no sé cuáles fueron los motivos pero lastimosamente no me contestó la llamada. Pero uno no puede desfallecer: le hice otro llamado público por medio de la emisora y ayer (28 de noviembre) me reuní con un familiar suyo que está de acuerdo con la propuesta. Él será el canal de comunicación para sentarnos y lograr una unidad que beneficie al pueblo. 

Tenemos claro que se necesita una oposición, es lo más normal, lo más democrático, pero queremos que esa oposición no se dedique a hacer persecuciones o ataques a título personal, sino que sea una oposición constructiva. A veces un mandatario está actuando de una manera equivocada y la única manera de que caiga en cuenta es que un opositor le  haga un llamado de atención. De esa oposición también aprendemos.

C: ¿Cómo ha visto el recibimiento del pueblo Sanjuanero?

C.E.C: Se nota la alegría. La gente todavía me ve y me felicita, me abraza, se pone a disposición y celebra el triunfo. San Juan me brindó un respaldo contundente, una votación histórica. Es la primera vez que el municipio elige un alcalde con más de 14 mil votos, aquí normalmente se lograba una alcaldía con 8 mil.

Eso es algo que me llena de compromiso. Un compromiso que asumo con mucha humildad porque cada sanjuanero depositó su voto de confianza y lo que menos quiere es ser desilusionado. Por eso, mi compromiso y mi reto es responderles y agradecerles con una buena gestión y una buena administración.

C: ¿Cómo se está dando el empalme entre su administración y la saliente?

C.E.C: Se está dando de manera amigable. Tengo muy buena relación con el alcalde actual. Nos enfrentamos en la campaña anterior cuando él resultó elegido. En ese momento, asumí mi derrota con humildad, lo felicité, me puse a su disposición y le colaboré en lo que podía. Al alcalde nunca lo ataqué ni lo perseguí. Por eso hemos creado un ambiente amigable con el empalme. Vemos armonía y disposición del alcalde y su equipo de trabajo. Incluso me hizo un recibimiento y creo que es la primera vez que se realiza eso aquí en San Juan.

C: ¿Qué proyectos específicos de la Alcaldía de Álvaro Díaz continuará en su mandato?

C.E.C: En estos momentos se están ejecutando proyectos y obras como los parques y la pavimentación de vías. A eso no le voy a poner trabas, al contrario, le voy a hacer seguimiento para que llegue a un feliz término. Voy a revisar los programas que está ejecutando el alcalde y a darle continuidad a lo bueno. Si nosotros vemos que hay algo que no está favoreciendo en nada al municipio, lo eliminamos, lo suspendemos. Pero  necesitamos primero el informe de la Comisión de empalme para ver cómo está el municipio en la parte presupuestal y en la ejecución de proyectos.

C: Se rumoraron muchas cosas sobre su candidatura, incluyendo la injerencia política del actual alcalde y hay denuncias en la Fiscalía. ¿Qué tiene para decir sobre esto?

C.E.C: Fueron una de las persecuciones que tuvimos. El alcalde nunca estuvo vinculado, nunca me apoyó. Sí lo he felicitado públicamente y aprovecho para felicitarlo, porque al César lo que es del César. Para nadie es un secreto que él ha representado muy bien a San Juan, lo ha dejado por lo alto, ha recuperado la credibilidad del municipio con esos tres premios que ha ganado. Esos no son premios que se ganan fácil, si se los dieron fue porque lo hizo bien. Pero como yo nunca ataqué ni perseguí al alcalde, quizá los opositores pensaban, y lo manifestaron, que el alcalde me estaba apoyando. Sí tenemos una buena amistad, pero en lo personal. En ningún momento recibí su apoyo; tengo cómo probarlo ante los estados judiciales, voy a demostrarlo y a enfrentar estos procesos.

C: También se habló de presiones a los trabajadores del hospital para que votaran por su campaña. ¿Qué sucedió con eso?

C.E.C: Totalmente falso. Fueron especulaciones, ataques de la oposición y persecuciones. No puedo decir que el hospital, que es una institución pública, me apoyó. Los funcionarios son libres de votar por el candidato que les parezca. A la gerente la respeto, la admiro y le aplaudo la gestión que ha venido haciendo por nuestro hospital, que es un patrimonio de los sanjuaneros, pero en ningún momento tuve una reunión con ella ni me brindaron ese apoyo ni ese respaldo.

C: ¿En qué condiciones financieras y sociales se encuentra el municipio?

C.E.C:Todavía la Comisión de empalme no ha llegado a Hacienda. Vamos por sectoriales y, al final, la comisión me da un informe de lo que fue el empalme y en las condiciones de cómo se encuentra el municipio.

C: En una de sus vallas de agradecimiento a los votantes usted dice que será “el alcalde de la transformación”, ¿qué planea para San Juan?

C.E.C: La transformación con la juventud. Vamos a dedicarnos a tener una juventud educada, que se dedique a estudiar para que asuma su responsabilidad con nuestro pueblo y nuestra sociedad. 

También le apuntamos al emprendimiento, esa será una propuesta bandera. Con el emprendimiento queremos mejorar la calidad de vida de los sanjuaneros, porque cuando una persona genera ingresos, mejora sus condiciones de vida. A falta de empleo y condiciones laborales, queremos que esa persona produzca y se vuelva emprendedora. 

Queremos transformar el campo, apoyar al sector campesino. San Juan cuenta con una extensión rural y una despensa agrícola que no hemos sabido explotar porque no hay vías de acceso. Soy un hombre amante del campo y me voy a preocupar porque la zona rural tenga unas buenas vías de acceso para que el campesino tenga como cultivar, sacar sus productos y traerlos al mercado. Con buenas vías no sólo movemos el agro, también el turismo y ambos mueven la economía. 

C: ¿Qué presupuesto necesita para llevar a cabo sus propuestas?, ¿cómo piensa lograr esos recursos?

C.E.C: Contamos con un presupuesto de casi 50 mil millones de pesos, pero esos recursos no son de libre inversión, se van en funcionamiento, salud y saneamiento básico. Quizá quedan unos 8 mil millones de pesos de libre destinación y con eso no se hace nada. Lo que queremos es multiplicar esos 8 mil millones y cofinanciar proyectos con el gobierno departamental y nacional. También necesitamos tocar la puerta de ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) y de fundaciones que quieran invertir acá. También me voy a reunir en Bogotá para revisar con qué empresas podemos hacer alianzas para que vengan a gestionar y ejecutar obras por impuestos en nuestro municipio, una modalidad que se está realizando en todo el país. 

C: ¿Cuál será el papel de la alcaldía en torno al proyecto de la represa del Río Ranchería?

C.E.C: Vamos a hacer acompañamiento a esa gran obra que beneficiaría a La Guajira, pero tenemos que ser exigentes. Si está en la jurisdicción de nuestro municipio, debemos tener prioridad para usar esa agua y que de allí se de el distrito de riego, que los acueductos estén abastecidos con la captación de aguas del río Ranchería. 

Incluso hay un proyecto que se va a ejecutar que consiste en utilizar la captación, con un tubo, de la Represa Ranchería, y va a fortalecer la captación del acueducto de la zona urbana. Ya con eso optimizaríamos el servicio y tendríamos agua las 24 horas en la zona urbana. De allí mismo necesitamos, y eso lo estoy gestionando, el acueducto respaldo que iría para la zona rural, también con la captación de la represa del río Ranchería.

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C: Uno de los problemas de San Juan es el uso del espacio público, en especial por los vendedores que están en la calle principal, ¿les va a garantizar una reubicación o va a rescatar el nuevo mercado?

C.E.C: No se trata de solucionar un problema y dejar otro. Hemos hablado de recuperar el espacio público, pero tenemos que tener en cuenta que los vendedores están trabajando porque necesitan llevar un sustento a su familia. 

Necesitamos trabajar de manera articulada. Garantizar que el espacio público esté organizado y que los comerciantes mejoren sus condiciones laborales. Para eso, primero, necesito escuchar a todos los comerciantes, porque para que haya una buena solución se necesita un buen entendimiento y diálogo. Quiero saber qué piensan, qué pretenden y con base a esto tomar decisiones. 

Lo que sí le digo al pueblo sanjuanero es que le voy a garantizar el espacio público y a los comerciantes les voy a mejorar su calidad y condiciones laborales. Mi mamá y mi papá tenían puestos en el mercado, por eso queremos ejercer autoridad sin atropello.

C: ¿Cuál será la prioridad de su gobierno en el primer año y qué resultados espera en ese tiempo? 

C.E.C: En el primer año estamos apostando a los acueductos de la zona rural. Ya estoy gestionando ante Andreína García, la gerente de Esepgua (Empresa de Servicios Públicos de la Guajira), el tema del acueducto para La Peña, La Junta y Curazao. En estos días tengo una reunión con ella porque también voy a proponerle el Acueducto Regional en el corredor de Cañaverales a El Tablazo y un acueducto en la zona de Boca del Monte, Los Tunales, Pondorito y El Playón. También queremos dar resultados en el primer año en el tema del espacio público y las vías terciarias.

C: A propósito, Consonante ha cubierto  las denuncias en Guayacanal por las demoras en el proyecto de alcantarillado, esas deberían terminar este año, pero está atrasado. ¿Ha podido hablar con las comunidades de esta zona ? ¿Qué va a pasar con este proyecto?

C.E.C: Estuve por fuera alrededor de dos o tres semanas por reuniones y capacitaciones, así que todavía no se ha dado la oportunidad de reunirme con la comunidad de Guayacanal, Corral de Piedra y Zambrano, que es donde están ejecutando ese proyecto, para revisar cómo van los avances de de esa obra. Tengo entendido que la obra ha tenido muchos inconvenientes y nosotros vamos a entrar a revisar cómo va el avance y en qué porcentaje va tanto financieramente como en ejecución.

C: Usted hizo fórmula con el gobernador electo, Jairo Aguilar, ¿cómo será esa relación ahora que fueron elegidos?

C.E.C: Los sanjuaneros le brindamos un respaldo contundente y él tiene mucha afinidad y agradecimiento. Ya en días anteriores me reuní con él y le hablé del compromiso que teníamos y que es importante articular los procesos de la Gobernación con el municipio. Necesitamos del gobernador para que nos ayude a financiar proyectos, a hacer convenios. El presupuesto de San Juan no alcanza para mucho, por eso es importante que lo articulemos y que rinda con la gestión que hagamos ante el gobierno departamental.

C: ¿Cómo será su relación con los concejales electos teniendo en cuenta que son los que aprueban presupuesto y plan de desarrollo local?

C.E.C: Con todos los concejales electos tengo una muy buena relación. Lógicamente va a haber oposición, ya vi un concejal que se declaró como tal y esa es la democracia. Lo importante es que haya una oposición constructiva, que se corrijan acciones que quizá no se estén haciendo bien, pero en armonía. Yo fui concejal, sé cómo debe llevarse una relación alcalde - concejales. Estamos a disposición de ellos para trabajar de la mano y ellos están dispuestos a trabajar por nuestro municipio, asimismo vamos escucharlos a ellos y al control político que nos hagan.

C: ¿Cómo aprovechará que San Juan es un municipio PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial)?

C.E.C: Nosotros contamos con esa bendición y, por eso mismo, tenemos que aprovechar para presentar proyectos que beneficien la zona rural y sean financiados de esa bolsa. Ya entraríamos a analizar si podemos realizar proyectos productivos o de vías terciarias.

C: Desde hace varios años la empresa BCC ha buscado poner en marcha un proyecto minero en Cañaverales que tienen dividida a la comunidad, ¿Cuál será la injerencia de su alcaldía en este proceso?

C.E.C: Eso es algo de orden nacional, no es competencia de un alcalde tramitar una licencia ni un permiso para la operación de esa mina. Lo que sí puedo decir es que todo el tiempo voy a estar a favor de Cañaverales. Sé que unos quieren el proyecto y otros no, yo estaré respaldando las decisiones de la mayoría. Puedo garantizar que no voy a permitir que les atropellen sus derechos, los voy a apoyar, ellos no se van a sentir huérfanos ante cualquier decisión que tome el gobierno nacional.

C: El proyecto ha generado divisiones entre los que quieren y los que no quieren la mina y entre los que creen que hará un daño ambiental al manantial de Cañaverales, ¿qué opina sobre esto y qué mensaje le da a los habitantes de este corregimiento frente al proyecto minero?

C.E.C: Mi recomendación es que se unan como pueblo, las divisiones no son buenas. Siempre lo ha dicho la Biblia: ‘Divide y reinarás’. Necesitamos que el pueblo esté unido y yo voy a buscar la forma y los canales para que esa unidad se dé, me les voy a poner a su disposición para facilitar todos los medios con el fin de unificar su criterio.

C: La administración que está saliendo ha tenido el proyecto insignia de la remodelación de las plazas y parques que llevan un año y aún no se han entregado, ¿estas obras se van a terminar?

C.E.C: Lo voy a garantizar. No puedo perjudicarme, así que le exigiré a los contratistas de estas y todas las obras que están en ejecución que las terminen. Por eso es que necesitamos el informe de la Comisión de empalme para ver en qué porcentaje de avance y ejecución se encuentran dichas obras.

C: ¿Tiene alguna política pública orientada a personas migrantes?

C.E.C: Este es un problema que ocurre en San Juan y en todo el país, vamos a trabajarle y para eso me apoyaré siempre en el Gobierno Nacional para brindarle una buena calidad de vida a nuestros hermanos venezolanos que muchas veces se convierten en un problema.

C: ¿Ya tiene nombres de las personas que harán parte de su gabinete?

C.E.C: Aún no tenemos nombres porque estamos realizando el empalme. Hay personas que están acompañando el empalme y a ellos les vamos a hacer un estudio, entrevistas y exámenes porque queremos escoger a unas personas idóneas, que tengan la capacidad de asumir ese cargo. Esto no va a ser un gabinete político ni una complacencia político, sino un gabinete técnico. 

C: ¿Cuándo se conocerá ese  gabinete?

C.E.C: A mediados de diciembre.

Tras la destrucción de más del 25 por ciento del material electoral y la pérdida de la cadena de custodia de los votos, en al menos dos puestos de votación de Fonseca, la Registraduría anunció que las elecciones para Alcaldía y Concejo del pasado 29 de octubre debían repetirse el próximo 17 de diciembre. En el municipio sólo alcanzaron a informar los votos de 57 de las 98 mesas, pero esos resultados, aún  parciales y no oficiales, han servido de antesala para medir fuerzas y hacer cálculos políticos. Las cifras preliminares tienen a los candidatos a la Alcaldía y al Concejo moviéndose a contrarreloj para tomar decisiones sobre alianzas o renuncias definitivas a sus aspiraciones. 

Pero no sólo es el tiempo el que les juega en contra, también es el desgaste de una campaña que inició a mitad de año, que se pensó hasta el 29 de octubre y en la que no se contemplaban recursos adicionales para otro mes. Estos días son claves para evitar que los votos se vayan hacia otros candidatos y garantizar como mínimo, así como lo hicieron en octubre, que el día de la votación haya testigos electorales y transporte de los electores a los puestos de votación para asegurar su voto. También será un tiempo clave para concretar alianzas, convencer al elector y hacer pedagogía sobre unos cambios que, al menos en el tarjetón, no serán visibles.

Por ahora el tablero electoral en Fonseca no se ha terminado de definir. Hay candidatos al Concejo que cambiaron su apoyo político a candidatos a la Alcaldía y otros que se bajaron de sus candidaturas y afectarían los votos mínimos que debe tener una lista o partido (umbral) para elegir candidatos. 

Mientras eso pasa en las listas al Concejo, en las aspiraciones a la Alcaldía el margen entre las dos candidaturas punteras parece estrecharse. Enrique Luis Fonseca, el candidato considerado a derrotar en las elecciones y que iba con el apoyo de la administración, alcanzó a tener 4.715 votos en el preconteo. Pero hoy tiene una competencia directa con el exdiputado Micher Pérez, quien  registró 3.733 votos y que sumó a su campaña a Benedicto González, tercero más votado (con 2.888 votos preliminares). Los otros dos candidatos que tienen más de 100 votos dicen que aún no han definido por quién irse, pero su apoyo puede inclinar la balanza en una campaña electoral que lideran dos candidatos.

El momento de las alianzas

El 19 de noviembre, en un comunicado conjunto, Benedicto González anunció su renuncia como candidato a la Alcaldía y la fusión de su campaña ‘Un cambio para avanzar’ con la de ‘Un tren de oportunidades’ de Micher Pérez que se convirtió en el candidato de esa alianza. “Los principales temas programáticos de esta alianza son el pacto por el agua, las vías terciarias, los acueductos rurales, las escuelas y los puestos de salud en zona rural, así como el desarrollo urbano y humano a partir de la generación de oportunidades laborales”, le dijo González a Consonante. 

Con la unión, se concreta una única candidatura fuerte para hacerle competencia al candidato de la administración y se evita la dispersión de votos. También le da más fuerza a Micher Pérez porque puede reunir el voto que va en contra del continuismo o que no quiere que el grupo político ‘Podemos’, por el que se eligió el actual alcalde, se consolide en el poder con una segunda alcaldía. Así lo ve Luis Dario Ortiz, votante de González quien ahora apoya a Pérez y piensa que la Alcaldía actual se quiere “perpetuar en el poder”: “Quiere imponerse en todo punto de vista. Creo que la unión es una oportunidad de volver a remover ese poder enquistado y los egos que se forman alrededor de eso”.

Además puede sumar el voto juicioso que estaba con González y que se concentra, primero en los firmantes de paz que son su nicho político y a quienes representa de forma inmediata, y segundo a los que integran y apoyan su movimiento político ‘Avanzar.’

La alianza ha sido vista con buenos ojos por votantes de ambas campañas.“Es una alianza que se oficializó y ya estamos esperando que el partido Esperanza Democrática adhiera a la campaña de Micher Pérez, comenta Deiber Guerra, candidato al Concejo. “Sentimos que el panorama ha cambiado mucho, nos sentimos con el apoyo de un 50 por ciento más de las personas”, nos dijo Jeider Martínez, líder social de El Hatico que apoya a Pérez. “Nosotros con todo el respeto y la confianza vamos a seguir la directriz del equipo. Nuestra idea era llegar solos hasta el 29 de octubre y así lo hicimos, sabemos que unirnos a Micher fue la mejor decisión”, comenta Juan Contreras, conductor y parte de la campaña de González. 

Tanto Martínez como Contreras están jugados con la alianza y convencidos de que ganarán estas elecciones. Por ejemplo, Contreras dijo que como conductor pondrá su carro a disposición de la campaña, como lo hizo el 29 de octubre. Ese día movió aproximadamente 50 personas y está dispuesto a hacer lo mismo para asegurar el triunfo de Pérez. Por su parte, Martínez está concentrado en temas de propaganda electoral: mover el nuevo jingle sobre la unión de las campañas que se escuchará en la emisora Utay Stereo e impulsar la campaña por redes sociales como Facebook y Whatsapp.

Pero la alianza tampoco asegura que todos los votantes de González aterricen en la campaña de Pérez ni le den su voto, tampoco que los votos del conteo preliminar se le vaya a sumar de forma automática. En alianzas como esta pesa, por ejemplo, que Pérez es visto como un político tradicional que fue cercano al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, condenado por el homicidio de tres personas; al exalcalde Misael Velásquez y al senador del partido de La U, Alfredo Deluque, que puso de gobernador a su primo Jairo Aguilar. 

Esas relaciones políticas van en contra del discurso de González de que haya un cambio político en el municipio. Algo que notan desde la campaña de Enrique Fonseca. “Tú tienes que buscar candidatos de tu misma corriente política, en este caso de centro o de izquierda, pero aliarse con uno de derecha como Micher Pérez creo que los perjudicó porque era lo que criticaban: las maquinarias y los clanes políticos”, cuenta Early Díaz, votante del candidato de Podemos. 

En eso coincide Jorge Camargo, candidato al Concejo Liberal que apoya al candidato Fonseca: “Me gustaban los ideales de Benedicto, porque buscaba un cambio, una propuesta nueva. Pero ahora al unirse a Micher Pérez no le creo. Porque siguen los mismos. Hay que respetar la decisión si él decidió irse para allá para derrotar a la Administración”. 

Por eso, González ha tratado de enviar un mensaje de tranquilidad a sus votantes:  “Les damos un parte de tranquilidad (a los votantes) y les decimos que ‘El cambio para avanzar’ conserva la esencia con la cual ha iniciado su trasegar político. Y esa esencia e independencia se notará en el ejercicio mismo de la administración”, dice el excandidato. Esos peros a la alianza hacen que algunos votos, en especial los que estaban casados con González o los que eran de opinión, no se endosen tan fácil a Pérez y opten por votar en blanco, por Fonseca o abstenerse. Es ahí donde este mes de campaña es clave para todos, en especial para conquistar votos en blanco o de indecisos.

Como en estos momentos son dos los candidatos que recogen la mayor votación, los otros han empezado a repensar su candidatura. Orangel Romero del partido Liberal, que tuvo 356 votos en el conteo preliminar e incompleto, aceptó que desistirá de su aspiración. Aunque diferentes fuentes dicen que llegará a la campaña de Enrique Fonseca, el candidato le dijo a Consonante que no ha tomado ninguna decisión. Según la sección El Oráculo del Diario del Norte, el candidato estaría negociando que, quien lo reciba, dé el voto en Corpoguajira (la principal autoridad regional ambiental de La Guajira), a favor de su primo Juan Zambrano, pero Romero negó que esto fuera cierto. 

Por su parte, Jazen Suárez del partido Gente en Movimiento, a quien le contaron 161 votos, dijo que estaba analizando la situación y esperaba decidir esta semana si continúa o no con la campaña. El apoyo de cualquiera de los dos candidatos es clave porque en una contienda electoral tan apretada puede marcar la diferencia de quién llega a la Alcaldía. “Llegará el momento donde se necesitará el centavo para completar el peso y en una situación como esa, posiblemente, seríamos nosotros (el grupo político) los que entraríamos a definir”, afirma Suárez.

Ambos candidatos reconocen que las campañas de Fonseca y Pérez son fuertes y que con ambos tienen buena relación. También dicen que una de las razones que más pesa para bajarse de esta campaña es el tema del presupuesto y el desgaste que acarrean más de tres meses en correrías por el municipio.

El desgaste de las campañas

El 17 de diciembre, cuando se repitan las elecciones en Fonseca, los candidatos completarán medio año haciendo campaña formalmente. Un trajín que sienten ellos y los ciudadanos que han estado inmersos en las discusiones políticas y han provocado un desgaste en al menos tres frentes. 

El primero es el físico y el mental. “El que diga que no está desgastado en esta campaña está echando mentiras. Estamos activos, pero en la mirada se nos nota que estamos cansados”, cuenta Early Díaz, exgerente de la campaña del excandidato a la asamblea Luis Pérez, y quién apoya a Enrique Fonseca. Dice que a las avanzadas no va la misma gente ni va con la misma fuerza que antes del 29 de octubre y que no se trata sólo de las actividades que se ven en el día a día de una campaña.

 “En estos días empezamos a hacer un sondeo con los resultados que Fonseca obtuvo la campaña pasada. Empezamos a analizar debilidades y fortalezas y para eso hay que hacer análisis de datos, operaciones estadísticas, saber qué pasa en las mesas de votación, todo eso es un desgaste de sentarse en el computador y tirar cabeza”, explica Díaz. 

El segundo es el económico. Una persona que conoce cómo se mueven las campañas y prefirió no ser nombrada, dijo que sin gastar en publicidad, invirtiendo en recorridos en barrios y siendo austeros, podrían gastarse entre 35 y 40 millones de pesos el último mes. Otro político que ha estado en varias campañas dijo que esos serían los gastos básicos en un mes: “A una persona que haga parte de un equipo de avanzada le puedes estar pagando unos 400 mil pesos al mes, y si tienes una avanzada de 100 personas, ya se te fueron los 40 millones sin contar transporte, gasolina, refrigerio, publicidad, hidratación e imprevistos”, comentó.

La temporada decembrina tampoco ha ayudado en ese factor. Orangel Romero dijo que una de las razones de su renuncia es que este mes todo se ponía más caro: “Como es diciembre empiezan que el regalo, que la ropa para el bautizo, que ayúdeme para el grado. Quiera o no, en la idiosincrasia de estos pueblos se aumentan los gastos de la campaña porque te lo van a pedir como un favor”. Incluso ha afectado la compra de votos que hoy está más costosa porque, quienes aceptan dar su voto por dinero, también buscan asegurar ingresos para la familia. 

A eso se suma que lo ocurrido el 29 de octubre, según personas que estuvieron presentes y participaron de la asonada, fue en parte por la indignación que generó la compra de votos, por lo que la práctica ha tenido que hacerse con mayor antelación y cuidado.

El tercero es el desgaste de los procesos políticos que llevó a que varios candidatos renunciaron, ya sea porque vieron que la votación del 29 de octubre fue muy baja o porque se sintieron abandonados por los partidos que los avalaron o por los candidatos a la Alcaldía que apoyaron. 

Ese el caso de Carlos Nail Fernandez, excandidato al concejo por el partido Liberal, quien ya se retiró de las contienda. Dice que lo hizo porque no contaba con el tiempo para hacer un mes más de campaña: “No me veían bien ni la campaña, ni mis compañeros de lista. Me sentí solo en el proceso, nunca me tuvieron en cuenta. A pesar de todo saqué 110 votos sin tener padrinos políticos”. Fernández apoyaba a Benedicto González y dice que era el único de los liberales (que tenían candidato propio con Orangel Romero) que estaba con la campaña de ‘Avanzar’, pero que ni así le cumplieron los acuerdos y se sintió excluido. “La decisión fue mía por el desgaste que sufrí en el proceso, además yo tengo responsabilidades, yo trabajo en una empresa y también tengo familia”, añade Fernadez 

Una opinión similar tiene Aylin Rincones, excandidata Liberal al Concejo quien renunció incluso antes del 29 de octubre porque, según dijo: “No tuve la más mínima ayuda del partido, me di cuenta que no todo era color de rosa (...) y sentí que era un relleno en la lista”. Con la bajada de Fernández y Rincones, el partido Liberal tiene una pérdida doble porque se queda sin los votos de Fernández, lo que implica que va a ser más difícil sacar el umbral para poner un candidato. 

Con la pérdida de esos votos, el partido Liberal está en una situación similar a la de otros movimientos y listas de las que se han bajado candidatos: la reducción de votos que puede llevar a que se queden sin curul. “Antes del 29 de octubre y con las proyecciones que hacíamos, podíamos pelear dos curules, pero hoy estamos peleando una, ni siquiera es fija”, dice el excandidato Orangel Romero. 

Y el otro lado es que Rincones hace parte del mínimo de participación de mujeres que deben tener los partidos en una lista (30 por ciento de participación). Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explica que renuncias como la de Rincones no afecta la legitimidad de la lista porque el partido cumplió con inscribirla como lo indicaba la ley, pero sí lastima la democracia: “El partido cumplió, pero cumplió en el papel. Las razones de la renuncia, por ejemplo, muestran que la colectividad no garantizó la participación de las mujeres y que aún hay un camino largo para que haya paridad de género en estos casos”.

Tanto Fernández como Rincones dicen que seguirán moviéndose por la alianza entre Micher Pérez y Benedicto Gonzalez que sienten que representa sus ideales políticos. Sólo una de las personas con las que habló Consonante dijo que su voto cambió. Se trata del excandidato al concejo Rogelio Ramos, del partido En Marcha. Dijo que desistió por falta de tiempo y porque le “quedaba difícil continuar con el proceso electoral” y añadió que pasó de apoyar al candidato Enrique Fonseca a estar con Micher Pérez, en parte porque sintió que lo dejaron solo en su ejercicio electoral.

El peso de las alianzas y las renuncias se sabrá el próximo 17 de diciembre cuando Fonseca elija un alcalde. A menos que la votación sea tan apretada que dependa de los escrutinios que tardarán un par de semanas. Pase lo que pase, el alcalde electo tendrá menos de 15 días para hacer un empalme que los mandatarios del resto del país iniciaron en noviembre.

Hasta el momento de publicar esta historia, ni Micher Pérez ni Enrique Fonseca contestaron las llamadas de Consonante para conocer su versión de lo que está pasando en las campañas.

Pasadas las tres de la tarde del domingo 29 de octubre, casi una hora antes de que cerraran las urnas en todo el país, decenas de personas entraron al puesto de votación del colegio Ernesto Parodi, en la sede Calixto Maestre. La turba arrasó con varias mesas, tumbó sillas, rasgó tarjetones y, en últimas, destruyó parte del material electoral. Al poco tiempo, esta misma escena se repitió en la Institución Educativa Agropecuaria del corregimiento de Conejo.

Ese mismo día circularon por WhatsApp videos y fotografías de personas destruyendo el material electoral en estos puntos y tarjetones electorales en el piso de los puestos de votación. En total, 43 de las 98 mesas de votación instaladas en el municipio fueron violentadas, según le dijo a El Tiempo José Fernando Mejía Castaño, delegado del Registrador en La Guajira. Tras los hechos, el alcalde Hamilton García declaró un toque de queda hasta las 9:00 am del día siguiente, y señaló como responsables de los disturbios a los excombatientes de las Farc, a pesar de que la mayoría de las personas que participó de los actos violentos no eran excombatientes.

Desde entonces, los funcionarios de la Registraduría han intentado continuar con la revisión de los resultados de unas elecciones que debieron suspenderse. Según varios expertos consultados por Consonante, la pérdida de la cadena de custodia de varias urnas, los disturbios y la destrucción del material electoral eran argumento suficiente para declarar nulas las elecciones y repetir la jornada electoral. Sin embargo, ni el alcalde Hamilton García ni la gobernadora Diala Wilches tomaron esta decisión.

Por eso, a cinco días del cierre de las elecciones, en Fonseca aún no se sabe quién será el próximo alcalde. De acuerdo con la página de la Registraduría, solo el 58% de las mesas de Fonseca han sido informadas. Aún así, el escrutinio aparece en el 100%, con 98 mesas escrutadas. Los resultados parciales dan como ganador a Enrique Luis Fonseca con 4.715 votos. Pero estos no son oficiales y la comisión escrutadora municipal trasladó este viernes los escrutinios a la comisión departamental.

Para aclarar los hechos que llevaron al municipio a esta situación Consonante reconstruyó lo sucedido en la sede Calixto Maestre. Esta institución educativa fue el punto inicial de los disturbios que se presentaron el domingo de elecciones. La información recopilada demuestra que fue la indignación de las personas por las irregularidades y la compra de votos que denunciaban y la inacción que sintieron por parte de la Policía, la que los impulsó a entrar al puesto de votación. La arremetida fue coordinada por varias personas que se pusieron de acuerdo para entrar de forma masiva al colegio y destruir tarjetones. El plan incluía trasladarse a otros puestos de votación, pero no lo lograron.

También queda claro que la cadena de custodia de votos se perdió, que por al menos dos horas no hubo jurados ni claveros que cuidaran lo que no se destruyó y que, aún con urnas que parecen no haber sido violentadas, cabe la posibilidad de que se haya alterado el número de tarjetones al interior de varias de estas. Sin embargo, quedan varias dudas sobre cómo se coordinó la acción, quién dirigió la operación. 

Siga a continuación la cronología de los hechos sucedidos el domingo 29 de octubre en la sede Calixto Maestre de la Institución Educativa Ernesto Parodi. 

La apertura del puesto de votación ocurre con normalidad. La sede Calixto Maestre es uno de los 12 puestos de votación instalados en el municipio. De los cuatro de la zona urbana, este es el segundo con mayor número de mesas: 18 en total. Siete policías que custodian las dos puertas habilitadas están encargados de garantizar la seguridad durante la jornada electoral. Cinco están ubicados en la entrada principal, un portón grande que tiene el nombre del colegio, y los otros dos, en una puerta destinada para la salida de los votantes. 

La mayoría de las personas que se acercan al puesto de votación en la mañana son adultos de la tercera edad.

Al poco tiempo del inicio de la jornada electoral se empiezan a presentar irregularidades. “A una de las mesas llegó un señor y ya venía con el tarjetón firmado por los jurados, pero se lo alcanzaron a quitar y una funcionaria de la Registraduría lo destruyó”, contó una testigo. El tarjetón era pedagógico, pero el hecho despierta preocupación y rumores de irregularidades entre los asistentes al puesto de votación.  

Según los testimonios, integrantes de la campaña o simpatizantes de Enrique Luis Fonseca, conocido como Kike Fonseca, buscaban alterar los resultados a su favor en este y otros puestos de votación del municipio. Fonseca es considerado el candidato de la administración para estas elecciones pues se presentó por el partido ¡Sí Podemos!, al que pertenece Hamilton García, actual alcalde.

“Por mi casa estaban comprando votos, así descaradamente, para Eliza Álvarez (candidata al Concejo por Alianza Verde) y Kike Fonseca. — cuenta una habitante del barrio 1 de julio —. También llegó un muchacho comprando votos para la señora Eredys Brito (candidata al Concejo por Cambio Radical) y Kike Fonseca. Yo llamaba y reportaba y les decía que estaban en la calle tal con tal y no hacían nada. La Policía custodiaba, yo lo sé porque cuando llegaban no les decían que pararan ni se llevaban a nadie preso”. 

A medida que transcurre el tiempo, se empiezan a conocer más denuncias. En las redes sociales y Whatsapp circulan mensajes, audios, fotografías y videos  con denuncias ciudadanas de irregularidades en los puestos de votación y compra de votos. En uno de estos videos la Policía aparece registrando a una mujer que tiene varios tarjetones marcados a favor de Enrique Fonseca.

Los votantes se quejan de la inacción de la Policía. “Hubo 60 puestos de compra de votos en Fonseca y no llegaba un Policía. Si llegaban no se bajaban del carro. En Conejo un muchacho con una mochila pagaba los votos. En la esquina de los Chinchilla pagaban el voto a 150 mil pesos, fue un descaro y una corrupción total. Todo eso fue el detonante de esta situación”, cuenta un habitante de Fonseca. 

Pasado el mediodía, la afluencia de jóvenes y adultos que llegan a votar a la sede educativa aumenta. A esa hora se percibe tensión en el ambiente por el incremento de la compra de votos cercana a este y otros puestos de votación.

Los mismos candidatos hablan de estos hechos en sus redes sociales. Benedicto de Jesús González, candidato a la Alcaldía del movimiento Avanzar, publica en su cuenta de Facebook: En Fonseca, La Guajira, hay una descarada compra de votos frente a una pasividad y complicidad de la Policía y demás instituciones.

Por Whatsapp empieza a moverse un video grabado en la carrera 14, entre la calle 16 y la 17, en donde una multitud rodea un bus en el que, supuestamente, están comprando votos: “Alteración del orden público por compra de votos y la Policía no hace un carajo”, dice quien graba el video y cuenta que, supuestamente, el bus “transportaba dinero y votantes”. 

Al puesto de votación Calixto Maestre, llegan cinco personas que empiezan a presentarse como claveros. Es decir, los encargados de custodiar los votos. “Todos eran de apellido García, no sé si tenían relación con la administración (del alcalde Hamilton García), pero era sospechoso”, dice una persona que fue testigo en el puesto de votación. 

Un funcionario de la Registraduría le llama la atención a los claveros diciéndoles que la presentación de ellos debe hacerse en conjunto con funcionarios de la Registraduría. A pesar de eso, los supuestos claveros continúan con su recorrido y salen del puesto de votación.

A unas cuadras del colegio, el candidato Micher Pérez sale de ‘La casa de la paz’, sede de la campaña de Benedicto González; según una persona que lo vio llegar y salir de la sede. El encuentro, minutos antes de que pasaran los desmanes, ha llevado a que crezca la idea de que lo sucedido en el puesto de votación estuvo relacionado con la reunión entre los dos candidatos. Ni Pérez ni González contestaron las llamadas y mensajes de Consonante para conocer su versión, pero ambos han rechazado los disturbios públicamente y han pedido la nulidad de las elecciones.

Sólo una persona que conoció los hechos dijo que, de forma espontánea, la gente se organizó para entrar al puesto de votación: “No sé en dónde fue, pero la gente se reunió, hablaron y se pusieron de acuerdo para ir al Calixto Maestre. Ya estaban cansados de la compra de votos y decidieron unirse. La idea era destruir ese material electoral para que las elecciones se repitieran”.

Entre 20 y 30 personas llegan a la puerta del Calixto Maestre: “Vamos, vamos que vamos para adentro”, dice uno de ellos como tratando de animar a la multitud. 

“Ahí vienen”, gritan dentro del puesto de votación. Los votantes que se dirigen a la salida regresan corriendo al ver a la multitud. Quienes ingresan al puesto corren a las mesas de votación que están en los salones mientras gritan indignados: “Hay fraude”, “nos robaron las elecciones”, “¿por qué la Alcaldía no puede jugar limpio?”.

“Nosotros venimos de parte de Micher Perez y vamos a meterle candela a toda esta mierda”, dice una de las personas. “Cálmese, así no es, no vinimos a hacerle daño a la gente, vinimos a quemar los tarjetones porque los están metiendo marcados”, responde una mujer que lo escucha.

En la mesa 2, una mujer encargada de hacer la biometría a los votantes se lanza hacia la puerta del salón para intentar cerrarla. Tres hombres forcejean con ella y logran entrar, los siguen otras tres personas. El primero que entra patea la urna de los votos, mientras otros impiden que jurados y testigos salgan del salón. En la mesa 1, 3 y 6 ya estaban rasgando tarjetones.

“En medio de los disturbios, noté que uno de los jurados de la mesa 10 cogió unos tarjetones, los marcó y los metió en la urna. No sé cuántos tarjetones, pero varios”, dice un testigo.

Algunas personas lanzan las urnas y los cubículos de votación de cartón al piso. Otras las patean o las arrojan al aire. Una mujer se acerca a la urna 7 que aún no ha sido dañada: “Dos familiares y yo habíamos votado ahí por el concejal al que apoyamos, así que me pongo a buscar esos votos y nada. Lo que encontramos fue que los tarjetones que estaban marcados por el concejal tenían tachones”, cuenta la mujer que revisó la urna.

Algunas personas intentan refugiarse en salones de clases y cierran las puertas, pero quienes estaban detrás de los disturbios las intentan abrir. Tres policías que estaban cerca de la mesa 15, alejan a uno de los dos hombres que golpea una de las puertas y lo empujan hacia la multitud. Otros hombres se enfrentan con los policías que intentan defenderse con sus bolillos. Varias fuentes coinciden en que los policías que estaban en el puesto de votación no mediaron ni trataron de frenar los hechos.

De a poco, sin organización ni liderazgo, las personas empiezan a salir del puesto de votación. “No había nadie que los guiara, pero sí se hablaban entre ellos y decían ‘de aquí vamos pa’ tal lado’”, asegura una persona que estuvo en el lugar y conoció más versiones sobre lo sucedido.

El grupo de personas que inició los disturbios sale del colegio. Todo vuelve a la calma en pocos minutos. “En algunos momentos se oía a la Policía que estaba en el puesto de votación diciéndole a los jurados que salieran, que se fueran ya”, recuerda un ciudadano.

Una de las personas que estuvo en la mesa 17 dice que protegió la urna y que antes de salir del colegio la entregó a uno de los policías. Cuenta, y su versión coincide con el testimonio de otras personas consultadas, que a esa hora no encontró ningún funcionario de la Registraduría en el colegio Calixto Maestre.

Las personas que salen del Calixto Mestre llegan a la institución Juan Jacobo Aragón, ubicada a unos cinco minutos de distancia caminando. La intención era la misma: destruir el material electoral. Pero para ese momento, la Policía y el Grupo de Operativos Especiales de Seguridad (Goes) ya rodeaban la entrada del colegio. Los uniformados impiden que los ciudadanos entren al puesto de votación.

Al menos tres personas coinciden en que, antes de las 4 de la tarde, la Policía les pidió desalojar todos los puestos de votación. “También nos pidieron no tocar nada porque decían que hacía parte de la evidencia, pero había gente que entraba a grabar, periodistas que llegaron al puesto de votación”, cuenta un testigo.

Llegan más integrantes de la Policía y ordenan cerrar la puerta y proteger el material destruido para utilizarlo como evidencia. Un funcionario de la Registraduría cierra con candados las puertas de varios salones, mientras espera la llegada del fiscal y el registrador para hacerse cargo del caso.

“Ya cuando estaba el registrador, empezamos a discutir qué hacer con los votos que estaban en el piso. Según el registrador, eso ya era basura, entonces empezamos a recogerlos”, dice una persona que permaneció en el puesto de votación todo el día. 

“Hubo funcionarios de la Registraduría y Policías que metían votos que estaban en el piso en las cajas. Ahí dos testigos que estaban en el lugar pidieron que dejaran de hacerlo”, cuenta una persona enterada de lo que sucedía. 

En este lapso de tiempo, el alcalde Hamilton García se presenta en el puesto de votación acompañado de otras personas. La fiscal Sofía Gómez es una de las últimas en llegar y solicita que, para legalizar todo, los jurados entreguen formalmente las urnas. Un hombre asegura que tiene una lista con contactos de los jurados y se ofrece a convocarlos de nuevo.

Un poco más de 30 personas están en el Calixto Maestre junto con el alcalde Hamilton García y el registrador José Basilio Rodríguez, y se levanta un acta, escrita a mano, para dejar constancia de lo sucedido. En el documento queda establecido que pasadas las 3 de la tarde un grupo de ciudadanos entró y destruyó material electoral. También deja constancia de que las urnas de seis mesas (de la 1 a la 5 y la 16) quedaron destruidas y que otras 12 se mantienen en buen estado. 

Una de las personas que estuvo presente durante la realización del acta asegura que las urnas 17 y 18, que estaban en buen estado, aparecieron casi dos horas después de que se hiciera el inventario de lo que había sido destruido. Sin embargo, esto no quedó consignado en el documento oficial. El “material electoral que no fue vandalizado, fue custodiado por miembros de la Policía, jurados y testigos hasta el lugar en el que se realizarán los escrutinios”, se lee en el texto. El acta también establece que los formularios E-14, donde se deben consignar los votos de cada mesa, no fueron firmados por los jurados. No se cuentan los votos de este puesto de votación.

Una persona que estuvo en el lugar, cuenta que el material electoral fue entregado alrededor de las ocho de la noche: “El señor alcalde dijo ‘ahí tengo el carro’ y salió una camioneta 350 en la que montaron las urnas no vandalizadas, pero no sé si el carro era de él”, dice. 

Consonante consultó al alcalde Hamilton García para conocer su versión sobre este y otros hechos ocurridos el día de las elecciones, pero hasta el momento de esta publicación no ha contestado nuestras preguntas. 

Los votos rasgados y que quedaron en el piso fueron incinerados en una pequeña fogata que se hizo en el patio de la institución y que fue acompañada la Registraduría y algunos testigos electorales. 

Jaime Arturo Herrera ganó las elecciones con 2.183 votos (el 44,7 por ciento) con el total de las mesas informadas. Algunas personas con camisas y trapos rojos salieron a las calles del parque principal a celebrar el triunfo.

Jorge Iván Bedoya, por su parte, obtuvo 1.800 votos. Natalia Mazo ocupó el tercer lugar con 851 votos. En total, 5.138 personas votaron. Es decir, el 71,4% del censo electoral. La diferencia de votos entre los dos candidatos más votados fue amplia en comparación con los dos últimos comicios: en 2015 fueron menos de 100 votos de diferencia y en 2019, 15. 

El resultado sorprendió a algunos votantes. En las dos encuestas realizadas por District Data realizadas a mediados de agosto y a principios de octubre, Bedoya ocupaba el primer lugar y Herrera, el segundo o el tercer lugar. 

Herrera le dijo a Consonante que durante su gobierno, mestizos, afros e indígenas “estarán todos en la cama o todos en el piso”, es decir, que tendrán las mismas condiciones. Entre las propuestas del alcalde electo está controlar la expansión minera, crear un plan de acción concertado con la comunidad para los recursos de gestión social que invierte la Minera El Roble y gestionar las peticiones de las comunidades indígenas con el gobierno nacional.

Desde 2011 el partido Liberal no había puesto alcalde. Los últimos dos pertenecían al partido de La U. Por ley, Bedoya tiene la oportunidad de ocupar una curul en el Concejo.

Con el triunfo de Herrera, se acaba la tensión que vivía el casco urbano por los resultados. Al momento de esta publicación no se habían registrado alteraciones del orden público. 

Cerca de 50 indígenas de la zona rural llegaron desde antes de las 8 a.m. para votar en el colegio Corazón de María. Según la Registraduría, hubo una inscripción masiva de indígenas en este puesto.

Un conductor de jeep aseguró haber sido contratado para transportar personas durante toda la jornada por parte de la campaña de Jaime Arturo Herrera. El hombre aseguró que por trabajar durante toda la jornada recibirá 500 mil pesos. También dijo que desde el jueves ha transportado habitantes de la zona rural, en especial indígenas,  para votar en el casco urbano.

La llegada de los indígenas al casco urbano antes del domingo llamó la atención de varias personas. “Es la primera vez que se ven tantos indígenas desde el día anterior. Ellos siempre llegan el día de las elecciones en chivas, pero nunca como esta vez y vestidos como la guardia indígena”, comentó un habitante. José Tequia, concejal indígena liberal que hace parte del equipo de campaña de Herrera, dijo que esperaban movilizar a unos mil indígenas y que 300 guardias llegaran al casco urbano del municipio.

La afluencia de población indígena en el centro del pueblo incrementó la tensión que hay en el municipio desde hace varios días. Varios ciudadanos temen que se presenten disturbios como hace cuatro años. En 2019, se registró una asonada luego de que el preconteo diera como perdedor de las elecciones al entonces candidato Herrera, pues varios ciudadanos consideraron que se había dado un fraude. Herrera es cercano a los indígenas desde hace 20 años. En algunos resguardos es conocido por regalar medicamentos durante la pandemia del covid, darle regalos de Navidad a los niños y subsidiarles el transporte de regreso a los indígenas cuando viajaban a Quibdó.

Con ese antecedente presente, algunos votantes que viven en el casco urbano han optado por votar temprano para “evitar posibles inconvenientes entre las campañas. Hay algunas personas que no saben que hoy es un día para unir al pueblo y no para buscar problemas”, dijo una ciudadana. Además, varios comerciantes ya le habían dicho a Consonante que pensaban cerrar sus locales antes de las 4 p.m, momento en el que se inicia el conteo de los votos.

Mauricio de Jesús Moreno de Publinoticias, dos líderes indígenas, que no identificó de qué campañas políticas eran, discutieron en la plaza principal y, al parecer, hubo agresiones físicas.

“La compra de votos es el mayor delito que afecta el proceso electoral”, dice el padre Napoleón García, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Chocó. Una muestra de esto es que, en cada elección, las instituciones del Estado prenden las alarmas ante la posibilidad de que candidatos, campañas o cualquier individuo ofrezca dinero o regalos a cambio de votar por un candidato o partido.

La compra de votos representa un riesgo para la democracia, para el desarrollo y el futuro de un municipio o departamento y puede implicar sanciones penales y económicas para quien compra y quien vende el voto. 

Acá le explicamos por qué:

1. ¿Qué consecuencias tiene vender su voto?

Vender el voto es un delito. Según el Código Penal esta figura se llama “corrupción al sufragante” y puede acarrear de cuatro a ocho años de cárcel y una multa de 200 a mil salarios mínimos legales vigentes. 

Las consecuencias de esta práctica van más allá de lo penal. “Si se demuestra que un candidato compró, así sea un sólo voto, y resulta el elegido, su elección puede ser anulada porque es ilegítima”, explica Renato Contreras, abogado en derecho electoral y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral.

2. ¿Hay varias formas de vender el voto?

Sí. La compra de votos no es sólo dar dinero, también es ofrecer regalos o dádivas, como cemento, tejas, comida o algún beneficio particular a cambio de votar a favor de un candidato, votar en blanco o abstenerse de hacerlo.

3. Y para quien compra votos, ¿a qué se exponen?

La misma consecuencia que para el votante que acepta venderlo: de cuatro a ocho años de prisión y una multa de 200 a mil salarios mínimos legales vigentes. Pero hay un agravante: “Si la persona que incurre en el delito es un empleado público, la pena puede incrementarse en un 50%”, dice Contreras.

4. ¿Cómo se puede probar la compra de votos?

Contreras dice que una forma de las autoridades para comprobar que hay compra de votos es infiltrando campañas y que para eso son claves las denuncias de los ciudadanos que pueden ser anónimas. Pero en estas deben dar la mayor cantidad de información posible sobre el lugar, los hechos y las posibles personas involucradas. 

“Normalmente no hay documentos escritos porque al ser una transacción ilegal no se van a firmar contratos, es más una transacción verbal. En ese caso se trata de tener testimonios, fotos o videos que prueben la compra de votos”, afirma el exmagistrado que pone como ejemplo el caso de la excongresista Aida Merlano, condenada por corrupción electoral, y en el que los videos y testimonios han sido claves.

Este año, el Gobierno Nacional pidió que los ciudadanos den información veraz y eficaz para evitar la compra de votos y el presidente Gustavo Petro pidió grabar todo lo que consideren irregularidades. 

5. ¿Por qué es tan grave comprar y vender votos?

Yan Basset, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, dice que lo más grave de esta práctica es que afecta la democracia al ir en contra de la sinceridad y la integridad del voto.

“Cuando esto sucede (la compra de votos) los ciudadanos no terminan dando su voto por las preferencias reales que tengan sino por las ventajas materiales que pueden obtener. Además introduce un tema complicado para la democracia que es la desigualdad (en términos electorales), porque muestra que es más probable que gane el que tenga más plata”, asegura el docente. Lo que implicaría que los candidatos a un cargo de elección popular no tienen las mismas condiciones para hacer campaña y que no hay garantías completas para que los ciudadanos voten libremente.

Contreras coincide en que el golpe más grave, cuando se trata de la compra de votos, lo recibe la propia democracia: “La esencia de la democracia es la expresión de los ciudadanos en las elecciones y si esa expresión no es limpia ni transparente y no parte de la convicción de que está votando por la mejor opción, pues no van a votar por las mejores opciones sino por las que más le retribuyan”.

6. Más allá de lo legal, ¿qué consecuencias trae para el municipio?

Para hacer que la compra y venta de votos sea posible, los candidatos deben conseguir grandes cantidades de dinero. Para hacerlo, suelen afianzar relaciones con contratistas o personas que les prestan el dinero esperando ser beneficiados si esa persona llega al poder. Es decir, con la compra y venta de votos se inicia un ciclo de corrupción. 

“Cuando una persona llega al poder con métodos corruptos puede pasar lo que la gente dice: ‘si llegan robando llegan a robar’ — dice Basset —. Muchas veces la plata que se invierte en la compra de una elección se debe reembolsar. Generalmente eso termina en casos de corrupción o beneficiando a los financiadores de esos votos con contratos o ventajas en contratos. Eso es una mala utilización del presupuesto público, un detrimento patrimonial, y un dinero que no se invierte en las necesidades fundamentales del municipio”. 

Para Contreras, la compra de votos también puede generar “una captura del Estado por parte de actores económicos legales o ilegales que buscan obtener beneficios particulares y no un beneficio común” al comprometer, por ejemplo, parte de la contratación pública. 

7. Si sé dónde o cómo se están comprando votos, ¿qué puedo hacer?

Lo primero que puede hacer es informar al cuadrante de la Policía que tenga más cercano, llamar a la Fiscalía desde su celular marcando el número 122, o poner una denuncia virtual en el portal de ambas entidades. También puede denunciar por teléfono marcando a la línea de emergencia 123, o a la línea #623 que comunica con la Unidad Inmediata Contra Delitos Electorales (Uriel), que está integrada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y otras entidades. 

La Misión de Observación Electoral también tiene una línea de WhatsApp (315 266 1969) y un portal (pilasconelvoto.com) para recibir denuncias que pueden ser anónimas.

8. ¿Es cierto que el presidente Petro anunció recompensas para quienes denuncien compra de votos?

Sí. Lo anunció esta semana en su cuenta de X (Twitter) y dijo que la recompensa será de uno a cinco millones de pesos para quienes denuncien con pruebas a los compradores de votos. “Le solicito a la ciudadanía grabar toda actividad irregular que detecte en las campañas y enviárnoslas”, escribió el presidente.

Según un comunicado del ministerio del Interior, para acceder a las recompensas los ciudadanos que denuncien deben dar información veraz y eficaz. En caso de que esas denuncias lleven a allanamientos en casas que compran votos, se encuentre dinero y ese dinero sea sujeto de extinción de dominio (o sea que se convierta en propiedad del Estado por ser adquiridos o destinados a actividades ilegales), el ciudadano que denunció puede quedarse hasta con el 10% de lo que se incautó o un máximo de 20 millones de pesos. 

El gobierno nacional dijo que recibirá las denuncias por la página uriel.mininterior.gov.co, llamando al 018000912005 o marcando #623 desde el celular. 

Para el docente Basset la estrategia puede ser acertada porque incentiva a que las personas denuncien y “los pocos casos que tenemos de condena de votos se dieron por un denuncio de la ciudadanía, como pasó con el caso de Aida Merlano”. El abogado Contreras dice que “todo lo que se haga en favor de combatir la corrupción electoral es un buen camino. Lo que sigue es articular acciones entre el ejecutivo, jueces y Policía para que las medidas sean efectivas”.

Sin embargo, la Misión de Observación Electoral dijo que preferirían que “los ciudadanos no tuvieran que recibir algún pago para denunciar” y la Fiscalía ya dijo que no está de acuerdo con el anuncio de las recompensas y que no promoverá esa estrategia.

Las comunidades indígenas son la segunda mayor población después de los mestizos en El Carmen, un municipio de 15 mil habitantes. Su apoyo electoral este domingo puede ser determinante en un municipio que hace cuatro años eligió alcalde con la escasa diferencia de 15 votos. También representan una base social importante para el partido, movimiento o candidato político que logre tener su apoyo. Pero en esta campaña el voto indígena no está cantado de forma unánime para ningún candidato y candidata. 

Al contrario, está dividido entre dos candidatos: Jaime Arturo Herrera, conocido como ‘Puntillo’, que va por el partido Liberal, y Jorge Iván Bedoya, a quien apodan ‘Chorizo’, que tiene el aval de La U, ASI y La fuerza de la paz. La única bandera que parece unir y recoger a las comunidades indígenas es la de querer un alcalde o alcaldesa+ que pueda responder con inversión y proyectos a las necesidades que llevan décadas señalando. 

Bedoya busca repetir el cargo que ocupó en 2016 y mantener el poder del partido de La U que ha puesto los últimos dos alcaldes. Los indígenas que lo apoyan quieren que repita la gestión anterior y confían en que llevará obras como lo hizo antes. Por su parte, este es el segundo intento de Herrera por llegar a ser mandatario de El Carmen, un puesto que el partido Liberal no ha ocupado desde 2011. Los indígenas que apoyan su candidatura lo hacen porque consideran que es necesario un cambio en el poder y porque creen que se sentirán respaldados con un alcalde que es cercano a las comunidades indígenas desde hace más de 20 años. 

En El Carmen, más que la elección de una Alcaldía, lo que las comunidades indígenas sienten que está en juego es su representatividad y la apertura que podría tener una Alcaldía con sus exigencias. Las peticiones se centran en atender necesidades de salud, infraestructura, educación y desarrollo económico.

Inclusión e inversión

En el resguardo La Puria piden la mejora de infraestructura del Centro Educativo Indígena Amado Arce en el que estudian 400 niños; también proponen aprovechar el potencial turístico de las quebradas del sector La Borrasca con el fin de dinamizar la economía de la comunidad. En el resguardo Sabaleta dicen que necesitan centros de salud con medicina tradicional y occidental y mejora en las viviendas. En El Doce Quebrada Borbollón piden espacios deportivos para niños y niñas y sedes educativas. 

La pavimentación de la vía Medellín - Quibdó, la representación indígena en el gobierno municipal por medio de una oficina para tratar asuntos indígenas y trabajar de la mano con la Alcaldía para hacerle frente a la discriminación que viven, son asuntos transversales.  Precisamente la discriminación es un asunto que divide el punto de vista de los aspirantes. Para Herrera y Bedoya esta no existe, sino que obedece al rechazo de quienes no son indígenas, pero padecen las afectaciones de los bloqueos cuando estas comunidades salen a protestar. Sólo la candidata Natalia Mazo lo ve como racismo y considera que se debe a los efectos de los bloqueos en las vías y las peticiones que muchas veces no son claras o son difíciles de cumplir.

José Tequia, concejal indígena Liberal que busca reelegirse y apoya a Herrera, dice que tiene su voto por el apoyo que ha dado a las comunidades indígenas, incluso antes de ser candidato. “Cuando había un niño hospitalizado en Quibdó o en Medellín, el señor ‘Puntillo’ estaba ahí. Cuando los indígenas estamos en Quibdó nos invita la comida, nos regala medicamentos y en Navidad le da regalos a los niños. Él ha sido muy amplio con la gente, por eso lo buscamos como candidato hace cuatro años”, dice el concejal.

Para Tequia, Herrera es clave como alcalde porque podría darles la participación y la inversión en el territorio que siente que no le han dado los anteriores mandatarios: “Siempre en la vía de El Carmen hacia Quibdó hay bloqueos porque la Alcaldía no gestiona proyectos para las comunidades indígenas. Si ‘Puntillo’ llega a la Alcaldía y nosotros al Concejo, vamos a acabar eso, vamos a buscar proyectos. Con ‘Puntillo’ sabemos que las cosas van a mejorar, quizá no todo, pero sí algo”. A Herrera le juega en contra que dentro de las mismas comunidades hay quienes lo ven como “el político que gasta plata, comida y trago a los indígenas para tenerlos a su favor”, como nos dijo un indígena que prefirió no ser nombrado.

Por el lado del candidato Bedoya, Alfonso Queragama, el líder indígena de El Doce Quebrada Borbollón que está en campaña con él, asegura que están animados porque conocen la gestión del exalcalde y sienten que los puede beneficiar como antes. “En la administración anterior tuvimos mucho apoyo en temas de construcción y mantenimiento del acueducto y arreglos de la vía y él ya ha estado acá visitando la comunidad y viendo las necesidades que tenemos”, cuenta. Para él fue un mandatario cercano que siempre les respondió al teléfono sin tener que pedir cita o trasladarse hasta el casco urbano: “Creo que con él podemos mejorar nuestras condiciones de vida, cubrir las necesidades principales que él ya conoce”.

A esa experiencia le juega en contra que algunas comunidades indígenas se han sentido excluidas en las últimas dos administraciones (la anterior de Bedoya y la del alcalde Jaiberth Ríos que es del mismo partido). Más por el apoyo que le dieron a Herrera hace cuatro años. “Aquí ha primado más la politiquería que las comunidades indígenas”, dijo Benito Queragama de Quebradas Borbollón. El concejal Tequia asegura que cuando han querido acercarse a la administración para hablar de propuestas o necesidades, lo han despachado por haber apoyado a la competencia.

Por el lado de la candidata Mazo el apoyo es menor y viene específicamente de algunas mujeres indígenas. Una de ella es Alejandra Yagarí, candidata al Concejo, quien dijo que está con la candidata “porque en su plan de Gobierno ella habla de transformar todo el municipio, incluyendo la zona rural, y trabajar para acabar el racismo, porque acá hay un tema de racismo muy cruel hacia nosotros”, cuenta. Pero Mazo no tiene mucha acogida. Para algunos indígenas ella representa la continuidad del proyecto político del actual Alcalde porque trabajó como su secretaria de Salud.

Las comunidades indígenas en la campaña

Aunque la campaña en El Carmen no ha girado en torno a las comunidades indígenas, tampoco han sido excluidas de las mismas. Una muestra de esto es que tres de los cuatro candidatos activos tienen propuestas a su favor en el Plan de Gobierno y le apuestan a crear políticas diferenciadas para estas comunidades. 

Las propuestas de Mazo, que tienen un enfoque étnico, incluyen construir casas ceremoniales de salud que integren conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, respaldar y apropiar el Plan Decenal de Lenguas Nativas, apoyar la educación con enfoque diferencial, crear una secretaría de asuntos indígenas para tratar temas como salud y educación de las comunidades y erradicar el racismo empezado por acompañar a los indígenas en las peticiones y reclamos que tienen.

La candidata reconoce, por ejemplo, que los dos candidatos son fuertes entre las comunidades indígenas: “Tanto Bedoya como ‘Puntillo’ llevan cuatro años recorriendo los resguardos, han hecho fiestas, dan licor, teja, ladrillo, cemento. Eso sesga mucho a las comunidades que están permeadas por este tipo de política. Pero tenemos el apoyo de las mujeres indígenas que sí nos han escuchado”, dijo. 

En el plan de gobierno de Bedoya, el centro de sus propuestas para las comunidades indígenas es crear una oficina de asuntos indígenas que sirva de enlace y tratar de canalizar sus peticiones por esta vía para evitar bloqueos en la carretera. También propone gestionar con el gobierno nacional puntos intermedios donde confluyen las comunidades indígenas para que operen puestos de salud y no deban trasladarse a zonas alejadas para ellos, como lo puede ser la cabecera municipal.

“Los apoyos están divididos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un censo de unos 650 indígenas que están en este proyecto político porque cuando fui Alcalde hice obras como acueductos, puentes y aulas en las comunidades”, contó Bedoya.

Por su parte, Herrera dijo que el corazón de sus propuestas con las comunidades indígenas se centra en la gestión que hará con Presidencia y Vicepresidencia para conseguir recursos. Entre esos dijo que gestionará un proyecto alimentario para reactivar el campo esto con el fin de que indígenas y campesinos tengan sus proyectos productivos y siembren y produzcan su propia comida y la que pueden comercializar. También le dijo a Consonante que está hablando con líderes indígenas para que los gobernadores de los resguardos se comprometan a no cerrar las vías durante su gobierno. “Cuando cierran las vías es porque sienten que la Gobernación, la Alcaldía y el Gobierno Nacional los abandonaron” y se comprometió a gestionar sus peticiones a nivel nacional.

El domingo del 2019, un antecedente que inquieta

Pero no son sólo las propuestas y los apoyos los que las tienen de boca en boca a las comunidades indígenas en El Carmen en estas últimas semanas de campaña electoral. También lo es la tensión que viven en el casco urbano del municipio por temor a los resultados electorales de este domingo. “Aquí el temor es que se repita lo que pasó hace cuatro años”, dice una habitante refiriéndose a los disturbios que hubo en 2019 en el puesto de votación Colegio Corazón de María que obligó a sacar a los jurados de votación del lugar. Ese día, algunas comunidades indígenas que apoyaban a Herrera bajaron del puesto de votación al parque principal, bloquearon una de las calles con una chiva y se quedaron hasta la mañana siguiente. 

Los hechos pasaron tras conocerse los resultados del preconteo en el que Herrera empezó ganando las elecciones por menos de 10 votos, a perderlas por 15. Desde ese momento, los que apoyaron al candidato Liberal se han mantenido en la idea de que “les robaron las elecciones”. Hay versiones encontradas entre quienes dicen que algunos indígenas que estaban en el casco urbano querían entrar a tomarse a la Alcaldía y los que dicen que sólo amanecieron a un costado del parque, otros que aseguran que se sintieron “como en la toma guerrillera del 2000” y los que dicen que sólo era una protesta de inconformidad.

Ese antecedente ha hecho que algunas personas estén prevenidas. “Yo voy al casco urbano, voto y me devuelvo de una. No quiero que me vayan a tocar desmanes por ahí”, nos dijo una mujer indígena. “Voy a abrir el local en la mañana y de acuerdo a como se vaya desarrollando el día veo si lo tengo abierto después de las cuatro de la tarde que cierran las urnas”, comentó una comerciante. “Ha sido difícil para nosotros conseguir testigos electorales porque les da miedo estar en los puestos de votación el domingo”, dijo la candidata Mazo. 

Mientras el concejal Liberal Tequia advierte que “si se siguen robando las elecciones va a haber un problema serio” y que aceptará los resultados sólo si hay una diferencia amplia de unos 100 votos, otros hacen un llamado a la tranquilidad. “Ya hemos hablado con las comunidades para que no se repita lo de hace cuatro años. Vamos a aceptar los resultados y si tomamos medidas, serán con las autoridades correspondientes a nivel nacional”, dice Benito Queragama del resguardo Quebradas Borbollón. “Aquí estamos pidiendo transparencia y juego limpio. Yo haré el mismo llamado de hace cuatro años por la paz y la no violencia”, le dijo Herrera a Consonante. 

Este domingo, independiente de los resultados electorales, una parte de las comunidades indígenas de El Carmen sentirá que perdió la oportunidad de tener atención y espacio en el próximo gobierno municipal, mientras otra verá la posibilidad de tener un Alcalde dispuesto a escuchar y actuar a favor de las necesidades que tengan.

A menos de una semana de las elecciones regionales en las que se elegirán los próximos alcaldes, concejales, gobernadores y diputados, Consonante le cuenta cuáles son los términos que debe tener en cuenta para que llegue preparado a la jornada electoral de este domingo 29 de octubre. 

Es el registro de la cédula de todos los ciudadanos que están habilitados para votar en las elecciones. También sirve para determinar, por ejemplo, cuántas firmas se necesitan para convocar un referendo que busca tumbar una ley o cuál es el mínimo de votos para convocar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. 

Es la tarjeta en la que un ciudadano consigna su voto. En estas aparecen los candidatos con sus respectivos partidos. En estas elecciones habrá hasta cinco tarjetas electorales que incluirán los candidatos a las Alcaldías, Gobernaciones, Concejos Municipales, Asambleas Departamentales y Juntas de Acción Local  (JAL) en algunos municipios. 

Estas tarjetas solo les son entregadas a los votantes si las solicitan. Es decir, al llegar a la mesa de votación debe pedirle los tarjetones que desea a las personas de la mesa. Ningún votante está obligado a votar en todos los tarjetones. Usted puede, por ejemplo, solo depositar su voto a la Alcaldía si así lo desea.

Este término se refiere a la manera en que los partidos presentan sus candidatos en el tarjetón para el Concejo municipal o la Asamblea departamental. Cuando un partido o movimiento político no le da la posibilidad a los votantes de seleccionar a un candidato en específico, se habla de lista cerrada.

En una lista cerrada, el ciudadano solo puede votar por el partido completo. Y los partidos o movimientos son los que eligen qué candidatos hacen parte de su lista y el orden en el que aparecen en el tarjetón. Esto último define la cantidad de votos que se le asigna a cada candidato, pues según la cantidad de votos que obtenga el partido, se distribuyen entre los candidatos. Por supuesto, los primeros candidatos de la lista son los que tienen la mayor posibilidad de quedar elegidos. Así se ve en el tarjetón una lista cerrada:

En esta modalidad, el partido o movimiento político elige los candidatos que aparecerán en su lista en el tarjetón, pero le da la posibilidad al votante de escoger el candidato por el que desea votar.

Al elegir los ciudadanos deben escoger el partido y seleccionar un candidato con el número que lo represente en el tarjetón. Así se ve en el tarjetón una lista abierta:

Es una lista electoral en la que se alternan candidatos hombres y mujeres asegurando la misma participación de ambos, ya sea en una lista abierta o cerrada.

Los y las candidatas están organizados en una lista y dependiendo de la cantidad de votos que saque el partido, se van eligiendo del primero al último. Es decir, los primeros candidatos de la lista son los que tienen la mayor posibilidad de quedar elegidos.

Son ciudadanos que vigilan el proceso de votación y de conteo de votos en representación de partidos y movimientos políticos, coaliciones, movimientos sociales y promotores del voto en blanco. Los partidos y movimientos políticos postulan a sus testigos y la Registraduría es la entidad encargada de acreditarlos. Esta labor es voluntaria. 

Son las personas encargadas de atender a los votantes, hacer el conteo de votos y registrar los resultados en los documentos electorales. Son la máxima autoridad en la mesa de votación. 

Estos ciudadanos pueden ser funcionarios públicos, empleados de empresas privadas y estudiantes. Son elegidos por la Registraduría Nacional de forma aleatoria y deben ser mayores de 18 y menores de 60 años. Esta función pública es de obligatoria aceptación y cumplimiento.

Es el resultado que vemos el día de las elecciones y que publica la Registraduría en su página web tras el conteo rápido de los votos por cada mesa, pero no es el definitivo. Las cifras de ese día son de carácter informativo, las que son decisivas y tienen validez jurídica son las del escrutinio que pueden tardar semanas en conocerse.

Cuando la intención del elector es clara en el tarjetón. Eso sucede cuando el votante hace un rayón o una marca (una equis, un corazón, un dibujo o palabras) en una de las casillas del tarjetón porque es clara la intención del votante de marcar esa casilla. En los votos válidos se incluye el voto en blanco.

Es un voto que no es válido para ningún candidato, partido o movimiento porque la intención del elector en el tarjetón no es clara. Pasa, por ejemplo, cuando marcan más de una casilla en el tarjetón y no se sabe qué quería manifestar el votante.

Son redes de personas, comúnmente con mucho poder, que tienen como objetivo conseguir votos para lograr el triunfo de un candidato en específico. La maquinaria de una campaña puede notarse, por ejemplo, en si alquila buses o transporte particular para trasladar votantes, si le paga o no a los testigos electorales o en la organización y logística del día electoral. El funcionamiento de las maquinarias políticas no es ilegal a menos que cometan delitos como la compra de votos, retención de cédulas u otros.

Es el valor mínimo que debe alcanzar una lista o partido para poder tener candidatos elegidos. Esto solo aplica para cargos plurinominales, es decir, que se escogen varias personas para que ejerzan el mismo cargo, como el concejo o las asambleas.  

Este valor se calcula al 50% del cociente, que es el total de los votos válidos dividido por el número de curules.

Es uno de los 28 formularios que tiene el proceso electoral. Su importancia radica en que es el primer soporte utilizado para conseguir un resultado preliminar de las elecciones. En este documento, los jurados de votación registran a mano los votos obtenidos por los candidatos en la mesa en la que están trabajando. Este es el insumo principal del proceso de preconteo de votos y antecede al escrutinio. 

En total son tres formularios E-14 que deben llenarse y cada uno tiene una función: uno es para transmitir los resultados de cada mesa el día de la votación (que son los que suman y aparecen en el preconteo), otro se digitaliza y se sube a internet donde son públicos y el otro se le entrega a quienes custodian los votos y los formularios electorales (claveros) para el escrutinio, que es el conteo oficial.

“Los E-14 que se publican por parte de la Registraduría no tienen validez jurídica — explica Esteban Salazar, coordinador de la línea de Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación —. Los que tienen esa validez jurídica son los votos que se cuentan en el escrutinio que está conformado por comisiones departamentales, jueces, Registraduría, Procuraduría y otros entes de control que determinan cuántos votos tuvo un candidato”.

El formulario E-14 se diferencia del formulario E-24 que sí tiene validez jurídica y es en el que se registran los votos del escrutinio, que es el conteo oficial.

Es el proceso oficial de conteo de votos en el que se definen los resultados de las elecciones. Las cifras pueden ser distintas a las del preconteo porque es donde se verifica si ese conteo estuvo bien o hubo errores que deben subsanarse, por eso los votos de un candidato pueden aumentar o disminuir. El escrutinio puede durar varias semanas después de la jornada electoral. Los resultados se publican en la página de la Registraduría. 

Es el documento en el que consta que una persona votó. Tiene sus datos personales como el nombre completo, número de cédula, el puesto y la mesa de votación y va firmado por el jurado de votación. Con el certificado también se puede acceder a varios beneficios como descuento en las matrículas de universidades públicas y la expedición del pasaporte, rebaja de un mes en la prestación del servicio militar para soldados y auxiliares bachilleres, entre otros.

Es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto al lugar en el que realmente vive. También se le conoce como fraude en inscripción de cédulas o trasteo de votos y es un delito. El propósito es controlar el sentido de su voto y aunque se suele hablar de esto  durante el periodo de inscripción de cédulas, incluso puede tener consecuencias después de las elecciones.

Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y actual abogado en temas electorales, dice que la trashumancia puede ser clave para definir elecciones que se ganan por una diferencia pequeña de votos. “Si esa participación irregular es comprobada y fue determinante para el triunfo de un candidato, el Consejo Nacional Electoral puede revocar la inscripción y un juez puede anular la elección. En ese caso podría quedar electo el segundo con la mayor votación”, asegura Gutiérrez. Como fue el caso de Tadó, en las elecciones del año pasado.

El exmagistrado también dice que hay casos en los que las personas con cédulas a las que se les revocó la inscripción en el último puesto de votación en el que se inscribieron pueden votar sin problema. Esto porque la Registraduría no alcanza a sacarlos del censo electoral.

Es la acción de prometer un nuevo contrato, una mejora en un contrato que ya existe, ofrecer dinero o cualquier otro beneficio particular a un ciudadano para que vote por determinado candidato, partido, corriente política, en blanco o, incluso, que no salga a votar. Es un delito y puede dar de 4 a 8 años de cárcel y una multa de 200 a mil salarios mínimos legales mensuales, según el Código Penal.

Es la acción de amenazar o presionar a un ciudadano para que vote por determinado candidato, lista de candidatos o para que vote en blanco. Es un delito y puede dar de 4 a 9 años de cárcel y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales, según el Código Penal.

Es la acción de engañar a un ciudadano para que vote por determinado candidato, partido, corriente política o para que vote en blanco. Es un delito y puede dar de 4 a 8 años de cárcel y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales, según el Código Penal. 

Dos mujeres y tres hombres buscan ser los sucesores de Jaiberth Ríos en la Alcaldía de El Carmen de Atrato. En la carrera electoral están Jorge Iván Bedoya, exalcalde entre 2016 y 2019, el exconcejal Jaime Arturo Herrera, conocido como Puntillo; la exsecretaria de Salud Natalia Mazo; la recicladora y excandidata al Concejo Maria Lucelly Taborda; y el excandidato a la Asamblea Gonzalo de Jesús Ríos. 

En El Carmen aún no se perfila un favorito para quedarse con el cargo que conlleva la responsabilidad de ser la máxima autoridad administrativa, el jefe de la Policía y la persona encargada de manejar un presupuesto que para el 2022 fue de más de 14 mil millones de pesos. El ganador o la ganadora de las elecciones del 29 de octubre también deberá  nombrar a los secretarios que estarán al frente de temas de gobierno, educación, cultura y deporte, planeación, hacienda y salud. 

Consonante revisó las propuestas de cuatro de los aspirantes a la Alcaldía, incluidas en sus planes de gobierno. Este es el documento en el que cada aspirante da a conocer su visión y las propuestas que tienen para el municipio. 

En cuanto a forma, algunos son más completos que otros. Los cuatro textos varían en su extensión: el de Taborda tiene nueve páginas, el de Mazo 25, el de Herrera 20 y el de Bedoya 50. Hasta el momento de esta publicación, Gonzalo de Jesús Ríos no había contestado las llamadas de Consonante ni había enviado su plan de gobierno por lo que no fue posible incluirlo en esta revisión.

Más allá de la extensión, sólo Mazo y Bedoya hacen diagnósticos del municipio apoyándose en cifras oficiales, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística o del Departamento Nacional de Planeación. Mazo lo hace en cada línea estratégica antes de desglosar las propuestas que asocia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Bedoya, por su parte, lo hace en un capítulo aparte.

Al revisar las propuestas, Taborda y Bedoya son más generales, mientras que Mazo y Herrera son más precisos con lo que quieren hacer. Sin embargo, ninguno de los candidatos asocia sus propuestas con metas ni especifica de dónde saldrá el dinero para financiar su plan. Sólo Bedoya menciona cuáles son las fuentes de financiación de El Carmen.

Un punto importante al evaluar los planes de gobierno son las respuestas que ofrecen los candidatos a lo que consideran que son los temas más importantes para la gente, como el empleo. La mayoría se proponen a generar empleos potenciando los emprendimientos por plataformas digitales, incentivando el turismo o creando bolsas de empleo que conecten con empresas municipales y departamentales.

En cuanto a la protección del medio ambiente, Mazo, Bedoya y Herrera son explícitos en decir que están de acuerdo en crear estrategias para proteger el medio ambiente e incentivar la separación de residuos sólidos y el reciclaje, pero lo abordan de maneras distintas. 

Por ejemplo, Herrera dice que formulará e implementará un plan de reforestación de las cuencas de los acueductos y que comprará el reciclaje y la materia orgánica separada a cada hogar, comercio o institución para producir abono. Mazo dice que diseñará una política pública de cuidado del agua y conservación de la biodiversidad  y que va a adecuar una zona de separación de reciclaje. Mientras que Bedoya propone actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y recuperar las cuencas hídricas, aunque no dice cómo. Taborda sólo propone organizar el recicladero para que la entrada del pueblo se vea mejor.

Sólo dos candidatos, Herrera y Taborda, se refieren a Miner SA en sus propuestas. Taborda dice que recuperará el dinero de las regalías de la mina y buscará oferentes en otros países que paguen más. Mientras que Herrera propone un plan de acción para utilizar los recursos de gestión social y que la empresa minera pague un especialista en enfermedades laborales en el hospital como parte de la compensación al municipio. 

Todos coinciden en la necesidad de invertir en infraestructura vial, incentivar el turismo, aumentar la cobertura de acueducto y alcantarillado y en reconocer e impulsar acciones y políticas diferenciadas para la comunidad LGTBIQ+, indígenas, personas en condición de discapacidad y de la tercera edad. 

Revise a continuación los perfiles y las propuestas de ambos candidatos: 

Es conocido como Puntillo. En 2014 fue capturado junto con otras siete personas que eran investigadas porque presuntamente se habrían apropiado de más de 1.700 millones de pesos que estaban destinados para pagar servicios de salud a la población vulnerable de el Chocó. En ese momento, Herrera era administrador de la Droguería La 20. Según la Rama Judicial, Herrera fue dejado en libertad en 2015, pero en el caso hay actuaciones hasta 2019.

Consonante intentó comunicarse con el candidato para conocer el estado de este proceso, pero hasta el momento no contestó las llamadas. Herrera también fue candidato a la Alcaldía de El Carmen en 2019 con el aval de los partidos Liberal y Mais. Aunque no resultó electo, fue el segundo candidato más votado (con más de 1300 votos) y tuvo derecho a una curul en el Concejo que ocupó por un año (2020-2021). 

Propuestas:

• Crear dos centros de acopio en El Carmen y uno en Quibdó para los productos agropecuarios
• Revisar la regulación y elaborar un plan de minería artesanal para controlar la expansión minera.
• Crear un plan de acción, construido por las organizaciones sociales y concertado con la comunidad, para los recursos de gestión social que invierte la Minera El Roble en el territorio.
• Comprar a cada vivienda, comercio e institución el reciclaje y la materia orgánica separada para producir abono orgánico.
• Articular con las juntas de padres de familia de los colegios la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE).
• Adquirir maquinaria para el mantenimiento de vías terciarias y caminos veredales

Aquí el plan de gobierno completo

Es fisioterapeuta especializada en Gerencia de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. De 2010 a 2012 fue gerente del hospital San Roque, luego coordinadora de servicios de fisioterapia. Viene de ser la secretaria de Salud de la actual administración y para esta campaña se inscribió por firmas. Es la primera vez que aspira a un cargo de elección popular.

Propuestas:

• Construir de Casas Ceremoniales de Salud en las que este servicio se articule con conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas.
• Reconstruir del Hospital San Roque e impulsar la atención preferencial a la población rural y campesina
• Actualizar del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio.
• Crear la red de cooperantes y gestores de paz rurales para fortalecer la seguridad.
• Activar la Mesa Municipal para la Equidad de Género.
• Impulsar el comercio electrónico, la creación de negocios en línea y la promoción del turismo por medio de plataformas digitales. 

Aquí el plan de gobierno completo. 

Es técnico profesional de fútbol y actualmente estudia un técnico en administración pública. Empezó su carrera en la política como concejal en 2004 y repitió ese cargo en 2012. Tres años después, cuando terminaba su labor en el Concejo, fue elegido alcalde con el aval del partido de La U y Mais. 

Propuestas:

• Promover el bilingüismo en la educación y en otros sectores
• Construir o adecuar un centro cultural
• Crear la mesa minera para la formalización y apoyo a los pequeños y medianos mineros desde un enfoque sostenible.
• Diseñar e implementar el plan turístico municipal.
• Realizar mantenimiento de las vías terciarias y urbanas por medio de convenios de cofinanciación u otros involucrando las Juntas de Acción Comunal y la comunidad.
• Desarrollar estrategias de marketing territorial para promover el desarrollo económico del municipio

Aquí el plan de gobierno completo

En el municipio la conocen como La 500. Lleva años dedicada al reciclaje. En 2011 se lanzó a la Alcaldía de El Carmen de Atrato por el Polo Democrático, pero no quedó elegida. Ocho años después aspiró a ser concejal por el partido Centro Democrático, pero se quemó con 11 votos. 

Propuestas:

• Conseguir espacios del Estado para crear un refugio temporal para “personas en riesgo de indigencia”.
• Contar con un matadero propio en el municipio.
• Aumentar el número de cámaras de seguridad.
• Recuperar el dinero de las regalías de la mina y “buscar oferentes de Canadá y Australia que paguen más”
• Fomentar la plantación de árboles para la tala de los mismos.
• Mantenimiento de vías claves como La Argelia, Guaduas y otros caminos veredales y de las que se vean afectadas por derrumbes.

Aquí el plan de gobierno completo.

Una versión inicial de este artículo decía erróneamente que Natalia Mazo había aspirado al Concejo y a la Alcaldía por el partido Conservador, pero se trataba de otra persona que también se llama Natalia Mazo. Borramos la información y pedimos disculpas por el error.

El alcalde es la figura más visible del municipio, es la principal autoridad y lo representa legalmente;  maneja su presupuesto, es el jefe de la Policía y es quien nombra los secretarios de la Alcaldía. Sin embargo, y aunque su poder es de orden municipal, tiene limitantes. El Concejo es su principal contrapeso, es el que le hace control político, vigila su gestión y le aprueba tanto el Plan de Desarrollo — que es donde están los programas, planes y obras para el municipio en cuatro años — como el presupuesto.

Los alcaldes tampoco pueden pasar por encima de las directrices de Presidencia y Gobernación (si no es distrito) y, como funcionarios públicos, tienen restricciones en temas de contratación y participación en política. Para que pueda votar informado el 29 de octubre, Consonante le explica lo que no pueden hacer los alcaldes.

1. Los alcaldes no pueden gobernar sin un plan

El Plan de Desarrollo Municipal es la hoja de ruta de los alcaldes para los cuatro años que gobiernan. En este especifican las obras, los programas, de dónde saldrá el presupuesto, las cifras de las que parten y los resultados que esperan cuando finalice su gobierno. El documento nace del programa de gobierno que inscriben los candidatos ante la Registraduría y debe ser tenido en cuenta si el candidato queda elegido. 

“Cuando elegimos alcalde no estamos eligiendo a la persona, estamos eligiendo el programa de gobierno que inscribió en la Registraduría y que luego será un plan de desarrollo si son elegidos. Cuando lo presentan, los alcaldes quedan vinculados durante los próximos cuatro años al proyecto que le ofrecieron al pueblo”, explica Ricardo Zuluaga Gil, docente de la Universidad de Antioquia y experto en organización político-administrativa de Colombia.

Ese Plan de Desarrollo Municipal es un documento obligatorio y público que el alcalde debe presentar completo, a más tardar, el 30 de abril del año en que se posesiona. Lo presenta ante el Concejo Municipal que es el encargado de aprobarlo, máximo, el 31 de mayo y, si no es aprobado en ese tiempo, el alcalde puede adoptar el plan por decreto, según el artículo 40 de la Ley 152 de 1994. 

El Plan de Desarrollo Municipal es tan importante que si la ciudadanía ve que no se está cumpliendo, un año después de que el alcalde esté en el poder puede solicitar la revocatoria del mandato. Esa es una medida que requiere recoger firmas, llamar a las urnas para votar la revocatoria y en caso de ganarla la Registraduría tendrá que convocar a otras elecciones para elegir un nuevo alcalde, como pasó en 2018 en el municipio de Tasco, Boyacá.

2. Los alcaldes no pueden aprobar o cambiar el presupuesto a su gusto

En ambos casos, el Alcalde requiere de la aprobación del Concejo Municipal. La corporación es la encargada de darle el visto bueno o no, tanto al presupuesto de rentas y gastos como a las modificaciones que este pueda tener en casos como comprometer dineros de presupuestos futuros (vigencias futuras) para obras o programas actuales. Para eso, el alcalde debe presentar su propuesta ante el Concejo y este debe discutirla.

Ese presupuesto incluye los gastos administrativos y de funcionamiento de la Alcaldía y va de la mano del Plan de Desarrollo Municipal que contiene las obras, los programas y planes en los que se invertirá y el plan de inversiones que detalla el recurso que se necesita para financiarlos.

3. Los alcaldes no pueden contratar a sus familiares

Según la modificación del artículo 126 de la Constitución Política, los funcionarios públicos (como los alcaldes) no pueden nombrar, postular ni contratar con familiares hasta el cuarto grado de parentesco (padres o hijos adoptados o biológicos, hermanos, nietos, bisnietos, abuelos, tíos, tíos abuelos y primos). Tampoco con la pareja con la que están casados o viviendo en unión permanente ni con los que son considerados parientes en un segundo grado de afinidad, es decir por el lado de la familia política o la familia del cónyuge (suegros, yernos, nueras, cuñados e hijastros). 

El único cargo conocido que suele ser ocupado por la pareja, los familiares o cercanos del mandatario es el de gestor social, una figura que según la ley se encarga de tareas de protocolo, asistencia social o beneficencia. Tampoco es reconocido como un cargo público y quien lo ocupa no tiene funciones, responsabilidades ni es considerado un servidor público. 

De igual forma, el alcalde siempre deberá nombrar o contratar personas que cumplan con los requisitos del cargo. Por ejemplo, para ser nombrado secretario de Gobierno en un distrito capital, como Bogotá, la persona debe tener mínimo un título profesional y experiencia, mientras que para ser secretario de Gobierno en un municipio de sexta categoría, como Tadó en el Chocó, permiten como mínimo un título de tecnólogo y experiencia. De no cumplir con los requisitos mínimos, la Procuraduría puede investigar e incluso suspender tanto al alcalde como al funcionario nombrado. 

Pero hay otra restricción clave. Aunque la persona no sea familiar y cumpla con los requisitos del cargo al que aspira, no podrá ser contratada en la administración si durante la campaña electoral le donó al alcalde electo más del 2% del máximo permitido para la elección. Por ejemplo, en Fonseca, La Guajira, el tope de gastos que pueden tener los candidatos a la alcaldía es de 274,8 millones de pesos, si una persona le donó a un candidato más de 5,4 millones de pesos (el 2% del tope permitido) y resulta electo, esta persona no podrá contratar con la administración, según la ley 1778 de 2016. 

De ahí en adelante, la contratación pública la rige la Ley 70 de 1993 que establece, por ejemplo, que todo contrato que supere el monto de los 280 salarios mínimos debe hacerse por medio de una convocatoria pública (licitación pública) y que sólo se usará la modalidad de contratación directa cuando se trate de convenios entre instituciones públicas o que sólo una persona o empresa ofrezca el servicio que requiere.

4. Los alcaldes tienen prohibido participar en política

Después de que un alcalde es elegido tiene prohibido participar en política. Esto implica, por ejemplo, hacer parte de actividades de partidos o movimientos políticos, participar en controversias políticas, utilizar su cargo para presionar a terceros para que influyan en el proceso electoral o usar su poder o los servicios del Estado,como los dineros públicos, para apoyar a un candidato, bien sea financiándolo, desviando dineros o contratando personas que le hagan campaña, como lo establece la Constitución, el Código Penal y la Ley de Garantías.

Aunque la restricción es clara en el papel, en la práctica poco se cumple. En época de elecciones presidenciales, de Congreso y regionales, es común que los alcaldes tomen partido y apoyen a algún candidato, a veces presionando a contratistas y funcionarios de la Alcaldía o de las entidades que dependen de esta, a que asistan a eventos o realicen reuniones a favor de un candidato. En el caso de las elecciones regionales suelen hacerlo a favor de un candidato que trabajó en la Alcaldía, es cercano a esta o es de confianza del mandatario que, en ese caso, suele buscar un heredero que continúe con su proyecto político. 

“La no participación en política de los alcaldes es una hipocresía de nuestro ordenamiento jurídico-político, en cada municipio saben quién es el candidato del Alcalde — dice Ricardo Zuluaga Gil, experto en organización político-administrativa de Colombia—. Lo que demuestra esto es que la gente tiene la idea de que la administración se corrompe con la política, así que lo que hay que hacer es purificar la política, dejar de satanizar la relación entre política y administración y velar por la transparencia”.

La participación en política de los alcaldes, hasta ahora, no suele ser pública ni hacerse abiertamente porque implica sanciones. El ejemplo más reciente fue el del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que en 2022 y durante las elecciones presidenciales fue suspendido de forma provisional mientras la Procuraduría inició una investigación en su contra por participación en política por un guiño a la campaña de Gustavo Petro.

5. Los alcaldes no pueden administrar a espaldas de los ciudadanos

Aunque el alcalde puede tomar decisiones sin tener que consultarle todo a los ciudadanos, sí tiene que rendir cuentas sobre sus acciones y los avances de las metas del Plan de Desarrollo que propuso. La obligación existe desde el 2011 cuando se creó el Estatuto Anticorrupción que dice que todas las entidades y organismos de la administración pública deben involucrar a los ciudadanos y hacerlos partícipes de la formulación, ejecución, control y evaluación de su gestión. Además, el estatuto señala que todas las entidades “tendrán que rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía”.

Esa rendición de cuentas, según el Gobierno y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), es una relación en doble vía entre, la Alcaldía y la ciudadanía: “la primera tiene la obligación de informar sobre sus acciones y justificarlas, mientras que la ciudadanía tiene el derecho de exigir explicaciones, retroalimentar la gestión pública territorial e incentivar el buen desempeño y comportamiento de sus gobernantes y sus equipos de trabajo”. Para reglamentar la rendición de cuentas existe el “Manual único de rendición de cuentas” que dice, por ejemplo, cómo deben construir la estrategia de rendición de cuentas (que es obligatoria), cómo se ejecuta y cómo se le hace seguimiento y evaluación. 

A pesar de eso, Zuluaga explica que la rendición de cuentas es una estrategia reciente “que apenas estamos empezando a implementar”. Asegura que es un mecanismo de participación que le genera dudas porque los alcaldes la usan para mostrar cifras y acciones que resaltan y respaldan sólo lo positivo de su gestión, pero pocas veces hablan de retrasos o incumplimientos: “los comunicados de prensa, las reunión virtuales, un foro o una transmisión televisiva puede ser una rendición de cuentas. Los alcaldes lo hacen y en el papel esas cuentas son magníficas, pero en el fondo no es así. El mecanismo que queda es el del derecho de petición en el que los ciudadanos pueden pedir las aclaraciones o complementos que deseen frente a la rendición de cuentas. Si la persona, el grupo de personas o la veeduría que pide más información cree que esta es insuficiente, puede recurrir a los órganos de control”.