Hace un año, el gobierno de Gustavo Petro lanzó ‘Caminos comunitarios para la Paz Total’, un programa liderado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) en el que las organizaciones de acción comunal (como juntas, asociaciones, asocomunales, entre otras) postulaban un tramo de una vía que estuviera en su área de influencia para que ellas mismas lo intervinieran con el fin de mejorarlo o rehabilitarlo. Ese era el primer gran paso para cumplir la directriz que Petro dio cuando recién fue elegido presidente: contratar la construcción de las vías terciarias del país con las Juntas de Acción Comunal (JAC).
La propuesta de que el Estado contratara con las JAC no era nueva ya que la ley lo permite desde 2012 por medio de los llamados ‘Convenios solidarios’; que son un mecanismo de contratación en el que ambas partes se unen para desarrollar proyectos o programas en beneficio de una comunidad. “Esos convenios son una apuesta desde la propia ley para que la comunidad participe de manera directa en la ejecución de proyectos dirigidos a satisfacer sus propias necesidades”, cuenta Alejandro Sarmiento, gestor de la subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente, la entidad rectora de la contratación en el país.
Uno de los propósitos de ‘Caminos comunitarios para la Paz Total’ es el de incentivar la participación comunitaria con el fin de “jalonar el desarrollo social”, según su página web . El programa también tiene como meta intervenir más de 33 mil kilómetros de vías, que equivalen casi a una cuarta parte del total de las vías terciarias que estaban en mal estado en el país hasta el 2018.
Las JAC son claves en ese sentido por ser organizaciones cívicas y comunitarias, sin ánimo de lucro, que tienen como fin atender las necesidades de las comunidades que representan a nivel veredal o barrial. Además, según el Ministerio del Interior, hasta 2018 fueron las responsables de construir el 30% de la infraestructura comunitaria en el país.
A ‘Caminos comunitarios para la Paz Total’ se inscribieron 29.350 propuestas de las más de 63 mil Juntas de Acción Comunal que hay en el país. Con corte a octubre del año pasado, según la rendición de cuentas de Invías, se suscribieron 557 convenios con organismos de acción comunal. Aunque según la página web del programa, se firmaron 1381 convenios, más del doble de lo que iba hasta octubre.
La apuesta del gobierno fue bien recibida por la acción comunal, viéndolo como una forma para fortalecer sus proyectos en el territorio. Pero en la ejecución de los convenios se han tropezado con exigencias como la de contar y digitalizar más de 18 documentos para participar en la convocatoria, los retrasos para girar los recursos y lo que los comunales consideran que es un desconocimiento de cómo funcionan sus organizaciones.
“La intención del gobierno es buena, pero en el terreno hemos encontrado mucho problema con los técnicos, con los abogados, con la intermediación de la corrupción, con el chantaje a las juntas y con la burocracia”, cuenta Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal.
"La intención del gobierno es buena, pero en el terreno hemos encontrado mucho problema"
Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal.
Una buena propuesta con una ejecución problemática
Lenin González; presidente de la Federación de Acción Comunal del Chocó, la organización que reúne a las juntas de acción comunal de todo el departamento; dice que desde el día uno vio con buenos ojos la propuesta del gobierno de contratar con ellos la construcción de las vías. “Acogimos la propuesta con ganas de trabajar”, afirma. Para él, esa fue la primera vez en la que sintió que un gobierno le daba importancia a las Juntas de Acción Comunal, más allá de la época electoral en la que suelen buscarlos por los votos que representan.
Pero los inconvenientes empezaron desde la postulación al programa. González dice que hubo juntas que no pudieron presentarse porque no estaban registradas ante el Ministerio del Interior y por lo mismo no contaban con personería jurídica, documento obligatorio para postularse a la convocatoria. Otras, por ejemplo, tuvieron dificultades para completar los 18 documentos que les solicitaban, entre los que estaban los estatutos actualizados, libros de afiliados, libros de tesorería y actas que debían escanear y subir a una plataforma.
Niria Brito, presidenta de la Federación de Acción Comunal de La Guajira, también escuchó quejas similares, una de las principales fue el desconocimiento y las barreras en temas digitales: “Para estar en la acción comunal lo único que se necesita es tener voluntad para servir, por eso muchos de nosotros no tenemos conocimientos de esa tecnología y de todos esos procesos que ellos estaban exigiendo. Ahora, si nosotros en lo urbano tenemos problemas de conectividad, imagínese nuestros compañeros en la ruralidad”.
"Si nosotros en lo urbano tenemos problemas de conectividad, imagínese nuestros compañeros en la ruralidad"
Niria Brito, presidenta de la Federación de Acción Comunal de La Guajira
Según ‘Caminos Comunitarios para la Paz Total’, de los casi 30 mil registros que hubo a la convocatoria, 6.112 no terminaron el proceso por falta de documentación. Para González, en el Chocó la falla principal es que no hubo un acompañamiento institucional en un proceso que, para ellos, era nuevo.
Después de que las propuestas fueron aprobadas y se firmaron los convenios con Invías, vinieron los problemas con la entidad. Comunales como Brito, de La Guajira, aseguran que hay un desconocimiento sobre cómo funciona la organización y eso ha impedido que la ejecución fluya de la mejor manera. “Si el presidente de la junta no está o no puede firmar, nosotros nos reunimos en asamblea y definimos otro dignatario para que lo haga, como lo permiten los estatutos, pero el asesor jurídico que manda Invías no quiere aceptarlo cuando esa fue una decisión que tomamos bajo nuestra estructura y normativa”, afirma.
Brito dice que desde la entidad les han pedido que, para aceptarles el documento, el presidente de la junta debe renunciar y que otro asuma el cargo, pero sienten que con esas exigencias los funcionarios de Invías se está extralimitando y vulnerando la autonomía que tienen como organización de acción comunal. “Ese es un choque que nos ha impedido avanzar”, asegura. Pero no es el único.
Cardona, de la Confederación Nacional, señala que los requisitos que ha impuesto Invías para ejecutar las obras también se han convertido en un “factor de perturbación” para llevarlas a cabo y ha coartado la libertad de la junta para moverse financieramente. Cuenta que uno de los requisitos es que el certificado de la cuenta a la que se va a girar la plata de las placas huellas esté firmado por un miembro de la junta y un funcionario de Invías.
“Esto, sumado a que la entidad sea la que ponga el interventor, me parece que ha enredado y complicado todo y ha abierto la puerta para que los mismos funcionarios chantajeen a las juntas. Tenemos denuncias de comunales a los que los funcionarios de Invías les imponen los contadores o los ingenieros por presión o porque de lo contrario la junta no pasa la interventoría”, comentó Cardona, pero no habló de ningún caso en particular ni dio nombres de funcionarios. “Esas son cosas que pasan y que seguro en el gobierno no saben, pero en el territorio sí se dan”, asegura.
A todo esto se han sumado los retrasos en el giro de los recursos para iniciar algunas obras. Julián Higuita, de la Federación de Acción Comunal de Antioquia, dice que las demoras se deben a que las mismas juntas no conocen los documentos que deben presentar para que les hagan los giros. “Debido a esto hay funcionarios técnicos de Invías que se aprovechan y cobran a las juntas para hacer los informes de avance”, cuenta.
"Hay funcionarios técnicos de Invías que se aprovechan y cobran a las juntas para hacer los informes de avance"
Julián Higuita, de la Federación de Acción Comunal de Antioquia
Para Niria Brito, de La Guajira, las demoras han significado un retraso en el pago de la deuda de dos millones de pesos que adquirieron con el fin de pagar las pólizas que les pedían para el convenio. También ha sido un factor de incertidumbre: “Pensábamos iniciar las obras en septiembre, pero no fue posible. No nos giraron, no sabemos por qué y ahora Invías nos dice que no han contratado a las personas con las que nos vamos a entender”.
Por ahora, la gran prueba del gobierno para contratar con las juntas no ha llenado las expectativas de los comunales. Aunque esta ha sido la más visible y pública, hay otros procesos, más pequeños, que están marchando con sus aciertos y desaciertos.
La contratación con la acción comunal más allá de las vías
Antes del programa ‘Caminos comunitarios para la Paz Total’ hubo otra convocatoria dirigida a organizaciones de acción comunal. Su fin era financiar ollas comunitarias, por medio de alianzas público-populares, para garantizar la alimentación de personas afectadas por la ola invernal. El programa, encabezado por la Unidad de Gestión del Riesgo, fue criticado por los comunales porque hubo fundaciones que, en lugar de ser facilitadoras, se convirtieron en contratistas o terminaron manejando la logística de las ollas comunitarias.
Así lo denunciaron varios líderes de Juntas de Acción Comunal en la subregión de La Mojana en la costa Caribe. Por esto, y porque decían haber recibido elementos de mala calidad, decidieron parar la ejecución del proyecto. Algo similar pasó en La Guajira, Niria Brito resaltó el papel que tuvieron las fundaciones y que los terminó desplazando de la contratación: “Necesitamos que no sean terceros los que manejan estos contratos, que sean las organizaciones de la sociedad civil. De lo contrario, se pierde el sentido de lo comunitario”, dice.
"Necesitamos que no sean terceros los que manejan estos contratos, que sean las organizaciones de la sociedad civil"
Niria Brito, presidenta de la Federación de Acción Comunal de La Guajira
Otras ollas comunitarias también pararon, pero esta vez por retrasos en el pago. María Stella Valencia, quien estuvo al frente de la olla comunitaria del barrio Santana en Quibdó– Chocó–, cuenta que la ejecución del proyecto inició alrededor de julio, tenía una duración de tres meses, pero no se ha terminado porque el último giro, que lo esperaban entre septiembre y octubre, no ha llegado. Aunque Valencia dice que la suspensión fue una decisión tomada en una asamblea de la Junta de Acción Comunal y fue consecuencia de los manejos internos que ha tenido Gestión del Riesgo, la imagen de los líderes es la que termina afectada porque son ellos los que ponen la cara a la comunidad y a los que responsabilizan de la ejecución.
“Desde el año pasado estoy esperando el desembolso. El proceso ha sido traumático para nosotros porque, cuando el proyecto se demora en reiniciar, la comunidad empieza a pensar que nos robamos los recursos y es la imagen de la junta la que queda en entredicho. La gente desconoce que esto es por procesos internos de la entidad y no nuestros”, dice Valencia. A pesar de eso, resalta lo que significó el proyecto: darle dos comidas diarias a 150 personas todos los días durante dos meses.
La petición de la acción comunal se resume en lo que dice el presidente de la Federación de Acción Comunal del Chocó, Lenin González: “Necesitamos que el Estado sea más efectivo”. Por ejemplo, el proceso que para ellos puede replicarse es el de la Red Nacional de Brigadas Forestales, una iniciativa del Ministerio de Ambiente junto con la Unidad de Gestión del Riesgo, que vincula a las Juntas de Acción Comunal para prevenir, monitorear y responder de forma más inmediata a los incendios forestales.
"Necesitamos que el Estado sea más efectivo"
Lenin González, presidente de la Federación de Acción Comunal del Chocó
“Mis respetos para el trabajo que está haciendo el Ministerio de Ambiente; nos ha capacitado, ha facilitado el proceso y lo más importante, dignifican a los comunales porque también les dan unos honorarios por el trabajo que están haciendo”, dice Julián Higuita, de la Federación de Antioquia. Hasta finales de 2023, había unas 80 brigadas en 24 departamentos integradas por más de mil personas.
Para Cardona, de la Confederación Nacional, el éxito de las brigadas con el Ministerio de Ambiente se debe a que los requisitos para participar en esta fueron construidos de forma conjunta. “El problema de algunas ofertas del gobierno es que fueron lanzadas sin contar con la estructura comunal de la confederación, las federaciones y las asociaciones municipales y sólo nos llaman cuando hay problemas que quieren que resolvamos”, manifiesta.
Por eso la propuesta de Cardona es que el diálogo con la acción comunal se dé antes de lanzar un programa para que pueda llegar a los territorios y ejecutarse de la mejor forma sin poner en riesgo a sus representantes. Cardona explica que este punto es clave porque la acción comunal es una de las más victimizadas y corre mayor riesgo cuando son los responsables de ejecutar proyectos o manejar presupuestos. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de los 188 asesinatos de líderes sociales que hubo el año pasado, las organizaciones comunales pusieron el mayor número: 50.
A pesar de los tropiezos, desde la acción comunal dicen estar dispuestos a seguir en el proceso y abrirse a otros campos como el manejo del Plan de Alimentación Escolar (PAE), llevar conectividad al campo y desplegar programas de prevención en salud en los territorios, como lo ha propuesto el presidente.
*Consonante solicitó una entrevista con el Instituto Nacional de Vías (Invías) para hablar sobre el proyecto ‘Caminos comunitarios para la Paz Total’, pero hasta el momento de publicar esta historia no habían contestado las preguntas enviadas.
