Consulta previa en Cañaverales: dos años de intentos fallidos y una comunidad dividida

La comunidad de Cañaverales, un corregimiento de San Juan del Cesar, está ante una decisión crucial sobre su territorio: la puesta en marcha de la mina a cielo abierto de carbón, que espera realizar la empresa Best Coal Company —filial en Colombia del conglomerado turco Yildirim Holding—. Este proyecto de explotación hace parte de un complejo minero que se quiere desarrollar en el sur de La Guajira y que incluye otra mina en Papayal, una explotación subterránea de carbón en San Juan del Cesar y una línea férrea hasta Dibulla. 

El consejo comunitario Los Negros de Cañaverales, que representa a cerca de mil personas de los habitantes del corregimiento en el proceso de consulta previa, deberá discutir los riesgos y los beneficios que traería el desarrollo de la explotación de carbón, y llegar a un acuerdo o tomar una postura frente al proyecto. Sin embargo, con el paso del tiempo esta consulta previa está siguiendo el guión que tienen la mayoría de estos procesos en el país: opacidad, enemistades internas y desbalance de poderes. 

Las divisiones entre los habitantes suceden al tiempo que la empresa BCC ejecuta una estrategia de inversión social y de comunicaciones para ganar aceptación y generar cercanía con la comunidades de los siete corregimientos donde tendrá injerencia el proyecto: Cañaverales, Corralejas, Los Pozos, El Tablazo, El Playón, Pondorito y Los Tunales, y los tres municipios: San Juan del Cesar, Distracción y Fonseca. Esto ocurre en medio de la incertidumbre política y económica alrededor de la producción de carbón, gracias a la descarbonificación de algunos países europeos y la apuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro de transitar hacia energías limpias.  

Los reclamos que tiene la comunidad en la actualidad son similares a los que manifestaban a inicios de 2021, cuando inició el proceso consultivo con los nueve consejos comunitarios que están en la zona donde se desarrollaría la mina. Los Negros de Cañaverales argumentaron que no tenían información suficiente para entender el proyecto minero para participar de la consulta previa de manera libre e informada. En ese entonces, BCC aseguraba que solo compartirían la información una vez se iniciaran las reuniones consultivas formales. El consejo comunitario recurrió a una tutela para que se garantizara el acceso a la documentación y poder iniciar la preconsulta. Este recurso fue fallado a favor. 

A pesar de esto, a mediados de 2022 el Ministerio del Interior decidió aplicar el test de proporcionalidad, un mecanismo en el que un juez de la República y otras entidades del Estado evalúan y sopesan las afectaciones del proyecto minero sin tener en cuenta al consejo comunitario. Después de varios reveses entre apelaciones y fallos, el 11 de noviembre de 2022 el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha ordenó finalmente reanudar la consulta previa. Desde entonces se han realizado dos reuniones de preconsulta: el 20 de marzo y el 20 de mayo de 2023. 

Durante estos dos años, las dos posturas frente al proyecto minero se han distanciado. Por un lado están quienes han optado por reivindicar su vocación agrícola y preservar la reserva natural del manantial, y por el otro quienes reclaman por los empleos y las becas estudiantiles que podrían garantizar la compañía. Estas diferencias son notorias durante las sesiones donde se reúne la comunidad y que transcurren en medio de tensión y discusiones álgidas.

Por ejemplo, en la reunión de preconsulta que se hizo el 20 de mayo del 2023, un grupo mayoritario de los habitantes llegó al espacio con camisetas alusivas a su descontento con la frase: “yo como queso, no carbón”. Del otro lado, otro grupo de personas se negaba a que los asesores hicieran intervenciones y reclamaban que se tuvieran en cuenta sus necesidades, como aceptar los espacios de formación en maquinaria pesada y otros talleres para jóvenes que está financiando la compañía.

“La gente tiene sembrado mucho terror, entonces al momento de tener mucho miedo e ir a la reunión, uno va a pensar que todo lo que viene a decir la empresa y el Ministerio (del Interior) va a ser mentira. Nos hemos llevado eso de manera personal. Al momento de las reuniones se forman discusiones que ni siquiera tienen que ver con el tema porque son discusiones internas de la comunidad”, cuenta Yemerson David Gamez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Cañaverales. 

Óscar Gamez, presidente del Consejo Comunitario, asegura que estas discusiones se tratan de una campaña de dilatación. “Ellos hacen que la reunión se torpedee, que no avance e incluso provocan a algunas personas con actitudes groseras y abusivas. Cuando se iba a dar alguna declaración, ellos se ponían con el teléfono casi a menos de 20 centímetros de la persona tratando de filmarla y amenazándola. Eso es dilatación porque a nosotros nos vieron todo el tiempo tranquilos”, afirma Gámez.

Empleos y educación, nuevos puntos de la discusión

Desde que se conocieron los planes de BCC en Cañaverales, la principal preocupación fue las posibles afectaciones que tendría la reserva el manantial, ubicada junto al área de explotación minera. Sin embargo, en los últimos meses la generación de empleos y las oportunidades de estudio, que la empresa minera ha prometido impulsar si inicia la explotación, se han posicionado en el debate de la comunidad. Esto ha sido principalmente importante en este corregimiento, donde los habitantes viven principalmente de los cultivos de yuca, tomate y algodón. La otra fuente de empleo en el pueblo es la Institución Educativa Ana Joaquina, que reúne a las escuelas de las veredas y corregimientos cercanos. Otras personas se emplean en las clínicas y el Hospital San Rafael, como mototaxistas, manejando la ruta de transporte desde el casco urbano hacia los corregimientos y en la Alcaldía municipal. Sin embargo, estos resultan insuficientes para un municipio de 50.713 habitantes. 

Ante la falta de oportunidades, la compañía BCC comenzó a implementar su plan de responsabilidad empresarial desde el año pasado. La estrategia, según Lilia Vergara, gerente social de BCC, consiste en apoyar a emprendimientos y negocios locales con talleres de formación de cuatro meses con el SENA. Hasta la fecha han vinculado 97 proyectos productivos. Además, han realizado talleres de formación artística para más de 200 niños, niñas y adolescentes en los corregimientos donde tendría injerencia el proyecto y, actualmente, tiene empleadas a 31 personas de San Juan del Cesar y algunos municipios cercanos, según cifras de la empresa. Para llevar a cabo estas acciones, la mina se ha apoyado en otros actores que considera estratégicos en el corregimiento: la Junta de Acción Comunal y otros liderazgos comunitarios. 

El Presidente de la JAC es quien se ha encargado de hacer las gestiones. Cuenta que a pesar de que se está realizando la consulta previa, él debe escuchar las peticiones del resto de la comunidad. Mildrelys Moya, quien es partidaria del desarrollo de la mina, es una de las líderesas de los jóvenes que reclaman empleo y educación. Moya afirma que aunque no es seguro que la mina inicie operaciones, las capacitaciones les servirán en un futuro. “Si la empresa se va pasado mañana, el conocimiento no nos lo quita nadie. Miro a mis hijos y quiero que se preparen”, dice Moya. “Si la mina se va a nosotros nos queda un corredor turístico, nos queda el hueco ahí y eso se puede aprovechar más adelante para que la gente conozca la historia de lo que hubo antes”, agrega. 

Pero en Cañaverales no todos los habitantes están de acuerdo con permitir el ingreso de la empresa y consideran que los 300 empleos directos y los 600 indirectos, que ha manifestado públicamente la empresa, no son suficientes  para los siete corregimientos y los tres municipios. Además, cuestionan que la compañía esté utilizando el programa de fortalecimiento para los emprendimientos con el fin de hacerse publicidad.

“Nosotros hemos dejado que las personas aprendan, son libres de capacitarse, pero de qué vale capacitarse y que nos aprueben un proyecto para que ellos vengan aquí a marcar mi casa con el logo de BCC como si fuéramos prácticamente unas vacas, parte del ganado de ellos. Me parece injusto. En Corraleja tienen marcas hasta en la cancha. ¿Por qué tienen que marcar la comunidad antes de tiempo? No veo el porqué y así no se gana la confianza. Ellos vienen con sus proyectos de música y todo eso, pero esas son estrategias que tienen para convencer a la gente”, dice Lorena Fuentes, una joven de Cañaverales e integrante del consejo comunitario afro.

Las discusiones dentro de la comunidad también ha sido reforzada por otras voces reconocidas del municipio. Un día antes de la preconsulta del 20 de mayo, Juan Sebastián Otero, influencer y candidato al concejo municipal, publicó un video en el que señala al consejo comunitario de querer dilatar la puesta en marcha del proyecto minero y bloquear la llegada del desarrollo al corregimiento. “Lastimosamente este consejo comunitario ha tratado de dilatar el proceso consultivo para evitar que este proyecto avance. Sin embargo, lo que han conseguido es que su comunidad se pierda de los beneficios que gozan en otras comunidades como, por ejemplo, las clases de música para niños y los programas de promoción y educación ambiental”, dijo Otero en el video que tiene 106 me gusta

Ante los cuestionamientos sobre las divisiones que pueden estar generando las ofertas de capacitaciones en medio de la consulta previa, funcionarios de BCC aseguran que no están intentando influenciar a las comunidades sino atender las necesidades de los habitantes que no se sienten representados con el consejo comunitario. “Lo que estamos haciendo es no desconocer a quienes nos piden que los tengamos en cuenta en alguna capacitación. La invitación es que no se nos mire como unos adversarios sino como un actor dentro de la comunidad, que puede estar interesado a favor de la propia comunidad”, dice Luis Manuel Escobar, asesor para el tema de consulta previa de BCC. 

Sin embargo, Rosa María Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y José David Castilla alertan que estas prácticas que está desarrollando la mina pueden agudizar las divisiones e influir en la consulta previa. “lo que hacen (la empresa) es abordar a la JAC e ingresar a la comunidad. Así va generando este tipo de divisiones. Es una práctica que se hace de forma reiterativa porque lo que se busca es dividir la opinión y dividir los órganos de consulta”, agrega Castilla. 

La ausencia de las entidades del Estado que deben garantizar los derechos del consejo comunitario durante la preparación del proceso consultivo está siendo evidente. En la reunión de preconsulta no asistió ningún funcionario de la Alcaldía municipal, ni la Procuraduría y Defensoría. “Toda la responsabilidad de garantía de derechos humanos está en el funcionario del Ministerio del Interior y el representante de la Personería Municipal. Ustedes tienen obligatoriamente que solicitar y requerir la presencia de las demás instituciones del Estado y asistencia técnica”, afirmó Angélica Cotes, funcionaria de las Naciones Unidas, durante el evento. “Cuando la comunidad exige respuestas y la empresa está dispuesta a darla, hay que abrir el espacio para que el diálogo no se vea interrumpido, sino que pueda fluir de una mejor manera”, agrega. 

Opacidad en la información, otro punto de disputa

La reunión de preconsulta, que se realizó el 20 mayo y en la que se esperaba que BCC explicará el proyecto minero, terminó empañada por las dudas no resueltas sobre los alcances y afectaciones que generaría la explotación de carbón, los conflictos entre la comunidad y la ausencia de los gobiernos local, departamental y nacional, que deberían garantizar los derechos de los habitantes del pueblo.

A pesar de que la empresa realizó una presentación con términos técnicos del proyecto y las organizaciones acompañantes del consejo comunitario intervinieron, no se cumplieron las expectativas de las más de 200 personas que llenaron el coliseo principal del pueblo y esperaban entender en su totalidad las implicaciones del proyecto minero. El espacio de preguntas de la comunidad estuvo reducido y determinado por un funcionario del Ministerio del Interior, que indicaba qué preguntas debía responder la compañía argumentando que en la fase actual no se podían responder preguntas específicas sobre los impactos que generaría la mina a cielo abierto de carbón. Estas debían ser solucionadas durante la consulta previa.

“Pretendemos que desde los infantes hasta los adultos mayores que estamos en Cañaverales tengamos claridad sobre todos los impactos a nivel social, económico y ambiental para que sea la comunidad propiamente la que saque sus conclusiones sobre el proyecto. Pero las respuestas que dio la empresa no satisficieron las preguntas que hicieron las personas. Se les hace una consulta y salen con una respuesta muy diferente a lo que realmente deberían responder”, cuestiona Ifener Mendoza, integrante del consejo comunitario Los Negros de Cañaverales. 

José Vega, investigador del Instituto Ambiental de Estocolmo y quien ha seguido el desarrollo de la industria minera en el Cesar y La Guajira, resalta que la falta de información es uno de los obstáculos que tienen las consultas previas en Colombia. “Estamos en contexto en el que las comunidades locales se enfrentan a procesos de consulta en donde muchas veces no existe información oportuna, fiable y completa de los proyectos. Si conversas con una empresa de energía renovable o una minera y le pides la información, probablemente, van a decir que esa información es pública. Muchas veces es pública, pero no es accesible”, afirma. 

Lo que sigue

De la reunión de preconsulta salieron tres actividades que se deben surtir antes de la próxima reunión, que podría llevarse a cabo el 17 de junio. La compañía debía entregar el Plan de Obras y Trabajo, que contiene la información relacionada con los conceptos que tuvo en cuenta BCC para tomar la decisión de invertir y desarrollar este proyecto minero. Además, la compañía y el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales están en proceso de recoger las preguntas que quedaron sin responder durante el encuentro del 20 de mayo. Finalmente, se espera discutir la ruta metodológica, en la que se especifica cuántas reuniones se harán para la consulta previa, los ejes temáticos, los análisis del proyecto, entre otros. Este último paso sería la antesala para iniciar la consulta previa, después de dos años de espera.