Los integrantes del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales han luchado durante más de 12 años contra el inicio de la explotación de carbón en una mina ubicada en su territorio, en San Juan del Cesar (La Guajira). Los líderes ambientales —que cuentan con el apoyo de varios miembros de la comunidad, organizaciones defensoras de derechos humanos, un colectivo de abogado y representantes de la comunidad internacional— argumentan que el proyecto minero con el que la empresa Best Coal Company (BCC) aspira a producir casi 12 millones de toneladas de carbón pondría en peligro la reserva forestal el Manantial e implicaría la pérdida de su vocación agrícola.
En estos años han tenido varios reveses, pero también han logrado que sus voces sean escuchadas. En 2019 interpusieron una tutela y consiguieron que el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha le ordenara al Ministerio del Interior y a Best Coal Company respetar el derecho a la consulta previa por ser una comunidad afro. Sin embargo, esta decisión no implicó el inicio de este proceso que se encuentra amparado por la Ley 21 de 1991.
Según esta norma, las comunidades indígenas, afro, raizales, palenqueras y Rom para ser consultadas cuando el Gobierno o una empresa pública o privada pretende adelantar un proyecto de extracción minera, por ejemplo, o incluso otorgar una licencia ambiental que los afecta directamente, o sea, que pueda alterar afectar su estilo de vida o sus prácticas culturales.
Luego, en 2021, cuando la empresa BCC finalmente comenzó el proceso de consulta previa con los nueve consejos comunitarios, la comunidad de Cañaverales argumentó que no estaban dando información suficiente para medir los posibles impactos que generaría la mina en la zona y la reserva del manantial. El consejo comunitario recurrió a una tutela para que se garantizara el acceso a esa documentación y poder iniciar la preconsulta.
Aún así, el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, ha puesto varias trabas. Tanto, que decidió aplicar el test de proporcionalidad, una herramienta para medir las afectaciones directas del proyecto. Y luego, en respuesta a una decisión del Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha, apeló sosteniendo que el procedimiento ya se había aplicado por lo que era “imposible el cumplimiento de la orden”.
El acontecimiento más reciente en este largo proceso se dio el pasado 11 de noviembre, cuando la jueza Cecilia Riveira del Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha estableció que el recurso interpuesto por el Mininterior era improcedente y ordenó reanudar la consulta previa.
“Nosotros vemos la consulta como un espacio que nos permitirá demostrar que el proyecto es nefasto para la mayoría de comunidades que están cerca. Estamos haciendo historia”, dijo Óscar Gamez, presidente del consejo, al conocer esa noticia.
En todo este tiempo, los miembros del Consejo Comunitario han alertado sobre la falta de garantías existentes para garantizar el derecho que tiene su comunidad a ser consultada pues, insisten, la explotación podría alterar su estilo de vida y sus prácticas culturales.
Según el protocolo, lo que sigue es el proceso de pre consulta. Sin embargo, Carlos Andrés Meza, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, dice que ahora debe priorizarse la reconstrucción de confianza: “lo que debe priorizarse es la invitación al Consejo Comunitario y debe hacerse en Cañaverales, en San Juan, para retomar el espacio que originó el test. No puede seguir de espaldas a la comunidad. El Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de Consulta Previa deberían atender los llamados a diálogo que la comunidad hace”, dice.
La compañía dijo en entrevista con Consonante que el inicio del proceso de consulta previa no depende de ellos y será la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (Dancp) y otras autoridades competentes, las encargadas de decidir. “Las autoridades están evaluando qué sigue, nosotros no podemos decir cuándo iniciaríamos este proceso, será la Dancp quien tome la decisión de si acata el fallo de juez y se inicia el proceso de consulta previa, o si toma otras acciones legales en las que nosotros como empresa no podemos tomar ninguna acción”, dice Óscar Ivan Saavedra, Gerente de Proyecto y Representante Legal.
Ante la orden de la reanudación del proceso de consulta previa, Consonante conversó con varios integrantes del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales y habitantes del corregimiento para conocer qué esperan de esta nueva etapa:
1. Respeto a los tiempos
Los líderes que se han opuesto al inicio del proyecto piden que las fechas y horas de las reuniones sean concertadas con la comunidad y definidas de acuerdo a sus posibilidades. “Nos imponían fechas que no concertaban con nosotros, que no iban de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Simplemente decían para tal día es la reunión y los necesito ahí, como si tú tuvieses un rebaño de chivos y los irías a meter al corral”, explicó Geania Gámez, economista e integrante del consejo comunitario, en una entrevista publicada el año pasado.
Además, piden que el tiempo no se convierta de nuevo en una herramienta de presión para llegar a acuerdos: “uno de los principales problemas que teníamos era que llegaba un funcionario y decía "este proceso lo tenemos que hacer en dos meses o si no le aplicamos el test de proporcionalidad". Así llegaron ellos a todas las comunidades donde se hicieron las consultas”, sostiene Óscar Gamez, presidente del consejo comunitario.
Para Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) que acompaña a la comunidad desde hace dos años, esta petición es importante. “La consulta no es libre cuando esos tiempos no se ajustan a las realidades de las comunidades”, explica.
2. Funcionarios imparciales y de carrera
Líderes de Cañaverales han manifestado inconvenientes con los contratistas que llegan al corregimiento a hacer los procesos. Desde el consejo comunitario han denunciado que algunas personas demuestran estar abiertamente a favor de la empresa, por lo que su trabajo termina siendo parcializado. “Aquí llegó un funcionario que se atrevió a decir que estaba parcializado con la empresa. Nosotros pedimos que se le abriera un proceso ante el Ministerio y el Ministerio dijo que no podía hacer nada porque él era un contratista, que no era de la nómina fija”, dice Gámez. Ante esto, la exigencia de la comunidad es que los funcionarios que sean parte de la consulta sean personas “extremadamente íntegras en su comportamiento” y que pertenezcan a la nómina del Ministerio.
Además, esperan que los profesionales que se vinculen a los estudios del impacto del proyecto tengan la confianza de la comunidad. “Queremos sentirnos en confianza de saber que lo que se va a presentar en los resultados de esos estudios sean confiables, que sean profesionales idóneos pero que también gocen de la confianza de la comunidad para que se evidencie lo que nosotros, como conocedores de nuestra tierra y defensores de nuestra reserva, ya sabemos”, dice Nadia Soto, habitante de Cañaverales.
3. Información clara y acorde a las necesidades de la comunidad
Desde 2021, cuando BCC inició la consulta previa con los nueve consejos comunitarios, la comunidad de Cañaverales argumentó que ese proceso se estaba realizando sin la información que diera cuenta de los impactos que generaría la mina en la zona y la reserva del manantial. En ese momento, la comunidad denunció que la empresa dijo que sólo compartiría la información del proyecto en las reuniones en el marco de la consulta.
“Ellos incluso han hecho algunas consultas virtuales fuera del territorio, pero a nosotros no nos sirve eso. Nos entregaron información en un disco duro, ¿cómo vamos a ver eso todos?. Hay que reconocer que nos enviaron unos documentos, unas carpetas, pero son carpetas con una información que no convence a nadie”, asegura Óscar Gámez.
“La información que se espera es todo lo relacionado al proyecto, que no sea fraccionado, sino que hablen de sus otros proyectos que vendrían siendo un apéndice de la mal llamada mina Cañaverales. Que entreguen la ruta metodológica que se había solicitado presentada por la empresa”, dice Geania Gámez.
Esto es clave porque según las recomendaciones para el desarrollo de la consulta previa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “es necesario otorgar a las comunidades elementos que les permita tomar decisiones de manera consciente y también para generar las condiciones de diálogo y análisis necesarios para la formulación de acuerdos. Brindar la información con estas características, contribuye a materializar el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que les afecten o puedan afectarlos”.
La comunidad pide información real sobre los impactos del proyecto, y hacen énfasis en los impactos que tendría la explotación en las fuentes de agua superficiales y subterráneas. Aseguran que según la información entregada, la empresa ha tratado de suavizar las consecuencias, pero los conocedores del territorio creen que podrían ser más graves.
“Hay una dinámica de fuentes de agua superficiales y subterráneas en la que los estudios de la compañía intentan generar una falsa certeza frente a lo que el sentido común dice, desde el momento en el que se crea un tajo, como ocurrió con Cerrejón, se interrumpen las conexiones hídricas subterráneas. Y aunque hablan de una falla geológica que aliviaría los daños, la experiencia con Cerrejón ha demostrado que desde los años 80 hasta ahora, se han destruido 20 arroyos”, explica Carlos Andrés Meza.
Además de tener información real sobre los impactos, la comunidad pide que sea entregada y explicada en sus dialectos y de acuerdo a sus propias capacidades de entendimiento. Al respecto, BCC afirma que cada consejo comunitario tiene derecho a revisar los estudios técnicos, ambientales y sociales, con la persona o entidad que deseen para corroborar que la información entregada sea cierta.
4. Respeto y escucha activa
La petición que más se repite para BCC y el Ministerio del Interior es el respeto. La comunidad asegura que hasta el momento no han sentido que la empresa respete sus usos, costumbres y tampoco muchos de sus derechos, no solamente a la consulta previa, sino también a la tranquilidad. “No queremos nada a la carrera. No es poco lo que se está jugando aquí, son comunidades, la vida de seres humanos que han construido aquí su proyecto de vida”, afirma Nadia Soto.
“Nuestra comunidad lleva más de 200 años asentada acá, conocemos sus tierras, conocemos sus aguas,sus cultivos, su ambiente, conoce desde la más mínima asmática que nace hasta el árbol más grande. Entonces creo que esa ventaja no la tiene nadie que vaya a venir a decir “no es que no se va a afectar”. Quién mejor que nosotros para decir los pros y los contras que va a tener esta minería”, comenta Yolgica Gámez, habitante de Cañaverales.
Piden también “juego limpio”. La comunidad dice que la empresa minera está ofreciendo proyectos productivos a varios habitantes de Cañaverales, en el marco del programa de responsabilidad social empresaria, actividades que han sido interpretadas por el consejo comunitario como un intento de dividir a los habitantes, quienes aseguran que los recursos ambientales y sus vidas, no tienen un precio.
Según las recomendaciones para la consulta, el respeto por las tradiciones y costumbres de las comunidades étnicas es clave para el proceso: “Dentro de este aspecto cabe resaltar que es necesario tener un reconocimiento de las tradiciones y costumbres de las comunidades étnicas, desde su lógica y cosmovisión, lo que hace necesario hacer una lectura acertada de todo los aspectos que configuran la cultura de dichas comunidades”, se lee en el documento del Ministerio con directrices para la consulta previa. Así como un diálogo genuino entre las partes que se caracteriza “por la confianza, la sinceridad, la escucha activa, la voluntad de apoyarse mutuamente, la compresión de la posición del otro, el reconocimiento de los saberes y de la diversidad, como fuerza constructiva del reconocimiento mutuo y de una visión compartida, en búsqueda del bien común”.
5. Alternativas productivas
En Cañaverales los habitantes no quieren perder su vocación agrícola. Así que defienden, sobre todo, que el progreso de su territorio no dependa de la minería. “Somos una despensa agrícola y folclórica. La gente se acostumbró a vivir del campo. Somos buenos en el cultivo del algodón porque así ha sido catalogada como la mejor fibra de Colombia. A veces el tema de poder invertir no es fácil, acceder a créditos. Nosotros decimos no nos regalen, pero si facilitenos las herramientas para poder cultivar o hacer cualquier otro tipo de actividad diferente a la minería”, dice Yolgica Gámez.
“Queremos progreso, pero queremos que el gobierno nacional y si se puede internacional nos ayude a conservar nuestra agricultura, nos den herramientas para seguir cultivando que nos ayuden a mejorar, que nos den programas, que nos den beneficios para seguir abasteciendo no sólo Cañaverales, porque nosotros abastecemos más que Cañaverales, pero necesitamos apoyo”, sostiene Geania Gámez.
