Por qué es importante
Este municipio chocoano, en límites con Antioquia, tiene 15.015 habitantes y solo dos medios de comunicación: un canal de televisión cerrado que cubre la parte urbana del municipio y una emisora comunitaria que, aunque cubre todo el municipio, no tiene espacios de información local.
Los hechos de 2021
La agenda noticiosa de El Carmen de Atrato fue variada. El mal estado de vías como la de la vereda Guaduas y dos deslizamientos en la vía a la mina El Roble y a la vereda La Argelia fueron algunos de los temas más graves que se presentaron en materia de infraestructura. Además, las tensiones medioambientales en la zona continuaron. En cuanto a la salud, la liquidación de la EPS Barrios Unidos dejó varios líos para los usuarios. Hacia el final del año, el octubre, la Comisión de la Verdad realizó un encuentro que llevó a los carmeleños y carmeleñas a pensar en lo que sufrieron en el conflicto armado. En diciembre, antes de finalizar el año, los jóvenes eligieron a sus siete consejeros de juventud.
1. Infraestructura: el problema de las vías
El Carmen de Atrato se encuentra en la mitad de la Transversal Medellín - Quibdó, que está en obras desde hace aproximadamente 15 años. Por eso el camino hacia el pueblo, ya sea desde Medellín o desde Quibdó, siempre es complicado. En la primera hay varios “pare y siga” y puntos críticos en los que siempre se desliza tierra cuando llueve. En la segunda, a la que le llaman la “trocha” por su estado, está trabajando el concesionario Vías y Equipos Pacífico 2021. Esta empresa, el 3 de junio de 2012, le anunció a la comunidad de La Argelia que utilizaría la vía de acceso para disponer escombros en un lugar que queda a 4,2 kilómetros de la entrada de la vereda. Después de esto ocurrieron dos grandes derrumbes que dejaron confinada a la población. Además, se dañó la vía que, según los pobladores, estaba en buen estado.
Este caso llevó a la declaratoria de alerta roja por parte de Codechocó, la autoridad ambiental, y a que la Alcaldía municipal preguntara a la autoridad si este Consorcio tenía permiso para establecer el botadero. Pero nadie le responde a la comunidad ni a las personas que deben usar esta vía aun arriesgando su vida, como Yenny, una docente del ICBF que trabaja con mujeres gestantes y madres de niños y niñas de la primera infancia.
Pero no fue la única vía en mal estado. La de la vereda Guaduas es un dolor de cabeza para las 75 familias que viven allí: impide el tránsito de la gente, pero también el transporte de productos agropecuarios que son la fuente de ingresos de la gente. Y nada que la arreglan.
Este año también ocurrió un trágico accidente que cobró la vida de Cristian Valderrama y por el que continúa desaparecido Alejandro Cartagena. El 18 de mayo los dos jóvenes se dirigían a trabajar a la Minera El Roble, cuando, cerca al sector La Clara, un deslizamiento de tierra les cayó encima. La comunidad se unió para buscar a Alejandro y acompañar a la familia Cartagena Taborda.
2. Medio ambiente: entre la tensión y la acción
La Mesa Social y Ambiental es el grupo que ha liderado la defensa del medio ambiente en el municipio y ha exigido que la empresa Miner S.A., que explota cobre hace 30 años en el municipio, compense al pueblo por “el daño que se ha causado”, dijo un habitante de El Carmen. Sin embargo, la mina también es la mayor fuente de empleo directo e indirecto del municipio, lo que ha causado una división que este año se hizo evidente en una celebración por el día de la tierra que causó opiniones encontradas.
En El Carmen, además, nace el río Atrato, uno de los más importantes de Chocó. Este afluente tiene, desde 2016, una sentencia que lo protege y lo declara sujeto de derechos. El cumplimiento de esta sentencia está a cargo del Ministerio de Ambiente, pero desde la sociedad civil hay un cuerpo de guardianes del río. Este grupo de personas llevaba cuatro años esperando que el Ministerio de Agricultura presentara un plan para garantizar la soberanía alimentaria en el territorio, cosa que pasó a principios de septiembre.
Mientras tanto, Codechocó puso en marcha el plan de manejo del río Habita, el primero que desemboca en el Atrato, después de cuatro años de haber sido construido. En este también se contempla la figura de los guardianes del río, aunque no quedaron muy claras sus funciones y alcances.
¿Pero qué significa proteger un río? ¿Qué motiva a los guardianes? En este pódcast que realizaron Laura Giraldo y Adrián Foronda, integrantes de la Red Consonante en El Carmen, hay algunas respuestas.
3. Salud: los líos de liquidar una EPS
En mayo, el Estado liquidó la EPS Barrios Unidos y trasladó sus afiliados a 10 entidades prestadoras de salud en todo el país. En El Carmen de Atrato unos 5.500 usuarios fueron transferidos a la Nueva EPS en mayo, cuando empezaron a tener problemas para acceder a servicios de salud en el municipio. Desde dificultades para tener citas médicas por haber sido asignadas a IPS por fuera de El Carmen de Atrato hasta problemas económicos por deudas que dejó Barrios Unidos. Además, muchos usuarios no sabían a qué entidad pertenecían.
Esos problemas poco a poco se fueron solucionando, pero en noviembre la gente se encontró con un nuevo problema: la atención especializada que antes recibían en Medellín y en Ciudad Bolívar (Antioquia) la pasaron para Quibdó. Para los y las carmeleñas esto resultó problemático porque este pueblo tiene más tradición antioqueña que chocoana, y por lo tanto la gente tiene más familiaridad con el departamento vecino. Además, el estado de la vía a Quibdó no es el mejor. Consonante habló con directivos de la Nueva EPS sobre este problema e indicaron que la atención se devolvió para Antioquia. Sin embargo, en el territorio todo sigue igual.
4. Verdad del conflicto
El Carmen fue fuertemente afectado por la guerra. Tanto así que aproximadamente siete de cada diez habitantes del municipio sufrieron algún tipo de hecho victimizante. La gran mayoría debió desplazarse forzosamente. En el territorio se registraron una toma guerrillera, al menos cuatro masacres y 622 asesinatos selectivos. A pesar de que han pasado los años y los grupos que violentaron a la población se desmovilizaron, no ha habido justicia ni reparación, y la verdad les ha llegado a medias. Además, la amenaza de la reactivación de la guerra no se va.
De hecho, el 9 de septiembre amanecieron 12 pintas con las letras “AGC” en casas y negocios del corregimiento La Mansa. Los supuestos graffitis del grupo paramilitar enrarecieron el ambiente en la comunidad y llevaron a militarizarla.
Pero por el lado de la verdad del conflicto de guerrillas y paramilitares de los 90 y del 2000, poco se sabe. Es decir, poco sabe la gente sobre por qué pasó lo que pasó. Por esta razón la Comisión de la Verdad, la entidad creada con el Acuerdo de Paz para esclarecer lo que sucedió en la guerra, comenzó un proceso con un grupo de víctimas del municipio. La idea, inicialmente fue hacer un encuentro con exguerrilleros de las Farc. La gente reclamaba respuestas.
Sin embargo, el 10 de noviembre se realizó un encuentro para reconocer la verdad de las víctimas. La gente contó sus historias de dolor y resistencia, pero quedó el sinsabor de no escuchar a la contraparte.
5. Juventud: por fin hay representación
El 5 de diciembre, por primera vez en Colombia, se eligieron consejeros de juventud, una figura clave para que este sector ejerza veeduría y control sobre los planes de las entidades públicas para la juventud y proponga planes y proyectos en su beneficio. En El Carmen esto fue muy importante, pues en el municipio no hay Plataforma juvenil ni había, hasta ahora, ninguna iniciativa para visibilizar los intereses de los y las jóvenes.
En las elecciones participaron apenas 265 jóvenes, de los 2.140 habilitados para votar, pero se desarrollaron en absoluta calma. Resultaron elegidos popularmente siete jóvenes: seis por partidos políticos y uno por la Organización de Víctimas de la Violencia. Además, dos jóvenes más fueron seleccionados por comunidades indígenas y campesinas en las curules especiales.
Las prioridades de las y los consejeros son varias, pero entre las que más les preocupan está la falta de acceso a la educación superior, pues en el municipio no hay una universidad, y la creciente adicción a las drogas entre los jóvenes.
Angelee Laverde Agudelo, consejera electa, considera que este último es un problema de salud y quisiera “gestionar un convenio con alguna EPS o alguna fundación para que los jóvenes que quieran solucionar su problema, lo hagan, también hacer charlas y actividades para que los no consumidores no caigan en la drogadicción”. Emmanuel Zapata, por su lado, dice que comenzará “por impulsar proyectos que vayan orientados a una mejor calidad de estudio, también la posibilidad de una universidad”. Todavía está por ver cómo será la interlocución con la administración municipal.
