En su segundo intento por llegar a la Alcaldía, el liberal Jaime Arturo Herrera salió electo con 2.183 votos. ‘Puntillo’, como es conocido en el municipio, puso en el centro de su campaña política la propuesta de que el campo sea el centro de la economía en un municipio que ha ido perdiendo la vocación agrícola por una más minera.
Para esto, según le dijo Herrera a Consonante, formulará proyectos ante la Presidencia para que haya más inversión en el campo. También aseguró que entre sus prioridades está la pavimentación de vías terciarias y la construcción de escenarios deportivos: “Le voy a proponer a Miner S.A. que trabajemos en conjunto. Vamos a meterle plata a lo social y a los escenarios deportivos que es muy necesario”. Aún no es claro cómo será la relación entre Miner y el alcalde electo porque, a diferencia de las últimas tres alcaldías, no viene de trabajar en la mina ni ha tenido una relación cercana a esta.
“Le voy a proponer a Miner S.A. que trabajemos en conjunto. Vamos a meterle plata a lo social y a los escenarios deportivos que es muy necesario”
Jaime Arturo Herrera.
Herrera es un exconcejal y empresario de origen campesino que lleva más de 20 años administrando una droguería en Quibdó. En 2014, y como propietario de la Droguería La 20, fue capturado junto con otras siete personas que eran investigadas porque presuntamente se habrían apropiado de más de 1.700 millones de pesos que estaban destinados para pagar servicios de salud a la población vulnerable de el Chocó. Según la Rama Judicial, Herrera fue dejado en libertad en 2015. El alcalde le dijo a Consonante que en este momento no tenía ningún lío judicial y que lo que pasó es que fue “asaltado en la buena fé”.
Su recorrido político inició hace cuatro años cuando se lanzó a la Alcaldía y quedó segundo por una diferencia de 15 votos. Al ocupar ese puesto tuvo derecho a ser concejal, cargo que ocupó por un año. Luego se dedicó a su campaña y en las votaciones de octubre le sacó más de 300 votos al exalcalde Jorge Iván Bedoya, el segundo más votado.
Con su triunfo Herrera frenó las posibilidades de que el partido de La U pusiera un tercer alcalde de forma consecutiva y le devolvió el poder al partido Liberal que no ponía mandatario desde 2011. Pero el liberalismo no sólo ganó la Alcaldía. También eligió como gobernadora a Nubia Carolina Córdoba, con quien Herrera hizo campaña, y fue el partido más votado en el Concejo con 1.561 votos y el que puso más concejales: cuatro de once. Por ahora, parece que Herrera llegará a la Alcaldía, el 1 de enero de 2024, con vientos a su favor a nivel municipal y departamental.
Aunque la elección de los concejales no suele ser tan mediática como la de la Alcaldía, también es clave. El Concejo es el que debate las propuestas del alcalde, le hace control político y aprueba o no el Plan de Desarrollo y el presupuesto municipal —que este año fue de más de 14 mil millones de pesos—, que son las cartas de navegación de la administración en obras planes y programas y en cómo se invierten los recursos públicos.
En el caso de El Carmen, el Concejo estará conformado por cuatro liberales, dos conservadores, dos del partido de La U, una del partido Verde, uno de MAIS y una curul que será de Jorge Iván Bedoya del partido de La U, ASI y la Fuerza de la paz, quien aceptó el espacio que le corresponde por ser el segundo más votado a la Alcaldía.
Estos resultados dejan dos conclusiones. La primera es que el Concejo se renovó. De los cinco concejales que trataron de reelegirse sólo lo logró Carlos Alberto Restrepo del partido Liberal. A diferencia de hace cuatro años, el espacio de las mujeres se redujo y pasó de dos curules a una, esta vez por el partido Verde con Gloria Isabel Calle, que apoyó a la candidata Natalia Mazo a la Alcaldía.
La segunda conclusión es que con el partido Liberal de su lado, que es el que tiene más concejales, Herrera tiene la posibilidad de tener una mayoría de concejales afines (coalición de gobierno) que le apruebe de forma más rápida lo que debe pasar por el Concejo. “Con un Concejo a favor del alcalde lo que uno esperaría es que se aceleren los procesos, que no haya trabas y que las propuestas sean tramitadas con facilidad y con eficiencia. En caso contrario tendría que empezar a negociar con otros partidos o con otras corrientes y eso ya le compromete, de alguna manera, la gestión burocrática (puestos y nombramientos) y presupuestal”, explica Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia.
“Con un Concejo a favor del alcalde lo que uno esperaría es que se aceleren los procesos, que no haya trabas y que las propuestas sean tramitadas con facilidad y con eficiencia"
Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia.
De entrada, el alcalde electo dice que cuenta con una mayoría a su favor: “Elegimos cuatro liberales y tenemos buena relación con los dos conservadores. Tenemos la mayoría, pero lo más importante es que llego a trabajar. Creo que cuando los concejales vean mi trabajo y vean que le estoy metiendo 24/7 a la comunidad, los proyectos van a salir por un tubo”.
Eso dependerá de la posición política que asuman los concejales al posesionarse y en la que deberán elegir si, frente a la Alcaldía, son de gobierno, independiente o de oposición. Aunque la decisión final la pueden tomar hasta febrero (un mes después de que inicie el gobierno), por ahora, pinta a favor de Herrera. Al menos tres concejales electos de distintos partidos están de acuerdo con ‘Puntillo’ al decir que apoyarán su gestión si ven que está trabajando a favor del municipio. También aseguraron que, de entrada, no harán oposición.
“Personalmente no voy a ser oposición y tampoco voy a estar con el Alcalde. Estaré del lado del bien común”, afirmó Jaime Gabriel Taborda elegido por el partido Conservador. Dijo que junto con su compañero Jesús Antonio Londoño, se declararán de independencia. “La oposición es muy relativa — dice Gloria Calle, electa por el partido Verde — debemos ser un equipo y trabajar para beneficio de El Carmen”, comentó que también se declarará en independencia.
Consonante intentó comunicarse con Bedoya para saber si se declarará en independencia o si liderará la oposición contra el Alcalde, pero hasta el momento no contestó las llamadas. Con este panorama, y si La U decide ser oposición, contaría con tres de los once concejales en su coalición. Zuluaga Gil dice que tener un Concejo que en su mayoría es a favor de la Alcaldía acelera los procesos y puede beneficiar a la comunidad, pero cuenta que también puede deteriorar el control político: “Se deteriora un poco el control político porque es a los concejales a los que les corresponde hacerlo, pero también se fortalece porque los que quedan como una minoría haciendo oposición deben y tienen que ser más exigentes con el control y los mecanismos que usan para ser escuchados”.
Por ahora, una de las preocupaciones que se escuchan en el municipio es la renovación de la planta de la Alcaldía. El temor es que con una administración nueva y que era opuesta a la actual, no se renueven contratos para algunos trabajadores, más en un municipio como El Carmen en el que las principales fuentes de empleo son la Alcaldía o la mina. “Hay rumores, aún nada comprobado, de que va a llegar gente de afuera de El Carmen, de otros municipios, porque el alcalde elegido debe favores y los va a pagar con puestos de la Alcaldía”, dijo un habitantes de El Carmen.
Herrera le dijo a Consonante que no llegará a “barrer” con los puestos y que todo su gabinete será de carmeleños: “Yo voy a llegar es a construir, están equivocados conmigo. El que esté trabajando y haciendo las laborales bien, se queda. Eso sí, el gabinete será mío, porque no es justo que sea el mismo gabinete desde hace ocho años”.
En el Chocó, la gobernadora electa es la liberal Nubia Carolina Córdoba, la más votada en El Carmen para ese cargo. Córdoba fue la fórmula de ‘Puntillo’ y desde ya la ven como aliada para el municipio. El concejal electo del partido Liberal, Jorge Alexander Machado, lo ve como “el mejor momento para el departamento del Chocó, incluyendo El Carmen, porque sabemos que con nuestro alcalde y de la mano de la gobernadora vamos a hacer un muy buen trabajo”.
Herrera cuenta que desde la campaña electoral Córdoba se comprometió con tres acciones para el municipio: la pavimentación de la vía El Siete - El Carmen, la construcción de un hospital nuevo e inversión en el campo. Además de los compromisos, es clave que entre ambos mandatarios haya una relación fluida y cordial porque El Carmen es un municipio de sexta categoría y, por lo mismo, depende de la Gobernación para, por ejemplo, cofinanciar proyectos o que les giren recursos para educación y salud.
“Los municipios en Colombia suelen ser muy débiles financieramente y gran parte de los proyectos que puede ejecutar un alcalde dependen de la coordinación que tengan con el gobierno departamental — explica Zuluaga Gil —. Si un alcalde va en llave con el gobernador y tienen buenas relaciones, va a ser más fácil que cuando lo llame consiga de forma más rápida que le apruebe y le financie proyectos”.
Esa relación también es clave porque los recursos de participación como los del Plan de Alimentación Escolar (PAE) llegan por medio de la Gobernación. Y es esa entidad la que tramita casos como traslados de los profesores. “Un profesor de municipio pequeño (al que la comunidad no quiera, por ejemplo), puede convertirse en un problema muy grave porque tiene una incidencia directa con la comunidad y si el alcalde no tiene buen diálogo con el departamento, pues no le traslada el profesor, se gana a la comunidad de enemiga y eso puede minar su gobernabilidad”.
Además, la Gobernación también funciona como interlocutora con el Gobierno Nacional y puede ayudar o no a que bajen recursos o proyectos al municipio o que las necesidades del mismo estén en la agenda nacional. En el caso de Córdoba y Herrera, que son del mismo partido, la relación y la gestión entre ambos también es importante para mantener el poder en futuras elecciones, ya sea por la misma colectividad o con candidatos propios. Si a los dos les va bien, sus votantes van a ver con buenos ojos a quienes ellos o sus partidos apoyen. “Esa es una dinámica propia del debate electoral: dar buenos resultados buscando la continuidad en el poder”, expone Zuluaga.
Aún sin posesionarse, y como es común en tiempos de empalme entre un gobierno y otro, el alcalde electo ya empezó a moverse. Y lo hizo con un tema clave: la pavimentación de la vía El Siete - El Carmen. En su cuenta de Facebook anunció que se reunió con el gobernador Ariel Palacios quien aprobó 16 mil millones de pesos para la obra. “Si la pavimentación de la vía se logra, va a ser un alcalde que va a quedar en la memoria de los carmeleños”, dice la concejala electa Gloria Calle.
“Si la pavimentación de la vía se logra, va a ser un alcalde que va a quedar en la memoria de los carmeleños”
concejala electa Gloria Calle.
Pero ese legado dependerá de la gestión de los próximos cuatro años y de cómo avance la relación entre Gobernación y Alcaldía. Por ahora, Herrera reconoce la importancia de dejar huella: “Si nosotros no nos comprometemos con el pueblo, el pueblo después nos cobra una factura que es la ingratitud, el desprecio. Por eso es que muchos alcaldes salen por la puerta de atrás”.
Juan Carlos Palacios es el sucesor del alcalde de Tadó, Cristian Copete. En las elecciones locales, del 29 de octubre, Palacios obtuvo 4.996 votos; casi el doble de votos que acumuló Copete hace cuatro años. En su candidatura con el partido Liberal, Palacios contó con el apoyo de los excandidatos Mancio Agualimpia, Manuel Eugenio Agualimpia, Deisner Palacios y la exalcaldesa Yocira Lozano.
Es conocido como ‘El Padre’ por su carrera de 13 años como sacerdote. Palacios decidió dejar la sotana y, según cuenta, hacerle caso a varios tadoseños y tadoseñas que le pidieron lanzarse como candidato a la Alcaldía. “Ven en mí una esperanza de que el municipio pueda salir adelante”, asegura con la convicción de que está preparado para el cargo.
Además de sacerdote, Palacios es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas y especialista en Gerencia Social. Actualmente está estudiando su segunda especialidad en Desarrollo Territorial y Gestión Pública. Ha trabajado con la Diócesis Istmina-Tadó cómo director pastoral, coordinador de proyectos nacionales e internacionales, coordinador de los programas de primera infancia y coordinador de educación contratada entre la secretaría de Educación departamental y la Diócesis.
En entrevista con Consonante, Palacios habla sobre sus prioridades para el próximo año y explica cómo va a intentar cumplir su mayor propuesta: gobernar con el pueblo en medio de un ambiente de desconfianza en el municipio.
Juan Carlos Palacios: La recibí con mucha satisfacción, reconociendo el trabajo que había realizado en la zona rural y en la cabecera municipal.
A Hamilton le diría que estoy aquí para servirle a él y a cada uno de sus seguidores, soy el alcalde de todos. Más allá de la diferencia política no hay que perder el horizonte frente al desarrollo que queremos para nuestro querido municipio.
J.C.P.: Ya colocamos las denuncias como la ley lo ordena y ya los organismos encargados pueden constatar que muchas personas fallecidas tuvieron su voto. También hubo muchas personas que cuando iban a votar ya habían marcado por ellos.
J.C.P.: Sí, esta mañana (31 de octubre) tuvimos una conversación con ella. Somos del mismo partido y ella tiene afinidad con el municipio de Tadó, sus familiares son de aquí. Queremos trabajar de la mano para sacar este terruño adelante.
J.C.P.: Desde luego, la ley lo exige, debe haber un empalme. Con él propiamente no hemos hablado, es un gobierno que no es afín con mi propuesta, no es un gobierno amigo, pero tendremos que sentarnos a la mesa a ver cómo está quedando la administración.
J.C.P.: Sencillamente porque ellos estaban apoyando al otro candidato. Aún sabiendo que el alcalde no puede participar en elecciones todo su equipo y su maquinaria estaba direccionada hacia allá.
J.C.P.: Dándole a conocer a la gente cada paso que demos en la administración. Primero diciéndole a la comunidad cómo recibimos, qué tenemos para desarrollar y cómo lo vamos desarrollando, que la gente conozca por los diferentes medios y estén informados de qué está haciendo el alcalde por su comunidad.
J.C.P.: Nosotros contamos con un presupuesto de aproximadamente 32 mil millones de pesos, que son mínimos frente a las tantas necesidades que tienen los pueblos.
J.C.P.: Por medio de proyectos. También están las regalías departamentales, hoy tenemos una gobernación que es amiga, que nos puede colaborar y se identifica precisamente con nuestra línea de gobierno. Tenemos planteado en el programa de gobierno también proyectos con el Gobierno Nacional y creemos que por allí podemos jalonar muchos recursos y darle cumplimiento a lo que hemos planteado.
J.C.P.: A la problemática que tenemos hoy en día en materia de salud: no contamos con los servicios básicos que debe prestar el Hospital San José de Tadó y vamos a habilitar los centros de salud en zona rural para que el campesino y campesina tenga la facilidad de tener su médico ahí. Así como también tener una salud preventiva.
Además hoy no podemos desconocer que tenemos en el departamento del Chocó mayores índices de desempleo, y más con la pandemia. A eso también.
J.C.P.: Los programas que son del Estado deben estar funcionando en el municipio, vamos a usar cada uno de ellos para eso. También tener una sinergia con las diferentes instituciones que prestan servicios en nuestro territorio y estar atento a la cooperación internacional.
Por ejemplo, tenemos políticas públicas de atención a la primera infancia, eso lo presta la alcaldía y los diferentes operadores por medio de Bienestar Familiar, entonces ellos nos pueden ayudar a esa generación de empleo.
J.C.P.: Queremos tener la secretaría del turismo, la secretaría municipal de la mujer teniendo el precedente de que ya tenemos el Ministerio de la Igualdad; allí podemos ayudar a muchas mujeres, madres cabeza de hogar a desarrollar proyectos. También la Secretaría de Desarrollo económico teniendo presente hoy que una de las actividades económicas de nuestro municipio ha sido precisamente el campo y se ve con un descuido notable.
J.C.P.: Ya tenemos el programa de gobierno, gracias a Dios. Hay que visitar a las comunidades, ya lo hice como candidato y ahora lo voy a hacer como alcalde electo. Que ellos nos cuenten las problemáticas y nosotros les damos las posibles soluciones de acuerdo al presupuesto municipal. Sencillamente el pueblo me eligió y yo tengo que consultarle a ellos.
J.C.P.: Voy a hacer audiencias, pero no voy a centrar todo en la cabecera municipal, sino tener la posibilidad de llegar hacia zona rural y escuchar cada una de sus propuestas que tienen los integrantes de esas comunidades. Ellos también necesitan hablar con su alcalde.
J.C.P.: Nosotros tenemos un presupuesto muy mínimo para todas las necesidades que hay. Necesitamos recursos de la Gobernación, también que podamos jalonar por medio del Ministerio de Educación teniendo como presente que la Ministra es una mujer que conoce las necesidades del departamento del Chocó y de cada uno de sus municipios, y nos puede ayudar en esta tarea.
J.C.P.: Aquí necesitamos facilidad de llegar a los jóvenes por medio del deporte, esperamos tener esos espacios deportivos con ellos y ellas para consolidar la relación por el tema de la formación. También estamos avanzando con los temas de becas universitarias..
El Consejo de juventudes ha estado conmigo en su gran mayoría. Tuvimos un conversatorio con ellos y efectivamente logramos hacer unas políticas públicas de juventudes que hay que poner en marcha.
Hay que escuchar todo y de la mano ir recogiendo. Como dicen los mayores "Roma no se hizo en un día", entonces vamos con lentitud pero con paso firme y que la gente vea una transformación en lo administrativo.
"Hay que escuchar todo y de la mano ir recogiendo. Como dicen los mayores "Roma no se hizo en un día", entonces vamos con lentitud pero con paso firme"
J.C.P.: Tenemos hoy necesidades insatisfechas en materia acueducto y alcantarillado, en eso básicamente nos vamos a enfocar. Pero también hay que extender la posibilidad de que las empresas de servicios públicos de recolección de los residuos puedan estar también allá en cada una de esas comunidades. Las tres prioridades son saneamiento básico, educación y turismo.
J.C.P.: Hay muchas cosas que hay que llegar a conocer, pero por ahora conozco hoy que el hospital tiene un pasivo muy alto, que no tiene una ambulancia, que los temas de servicios hospitalarios están insatisfechos, que en la zona rural no han llegado algunas cosas. Hay que conocer cuánto tenemos hoy del recurso y por el PIB municipal ver cuánto podemos invertir.
Con el 100 por ciento de las mesas informadas, Juan Carlos Palacios es el alcalde electo de Tadó. El candidato conocido como ‘El Padre’ acumula 4.996 votos y logra sacarle una ventaja de 832 votos a Hamilton Perea ‘Peñita’, quien contabiliza 4.164 votos.
La votación obtenida por Palacios es significativamente mayor a la que acumuló el actual alcalde Cristian Copete hace cuatro años de 2.816 votos.
El ambiente en las calles a medida que se conocen los resultados es de alegría. “Si mi candidato queda salgo corriendo al Bunde para llamar a todo el mundo, porque vivir con dignidad sí es posible. Representa un cambio porque estamos sumergidos desde hace muchos años. El ambiente se siente sabroso, de pura alegría”, le dijo una persona a Consonante.
La cantidad de votantes en el municipio alcanzó los 9.975. En las elecciones de 2019 votaron 9.151 personas.
Ambos candidatos se trasladaron al puesto de votación del casco urbano, en la Institución Educativa Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, para esperar los resultados del preconteo. A las afueras del colegio se conglomeraron cerca de 200 personas, simpatizantes de Juan Carlos Palacios y de ‘Peñita’.
Palacios cuenta con el apoyo de los excandidatos Mancio Agualimpia, Manuel Eugenio Agualimpia, Deisner Palacios y la exalcaldesa Yocira Lozano. Esta es su primera aspiración a un cargo público en el municipio.
Al inicio de la jornada, se presentaron retrasos en la entrada de los testigos electorales a varios puntos de votación porque no contaban con las escarapelas de identificación. Los documentos llegaron cerca del mediodía.
Según Walter Rengifo, delegado de la Registraduría en Playa de Oro, “fue un problema a nivel nacional. Se colapsó la plataforma y no se pudieron imprimir las credenciales de algunos testigos. Por eso, no los dejó entrar la Policía”.
Los principales vigilantes del desarrollo de las elecciones fueron los ciudadanos. Los simpatizantes de Juan Carlos Palacios se encargaron de hacer veeduría en varios puestos de votación y de impedir la entrada de personas con paquetes sospechosos. “Un policía quería ingresar con un bolso (al puesto de Playa de Oro) y los votantes de Juan Carlos no lo dejaron entrar”, dijo una persona. Una situación similar se presentó en el puesto de votación del casco urbano.
En el corregimiento de Playa de Oro varias personas alertaron que Yasser Mosquera, inspector de policía de la zona rural, estaba actuando como testigo electoral para la campaña de Hamilton Perea ‘Peñita’ y presuntamente movilizaba votos para el candidato.
A siete minutos de cerrarse las urnas, el mismo Palacios denunció a través de sus redes sociales que en las elecciones hubo fraude electoral y se usaron cédulas de personas fallecidas para votar.
En el corregimiento de Playa de Oro cuatro fuentes le confirmaron a Consonante que Yasser Mosquera, Inspector de Policía de la zona rural, está ejerciendo como testigo electoral de la campaña de Hamilton Perea Peña. Además, Mosquera estaría promoviendo votos para el candidato.
Varias personas han comentado que esta situación les genera preocupación. “El inspector está siendo testigo electoral en Playa de Oro. Es uno de los que más manipula el teléfono celular. Entra y sale (del puesto). Yo creo que eso no es conveniente”, dijo una de ellas.
Según la Constitución, los miembros de la Fuerza Pública tienen prohibido participar en actividades que de una u otra manera impliquen el ejercicio de la política y al hacerlo estaría cometiendo el delito de intervención en política de servidor público.
En el corregimiento, donde pueden votar 1.176 personas, también se retrasó la entrada de los testigos electorales. Siete testigos, tres de Hamilton Perea y cuatro de Juan Carlos Palacios, tuvieron que quedarse por fuera por no tener las escarapelas que los identificaban como testigos. Solo hasta las 11:10 a.m. llegaron los documentos.
Además, durante la mañana, un líder político decidió votar en la mesa donde está el jurado de votación y no en el cubículo indicado para hacerlo. Posteriormente le indicó a otra persona hacer lo mismo. Las personas que estaban ahí dicen que la intención era mostrar que sí habían votado por el candidato Hamilton Perea.
A cinco días de las elecciones, circularon varios videos en los grupos y chats de Whatsapp de San Juan del Cesar. En el video, una consejera de juventudes le devolvía un dinero que supuestamente el alcalde Álvaro Díaz le había dado para apoyar al candidato ‘Cubita’ Enrique Camilo Urbina. El conjunto de imágenes parecía ser una prueba de la presunta participación política del alcalde Díaz en la campaña del candidato. Los videos y la denuncia fueron registrados por RCN y Semana. Pero tan solo un día después apareció otra versión de uno de los videos con un audio totalmente distinto que descartaba la supuesta injerencia del alcalde. Ambos videos circularon por todas partes y las redes se llenaron de comentarios a favor de una u otra versión.
Estos videos se unen a la lista de informaciones confusas, presuntas amenazas, denuncias públicas de presiones y hechos violentos que se han visto en el municipio desde el inicio formal de las campañas electorales el 29 de julio. Los sanjuaneros y sanjuaneras han sido testigos de agresiones que han trascendido el mundo digital y han pasado al físico.
“Las campañas políticas de ambos candidatos las he notado muy sucias (...) Aquí sí hay plata, pero sale para patrocinar otras cosas, las campañas de hoy son quien más denigre a la otra”
Dice un líder local.
En abril empezaron a sonar las denuncias de un grupo de trabajadores del Hospital San Rafael, a los que no les renovaron su contrato, hablaron en Radio Cardenal y aseguraron que se quedaron sin trabajo por sus afinidades políticas pues apoyaban la candidatura a la alcaldía de Moisés Daza y no la de Enrique Urbina, quien es conocido como el candidato de la administración de Álvaro Díaz. En septiembre, tres personas le aseguraron a Consonante que funcionarios del Hospital estaban presionando a algunos trabajadores para que apoyaran y votaran a favor de Urbina, a referir personas para que también voten por el candidato y a que asistan a eventos de campaña en su tiempo libre.
Por medio de redes sociales se conoció del daño de vallas publicitarias, pendones y afiches de ambas campañas, hechos que fueron rechazados por la comunidad. El 15 de septiembre varios pendones de Moises Daza aparecieron rasgados en las calles del municipio. Y la valla de ‘Cubita’ también apareció cortada por la mitad.
El candidato Moisés Daza recibió un atentado a las ocho de la noche del miércoles 19 de octubre cuando intentaba abordar su vehículo estacionado a pocos metros de su sede política. En ese momento también denunció que dos candidatos al concejo que apoyan su candidatura José Lopez y Ender Brito habían sido amenazados en otra ocasión. Esta situación también dio de qué hablar y algunas personas incluso dijeron que había sido un autoatentado.
“Me preocupa bastante lo que está sucediendo, porque cuando le hicieron el atentado a José López e incluso al aspirante a la alcaldía Moises la gente lo justificó con que eran unos lambones y que el otro se había hecho un autoatentado, sin tener empatía. Preocupa porque aquí en San Juan más que sea mentira o sea cierto lo que sucedió con esos dos aspirantes, nos fijamos más en el bochinche por el egoísmo”, expresa Mario Torres, un joven del municipio.
Ni siquiera en ese momento, que parecía marcar un punto grave de la campaña, alguno de los candidatos salió a pedir más calma. Catalina Moreno, coordinadora de la línea de inclusión social de Karisma, aunque estas expresiones han sido reiterativas en los escenarios políticos y no deben censurarse, sí es responsabilidad de los candidatos encargarse de que no se convierta en violencia política.
“A pesar de que la ley 1475 hace un llamado a que deben sancionar a sus miembros que incurran en actos de violencia, pocas veces hemos visto cómo funciona la realidad. A los candidatos y campañas hay que pedirles que hagan un llamado a sus seguidores y a sus candidatos a bajarle el tono”, explica Moreno.
En San Juan muchos aseguran que se ha notado la afinidad de la alcaldía con la campaña de Enrique Urbina, y que esto fue evidente cuando la administración de Díaz le negó el permiso a Moisés Daza para hacer un acto público de campaña el domingo 22 de octubre.
"A los candidatos y campañas hay que pedirles que hagan un llamado a sus seguidores y a sus candidatos a bajarle el tono”
Catalina Moreno, coordinadora de la línea de inclusión social de Karisma.
Según un comunicado publicado por Daza el 20 de octubre, su equipo había enviado la solicitud del cierre desde el 11 de octubre a la administración municipal y solo se recibió respuesta por parte de la misma el 19 de octubre mediante oficio, señalando haber elevado consulta a la Procuraduría Regional, sin obtener respuesta. Por eso, en sus redes convocó a sus seguidores a una misa. Sin embargo, la administración de Díaz aseguró que solamente le estaban pidiendo adelantar la fecha para ceñirse a la ley de Propaganda Electoral que establece qué “el proselitismo político se suspende una semana antes del día de la realización de las elecciones”.
La violencia que se ha visto en las campañas ha contagiado a los simpatizantes de ambos candidatos. En redes sociales también se ha desatado una pelea constante de insultos e información que no es fácil de verificar. Las campañas y sus simpatizantes han publicado “puyas”, agresiones verbales y expresiones retadoras que se replican en eventos públicos y “suben los ánimos” de los ciudadanos. Un ejemplo de esto son las provocaciones del reconocido periodista Álvaro Álvarez quién se inventó algunos cánticos que dicen frases como "entréguense que están rodeados juka ja juka ja" y que incluso se las van a cantar a la clínica de la que es propietario el candidato Moises Daza.
“Un bando le tira al otro y el otro responde y eso se está saliendo de control, ya eso no es política si no más en una pelea personal entre ellos dos y uno como sanjuanero termina mal, porque el que pierde es el pueblo, porque cada uno se monta a la alcaldía en busca de sus propios intereses y no los del pueblo" expresa Steven Saez Brito, joven deportista y diseñador gráfico.
El enfrentamiento entre ambos candidatos arrastra una historia que, para varias fuentes consultadas por Consonante, ha llevado a que la carrera por la alcaldía se haya tornado personal. Enrique Camilo Urbina busca ser alcalde por tercera vez y Moises Daza, quien ya fue alcalde, busca quitarle el poder a su antiguo aliado Álvaro Díaz.
Daza hizo parte de la Unidad de Gestión de Proyectos del municipio al inicio del gobierno de Álvaro Díaz, que buscaba formular proyectos para invertir en San Juan. Sin embargo, cuando Daza estaba en el cargo, se pelearon según una fuente cercana a Daza, una de las varias razones por las que esto pasó fue porque ambos decidieron apoyar candidatos distintos en las elecciones al Congreso. y se alejaron. La relación quedó tan debilitada que a finales de marzo, el alcalde Díaz denunció que desde la casa de los hermanos Daza Mendoza se estaba planificando u orquestando un atentado criminal contra él. En ese entonces, Moisés Daza le aseguró que lo iba a denunciar por injuria y calumnia.
Hamilton Daza, excandidato a la alcaldía y periodista, considera que esta historia ha marcado la campaña. “La guerra es porque hay un candidato que no quiere perder por tercera ocasión (Enrique Camilo Urbina) y con ese candidato está alineada toda la institucionalidad. El otro candidato (Moisés Daza) era el aliado número uno del actual alcalde pero ellos salieron disgustados y después de ser los mejores aliados y amigos hoy son los peores enemigos y han llegado al plano de amenazas”, comenta Daza.
Para Hugues Gamez, reconocido periodista conductor del programa “Gente, Cultura y Pueblo”, también influye que esta es la primera vez que solo hay dos candidatos en la contienda electoral. “Por primera vez se presentan sólo dos candidatos, antes lo hacían cuatro, seis, ocho, esto le da al proceso una connotación especial y ha generado polarización. Genera una tensión muy alta, hay problemas interpersonales entre militantes de ambos bandos, hay ofensas, injurias, burlas, problemas externos al verdadero sentido de la democracia”, asegura Gamez.
Mario Torres coincide en asegurar que esta historia entre ambos candidatos ha profundizado las divisiones entre la población pues la gente siente que debe elegir un lado. "A diferencia de las otras elecciones el pueblo está más polarizado porque solo aspiran dos personas y porque la política y los fanáticos se han tomado esto muy a pecho, anteriormente se veía el fanatismo, pero esto ha trascendido", opina Torres.
Las razones para votar es una de las consecuencias que, según explica Ángel Tuiran, docente investigador del programa de Ciencia Política de la Universidad del Norte, puede dejar una campaña como esta: “No vamos al fondo del debate, a las propuestas, a las ideas, sino que termina siendo instrumentalizada la indignación o la emoción, por lo que muchas veces se termina sacando provecho de este estado de poder para beneficios personales” explica el experto.
Además, a futuro, se reduce la capacidad de gobernar. “La principal consecuencia a futuro es la imposibilidad de construir proyectos conjuntos, de cara a los intereses que pueda tener la comunidad. Al mismo tiempo puede haber divisiones en el concejo que impida una vez más al mandatario que resulte electo sacar adelante un proyecto”.
Tuirán explica que la división que ha producido la campaña en el pueblo también puede llegar a favorecer una falta de transparencia durante el gobierno, pues el ganador de estas elecciones tendrá menos posibilidades para elegir su equipo de gobierno. Es decir, una posible vinculación a la administración dependerá de la cercanía o el rol que se cumplió en campaña y no de la capacidad o el mérito que pueda tener un funcionario o una funcionaria en el municipio.
“La principal consecuencia a futuro es la imposibilidad de construir proyectos conjuntos, de cara a los intereses que pueda tener la comunidad. Al mismo tiempo puede haber divisiones en el concejo que impida una vez más al mandatario que resulte electo sacar adelante un proyecto”
Ángel Tuiran, docente investigador del programa de Ciencia Política de la Universidad del Norte
Además, que se sigan presentando estos hechos permite normalizar el tipo de violencia política y rompe la comunidad.“Ese tipo de polarización se refleja en el electorado y es posible también que se rompan los vínculos entre la comunidad porque las comunidades y aún las familias también se dividen”, comenta Tuiran.
Por eso, para algunas personas, el verdadero perdedor en estas elecciones será San Juan del Cesar. “Los enfrentamientos van a seguir, las denuncias van a seguir y todo esto repercute en las necesidades en que tiene que enfocarse el alcalde que gane, seguramente no le va a quedar tiempo para solucionar los problemas estructurales”, dice Hamilton Daza.
“Estamos esperando a ver con qué tanta celeridad el presidente puede retomar los temas a través del Congreso. Y si no, estoy seguro que en La Guajira en cualquier momento puede haber una situación fuera de control, porque ya la gente no aguanta más”, opina Ariel López, uno de los líderes perteneciente a la mesa de diálogo del sur de La Guajira que se reunió con el Presidente durante su visita al departamento en junio de este año. Como él, los líderes y ciudadanos están a la expectativa de lo que hará el Gobierno después de que la Corte Constitucional decidiera hace dos semanas declarar inexequible la declaratoria de emergencia económica que había dictado Petro.
Esto significa, inicialmente, que varios de los decretos que había expedido el gobierno con los que pretendía solucionar los problemas de acceso a agua potable, servicios de salud, energía, y educación, ya no tienen valor jurídico y no se pueden implementar. Solamente seguirán en pie hasta el 2 de julio de 2024 los decretos que la Corte considere que están orientados a superar la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua.
La Corte argumentó que el Gobierno no logró sustentar por qué los mecanismos y las facultades que ya tiene, no son suficientes para hacerle frente a la emergencia humanitaria y solucionar problemas que este tribunal considera estructurales.
Más allá de las formas, lo que sí reconoció fue la gravedad de la situación en el departamento y la necesidad de enfrentar los problemas. Incluso hizo un llamado al Gobierno y al Congreso para que a través de otras medidas, tomen acción para superar la crisis.
En medio de este panorama, y sin que el Presidente haya contado cuál será su plan B para hacerle frente a la crisis, Consonante le explica cuáles son las posibilidades que tiene el Gobierno y cuáles son las peticiones urgentes que siguen haciendo los líderes del departamento.
El 10 de octubre el presidente publicó en sus redes sociales un mensaje en el que aseguró que todos los decretos iban a ser presentados en el Congreso con mensaje de urgencia el 11 de octubre. Sin embargo, no se ha comprobado que esto se hubiera hecho.
Este ha sido el único mensaje público que ha emitido el Gobierno Petro hasta el momento, Ningún representante de la Consejería de las Regiones, ni del Ministerio del Interior han dicho cuál es el plan ahora.
Solo el Departamento de Prosperidad Social, en cabeza de Laura Sarabia, anunció esta semana que el gobierno incluirá en Tránsito a Renta Ciudadana (antes Familias en Acción) a 27.000 familias Wayuu con niños y niñas en primera infancia y/o madres gestantes, que se encontraran en estado de desnutrición o en riesgo inminente de estarlo. Esto como respuesta a la caída del decreto en la que se daba una transferencia única de 500.000 pesos a estas familias. Ahora los 27.000 hogares que el DPS había seleccionado en su decreto van a ser vinculados y recibirán el primer pago en diciembre.
Todavía no está claro cuáles son los decretos que van a poder funcionar hasta el 2 de julio de 2024 y no será sino hasta las próximas semanas que un grupo de la Corte estudiará varios de estos. La Corte Constitucional no ha publicado la sentencia que explica los detalles de la decisión, solamente se sabe que serán los que le hagan frente a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua, pero es un concepto muy amplio.
“Nosotros creemos que existen dos interpretaciones posibles, una es que en principio todos los decretos que digan más o menos la palabra agua probablemente pueden pasar, pero la otra interpretación es que existen algunas medidas que aunque no necesariamente hablan de la menor disponibilidad de agua, sí están conectadas y podrían pasar también”, comenta Barragán.
Sin embargo, lo único cierto es que en estos momentos la única alternativa del Gobierno es usar los mecanismos y las rutas tradicionales para resolver los problemas que ya diagnosticó. Otra alternativa, sería tramitar las iniciativas propuestas en los decretos a través de un proyecto de ley con mensaje de urgencia en el Congreso. Esto reduciría los tiempos normales que conlleva el trámite.
También tiene la posibilidad de usar los mecanismos derivados del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el Fondo Adaptación, o los contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversiones.
Según el Gobierno, La Guajira está atravesando una crisis humanitaria. Esta crisis sería la suma de varias situaciones: la falta de acceso a servicios básicos vitales: la escasez de agua potable para el consumo humano; la crisis alimentaria por dificultades para el acceso físico y económico a los alimentos; los efectos del cambio climático que afectan las fuentes de agua; la crisis energética y la falta de infraestructura eléctrica adecuada; la baja cobertura de los servicios de salud y la baja cobertura en el sector de educación, con altos índices de deserción escolar, infraestructura de baja calidad y malas condiciones laborales para los profesores.
El Presidente ha dicho que varios de estos problemas son históricos, pero al anunciar la declaratoria de emergencia dijo que la crisis se intensificó desde junio de 2023 y que podría empeorar por la probable llegada del fenómeno del Niño. A esto agregó que para el 2022 los principales proyectos de inversión en el departamento no fueron suficientes para superar la crisis y que la sentencia T-302 de 2017, con la que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales, no ha sido efectiva.
La llegada del fenómeno del niño y el riesgo que esto implicaba para el agua en La Guajira. Esto, porque según la Organización Meteorológica Mundial por primera vez en siete años hay altas probabilidades de que reaparezca este fenómeno, lo que agravaría la situación ya de por sí crítica de las fuentes abastecedoras de agua.
El acceso a la salud fue otro de los puntos más graves. Según el diagnóstico del gobierno, el modelo de atención en salud en La Guajira tiene varias fallas: resultados deficientes e inequitativos con cifras superiores a las registradas en el resto del país y bajas coberturas para la gestión del riesgo en salud especialmente en zonas rurales. Por ejemplo, desde 2017 las tasas de mortalidad por desnutrición, infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda en menores de cinco años son entre seis y ocho veces más altas que el promedio nacional.
Además, la oferta de servicios es fragmentada y con una distribución insuficiente y desigual entre lo rural y lo urbano. De las 437 sedes de IPS en el departamento, el 80 por ciento son urbanas y el 20 por ciento son rurales lo que no corresponde con la distribución poblacional: el 49 por ciento de la población reside en el área urbana y el 51 por ciento en el área rural según proyecciones Dane a 2022. Todo esto agravado con la falta de un modelo de salud propio e Intercultural concertado con las autoridades indígenas Wayuu.
Además, hay problemas de empleo y barreras para la soberanía y garantía de la seguridad alimentaria, para el acceso a la tierra, la celebración de convenios interadministrativos o de asociación, la comercialización e industrialización agropecuaria, el desarrollo del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso ilícitos, y la formalización del uso y aprovechamiento del agua en la agricultura de subsistencia.
En el marco de la declaratoria de emergencia, varios ministerios habían expedido uno o varios decretos con proyectos que respondían a los distintos problemas. Por ejemplo, el Departamento de Prosperidad Social proponía la creación de una transferencia no condicionada que atendía a las familias con niños y niñas en primera infancia y/o madres gestantes, que se encontraran en estado de desnutrición o en riesgo inminente de estarlo.
El Ministerio de Educación había decretado la creación de una institución de educación superior indígena propia del pueblo Wayuú y reformuló varios aspectos relacionados con el programa de alimentación escolar (PAE).
Otros Ministerios proponían temas como la exención temporal de algunos impuestos para impulsar el turismo, tarifas especiales en el pago de servicios públicos, la creación de un modelo de salud propio del pueblo Wayuú y de un instituto para gestionar el agua en el departamento.
El problema con estos decretos es que aunque muchos sí hacían frente a la crisis, otras implicaban grandes cambios como la creación de instituciones. Así lo explica Mariluz Barragán, subdirectora misional de Dejusticia. “En nuestro criterio muchas de las medidas que se estaban proponiendo eran medidas idóneas y realmente estaban pensadas para superar la crisis, pero otras eran estructurales que no debían ser adoptadas a través de decretos de emergencia, sino que respetando la separación de poderes y las reglas del Estado debían ser tramitados a través del Congreso de la República”, dice Barragán.
La sensación en general es de incertidumbre. Los líderes que hicieron parte de la conversación con el Gobierno y un gran sector de la ciudadanía, tenían la esperanza de un cambio real con la implementación de los decretos. Temen que después de esto todo siga igual.
“Para nosotros como guajiros ha sido una situación difícil. Estamos esperando a ver con qué tanta celeridad el presidente puede retomar los temas a través del Congreso. Y si no, estoy seguro que en La Guajira en cualquier momento puede haber una situación fuera de control, porque ya la gente no aguanta más”, comenta Ariel López, abogado y exdiputado perteneciente a la mesa de diálogo del sur de La Guajira.
Otros se atreven a decir que había motivaciones ocultas detrás de la decisión: “La intención del gobierno es importante, pero hubo presión por parte de los industriales en este proceso, ellos tienen personas ubicadas estratégicamente para impulsar o bloquear los proyectos que no les convienen y creo que en este caso bloquearon el decreto de emergencia para que la multinacional pueda seguir haciendo uso del agua indiscriminadamente”, dice Juan Carlos Solano, líder sindical de Sintracarbón.
Diala Wilches, quien fue posesionada en febrero de 2023 es la doceava gobernadora que ejerce este cargo en los últimos siete años. Cuando se dio a conocer la decisión, la gobernadora Wilches aseguró que acataría la orden pero que la intención del Gobierno si era válida. En ese momento invitó a que en la discusión del presupuesto general para 2024 que se estaba dando desde julio y fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes el 18 de octubre, se tuvieran en cuenta las inversiones previstas en los decretos de emergencia para que se aplique un enfoque diferencial para atender a La Guajira.
Sin embargo, el gobierno departamental enfrenta problemas de gobernabilidad y confianza entre la gente. El constante cambio de gobernadores ha minado la continuidad de proyectos y programas, y la confianza del gobierno nacional y sectores privados para invertir en el departamento.
Lo mismo ha sucedido con algunos secretarios. El departamento ha tenido cinco secretarios de educación desde que Nemesio Roys, quien fue destituido el pasado 21 de julio de 2022, asumió como gobernador en 2020. El 14 de enero de 2022, se posicionó Olidey Meza Freyle en reemplazo de Rosmira Peralta, que había asumido la dirección de la cartera en febrero de 2021. En junio se posesionó Fabián Acosta, quien fue reemplazado por el secretario en encargo Danilo Araujo y ahora está Adaulfo Manjarrés.
Todos coinciden en que la intervención, sea cuál sea la forma, sigue siendo necesaria y urgente, sobre todo en el tema de agua, alimentación y empleo.
“En La Guajira el tema crítico es el tema del agua, desde la parte norte hasta la parte sur. En la parte norte, en la comunidad indígena, hay niños que se están muriendo de hambre. Nosotros estamos pidiendo con suma urgencia que esto se retome, de la forma que se quiera, puede ser a través del Icbf si se puede, pero no solamente esperar el tiempo que se demora un proyecto en convertirlo en ley. Mientras eso sucede acá en la Guajira pasan muchas cosas y la gente sigue muriéndose de hambre”, explica Ariel López.
También piden proyectos productivos y de sostenimiento, así como herramientas para el desarrollo económico y agrícola. “La segunda prioridad son proyectos productivos, pero no el proyecto productivo donde te doy cuatro chivos y tu miras si los chivos paren o no, ya estamos cansados de ese tipo de proyectos, a La Guajira le hace falta empleabilidad. De irse la multinacional el trabajador queda desprotegido, entonces también pedimos un desarrollo integral para que el pueblo guajiro cuando se vaya la minería pueda atender sus necesidades”, comenta Juan Carlos Solano.
Además, piden que haya personas dedicadas solamente a atender la crisis. “Se requiere focalizar todas las problemáticas y ponerle una persona de carne y hueso que logre el dinamizar y ayudar a canalizar los recursos. No vemos verdaderamente que el peso del poder del Gobierno Nacional se esté sintiendo en favor de los guajiros que seguimos a la espera de que todo esto cambie”, opina Luis Dario Ortíz, líder de la junta municipal de coordinación de Colombia Humana municipio de Fonseca.
También concuerdan con el Gobierno en que deben poner en funcionamiento la represa Ranchería y que se deben mejorar las vías para poder comercializar los productos.
El número de candidatos a reemplazar al alcalde Cristian Copete en la Alcaldía se redujo en las últimas semanas. La campaña la iniciaron siete candidatos: seis hombres y una mujer. Sin embargo, a 17 días de las elecciones, solamente quedan dos opciones en firme: Juan Carlos Palacios, sacerdote que ha trabajado con la Diócesis de Istmina-Tadó y Hamilton Perea Peña, licenciado en matemáticas que aspira por segunda vez a este cargo.
Los excandidatos Mancio Agualimpia, Manuel Eugenio Agualimpia y Deisner Palacios se unieron a la campaña de Juan Carlos Palacios, conocido como “El Padre”. Mientras que a la candidatura de Hamilton Perea “Peñita” se adhirieron Sócrates Kury Perea y Ana Yancy Rodríguez, quien era la candidata de Cristian Copete por su cercanía laboral como enlace de víctimas en su administración.
Aunque en el tarjetón aparecerán seis candidatos, los tadoseños tendrán que elegir solo entre Palacios y Perea. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), los votos que obtengan los otros candidatos no se sumarán a los candidatos de la campaña a la que se adhirieron. Es decir, los votos que reciban los candidatos que no siguen en la competencia se declararán nulos o simplemente contarán para esos candidatos así no estén en campaña.
La lucha por quedarse con la alcaldía está reñida entendiendo que al final quien ocupe este lugar será la máxima autoridad administrativa, el jefe de la Policía en el municipio y el ordenador de los gastos del presupuesto municipal, que para el 2022 fue de 31.974 millones de pesos. Además, el alcalde es quien nombra a los cuatro secretarios que estarán al frente de temas de gobierno, planeación, hacienda y desarrollo social.
Consonante revisó quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Tadó y cuáles son sus propuestas, contrastándolas en cinco frentes: seguridad, salud, educación, acueducto y empleo. Varias de las peticiones más urgentes que le ha hecho la comunidad al próximo mandatario.
Los dos planes de gobierno — el documento en el que plasman su visión y las propuestas que tienen para el municipio – coincidencialmente tienen la misma extensión: 28 páginas. Los candidatos abordan las problemáticas sin apoyarse en datos, sin citar fuentes ni especificar cuánto se invertirá en cada área o de dónde saldrá el dinero para financiar las propuestas.
En el tema de seguridad, ambos proponen la instalación de cámaras para disminuir la delincuencia. Hamilton Perea habla de instalarlas en la cabecera municipal y “los puntos vulnerables” haciendo referencia a lugares en la zona rural. Mientras que Juan Carlos Palacios propone instalarlas solo en la zona urbana y complementar con la creación de alianzas con las redes de apoyo ciudadano y la vigilancia privada en busca de la prevención del delito. Sin embargo, no especifican cuántas cámaras se instalarán, cómo se monitorearán y cuál será el costo de implementación de esta estrategia.
Otra de las peticiones recurrentes de los ciudadanos ha sido diversificar las fuentes de trabajo en Tadó. Sobre el empleo Palacios propone mejorar la oferta educativa según la proyección vocacional del municipio para la formación de profesionales, técnicos, tecnólogos y la certificación de competencias laborales. Mientras que Perea habla de promover encuentros comerciales nacionales, departamentales e internacionales a través de alianzas. Así como apostarle al turismo.
Sobre el plan para mejorar el hospital San José de Tadó, una de las principales peticiones de la comunidad tadoseña, Juan Carlos Palacios reconoce el problema de mala calidad en el servicio y la falta de insumos para la atención. El centro médico fue intervenido el año pasado por la Superintendencia de Salud y acumulaba una deuda de más de 2.000 pesos a comienzos de 2023. Frente a esta situación, Palacios propone recuperar y gestionar la modernización y dotación del centro médico, sus puestos de salud de la zona rural y fortalecer la infraestructura hospitalaria. Una gran tarea de la que no da más detalles. Mientras que Hamilton Perea no reconoce el problema y su propuesta más relevante es la gestión de la continuación del bloque pediátrico de la ESE.
En Tadó la comunidad educativa ha alertado en varias ocasiones sobre el mal estado de los colegios. Sin embargo, en este frente las propuestas de Perea van más encaminadas a la formación de docentes y la entrega de computadores portátiles, tablets e internet móvil. Mientras que las propuestas de Palacios se centran en la consecución de recursos que financien la construcción y el mejoramiento de la infraestructura física de las instituciones educativas, nuevas tecnologías y dotación de mobiliario.
Los candidatos coinciden en destacar la importancia de mejorar el servicio del acueducto. Pero hablan de abordajes distintos. Hamilton Perea propone construir una planta de recibo, tratamiento e impulso de agua potable para dar agua las 24 horas del día. Por su parte, Juan Carlos Palacios propone avanzar en el mejoramiento de las redes de acueducto actual y alcantarillado en la zona urbana y rural del municipio. Sin embargo, ninguno de los dos candidatos explica de dónde saldrán los recursos, ni deja claro por qué a través de estas medidas se mejorará, por un lado la calidad del agua y, por el otro, la distribución y el uso de las redes del alcantarillado.
Los dos aspirantes proponen un gobierno “incluyente” con propuestas específicas para mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, población LGBT y personas con capacidades diferentes. También coinciden en darle un papel más importante al turismo, el comercio y el emprendimiento. Palacios más desde la creación de políticas públicas y Perea con proyectos específicos.
Revise a continuación los perfiles y las propuestas de ambos candidatos:
Licenciado en matemáticas con énfasis en computación y auxiliar contable. Trabajó como docente durante 16 años. Fue jefe de personal y asistente administrativo del palacio municipal durante dos años. También fue gerente de la empresa Aguas de Tadó. En el 2019 aspiró sin éxito a la Alcaldía, con el aval del partido Conservador, y ocupó el tercer lugar con 1902 votos.
Puede consultar el plan de gobierno completo aquí.
Sacerdote ordenado desde el 2012 por el Seminario Mayor San Pío X en Istmina. Es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas y especialista en Gerencia Social. Actualmente está estudiando su segunda especialidad en Desarrollo Territorial y Gestión Pública. Ha trabajado con la Diócesis Istmina-Tadó cómo director pastoral, coordinador de proyectos nacionales e internacionales, coordinador de los programas de primera infancia y coordinador de educación contratada entre la secretaría de Educación departamental y la Diócesis. Cuenta con el apoyo de la exalcaldesa Yocira Lozano.
Puede consultar el plan de gobierno completo aquí.
Esta semana, después de 40 días de negociaciones, el sindicato de trabajadores de Miner S.A. firmó una nueva convención colectiva de trabajo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la mina El Roble. Los acuerdos van por dos años y entrarán en vigencia el 16 de octubre.
El proceso se había iniciado desde el 25 de agosto a raíz del vencimiento de la Convención Colectiva que habían firmado los trabajadores y la Multinacional minera en 2019. Fueron 20 días de negociación directa y 10 días adicionales antes de que los trabajadores se fueran a huelga. En el último día del proceso se firmó el acuerdo.
Entre las peticiones más fuertes estaba la vinculación directa de los trabajadores que están tercerizados y no volver a usar estas empresas intermediarias que, según el sindicato, contratan a 400 de los cerca de 850 empleados que hay en la mina y no brindan estabilidad laboral. Sin embargo la empresa no cedió ante este y otros 26 puntos de los 47 que contenía el pliego de peticiones. En el ambiente quedó la inconformidad de los integrantes del sindicato y las opiniones encontradas de los carmeleños sobre el proceso de negociación.
Juan Pablo Taborda -presidente de Sintramienergética seccional El Carmen de Atrato- cuenta por qué el grupo negociador quedó inconforme y por qué continuarán exigiendo mejores condiciones laborales a la minera.
Juan Pablo Taborda: Hay muchas peticiones. Lo principal que había era lo salarial porque es lo que uno necesita para sobrevivir, para suplir las necesidades más básicas. Nosotros estábamos pidiendo un aumento del 25 por ciento para negociar. Por eso se presenta un pliego, para tratar de llegar a un acuerdo.
También estaba la parte de la inestabilidad laboral, porque la empresa tiene muchas tercerizadoras pero ese punto no lo pudimos conseguir en esta negociación.
Además, estábamos pidiendo que se diera un salario de ingreso a la empresa. Es decir, que cuando el trabajador entrara tuviera un mínimo salarial, y una tabla de sanciones.
Y otros temas como becas completas para el núcleo familiar de los trabajadores, viáticos para cuando nos trasladan a Medellín por servicios de salud y auxilios odontológicos.
JPT.: Para que la gente entienda un poco la dinámica: nosotros teníamos una convención colectiva y ahí ya traíamos varias cosas. Entonces lo que podemos decir es que se mejoraron varias cosas de lo que ya estaba incluído en esa convención.
Entre esas, se acordó un aumento del 50 por ciento del auxilio para estudios. Es decir, son alrededor de 1.800.000 cada uno para estudios superiores. También logramos que se dieran 20 auxilios y que la plata que no se gaste de esos 20 se pueda distribuir entre los beneficiarios. Entonces podríamos decir que los hijos de los trabajadores al menos podrían tener el monto de una beca completa. Antes había 16 y el monto era solo de 1.200.000 y no se distribuían los montos que no se usaban.
Para hacer carreras técnicas, preescolar y otras hay otros auxilios, que corresponden a montos anuales. Son muy bajitos, pero finalmente en algo coincidimos: Se logró que aumentara en un 27 por ciento. En la parte de salud también se lograron beneficios, así como lo de los viáticos.
En el salario logramos aumentar el 16 por ciento.
JPT.: Lógicamente en la parte salarial los va a beneficiar porque van a tener mejores ingresos, mejor capacidad adquisitiva. Y no solamente a los trabajadores, sino a la misma comunidad, porque fue un aumento sustancial. También los auxilios, todo eso cambia significativamente la vida de los trabajadores.
Sin embargo, el aumento no es lo que se quisiera por parte de una minera, porque es un trabajo de alto riesgo que trae perjuicios para la salud a largo plazo.
JPT.: Muchas cosas. El pliego tenía 47 puntos, de esos 27 eran nuevos. El resto eran puntos de la convención que queríamos mejorar. Todos los de la convención mejoraron. Y de los nuevos realmente ninguno se logró. Solamente se logró mejorar lo que ya teníamos.
Ahora tenemos mejores beneficios para la asociación sindical: 30 permisos por año, y el tema de educación, salud y alimentación que también estaba ahí.
JPT.: Es una empresa muy agresiva, una empresa antisindical, una empresa que realmente no quiere que la organización sindical esté ahí. A través de innumerables agresiones, incluso ofreciéndole un bono grandísimo a los trabajadores, la empresa quiso minimizar nuestras peticiones. Y con esos comunicados casi que también estaba haciendo que la comunidad se viniera en contra de la organización sindical.
Esas son cosas con las que uno tiene que pelear como sindicato y tratar, con lo que uno tiene, de llegar a un acuerdo. Pero la empresa en sí no tiene intenciones de generar verdaderas condiciones dignas para los trabajadores, ni para la comunidad de El Carmen de Atrato. Porque ahí incluso había un punto para la comunidad pero tampoco quisieron tocar nada de eso.
JPT.: Porque no podíamos desconocer que había unas mejoras en la parte del salario, un aumento que es acorde a la situación económica del país. No podíamos desconocer eso. Una situación de negociación es bastante compleja. Ojalá le dieran a uno todo lo que pidiera, pero realmente le toca a uno medir muchas cosas.
JPT.: Nosotros sí considerábamos que eso iba a jugar un rol y que la empresa lógicamente iba a tomar un poquito más en serio esa situación, pero no. Cuando llegamos, la empresa estaba decidida incluso a que nosotros como trabajadores hiciéramos la huelga, nos presentó una propuesta y nos dijo que era lo único que tenían. En conclusión, no les importaba que hiciéramos la huelga.
Nosotros no entendemos la actitud de esta empresa, que supuestamente tiene la necesidad de una licencia, pero por encima de eso agrede, amenaza e impone.
JPT.: El Ministerio del Trabajo fue fundamental para llegar al acuerdo, en cualquier momento que lo necesitábamos el Ministerio estaba ahí. Este gobierno es muy distinto a como eran otros gobiernos, porque contribuyó a buscar fórmulas, y ayudó a que llegáramos al acuerdo.
En los otros gobiernos con los que hemos estado nos cerraban la puerta, querían obligarnos de alguna manera a firmar las cosas como quería la empresa. Eran más amigos de la empresa que de los trabajadores, pero aquí vimos un Ministerio más neutral, más propositivo, más abierto a los trabajadores. El Ministerio de Minas no estuvo.
JPT.: Él estuvo en unas tres reuniones con nosotros. Estuvo acompañando, casi que haciendo ese papel de mediador. No le vimos la intención de querernos imponer cosas, lo vimos antes muy pendiente. Estuvo atento para ayudar a solucionar, a convocar. Lo vimos muy neutro también, haciendo el trabajo de conciliador que era el trabajo que tenía que hacer.
JPT.: Sí claro. Nosotros somos Sintramienergetica, que tiene alrededor de ocho seccionales a nivel nacional y hay unas seccionales que han tenido mejores convenciones con empresas menores, que han manejado menos ganancias. Por ejemplo en Zaragoza la empresa de esa seccional tuvo unas ganancias de 13 mil millones de pesos, y esta en el 2022 (Miner) tuvo una ganancia de 47 mil millones de pesos.
Por eso decimos que esta es antisindical, porque mire la diferencia de ganancias y la verdad la empresa si los tuvo en cuenta para dialogar, llegaron a acuerdos razonables, le dieron buenos recursos a los trabajadores. Son unas empresas muy distintas porque la de allá negocia, la de aquí es cerrada.
Incluso ayer nos decía la gerente que por qué no nos tomamos la foto compartida, le dijimos que nos tomábamos la foto si dejaban poner el logo del sindicato en la convención y prefirió quedarse callada que poner el logo. El mensaje está claro, la empresa busca que el sindicato no esté aquí.
JPT.: Siempre hemos negociado a dos años. La única vez que ha demorado más fue cuando hubo un laudo arbitral, que hubo una huelga de 77 días en el 2019. El laudo fue el que lo demoró y eso duró tres años.
Pero realmente cuando los sindicatos negocian a más de dos años generalmente pierden capacidad de poder adquisitivo, de poder reclamar, porque entre más tiempo tenga la empresa para funcionar sin problemas pues más imponen.
Después de los dos años si Dios quiere estaremos en la misma dinámica, de volver a una negociación, de volver a presentar un pliego, todo eso.
JPT.: Como sindicato hemos sido humildes y tolerantes, por no decir que somos bobos. Porque es una empresa que está en la región, es una empresa que está sacando nuestros recursos y es una empresa que está ganando miles de millones. En dos años ganó más de 110 mil millones de pesos.
Entonces generalmente cuando nosotros hacemos un pliego no pedimos plata para el sindicato. No sé si la pregunta es que estamos pidiendo plata para la junta directiva (del sindicato). No, pedimos plata para todo un colectivo e incluso en el pliego de peticiones se piden cosas para la comunidad.
El mensaje que la empresa manda en los comunicados es eso, porque como la empresa nos da unos viáticos para negociar, dice "al sindicato le dieron 49 millones de pesos en toda la negociación". Pero no entienden que los 49 millones de pesos son para siete personas, que somos la Comisión negociadora, y que esa plata es para nosotros poder subsistir en Medellín, porque la empresa no va nunca a negociar a El Carmen. Si la empresa fuera a negociar a El Carmen nosotros no tuviéramos que pedirle esa plata.
En la comunidad hay gente que se beneficia de la empresa. Mucha gente. Entonces cuando se le toca el bolsillo a las personas realmente no piensan sino en que a ellos les van a quitar, pero no piensan por qué nosotros los trabajadores y las personas estamos luchando y nunca se detienen a pensar o a decirle al sindicato “oigan ustedes qué es lo que están pidiendo y por qué lo están pidiendo”.
Nosotros reclamamos para todo un colectivo, inclusive para toda la comunidad. Por ejemplo, para que se le compre a la comunidad, que se de mejor dotación al Hospital, que se arreglan las vías, que se tenga en cuenta la parte del turismo como un ingreso adicional para cuando la empresa desaparezca, que inviertan en recreación, turismo, que hayan proyectos productivos para cuando esto se acabe. Pero sobre eso Miner dijo que eso lo hacía aparte, que hacían inversión social a su manera y que iba a seguir así, que nosotros no teníamos que intervenir en eso.
JPT.: Los beneficios que quisiéramos todos, unos salarios más dignos, ingresos más dignos, no se lograron en su totalidad. Pero sí sabemos que una Convención Colectiva de Trabajo va a dar una paz a nivel regional. La gente va a estar igual recibiendo sus ingresos, es la empresa más grande que hay en todo el Chocó y lógicamente eso influye.
Siguen existiendo inconformidades de las que vamos a seguir nosotros como sindicato, y en compañía de la comunidad, muy pendientes.
El papel de las y los concejales es fundamental en cualquier municipio: son los intermediarios entre la administración municipal y los ciudadanos. Su principal función es velar por los intereses de la comunidad haciendo control político al alcalde y sus funcionarios. Las y los concejales tienen el deber de representar los intereses y hacer eco de las demandas sociales de la ciudadanía que votó por ellos.
Para que pueda votar informado el 29 de octubre, Consonante le explica lo que pueden, y no pueden hacer.
En Colombia, solo los congresistas pueden presentar proyectos de ley que deben ser debatidos por los miembros de las dos cámaras y luego sancionados por el Presidente para entrar en vigencia. En este orden, las Asambleas a nivel departamental expiden las ordenanzas y los Concejos expiden los proyectos de acuerdo. Los acuerdos solo regulan asuntos de carácter municipal.
Por ejemplo, los concejos pueden proponer la creación de normas administrativas, en temas como la regulación de tránsito, normas de convivencia, normas sobre las rentas municipales, o la misma aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, pero son temas específicos que le competen sólo al municipio y que no pueden salirse de las leyes.
También dictan normas internas de funcionamiento, por ejemplo, deciden cómo debería el alcalde presentar un proyecto ante el concejo; los documentos que necesitan y en caso de que no se cumpla, el proyecto se cae.
Además, tienen la posibilidad de expedir actos administrativos, como facultar al alcalde para que realice alguna contratación y ejercer temporalmente funciones de las que corresponden al Concejo.
Los concejales no son ordenadores del gasto, es decir, no pueden decidir en qué se va a gastar el dinero del municipio. Lo que sí pueden hacer es aprobar o desaprobar el presupuesto que propone el alcalde en su plan de desarrollo y aprobar o modificar el presupuesto de rentas y gastos anuales.
Esto implica que los concejales deben analizar la cantidad de recursos que el alcalde propone gastar, cómo lo piensa hacer, qué asuntos propone priorizar y de dónde anticipa que sacará el dinero.
Sobre este último punto es bueno saber que los municipios tienen tres formas de financiarse: impuestos, transferencias del gobierno nacional y préstamos. Los concejales pueden, por ejemplo, proponer nuevos impuestos a nivel municipal (como las estampillas) para recaudar más recursos; así como aprobar, o no, nuevas deudas propuestas por el alcalde, por ejemplo.
“Ese (el endeudamiento) ha sido uno de los grandes problemas que ha habido dentro de esas funciones”, advierte Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Salazar explica que para lo que este instrumento ha sido utilizado para “gastarse la plata que no hay y después le dejan los problemas a los alcaldes y gobernadores que siguen. Los concejales muchas veces para congraciarse con los alcaldes les aprueban cupos de endeudamiento muy altos”, asegura.
En los momentos en los que se define el uso del dinero municipal los concejales pueden incidir para promover sus iniciativas políticas como representantes de los ciudadanos: “Puede que haya un concejal de la salud que plantee que es mejor invertir más recursos en salud que en educación, y eso lleva una negociación dentro de la cual se pueden hacer replanteamientos”, agrega Salazar.
Los concejales deben hacer control político y vigilancia a la administración municipal. Es decir, deben verificar que las propuestas que hizo el alcalde se cumplan y que los recursos se inviertan en lo que se propuso.
Para esto deben y pueden exigir informes escritos a los secretarios de la alcaldía, directores de departamentos administrativos o a cualquier funcionario municipal exceptuando al alcalde. Incluso pueden citarlos para rendir cuentas y en algunos casos hacer una moción de censura. Es gracias a esta veeduría que se pueden combatir procesos corruptos, o abusos por parte del poder municipal.
Una vez electo un concejal, este puede declararse del partido de gobierno, de oposición o independiente; sin embargo, sea cuál sea su línea, no debe perder el objetivo de hacer control político y que lo que se apruebe vaya con lo propuesto.
“En esos proyectos tiene que haber un proceso de discusión similar al del debate legislativo, no puede ser simplemente una aprobación, porque los concejales están ahí para representar los intereses de electores, no para respaldar específicamente lo que se hace desde la cabeza de la administración municipal”, cuenta Carlos Oviedo, integrante del grupo de justicia electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE).
Si un concejal incumple con este deber, los primeros llamados a vigilarlo son sus compañeros.“En caso tal por ejemplo que una mayoría manejada por un alcalde termina probando un proyecto de acuerdo que sea inconveniente, los concejales que están en la minoría pueden dejar constancia para que quede por lo menos la evidencia de las razones por las cuales ellos no aprobaron esa propuesta”, advierte Ricardo Zuluaga, doctor en derecho público de la Universidad de Salamanca y experto en organización político administrativa.
Los concejales tienen periodos ordinarios para sesionar; es decir, las reuniones deben darse en febrero, mayo, agosto y noviembre y su pago dependerá de la cantidad de sesiones a las que asistan. Es indispensable que los concejales asistan a estas sesiones pues son el lugar primordial para ejercer la labor para la que fueron electos.
La cantidad de sesiones pagas depende, a su vez, de la categoría del municipio. Para los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría —a las que pertenecen la mayoría de municipios del país— la ley dice que son 70 sesiones pagas al año. En caso de que se hagan sesiones por fuera de esos meses se consideran extraordinarias y se pagan máximo 20 de este tipo. Si un municipio se excede en el límite de las sesiones pagas el concejal debe asistir de todas maneras a las que se convoquen.
“Si resulta que en agosto ya se vencieron las 20 extraordinarias que les pueden pagar, pero el alcalde necesita presentar unos proyectos, pues el alcalde los va a presentar y los va a convocar. Muchos concejales le hacen reparo a eso, dicen ‘Yo no voy, porque es que eso no lo pagan’. Entonces uno se pregunta si le está sirviendo la comunidad o está por los honorarios”, advierte Gonzalo Arboleda.
Sin embargo, la ley es poco rigurosa a la hora de sancionar las faltas de los concejales. La única forma que un concejal puede perder su cargo es por faltar a todo un período de sesiones en el que se aprueben tres proyectos. Pero si el concejo sesiona y no evalúa proyectos es muy difícil que los concejales sean sancionados por no asistir. Es decir, si la Alcaldía no presenta proyectos, los concejales que incluso no asistan a ninguna sesión, no pueden ser sancionados.
Por eso, explica Arboleda, es importante que la ciudadanía haga veeduría al desempeño de los concejales y no reelija a quien no asista a las sesiones o no cumpla sus funciones: “Es el mismo pueblo que lo eligió quien supervisa, porque el pueblo que elige es el que que moralmente o políticamente castiga a un concejal cuando no hace su función, en la elección siguiente pues la gente no va a votar por ellos, pero disciplinariamente para quien esté desfasado en sus funciones ya está la Procuraduría”.
Para facilitar el seguimiento de la ciudadanía, los concejales tienen la obligación de publicar cada fin de año en su página web un informe de rendición de cuentas donde se diga qué proyectos se aprobaron, cómo fue su votación, como fueron los pagos de los concejales, entre otros temas. En caso de que no esté publicado, cualquier ciudadano puede pedir mediante derecho de petición los informes o las actas de las sesiones. Además, las reuniones son abiertas y cualquier persona de la comunidad que esté interesada, puede asistir.
Los concejales no pueden prometer que van a sacar adelante un proyecto, por ejemplo, de pavimentación de una calle, o la construcción de una cancha. Sin embargo, sí pueden proponerlo ante el concejo y esto dependerá de la aprobación de los miembros.
“Los concejales no dependen de las decisiones propias, sino que al ser una corporación pública, al ser un cargo plurinominal, dependen de los consensos acuerdos y votaciones mayoritarias de la Corporación”, indica Esteban Salazar de Pares.
En el caso de que se apruebe la propuesta de un concejal, igual no es él quien ejecuta la obra. Los concejales no pueden contratar con la alcaldía, o con cualquier persona que administre, maneje o invierta fondos públicos del municipio.
"Uno no puede ser juez y parte, entonces no puede aprobar los recursos del Plan de Desarrollo y enseguida ‘venga, en este contrato a mí’ porque es una incompatibilidad. Además, los concejales no pueden contratar con el municipio, ni con ningún otro municipio a nivel nacional, agrega Gonzalo Arboleda.
Los concejales no deben prometer puestos ni contratar personas para trabajar en la alcaldía. Aunque suele ser una práctica habitual, los alcaldes no deben ofrecer cargos a cambio de apoyos en la aprobación de proyectos, y los concejales no deben pedir cargos a cambio de ofrecer esos apoyos, incluso es un delito.
“Una práctica dañina es la presión que hacen a veces a la administración municipal para cambiarles su voto por nombramientos en la administración o por contratos, entonces los concejales sacan una tajada a cambio de garantizar al alcalde que le votan favorablemente las propuestas, eso constituye delito lo que pasa es que es de muy difícil prueba, entonces generalmente eso queda en las sombras”, explica Ricardo Zuluaga.
Lo que sí deben hacer los concejales es elegir al Personero municipal. Esto es importante porque la Personería ejerce en los municipios funciones propias del Ministerio Público y por ende vigila y sanciona los comportamientos indebidos de los funcionarios locales.
Además, el concejo aprueba o desaprueba la contratación que propone el alcalde en su plan de desarrollo: las dependencias y las funciones, así como las escalas de remuneración de los diferentes empleos. No son quienes les pagan a los funcionarios, ni quienes los contratan, pero sí quienes aprueban la normatividad para vincular a esas personas, para crear sus funciones y para aprobar el presupuesto de lo que se les va a pagar.
El 11 de septiembre volvió a funcionar el servicio de alimentación escolar (PAE) en las cuatro instituciones educativas de Tadó, después de 15 días de suspensión por demoras de la Gobernación en la gestión de los recursos. El nuevo operador es la Fundación Cultural Pacífico en Paz, quién además de prestar el servicio en Tadó, está encargado de la alimentación en Unión Panamericana, Condoto, el Litoral del San Juan, Medio San Juan y Río Iró. El contrato cubre 60 días calendario, es decir, va hasta final de año y según Luz Marina Agualimpia, representante jurídica de la fundación, fue por 1.230 millones de pesos, 615 millones por 30 días (240 millones más por mes que con el operador anterior).
El cambio de operador, y el aumento de la inversión, han hecho que la prestación del servicio de alimentación escolar en Tadó mejore. Los estudiantes, profesores y coordinadores aseguran que las porciones aumentaron, sirven más seguido carne o pollo, el queso volvió y las frutas ahora son variadas y llegan sin falta.
“Lo que hemos hecho es cumplir la minuta que se nos dió, con los gramajes, y a veces más”, dice Agualimpia.
Aunque la Gobernación tiene la responsabilidad de cofinanciar el PAE, solo hasta este año el gobierno departamental destinó 21.656 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías para los 60 días restantes. Este dinero se sumó a los 29.593 millones de pesos entregados por el Ministerio de Educación para cubrir el PAE durante todo el año escolar, pero que se gastaron en los primeros 90 días.
La empresa contratada para ejecutar el programa en todo el Chocó fue la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo), una entidad pública que ha contratado en varias ocasiones con el Estado. Esta, a su vez, contrató al operador en Tadó y los municipios cercanos: la Fundación Cultural Pacífico en Paz. Este proceso representa un cambio en la manera en que se había escogido el operador pues anteriormente la responsabilidad de elegir a quién entregarle el contrato a nivel local era de la Alcaldía de Tadó.
El aumento del monto del contrato se ve reflejado en el valor de cada plato de comida. Antes un almuerzo del PAE costaba 2.500 pesos y el complemento de mañana o tarde 1.900 pesos. Ahora el valor del almuerzo está en 4.812 y el complemento en 2.816 pesos.
Estudiantes y docentes coinciden en que el cambio más notorio ha sido el aumento de las porciones. En el Instituto Técnico Agroambiental antes se preparaban 14 libras de arroz para alimentar a 168 estudiantes en un día y ahora, 24 libras. En Nuestra Señora de la Pobreza, las cocineras recibían 40 libras de carne y 60 de pollo para alimentar a 660 alumnos durante cinco días, y ahora reciben 140 libras. De arroz ahora tienen 680 libras para dos semanas, cinco libras más que antes. Y de lentejas y fríjoles ahora tienen 30 libras para dos semanas, seis libras más que con el operador anterior.
La disponibilidad de queso, uno de los alimentos preferidos por los estudiantes, también mejoró. Las instituciones ahora reciben 34 libras y no 10 para utilizar durante una semana.
El nuevo operador también empezó a cumplir con los menús definidos por el Ministerio de Educación que cumplen con los valores mínimos nutricionales de los y las estudiantes. Las comidas incluyen jugos y varias frutas: granadilla, mango, papaya, lulo, borojo, maracuyá y guayaba agria. Antes, los estudiantes solo recibían de manera intermitente naranja y mandarina y para el jugo solo había disponible guayaba dulce y tomate de árbol.
Uno de los ajustes aplaudidos por los estudiantes ha sido el nuevo desayuno. “Los viernes se daba arroz con leche, este nuevo operador dice que eso es un refrigerio entonces se suspendió, hoy se da frijoles con un huevo entero que no va picado dentro de los frijoles”, explica Helena Quiñones, coordinadora del PAE de la institución Educativa Normal Superior Demetrio Salazar Castillo.
Además de los cambios en la alimentación, el nuevo operador aumentó el salario de las cocineras 5.000 pesos, por día, en jornada única recibirían 40.000 pesos. En algunas instituciones aumentó el personal encargado de la preparación de los alimentos. Para la sede principal de la Institución Nuestra Señora de la Pobreza, por ejemplo, contrataron una persona más, por lo que ahora son seis personas para atender 660 alumnos. Lo mismo para la sede Carlos Hernan. Según Luz Marina Agualimpia, representante jurídica de la Fundación Cultural Pacífico en Paz, ahora hay 61 manipuladoras, tres más que en el contrato anterior.
Roberth Quiñones, coordinador de la institución educativa Nuestra Señora de la Pobreza reconoce el cambio: “Hace dos semanas que inició y se han visto cambios, la alimentación vino bastante numerosa, frutas, legumbres y proteínas, y en cuanto a grano vino mucho mejor. Esto se ve reflejado cuando los platos están servidos”, dice.
Alexander García, de 18 años y quien cursa el grado once en la institución educativa Normal Superior Demetrio Salazar, dice que las mejoras han motivado a que estudiantes que antes preferían no comer en el colegio ahora sí lo hagan. “Ya no compro en la cafetería sino que voy al comedor escolar y me ahorro mi descanso, porque los alimentos cada día los preparan mejor y los jugos son muy buenos, entonces esto es algo muy llamativo”, comenta García.
Helena Quiñones agrega que el hecho de que se incluya queso en la comida ya es un gran cambio: “Nos quitaron el queso hace como dos meses y medio, pero ahora con este nuevo operador volvió, como Chocoanos necesitamos eso. Las lentejas apenas eran con huevo cocido y ahora se les da con queso y nadie las deja”.
Desde hace varios meses los estudiantes, padres de familia y docentes de las escuelas de Tadó venían denunciando el mal funcionamiento del programa. Aseguraban que la minuta nunca se cumplía y la comida no era suficiente, como lo contó Consonante en esta nota.
Además, el servicio había tenido varias interrupciones. En municipios como Tadó y El Carmen de Atrato este programa se había suspendido por lo menos cinco veces en el último año y medio: en febrero, agosto y septiembre de 2022 y marzo y julio de 2023.
Como consecuencia, el 7 de septiembre la Procuraduría anunció la apertura de una indagación previa al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, y al exsecretario de Integración Social, Boris Andrés Peña Mosquera, por una presunta omisión al no garantizar los servicios del Programa de Alimentación Escolar a 60 mil estudiantes de todo el departamento.
El PAE es un programa diseñado para evitar la deserción y no para ser la base de la alimentación diaria o la comida más importante de un estudiante. Sin embargo, para muchos estudiantes de Tadó esta es su única comida del día, o por lo menos la más completa. “Sabemos que hay estudiantes que únicamente comen eso (la comida del PAE), por eso ellos vienen muy pendientes”, afirma Robert Quiñones.
Por ahora, no se conoce si el gobierno está estudiando reforzar el PAE. Solo se sabe que para evitar su interrupción durante vacaciones se lanzó la estrategia PAE+ en junio de 2023, en la que se entregarán canastas alimentarias durante las vacaciones, para esto el Ministerio de Educación asignó 7.795 millones de pesos para todo el departamento.
El 8 de septiembre los gobernadores Ariel Palacios y Anibal Gaviria se volvieron a reunir, esta vez en Juradó, Chocó, para firmar los estatutos que le dieron vida jurídica a la RAP de los Dos Mares, una alianza entre los departamentos de Chocó y Antioquia.
Esta alianza ya se había anunciado desde el 27 de julio de 2022. A pesar de que ha pasado más de un año, en El Carmen de Atrato solamente escucharon de este tema en la socialización que se hizo el 26 de julio, un día antes de la firma, y en la que les contaron que en su municipio se va a hacer un túnel para conectar con Ciudad Bolívar en el marco de este acuerdo. Desde entonces, entre los carmeleños hay varias dudas sin resolver.
A continuación, Consonante le explica en qué estado está este proyecto y cuáles son las preocupaciones de los líderes que cuestionan cuál será el verdadero papel del Chocó en este pacto.
RAP significa Región Administrativa y de Planificación y es un tipo de Esquema Asociativo Territorial, es decir, un tipo de alianza que se hace entre dos o varios departamentos para conseguir objetivos de desarrollo en común. Esta entidad que se crea tiene su propia personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio.
Para el caso de la RAP de los Dos Mares, la Gobernación del Chocó y la Gobernación de Antioquia se convirtieron en ‘socias’ para trabajar en varios proyectos conjuntos que están guiados por estas ocho líneas estratégicas:
En el documento de los estatutos que se firmó recientemente, se definieron también las funciones de la RAP, cómo se deben elegir los miembros de la dirección y administración, el patrimonio y régimen presupuestal, entre otros. Puede consultar el documento completo aquí.
Hasta el momento se ha hablado de cuatro grandes proyectos que se desarrollarán en el marco de la RAP: la electrificación de Bojayá, la recuperación fluvial y navegabilidad del río Atrato, la ampliación de la pista del aeropuerto de Vigía del Fuerte y la creación del Túnel del Pacífico entre Ciudad Bolívar y el Carmen de Atrato. Sin embargo, según el gobernador Palacios, ningún tema está vetado.
El proyecto que tiene influencia directa sobre El Carmen de Atrato es el Túnel del Pacífico, una propuesta del departamento de Antioquia con la que la gobernación pretende solucionar de manera definitiva los problemas de la transversal Quibdó-Medellín. Una vía que está en obras desde hace aproximadamente 15 años.
Según los estudios preliminares, esa conexión será de 26 kilómetros entre el municipio de Ciudad Bolívar y el corregimiento de El Siete, pero aún no está definido cuál será el punto específico para el túnel, que tendría una longitud de ocho kilómetros, según los estudios preliminares.
En la gobernación del Chocó poco saben sobre esta obra. La entidad encargada del proyecto es la Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S, una empresa comercial del Estado con capital público de la Gobernación de Antioquia, el Instituto de Desarrollo para Antioquia (Idea), Metro de Medellín Ltda. y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
El Invías aseguró en marzo a Consonante que los diferentes contratos que estaban en ejecución en la zona tenían prevista su culminación para el segundo semestre de este año. Sin embargo, según Ferrocarril de Antioquia, serán ellos quienes le den solución final a la pavimentación de la vía.
“Hay que buscar el mejoramiento de las vías a través de soluciones definitivas que eviten costos de mantenimiento mayores a futuro y no seguir con inversiones que con el tiempo se van perdiendo. Y esa solución definitiva es la que estamos proponiendo iniciar a través del túnel”, asegura Gustavo Ruíz, gerente de Ferrocarril de Antioquia.
El año pasado Ferrocarril de Antioquia hizo un estudio preliminar, a través del Idea, del que surgieron cuatro posibles alternativas para la intervención de la vía. Se están definiendo los recursos provenientes del Sistema General de Regalías para financiar un estudio de diagnóstico ambiental, con el que se va a determinar cuál de las iniciativas va a ser la elegida.
Hasta el momento no han dicho una fecha en la que podría iniciar la obra, pero estos estudios demorarán, por lo menos, un año más. “Esperamos que una vez tengamos el inicio del proyecto (de diagnóstico ambiental) en 12 meses tengamos un resultado de esa alternativa teniendo en cuenta los tiempos que se demora la Agencia Nacional de Licencias Ambientales en la aprobación de la alternativa seleccionada”, puntualiza Ruíz.
En el papel, todos los proyectos que se realicen en el marco de la RAP tienen que beneficiar, en la misma medida, a Antioquia y Chocó. “No es un papel diferente el del Chocó al de Antioquia, es una coordinación y esto nos coloca a nosotros en las misma condiciones en cuanto a la planificación y a la toma de decisiones”, asegura Ariel Palacios, gobernador del Chocó.
Sin embargo, entre varias personas del Chocó hay preocupación sobre el verdadero papel que va a jugar el departamento. “Hay una tendencia de estas asociaciones de que se anexen los departamentos fuertes económicamente con los más pobres. Esto no estaba en el plan de desarrollo del Chocó, pero si en el de Antioquia, eso dice mucho”, cuenta Víctor Garcia, creador de la mesa étnica Chocó Biogeográfico, quien le ha hecho seguimiento al tema.
Lo mismo cuestionan en El Carmen de Atrato respecto al túnel. Ferrocarril de Antioquia asegura que la conexión ayudaría a disminuir los tiempos de traslado y la construcción promete dar empleo: “Yo creo que los beneficios de conexión son indudables y tener una buena carretera en donde se pueda comunicarse fácilmente y en menos tiempo, pues redunda en muchas cosas, adicionalmente la construcción del proyecto traerá empleo para las regiones y una dinámica económica importante durante la construcción”, asegura Gustavo Ruiz.
Sin embargo, aunque la conexión sí mejoraría el paso vial, a algunos líderes campesinos les preocupa las intenciones de fondo. “Lo que estamos viendo es que finalmente en esta negociación es Antioquia los que cuentan con los recursos y la experiencia. Antioquia se ha dedicado a hacer túneles en estos últimos 10 años, ya han avanzado mucho en todo el tema portuario en la región de Urabá y sería los que tendrían la voz de mando porque son los que tienen los recursos. El Chocó tiene el territorio pero no cuenta con esos recursos ni financieros ni técnicos”, opina Marcela Sánchez, integrante de la mesa social ambiental y la plataforma del campesinado de El Carmen de Atrato.
Tampoco se ha hecho una estrategia de difusión clara y con participación de la comunidad de esta RAP. En El Carmen, por ejemplo, se anunció el proyecto un día antes de la firma del año pasado y desde entonces no se ha vuelto a decir nada. “En la última reunión dijeron que los estudios ya estaban iniciando, pero eso sin haber tenido en cuenta a la comunidad de El Carmen de Atrato. Llevamos un año sin saber nada, no nos han hecho socialización del proyecto, no nos llamaron para nada. Quisiéramos una reunión para que nos hagan parte”, solicita Inés Vásquez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Siete.
Por su parte, a mesa Chocó Biogeográfico ha denunciado que las conversaciones han sido a puerta cerrada: “Esto ha sido clandestino, a pesar de que se hizo con aprobación del Congreso y Asambleas, ha sido a puerta cerrada. La primera firma se dio en diciembre de 2021, cuando estábamos celebrando navidad. Ni Codechocó, ni las universidades han participado en esto”, agrega Víctor García.
García se refiere a la Ordenanza 129 de 2021, que firmó la Asamblea Departamental del Chocó el 30 de diciembre de 2021 y con el que autorizaron al gobernador del Chocó a constituir la RAP. En Antioquia se firmó la misma autorización para el gobernador Anibal Gaviria el 22 de diciembre del mismo año.
Codechocó, por su parte, confirmó que en lo relacionado a la RAP solamente están trabajando en el tema de la certificación de Quibdó como ciudad sostenible.
Según el Departamento Nacional de Planeación, los recursos de inversión que tiene la RAP se financian con aportes de las entidades territoriales, recursos provenientes del crédito público, la cofinanciación del presupuesto general de la Nación y donaciones. Además, la RAP puede formular y presentar proyectos en el Sistema General de Regalías e incluso actuar como secretarías técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), donde se decide su aprobación.
Para el caso del túnel aún no se define de dónde saldrá el dinero para la obra ni cuánto costaría. “No nos adelantemos tanto porque las alternativas son muy diferentes, es arriesgado decir el costo. Antioquia tiene, en compañía de Chocó, que resolver el tema definitivo y hacer las gestiones políticas de los dos departamentos para conseguir los recursos con el gobierno nacional”, asevera Gustavo Ruiz.
Una de las preocupaciones más grandes entre los líderes de El Carmen de Atrato es el daño medioambiental del proyecto. Aseguran que quién tiene el dinero, puede hacer los proyectos sin importar los impactos. “El Carmen de Atrato es un lugar tan biodiverso, pero están llegando toda cantidad de megaproyectos: está funcionando una multinacional minera, hay titulación minera a diestra y siniestra, van a hacer unas hidroeléctricas. Se habla del río Atrato como sujeto de derechos, de la importancia de las comunidades, todo lo biocultural pero finalmente vienen las empresas con sus intereses y tienen facilidades para poder pagar los licenciamientos, el que puede desarrollar lo que sea y paga, puede contaminar”, dice Marcela Sánchez.
Ferrocarril de Antioquia asegura que lo que están iniciando es precisamente el diagnóstico ambiental de alternativas y va a ser la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales quien avale la iniciativa. En ese proceso deben consultar a las comunidades del sector que se vaya a ver afectado.
“Dentro del diagnóstico ambiental de alternativas es obligación de la autoridad mental hacer socializaciones con la comunidad entonces una vez inicien los estudios, esas socializaciones se tienen qué hacer, contarles cómo van los estudios, contarles qué es lo que se está proponiendo y poder escuchar a la comunidad para que opinen sobre lo que se está diseñando”, asegura Ruiz.
El celular de Kevin Yurgaky, más conocido como 'el Loco', no ha dejado de sonar. Ha recibido solicitudes de periodistas para una entrevista y lo buscaron hasta de la oficina de prensa de Presidencia para programar con él una visita a la Casa de Nariño.
El hecho que lo ha puesto en boca de todos es que su equipo, Teams Robotic del Pacífico, se coronó campeón mundial de robótica, venciendo a China. “La gente no se sorprende por la noticia de que unos jóvenes colombianos le hayan ganado a China, sino que son jóvenes del Chocó”, anticipa Yurgaky. “Ellos creen que aquí está lo peor del país”.
El ingeniero no considera esta victoria como algo extraordinario; por el contrario la suma con normalidad a los otros 19 títulos que ha obtenido con su equipo; 17 de ellos en el mismo torneo que, esta vez, los puso en todos los medios.
Teams Robotic del Pacífico es un semillero de robótica que creó Yurgaky en 2019 junto a su amigo Deiver Mosquera. Lo componen 30 niños y niñas de Quibdó, que están entre los 7 y los 21 años, interesados en desarrollar soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno: trabajan desde la creación de robots hasta iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de varias comunidades, incluyendo el tema medioambiental.
Actualmente, Teams Robotic del Pacífico está creando una estación meteorológica que mide la temperatura, humedad, calidad de aire y vibración del suelo de varios lugares del Chocó. Con esta pretenden poner datos locales al servicio de las universidades y un dispositivo que mide el nivel de mercurio de los ríos.
Aunque el Team Robotic ha incentivado la ciencia y tecnología en varias instituciones y municipios del departamento, la falta de recursos económicos ha frenado en varias ocasiones el trabajo y ha minado el propósito de que Chocó se destaque como distrito nacional de ciencia y tecnología.
El propósito más grande del equipo es institucionalizar la ciencia y la tecnología en un departamento que históricamente ha sido abandonado por el Estado y al que la formación en ciencia y tecnología de calidad le ha sido ajena.
Según el informe de indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación del Observatorio colombiano de ciencia y tecnología, durante 2020 nadie en el Chocó se dedicó a actividades de innovación. El Observatorio encontró que la mayoría de personas que se dedican a estas actividades, se concentran en los departamentos con sistemas de innovación más robustos, sistemas productivos más eficientes y desarrollados, y que históricamente han tenido un mejor desempeño en el Índice Departamental de Innovación para Colombia, como: Bogotá-Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Santander y Valle del Cauca.
Eso tiene que ver, además, con la falta de acceso a nuevas tecnologías. En el Índice de Brecha Digital del 2021, el Chocó ocupó el puesto 29 entre 33 departamentos de Colombia. “Esto quiere decir que la falta de acceso a tecnologías digitales, especialmente Internet, está muchísimo más extendida en el Chocó, así como la falta de conectividad, de acceso a dispositivos electrónicos y de formación en habilidades digitales, lo que está relacionado con las brechas económicas, sociales y de infraestructura que hay en el departamento”, explica Olga Paz Martínez, directora de proyectos de Colnodo.
Yurgaky y su equipo saben en donde están parados, por eso, se han movido por su cuenta por Tadó, Bahía Solano, Novita, Andagoya, Istmina, Nuqui y otras ciudades, bucando crear comunidad en las escuelas alrededor de la ciencia y la tecnología. “Somos el único equipo del Chocó que trabaja con las instituciones educativas, porque el enfoque es la institucionalización de la ciencia y sabemos que la única manera en la que podemos lograrlo tiene que ser con ellos”, opina el instructor.
"Somos el único equipo del Chocó que trabaja con las instituciones educativas, porque el enfoque es la institucionalización de la ciencia y sabemos que la única manera en la que podemos lograrlo tiene que ser con ellos"
Kevin Yurgaky, director del Team Robotic del Pacífico
En Bahía Solano, el equipo acompañó la iniciativa “Playa libre, basura cero” de la Fundación Natura. El proyecto convocó a todas las instituciones educativas para disminuir los residuos sólidos que terminan inundando las playas. En la ciudad, además, no hay relleno sanitario, no funciona bien el sistema de recolección de basuras y no hay políticas públicas ambientales. Por eso, los estudiantes construyeron kioscos con madera plástica reciclada y crearon basureros que daban las gracias cada vez que alguien depositaba los residuos. “Quedó una semilla: el interés por encontrar una forma de solucionar problemas del medio ambiente a través de la tecnología”, cuenta Edgar Medina, el profesor que acompañó este proyecto que impactó directamente a 130 niños y niñas.
En Tadó, por su parte, el equipo ha acompañado el proyecto “Robo Tic” de la Institución Educativa Normal Demetrio Salazar Castillo, en el que estudiantes del grado octavo reciclan cartón, plástico y todo tipo de materiales para hacer ventiladores, aires acondicionados, carros en movimiento y hasta asadores. El equipo, incluso, entró a disputar un cupo para representar al Chocó y a Colombia en un encuentro de ciencia en Brasil.
“Para nosotros es muy fácil solucionar los problemas, pero queremos capacitar y que las soluciones salgan de los territorios. La filosofía del equipo no es que nosotros hagamos todo, sino que podamos crear comunidad y que los chicos de Andagoya o de Tadó, puedan aprender sobre temas de robótica”, asegura Kevin.
A través de convenios que duran normalmente dos o tres semanas, sacan adelante su trabajo. Los rectores de varias instituciones reconocen a Yurgaky y lo buscan, sobre todo, para implementar el enfoque Stem (por sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en el aula de clase y motivar a los jóvenes.
En las instituciones educativas del Chocó poco se habla de innovación, de ciencia o de tecnología, una dificultad que reconocen los mismos docentes. “La verdad es que hay que cambiarle el rumbo a la enseñanza de la ciencia y la tecnología porque no puede ser que los muchachos solo aprendan a prender y apagar el computador, o el manejo del Office”, opina Vilma Edith Perea, profesora de la Normal Demetrio Salazar en Tadó, y quien ha guiado al proyecto ‘Robo Tic’ bajo la asesoría del Team Robotic.
Yurgaky confiesa que en el equipo hay temáticas que no se tocan: “a mí no me gusta usar términos como afro, no me gusta hablar de orientación sexual, de géneros, nada de eso. Nosotros sentimos que todos somos personas, somos colombianos”.
Sin embargo, desde Colnodo reconocen que implementar estas iniciativas con enfoque de género puede hacer que el acceso a la ciencia y a la tecnología sea más ecuánime: “Hay que intentar que la participación de las niñas sea equitativa con la de los niños. Es importante que estas iniciativas también incentiven la participación de niñas y jóvenes mujeres para que puedan desarrollar todos sus talentos y todo su potencial y que el desarrollo tecnológico del departamento también tenga sello de mujer”, puntualiza Paz Martínez.
Todas las actividades las patrocina Yurgaky, de su propio dinero, y con donaciones que le llegan de vez en cuando, por lo que el proceso se queda corto. La falta de recursos también hace que la formación en otras ciudades diferentes a Quibdó no sea continua.
Olga Patricia Paz Martínez, de Colnodo, reconoce esta dificultad. “Uno ve que esos proyectos no tienen continuidad, no se les asignan presupuestos y empiezan a funcionar de manera precaria, de manera intermitente hasta que mueren, generan el impacto mientras se lanzan, mientras se toma la foto, pero pues después ya no cumplen su objetivo”.
“Si contáramos con un apoyo estatal sería más fácil. Los alcaldes de acá creen que aportar a la educación es construir un aula y dar computadores como locos, eso al final del día es una partecita, un eslabón de la cadena. Aquí las prioridades de los gobernantes son otras totalmente diferentes a fortalecer la educación”, opina el ingeniero.
Aunque es positivo que estas intervenciones se hagan en las instituciones educativas, un impacto más estructural dependerá de las acciones de docentes y directivos en las escuelas así como de la atención del Gobierno. La experta considera que estas iniciativas implican la formación, la voluntad y el compromiso del cuerpo docente y la rectoría para que haya un cambio de mentalidad.
Paz Martínez asegura que en Chocó, y en el país, toda inversión se mide por competencia: “sí lo hizo el gobierno nacional, pues allá ellos verán cómo les va, y si lo hizo el gobierno local, entonces cada uno está por su lado… Debería haber apuestas más colaborativas”, puntualiza Paz Martínez.
Más allá de estas creaciones, la filosofía del equipo es lograr que en Quibdó y cualquier otro lugar del Chocó, más niños, niñas y jóvenes vean en la ciencia y la tecnología un proyecto de vida.
Jaider Andres Valencia es un ejemplo: Con 18 años logró una pasantía en una compañía que crea plataformas de aprendizaje con inteligencia artificial, ubicada en Lituania. Mientras tanto, estudia ingeniería de sistemas en el ITM de Medellín. “Fue gracias a ellos que me la dieron (la pasantía), básicamente porque estuve con el equipo. Nosotros hemos hecho un trabajo arduo en las competencias y gracias a eso la fundación Código Abierto nos hizo la propuesta de formarnos en programación, habilidades blandas e inglés”, cuenta Valencia, quien lleva más de tres años en el equipo. El joven asegura que participar en estas iniciativas le ayudó a enfocar su futuro profesional.
Este tipo de beneficios se han identificado en otros proyectos similares. “Cuando hay estas iniciativas los niños, niñas y jóvenes logran enfocarse en opciones de vida que los alejan de situaciones de riesgo, romper círculos de violencia, de pobreza económica”, asegura Paz Martínez.
Además, en varios de los lugares por los que ha pasado el Team Robotic, se han creado nuevos grupos de investigación en ciencia y tecnología, y han inspirado a más de un estudiante. "Nos dejó sembrada una semilla. Tanto que después de la intervención en La Normal del Valle un profesor siguió trabajando y se organizó un semillero de robótica. Despertó el interés de los chicos”, cuenta Edgar Medina. Incluso, en Tadó, los estudiantes quieren replicar el conocimiento. “Vamos a otros barrios a enseñarle a los niños y niñas a que ocupen el tiempo libre creando sus propias cosas”, destaca Vilma Perea.
A Yurgaky le gusta decir que las competencias solo le sirven para dos cosas: medir a sus chicos y darse a conocer. Compite para que más personas confíen en el trabajo que hacen y los llamen para replicar la formación en otros lugares del Chocó. “Nadie se monta en un bus que no anda. Nosotros queremos cambiar esa narrativa y usamos los torneos para demostrar que acá (en el Chocó) también se razona como en cualquier lugar del mundo, que lo único que hace falta es el empujoncito”.
El viernes 25 de agosto el alcalde Cristian Copete hizo su segunda rendición de cuentas desde que asumió como alcalde el pasado 1 de enero de 2020. El acto tuvo lugar en la sede del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (Asocasan), en el corregimiento Playa de Oro. Simultáneamente, en las redes sociales de la alcaldía se transmitió un video pregrabado en el que el Copete y su equipo de gobierno entregaron información sobre su gestión.
A pesar de que la convocatoria se hizo a través de la emisora, perifoneo y redes sociales, al acto solamente asistieron cerca de 70 personas: algunos estudiantes del colegio Nuestra Señora de Fátima, ubicado en el corregimiento; el cuerpo de bomberos, los funcionarios de la alcaldía, dos veedores y pocos ciudadanos.
Francisco Asprilla, veedor ciudadano, afirma que el hecho de que la reunión no se hubiera realizado en un lugar más central del municipio llevó a que Copete recibiera pocos comentarios. “En todo el municipio hay cuestionamientos, pero en Playa de Oro preguntaron solo por lo que ellos necesitaban”, asegura. Los que más hablaron fueron los estudiantes, quienes cuestionaron al alcalde por la falta de inversión en el corregimiento en temas educativos y de salud.
El discurso de Copete se basó, como ya lo ha hecho en otras intervenciones, en enlistar las obras de infraestructura que ha realizado: habló del pavimento de los barrios Reinaldo y San Pedro, el cambio de luminarias del parque, el mejoramiento de la sede de la Alcaldía, el Concejo Municipal y la estación de la Policía.
Así como los proyectos que están gestionando: la construcción de una placa polideportiva en el resguardo Mondó Mondocito, la construcción de la cancha sintética, la remodelación del hospital, y la instalación de 400 paneles solares para una comunidad indígena del municipio. “Soy el alcalde que más obras ha gestionado y ejecutado en Tadó en la zona urbana y rural de nuestro municipio, quedaré en la historia de Tadó como el alcalde que más progreso trajo a su municipio“, dijo Copete.
En el video publicado en redes sociales el alcalde habló, además, de las mejoras que hicieron en el hospital a raíz de que la Secretaría Departamental de Salud cerrara las áreas de urgencias, hospitalización, farmacia y rayos X por no tener las condiciones necesarias para su funcionamiento. Nombró también la casa de la mujer, la biblioteca pública y el mejoramiento de algunos comedores escolares.
Adicionalmente Sandra Perea, la primera dama y gestora social; Deiner Mosquera, secretario de planeación; Michael Córdoba, coordinador de salud y educación; Yuccy Asprilla, secretaria de gobierno; Wilmer Cossio, coordinador de juventud, recreación y deporte; Darlington Yurgaky, secretario de cultura y Eilyn Copete, secretario de hacienda, aparecieron en el video haciendo cada uno sus aportes, en su mayoría, cosas que ya había enunciado el alcalde en la primera intervención.
Veedores, campesinos, jóvenes y estudiantes comentan que la rendición fue a medias y sin tener en cuenta las necesidades de los habitantes ni lo que propuso en su plan de desarrollo. Para la gente es evidente que el gobierno de Copete no ha atendido varios de los problemas fundamentales del municipio como el apoyo a los campesinos, el funcionamiento del acueducto y la participación política de los jóvenes.
El Consejo Municipal de Juventudes, que se eligió en 2021, no ha podido funcionar correctamente. “Hasta el momento ha sido muy difícil el trabajo. Se han remitido algunos documentos formales a la alcaldía, pero no nos dan respuesta. Solicitamos la semana de la juventud, pedimos un listado de las instituciones que tengan presencia en Tadó y tampoco nos respondieron”, denuncia Karol Sofía Mosquera, presidenta del consejo municipal de juventudes.
Los jóvenes coinciden en que la alcaldía solamente se ha enfocado en el deporte a la hora de pensar en la inversión en la juventud, pero no es suficiente. “En materia de juventud ellos dicen que han hecho mucho porque se va a dar el tema de la cancha sintética. Pero la juventud es un tema muy amplio, muy complejo, el tema del alcoholismo está muy alto, la drogadicción, pero ellos creen que haciendo una cancha sintética van a salvar a los jóvenes”, opina Deivys Perea, integrante del consejo.
“Este año no se ha hecho asamblea municipal de juventudes, que según la ley se debe hacer dos veces al año, no se hizo la semana de la juventud que según la ley es la segunda semana de agosto o en el mes, no se ha sesionado la comisión de concertación y decisión que tiene que sesionar cuatro veces al año, faltan muchas cosas”, agrega Karol Mosquera.
Además, desde su elección han tenido problemas para sesionar: aseguran que no hay garantías por parte de la administración para proveer un espacio físico, ni apoyo económico para el transporte. Copete se había comprometido a que cuando la biblioteca pública estuviera lista el consejo podría sesionar allí, pero aunque el espacio ya está funcionando esto no se ha hecho. Mientras tanto, los jóvenes denuncian que la casa de la juventud no está en condiciones óptimas y aunque el alcalde tenía en su plan de desarrollo la meta de gestionar recursos para la dotación de la casa de la juventud, en el lugar no se ha hecho ningún cambio.
Otros temas como la salud mental o la población Lgbti no se tocaron ni en la rendición, ni en todo el gobierno. Dentro de las necesidades de los jóvenes y adolescentes en el municipio consignadas en el plan de desarrollo, estaba el fortalecimiento de la ESE HSJ a través de la vinculación de talento humano especializado para atender las situaciones de salud mental en adolescentes de manera oportuna y varias acciones para la inclusión de la población Lgbti.
Y aunque una de las banderas del alcalde era el fortalecimiento del campo, los campesinos sienten que no hubo acciones para su bienestar durante su gobierno. “No conozco ninguna gestión hecha por el alcalde para mejorar la vida de los campesinos. No me siento representado por la Umata ni por las organizaciones que hay en el municipio debido a que no vemos resultados de gestiones. Necesitamos ayuda en insumos y para mano de obra. Tenemos las tierras pero no tenemos como ponerlas a producir”, dice Antonio Nery Perea, quien tiene cultivo de plátano y borojó.
Otro de los problemas para los campesinos es no tener dónde vender. En el plan de desarrollo el alcalde prometió remodelar o reestructurar la plaza de mercado municipal y crear un centro de acopio para mejorar el proceso de comercialización de los productos y prestar los servicios de asesoría en materia de producción. Además, propuso aumentar el número de proyectos agropecuarios en el municipio. Sin embargo, a cuatro meses de terminar el gobierno, aún no hay avances en estos proyectos.
En la casa campesina se hicieron unos arreglos en las cubiertas y paredes, pero sigue inhabilitada desde hace 5 años. “El campo está muy olvidado por el municipio. La casa campesina no sé cómo se encuentra ya que solo la veo por fuera y está cerrada”, comenta Julio Cesar Perea, campesino.
En cuanto al acueducto, la administración habló solamente de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para Villas del Remolino. Sin embargo, la ciudadanía denuncia que el agua no llega constante en todo el municipio y no saben qué gestiones ha hecho el alcalde para mejorar el servicio.
“No me siento conforme con el acueducto de Tadó, yo no pago el servicio porque no me llega o llega mal. Tenemos en la zona rural muchas quebradas que tienen capacidad para darnos agua las 24 horas pero estos gerente solo ven sus escritorios y no la visión de la empresa. La alcaldía no ha hecho ninguna gestión para mejorar el acueducto”, dice Jhon Moreno, veedor ciudadano.
Según el personero municipal, desde la administración han hecho mantenimiento en el punto de abastecimiento Santa Catalina, cambio de un transformador en la planta de bombeo, y mejoramiento en la tubería de distribución. Sin embargo, en el plan de desarrollo estaba formulado que durante el cuatrienio, iban a construir, ampliar y/o optimizar 50 metros lineales de la red de aducción, conducción y distribución.
Adicionalmente, en corregimientos y veredas no hay acueducto, ni agua potable. Aunque el compromiso del alcalde era mejorar estos abastos de agua y construir un acueducto comunitario, las intervenciones han sido pocas, de los 11 corregimientos del municipio, solo se han mejorado tres.
Aura Isabel Mora, directora de participación, transparencia y servicio al ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública, explica que uno de los aspectos clave de este proceso es el diálogo previo con la comunidad, para que la rendición responda al contexto y las necesidades más urgentes. “Tradicionalmente la rendición de cuentas estaba dada para hablar del plan de desarrollo que el gobernante había propuesto al iniciar su gobierno, pero ahora les estamos diciendo hagan una estrategia de comunicación y educación, pregúntenle a la gente sobre qué le interesa que hagan rendición de cuentas, luego de eso haga una agenda participativa donde estén los temas del plan de desarrollo que son vitales y los temas que son de interés de las comunidades”, explica la funcionaria.
Además, según Mora, la rendición de cuentas debe ser un diálogo social, en el que el mandatario explique qué ha hecho para solucionar las necesidades más urgentes de la comunidad, y qué le falta: “No es un dictado, no es una lista de mercado, la rendición de cuentas es la narración de los procesos que el equipo de gobierno desarrolló para la transformación, para la garantía de derechos, para la transparencia y el desarrollo de confianza y credibilidad en la relación Estado- Ciudadanos”, asegura.
Y aunque la idea de la rendición de cuentas es un diálogo de doble vía, el video que publicó la alcaldía en sus redes sociales, y que tenía el potencial para llegar a más ciudadanos que la rendición presencial era un un video pregrabado en el que aunque las personas pueden comentar en tiempo real, no se puede responder las preguntas en el mismo video.
“La situación de la rendición de cuentas es compleja debido a que no existe esa articulación entre gobierno y comunidad, cada uno cree tener la razón dejando atrás el ordenamiento jurídico y el rol que juega cada uno en la lucha por el bien común”, dice Yirson Ledesma, personero municipal.
La falta de presupuesto y planeación tiene a 1.481 estudiantes de las instituciones educativas Corazón de María y Marco Fidel Suárez sin recibir alimentación escolar desde el 9 de julio. Los padres de familia de la escuela Marco Fidel Suárez expresaron su inconformidad mediante una manifestación el 28 de agosto asegurando que la gobernación se había comprometido a que el PAE se reiniciaría el 22 de agosto, pero esto no se cumplió. A pesar de que el servicio se suspendió hace más de un mes, a la fecha, no se ha suscrito un acuerdo de transferencia entre la Gobernación del Chocó y el municipio de El Carmen de Atrato para contratar la prestación del servicio.
Desde la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa) habían anunciado que el programa se iba a restablecer a mitad de mes: “Se espera restablecer la operación a partir del 15 de agosto de 2023, dado que la Gobernación está adelantando los trámites de contratación con recursos del sistema general de regalías” dice el último Informe Operacional semanal (Inop) de la Uapa con corte al 11 de agosto de 2023. Sin embargo, este trámite, según Boris Peña, secretario de Integración Social del Chocó, no sucederá sino hasta finales de agosto.
“Nosotros estamos con el cronograma de adjudicación y firma de contratos el 31 de agosto. El viernes 1 de septiembre estaría en formalización. Debemos estar arrancando la operación el 4 de septiembre”, dice Peña. Actualmente el servicio está suspendido en todos los municipios no certificados del Chocó.
La premisa principal del Programa de Alimentación Escolar es que la planeación tiene que hacerse con el suficiente tiempo para que el servicio no se interrumpa. Según los lineamientos que estableció el Ministerio “las entidades territoriales deben planear y adelantar oportunamente los procesos de contratación necesarios para garantizar el suministro del complemento alimentario desde el primer día del calendario escolar y de manera continua durante toda la vigencia”.
Pero desde inicio de año tanto la Gobernación del Chocó, como la Uapa, sabían que el dinero desembolsado no alcanzaba para que el PAE funcionara el segundo semestre, sin embargo no gestionaron los recursos a tiempo para evitar que el servicio se suspendiera. Apenas el 4 de agosto que la unidad expidió la resolución que le otorgó 7.795 millones de pesos al departamento para cofinanciar el programa durante lo que queda del año. En ese momento la Gobernación también empezó a tramitar un proyecto por 21.500 millones de pesos provenientes del sistema de regalías. Este último es el que finalmente va a financiar el programa.
“El recurso que envió la Uapa debió haberse enviado en medio del receso del calendario escolar, porque lo esperábamos para arrancar el segundo semestre. Eso se retrasó por motivos bastante complejos, el Congreso se demoró mucho en aprobar esa ley y finalmente nos llegó el 9 de agosto. Pero ya nosotros llevábamos el proceso con las regalías, vamos a terminar el año con ese recurso”, cuenta Peña.
Para el funcionamiento del PAE en el segundo semestre en todo el país, la Nación tuvo que hacer un trámite ante el Congreso para adicionar 250.000 millones de pesos. De los cuales se entregaron 7.795 millones de pesos para el Chocó con resolución 212 firmada el 4 de agosto.
Además de los retrasos de la Gobernación y del Ministerio de Educación, la Alcaldía de El Carmen de Atrato también se ha demorado en la contratación con el operador. Solamente han hecho dos convenios con la Fundación Serranía de Colombia para prestar el servicio de Alimentación Escolar en todo el año: convenio 003 de febrero y convenio 007 de abril de 2023. Ambos mediante contratación directa y por 30 días calendario escolar.
Las clases se iniciaron el 16 de enero, pero la Alcaldía no firmó el contrato con el operador sino hasta el 31 de enero, a pesar de que la Gobernación había hecho el acuerdo de transferencia desde el 7 de diciembre de 2022. Con ese contrato el PAE funcionó del 16 de febrero al 30 de marzo.
Para el segundo contrato, aunque el acuerdo de transferencia de la gobernación se firmó el 24 de marzo, la alcaldía firmó el convenio con el operador el 25 de abril, por lo que el programa duró un mes más suspendido. El servicio funcionó hasta el 5 de julio, dos días antes de que los estudiantes salieran a vacaciones de mitad de año.
El PAE sólo ha funcionado por 60 días este año, mientras que en otros municipios del Chocó sí funcionó durante 90 días hábiles del primer semestre. Según Peña, la demora de la Alcaldía en la firma de los contratos con el operador, ha sido la razón por la que el servicio no se ha prestado de manera constante.
“Los otros 30 días que se tenían que adicionar se perdieron en el intervalo de los dos acuerdos y en el comienzo del año, que no se contrató en la época que debió ser firmado, como sí iniciaron en otros municipios y lograron la ejecución de todo el primer semestre. Ya tendría que ser la misma administración municipal la que dé las razones por las que en su planeación administrativa de contractual les demoró tanto”, explica Peña.
Además, según un derecho de petición que la Fundación Serranía de Colombia le respondió al Concejo Municipal de El Carmen de Atrato, al 10 de agosto la administración municipal no les había pagado el último convenio, esto a pesar de que el contrato terminó el 5 de julio.
Sin embargo, la Alcaldía sigue asegurando que la razón por la que no ha funcionado el servicio de manera constante ha sido que la gobernación haga los acuerdos de transferencia solo por 30 días y no por 90, como se hacía antes.
“Los problemas que se han generado con el cambio de los acuerdos de transferencia semestrales a mensuales es la interrupción en la prestación del servicio”, dijo Claudia Agudelo, secretaria de Educación, Cultura y Deporte del municipio, en un derecho de petición respondido a Consonante.
Por cuenta de la suspensión del PAE, desde hace más de un mes los y las niñas de El Carmen de Atrato estudian menos horas. En la institución educativa Marco Fidel Suárez redujeron la jornada única por la falta de la alimentación escolar. Pasaron de salir a las tres de la tarde, a salir a la una y media. A pesar de ese cambio, algunos estudiantes han dejado de ir a estudiar y otros, incluso, se han desmayado durante la jornada.
“Se han desmayado muchos estudiantes por física hambre porque las situaciones de nuestros estudiantes no son las mejores, a uno le duele mucho. También se disminuye la cobertura porque los padres dicen que para mandarlos a aguantar hambre a la institución que aguanten hambre en su casa”, comenta Vicente Ayala, rector de la escuela.
Esta situación ha hecho que el rendimiento académico se vea afectado. “Los estudiantes han dejado de ir o por cuestiones de mareos se ve obligado uno a enviarlos a la casa, no terminan la jornada escolar y eso daña el proceso de aprendizaje”, denuncia Betty Hernandez, coordinadora de la institución. Hernandez cuenta también que ante la preocupación, muchos profesores de la institución han decidido dar de su propio sueldo para comprar refrigerios en varias ocasiones.
“Los niños vienen sin desayunar, le piden incluso plata a los profesores. El rendimiento escolar ha disminuido”, dice también Nestor Agudelo, profesor de informática de la Institución Corazón de María.
Tanto en El Carmen de Atrato, como en los 29 municipios no certificados del Chocó, el programa de alimentación escolar dejaron de funcionar esta semana. Esto, según Boris Peña, mientras se termina el proceso de contratación con el operador de las regalías. El secretario aseguró que el servicio se reanudará el lunes 4 de septiembre.
Durante seis días estuvo el presidente Petro en La Guajira a finales de junio. De la visita, además de la declaración de emergencia económica, social y ecológica, resultaron 11 decretos, entre ellos el decreto 1269 de 2023 que expidió el Ministerio de Educación el 31 de julio. Con este documento, el Gobierno nacional busca simplificar el proceso de incorporación de los nuevos recursos para cofinanciar el PAE en lo que resta del año en el departamento y que no se interrumpa el servicio, como ha pasado en otras ocasiones.
El decreto, en pocas palabras, permite que la Gobernación y a las alcaldías de Maicao, Uribia y Riohacha incorporen a su presupuesto el dinero adicional que le entregó la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa) para el funcionamiento del programa el resto del año sin necesidad de adelantar el trámite habitual, que requiere la autorización de la asamblea o el concejo municipal. Así, solo deben hacer un acto administrativo para incorporar los recursos, lo que según el gobierno, les ahorra varias semanas de trámites.
“Lo que buscamos nosotros con este decreto es que efectivamente la alimentación escolar no se vea obstaculizada por alguno de los requisitos formales que hacen parte de la normalidad de los procedimientos de la administración pública como la incorporación de los recursos”, asegura Juan David Vélez Bolívar, subdirector de la Uapa.
Esta medida surgió luego de que durante la visita el gobierno anunciara que se iban a asignar nuevos recursos para poder darle continuidad al PAE hasta fin de año y para implementar la estrategia PAE+ (que da alimentación en el receso escolar) en todo el departamento. Desde ese primer anuncio, la Procuraduría General de la Nación advirtió un posible riesgo de suspensión del programa para el segundo semestre por falta de trámite de incorporación de recursos y pidió a Diala Patricia Wilches Cortina, gobernadora (e) del departamento, adelantar urgentemente las acciones que correspondieran para garantizar y atender a los más de 84 mil beneficiarios del PAE.
Cómo lo había alertado la Procuraduría, el decreto reconoció que en el departamento el servicio de alimentación escolar se suele interrumpir por temas burocráticos: “Se ha identificado que en los trámites presupuestales en el orden territorial existen limitaciones de tipo administrativo que impiden la asignación oportuna, eficiente y urgente de los recursos, por lo que es necesario adoptar medidas que las superen y permitan materializar de forma oportuna y eficiente la atención y prestación del PAE y contribuir a la garantía del derecho humano a la alimentación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados al sistema educativo oficial”, dice el decreto.
La asignación de la Uapa se dió el 4 de agosto y la inversión para la Gobernación de La Guajira fue de 15 mil millones de pesos para financiar el programa en los 12 municipios no certificados: nueve mil millones para garantizar el funcionamiento en el segundo semestre y seis mil millones para el PAE+. Para Maicao y Uribia fueron siete mil millones de pesos y para Riohacha once mil millones.
Los vacíos
Hay varios cuestionamientos alrededor del alcance del decreto, y en general, del funcionamiento del programa de alimentación escolar en el departamento, que históricamente ha presentado varios problemas como: la intermitencia del servicio, la falta de infraestructura, la insuficiencia de la cobertura y la mala calidad de los alimentos.
El decreto reconoce uno de los problemas que ha causado la interrupción del servicio de alimentación escolar históricamente en el departamento. Por ejemplo, en septiembre del año pasado el servicio se suspendió por más de 18 días por temas administrativos con el entonces gobernador encargado José Jaime Vega. Sin embargo, Adriana Torres, coordinadora de la línea de justicia económica de Dejusticia, asegura que desde la organización están analizando si realmente expedir un decreto era la vía más adecuada para arreglar el problema:
“En principio, el objetivo uno podría decir que es legítimo, que responde a una necesidad, sin embargo, tendríamos que revisar si el mecanismo que se está utilizando (el decreto) responde y puede responder a esa realidad de manera correcta y que salvaguarde el Estado de derecho”, dice Torres.
Además, aunque el decreto amplía la cobertura del programa para estudiantes de Maicao y Uribia reconociendo que la población estudiantil ha aumentado a lo largo del año por la migración, para los 12 municipios no certificados del departamento sigue la misma cobertura, a pesar de que es una problemática que se ha identificado en todo el departamento:
“Lo que viene sucediendo hace unos años es que por la migración los números (de estudiantes) van variando a través del año y el Simat no se iba actualizando, entonces teníamos una brecha entre los niños que estaban en las escuelas y los niños que estaban cubiertos por el PAE y eso hacía que por supuesto los recursos cada vez alcanzarán para menos”, cuenta Julián Gutiérrez abogado y especialista en Derecho constitucional de la Universidad Nacional y quien ha trabajado desde hace más de cuatro años en temas de agua y alimentación en La Guajira.
Cuando eso pasa, los rectores y docentes se las ingenian para rendir la comida, pero esto puede ser contraproducente. “Lo que las escuelas tratan de hacer de una manera muy orgánica, es tratar de dividir las porciones que tienen entre los niños que están, eso resulta problemático porque entonces tenemos de nuevo niños que pueden estar en riesgo de desnutrición y pues entonces están igual tomando porciones más pequeñas de las que deberían estar tomando”, agrega Adriana Torres.
Esto se evidencia en municipios como Fonseca. “En nuestras sedes se le da alimento a todo el mundo. Pero en otras escuelas en muchas ocasiones falta gestionar para que llegue alimentos para todos, hay veces que es por no tener las instrucciones del Simat al día”, dice Nelvis Peralta, rectora de la institución Cleotilde Poveda.
Desde la Uapa aseguran que esta situación no se “da con gravedad” en los municipios no certificados que atiende la Gobernación. “En el caso de Gobernación el tema no es tan crítico porque realmente ellos planean basados en el cierre de la vigencia del año anterior. Puede haber variaciones pero no importantes. Sin embargo, Uribia sí ha mostrado aumentos muy importantes por la migración”, dice Juan David Vélez.
Los problemas del PAE
La alimentación escolar en La Guajira tiene otros problemas que afectan a los y las estudiantes. En junio la Procuraduría alertó sobre las deficiencias de infraestructura detectadas en la prestación del servicio luego de visitar las instalaciones de varias instituciones educativas: Insprosur, Roque de Alba, el mega colegio Silvestre Dangond y Los Fundadores, en el municipio de Villanueva; María Emma Mendoza y Manuel Antonio Dávila, en San Juan del Cesar, y Heliodoro Alfredo Montero Duarte en El Molino.
En las visitas el ente encontró que algunas instituciones no cumplen los requerimientos técnicos exigidos en áreas como: manejo higiénico sanitario, saneamiento básico, menaje y dotación. Además, algunos colegios no cuentan con espacios adecuados para la preparación de los alimentos, ni con los platos, vasos y cubiertos suficientes. En otras se encontró que las personas encargadas de manipular los alimentos no tienen la instrucción necesaria para el uso de implementos de seguridad y los refrigeradores donde se almacenan las carnes no se encuentran en sitios adecuados.
“La mayoría de las instituciones no tienen los espacios adecuados para realizar ese proceso (de alimentación). A eso se le suma que faltan equipos de frío para la conservación de los alimentos, que falta menaje, que se dificulta al momento del servicio porque las manipuladoras son insuficientes, además que a ellas no les han pagado en los últimos tres meses”, confirma Edward Fragozo, rector de la Institución Educativa El Carmelo en San Juan del Cesar, y presidente de la Asociación de Directivos de la Educación Guajira.
El déficit de infraestructura ha empeorado por la falta de personal de vigilancia en las instituciones educativas del departamento. “En las escuelas faltan los celadores entonces aunque el programa nos dio las mesas, nos dio las sillas, algunas neveras grandes, los ladrones han llegado y se lo han robado”, dice Nelvis Peralta.
Otro de los problemas que denuncian en el departamento es la falta de control institucional, que termina en posibles hechos de corrupción. “Los órganos de control brillan por su ausencia. La emisión de decretos no deja de ser tinta en un papel sino se toman los correctivos de índole político administrativas para aquellos que atentan contra la vida y la integridad de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes robándose la plata destinada a los programas de alimentación escolar”, comenta Milad Estrada, secretario de prensa y comunicaciones de la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira.
Esto lo ha identificado también Julián Gutiérrez. “Este es un buen intento por hablar del tema de la asignación de recursos, pero lo que falta también es una articulación interinstitucional entre los diferentes niveles del Estado. Es una lucha muy fuerte contra la corrupción, la Corte Constitucional a finales del año 2021 sacó un auto solicitando a muchas personas que intervinieran sobre el tema de la corrupción, pero es un reto muy grande. El problema, y fue lo que identificamos a través de estos años, está en el nivel territorial y en el nivel de cómo se garantiza que lleguen los recursos a los prestadores y a las instituciones educativas”, asegura Gutiérrez.
En marzo, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra el gobernador (e) de La Guajira, José Jaime Vega Vence, los alcaldes de Riohacha, Jose Ramiro Bermúdez Cotes, y de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar, así como a Adaulfo Manjarrez Mejía, Jesús David Herrera Mendoza y Yenelca Gutiérrez Fajardo, secretarios de Educación de La Guajira, Riohacha y Uribia por los aparentes retrasos registrados en el inicio y ejecución del Programa en sus respectivas jurisdicciones. Hasta el momento el caso sigue en indagación y práctica de pruebas.
Además, Gutiérrez agrega que hay que entender el Programa de Alimentación Escolar de otra forma en el departamento: “El PAE se supone que representa entre el 30 y el 50 por ciento de lo que sería el contenido calórico de los niños diariamente, pero termina siendo casi que el 100 por ciento de su alimentación. Entonces creo que el primer reto es reconocer que en un territorio como el de La Guajira entender el PAE como simplemente un complemento alimentario para la educación es verlo de una manera muy restringida”.
Los 1.481 estudiantes de las dos instituciones educativas de El Carmen de Atrato no han recibido el servicio de alimentación escolar desde que volvieron de vacaciones el 9 de julio. La gobernación del Chocó informó que desde el 9 de junio finalizaba la operación allí y en otros 13 municipios del departamento por falta de recursos. Desde ese momento los estudiantes no han recibido el complemento.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha sido intermitente en lo que va del año. En El Carmen de Atrato inició un mes después de que los estudiantes entraron a clase por retrasos en la contratación del operador. Funcionó desde el 16 de febrero y el 30 de marzo volvió a suspenderse. El servicio se reanudó solamente hasta finales de abril, por 30 días del calendario escolar, es decir hasta inicios de junio. En total, en lo que va del año solamente ha operado 60 días de clase.
¿Por qué se contrata por un mes?
Desde el municipio han dicho que una de las causas de la interrupción del servicio ha sido que la entrega de recursos solamente cubre 30 días. En años anteriores la gobernación del Chocó hacía acuerdos de transferencia con las alcaldías por 90 días, es decir, la mitad del calendario escolar. Sin embargo, este año los acuerdos han sido más cortos, según cuenta Boris Peña, secretario de Integración Social del departamento, por falta de presupuesto.
“La razón es netamente presupuestal. Este año arrancamos desde el 16 de enero y así sucesivamente, en la mayoría de los municipios arrancamos muy temprano, eso implicó que lo que nos venían asignando normalmente hubiese menguado antes”, dice Peña.
Según informa la Secretaría de Integración Social, el Ministerio de Educación a través de la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa) les certificó 29.593 millones de pesos para la vigencia de todo el año en el departamento. Este dinero, según Boris, solo alcanzó para el primer semestre del año escolar, en el papel 90 días calendario.
Boris sostiene que para este desembolso se hicieron varios pagos. “En septiembre nos dieron certificación de 24.000 millones de pesos para que adelantaramos las vigencias futuras. En diciembre hicimos los acuerdos de transferencia por los primeros 30 días. Luego, nos llegó la resolución definitiva en donde no eran 24 mil sino 29 mil. Con ese ajuste hicimos el segundo acuerdo de transferencia por otros 30 días”, comenta el secretario. Posteriormente, en mayo, la Unidad entregó 2.000 millones de pesos más.
Por esta razón, los acuerdos de transferencia con las alcaldías para contratar a los operadores se hicieron cada uno por 30 días, afectando la permanencia del programa en los colegios, como fue el caso de El Carmen de Atrato.
No obstante, desde la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa) dicen que asegurar la prestación del servicio es responsabilidad de la Gobernación. “La operación del programa está a cargo de las secretarías de educación certificadas y son estas quienes en sus ejercicios de planeación deben proyectar con los recursos disponibles la atención por la totalidad del calendario académico que comprende 40 semanas de clases, y aplicando criterios de priorización de sedes para ir incrementando la cobertura de manera progresiva según los recursos disponibles, y entendiendo, además, que la operación del PAE se apalanca financieramente con varias fuentes de financiación que responden al esfuerzo compartido por la Nación y las Entidades Territoriales”, indica la entidad.
La unidad además asegura que para la prestación del servicio de alimentación, además del dinero que llegó del Presupuesto General de la Nación (administrado por la Uapa), la gobernación cuenta con recursos por $11.156.855.891 de Sistema General de Participaciones-SGP y $21.862.953.291 de regalías y recursos propios, que suman un valor total de $64.708.739.632.
No hay dinero para el PAE en el segundo semestre
Actualmente cerca de la mitad de los municipios no certificados del Chocó están sin alimentación escolar. La Gobernación notificó que el dinero de la Uapa no alcanzaba desde inicio de año. Y en el último Informe Operacional semanal INOP de la Uapa con corte al 30 de mayo de 2023, quedó constancia de que a partir del 9 de junio finalizaba la operación del programa en Acandí, Bagadó, Bajo Baudó, Certeguí, El Cantón de San Pablo, El Carmen de Atrato, Istmina, Lloró, Medio Atrato, Nóvita, Nuquí, Río Quito, Sipí y Unguía, afectando a un total de 30.148 estudiantes.
Para el funcionamiento del PAE en el segundo semestre en todo el país, la Nación tuvo que hacer un trámite ante el Congreso para adicionar 250.000 millones de pesos. De los cuales según la Ministra de Educación Aurora Vergara, se le iban a asignar 8.500 millones de pesos al Chocó. Sin embargo, el valor final aún no se ha definido.
“En la actualidad está en proceso de trámite la distribución y asignación de recursos por valor aproximado de $250.000.000.000 correspondientes al Presupuesto General de la Nación, que serán destinados a cofinanciarla continuidad, ampliarla cobertura y atender en receso escolar el Programa de Alimentación Escolar – PAE, para la vigencia 2023”, dice la Uapa.
Además del dinero de la Nación, desde la Gobernación tramitaron un proyecto por 21.500 millones de pesos provenientes del sistema de regalías. Sin embargo, aún no se ha terminado el proceso de aprobación. Por lo que los niños y niñas siguen sin recibir PAE hasta que alguno de los dineros se libere.
Las afectaciones
A pesar de que el PAE fue creado por el Gobierno nacional como una estrategia de acceso y permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es decir no fue pensado para ser la base de la alimentación diaria o la comida más importante de un estudiante, sino para evitar la deserción. La realidad es que esta es la única comida del día, o por lo menos, la más importante de muchos estudiantes en El Carmen de Atrato y todo el Chocó.
En muchos colegios del municipio han tenido que reducir la jornada escolar. Gloria Margarita Taborda, comerciante y madre soltera de tres hijas de 15, 14 y cuatro años, cuenta que la falta del PAE ha afectado a sus hijas emocional y académicamente. "Ellas llegan diciendo que tienen desaliento y dolor de cabeza en la noche entonces. Están pasadas de hambre todo el día”, puntualiza.
Esta situación afecta con más fuerza a los estudiantes que viven en las zonas rurales. Marta Celene Tabora vive en la vereda El Porvenir y cuenta que su hijo está teniendo problemas de salud por la falta de alimentación. "En este momento mi hijo llega con dolor de cabeza, pasados de hambre y eso le puede generar una úlcera. Nadie nos dice nada", dice la madre de familia.
Gumercindo Vega y sus hijas se levantan todos los días antes de las cinco de la mañana para llegar hasta la carretera que va de Los Haticos a San Juan del Cesar. Allí, a las 5:40, las recoge el bus de transporte escolar que las lleva a la Escuela Normal Superior: un Chevrolet modelo 2002 con capacidad para 42 personas. Este vehículo debe transportar a todos los estudiantes de bachillerato del corregimiento hasta las instituciones educativas José Eduardo Guerra, María Auxiliadora y Manuel Antonio Dávila. En el papel, 36 jóvenes, niños y niñas deberían utilizar esta ruta pero, en realidad, entre 80 y 100 estudiantes se suben todos los días a este bus para llegar a clases.
A pesar de que los puestos tienen capacidad para dos personas, en algunos casos hasta cuatro estudiantes ocupan cada isla (dos sentados en las sillas y otros dos sobre las piernas de sus compañeros). El resto de estudiantes permanece de pie en el pasillo del bus durante todo el trayecto.
Cada vez que Gumercindo deja a sus tres hijas en el vehículo se queda preocupado. “Mis hijas dicen que se sienten con miedo y así se siente la comunidad estudiantil en general”, dice. “Hemos enviado cartas a la Secretaría de Educación municipal, a la departamental, a los coordinadores de transporte y hasta a la misma Procuraduría, pero nada. Me siento frustrado, impotente. Uno ve todos los días en las noticias que suceden accidentes y uno se preocupa por esta situación, pero nadie la quiere solucionar”, agrega el padre de familia.
La razón detrás del sobrecupo
La Secretaría de Educación departamental firmó un contrato de ocho meses con la Unión Temporal Costa Caribe por 18.953 millones de pesos, para prestar el servicio de transporte escolar en las zonas rurales de los 12 municipios no certificados de La Guajira este año. La Unión Temporal está conformada por Transportes Sensación SAS (quienes ya se habían presentado a la primera licitación pública, pero que fue suspendida por un juez un mes después), Lineas Escolares y Turismo SAS- Lidertur SAS.
En total, se contrataron 292 rutas y 332 vehículos para las áreas rurales y urbanas. Es decir, la misma cantidad que hace cuatro años. El problema es que desde el año 2020 la población estudiantil ha aumentado 13 por ciento, según cifras oficiales y proyecciones realizadas por la Secretaría de Educación de La Guajira. Es decir, hoy hay cerca de 10.535 estudiantes más que hace tres años.
En San Juan del Cesar, para prestar el servicio de transporte escolar en el casco urbano y sus veredas están aprobados 43 vehículos que cubren las 38 rutas. Entre los vehículos hay 30 camionetas con capacidad para transportar entre 20 y 25 estudiantes; 8 busetas con capacidad para transportar entre 25 y 30 estudiantes y 5 buses con capacidad para transportar hasta 42 estudiantes.
Sin embargo, los vehículos en varias veredas no son suficientes. En Los Haticos, por ejemplo, 110 estudiantes requieren el servicio de transporte escolar, pero el bus solo tiene capacidad para 42 personas y está aprobado para 36 estudiantes. Según Medardo Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Haticos, desde febrero de 2023 en la vereda enviaron un derecho de petición a la Gobernación de La Guajira solicitando otra ruta. Aunque la Gobernación aseguró que se harían gestiones para incluir nuevas rutas y garantizar el servicio en el segundo semestre de 2023, a más de 15 días de haber vuelto de vacaciones, la situación es la misma.
En agosto de 2022 la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta sobre el alto riesgo de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se movilizan en rutas escolares que no cumplen con los estándares de seguridad y se ven envueltos en siniestros viales. Solo durante el primer semestre del año pasado, se presentaron 15 accidentes viales que involucraron rutas escolares y dejaron 70 niños y niñas heridas y 10 muertos en todo el país.
En esa misma alerta la Defensoría aseguró que ha recibido quejas relacionadas con la movilización de niños, niñas y adolescentes en vehículos no autorizados en La Guajira “algunos estudiantes son transportados en automotores de carga con carrocería, sin cumplir con las previsiones legales y poniendo en riesgo su vida e integridad física”, dice el comunicado.
No hay controles de tránsito
Según Nolberto José Larrada Mejía, director territorial del Ministerio de Transporte en La Guajira, la verificación del estado del vehículo y las condiciones en que se transportan los y las estudiantes es responsabilidad del municipio. Pero en municipios como San Juan del Cesar no hay quién regule el tránsito, por lo que la verificación del cumplimiento de las normas de las rutas de transporte escolar no tiene doliente.
Esta falta de control está relacionada con la poca cobertura de los organismos de tránsito. Según un estudio sobre el control operativo y la fatalidad vial en Colombia, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 2022, los organismos de tránsito en el país cubren menos del 35 por ciento del territorio nacional, y muchos de ellos tienen una baja capacidad instalada para gestionar la seguridad vial en el orden local.
“Como estas rutas están dentro del mismo municipio y la zona rural, y nosotros en el momento no contamos con Tránsito Municipal, entonces es de pronto la única ventaja para que no sean sancionados. Pero en el evento que Dios no quiera llegue a suceder algo, pues ellos van a acarrear con las consecuencias, porque eso está totalmente prohibido”, dice Angélica Maestre, secretaria de Educación de San Juan del Cesar.
“Como estas rutas están dentro del mismo municipio y la zona rural, y nosotros en el momento no contamos con Tránsito Municipal, entonces es de pronto la única ventaja para que no sean sancionados. Pero en el evento que Dios no quiera llegue a suceder algo, pues ellos van a acarrear con las consecuencias, porque eso está totalmente prohibido”
Angélica Maestre, secretaria de Educación de San Juan del Cesar.
Maestre asegura que han solicitado a la Secretaría de Educación Departamental el aumento de la cobertura, pero no han obtenido respuesta positiva. “No contamos con la cantidad de vehículos necesarios para cubrir la población estudiantil del municipio. En Los Haticos, Los Pozos, Corralejas y Cañaverales tengo esa problemática (del sobrecupo) hemos solicitado la ampliación de la prestación del servicio pero la respuesta del departamento no ha sido positiva argumentando que no tiene la capacidad económica”, dice.
Los riesgos de lesiones y choques graves son inminentes
Según la norma de transporte especial reglamentado en el Decreto 1079 de 2015, y modificado por el Decreto 431 de 2017 del Ministerio de Transporte: en los vehículos no se admiten pasajeros de pie y cada uno debe ocupar un puesto de acuerdo a la capacidad establecida en la ficha de homologación del vehículo y en la licencia de tránsito. La ley también dice que el número de ocupantes del vehículo no debe superar la capacidad establecida en la licencia de tránsito.
El sobrecupo incrementa la posibilidad de que los estudiantes sufran lesiones durante un accidente vial. “Las sillas que tiene asignadas dentro de su estructura garantiza que las personas se pongan su cinturón de seguridad y que ante una eventualidad no salgan expulsadas fuera del vehículo o se golpeen con elementos internos. Si yo llevo personas de pie, pues claramente lo que va a pasar es que esas personas están sueltas y ante un volcamiento o una frenada brusca, van a salir expulsadas”, explica Francisco Pulido, ingeniero mecánico de la Universidad de América, con más de 23 años de experiencia en el campo de la seguridad vial e investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito.
Los riesgos incrementan si se tiene en cuenta que los buses pueden superar los límites de velocidad en los trayectos intermunicipales. “En países que nos llevan años delante en temas de seguridad vial se ha podido evaluar que las colisiones que se hacen desde 40 kilómetros en adelante ya son choques graves. Entonces si estamos hablando de tránsito intermunicipal uno podría decir que adquieren velocidades más altas. Y a mayor velocidad mayor riesgo y mayores consecuencias en caso de un accidente”, agrega el experto.
Además, también está el peligro de que los estudiantes deban esperar el transporte en la carretera que va para San Juan, una carretera nacional por la que pasan miles de vehículos diariamente.
El 19 de julio se inició un nuevo ciclo de pagos del programa Colombia Mayor en Colombia por parte del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Aunque el subsidio beneficia a 1.727.334 personas mayores en condición de pobreza extrema, no logra cubrir a todos los que están en estas condiciones. A continuación, le explicamos por qué la cobertura y el dinero entregado no son suficientes.
1. En pocas palabras, ¿qué es Colombia Mayor?
Colombia Mayor es un programa de asistencia social a través del que el Gobierno nacional entrega un subsidio de 80.000 pesos a adultos mayores en pobreza extrema. Su principal objetivo es “proteger al adulto mayor que se encuentra en estado de indigencia o de extrema pobreza” entregando recursos para contrarrestar “su imposibilidad de generar ingresos y el riesgo derivado de la exclusión social”.
El programa, que actualmente es administrado por el Departamento de Prosperidad Social, tiene dos líneas de acción: subsidios directos que se giran a los y las beneficiarias, y convenios con los Centros de Bienestar del Adulto Mayor y centros diurnos que atienden a las personas mayores.
La transferencia es mensual en la mayoría de los municipios y los periodos de pago se informan mes a mes. Los pagos se hacen a través se Supergiros o Sured, dependiendo del municipio (puede consultar la lista de los puntos de pago aquí). Sin embargo, en estos lugares el pago se hace cada dos meses. El dinero permanece disponible para ser cobrado durante 10 días hábiles.
2. ¿Cómo se eligen a los beneficiarios?
Los beneficiarios deben ser colombianos, haber vivido durante los últimos 10 años en el país, tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (es decir, 54 años para mujeres y 59 para hombres) y tener pruebas de que no tiene suficientes ingresos para subsistir. Este último dato se verifica a través de la información que aparezca registrada en el Sisben, en donde el beneficiario debe estar clasificado en cualquiera de los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.
Para participar, el interesado debe inscribirse en la alcaldía presentando su cédula de ciudadanía. En la mayoría de los entes territoriales, este trámite se realiza en la Oficina de Atención al Adulto Mayor. En cualquier caso, un funcionario debe verificar el cumplimiento de los requisitos. Después, a través del cruce con bases de datos externas, se verifica y valida que el ciudadano inscrito no esté recibiendo una pensión o perciba alguna renta.
Sin embargo, cumplir con los requisitos no le asegura al adulto mayor recibir el subsidio inmediatamente. Como los recursos disponibles no son suficientes para cubrir a todos los adultos, el DPS estableció una metodología de priorización que busca seleccionar a las personas mayores más pobres de todos los entes territoriales del país.
3. ¿Cómo se priorizan los beneficiarios en cada municipio?
Cada vez que un cupo se libera, se asigna el subsidio siguiendo el orden de priorización de las personas que estaban en la lista de espera. La priorización se hace según:
De acuerdo con el DPS, los adultos que tengan 90 años o más serán ingresados de manera automática cuando existan cupos disponibles en el municipio de su residencia.
4. ¿Qué pasa con los adultos mayores que no resultan seleccionados pero necesitan la ayuda?
Ingresan a una lista de espera. Pero los cupos nuevos solamente se liberan cuando los beneficiarios actuales mueren o se retiran voluntariamente. En San Juan del Cesar, por ejemplo, hay 1.880 adultos mayores que reciben el subsidio mensual, y en la lista de espera hay 1.926 personas. "En estos momentos tenemos más adultos mayores en lista de espera que cobrando", reconoce Leidys Daza, enlace municipal de Colombia Mayor en el municipio.
Según el DPS, desde el 16 de diciembre de 2021 no se han aumentado los cupos del programa. Esto hace que haya adultos mayores esperando la oportunidad de recibir el subsidio desde hace varios años. Es el caso de Rubis María Ariza, de 62 años, y quien está en lista de espera en Maicao desde hace cuatro años. Rubis está a cargo de su hermana Beatríz Ariza, que tiene una enfermedad que la incapacita para valerse por sí misma. Ninguna de las dos trabaja y el único ingreso lo lleva el hijo de Beatríz que tuvo que salir de la universidad para trabajar.
“En la nueva administración ha ido tres o cuatro veces y le dicen que hay cambios en el turno, que vaya en dos meses más, pero a veces está en el cupo 600 y cuando va a los dos meses ya está en el 800”, dice Sayira García, sobrina de Rubis y Beatriz, y quien acompaña a las mujeres en su día a día.
5. Sumando y restando… ¿Cuántos adultos mayores del país se benefician de este programa?
Según datos del DPS, los cupos totales del programa Colombia Mayor son 1.727.334 en todo el país, mientras que según el Dane, a 2021 habían por lo menos 2.279.107 personas de 46 años en adelante, en situación de pobreza multidimensional y 3.366.728 en situación de pobreza monetaria.
Es decir, muchos adultos mayores que necesitan de este beneficio se quedan por fuera. Carlos Cano, médico geriatra y profesor titular del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana, que ha hecho varios estudios sobre el funcionamiento del subsidio, afirma que el país está atrasado. “Con el subsidio de Colombia Mayor podríamos llegar a algo menos de la mitad de la población adulta mayor que requiere de esto. En otros países de la región logran coberturas amplias, por ejemplo en Bolivia tienen coberturas del 80 por ciento”, dice.
"Con el subsidio podríamos llegar a algo menos de la mitad de la población adulta mayor que requiere de esto. En otros países de la región logran coberturas amplias, por ejemplo en Bolivia tienen coberturas del 80 por ciento”
Carlos Cano, médico geriatra y profesor titular del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana
Ante esta situación, Laura Cristina López, enfermera gerontóloga, consultora e investigadora en salud pública, ha estudiado el funcionamiento de los sistemas de protección social, vejez y envejecimiento durante varios años, asegura que las entidades territoriales deben proporcionar otras alternativas.
“Necesitamos una articulación con las alcaldías y dar planes de alimentación. Estos planes se acabaron después del Covid, pero antes la alcaldía subsidiaba desayunos, almuerzos y comidas. Eso mejora también la salud, porque si no nos preocupamos por mejorar estas condiciones, vamos a tener dependencia a los servicios de salud que es muy costosa”, sugiere.
6. ¿Qué tan grande es el problema de la pobreza entre los adultos mayores en el país?
Según el informe “Personas mayores en Colombia: Hacia la inclusión y la participación” del Dane publicado en 2021, dos de cada 10 personas mayores en Colombia (el 18,0 por ciento) se encontraban en situación de pobreza multidimensional. La situación se agrava en los centros poblados y la ruralidad dispersa, donde el 38,1 por ciento de las personas de 60 años y más se encuentra en situación de pobreza multidimensional; mientras que este porcentaje es de 12,1 por ciento en las cabeceras municipales.
Carlos Cano asegura que el panorama de pensión y seguridad en la vejez en Colombia es preocupante. “Es desafortunado porque solo el 24 por ciento de personas de 60 años y más tienen cobertura en pensión. Eso quiere decir que el 76 por ciento no la tiene. Si bien existen subsidios como el programa de Colombia Mayor, estos subsidios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las personas adultas mayores”, afirma el experto.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Interamericano de Desarrollo a 2021, la tasa de pobreza en población de 65 años o más en Colombia es la más alta en toda América Latina.
7. Entonces, ¿qué tanto les sirve a los adultos mayores seleccionados en este programa recibir 80 mil pesos mensuales?
El monto entregado por Colombia Mayor únicamente alcanza a cubrir algunos gastos de quienes lo reciben. Según el Dane, el 44,1 por ciento de los beneficiarios del Programa Colombia Mayor (611.627 personas), se encontraban en situación de pobreza monetaria aún recibiendo la ayuda del programa.
Rosalba es víctima del conflicto armado, tiene 68 años y vive con su esposo de 82 en el Pueblo de la Memoria Histórica en El Carmen de Atrato. El dinero que recibe lo usa normalmente para pagar el recibo de la luz, cuando le alcanza. Su esposo también recibe el subsidio y lo invierte en las dos dosis de insulina que necesita al mes. El resto del dinero para la comida y otras necesidades los junta con las ayudas que recibe de sus amigas, u otros familiares que viven en otras ciudades.
“Eso es muy poquito. Yo le pido a un nieto que tengo en Quibdó, tengo una hija en Medellín que gana muy poquito pero a veces me manda de a 50.000 pesos y a las amigas que me dan de a 10.000 o 20.000 pesos. Así me bandeo cada mes”, cuenta Rosalba.
López, durante una investigación que hizo en 2020 para averiguar en qué usan el dinero del subsidio las personas mayores, encontró que el caso de Rosalba se repite en todo el país. “Nuestra investigación revisó en qué se gastan las personas mayores este subsidio y encontramos que lo gastaban en medicamentos, en alimentación y en atender las necesidades de su familia. Además les daba una posición social dentro del hogar, ellos explicaban que “cuando yo no tengo plata mis hijos no me paran bolas”, por lo que además es un beneficio que está asociado con la salud emocional y mental”, confirma López.
8. ¿Cómo se calculó que se debían entregar 80.000 pesos?
En 2018 el valor del subsidio estaba entre 40.000 y 75.000. Ese valor máximo se definió en el Conpes Social 70 (que no se modificaba desde 2003) que se basó en las variables macroeconómicas de ese momento. En 2019 el valor se unificó en 80.000 pesos, aludiendo a que “el incremento del subsidio debe contribuir a adquirir la canasta de bienes alimentarios que permita al beneficiario salir de ese estado y por lo menos, de manera gradual, alcanzar el nivel de ingreso que permita superar este umbral de la línea de pobreza extrema”.
Esto significa que en siete años el monto máximo sólo aumentó 5.000 pesos. A excepción de la pandemia, en donde se hicieron giros dobles y los adultos recibieron hasta 160.000 pesos en un mes. Sin embargo, el valor del subsidio sigue estando por debajo de la línea de pobreza.
9. Entonces, ¿qué tan efectivo es este programa?
Colombia Mayor es el único programa público dirigido específicamente a los adultos mayores y fue creado en 2012 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Gracias a la creación del programa se pudo caracterizar, por primera vez, a las personas mayores en situación de extrema pobreza. "Con esto ya se puede decir en los municipios cuántas personas viven en pobreza extrema, así como la caracterización de sus discapacidades o la conformación del hogar. Y logró poner en el punto de foco a las personas mayores en la agenda en las agendas políticas”, asegura López.
Sin embargo, con el paso de los años el programa no ha evolucionado y en hoy en día no logra ser un verdadero vehículo para combatir la pobreza entre los adultos mayores. “Nosotros entregamos el monto más bajo en toda la región. Si se compara, por ejemplo, Brasil entrega lo equivalente a un mínimo legal vigente para ese país. Entregamos solamente 80.000 pesos cada mes, es una cantidad muy escasa”, dice López.
“Nosotros entregamos el monto más bajo en toda la región. Si se compara, por ejemplo, Brasil entrega lo equivalente a un mínimo legal vigente para ese país"
Laura Cristina López, enfermera gerontóloga, consultora e investigadora en salud pública.
Según López, un programa que esté dirigido a asegurar la protección social de los adultos mayores en Colombia debe incluir varios elementos que trasciendan las transferencias monetarias. “Al hablar de protección social en la vejez, el gobierno se debería encargar de tres cosas: primero, que las personas tengan una pensión; segundo, el cuidado; y tercero, un sistema de salud oportuno. A ellos (los beneficiarios de Colombia Mayor) se les está intentando entregar algo que les brinde seguridad económica, pero es muy poco”, propone López.
Cristian Copete cumple 1286 días al frente de la alcaldía de Tadó. Sus principales banderas de campaña durante el 2020, fueron “jugársela toda por” mejorar los servicios que presta el Hospital San José de Tadó, mejorar la infraestructura de las escuelas y la calidad de la educación, inaugurar obras de infraestructura, desarrollar proyectos productivos agrícolas, aumentar las opciones de formación y empleo para la población juvenil del municipio.
En los últimos meses, Copete ha lanzado varias afirmaciones en publicaciones en su perfil de Facebook, entrevistas a medios de comunicación y actos públicos para dar a entender que ha cumplido con lo prometido. Además, al inicio de su mandato prometió mejorar los abastecimientos de agua en corregimientos y veredas, así como formular un proyecto para un acueducto corregimental.
A menos de cinco meses de terminar su mandato, Consonante revisó la veracidad de cinco de las frases pronunciadas por el alcalde sobre los temas que más ha movido durante su administración.
Los resultados de las pruebas Saber 11 presentados el 4 de septiembre de 2022 sí fueron mejores en comparación a aquellos del 4 de septiembre de 2021. El promedio del puntaje global y desviación estándar 2022-4 fue de 196 puntos, mientras que 2021-4 fue de 194 puntos.
Sin embargo, Daniel Bogoya, consultor en educación desde hace 26 años y exdirector general del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), explica que este aumento aún no se puede considerar una mejora: “En educación existe un fenómeno sumamente fuerte que se llama volatilidad, quiere decir que hay altibajos, es decir, un año tienen dos puntos más, al siguiente uno menos. Ya cuando uno mira un periodo de tiempo de 5 o 10 años, pues sí se podría asegurar si se está avanzando, estamos estancados o estamos retrocediendo”, explica.
El puntaje en Tadó ha tenido esas subidas y bajadas. En 2020-4 el promedio fue de 197 puntos, en 2019 de 186 y en 2018 de 201, por lo que, según explica Bogoya, no se podría hablar todavía de una tendencia de mejora. ”Para poder tener certeza de que realmente hay un cambio necesitamos ver que es consistente el nuevo estado (el nuevo puntaje), que sistemáticamente durante tres, cuatro, cinco años se mantiene ese nuevo estado”, asegura el experto.
Adicionalmente, Michael Mosquera, secretario de Educación, cuenta que este año no se hicieron las capacitaciones a docentes y estudiantes en preparación a las pruebas por falta de presupuesto. “En las cuatro instituciones educativas se están realizando los simulacros para la preparación para las pruebas Icfes, pero como con la contratación del transporte escolar se ha gastado la mayor cantidad de recursos de la vigencia 2023, no fue posible realizar las capacitaciones a los estudiantes y docentes”, dice el secretario.
Subir el puntaje de las pruebas Saber en el municipio es una tarea que requiere trabajo. Especialmente teniendo en cuenta que el promedio en el municipio en el 2022 fue de 196, 58 puntos por debajo del promedio nacional, que se ubicó en 254 puntos. Un panorama que se repite en todo el departamento, donde el promedio fue de 207 puntos.
Este puntaje es, en muchos casos, un elemento importante a la hora de encontrar un cupo en las universidades públicas o para acceder a becas. Para la beca de Generación E, la beca más importante del país que permite al joven estudiar gratis en la carrera y universidad de alta calidad a la que desee aspirar y sea admitido, el puntaje mínimo es de 349 o, el estudiante debe estar entre los 10 bachilleres con mejores puntajes de la prueba Saber 11° en todo el departamento.
Sin embargo, el Plan de Desarrollo del alcalde Copete solo contemplaba “mantener el promedio de calificaciones de Pruebas saber 11 y Saber 11, matemáticas en el cuatrienio” y “realizar cuatro actividades para la preparación de las pruebas saber 11 y saber 11 mediante simulacros y capacitaciones en el cuatrienio”.
La Casa de la Mujer fue inaugurada el pasado 2 de junio tras 10 meses de retraso. La alcaldía había anunciado que esta obra iba a ser entregada en agosto de 2022. Actualmente, solo 10 mujeres trabajan en la casa. Ana Martínez, por ejemplo, trabaja haciendo manicure, pedicure, peinados, trenzas y tinturados todos los días entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Ana cuenta que sus ganancias varían. Confirma que ha logrado ganar desde 82.000 pesos libres hasta 12.000.
“Nos está yendo súper bien, llevamos un mes. Estoy muy agradecida porque con esto ha mitigado muchas necesidades del hogar, siempre he salido con algo”, comenta. Yency Paola Copete, quien también trabaja en la peluquería de la Casa de la Mujer, ha tenido ganancias parecidas: “Hay días que me hago 80.000, 90.000 pesos, hasta los 100.000. Los días que menos me he hecho han sido 30.000 pesos. Me siento contenta porque tengo tres hijos y con eso me he bandeado”.
Hoy en día los beneficios económicos de la Casa de la Mujer sólo los perciben aquellas mujeres que trabajan ofreciendo sus servicios de gastronomía y peluquería directamente. Sin embargo, no es un trabajo formal, no tienen un contrato laboral, ni prestaciones sociales. Solamente hacen uso del espacio y de los materiales.
Por su parte, cerca de 90 mujeres que habían asistido a una serie de capacitaciones realizadas por Asodamas quedaron por fuera del proceso. “Tenía muchas expectativas, pero ahora estoy disgustada porque siendo parte de la junta administrativa de la Casa de la Mujer no nos han tenido en cuenta para nada. Recibimos unas capacitaciones por Asodamas pero no nos invitaron a la inauguración, prácticamente están son mujeres del gabinete de la primera dama y no al grupo de quienes hicimos parte de este proceso”, le dijo a Consonante Cleris Yasiris Perea, quien hizo parte de la junta administrativa como tesorera, a inicios de junio.
Otra mujer, que pidió proteger su identidad, afirmó en ese entonces, que las mujeres que no participaron de la Casa de la Mujer están “totalmente solas".
Aunque en la casa hay un auditorio y una oficina que fue pensada para una psicóloga que ofrezca apoyo psicosocial a las mujeres, actualmente según confirma Sandra Perea, gestora social, solamente funciona el proyecto de gastronomía y peluquería.
Adicionalmente, no se conocen avances sobre la política pública de la mujer, un instrumento que permitiría generar oportunidades laborales para otras mujeres del municipio. Sandra Pera aseguró que esta política está formulada desde 2014. Pero, en el plan de desarrollo del alcalde, una de las metas era “Formular e implementar una política pública para la mujer en este cuatrienio”.
“Lo que había que hacer era la implementación de la misma, si vamos a la práctica sí se ha hecho con toda esta inversión en este sector, pero no se ha contratado a alguien para esta implementación”, cuenta Perea.
Las únicas acciones que ha realizado la administración de Copete, más allá de la casa de la mujer, según un derecho de petición respondido a Consonante en febrero de 2023, fueron algunas campañas de prevención de violencia intrafamiliar y la ‘Matriculatón’, una campaña para que las mujeres, especialmente las adolescentes, vuelvan a estudiar.
En los corregimientos y veredas no hay acueducto, ni agua potable. La única forma de tener agua en las casas es instalar artesanalmente mangueras en los ríos, sin embargo, este sistema no es suficiente. “No es suficiente para el corregimiento, muchas personas tienen que usar baldes para cargar el agua y guardarla en la casa”, dice Robinson Arias, concejal del municipio y habitante del corregimiento de El Tabor.
Aunque el compromiso del alcalde era mejorar estos abastos de agua, las intervenciones han sido pocas, de los 11 corregimientos del municipio, solo se han mejorado tres. “Mejoramos en Tapón, Carmelo y se montó el proceso para mejorar los dos abastos de Playa de Oro”, cuenta Deiner Palacios, secretario de Planeación. Robinson Arias cuenta que en el corregimiento de Corcobado también arreglaron la bocatoma y repararon las mangueras que estaban dañadas.
Los habitantes de las otras veredas se sienten abandonados. “Hemos hablado con el secretario de Planeación y con el alcalde, siempre dicen que sí pero cada día que pasa no se ve nada. El año pasado hablamos con el alcalde para mejorar el abasto pero esta es la hora que no se ha manifestado con nada”, comenta Arias.
“Hemos hablado con el secretario de Planeación y con el alcalde, siempre dicen que sí pero cada día que pasa no se ve nada"
Robinson Arias, concejal del municipio y habitante del corregimiento de El Tabor.
Mario Escarpeta, concejal residente del corregimiento de Guarato, tiene la misma percepción: “La administración municipal no mira para la zona rural acá en el alto San Juan, no invierte, entonces a las comunidades nos toca encontrar la forma para poder suplir las necesidades. Dicen que están en proceso, que van a meter el proyecto, pero todo es de boca, no hay documentos”, cuenta el concejal.
Aunque Copete se comprometió desde su llegada a la alcaldía, a formular un proyecto para construir un acueducto corregimental, a cinco meses de terminar su periodo, su administración solamente tiene unos estudios topográficos: “del proyecto del acueducto, que tendría el epicentro en el corregimiento de Playa de Oro, solamente conocemos un estudio topográfico, no conocemos estudios y diseños sobre ese proyecto, esta administración no tiene acceso a esos archivos”, cuenta Deiner Palacios, quien no explicó qué se hará con esta información.
Además, en 2022 el alcalde se comprometió también a formular un proyecto para el acueducto de El Tabor y otras veredas, pero eso tampoco ha sucedido. “Por un paro que hubo aquí en El Tabor el gobernador Ariel le dijo al alcalde que formulara el proyecto para el acueducto de El Tabor y otras veredas, él dijo que sí pero eso se quedó ahí. No han formulado ningún proyecto.”, cuenta Robinson.
Sobre ese acueducto, Deiner Palacios afirmó que se tendrá listo antes de que se acabe la administración de Copete. “Sí se va a hacer, estamos únicamente organizando varios procesos pero ese va. Está resuelto, hay recursos por saneamiento básico”, dice el secretario.
Según David Mosquera, rector de la UTCH, la alcaldía de Copete le dio continuidad al convenio que cubría el valor de la matrícula para los estudiantes de Tadó hasta el 2021, cuando se hizo realidad la propuesta del expresidente Iván Duque que dio gratuidad en la educación superior a los jóvenes menores de 28 años que pertenecieran a los estratos 1, 2 y 3. Este programa permanece vigente hasta hoy.
“Hoy en día la mayoría de matrículas en la universidad están con el proceso de gratuidad. En ese orden de ideas esto cubre casi el 95 o 98 por ciento de los estudiantes (de toda la universidad). Actualmente tenemos convenios con los rectores de los colegios de Tadó para el uso de sus instalaciones. Y con la alcaldía actualmente el convenio es que nos dieron un lote para desarrollar nuestra sede”, cuenta el rector.
Actualmente la Utch es la única opción que tienen los jóvenes de Tadó para profesionalizarse. La universidad ofrece los programas de Contaduría, Trabajo social e Ingeniería ambiental en el municipio. Si los jóvenes quisieran estudiar otra carrera se tendrían que ir a Istmina, a Quibdó, o incluso desplazarse fuera del departamento, incurriendo en gastos de transporte, alimentación en la jornada académica y los materiales para trabajos, por lo que la gratuidad en la matrícula a veces no es suficiente.
“Los obstáculos para estudiar Ingeniería Mecánica son los costos y desplazarme donde uno tenga conocidos”, le contó a Consonante en diciembre del año pasado Einer Lemos, un joven tadoseño.
David Mosquera propone que los recursos que antes daba la alcaldía para la matrícula, se conviertan en subsidios para los estudiantes, pero esto no se ha discutido. “Esos recursos que se daban para matrícula se den más bien para transporte o manutención de los estudiantes que sobre todo vienen de zonas rurales o de poblaciones bastante alejadas. Ahí tendríamos que generar una iniciativa de nuevo con los alcaldes para lograr eso”, dice el rector. Sin embargo Mosquera reconoce que esta propuesta no ha sido discutida de manera formal con los alcaldes.
Esto es importante porque en el Chocó, según datos del Observatorio de la universidad colombiana, solo 1 de cada 4 bachilleres que se gradúan cada año accede a la educación superior. Esto, entre otras cosas, por falta de recursos económicos, mala calidad de la educación secundaria, la poca oferta de programas de educación superior o falta de acompañamiento para conocer su vocación, como lo contó Consonante en esta nota.
Las áreas de urgencias, hospitalización, farmacia y rayos x del hospital San José de Tadó fueron reabiertas el 10 febrero tras dos meses de sellamiento por parte de la SuperSalud. Durante diciembre y enero mejoraron las instalaciones del centro médico: se pintaron y resanaron las paredes, se corrigieron filtraciones en los techos, se instaló el aire acondicionado en la farmacia y se repuso una bomba de agua que estuvo dañada durante más de 20 años.
Sin embargo, hay opiniones encontradas sobre si el servicio realmente ha mejorado, o no. Lina Arriaga, una de las mujeres que lideró el paro en diciembre del año pasado, y quien le ha hecho seguimiento a la intervención del hospital, dice que el servicio sí mejoró con la gerente Vanessa Córdoba y que así se ha mantenido desde su salida. Córdoba se desempeñó como gerente del hospital desde el 5 de agosto de 2022 hasta el 30 de marzo de 2023, cuando Everth Andrade Casas asumió el cargo.
“La gerente Vanessa lo dejó en perfectas condiciones, tuvimos un paso a paso con ella, están los mismos médicos que ella dejó. La verdad es que yo no he tenido más quejas de la gente, yo he estado muy atenta. Pero no hemos visto qué ha hecho el alcalde. Él había dicho que iba a comprar la ambulancia pero esta es la fecha que no lo ha hecho”, cuenta Lina.
Mientras tanto, Yesid Ramírez, uno de los líderes del comité de usuarios del hospital, asegura que el servicio sigue siendo deficiente: “El servicio no ha mejorado mucho. Abrieron los servicios pero la cosa sigue igual. No hay jeringas, la gente va y al final le toca comprar los medicamentos porque al final las EPS no pagan. Y se han quejado de mala atención”, comenta.
Una opinión similar tiene Levinton Mosquera, quien también integra el comité de seguimiento. “En comparación con como lo tenía la doctora Vanessa siento que desmejoró el servicio. La misma gente manifiesta nuevamente que ya no es la misma agilidad de atención al usuario como pasaba cuando estaba la doctora Vanessa, que atendían mucha más gente. He escuchado más o menos a ocho personas con esta situación”, asegura.
En lo que sí coinciden es en que Everth Andrade Casas ha tenido poca disposición para atender al comité que busca seguir haciendo seguimiento. “No sabemos qué hicieron con la plata del PIC (Plan de Intervenciones Colectivas). Cuando vamos dice que está estresado, que tiene problemas, que va a salir, y no nos da explicaciones”, dice Lina Arriaga. La líder logró reunirse con el gerente la semana pasada, sin embargo, no han logrado una reunión con todos los integrantes del comité para hablar de los pendientes.
Este comité envió al gerente una solicitud de información sobre la contratación del PIC y otros temas de empalme desde el 29 de mayo, pero hasta el momento no ha tenido respuesta.
El 12 de julio, la Superintendencia Nacional de Salud le envió una carta al gerente aprobando el Programa de Mejoramiento Institucional (PMI) del hospital. El compromiso es que cada tres meses (noviembre de 2023 y marzo, abril y agosto de 2024) el gerente deberá enviar un informe con los avances de ejecución para recuperar y restablecer la solidez económica, financiera y de la prestación de los servicios de salud del hospital.
Consonante buscó a Everth Andrade, gerente del hospital, para conocer su versión pero no respondió a nuestra solicitud.
Imera Mejía se presenta a cualquier entrevista luciendo un sombrero negro. Mejía, de 35 años, nació en Villanueva y a comienzos de julio se convirtió en la primera mujer en ganar el premio a mejor cantante vallenata del Festival Francisco el Hombre de Riohacha, en su quinceava edición. “Es el sombrero de la invitación”, dice y pasa a explicar que cuando el reconocido acordeonero de Leandro Díaz, Toño Salas, estaba en una parranda y quería avisarle a María, su hermana, que había llegado el momento de que ella fuera a versear, mandaba hasta su casa a un emisario con su sombrero. Esa era la única señal que María necesitaba para llegar a la fiesta y desplegar su talento. Pero Imera Mejía, sobrina de María y Toño Salas, no necesita que la anuncien. Ella misma porta el sombrero que indica que llegó su hora de cantar.
A pesar de que escribía canciones desde los seis años y hace parte de una dinastía de coristas y verseadoras, Imera Mejía nunca había pensado en dedicarse formalmente a la música. Solo lo hizo después de que, en plena pandemia, Gusi –cantante y compositor colombovenezolano– escuchara una de sus composiciones y le propusiera producirla y cantar con ella.
Empezó reemplazando a su hermana corista de la agrupación Zona 8, pero no estaba convencida. En 2021 grabó “Historias”, su primer disco con cinco canciones y se presentó a la categoría “Cumbia Vallenato” en los Latin Grammys. En ese entonces, se decía que esa categoría iba a desaparecer pues la organización no recibía suficientes postulaciones con canciones inéditas por parte de jóvenes. Aunque no ganó, quedó entre los semifinalistas. Esa nominación le dio el impulso que estaba buscando para dedicarse a la música.
Mejía, quien también es psicóloga, es la única mujer concejal de Villanueva, reflexiona sobre el papel de la mujer en el vallenato y la política. Cree firmemente que no debe luchar por abrirse camino en algo que directamente, como mujer, también le pertenece.
Consonante: ¿Qué cree que tuvo que pasar para que después de 15 años usted se convirtiera en la primera mujer en ganar el Festival Francisco El Hombre?
Imera Mejía: A los 15 años, las mujeres tenemos una transición: pasamos de niña a mujer. Eso es un evento: te quitan la sandalia y te ponen un tacón. Eso significa cambios, evolución, y madurez. Y yo creo que el hecho de que a los 15 años del festival pase eso, significa lo mismo: madurez y evolución.
Que no hubiera pasado antes creo que hace parte también de que la mujer no se veía en ese escenario, porque como era rechazada, era costumbre que los que se presentaban fueran los mismos. No había casi participación de mujeres. Este año hubo más participación. Creo que en la semifinal había tres mujeres entre 10 grupos y en la final quedamos dos mujeres entre cuatro. Entonces creo que es que la mujer se sienta libre en los espacios. Que diga: “también es mi espacio, y no tengo que hacer nada por ganármelo. Es mío y me pertenece tanto como le pertenece a cualquier otro”. Entenderlo así me dio una posición de poder en ese escenario: ser dueña de eso me dio la corona.
C.: Históricamente, ¿cuál había sido el papel de la mujer en el género vallenato?
I.M.: En (el corregimiento) El Plan, al igual que en mi casa en Villanueva, las mujeres estaban vinculadas a las parrandas. No había esa vaina de machismo…de que el vallenato es del hombre. En la Sierra, donde está El Plan, el vallenato nace de la mujer verseando y cantando a su bebé, y del hombre campesino tirando machete y cantando. Es como el ritmo en los negros, que encontraban una forma de liberarse del trabajo duro cantándole a su realidad. Así, pero en otro contexto, comenzamos a descubrir el vallenato con guitarras y gaita.
C: ¿Y ahora?
I.M.: Ahora, la mujer en el vallenato tiene su propia expresión. En el momento en el que digan “esta es la versión femenina de...”, se acabó. Este es el momento en que la mujer canta vallenato porque su vida sabe a vallenato, porque nació rodeada de vallenato y porque ama el vallenato por alguna razón. Porque su cultura así se lo dicta y no tiene nada que ver con que es “la mini versión” de fulano. Yo no soy la “mini” Rafael Orozco, ni soy la versión femenina de Diomedes Díaz. No soy la mejor versión de lo que sea masculino.
"Este es el momento en que la mujer canta vallenato porque su vida sabe a vallenato, porque nació rodeada de vallenato y porque ama el vallenato por alguna razón. Porque su cultura así se lo dicta y no tiene nada que ver con que es “la mini versión” de fulano"
Imera Mejía
C.: Pasa también en el reggaeton que hay quienes piensan que es un género exclusivo para hombres. ¿Qué opina de eso?
I.M.: Yo pienso que se dice así porque así conviene decirlo, para sacar a la mujer de la escena, pero nada es de nadie. Nada es de nadie y todo es de todos.
Ese es el discurso que nos han vendido por años, que este género no le pega a la mujer. De hecho hace nada en un comentario de (la noticia de) lo de Francisco el Hombre alguien dijo “mucho afán por cantar esa música de hombres”, pero ¿desde cuando le entregaron a los hombres cosas que también nos pertenecen?.
Es un discurso que nos excluye totalmente. Lo que hay que entender es que solamente es eso, un discurso. No es verdad. Así lo entiendo y así lo voy a predicar porque nosotras somos tan protagónicas como el más protagónico de la historia.
Además creo que solo se está contando una parte de la historia, la de Valledupar y no la de la Sierra. Mi padrino (Rodrigo Daza) me decía que en Valledupar “las mujeres eran de abaniquito. Ellas se sentaban, eran las musas de la parranda, pero no participaban”. Entonces son contextos diferentes, y a mí me corresponde contar esta versión.
C.: ¿Cómo influyó su propia historia familiar en la visión que hoy tiene del género?
I.M.: Vengo de una familia donde todos cantamos: todos mis tíos, mi mamá y mi hermana mayor son cantantes y coristas. Mi mamá fue una de las primeras mujeres que hizo coros a grandes cantantes de la música vallenata como Jorge Oñate y Diomedes Díaz, en su momento más estelar. Desde niña mostré que eso era algo mío también, que tenía el arte. Hice mi primera canción a los seis años, pero no sentía la conexión. Para mí la música era un espacio de libertad: le cantaba a Dios, a la vida, y a mis líos. Con eso liberaba tensiones y era todo, no tenía afán de más.
Pero hace muy poco me enteré de que en esta dinastía también hay sangre de una señora que verseaba y que mandaba en El Plan. Ella era conocida como la vieja Sara. Cuando conocí su historia, encontré un porqué (...) Cuando supe quién era la vieja Sara, que era una líder, la matrona del Plan, y de que no había nada que no pasara por sus ojos –fuera religioso o político– yo dije: “si esa sangre está aquí con razón yo no fui como la oveja que va hacia donde la dirigen”. No sé para dónde voy, pero no voy para donde no quiero.
C.: ¿Quiénes son sus referentes?
I.M.: Siempre digo que una de mis referentes principales por crianza y por vivir su proceso tan de cerca es mi hermana (Maria José Ospina), quien ha sido incansable. Ella ha sido una de las pocas mujeres que ha escrito para que se cante vallenato.
(...) Pero, sin duda, Carlos Vives para mí ha sido una figura que rompió con muchas cosas. Le decían “eso no es vallenato”, pero resulta que el vallenato no es solamente lo que alguien conoció como el vallenato, tiene expresiones que se abrazan con el jazz y otras corrientes musicales. Así le hayan dicho mil veces “eso no es”, él dijo “este es el rock de mi pueblo” y el rol de su pueblo es el vallenato.
C.: Entonces, ¿cómo definiría su música?
I.M.: La expresión del viento y de la montaña en la voz de una mujer.
C.: También es la única mujer en el concejo de Villanueva, ¿cómo ha visto la participación de las mujeres en la política?
I.M.: Se me ha hecho más difícil abrirme camino en la política que en el vallenato. En estos casi cuatro años sí he sentido lo recio que es que le cierren los espacios a uno o que crean que los espacios políticos deben seguir siendo liderados por hombres. Ahí sí sentí la oposición a que una mujer sea líder. Al punto de que presenté proyectos y ni siquiera los archivaban, sino que hacían como si no los hubiera presentado.
En ese ámbito sí he sentido lo duro que es vencer esa creencia de que hay espacios que solamente son para los machos. Pero creo que siempre vale la pena enfrentar esos procesos, y poner piedras para que otras puedan seguir y hacer camino, porque a veces tú no haces el camino, a veces solamente pones una piedrita porque otra puede avanzar un poquito más que tú.
Pero sin duda es lo mismo, es descubrirte en ese escenario y amarrarte los calzones y enfrentar lo que haya que enfrentar, porque vale la pena. Si alguien no comienza no pasa nada. Hoy las mujeres estamos viviendo estos tiempos porque una decidió amarrarse el calzón y decir esto “no es de nadie”.
C.: ¿Cómo ha hecho para balancear su faceta de cantante con la de concejal? ¿Le ha parecido raro?
I.M.: Es diferente pero no es raro, o sea, yo no lo siento raro. Yo me siento bacana porque siento que al Consejo llega la artista. Mis compañeros y colegas me reciben como la artista. En el momento que voy a hacer mi discurso, a hacer una interpelación, ahí si se agarran los calzones y dicen llegó la concejal, pero de entrada todo es muy chévere. Sobre todo cuando por ejemplo ahora que llegue van a decir que llegó la artista del municipio, pero cuando ya me toque tomar riendas de algo ya el tono será diferente y eso me gusta.
C.: ¿Qué debe pasar para que surjan más compositoras de vallenato como usted?
I.M.: Haciéndolo, no diciéndolo. Porque no hay nada que marque más que el ejemplo. Nada que enseñe más o impulse más a otra persona que ver a otra haciéndolo. Si te ven, dirán: “Lo logró. Mira hasta donde llegó. Yo también puedo”. Por eso, lo estoy haciendo.
