Durante seis días estuvo el presidente Petro en La Guajira a finales de junio. De la visita, además de la declaración de emergencia económica, social y ecológica, resultaron 11 decretos, entre ellos el decreto 1269 de 2023 que expidió el Ministerio de Educación el 31 de julio. Con este documento, el Gobierno nacional busca simplificar el proceso de incorporación de los nuevos recursos para cofinanciar el PAE en lo que resta del año en el departamento y que no se interrumpa el servicio, como ha pasado en otras ocasiones.
El decreto, en pocas palabras, permite que la Gobernación y a las alcaldías de Maicao, Uribia y Riohacha incorporen a su presupuesto el dinero adicional que le entregó la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa) para el funcionamiento del programa el resto del año sin necesidad de adelantar el trámite habitual, que requiere la autorización de la asamblea o el concejo municipal. Así, solo deben hacer un acto administrativo para incorporar los recursos, lo que según el gobierno, les ahorra varias semanas de trámites.
“Lo que buscamos nosotros con este decreto es que efectivamente la alimentación escolar no se vea obstaculizada por alguno de los requisitos formales que hacen parte de la normalidad de los procedimientos de la administración pública como la incorporación de los recursos”, asegura Juan David Vélez Bolívar, subdirector de la Uapa.
Esta medida surgió luego de que durante la visita el gobierno anunciara que se iban a asignar nuevos recursos para poder darle continuidad al PAE hasta fin de año y para implementar la estrategia PAE+ (que da alimentación en el receso escolar) en todo el departamento. Desde ese primer anuncio, la Procuraduría General de la Nación advirtió un posible riesgo de suspensión del programa para el segundo semestre por falta de trámite de incorporación de recursos y pidió a Diala Patricia Wilches Cortina, gobernadora (e) del departamento, adelantar urgentemente las acciones que correspondieran para garantizar y atender a los más de 84 mil beneficiarios del PAE.
Cómo lo había alertado la Procuraduría, el decreto reconoció que en el departamento el servicio de alimentación escolar se suele interrumpir por temas burocráticos: “Se ha identificado que en los trámites presupuestales en el orden territorial existen limitaciones de tipo administrativo que impiden la asignación oportuna, eficiente y urgente de los recursos, por lo que es necesario adoptar medidas que las superen y permitan materializar de forma oportuna y eficiente la atención y prestación del PAE y contribuir a la garantía del derecho humano a la alimentación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados al sistema educativo oficial”, dice el decreto.
La asignación de la Uapa se dió el 4 de agosto y la inversión para la Gobernación de La Guajira fue de 15 mil millones de pesos para financiar el programa en los 12 municipios no certificados: nueve mil millones para garantizar el funcionamiento en el segundo semestre y seis mil millones para el PAE+. Para Maicao y Uribia fueron siete mil millones de pesos y para Riohacha once mil millones.
Los vacíos
Hay varios cuestionamientos alrededor del alcance del decreto, y en general, del funcionamiento del programa de alimentación escolar en el departamento, que históricamente ha presentado varios problemas como: la intermitencia del servicio, la falta de infraestructura, la insuficiencia de la cobertura y la mala calidad de los alimentos.
El decreto reconoce uno de los problemas que ha causado la interrupción del servicio de alimentación escolar históricamente en el departamento. Por ejemplo, en septiembre del año pasado el servicio se suspendió por más de 18 días por temas administrativos con el entonces gobernador encargado José Jaime Vega. Sin embargo, Adriana Torres, coordinadora de la línea de justicia económica de Dejusticia, asegura que desde la organización están analizando si realmente expedir un decreto era la vía más adecuada para arreglar el problema:
“En principio, el objetivo uno podría decir que es legítimo, que responde a una necesidad, sin embargo, tendríamos que revisar si el mecanismo que se está utilizando (el decreto) responde y puede responder a esa realidad de manera correcta y que salvaguarde el Estado de derecho”, dice Torres.
Además, aunque el decreto amplía la cobertura del programa para estudiantes de Maicao y Uribia reconociendo que la población estudiantil ha aumentado a lo largo del año por la migración, para los 12 municipios no certificados del departamento sigue la misma cobertura, a pesar de que es una problemática que se ha identificado en todo el departamento:
“Lo que viene sucediendo hace unos años es que por la migración los números (de estudiantes) van variando a través del año y el Simat no se iba actualizando, entonces teníamos una brecha entre los niños que estaban en las escuelas y los niños que estaban cubiertos por el PAE y eso hacía que por supuesto los recursos cada vez alcanzarán para menos”, cuenta Julián Gutiérrez abogado y especialista en Derecho constitucional de la Universidad Nacional y quien ha trabajado desde hace más de cuatro años en temas de agua y alimentación en La Guajira.
Cuando eso pasa, los rectores y docentes se las ingenian para rendir la comida, pero esto puede ser contraproducente. “Lo que las escuelas tratan de hacer de una manera muy orgánica, es tratar de dividir las porciones que tienen entre los niños que están, eso resulta problemático porque entonces tenemos de nuevo niños que pueden estar en riesgo de desnutrición y pues entonces están igual tomando porciones más pequeñas de las que deberían estar tomando”, agrega Adriana Torres.
Esto se evidencia en municipios como Fonseca. “En nuestras sedes se le da alimento a todo el mundo. Pero en otras escuelas en muchas ocasiones falta gestionar para que llegue alimentos para todos, hay veces que es por no tener las instrucciones del Simat al día”, dice Nelvis Peralta, rectora de la institución Cleotilde Poveda.
Desde la Uapa aseguran que esta situación no se “da con gravedad” en los municipios no certificados que atiende la Gobernación. “En el caso de Gobernación el tema no es tan crítico porque realmente ellos planean basados en el cierre de la vigencia del año anterior. Puede haber variaciones pero no importantes. Sin embargo, Uribia sí ha mostrado aumentos muy importantes por la migración”, dice Juan David Vélez.
Los problemas del PAE
La alimentación escolar en La Guajira tiene otros problemas que afectan a los y las estudiantes. En junio la Procuraduría alertó sobre las deficiencias de infraestructura detectadas en la prestación del servicio luego de visitar las instalaciones de varias instituciones educativas: Insprosur, Roque de Alba, el mega colegio Silvestre Dangond y Los Fundadores, en el municipio de Villanueva; María Emma Mendoza y Manuel Antonio Dávila, en San Juan del Cesar, y Heliodoro Alfredo Montero Duarte en El Molino.
En las visitas el ente encontró que algunas instituciones no cumplen los requerimientos técnicos exigidos en áreas como: manejo higiénico sanitario, saneamiento básico, menaje y dotación. Además, algunos colegios no cuentan con espacios adecuados para la preparación de los alimentos, ni con los platos, vasos y cubiertos suficientes. En otras se encontró que las personas encargadas de manipular los alimentos no tienen la instrucción necesaria para el uso de implementos de seguridad y los refrigeradores donde se almacenan las carnes no se encuentran en sitios adecuados.
“La mayoría de las instituciones no tienen los espacios adecuados para realizar ese proceso (de alimentación). A eso se le suma que faltan equipos de frío para la conservación de los alimentos, que falta menaje, que se dificulta al momento del servicio porque las manipuladoras son insuficientes, además que a ellas no les han pagado en los últimos tres meses”, confirma Edward Fragozo, rector de la Institución Educativa El Carmelo en San Juan del Cesar, y presidente de la Asociación de Directivos de la Educación Guajira.
El déficit de infraestructura ha empeorado por la falta de personal de vigilancia en las instituciones educativas del departamento. “En las escuelas faltan los celadores entonces aunque el programa nos dio las mesas, nos dio las sillas, algunas neveras grandes, los ladrones han llegado y se lo han robado”, dice Nelvis Peralta.
Otro de los problemas que denuncian en el departamento es la falta de control institucional, que termina en posibles hechos de corrupción. “Los órganos de control brillan por su ausencia. La emisión de decretos no deja de ser tinta en un papel sino se toman los correctivos de índole político administrativas para aquellos que atentan contra la vida y la integridad de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes robándose la plata destinada a los programas de alimentación escolar”, comenta Milad Estrada, secretario de prensa y comunicaciones de la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira.
Esto lo ha identificado también Julián Gutiérrez. “Este es un buen intento por hablar del tema de la asignación de recursos, pero lo que falta también es una articulación interinstitucional entre los diferentes niveles del Estado. Es una lucha muy fuerte contra la corrupción, la Corte Constitucional a finales del año 2021 sacó un auto solicitando a muchas personas que intervinieran sobre el tema de la corrupción, pero es un reto muy grande. El problema, y fue lo que identificamos a través de estos años, está en el nivel territorial y en el nivel de cómo se garantiza que lleguen los recursos a los prestadores y a las instituciones educativas”, asegura Gutiérrez.
En marzo, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra el gobernador (e) de La Guajira, José Jaime Vega Vence, los alcaldes de Riohacha, Jose Ramiro Bermúdez Cotes, y de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar, así como a Adaulfo Manjarrez Mejía, Jesús David Herrera Mendoza y Yenelca Gutiérrez Fajardo, secretarios de Educación de La Guajira, Riohacha y Uribia por los aparentes retrasos registrados en el inicio y ejecución del Programa en sus respectivas jurisdicciones. Hasta el momento el caso sigue en indagación y práctica de pruebas.
Además, Gutiérrez agrega que hay que entender el Programa de Alimentación Escolar de otra forma en el departamento: “El PAE se supone que representa entre el 30 y el 50 por ciento de lo que sería el contenido calórico de los niños diariamente, pero termina siendo casi que el 100 por ciento de su alimentación. Entonces creo que el primer reto es reconocer que en un territorio como el de La Guajira entender el PAE como simplemente un complemento alimentario para la educación es verlo de una manera muy restringida”.
