En abril de 2023 alias Iván Mordisco, máximo jefe del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), una disidencia de esa antigua guerrilla, anunció desde las Sabanas del Yarí, en San Vicente del Caguán, que iniciarían una negociación de paz con el Estado en cabeza del gobierno de Gustavo Petro. Desde ese momento, el EMC ha dicho que el proceso debe priorizar y poner en el centro a las comunidades, una premisa que ha sido replicada por todas las estructuras que lo componen.

“La diferencia en esta conversación que llevamos, es que no buscamos puestos burocráticos, no buscamos alcaldías, gobernaciones, ni puestos en el Senado. Queremos que el pueblo sea el que esté ahí (...) si algo sale de aquí debe ser para el pueblo”, dijo en una entrevista en abril de este año alias Calarcá, comandante del Bloque Jorge Briceño del EMC que opera en Caquetá y sur del Meta. Calarcá es considerado el segundo al mando de la disidencia y es vocero de la estructura en los diálogos de paz.

Aunque el EMC ha insistido en que la participación de las comunidades y las organizaciones sociales es fundamental para implementar los acuerdos que se hagan, hasta el momento no hay una hoja de ruta, un espacio formal ni garantías suficientes para que participen del proceso. En municipios como San Vicente del Caguán, en Caquetá, las comunidades campesinas, indígenas y las organizaciones sociales ven con buenos ojos la posibilidad de ser escuchados en la mesa y están jugados con el proceso de paz. Pero se debaten entre la desconfianza en el Estado y el temor de quedar a merced de uno o varios actores armados. 

El papel que puedan tener las comunidades de San Vicente es clave en varios aspectos. Primero porque el municipio ha sido protagonista del actual proceso de paz: fue ahí donde se llevó a cabo la reunión exploratoria para el diálogo en septiembre de 2022 y donde reapareció alias ‘Iván Mordisco’ — quien era dado por muerto — para anunciar; frente a campesinos, indígenas y organizaciones sociales que reunió la Coordinadora del Suroriente Colombiano para los Procesos Agrarios y Sociales (Coscopaas); el inicio de esa negociación. 

Segundo por el peso histórico que tiene este municipio en los procesos de paz anteriores: en 1998 fue el epicentro de los diálogos y la zona de distensión o de despeje durante el fallido proceso de paz entre el presidente Andrés Pastrana y las Farc. También fue donde se llevó a cabo la última conferencia de las Farc antes de dejar las armas en el marco del Acuerdo de Paz de la Habana.

Tercero, por el significado que tiene San Vicente del Caguán en medio del conflicto armado, antes y después del proceso de paz de 2016. Por ejemplo, fue la zona por la que se movió alias ‘Tirofijo’ y gran parte del secretariado de esa guerrilla y en la que tenían una presencia fuerte hasta el punto de llegar a poseer más de 200 mil hectáreas de baldíos que fueron recuperados en 2015. También porque las disidencias de las Farc, que no se acogieron o se salieron del Acuerdo de Paz firmado en noviembre 2016, tienen una presencia fuerte y un amplio control territorial.

Según la Fundación Conflict Responses (CORE), que le hace seguimiento al conflicto armado en Colombia, hasta 2023 en al menos siete de los 16 municipios del departamento, incluyendo San Vicente, el EMC extorsionaba o controlaba economías ilegales, realizaba acciones militares o tenía disputas con otros actores armados e imponía reglas a los civiles. Sin embargo, la misma fundación muestra que tanto las disidencias de La Segunda Marquetalia — de alias Iván Márquez — como las del Estado Mayor Central de las Farc tenían capacidad para injerir en la realidad local de manera sostenida y de forma directa o indirecta ampliamente en Caquetá y por tanto en San Vicente del Caguán. 

Esa injerencia muestra el reto que implica para las comunidades participar en una mesa de diálogo de forma autónoma y sin la presión de los actores armados, más cuando el mismo EMC ha dicho que una de sus condiciones en este diálogo es que no entregará las armas hasta que se implemente lo acordado. Sin embargo, las dos disidencias que están en San Vicente, se disputan el control territorial en algunas zonas, una situación que puede terminar en acciones militares como las del fin de semana del 25 y 26 de mayo cuando el EMC y La Segunda Marquetalia se enfrentaron en zona rural. 

Eso es una muestra de las tensiones que vive la comunidad aún cuando hay un cese al fuego entre el Estado y el EMC. También es un reflejo del riesgo que corren los líderes sociales pues pueden ser señaladas de colaboradores o a fines de uno de los dos grupos armados, esto termina estigmatizándolos y poniéndolos en riesgo. Por ese temor a ser identificados y señalados, los líderes de diferentes organizaciones sociales de San Vicente del Caguán con los que habló Consonante prefirieron no ser nombrados.

Todos coinciden en apoyar el diálogo y querer participar, a pesar del panorama adverso en el que se encuentran. Cabe resaltar que cada uno representa un sector específico en temas sociales y geográficos. “Las comunidades no son un actor homogéneo, menos ahora con la reconfiguración del conflicto”, dice Estefanía Ciro, doctora en sociología y fundadora e investigadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonia colombiana A la Orilla Del Río que le ha hecho seguimiento a los temas de conflicto y paz en la región. 

“Las comunidades no son un actor homogéneo, menos ahora con la reconfiguración del conflicto”

Estefanía Ciro, doctora en sociología y fundadora e investigadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonia colombiana A la Orilla Del Río.

Ciro cuenta que hace años había plataformas organizativas a nivel nacional y regional que hoy no existen por la fractura organizativa que hay en el Caquetá. “Hay que saber y entender que las comunidades tienen múltiples intereses y legitimidades, hay gente de acuerdo y gente que no. En el Caquetá no hay vocerías claras y eso es algo que aún no entienden hacia afuera”, explica Ciro.

Una mezcla de esperanza y desconfianza 

“Lo que para algunos fue un fracaso con los diálogos del Caguán en el 98, para nosotros fue una experiencia de motivación: motivó la economía y la seguridad, (durante ese tiempo y antes de que se rompiera el diálogo) la gente podía vivir más tranquila”, cuenta un integrante de la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive, que reúne a líderes de diferentes organizaciones. El vocero se refiere a lo que fue el fallido proceso de paz del presidente Andrés Pastrana en 1998. Por eso, dice, el anuncio de los diálogos de paz con el EMC y el protagonismo que tendría el municipio en estos, revivió la esperanza de algunas comunidades de San Vicente del Caguán de vivir sin tensiones y de que el Estado volviera la mirada a su territorio para tramitar sus necesidades.

Karen*, integrante de una Junta de Acción Comunal en Las Sabanas del Yarí, coincide en que esa esperanza no la sentían desde el 98. También admite que el cese al fuego que se pactó desde octubre del año pasado y que sigue vigente en el departamento, es quizás el mayor cambio que ha sentido en el sector en el que vive y en el que sólo hay presencia del EMC. Tampoco quiere decir que la disidencia se haya hecho a un lado. Karen cuenta que sus integrantes siguen convocando a reuniones para hablar del diálogo que adelantan o para dar directrices, o como dicen desde el EMC, para ‘dar orientaciones’. De igual forma, para ella y para los habitantes de su territorio, la mesa y el cese ha significado que desde el año pasado la comunidad pueda estar más tranquila y sin temor a enfrentamientos.

Algo similar opinan desde la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán (ACISC). “Desde que la mesa está en el territorio hemos bajado la tensión, no hay presión y ninguno de los dos actores armados ha vuelto a molestar”, dijo un vocero que habló de forma colectiva. Esto a pesar de que hay resguardos que están cerca a veredas donde hay disputas entre el EMC y la Segunda Marquetalia como los ocurridos entre el 25 y 26 de mayo en la vereda Guayabal.

“Desde que la mesa está en el territorio hemos bajado la tensión, no hay presión y ninguno de los dos actores armados ha vuelto a molestar”

Vocero de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán (ACISC)

Para las comunidades indígenas, no sólo es el cese. Contar con la mesa de negociación en el territorio y con reuniones como la del 10 de mayo en la que algunos representantes de diferentes organizaciones y comunidades fueron escuchados por delegados del proceso de paz, les da más peso para hacer solicitudes y gestiones ante funcionarios locales. “Socialmente, cuando mencionan la mesa de negociación en la Alcaldía, los funcionarios se ponen más activos y tienen mayor disposición”, aseguran desde ACISC.

En la Asociación de Cabildos Indígenas también dicen que la mesa ha ayudado a crear lazos y reconectar con los liderazgos sociales. “Desde 2021 las organizaciones no nos veíamos. Este espacio nos ha ayudado a pensarnos el territorio de forma colectiva, ya no nos sentimos tan solos”, comenta el vocero. Una forma de cómo se está pensando el territorio quedó plasmada en el acuerdo especial sobre transformaciones territoriales de Caquetá, Meta y Guaviare que se firmó el 10 de marzo. Ese acuerdo consiste en acciones prioritarias en los territorios para empezar a implementar lo acordado. En el caso de lo firmado para Caquetá, Meta y Guaviare, priorizan reuniones con entidades nacionales, solicitudes de información, apoyos a proyectos productivos y giros de dinero para, por ejemplo, fortalecer o garantizar el funcionamiento de un hospital. 

Aunque son acciones precisas que pueden beneficiar a unos sectores específicos, las comunidades consideran que puede traer grandes beneficios. “Confiamos en que el Estado dé soluciones a las problemáticas, queremos que los acuerdos territoriales den fruto, que muestren un gesto de paz y que las comunidades seamos parte de este gesto de reconciliación”, afirmó Liliana*, líder de una organización campesina. A pesar de la ilusión que tiene en el proceso, Liliana desconfía: “Hay unos acercamientos, pero no un acuerdo. Esto apenas está empezando, uno ve la zona militarizada y le genera zozobra, eso también nos pone en riesgo y más en una región como la nuestra en la que otros actores (armados ilegales) quieren entrar”. Esa desconfianza no pasa sólo por la presencia del Ejército, sino por lo que representa: el Estado.

Por eso, aunque las comunidades tienen los ojos sobre la mesa de negociación, ven con sospecha el compromiso que puede llegar a tener el Gobierno Nacional. Karen comenta que se han sentido escuchados por el EMC, pero no sienten lo mismo por parte del Gobierno. Lo dice porque antes de la firma de los acuerdos territoriales que le corresponden a Caquetá, ella y otros líderes de la zona pasaron una lista de propuestas que incluían fortalecer o invertir en escenarios rurales, comunales y proyectos campesinos, pero no quedaron en ese documento ni lograron una respuesta favorable de los delegados del gobierno. 

“No sabemos si el Estado está comprometido con las propuestas, no dicen ni sí ni no. (...) El EMC dice que estará en la mesa a beneficio de las comunidades, ahí la duda es que el gobierno cumpla”, asegura Karen. Para ella, se trata de algo que va más allá de la desconfianza: “No podemos hablar de desconfianza porque ni confianza nos han dado, nunca nos han mirado, esto es un caso de olvido estatal”. Pero los cuestionamientos de algunas comunidades no son sólo por lo que el  Estado pueda cumplir, también por el papel actual que está teniendo, por la falta de garantías para participar y por las dudas que tienen alrededor de la voluntad del EMC para que la mesa sea amplia y participativa.

“No podemos hablar de desconfianza porque ni confianza nos han dado, nunca nos han mirado, esto es un caso de olvido estatal”

Karen*, integrante de una JAC en Las Sabanas del Yarí

Sin garantías

El 15 de mayo, más de 20 líderes del Putumayo y Caquetá viajaron a Bogotá para reunirse con entidades nacionales y organizaciones internacionales. Su fin era denunciar violaciones a los derechos humanos en ambos departamentos. Según el informe presentado, a nivel nacional, la violencia territorial aumentó en un 36 por ciento en los primeros tres meses de este año frente al mismo periodo del anterior. La cifra hace parte del balance realizado por la Coordinadora Humanitaria — un espacio que reúne organizaciones y líderes sociales de más de 15 departamentos y que es apoyado por la corporación Vivamos Humanos del expresidente Ernesto Samper—. 

El informe también dice que de los 129 posibles hechos de violación del cese al fuego a nivel nacional, 22 ocurrieron en el Caquetá, lo que representó un aumento del 57 por ciento de hechos violentos reportados en ese departamento frente al mismo periodo de 2023. De esos 22, 15 fueron responsabilidad del EMC. Las cifras, sumadas a las del Putumayo, fueron parte de los argumentos que llevaron los líderes para sostener que hay pocos avances en la política de Paz Total de este gobierno. 

Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos de la Corporación Vivamos Humanos, que le hace seguimiento al conflicto armado que se vive en los territorios, dijo que el informe y el viaje de los líderes a Bogotá son una muestra de la realidad que se vive en medio de los diálogos de paz. “En el marco del proceso de paz y de estos últimos meses se han dado algunas situaciones con el EMC como la arremetida contra el tejido organizativo y la creación de ONGs para legitimar que este actor armado tiene un proceso organizativo. (...) Esa arremetida es una forma de legitimar la mesa, llegar más fuerte a negociar, arrinconar a las organizaciones de base y restarles voz”, dice Mejía. 

"Esa arremetida es una forma de legitimar la mesa, llegar más fuerte a negociar, arrinconar a las organizaciones de base y restarles voz"

Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos de la Corporación Vivamos Humanos

Por eso, uno de los retos es garantizar que la participación de las comunidades sea amplia. “El EMC ha tendido a creer que las comunidades son ciertos sectores que de una u otra forma son afines y es respetable, pero no debe ser así — dice Estefanía Ciro de A La Orilla del Río — . El actor armado no ha logrado construir una mesa donde las voces a favor, en contra, de denuncia y de apoyo, se encuentren. Cuando hablan de introducir a las organizaciones en sus diálogos ha sido muy parcial, muy fragmentado y no ha logrado convocar a la sociedad”.

Debido a esto, algunos líderes y organizaciones han sido críticos con el proceso que se lleva a cabo, ese es el caso de Rodrigo*, un líder del Caquetá que hace parte de una organización integrada por Juntas de Acción Comunal y comunidades indígenas y campesinas. “Lo que tenemos ahora es un proceso de amedrentamiento y sujeción de los tejidos organizativos del Caquetá. Actores armados están construyendo aparatos para cooptar organizaciones y liderazgo sociales. De paso hay una desatención institucional, está dejando por fuera la protección de las comunidades”, afirma.

Rodrigo dice que está de acuerdo con el proceso de paz, pero quiere que este tenga las garantías para que las comunidades participen de forma autónoma en la mesa y no bajo presión de los actores que están en el territorio. “Las comunidades están siendo instrumentalizadas. Las sientan y les preguntan si quieren vías, si quieren un colegio para (Las Sabanas del) Yarí y asienten porque lo quieren y lo necesitan”, dice Rodrigo quien insiste en que hay improvisación y una desarticulación institucional que impide garantizar la protección de las comunidades.

No todos lo ven de esa forma. “Presión no ha habido. Aunque también puede ser que hayamos normalizado la presencia y las orientaciones del grupo armado. Pero si ellos nos dicen que hay un diálogo y que nos van a escuchar, queremos estar ahí y no nos sentimos obligados”, dice Karen de una de las JAC de Las Sabanas del Yarí, a quien cuando le preguntan qué cree que pasaría con los que han participado en la mesa si ésta se levanta sin un acuerdo, se queda en silencio. “No lo hemos pensado — menciona Karen y después de unos minutos de meditarlo sigue —. Creo que ninguno tiene garantías si se llega a alzar la mesa. El gobierno no ha llegado antes y no va a llegar a defendernos si se acaba la negociación. Si eso pasa, las comunidades vamos a estar a disposición del EMC o del grupo que llegue”.

Hasta el momento no hay nada formal sobre la participación comunitaria en la mesa. “No hay un protocolo ni claridad sobre la participación de las comunidades. En cuanto a garantías de seguridad o en lo que hemos llamado ‘el día después de la participación’ no hay nada concreto ni específico”, dijo Kyle Jhonson, fundador e investigador de CORE. Según los informes de esta fundación sobre la mesa de negociación con el EMC, en la situación actual de este proceso, las organizaciones, comunidades y líderes que participan en la mesa pueden estar en situaciones que ponen en riesgo su seguridad. 

Algunas comunidades son conscientes de esto y han asumido ese riesgo. Por el lado de Caguán Vive, uno de sus voceros aseguró: “Nadie quiere y nadie busca ser señalado ni perseguido por participar en la mesa de negociación, pero si eso pasa, es una consecuencia de lo que se juegan los liderazgos y están dispuestos a asumirlo”. Otros, mientras participan o critican la mesa, han buscado sus propios espacios para alzar su voz y hacer propuestas. 

"Nadie quiere y nadie busca ser señalado ni perseguido por participar en la mesa de negociación, pero si eso pasa, es una consecuencia de lo que se juegan los liderazgos y están dispuestos a asumirlo"

Vocero de la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive

Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán, además de dejar constancia de su intención de participar en la mesa, ha empezado a empoderarse del proceso y hacer sus propias rutas. Por ejemplo, una de sus propuestas es que puedan tener un espacio autónomo desde una mesa con autoridades indígenas. Para ellos, la propuesta que hacen de la mesa alterna podría blindar el proceso porque las comunidades indígenas se sentirán más autónomas con un espacio propio. “Entendemos que es un proceso en construcción, que hay protocolos que se vienen esbozando. Lo que estamos haciendo es impulsar los procesos. Ya no esperamos que la ruta la organicen ellos, ahora también proponemos nosotros”, dicen desde la asociación. 

Similar es la propuesta que tiene Rodrigo: una mesa alterna para las comunidades con el fin de discutir y aportar al proceso sin presiones. Además, con el respaldo que tiene de comunidades campesinas e indígenas y con organizaciones sociales, pide al Gobierno Nacional que también atienda las solicitudes que hacen sin que estas pasen necesariamente por la mesa. “Dialoguen, pero nosotros también tenemos agendas que merecen atención. No limiten la acción del Estado a lo que pueda conseguir el EMC”, comenta.

"No limiten la acción del Estado a lo que pueda conseguir el EMC"

Rodrigo*, líder del Caquetá e integrante de una organización de Juntas de Acción Comunal y comunidades indígenas y campesinas

Ese es uno de los problemas que ve la investigadora Estefanía Ciro en el proceso que se lleva a cabo: “La gente naturalizó que es ese actor armado el que trae al funcionario. El inconveniente es que el Estado valide y nutra esta idea y crea que para hacer política tiene que entrar de esa forma a las regiones”. Sin embargo, Ciro explica que aún con todas las visiones que hay sobre la mesa es claro que las comunidades quieren que esta continúe porque es un gana-gana. Por un lado trae al Estado al territorio y por el otro, la mesa se convierte en una forma de controlar al actor armado. 

Pero a la duda de lo que pueda pasar entre el Estado y el EMC, se le suma la incertidumbre de lo que pasa al interior de la disidencia luego de que una parte de esta, la de alias Calarcá, que comanda los frentes en Caquetá y Meta, decidiera continuar en la mesa de negociación, mientras los otros se apartaron de esta. “Mira lo complejo: se factura el EMC y se fractura Caquetá y Guaviare. Ya las comunidades no están temerosas de si se rompe o no la mesa, ahora están temerosas del actor armado que se sale de la mesa entre gente que se conocía”, concluye Ciro.

*Nombre cambiado a petición de la fuente

**Consonante intentó comunicarse con Camilo Gonzáles Posso, coordinador de delegados del gobierno nacional en los diálogos de paz con el EMC, pero hasta el momento de publicar esta historia no contestó los mensajes.

Todos los días a las 4:30 de la tarde, el camino que conduce al Colegio Corazón de María, en el casco urbano de El Carmen de Atrato, pasa de ser una calle a convertirse en el punto de encuentro deportivo para los niños y jóvenes del municipio. Patines, balones de fútbol y bicicletas se combinan en uno de los espacios más óptimos que tiene el territorio para practicar deporte. La escena diaria es una muestra de la falta de escenarios deportivos, también es el resultado  de la autogestión de escuelas, semilleros, padres de familia y deportistas por fomentar y realizar actividad física. 

Según lo proyectado en el Plan de Desarrollo Municipal presentado por el alcalde Jaime Arturo Herrera — que es la propuesta de hoja de ruta para los cuatro años de su gobierno —, El Carmen cuenta con al menos 18 espacios deportivos entre placas polideportivas, canchas de fútbol, una piscina y un coliseo. El mismo documento asegura que estos espacios se quedan cortos porque sólo están atendiendo una quinta parte (300) de los más de 1500 niños y niñas que hay en el municipio.

La necesidad no es nueva. Hace cuatro años, el Plan de Desarrollo del alcalde Jaiberth de Jesús Ríos consignaba que en las mesas de trabajo para construir ese documento, la comunidad fue reiterativa en decir que hacía falta construir y reparar escenarios deportivos. Esa es una situación que pesa en todo el municipio, pero se siente con más fuerza en la zona rural: de las 31 veredas que tiene El Carmen sólo hay escenarios deportivos y/o recreativos en tres, y solo dos de las 32 comunidades indígenas cuentan con estos. Los demás se encuentran en liceos, escuelas, seminarios o en el casco urbano.

A las carencias en infraestructura se suma la falta de apoyo y de inversión en el deporte que, en ocasiones, pasa por el apretado presupuesto del municipio que en 2022 superó los 14 mil millones de pesos, sin embargo la ciudadanía también señala la falta de voluntad política. Por eso, la autogestión se ha vuelto una regla: desde la zona rural cada quien debe financiar el transporte para las prácticas deportivas en el casco urbano, las escuelas deportivas han tratado de buscar patrocinadores y los uniformes y viáticos para competir por fuera del municipio suelen salir del bolsillo de las familias de los deportistas o de rifas y bingos. 

A pesar de este escenario adverso para el desarrollo del deporte en el municipio, la comunidad se resiste a abandonar las prácticas. Por ejemplo, en este momento hay 10 deportes que se practican en el municipio y al menos 80 deportistas carmeleños han participado en competencias locales, departamentales y regionales. 

En la zona rural están sin escenarios deportivos, entrenadores ni apoyo

“Cómo podemos trabajar en pro de nuestros jóvenes y exigir entrenadores si no tenemos dónde recrearnos”, dice Dora Elcy Gallego, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Mariela parte alta. Esa es una realidad que se repite en la zona rural de El Carmen donde ni la mitad de las veredas cuentan con escenarios deportivos. En algunos casos, las construcciones existían, pero se fueron perdiendo. 

Raúl Ruiz, presidente del barrio La Paz ubicado en una vereda cercana al casco urbano, cuenta que hasta el año 2000 tuvieron un polideportivo en la zona que ese año fue arrastrado por una avalancha. Asegura que las alcaldías no han querido invertir en otro escenario deportivo argumentando que el barrio no está legalmente constituido. El caso de la vereda Habita es distinto, según Ángela Galeano, delegada de la JAC, hace 25 años contaban con una cancha, pero con la falta de uso que duró varios años por el conflicto y recientemente por la pandemia, terceros aprovecharon para tomar el predio que terminó siendo propiedad privada. “Me gustaría retomar y organizar los parques para los niños y niñas y que la administración municipal pueda buscar un espacio para recuperar la cancha”, dice Galeano.

Las pocas veredas que cuentan con espacios deportivos aseguran que no pueden usarlos por diferentes razones. Olivia Úsuga, de la JAC de la vereda Guaduas cuenta que ha tratado de rescatar las dos canchas que eran públicas y que hoy se convirtieron en potreros privados: “Así es muy difícil apostarle al deporte a pesar de que los guadueños somos muy apasionados por el fútbol y fuimos, en algún tiempo, potencia deportiva en El Carmen de Atrato”.

"Así es muy difícil apostarle al deporte"

Olivia Úsuga, de la JAC de la vereda Guaduas.

Por su parte, Carlos Montaño, presidente del JAC del Pueblo de la Memoria Histórica, dice que cuentan con una cancha, “pero hay que acondicionarla para poder recibir invitados de otras veredas y hacer intercambios con otros jóvenes y adultos”. En el caso de la vereda El 15, Luis Carlos Muñoz Pineda, de la JAC, afirma que aún con un polideportivo, le faltan balones y uniformes para que las personas entrenen adecuadamente.

Con la falta de escenarios y de implementos para hacer deporte en la zona rural, los padres de familia han optado por enviar a sus hijos al casco urbano para hacer actividad física. Una de ellas es Lina Bedoya, madre de tres hijos deportistas que deben viajar hasta éste para practicar  deporte. Su hijo mayor entrena fútbol y, los dos menores, natación. A los tres debe pagarles transporte particular en mototaxi, porque no cuentan con transporte público, y asumir los gastos de alimentación, uniformes y demás viáticos cuando hay campeonatos. 

“Para apoyar a mis hijos tengo que hacer un sacrificio muy grande, no solamente en tiempo, sino en recursos, porque no tenemos una administración que apoye todos esos deportes. Cuando uno pregunta a la Alcaldía porque no mandan instructores a las veredas, se queda sin respuestas. En las  administraciones pasadas mandaban un entrenador para fútbol, pero ahora ni eso”, comenta Bedoya. Para ella, situaciones como estas deben contar con estrategias de inclusión como un subsidio de transporte y alimentación si la actividad física sólo se puede realizar en la zona urbana.

El problema es que no todas las personas pueden trasladarse de lo rural a lo urbano para realizar deporte. Katty Moreno ama de casa y deportista de la vereda La Argelia cuenta que disfruta de jugar microfútbol, pero este año no han iniciado los entrenamientos: “Hasta el año pasado nos habían sostenido el entrenador, éramos un promedio de 13 mujeres que entrenamos de forma constante, participamos en campeonatos en diferentes veredas y municipios e incluso quedamos de sub campeonas. Pero en esta administración el profesor no ha venido. Nos dijeron que iban a traer uno de aeróbicos, pero tampoco”. 

“En este momento la dificultad más grande que tenemos es que no hay entrenadora. Muchas que somos amas de casa disfrutamos y necesitamos mucho el deporte, pero no tenemos quien nos guíe”, afirma Diana Isabel Valderrama una de las mujeres que hoy extraña los entrenadores que llegaban hasta la zona rural. Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia realizada en 2015, a nivel nacional sólo la mitad de los adultos cumplen con las recomendaciones de actividad física. De esos adultos, sólo el 42 por ciento son mujeres. 

"Muchas que somos amas de casa disfrutamos y necesitamos mucho el deporte, pero no tenemos quien nos guíe"

Diana Isabel Valderrama, ama de casa en la zona rural.

Valderrama también está de acuerdo con que se implemente un subsidio para garantizar que los niños de la zona rural hagan deporte si deben trasladarse hasta el casco urbano. Para ella la administración debe invertir más en este tema para que los carmeleños tengan más oportunidades y no sólo abstenerse de practicar deporte o pagarle a una escuela privada. “Para la vereda La Argelia, en este momento, tenemos un profesor del Club de la Salud (un instructor enviado por la Alcaldía para los adultos mayores). Nos aceptan a algunas que no tenemos la edad, pero en el momento de hacer actividades o intercambios municipales interveredales, toca pagar particular, porque no nos cobija los seguros (que paga la administración por cada uno en los viajes que realizan) por no cumplir con los requisitos (como ser adulto mayor). 

En la zona urbana, el deporte también tiene limitaciones

Aunque más de la mitad de los escenarios deportivos de El Carmen están en la zona urbana, muchos no han tenido mantenimiento, se han deteriorado o no están en las mejores condiciones. Por eso, además de la calle que conduce al Colegio Corazón de María, está el Coliseo Cubierto “Noel Enrique Robledo Perea” que tampoco garantiza la práctica de deportes como voleibol, baloncesto, fútbol, patinaje y ciclismo. “No podemos entrenar en el coliseo cuando llueve debido a que se moja el piso y corremos el riesgo de lesionarnos”, cuenta Oscar David Herrera Taborda, un joven que practica voleibol.

“Hacen falta más escenarios deportivos y también mejores, hay que promover el cuidado y mejora de los que ya tenemos” cuenta Camila Machado,  madre de dos de los niños que hacen parte del semillero plateado.

Herrera dice que los limitantes no son sólo por el espacio deportivo, asegura que casi no reciben ayuda de la Alcaldía ni de otras entidades, lo que los ha llevado a buscar otras formas para financiar las salidas y las necesidades del equipo: “Para costear gastos hacemos rifas y recogemos dinero entre los jugadores”. 

El equipo de fútbol de salón de El Carmen de Atrato es un ejemplo de esa autogestión. Han participado en la Copa Suroeste que se realiza a nivel regional y en la liga profesional nacional, pero para financiarse han tenido que hacer rifas, vender pasteles y boletas para eventos que ellos mismos gestionan. Los gastos suelen ser elevados: sólo para garantizar el transporte en chiva de 35 personas deben recoger 9 millones de pesos. 

Un entrenador que sabe cómo funciona el deporte en El Carmen, y que prefirió no ser nombrado, dijo que cada alcalde ha tratado de brindar soluciones a las carencias deportivas del municipio y ha intentado garantizar lo básico de los deportistas en eventos locales y nacionales, pero no dan abasto. “Uno siente que hacen milagros. El presupuesto para el municipio y para la cantidad de deportistas es mínimo, antes han hecho magia”, afirma.

Como la Alcaldía no alcanza a cubrir parte de esas necesidades económicas del deporte, la minera El Roble ha empezado a financiar aspectos claves. Por ejemplo, le paga a entrenadores en algunas zonas, dona uniformes o implementos deportivos y  cubre parte de los viáticos de los jugadores que representan al municipio en torneos municipales, departamentales o nacionales. Lo hace tanto en deportes que ofrece la Alcaldía como en escuelas privadas del municipio. Estas últimas, aunque tienen recursos propios, también la tienen difícil para garantizar su funcionamiento. 

Por ejemplo, la escuela de ciclismo Plateado Academy cobra unos 30 mil pesos de mensualidad con los que trata de cubrir los viáticos a encuentros dentro y fuera del municipio, ceremonias en fechas especiales y otras actividades. Aunque han recibido donaciones de la Alcaldía y de la minera, los jugadores también se ven obligados a buscar sus propios recursos por medio de rifas y a usar espacios que no son tan óptimos para el deporte. 

Similar pasa en Atrato Swimming Club, la escuela de natación del municipio. “El año pasado tuvimos, en parte, el apoyo de la administración que cubría el salario mío y los padres de familia se encargaban de los gastos de  mantenimiento de la piscina. Me gustaría que la actual administración municipal apoyara este club tanto en el salario del profesional como en el mantenimiento de la piscina”, comenta Cristian Sánchez, entrenador de natación, quien resalta la falta de escenarios deportivos municipales.

"Me gustaría que la actual administración municipal apoyara este club tanto en el salario del profesional como en el mantenimiento de la piscina"

Cristian Sánchez, entrenador de natación.

"Necesitamos un lugar adecuado para que nuestros niños entrenen, un lugar donde puedan darlo todo en la bicicleta. Aquí el espacio es muy reducido y no pueden salir a correr o montar en bici en otro lugar debido al peligro de los carros", cuenta Camila Machado, mamá de un integrante del semillero. A pesar de todos los inconvenientes para realizar deporte en El Carmen, el ánimo por continuar no ha cesado. 

Machado considera que las nuevas generaciones han traído un reto a El Carmen al incursionar con deportes nuevos en el municipio como patinaje, natación o ciclismo. “Esto crea la necesidad de tener espacios deportivos amplios y diversos, donde estos nuevos deportes se desarrollen de  manera plena para lograr que los deportistas exploren su máximo potencial. También es importante que no tengan que exponer sus vidas entrenando en las calles del municipio como lo vemos”, asegura.

Las propuestas de la Alcaldía

El voleibolista Óscar David Herrera cree que el interés deportivo y la proliferación de nuevas actividades se debe a todos los beneficios que deja el deporte: "Creo que el deporte puede ayudar a prevenir el consumo de drogas, ya que nos permite concentrarnos en algo positivo y nos enseña habilidades importantes, como la comunicación y el liderazgo". Esas bondades también las tienen en cuenta desde la Alcaldía, según el proyecto de Plan de Desarrollo, las actividades deportivas y recreativas ayudan a reconstruir el tejido social, a promover una convivencia sana y aprovechar el tiempo libre. 

Por eso, el alcalde Herrera propuso — como lo hizo desde que era candidato — construir un polideportivo con cancha sintética y pista para patinaje y ciclismo y construir una pista de bicicross. En su proyecto de Plan de Desarrollo también propone hacerle mantenimiento y/o construir unos seis gimnasios al aire libre, realizar mantenimiento o mejoramiento a cuatro escenarios deportivos del municipio, adecuar y recuperar la piscina, apoyar al menos tres eventos deportivos por año, reactivar el centro de iniciación deportiva y fortalecer los clubes de salud y las capacidades de los monitores que orientan los grupos deportivos. Además, la semana pasada, la Alcaldía publicó que estaban socializando el diseño para construir un estadio de fútbol en El Carmen. 

Desde el Concejo, esto ha sido visto con buenos ojos. La concejala Gloria Calle, del partido Alianza Verde, dijo que antes de que se presentara el proyecto de Plan de Desarrollo, ya habían hablado con Herrera sobre la importancia de los escenarios deportivos en El Carmen. Para ella, la propuesta del alcalde que quedó plasmada en el documento es ambiciosa y recoge las necesidades de las comunidades rurales. 

“Consideramos que es una propuesta que en deporte abarca mucho, nos da tranquilidad, incentiva a niños, jóvenes y profesores, piensa en la educación de los padres para que le den ese espacio de deporte a sus hijos y busca formar en nuevos deportes”, dice la concejala. Herrera  había comentado en entrevista con Consonante que el deporte iba a ser importante en su alcaldía. Por ahora, el alcalde tiene cuatro años de gestión para responder a las expectativas y necesidades deportivas de los carmeleños.

En la zona rural de Fonseca, se ha invertido para que los paneles solares sean una alternativa frente a la falta de energía eléctrica. Sin embargo, esta solución se ha vuelto susceptible a los robos que ocurren en esta parte del municipio. En el último mes Consonante ha conocido al menos cinco casos. Según Ramiro Bravo, un campesino de la vereda de Cañaboba, sólo en la vereda Trigo se han contado al menos seis casos.

Técnicamente, los paneles solares son sistemas fotovoltaicos que transforman la energía solar en eléctrica. La mayoría están compuestos por un regulador, un inversor, una o varias baterías, los módulos que son los que absorben la luz solar y la estructura que los soporta. Su funcionamiento permite el desarrollo de actividades básicas que van desde prender focos o cargar el celular hasta conectar la nevera. 

En La Guajira, los paneles solares se han convertido en un elemento clave para la población porque facilitan el acceso a energía eléctrica en un departamento que tiene el 58,8% de cobertura de este servicio. Incluso el gobierno del presidente Gustavo Petro ha dicho que en la región Caribe cambiará de forma gradual la producción de energía para producirla por medio de paneles solares. Esta iniciativa hace parte de la bandera de transición energética y de producción de energías limpias de este gobierno.

Aunque es una propuesta que ha empezado a andar a paso lento, tiene varios obstáculos. El primero es que los paneles o sistemas fotovoltaicos son costosos: su precio puede ir desde los cinco hasta los ciento cincuenta millones de pesos. Por eso, desde hace años, el mismo Estado ha tratado de financiar esta transición. En Fonseca, fue promovida por las últimas dos alcaldías de Misael Velásquez y Hamilton García bajo los proyectos ‘Fonseca uno’ y ‘Fonseca dos’ que tenían como fin entregar paneles solares para las zonas no interconectadas del municipio. Hasta el año 2023, 551 campesinos se beneficiaron con el proyecto.

El otro problema es que así la Alcaldía de Fonseca entregue los paneles, y la inversión no la hagan las familias, los productos son muy visibles por la naturaleza de su instalación. Eso los hace atractivos a los robos por su alto valor y por la necesidad que cubren, lo que puede llevar a desincentivar la compra o el uso de los paneles solares. Además de los hurtos, los campesinos aseguran que no tienen respuestas a las denuncias que han puesto en las autoridades. Ese es el caso de Roland Ojeda, Ramiro Bravo y Rosangela Guerra.

¿Qué pasó?

Los robos de paneles solares no son nuevos en La Guajira. En 2021 ya había reportes de hurtos de estos elementos en colegios rurales de municipios como Maicao. En Fonseca se han reactivado estos casos en los últimos meses, como le ocurrió al exalcalde Jaime Alonso Daza, a quien le robaron todo el sistema de paneles solares que tenía en su finca ubicada en la vereda Corea. 

Lo mismo le pasó a Roland Ojeda, un abogado de 45 años que desde 2019 tiene una granja   en el kilómetro 8 en la vía que conduce al corregimiento de Sitio Nuevo, a 12 minutos de Fonseca. Ese predio también era su sustento económico: comercializaba cerdos, gallinas, huevos, vacas, peces y diferentes cultivos a supermercados, pequeños comerciantes y  habitantes del pueblo. A Ojeda lo robaron el 3 de abril cuando unas cinco personas armadas entraron a su finca y atracaron a los que la estaban cuidando: “A mi tío lo desarmaron y luego entraron a la casa a revisar para seguir robando”. 

A Ojeda le robaron cerca de 60 millones de pesos en elementos que iban desde herramientas para el mantenimiento de su finca; como machetes, palas y martillos; hasta una motobomba, una turbina sumergible y dos paneles solares que generaban energía a las dos casas que tiene la finca. Sólo estos dos últimos le habían costado unos 32 millones de pesos. 

Ojeda cuenta que ese mismo día, a las 9 de la noche, fue a la estación de Policía para que lo acompañaran hasta la granja y le hicieran seguimiento al robo, pero tuvo que esperar más de tres horas para lograrlo. Al día siguiente puso una denuncia en la Fiscalía, pero hasta ahora no ha tenido respuesta. También dice que, desde entonces, él y sus empleados viven con miedo de sufrir un nuevo atraco. 

Los robos de paneles solares no se limitan sólo a los comerciantes que tienen negocios estables o con una amplia inversión, también a familias y pequeños productores que accedieron a paneles gracias a las ayudas brindadas por gobiernos anteriores. Ese es el caso de Ramiro Bravo Ariza, un campesino de 59 años que tiene una finca en la vereda Cañaboba en la vía que conduce al corregimiento de Sitio Nuevo en Fonseca. 

Hace 10 meses, a Bravo le robaron cerca de 3 millones de pesos en un par de herramientas como palas y carretillas que usaba en su finca y la planta solar que le había entregado  el gobierno municipal al ser beneficiario del programa Fonseca uno y dos. Aunque su funcionamiento era limitado, para Bravo era importante porque la usaba para conectar su nevera y tener luz en la casa. “Casi todas las plantas se las están robando — dice Bravo —. Por (la vereda) Trigo van como seis”.

“Casi todas las plantas se las están robando. Por (la vereda) Trigo van como seis”.

Ramiro Bravo Ariza, campesino víctima de los robos de paneles solares.

Pero no se limita a esa zona. En la vereda La Unión, a Rosangela Guerra también le robaron una parte del sistema de paneles solares que le entregó el gobierno. Guerra tiene 42 años, es ama de casa y pasa el fin de semana en su finca donde vende huevos y siembra para consumo de su familia. Hace 15 días le robaron la batería de los paneles solares que surtían de energía la finca. 

“Llegaron dos tipos encapuchados y armados diciendo que iban por la batería. Forcejearon la puerta con una barra, quitaron la batería y echaron al trabajador al cuarto donde él duerme y le dijeron ‘usted quédese ahí mientras nosotros agarramos lo que vinimos a buscar’”, cuenta Guerra.

"Llegaron dos tipos encapuchados y armados diciendo que iban por la batería"

Rosangela Guerra, víctima de robo de los paneles solares.

Sin la batería de los paneles, Guerra y su familia deben andar con linternas, compran los alimentos que consumen el mismo día porque no hay forma de que la nevera funcione y para cargar los celulares deben ir a una finca cercana.

¿Y las autoridades?

Para Rosangela Guerra, denunciar el robo ha sido un camino largo que aún no termina. Según cuenta, la Fiscalía le dijo que para hacer la denuncia debía adjuntar el serial de la batería, pero en la oficina de técnicos de la garantía  del panel le dijeron que el producto no contaba con este. 

Para otros, como Ramiro Bravo y Roland Ojeda, la denuncia fue fácil, pero aún no tienen respuesta. Bravo, por ejemplo, cree que nunca tendrá una. “Yo puse la denuncia en la Fiscalía, ¿Pero qué hago con ponerla si no resuelven nada?, no hacen nada. (...) Uno se decepciona porque por ahí muy poco va la Policía, no hay acompañamiento con la ley”, asegura el campesino. 

Consonante intentó comunicarse con la Policía de Fonseca, pero hasta el momento de publicar esta historia no obtuvo respuesta.

Lo que sigue

Los robos no sólo han significado pérdidas, también han dificultado contratar trabajadores. Ojeda dice que cada vez es más difícil encontrar a alguien para cuidar la finca, por la percepción de inseguridad que hay en la zona. “Uno pide una carrera en Fonseca y ninguno quiere ir para allá porque lo que piensan las personas es que lo van a robar”, comenta.  

La situación ha prendido las alarmas en la comunidad y ha llevado a que la misma ciudadanía empiece a buscar alternativas para contrarrestar la inseguridad. “En la vereda hicieron una reunión y estaban optando por unas alarmas parecidas a las que colocaron en San Juan que son como una sirena. Cuando una persona necesita ayuda en caso de un robo toca un timbre que activa las alarmas”, cuenta Guerra. Por ahora, ella y su familia optaron por tener una escopeta en la finca y pretenden contratar una pareja que administre la propiedad. 

“Hasta el momento, (las autoridades) no han hecho nada. Creo que tendremos que tomar las cosas por cuenta propia porque el campesinado de Fonseca y los dueños de finca están cansados de que se nos estén llevando lo poquito que tenemos”, comenta Ojeda, quien decidió que tras el robo no aceptará visitas y pondrá un letrero para prohibir la entrada de cualquier persona.

El pasado 21 de marzo, una comisión de la Alcaldía visitó la inspección de Campo Hermoso para conocer las solicitudes y propuestas de las Juntas de Acción Comunal (JAC) para los próximos cuatros años. La visita hace parte de una estrategia de participación ciudadana que promueve el alcalde Luis Trujillo para construir lo que será su Plan de Desarrollo Municipal, la hoja de ruta de su gobierno, en el que planteará sus prioridades, proyectos, metas y los recursos que dispondrá para cumplirlos. 

Para lograrlo las JAC son claves porque son las que conocen de primera mano las necesidades de los barrios y veredas que representan. En San Vicente hay 400 de estas organizaciones entre el área rural y urbana, por lo que recogen una parte significativa de los habitantes.  

El documento final del Plan de Desarrollo deberá ser aprobado por el Concejo, a más tardar, el 31 de mayo. Desde la organización comunal, la desconfianza sigue presente porque llevan años haciendo las mismas solicitudes sin que estas sean resueltas; pero, del mismo modo, con cada alcaldía nueva, guardan la esperanza de que esta vez puedan cumplirse.

Acueducto y alcantarillado, las necesidades que unen a la zona rural y urbana

San Vicente es sobre todo un municipio rural. Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para 2018, el 53,2% de su población vive en zona rural. Hoy, el municipio está dividido en inspecciones que contienen centros poblados con cerca de 400 habitantes, a su vez, estas se dividen en veredas. 

La ruralidad también es clave porque en la campaña a la Alcaldía, Trujillo se concentró en esta zona que representaba el 33% del censo electoral, aunque más de la mitad de su votación vino del casco urbano. Ambos sectores son relevantes y coinciden en decir que la urgencia más grande que tienen, y que ha sido una solicitud histórica, es la de contar con acueducto y alcantarillado.

Por ejemplo, en la zona rural, hasta hace cuatro años, la cobertura de saneamiento básico era nula. Martín Eduardo Palacio, fiscal de la JAC de la inspección Campo Hermoso, contó que tienen dos necesidades principales. La primera es la construcción de un acueducto porque el agua que usan sale de un pozo, y aunque se distribuye a las casas  no es tratada. Eso es algo que sucede en toda la zona rural. El Plan de Desarrollo de hace cuatro años — que tiene el diagnóstico más actualizado del municipio— cuenta que en la ruralidad no había acueducto y la mayoría bombeaba agua de pozos y quebradas o recogían el agua lluvia para su consumo.

La segunda es la mejora del alcantarillado, que se quedó corto para los más de 2 mil habitantes. “Tenemos un acueducto en pésimas condiciones, el agua no es potable y el alcantarillado que hay no es suficiente para la población existente” dice Palacio. Hasta 2020, la zona rural no contaba con cobertura de alcantarillado y las aguas residuales se vertían a ríos, quebradas o pozos sépticos. Estos últimos tampoco funcionan de la mejor manera, sólo el 65% de las aguas residuales son tratadas.

“Tenemos un acueducto en pésimas condiciones, el agua no es potable y el alcantarillado que hay no es suficiente para la población existente”

Martín Eduardo Palacio, fiscal de la JAC de la inspección Campo Hermoso.

En la zona urbana no es muy distinto. Hasta 2020, apenas el 61% del casco urbano de San Vicente contaba con redes de alcantarillado y sólo el 30% están en buen estado. “Necesitamos con urgencia el alcantarillado porque realmente las aguas corren por las cunetas ocasionando muchas enfermedades, mal olor y demasiados zancudos”, comenta Claudia Castañeda, presidenta de la JAC Villa Camacho. Asegura que para hacerle frente a esto han tenido que hacer jornadas de limpieza, pagadas de su bolsillo, para disminuir la proliferación de insectos.

La petición va de la mano con acciones que han adelantando algunas JAC. María Fernanda Palencia, presidenta del Sector 3 de Ciudad Bolívar, dice que ya han adelantado la solicitud de permisos ante Corpoamazonía (la Corporación Autónoma Regional que cubre al municipio), Aguas del Caguán y el dueño de un predio para gestionar una posible conexión con el alcantarillado. “Hemos pagado topografía, diseños y estamos dispuestos a poner la mano de obra. Lo que ha faltado es voluntad política”, comenta Palencia.

En eso coincide Yudi Lomelin, presidenta de la JAC Villa Colombia - Ciudad Bolívar: “Creo que ya es hora de que estas peticiones sean una realidad. (...) Acá somos muy organizados, ellos (la Alcaldía) nos puede donar la tubería del alcantarillado y nosotros ponemos la mano de obra”. La propuesta va de la mano con la naturaleza de las JAC en el país que, hasta el 2018 y según el Ministerio del Interior, eran las responsables de construir el 30% de la infraestructura comunitaria nacional. 

Por el aporte que pueden dar en planeación y ejecución del Plan de Desarrollo, es que tanto en la zona rural como urbana ven como una necesidad su fortalecimiento organizativo. “Necesitamos que capaciten a cada junta con su directiva”, dice Lomelin, pero también pide que sea con enfoque de género para las JAC que cuentan con mujeres que tienen otras ocupaciones y no pueden dedicarse tiempo completo a esta labor.

“Necesitamos que capaciten a cada junta con su directiva”

Yudi Lomelin, presidenta de la JAC Villa Colombia - Ciudad Bolívar.

También piden que la Alcaldía pueda contar con un gestor de proyectos para las Juntas de Acción Comunal que podría significar un alivio económico y mayores posibilidades de gestión para las comunidades que representan. “No ha sido posible tener esta vinculación (el gestor), nosotros sacamos los recursos y pagamos a una persona que nos cobra casi el 20 o el 30 por ciento de los proyectos para poder postularnos”, dice Palencia de la JAC de Ciudad Bolívar.

Aunque las redes de acueducto y alcantarillado y el fortalecimiento organizativo son las principales necesidades, no son las únicas.

Vías, alumbrado público y puestos de salud

En la zona urbana las Juntas de Acción Comunal coinciden en tres necesidades: atender el riesgo de deslizamientos en algunas zonas, mejorar las vías y ampliar el alumbrado público. Claudia Castañeda, presidenta de la JAC Villa Camacho, dice que para responder a los riesgos por deslizamientos que tienen algunas zonas requieren más información: “Necesitamos el estudio detallado de cada una de las viviendas para saber cuáles son las que están realmente en riesgo y así construir los muros de contención”, cuenta. 

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de San Vicente, dice que hay varios barrios que están en zonas con riesgo de deslizamiento de tierras. Desde las Juntas de Acción Comunal, como la que representa Castañeda, han propuesto la construcción de muros de contención para que sean una respuesta rápida y una forma de mitigar este riesgo.

Por otro lado están las solicitudes relacionadas con el espacio público. Isnory Montoya, presidenta de la Junta del barrio Buenos Aires, cuenta que para ellos el arreglo de las vías ha sido tan importante que ya se han metido la mano al bolsillo para mejorarlas. “Nosotros habíamos arreglado las vías con plata de la comunidad y la administración pasada había prestado la maquinaria”, dice Montoya. Pero esa obra sólo duró un par de meses en buen estado. Según cuenta, las vías se deterioraron con el paso de la maquinaria pesada que se movía por estas para la construcción del Parque Poli-recreativo que entregaron a finales del año pasado. Por esto, la necesidad de intervenir la vía ha vuelto a ser una prioridad para la comunidad.

En cuanto al alumbrado público, Montoya dice que hay sectores que no cuentan con ningún tipo de iluminación. Montoya asegura que por el momento esto no representa un riesgo para la seguridad, sino que es más un tema de apropiación del espacio público. En la JAC de Villa Camacho también sienten que el alumbrado público es necesario, pero en este caso consideran que es clave para iluminar las vías y evitar accidentes de tránsito en la noche.  

Mientras que en la urbanidad las solicitudes son más de infraestructura, en la zona rural requieren más inversión en temas de salud. Martín Eduardo Palacio, fiscal de la JAC de la inspección de Campo Hermoso, dice que necesitan la intervención del único puesto de salud de la inspección que hoy cuenta con más de 2 mil habitantes. “El puesto se encuentra en estado precario: solo hay una enfermera, pero necesitamos un médico y una ambulancia”, asegura Palacio. Eso dificulta la atención de emergencias en salud. La cifra más actualizada dice que hasta 2018, el municipio contaba con 0,13 ambulancias por cada mil habitantes. 

Un ejemplo de esto es lo que sucede en la vereda Las Damas de Campo Hermoso. Gonzalo Lombana, presidente de esta Junta de Acción Comunal, cuenta el reto que implica no tener un puesto de salud en buenas condiciones: “la falta de recursos y la distancia entre el caserío y la cabecera municipal son los principales desafíos a la hora de atender las emergencias de salud”. Lombana dice esto porque todas las emergencias deben trasladarse a la cabecera de San Vicente que está a dos horas de distancia. 

Entre la desconfianza institucional y la esperanza

Hasta el momento, la participación de las JAC ha sido activa y la estrategia de enviar comisiones a zonas rurales ha sido bien recibida. “Estamos muy sorprendidos porque esta administración sí trajo ese Plan de Desarrollo a estas caseríos para poder mostrar las necesidades que tenemos”, cuenta Lombana. Esa esperanza de ser escuchados se combina con la desilusión que han vivido con anteriores mandatarios.

“La esperanza es lo último que se pierde, pero queremos hacerle un llamado al alcalde para que coloque el 100% de él para que todo sea viable a favor de las comunidades”, dice María Fernanda Palencia de Ciudad Bolívar. Un llamado similar hace Claudia Castañeda de la JAC de Villa Camacho: “Pónganse la mano en el corazón y cumplan, las cosas no se hacen es por falta de compromiso político”.

"Las cosas no se hacen es por falta de compromiso político”

Claudia Castañeda de la JAC de Villa Camacho.

La esperanza es que esta alcaldía pueda dar cumplimiento a las solicitudes de las Juntas en los casi tres años y medio que tendrá Trujillo para llevar a cabo sus propuestas. Para las JAC esa sería una forma de demostrar que no son relevantes sólo en época electoral. “A nosotros nos manosean cada cuatro años. Cuando hay elecciones se acuerdan que estamos sin agua, sin luz, sin alcantarillado, sin infraestructura en el puesto de salud”, dice James William Giraldo presidente del caserío de la inspección de Puerto Betania.

El primer paso para que se cumplan las solicitudes de las JAC es que estas sean tenidas en cuenta en el Plan de Desarrollo y que desde la Alcaldía propongan proyectos, estrategias y destinen recursos para suplirlos. Una decisión que está en manos de la Alcaldía de Trujillo y de las proposiciones y modificaciones que haga el Concejo. 

La empresa minera Best Coal Company (BCC) quiere llevar a cabo una mina para explotar carbón a cielo abierto por 10 años en el corregimiento de Cañaverales en San Juan del Cesar. El lunes, el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales anunció que se opone a la entrada de la minera al territorio.

El anuncio es importante porque el consejo comunitario hace parte de  las nueve comunidades que se verán impactadas por el proyecto y la única con la que la empresa no tiene acuerdo. La decisión, tomada de forma unánime durante una asamblea el 13 de abril, sucede un mes después de que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) archivara la solicitud de licencia ambiental de BCC para el proyecto minero. 

La medida sirvió de insumo al consejo comunitario para sustentar que la empresa no está llevando a cabo procesos de consulta previa ni tiene licencia ambiental, y por eso su presencia no es bienvenida en el territorio. En la comunidad es leída como una posición de resistencia ante una multinacional — BCC es filial en Colombia del conglomerado turco Yildirim Holding —. 

Sin embargo, el archivo de la solicitud de licencia y la declaratoria no significan el impedimento del proyecto, ya que la empresa le dijo a Consonante que está reiniciando el proceso para solicitar la licencia de nuevo, y el comunicado puede quedarse en lo simbólico o en procesos internos de la comunidad si la autoridad ambiental o de consulta previa no lo tiene en cuenta.

Por ahora, la decisión de Corpoguajira y la declaración del consejo comunitario abre de nuevo la discusión sobre las tensiones que genera el proyecto con la comunidad. Más cuando BCC está a la espera de la aplicación del test de proporcionalidad, una herramienta para medir las afectaciones del proyecto y que, de aprobarse, descartaría la posibilidad de preguntarle al consejo si quiere o no el proyecto minero.

Mientras eso pasa, Los Negros de Cañaverales se apoyan en una comisión del Congreso y en el Ministerio de Agricultura para insistir en la consulta previa, incentivar la vocación agrícola en lugar de la minera, proteger el manantial que los surte de agua y frenar la posibilidad de una mina en su territorio. 

¿Qué dice la comunidad?

Para el consejo comunitario, oponerse a la presencia de la empresa es una respuesta a lo que consideran un actuar poco transparente por parte de BCC. “Siempre se meten a desarrollar actividades sin socializar ni consultar a los que habitamos el territorio”, contó Ifener Mendoza, miembro de la junta directiva del consejo comunitario.

También lo ven como una forma de mitigar lo que, para ellos, son los impactos de la minería. Este proceso ha dividido a la comunidad, entre los que apoyan o se oponen al proyecto, o vecinos y amigos que se chiflan e insultan en reuniones, también ha generado impactos en la salud mental de algunos habitantes. “Hay afectaciones sicológicas debido a que nuestros niños y nuestros ancianos principalmente, creían que la maquinaria que entró en su momento venía a destruir todo a su paso”, dice Mendoza. 

“Sacamos el comunicado para que BCC no siga entrando. (La empresa) se está metiendo a ganar terreno y nosotros no queremos eso”, dice Dayelis Gamez, habitante de Cañaverales. También asegura que la empresa intenta dividirlos: "Sobre todo son actos de mala fe cometidos: solicitar licencia a Corpoguajira en el momento en que hacia la consulta previa sabiendo que eso no se puede hacer, dilatar la consulta, pedir aplicación del test de proporcionalidad".

En el corregimiento los ojos están puestos sobre toda la información relacionada con la mina. La esperanza es que las decisiones y opiniones de la comunidad sean tenidas en cuenta. “Si el juzgado dice que se retoma la consulta previa, ellos podrían venir; pero como no tienen ningún plan de trabajo ni obras, entonces no tienen nada que hacer aquí”, dice Orangel Moya del consejo comunitario. 

"Como no tienen plan de trabajo ni obras, entonces no tienen nada que hacer aquí"

Orangel Moya, miembro del consejo comunitario Los Negros de Cañaverales

Para la comunidad de Cañaverales, la declaratoria es más que un acto simbólico, es sentar un precedente sobre su posición y la defensa del territorio. Rosa Mateus, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo (Cajar) que ha acompañado el proceso en el corregimiento, dice que la declaratoria del consejo comunitario puede trascender el carácter simbólico que tiene hasta el momento. “Se espera que en el marco del procedimiento de licenciamiento ambiental, (esta declaratoria) sea tenida en cuenta en las valoraciones que hacen los funcionarios en el análisis del componente social que se evalúa en el proceso”, dice la abogada.

De la misma manera , Mateus asegura que más que consultarle a la comunidad si quieren o no el proyecto minero (consulta previa), lo que debe hacerse es un proceso de consentimiento. De esta forma, no se trataría sólo de preguntarles, sino de que la respuesta que obtengan sea vinculante al proceso que debe llevar la autoridad ambiental a cargo de dar el visto bueno o no a la mina.

Frente al archivo de la solicitud de licencia ambiental por parte de Corpoguajira, Mateus comentó que lo de hacer la solicitud a la entidad lo ven como una estrategia de la empresa. “Da cuenta de cómo ellos pretenden dividir el proyecto y decir que es pequeño, que no lo pueden comparar con el Cerrejón. El país no puede comerse el cuento de que se trata de una mina pequeña cuando al juntar los títulos nos damos cuenta que es un proyecto a gran escala”, afirma.

Mateus critica que BCC haya hecho la solicitud de licencia ambiental en Corpoguajira argumentando que sólo explotarán determinadas toneladas de carbón por año. Según explica Mateus, debe tenerse en cuenta la totalidad del impacto ambiental: “El fraccionamiento del proyecto imposibilita hacer una valoración real de impactos y daños teniendo en cuenta la magnitud del problema”, cuenta la abogada. 

Para Mateus, la licencia debe tramitarse ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales por el impacto total de las toneladas. Pero para BCC, el trámite pasa por Corpoguajira.

¿Qué dice BCC?

Gabriel Bustos, gerente ambiental de BCC, dice que la solicitud se hizo por Corpoguajira porque es la entidad ambiental que se encarga de las licencias ambientales cuando los proyectos mineros de explotación de carbón en el departamento no superan las 800 mil toneladas al año. Ese es un punto que la misma entidad corrobora en el auto emitido en marzo. 

Pero en ese mismo documento, la corporación toma como referencia una tabla con cálculos de 2021 que muestra que la mina proyectada superaría esas toneladas de explotación en el segundo año. Como sobrepasa las funciones de Corpoguajira, la entidad dice que la solicitud debe hacerse ante la Anla. Pero Bustos le dijo a Consonante que el proceso era con Corpoguajira porque en los últimos años han actualizado el proyecto y el volumen de explotación es menor al que muestra la tabla de 2021. “Antes, el promedio de explotación anual iba a ser de 1,4 millones de toneladas de carbón, ahora redujimos ese volumen a 800 mil”, asegura el gerente.

"El promedio de explotación anual iba a ser de 1,4 millones de toneladas de carbón, ahora redujimos ese volumen a 800 mil"

Gabriel Bustos, gerente ambiental de Best Coal Company (BCC)

Los cambios son reales. Según un informe de abril del año pasado del Global Energy Monitor, la empresa proyectó en su página web que la mina de Cañaverales produciría un promedio de 2,5 millones de toneladas al año. Esas cifras se redujeron casi a la mitad y quedaron en un aproximado de 1,1  a 1,4 millones de toneladas al año. Esto según el documento disponible en la página de la Agencia Nacional de Minería con fecha de septiembre de 2022 y en una respuesta de la empresa al consejo comunitario en agosto de 2023, pero en ninguno dice que explotará las 800 mil toneladas a las que se refiere la minera.

Bustos dijo que el archivo de la solicitud de licencia ambiental lo ven como un formalismo: “Nos falta un documento, el de arqueología, y lo presentamos de nuevo”. Se refiere al registro de un Programa de Arqueología Preventiva que entrega el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh). Pero según Corpoguajira, no es el único que falta por entregar.

La corporación dice que no presentaron el certificado del Ministerio de Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y un pronunciamiento de la Dirección Nacional de Consulta Previa (Dancp) sobre si procede o no este mecanismo de consulta. Este punto es clave porque BCC pidió que se aplique el test de proporcionalidad, argumentando que la consulta previa se ha dilatado, algo que niega el consejo comunitario.

Corpoguajira también dice que a la minera le faltaba la evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto; el plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto, este último debe incluir lo que harán si hay derrames, incendios u otras afectaciones por fuera de los límites permitidos.

Frente al comunicado en el que el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales declara la presencia de la empresa como no grata en el corregimiento de Cañaverales, Bustos dijo que no se pronunciaría sobre esto porque al momento de la entrevista no conocía el comunicado. También afirmó que esto no afecta el proyecto y que el proceso continúa con normalidad.

El 9 de abril, la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira (Asodegua) inició un paro en Riohacha, capital del departamento, que va hasta mañana. Según un comunicado que emitieron, el paro tiene varias razones, una de ellas es “la desidia” del gobernador y  algunos alcaldes por la demora en el nombramiento de quienes ganaron el concurso docente y “la lenta reubicación” de los profesores provisionales que cubren esas vacantes o las incapacidades.

La problemática es clave porque termina afectando el proceso de aprendizaje de los jóvenes; más en un departamento en el que hasta 2022 sólo 26 de cada 100 estudiantes se matriculan en los grados décimo y once para obtener el título de bachiller, según el informe socioeconómico de la Cámara de Comercio de La Guajira. “Por medio de asambleas informativas y de una reunión de rectores de instituciones educativas el 24 de febrero, recogimos la radiografía del departamento. La situación está diagnosticada, ya hay que actuar desde el campo administrativo. Esto es de gestión en el territorio”, dice Milad Fernando Estrada, presidente de Asodegua. 

La exigencia de Estrada es consecuencia de una problemática que se ha extendido por el departamento y que puede verse con más detalle en los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca, al sur de La Guajira: a dos meses de haber iniciado las clases, una parte de las instituciones educativas públicas aún no cuentan con el número de docentes necesario para dictar las clases. 

El primer periodo del año académico está ad portas de terminar, los profesores que están cubriendo las vacantes de los que ganaron un ascenso o una reubicación apenas están llegando a los colegios. Hay estudiantes que no han recibido clases de materias específicas desde que entraron al año lectivo y otros que no cuentan con director de grupo. Por esa razón, para algunos estudiantes, el colegio en Fonseca y San Juan ha pasado de ser un espacio de aprendizaje activo, a uno en el que buscan ocuparlos mientras intentan solucionar la falta de profesores.

“Algunos docentes nos ayudan con turnos, las psicoorientadoras también se hacen cargo de los cursos — cuenta Ricardo Bonivento, rector de la Institución Educativa José Eduardo Guerra en San Juan del Cesar —. En los colegios estamos haciendo de tripas corazón subsanando la problemática con lo poco que tenemos, casi haciendo magia para que los niños puedan acceder a la educación, pero no es la educación integral que da el maestro”.

"En los colegios estamos haciendo de tripas corazón subsanando la problemática con lo poco que tenemos"

Ricardo Bonivento, rector de la Institución Educativa José Eduardo Guerra en San Juan del Cesar.

Por eso, Bonivento insiste en que la Secretaría de Educación Departamental debe acelerar procesos y cubrir las necesidades de las instituciones educativas. Al igual que en otros 10 municipios de La Guajira, la gestión y administración de la educación en Fonseca y San Juan del Cesar dependen de la Gobernación por ser municipios no certificados. Sólo en Riohacha, Maicao y Uribia, las alcaldías y su respectiva secretaría son las administradoras de la educación.

Los rectores no son los únicos en pronunciarse. Estudiantes y padres de familia ya han protestado para exigir que las instituciones tengan la planta de docentes completa. Por esa razón, a inicios de marzo, los estudiantes de la institución María Auxiliadora de San Juan del Cesar entraron en paro. Sólo en tres instituciones de este municipio hay más de 600 estudiantes afectados por la falta de docentes.

En Fonseca, y por la misma razón, algunos padres de familia bloquearon la Institución Educativa Agropecuaria y los estudiantes del Juan Jacobo Aragón protestaron y se tomaron la Alcaldía, exigiendo también la contratación de personal de aseo y vigilancia. A esa movilización se le unieron algunos estudiantes del Ernesto Parodi Medina. 

Rectores, docentes nuevos y antiguos, y funcionarios y exfuncionarios públicos aseguran que la situación no es nueva, pero que se ha ahondado en este año por los retrasos para designar a los docentes en puestos temporales.

La demora en nombrar docentes de planta y temporales

Una de las razones por las cuales faltan docentes en las instituciones de Fonseca y San Juan está relacionada con el concurso de ascenso y reasignación salarial que llevó a cabo el Ministerio de Educación a nivel nacional. Este consiste en que los profesores pueden, por ejemplo, pasar de ser docentes a coordinadores, trasladarse de una institución a otra para dictar la misma clase y aumentar su salario de acuerdo a sus conocimientos, experiencia o estudios. Quienes sean elegidos en este concurso, serán nombrados por la secretaría de Educación Departamental en la nueva plaza y esta misma entidad deberá buscar un reemplazo en la vacante que dejan los docentes.

Elizabeth Mendoza, secretaria de Educación de San Juan del Cesar, dice que algunos rectores le han reportado que no han llegado los docentes provisionales (que reemplazan por un tiempo a los que se fueron) y tampoco el de planta o el que debe ser nombrado. En ocasiones también ocurre que, aunque el docente llega al puesto que le corresponde, renuncia o regresa a su anterior cargo después de unos días o semanas. De esa forma, el puesto queda disponible de nuevo y la secretaría departamental debe buscar quién lo ocupe. 

Adaulfo Manjarrez, exsecretario de educación departamental, cuenta que hay municipios en el sur de La Guajira donde los docentes nuevos de planta o provisionales tienden a renunciar después de ser nombrados. Esto sucede por varios factores, como las distancias que deben recorrer para llegar a un colegio, por tener que vivir en zonas con presencia de grupos armados ilegales, por enfrentarse a realidades más complejas de las que esperaban en el aula de clase o porque la vacante no cumple con sus expectativas.

“El caso de varios municipios al sur de La Guajira es una experiencia nefasta. Esta es una situación que pesa mucho en el sistema educativo, que siempre está ocurriendo y que genera inestabilidad. Los que no renuncian a su cargo, pasan el periodo de prueba y piden traslado, pero esto es una excepción que igual impacta en la educación de los niños”, dice Manjarrez. Aún sin la renuncia y con la solicitud de traslado, continúa la inestabilidad que comenta el exsecretario porque implica un trabajo extra al departamento de buscar un reemplazo al docente que decide cambiar.

Algo similar pasa en Fonseca. Unos días antes de semana santa llegaron algunos docentes nuevos a suplir de forma temporal las vacantes que dejaron los que se fueron. Es el caso de Leiner Carrillo, profesor de matemáticas de la Institución Educativa Agropecuaria, que explica todo el proceso que tuvo que surtir para llegar a ese puesto: “Había 51 vacantes, pero no se presentaron seis y tardaron un mes en convocar esas seis personas. De ahí los reubicaron, y las plazas que dejaron pasaron a estar en vacancia, de ahí nos ubicaron, pero como profesores temporales porque los que se fueron están en periodo de prueba y pueden regresar a su cargo si lo desean”.

Mendoza, secretaria de San Juan, dice que en la comunicación constante que tiene con la Secretaría Departamental, le ha informado que ya se han hecho más de mil procesos relacionados con estas vinculaciones, pero que el proceso de asignar docentes en las instituciones podría terminar de surtirse en octubre. “Sí, ha sido complejo, pero sabemos que la situación se va a estabilizar cuando todos estén organizados en sus plazas. Esta problemática no se va a repetir cada año, fue algo coyuntural”, explica la funcionaria.

"Esta problemática no se va a repetir cada año, fue algo coyuntural"

Elizabeth Mendoza, secretaria de Educación de San Juan del Cesar

A este contexto se le sumaron otros aspectos que han sido constantes y que han ahondado la problemática de la falta de docentes. Uno de estos son las licencias de maternidad, de luto o las incapacidades de más de tres días que requiere designar un docente temporal para evitar que se interrumpa el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Además de la burocracia que implica enviar la solicitud a la Secretaría Departamental para llenar esa vacante y las demoras que pueden llevar encontrar y designar un reemplazo, también puede pasar que las licencias o incapacidades se renueven y deba realizarse el proceso de nuevo. 

Un ejemplo de esto es lo que sucede en la Institución Educativa María Auxiliadora del municipio de San Juan del Cesar: “Aquí tengo una docente que lleva seis años en un proceso de incapacidades mensuales. No entiendo por qué el comité evaluador de la EPS o a quien corresponda no ha solucionado este problema pensionando a la docente. Con esto ya habrían nombrado un docente de planta”, cuenta el rector Darlin Gámez. En este colegio, por ejemplo, no hay docente de lengua castellana.

En la I.E. Normal Superior de San Juan no hay docente de inglés ni de ciencias sociales y al menos 280 estudiantes están afectados por esto. A la institución se le suma la falta de intérpretes de lengua de señas que son necesarios para el proceso de aprendizaje de los niños en condición de discapacidad auditiva. Son cuatro docentes que requiere la institución y que cada año son contratados por el departamento por prestación de servicios; pero en estos procesos suele haber retrasos y empiezan sus funciones en abril. Eso significa que al menos los dos primeros meses del año lectivo la institución no cuenta con intérpretes.

Según Mendoza, secretaria de Educación de San Juan, esto se da por los procesos de contratación que exigen a las entidades públicas a nivel nacional: “Esta normativa que busca garantizar menor corrupción y mayor transparencia muchas veces termina siendo obstáculo para que los procesos se lleven de forma más ágil”.

Aunque no es una tarea que le corresponda, la secretaria ha intentado apoyar a los maestros teniendo una comunicación constante con la Secretaría Departamental, recibiendo las quejas diarias que le llegan por la falta de docentes y tratando de suplir las necesidades de intérpretes de señas con funcionarios que tienen estos conocimientos o a punta de convenios con instituciones para emplear practicantes.  

Debido a que los procesos de nombramiento y designación de docentes en San Juan y Fonseca dependen de la Secretaría Departamental que hace parte de la Gobernación, los rectores de diferentes instituciones han insistido en agilizar el proceso. Incluso en una reunión realizada a inicios de marzo con el gobernador Jairo Aguilar y los rectores del departamento, acordaron acelerar los procesos. 

Uno de los compromisos, según Mendoza, fue que la misma institución recomendara el docente que debía reemplazar a otro en caso de incapacidad o licencia. Aunque los rectores dicen haber cumplido su parte, siguen presentando demoras.

“Junto a la Asociación de Rectores del Sur de La Guajira hemos asistido en reiteradas ocasiones a la Secretaría de Educación Departamental y solo hemos recibido promesas. Una de ellas es que tendríamos toda la planta de docentes, dos meses después (de iniciadas las clases) el panorama sigue igual o peor, además de la falta de docentes no tenemos servicio de aseo ni vigilancia”, asegura Leonel Rizo, rector de la Institución Juan Jacobo Aragón en Fonseca.

Por eso, Milad Estrada, directivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira (Asodegua), exigió respuestas por parte de la gobernación. “Las directrices deben venir del departamento. Ha habido negligencia administrativa, desidia por parte del gobernador, por eso le vamos a exigir a la ministra de Educación (Aurora Vergara) que se pronuncie”, comentó Estrada.

Por su parte, Adaulfo Manjarrez, exsecretario de Educación departamental, hace un llamado en doble vía. Primero invitando a los padres de familia a matricular de forma oportuna a los estudiantes, ya que la mayoría de ocasiones este proceso se da en abril, después de semana santa, y no permite que haya un registro actualizado de la cantidad de estudiantes reales matriculados en el departamento. El segundo es la necesidad de la ampliación de la planta docente en la Guajira, una tarea que le corresponde al Ministerio de Educación.

Según el exfuncionario, el ideal es que un profesor de básica y media tenga un promedio de 35 estudiantes a su cargo. En La Guajira hay más de 80 mil estudiantes y 3 mil docentes, por lo que las cuentas, ante el Ministerio de Educación, podrían ser acordes.

Pero la realidad en el territorio es otra, así lo explica Leonel Rizo, rector de la I.E. Juan Jacobo Aragón en Fonseca:  "Hay una percepción errada del ministerio frente a la distribución de docentes en el departamento. Según ellos aquí sobrarían docentes, pero desconocen que tenemos mucha población dispersa. Hay zonas rurales donde puede haber ocho estudiantes por  docente".

"Hay una percepción errada del ministerio frente a la distribución de docentes en el departamento"

Leonel Rizo, rector de la I.E. Juan Jacobo Aragón en Fonseca.

Manjarrez coincide con el déficit de docentes frente al número de estudiantes: “La planta de docentes actual no se ha actualizado frente a los 8 mil niños nuevos que han sido matriculados y que tampoco se reflejan en el SIMAT (Sistema de Matrículas Estudiantil). Hoy faltan al menos 435 maestros en el departamento, y para suplirlos toca asignar horas extras o contratar por prestación de servicios”. Pero la peor parte la llevan los estudiantes porque son ellos los directamente afectados al interrumpir sus procesos educativos.

El aprendizaje truncado y el reto de los docentes nuevos por nivelarlo

“Los de grado once no tenemos profesor de Economía. Este mes se acaba el periodo y en el boletín no vamos a tener esa nota”, dice Valeska Pitre, estudiante de la institución Juan Jacobo Aragón de Fonseca. “Algunos sextos, séptimos y octavos no van a tener notas de Español, porque nos hace falta una docente de esa área. En primaria faltan tres directores de grupo y por eso hay cursos con 50 o 60 estudiantes a cargo de un profesor”, continúa. Según el rector Rizo de la institución, hay más de 100 estudiantes afectados, pero hasta el momento no han tenido una respuesta departamental ni municipal. 

No sólo se trata de las estrategias que hacen los rectores para suplir las necesidades de la institución, sino de las consecuencias que acarrea esto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. “La ausencia de un docente rompe el proceso pedagógico. El niño puede perder el hábito de la lectura, la escritura y la concentración, y se van borrando las competencias que se habían sembrado en ciclos anteriores. Aparte del descontento de los padres de familia y de la apatía de aportar al colegio, los niños también se desmotivan y aumenta la probabilidad de deserción”, explica María Fernanda Guerra, docente de Ciencias Naturales de la institución María Auxiliadora de San Juan.

Para hacerle frente a la deserción y no perder el hábito de asistir al colegio, en instituciones como José Eduardo Guerra en San Juan, evitan suspender las clases por la falta de docentes y buscan cómo ocupar a los estudiantes.

“A los niños no los podemos mandar a la casa, tenemos que darles el servicio educativo, vamos a seguir haciéndolo el tiempo que sea necesario”, dice el rector Ricardo Bonivento. Una de sus preocupaciones es que ante la demanda de matrículas ampliaron la cobertura, crearon un salón más en cuarto de primaria, pero después de dos meses de arrancar las clases no tienen un docente que dirija el grupo.

Incluso, si los profesores requeridos llegan a las instituciones en este momento, se supliría la necesidad, pero no significa que el proceso educativo se subsane. En realidad, los docentes nuevos llegan con el reto de nivelar al grupo, avanzar con los temas que ya debían ser dictados y continuar con los que están estipulados en la materia. 

Esa es una labor que debe hacer Leiner Carrillo, un docente nuevo de la Institución Educativa Agropecuaria de Fonseca: “Los estudiantes tienen aproximadamente un año sin docente de Matemáticas. Encontramos la problemática de unos muchachos con unos conocimientos no muy nivelados y unas condiciones mínimas en el área”.

Carrillo cuenta que una de sus labores es sondear el nivel académico de los estudiantes y de acuerdo a esto ir generando contenido en la materia. “Si empiezo las clases de acuerdo a los estándares establecidos por el Ministerio obviamente que los muchachos no me van a responder”.

Para los estudiantes también representa un cambio importante y un choque académico. Ángel Calderón, estudiante de grado once y personero de la I.E María Auxiliadora en San Juan del César, considera que se están viendo afectados durante y después de que se dan los procesos de contratación.

“Cuando estos docentes se incorporan no tienen notas nuestras, así que tienen que tratar de sacar la mayor cantidad de notas posibles para darnos una definitiva a final de periodo. No me parece que esto sea así, porque no aprendemos nada", cuenta Calderón quien considera que se privilegia la nota por encima del conocimiento.

Con problemas permanentes y otros coyunturales, la preocupación de estudiantes, padres de familia, rectores y docentes va de la mano con la realización de las Pruebas Saber que son las que evalúan el desempeño y los conocimientos de los estudiantes al final de la educación básica (grado noveno) y media (grado once).

“¿Qué rendimiento pueden tener esos niños en las pruebas Saber de este año?, ¿cómo el Estado, el Ministerio de Educación, la secretaría de Educación municipal y departamental exigen calidad académica en una institución donde faltan los docentes?”, se cuestiona Patricia Guerra, madre de familia de dos estudiantes en San Juan.   

*Consonante intentó comunicarse con la secretaría de Educación de Fonseca, pero no contestó los mensajes enviados. Al momento de publicar esta historia tampoco obtuvimos respuesta a las preguntas enviadas a la secretaría de Educación Departamental.

Entre el 21 y el 22 de marzo se conformó el primer Comité Municipal de Reforma Agraria y Desarrollo Rural de El Carmen de Atrato. Dentro de  sus funciones está la de participar en la gestión de los procesos de formalización de la tierra y formular y aprobar el plan para implementar la reforma agraria en el municipio, cuyo propósito es redistribuir la propiedad de la tierra, producir alimentos de forma sostenible y llegar con proyectos productivos para dinamizar la economía campesina.

Este comité es importante porque en El Carmen hay campesinos que llevan más de 20 años esperando una reforma agraria que les permita, por ejemplo, tener acceso a la tierra,  cultivar y  comercializar sus productos para mejorar su calidad de vida. “Somos un equipo organizado para ejecutar la reforma agraria, que tiene que ver con la adquisición de tierras y la productividad de estas", cuenta Larry Mosquera, funcionario de la Agencia Nacional de Tierras, territorial Chocó. “Se estaba esperando el comité, desde hace 30 años para canalizar los proyectos productivos (para el campo)”, dice Froilan Zapata, campesino y presidente de la Organización de Víctimas del Pueblo de la Memoria Histórica.

Los comités de reforma agraria no son nuevos, nacieron con la Ley 160 de 1994 que los implementó en los municipios implicados en esa reforma. Sin embargo, fue el gobierno de Gustavo Petro, a través del Plan Nacional de Desarrollo, el que estableció que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) debe ir a los municipios, acercarse a las organizaciones y reactivar los comités como instancias de participación de la sociedad civil. 

En ese sentido, el comité del Carmen hace parte del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que busca que el Estado y las comunidades trabajen de forma articulada para materializar esta reforma. Está conformado por trece miembros entre los que hay representantes de organizaciones campesinas, sociales, culturales, agrícolas, de mujeres, de jóvenes rurales, organismos comunales (como las Juntas de Acción Comunal y las Asocomunales) y comunidades indígenas. 

También está abierta la posibilidad de que el consejo comunitario afro participe activamente de este comité, aunque no asistió a su conformación por falta de recursos. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) acompañará y coordinará el proceso y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) de la Alcaldía serán los encargados de la secretaría técnica. 

¿Qué dicen los participantes?

"Los campesinos y campesinas no hemos logrado tener una voz visible a lo largo de los diferentes periodos de gobierno. Hoy vemos este comité como una posibilidad de participar, visibilizar y tomar decisiones", dice Doris Elena Sánchez, delegada de la Plataforma del Campesinado ante el comité. Para ella este espacio es clave porque les permitirá, por ejemplo, gestionar propuestas productivas y de vivienda en las zonas rurales del municipio.

Para Froilán Zapata, líder campesino, la reforma agraria es importante para los cultivadores de café porque puede ayudarlos a tecnificar y mejorar su producto que, según él, ya no es tan rentable. Esto es clave en una reforma que busca invertir y apoyar la producción del campo, más si se tiene en cuenta que El Carmen es el único municipio del Chocó en el que se produce café. “Como campesino que produce café y busca agregarle valor, le pido al Estado asistencia técnica y respaldo científico para los que vivimos de esto. Hoy el grano no es viable debido a sus precios (en el mercado). Eso tiene que ver con la reforma agraria”, dice Zapata.

"Como campesino que produce café y busca agregarle valor, le pido al Estado asistencia técnica y respaldo científico para los que vivimos de esto"

Froilan Zapata, líder campesino.

Leonardo Estev Vitucay, líder e integrante de la organización indígena Jamaica del resguardo del 18, resaltó la importancia del encuentro y la necesidad de proyectos agropecuarios para beneficio de su comunidad, que actualmente carece de tierras para cultivar plátano, banano, maíz y otros productos que han sembrado tradicionalmente. “Hay tierras pero no son fértiles. Nos hace falta un proyecto más avanzado que dé frutos para el desarrollo de las comunidades”, cuenta. Además resaltó la labor del comité de recopilar y transmitir información en el territorio sobre los proyectos que se desarrollan y que son primordiales para las 22 comunidades indígenas de El Carmen.

Aunque la lucha por la reforma agraria lleva más de dos décadas, hay organizaciones nuevas en el municipio que también integran el comité. Es el caso de la Asociación de Mujeres Floreciendo, una organización creada este año, que busca generar empleo en el cultivo de flores. 

Oliva Gloria Agudelo; representante de la asociación, siente que el comité podría aportar a la comunidad. “Es importante para velar por los derechos de los campesinos y volver a una economía agrícola que fue abandonada en favor de una economía extractivista”, comentó en referencia a la mina que hay en el municipio. Entre las propuestas que tiene Agudelo para El Carmen está armar invernaderos y producir semillas de calidad que puedan abastecer las necesidades locales a largo plazo y exportar los productos carmeleños. 

"Es importante para velar por los derechos de los campesinos y volver a una economía agrícola que fue abandonada en favor de una economía extractivista"

Oliva Gloria Agudelo, representante de la Asociación de Mujeres Floreciendo.

¿Qué dicen las autoridades?

Para Johana Ríos, funcionaria de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la convocatoria para crear el comité fue muy satisfactoria. Además encontró una mesa integrada por representantes de diferentes culturas y organizaciones que conocen el territorio: “Me llamó mucho la atención que, a pesar de tener sus diferencias, puedan concertar y hacer aportes constructivos entre sí”. Ríos se comprometió a transmitir al Gobierno Nacional la necesidad del municipio de contar con personal más capacitado a nivel municipal para informar sobre los procesos y proyectos correspondientes al campo. “El gobierno central tiene muy buenas intenciones, y esperamos que puedan aprovechar al máximo este espacio”, aseguró la funcionaria.

Lo que sigue 

El miércoles 27 de marzo, el comité realizó su primera reunión. En esta, los delegados decidieron enviarle una solicitud al alcalde Jaime Arturo Herrera para reunirse el próximo 10 de abril con el fin de buscar garantías para que haya una participación efectiva. La idea de la reunión es pedirle al mandatario que garantice transporte, alimentación y, en algunos casos, alojamiento de los delegados que viven en sectores alejados. La solicitud, que fue radicada el lunes, se dio porque algunos delegados no asistieron a la primera reunión por no contar con recursos para el transporte y la alimentación en el casco urbano de El Carmen.

Además de la carta a la Alcaldía, el comité inició la formulación de su plan de acción y planteó otros asuntos importantes para el buen funcionamiento del mismo, como la creación de un reglamento interno. Por ahora, según Froilán Zapata, lo que más esperan los campesinos es la formalización de sus tierras y la entrega de insumos. La expectativa está en que el comité no se quede en el papel, al contrario, que pueda gestionar e impulsar acciones concretas que toquen el día a día de los que trabajan en el campo.

Las Juntas de Acción Comunal (JAC) han sido claves para empujar proyectos y obras a favor de las comunidades. Por eso, el Gobierno Nacional ha impulsado iniciativas para que las JAC sean quienes ejecuten proyectos de infraestructura vial en sus territorios teniendo en cuenta que son los que mejor conocen las necesidades de la comunidad. Para esto se  han creado programas como “Caminos comunitarios para la Paz Total”, el piloto del gobierno de Gustavo Petro para contratar la construcción de vías terciarias con las Juntas de Acción Comunal.

El programa es clave para el desarrollo del campo y en El Carmen de Atrato lo saben. Por eso, una asociación de juntas de acción comunal no dudó en postularse a la convocatoria nacional. Se trata de Asocomunal, una asociación fundada hace 32 años que actualmente cuenta con 15 juntas agremiadas y entre 700 a 800 socios. El proyecto presentado a “Caminos comunitarios para la Paz Total” fue el de la construcción de placa huella de 185 metros de la vía que conduce a la vereda La Argelia y tiene un costo de 200 millones de pesos.

Aunque es un proyecto pequeño, representa un avance importante en infraestructura para los habitantes de la vereda y quienes se trasladan hasta esta. Sin embargo, este proceso se ha visto truncado por obstáculos como el exceso de documentación solicitado para postularse a la convocatoria y las exigencias para el desembolso de los recursos. A esto se suma la falta de capacitación y experiencia para acceder a la postulación y ejecución de estos proyectos, y las limitaciones económicas que han tenido durante años.

Contratar con el Estado, ¿cómo?

En julio de 2022 el presidente Gustavo Petro ya había anunciado que en su gobierno contrataría a las Juntas de Acción Comunal para intervenir las vías terciarias del país. Pero sólo hasta el 26 de febrero de 2023, aseguró que daría alrededor de dos billones de pesos para llevar a cabo su propuesta y un mes después empezó a implementar su propuesta. 

La noticia fue recibida con alegría por las comunidades. Según Albeiro Montoya, presidente de la junta de la vereda La Clara e integrante de Asocomunal, la prioridad fue organizarse y saber qué querían para su vereda: “Puede ser un piloto, pero si manejamos poquito y lo sabemos hacer, después vamos a saber manejar mucha más plata. Tenemos que ser muy honestos y amar nuestra comunidad”.

No obstante, cuando el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de la Democracia y la Participación Ciudadana, envió la lista de la documentación necesaria para participar de estos proyectos, empezaron los inconvenientes. La lista incluía una serie de requerimientos que chocaron con la realidad de cómo funcionan las JAC.

Entre los documentos solicitados estaba, por ejemplo, las actas de las asambleas deben escanearse y subirse a una plataforma en un departamento en el que sólo 4 de cada 100 habitantes tienen acceso fijo a internet. También solicitaron el Registro Único Tributario (RUT), que permite conocer la actividad económica de la organización. Aunque es un documento obligatorio, de las 20 juntas de El Carmen de Atrato que están registradas ante el Ministerio del Interior, solo seis de ellas cuentan con este. 

Una de las razones por la cual la mayoría de las juntas del municipio no cuentan con RUT, es porque para tramitarlos requiere sacarlo en Medellín o Quibdó, lo que implica un viaje mínimo de cuatro horas, más los gastos de transporte y viáticos. En El Carmen han intentado facilitar el trámite del RUT, pero los problemas de conectividad no han ayudado.  

“A finales del año pasado, hicieron una jornada supuestamente para que las JAC pudieran sacar el RUT. (El trámite) era virtual, el sistema se cayó y sólo pudieron sacar el de (la vereda) La Clara”, contó Laura Giraldo, presidenta de la Asocomunal. Esa es una muestra de los retos a los que se enfrentan las JAC cuando les exigen trámites digitales Por esta razón, Giraldo dice que las JAC en El Carmen solo existían en el papel y que la falta de conocimiento por parte de los funcionarios gubernamentales sobre la naturaleza y funcionamiento de estas ha sido un desafío recurrente.

A pesar de estas dificultades, la organización comunal logró presentar los documentos y ser seleccionada para pavimentar 185 metros de la vía que conduce a La Argelia. Pero la ejecución de esta obra tampoco ha sido fácil. Uno de los primeros retos con los que se encontró Asocomunal fue la aprobación de la cuenta bancaria a la que girarían el dinero para el proyecto. 

Según Doris Cardona, presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Arboleda y tesorera de Asocomunal, no les aceptaron la cuenta bancaria que tenían con Bancolombia. Por esta razón la representante legal de la organización tuvo que viajar varias veces a Quibdó para abrir una nueva. “En El Carmen de Atrato no podemos ir a Quibdó cada vez que vayamos a hacer un pago. ¿Cómo vamos a hacer? Nos toca ir a sacar la plata y traerla, hay que tener en cuenta el riesgo que eso implica”, dijo Cardona. Al final lograron abrir una cuenta con el Banco Agrario, un proceso difícil porque la entidad exige más de 10 requisitos, incluido un balance financiero firmado por un contador.

"En El Carmen de Atrato no podemos ir a Quibdó cada vez que vayamos a hacer un pago"

Doris Cardona, presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Arboleda

Después de superar el impase con la cuenta bancaria, la Asocomunal recibió la noticia de que tenían un error en las pólizas de seguros, unos documentos que son claves porque protegen el proyecto de acuerdo a los riesgos que estos puedan tener. Aunque desde el Instituto Nacional de Vías (Invías) les dijeron que ellos se encargarían de corregirlo, Cardona asegura que llevan dos meses esperando a que lo hagan. Debido a esto, la obra no ha empezado a ejecutarse y se ha convertido en un proyecto lleno de inconformidades.

Las deficiencias estructurales

A las dificultades que han tenido las juntas para ejecutar el proyecto con el gobierno, se le suman otros problemas que impiden el fortalecimiento de la organización. La falta de un espacio para reunirse y las dificultades económicas que enfrentan son una muestra de esto.  Albeiro Montoya, presidente de la junta de la vereda La Clara, cuenta que a pesar de los esfuerzos por conseguir un salón comunal, aún no tienen los recursos necesarios para construirlo. 

Los encuentros de la JAC se dan en las casas de vecinos que los apoyan, pero no tener un punto de encuentro fijo dificulta la toma de decisiones en conjunto e impide que haya un sólo lugar en el que, por ejemplo, se archiven documentos claves como los libros de tesorería o las actas de las asambleas. “Necesitamos un centro comunitario, ya estamos tocando puertas para conseguirlo. (...) Es lamentable no contar con un espacio”, afirma Montoya.

“Necesitamos un centro comunitario, ya estamos tocando puertas para conseguirlo. (...) Es lamentable no contar con un espacio”

Albeiro Montoya, presidente de la junta de la vereda La Clara.

Los retos económicos no son sólo para construir un salón comunal, también lo son para suplir las necesidades diarias de las JAC: desde fotocopias y transporte hasta la intervención en pequeñas obras que benefician a la comunidad. Para sostenerse económicamente algunas juntas han optado por recoger fondos. En ocasiones, los miembros aportan una cantidad mensual, otras veces apoyan actividades con el fin de generar ingresos. Este es el caso de la junta de la vereda La Arboleda en la que consiguen recursos a través de actividades como bingos. Con el dinero recolectado han logrado, por ejemplo, construir un baño completo en la escuela de la vereda. 

Este método les ha brindado independencia financiera. Sin embargo, es un modelo insostenible a largo plazo. Doris Cardona, miembro de una de la junta de La Arboleda, nos cuenta que no están preparados para asumir ni trabajar con dinero del Estado que sobrepasa por millones los presupuestos que han manejado. Además, asumir el reto de llevar a cabo una obra implica el buen manejo de los recursos, la preparación para relacionarse con el Estado en términos de contratación y el tiempo para ejecutarla. 

Este último ha sido uno de los grandes retos porque el trabajo en las juntas es voluntario y no remunerado. Lo que implica que los integrantes de las organizaciones deban buscar otras alternativas de sustento económico, y no puedan dedicarse tiempo completo a, por ejemplo, ejecutar una obra. “No estamos preparados para asumir los recursos y los requisitos que ellos exigen, y no tenemos el tiempo como miembros de la JAC para ofrecerlo exclusivamente a eso. Yo estoy jubilada, pero tengo mis cosas, otros tienen que ganarse el pan de cada día y casi todas (las integrantes son) mujeres cabeza de hogar”, destaca Cardona. 

En ese mismo sentido opina Laura Giraldo, presidenta de Asocomunal: “Nosotros ponemos todo, pero hay límites. Dentro de los proyectos aparece plata para pagarle al ingeniero, al contador, pero no aparece plata para que se bonifique, por lo menos, una parte del trabajo que hemos hecho”. 

Por esta razón, Giraldo considera que es necesario que en los proyectos se destine una bonificación o un recurso para viáticos para los que están al frente de la junta y que son los que se dedican a ejecutar los proyectos que terminan beneficiando a la comunidad. Por ejemplo, en la vereda Guaduas, sus habitantes, de la mano de las Juntas de Acción Comunal, se movilizaron por más de diez años y lograron que el Gobierno Nacional se comprometiera a invertir en su única vía de acceso. Lo que muestra el poder que pueden llegar a tener las JAC a nivel local y nacional.

A pesar de todos los obstáculos en la participación del programa “Caminos comunitarios para la Paz Total” y de no haber podido ejecutar el proyecto que les fue adjudicado, líderes de El Carmen consideran que los obstáculos también pueden ser un aprendizaje. Para ellos, esta también es una forma de prepararlos para que más adelante puedan seguir contratando con el gobierno.

Para lograrlo, las juntas piden capacitaciones y dotación de equipos digitales, con el fin de responder a un gobierno que quiere empoderarlas, pero que aún no les da las herramientas para hacerlo. “Las Juntas de Acción Comunal no manejamos computadoras porque no tenemos. Prácticamente no tenemos nada, trabajamos con las uñas y el gobierno, muy bueno y todo, pero hasta este momento no han abierto ni siquiera las convocatorias para que nosotros nos capacitemos y podamos ejecutar”, agrega Laura Giraldo.

“Es la primera vez que se instala una comisión para hacerle seguimiento a una consulta previa”, dijo la senadora Imelda Daza, del partido Comunes. Era 12 de marzo y estaba dando las primeras palabras en la comisión accidental que ella impulsó y cuya tarea es la de hacerle seguimiento al proceso de consulta previa que se realiza en el corregimiento de Cañaverales, San Juan del Cesar, al sur de La Guajira. Allí, la minera Best Coal Company (BCC) quiere llevar a cabo el proyecto “Mina Cañaverales” para explotar carbón a cielo abierto por 10 años. 

Cañaverales, un corregimiento de vocación agrícola, es clave en el plan de BCC porque es liderado por el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales, una de las nueve comunidades que serán impactadas por la mina, y la única con la que la empresa aún no tiene un acuerdo. Para lograrlo, BCC y el consejo comunitario deben surtir un proceso de consulta previa, que es un derecho que tienen los grupos étnicos para decidir sobre las acciones, proyectos u obras que se pueden hacer en sus territorios. 

Pero la minera argumentó que la consulta previa se ha dilatado, algo que niegan desde el Consejo Comunitario, y solicitó que se aplique el test de proporcionalidad. Si eso sucede, la consulta previa se descarta, se pasa a estudiar las afectaciones del proyecto y es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la que finalmente da el visto bueno o no a la mina. La posibilidad de saltarse la consulta previa fue lo que llevó a la senadora Daza a proponer que se le hiciera seguimiento al proceso. 

Hasta el momento, la instalación de la comisión ha sido la movida más visible a nivel nacional sobre el proyecto minero. Pero hace parte de una serie de decisiones y medidas que, intencionales o no, pueden repercutir en la posibilidad de hacer una mina en Cañaverales y que se han venido impulsando desde finales del año pasado. Además, estas medidas son afines a las banderas ambientales que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro y de su propuesta de “pasar de una economía extractivista a una productiva”.

La comisión del Congreso está del lado de la comunidad

Hasta noviembre del año pasado, el proyecto minero de BCC en Cañaverales era un tema que se movía más en la agenda de La Guajira y el Caribe. Pero la intervención de la senadora Imelda Daza en una de las últimas sesiones del Congreso el año pasado, llevó a que este tema se pusiera en la agenda nacional. En su intervención del año pasado, Daza hizo un llamado para que se respetara la consulta previa asegurando que el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales se han opuesto a la mina desde 2009 y que esta “amenaza la supervivencia” del manantial que surte de agua al corregimiento y al menos otros cuatro territorios.

Daza le dijo a Consonante que conoció sobre el proyecto minero en Cañaverales de dos formas: porque una de las integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativa (UTL) es del corregimiento y porque hace unos cuatro años, en una visita a un festival de La Guajira, tuvo la oportunidad de hablar con representantes de Cañaverales que le contaron sobre la posible mina. 

Desde entonces, la senadora ha seguido de cerca el proceso entre la comunidad de Cañaverales y el proyecto minero. En especial porque ve en la explotación minera una amenaza para la vida humana y la naturaleza. “Ellos (la minera) no cuentan eso, sólo hablan de un futuro prometedor. Yo estaba acá cuando se iba a iniciar la explotación de los carbones del Cerrejón y escuché cantidad de conferencias de las maravillas que iban a explotar”, dice Daza quien asegura que la mina del Cerrejón ha dejado pueblos fantasmas como el caso de Tabaco.

El llamado a respetar la consulta previa en Cañaverales se tradujo en una comisión accidental, como se le llama a la unión de varios congresistas que deciden hacerle seguimiento a un tema. A Daza se le sumaron otros siete senadores entre los que están Iván Cepeda del Polo, Aida Avella de Unión Patriótica, Aída Quilcué de Mais y Pablo Catatumbo de Comunes.

En la propuesta inicial que pasaron para crear la comisión su objetivo principal es hacerle seguimiento a la consulta previa. Pero entre sus funciones también está: presentar informes sobre los impactos sociales y ambientales asociados a la mina, fomentar la participación de la sociedad civil y la academia, y promover un diálogo transparente y constructivo asegurando “que la voz de la comunidad de Cañaverales sea escuchada equitativamente”. 

Ese último punto es clave porque el sentir desde el consejo comunitario es que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (Dancp), del Ministerio del Interior, que debería ser imparcial, se ha inclinado a favor de la empresa minera. Así lo expresó Óscar Gámez, presidente de Los Negros de Cañaverales, en entrevista con Consonante a finales del año pasado: “La Dancp, no sólo sus funcionarios sino la dirección, le ha colaborado a la empresa con la aplicación del test de proporcionalidad porque es la que, en principio, dice si aplica o no. La dirección ha avalado lo que ha dicho la empresa para que pida el test”. 

"La Dancp ha avalado lo que ha dicho la empresa para que pida el test"

Óscar Gámez, presidente de Los Negros de Cañaverales.

La senadora Daza también ha estado en desacuerdo con la forma en la que se ha dado la relación entre el Ministerio del Interior y la comunidad. Según contó, en la última reunión en Cañaverales en la que esa entidad hizo presencia y a la que ella asistió, notó que los funcionarios del ministerio estaban más interesados en escuchar a la empresa que a la población. “Cuando salieron a hablar los del consejo comunitario y comentaron el impacto que tendría la mina en el manantial y lo que representa para la creación de versos musicales y el impacto cultural en la comunidad, los funcionarios hacían gestos burlescos”, comentó.

Frente a las acciones e incidencia que puede tener la comisión en el consejo comunitario y en el proceso de consulta previa, la senadora Daza dijo que convocarán a una audiencia pública con las comisiones de Senado y Cámara en temas ambientales, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y a voceros de partidos verdes en Europa para que los acompañen. La congresista no dio más detalles sobre lo que harán: “Eso no te lo puedo responder, no le voy a dar los argumentos a las BCC”. Pero aseguró que tienen un objetivo: “Se trata de buscar por todos los caminos que no se dé la licencia para explotar carbón en Cañaverales”.

La presencia de la senadora en Cañaverales, que viene desde hace años, y la creación de la comisión ha tenido una buena acogida por parte de la comunidad. Para Dayeli Gámez, del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales, esa es una de las formas que tienen de incidir y demostrar que también tienen apoyo en otras instancias. 

Por su parte, Gabriel Bustos, gerente ambiental de BCC, dice que desde su mirada personal, la comisión llega con prejuicios al proyecto: “Si la comisión fuera neutral, bueno; pero la comisión llega con un sesgo. En Cañaverales, la senadora Imelda nos dio un discurso en el que mostraba que para ellos la minería es un desastre, pero el desastre es la minería ilegal. Nosotros queremos ser objetivos, el proyecto no va a acabar con la vocación agrícola, ni con el manantial, es un negocio en el que todos participan”.

"El proyecto no va a acabar con la vocación agrícola, ni con el manantial, es un negocio en el que todos participan"

Gabriel Bustos, gerente ambiental de BCC.

El Ministerio de Agricultura quiere incentivar la vocación agrícola

El 17 de febrero, en el polideportivo del Cañaverales, el Ministerio de Agricultura se reunió con más de 100 habitantes del corregimiento. Los dos funcionarios del ministerio que asistieron al evento abierto llevaron un aviso importante: Cañaverales será declarado un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), que son territorios rurales relevantes en la producción de alimentos que contribuyen al derecho a la alimentación. Por lo mismo, son zonas de interés especial que deben protegerse y en las que se debe promover el uso eficiente del suelo rural con fines agrícolas y ganaderos. 

Las APPA son un esquema de ordenamiento territorial, es decir que la gestión y la planeación del lugar que es declarado como tal debe hacerse en función de esta. José Quiroga, director de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Agricultura, asegura que la decisión de declarar a Cañaverales fue estratégica en dos aspectos. 

El primero es que el corregimiento tiene un sistema de riego que ha permitido que en una región en la que prima un ecosistema de bosque seco, se produzcan múltiples alimentos como plátano y yuca. “En el peor momento del Fenómeno del Niño lo que garantizó la alimentación en la zona fue la acequia del manantial”, dice Quiroga y cuenta que el corregimiento es considerado la despensa agrícola del sur de La Guajira.

El segundo es que es una forma de garantizar que la comunidad sea consultada y que en lugar de que prime la vocación minera, se fortalezca la vocación agrícola. Quiroga explica que al declararse una APPA, la infraestructura, el comercio y la minería están supeditadas a esta. Eso podría ser un problema para el proyecto que quiere hacer BCC en Cañaverales porque, según el funcionario del ministerio, los efectos de esa declaratoria son inmediatos: “Sería un nuevo escenario que reafirma que no se puede explotar sin que se consulte a las comunidades y, si se hace, requieren los impactos y consecuencias ambientales del proyecto”.

Quiroga cuenta que estaban implementado la respectiva ruta metodológica que formularon para declarar una APPA cuando empezaron a escuchar y documentar el caso de Cañaverales con el proyecto minero. Eso los impulsó a que el área fuera declarada en la zona: “En el ministerio tenemos un mandato constitucional que es el de proteger y garantizar los derechos territoriales de los pueblos negros, indígenas y campesinos”. La declaratoria de la APPA aún no se ha firmado, pero en julio del año pasado se declaró la Zona de Protección de Producción de Alimentos, el territorio más amplio del que se seleccionan las áreas, que está integrada por nueve municipios, varios de ellos convergen o limitan con Cañaverales. 

Para Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que acompaña el proceso del lado de la comunidad que se opone a la mina, lo que hace el Ministerio de Agricultura es cumplir con sentencias que ha dictado la Corte Constitucional en años anteriores. “No es un tema caprichoso del ministerio decir que hacen esto porque se les ocurre, hay múltiples sentencias judiciales que así lo ordenan. Lo que vemos es que el ministerio está tratando de cumplir con algunas pautas de esas sentencias como la de la Ventanilla Minera”, afirma. 

"No es un tema caprichoso del ministerio decir que hacen esto porque se les ocurre, hay múltiples sentencias judiciales que así lo ordenan"

Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

La sentencia a la que se refiere Mateus confirma, por ejemplo, el amparo de los derechos colectivos a un ambiente sano, a la conservación de especies animales y vegetales y a la protección de áreas de especial importancia ecológica. Mateus también dice que la declaratoria del ministerio da insumos para evitar que se lleve a cabo el proyecto “Mina Cañaverales”. Según ella: “Ayuda a revalorar la vocación agrícola de un territorio para decir que ahí no puede primar un proyecto que destruya esa vocación en un mundo en el que estamos hablando de descarbonización”.

Por ahora, la resolución que oficializa la APPA está demorada. Las áreas debían determinarse en octubre, pero se prorrogó hasta enero y luego hasta abril. Según el Ministerio de Agricultura, la demora se debe a que siguen levantando información, pero la APPA es un hecho. Incluso la ministra Jhenifer Mojica se ha referido a esta en sus redes como una realidad. De hacerlo, sería la primera Área de Protección de Producción de Alimentos que se declara en La Guajira.

“Para nosotros es como un premio que nos merecemos. Queremos fortalecer nuestra vocación agrícola y no la minera que nos puede destruir el territorio. La declaración de la APPA seria un reconocimiento a nuestra labor campesinos”, dice Orangel Moya, integrante de la asamblea del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales. Pero no se trata sólo de la declaratoria, los habitantes del corregimiento también están esperanzados en las promesas que hizo el Ministerio de Agricultura en su visita.

"La declaración de la APPA seria un reconocimiento a nuestra labor campesinos"

Orangel Moya, integrante de la asamblea del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales.

Edwar Fragozo, un agricultor de 25 años, cuenta que la entidad se comprometió a apoyarlos con maquinaria, equipos e insumos para fortalecer el campo en Cañaverales. “También nos van a ayudar con la planificación porque uno siembra con la esperanza de vender, pero no sabe a quién. Lo importante es que las instituciones lleguen para reforzar la economía”, afirmó.

Por su parte, Bustos, gerente ambiental de BCC, dijo que están a la expectativa de lo que pueda pasar: “Estamos atentos a lo que defina el gobierno. Creo que las autoridades respetarán las concesiones mineras que se han otorgado porque esto no es ilegal. Ambas decisiones son del Estado, tanto las tierras para la producción alimentaria como para la explotación minera”. 

Hay una decisión más que podría inclinar la balanza a favor de la comunidad que se opone al proyecto minero. Se trata del decreto firmado en enero de este año por el Ministerio de Ambiente en el que da los criterios para identificar, delimitar y declarar Reservas de Recursos Naturales. Entre ellos está que en el territorio haya áreas de importancia estratégica para conservación de recursos hídricos que surtan, por ejemplo, acueductos o que soporten la disponibilidad de agua para garantizar la alimentación.

En ese caso, el manantial de Cañaverales podría considerarse como una posible reserva porque aparte de surtir el riego, también hace parte del consumo diario y del acueducto comunitario del corregimiento. Bustos de BCC, cree que las condiciones para declarar la reserva e impedir la mina deben ser muy precisas e insiste en que la operación de esta sería muy pequeña y no generaría impactos ni al manantial ni a la región. Consonante intentó comunicarse con el Ministerio de Ambiente para conocer el alcance de este decreto, pero no contestaron las preguntas enviadas. 

Para Mateus de Cajar, decretos como el del Ministerio de Ambiente son el aterrizaje del discurso que ha tenido el actual gobierno frente a la descarbonización, la protección del medio ambiente y la priorización del campo: “Por fin estamos viendo reflejados en algunos decretos de entidades del Estado la materialización de las banderas que ha tenido el gobierno a nivel nacional”.  

La incertidumbre con el test de proporcionalidad

Mientras esas decisiones del gobierno obstaculizan el proyecto minero y benefician a la comunidad que se le opone, otras parecen incentivarlo. El ejemplo más reciente es el de la aplicación del test de proporcionalidad que se saltaría la consulta previa. 

La empresa y la comunidad de Cañaverales esperaban el fallo del juez para definir si se aplicaba o no el test. Pero el 18 de diciembre del año pasado, el juez Ceilis Riveira del Juzgado Primero Administrativo de Riohacha dijo que esa labor le correspondía a la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa (Dancp) y que debía atenerse a lo resuelto en octubre y noviembre de 2022 cuando el mismo juez ordenó suspender el test de proporcionalidad y reactivar la consulta previa, aunque esta decisión ha sido apelada por el ministerio.

Jaime Álvarez, gerente social de BCC, dijo que desde la empresa le pidieron a la Dancp que se pronunciara al respecto para saber en qué estaba el proceso. Álvarez aseguró que la respuesta fue que el test quedó en firme porque la comunidad fue renuente a hacer la consulta. Consonante conoció la respuesta al oficio que presentó BCC y que es firmada el 2 de febrero por el subdirector de gestión de la Dancp. Según esta, el test de proporcionalidad queda en firme. Sin embargo, desde el Consejo Comunitario dijeron que no han sido notificados sobre esta decisión. Hasta el momento, la jefa de prensa de la Dancp no respondió cuál es el estado de este proceso.

A pesar del aviso que recibió BCC, en la práctica continúan los intentos por defender la consulta previa con la puesta en marcha de la comisión del Senado. Ese mismo día, el Ministerio de Agricultura pidió ser un tercer interviniente para ayudar, desde el lado del corregimiento de Cañaverales, en el proceso de seguimiento de la acción de tutela que puso el consejo comunitario contra BCC, el Ministerio del Interior, entre otros, y con la que buscaban proteger el derecho a la consulta previa.

Por ahora, el oficio que deja en firme el test de proporcionalidad ha sido difundido entre la comunidad de Cañaverales, pero sin un documento oficial, como una resolución sobre lo decidido, y sin haber avisado a las partes, no queda claro cuál es el proceso a seguir. Mientras que para BCC es el de aplicar el test y luego esperar la respuesta en la Anla, el de la comunidad es seguir insistiendo en la consulta previa.

Hace un año, el gobierno de Gustavo Petro lanzó ‘Caminos comunitarios para la Paz Total’, un programa liderado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) en el que las organizaciones de acción comunal (como juntas, asociaciones, asocomunales, entre otras) postulaban un tramo de una vía que estuviera en su área de influencia para que ellas mismas lo intervinieran con el fin de mejorarlo o rehabilitarlo. Ese era el primer gran paso para cumplir la directriz que Petro dio cuando recién fue elegido presidente: contratar la construcción de las vías terciarias del país con las Juntas de Acción Comunal (JAC).

La propuesta de que el Estado contratara con las JAC no era nueva ya que la ley lo permite desde 2012 por medio de los llamados ‘Convenios solidarios’; que son un mecanismo de contratación en el que ambas partes se unen para desarrollar proyectos o programas en beneficio de una comunidad. “Esos convenios son una apuesta desde la propia ley para que la comunidad participe de manera directa en la ejecución de proyectos dirigidos a satisfacer sus propias necesidades”, cuenta Alejandro Sarmiento, gestor de la subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente, la entidad rectora de la contratación en el país. 

Uno de los propósitos de ‘Caminos comunitarios para la Paz Total’ es el de incentivar  la participación comunitaria con el fin de “jalonar el desarrollo social”, según su página web . El programa también tiene como meta intervenir más de 33 mil kilómetros de vías, que equivalen casi a una cuarta parte del total de las vías terciarias que estaban en mal estado en el país hasta el 2018.

Las JAC son claves en ese sentido por ser organizaciones cívicas y comunitarias, sin ánimo de lucro, que tienen como fin atender las necesidades de las comunidades que representan a nivel veredal o barrial. Además, según el Ministerio del Interior, hasta 2018 fueron las responsables de construir el 30% de la infraestructura comunitaria en el país. 

A ‘Caminos comunitarios para la Paz Total’ se inscribieron 29.350 propuestas de las más de 63 mil Juntas de Acción Comunal que hay en el país. Con corte a octubre del año pasado,  según la rendición de cuentas de Invías, se suscribieron 557 convenios con organismos de acción comunal. Aunque según la página web del programa, se firmaron 1381 convenios, más del doble de lo que iba hasta octubre.

La apuesta del gobierno fue bien recibida por la acción comunal, viéndolo como una forma para fortalecer sus proyectos en el territorio. Pero en la ejecución de los convenios se han tropezado con exigencias como la de contar y digitalizar más de 18 documentos para participar en la convocatoria, los retrasos para girar los recursos y lo que los comunales consideran que es un desconocimiento de cómo funcionan sus organizaciones. 

“La intención del gobierno es buena, pero en el terreno hemos encontrado mucho problema con los técnicos, con los abogados, con la intermediación de la corrupción, con el chantaje a las juntas y con la burocracia”, cuenta Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal.

"La intención del gobierno es buena, pero en el terreno hemos encontrado mucho problema"

Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal.

Una buena propuesta con una ejecución problemática

Lenin González; presidente de la Federación de Acción Comunal del Chocó, la organización que reúne a las juntas de acción comunal de todo el departamento; dice que desde el día uno vio con buenos ojos la propuesta del gobierno de contratar con ellos la construcción de las vías. “Acogimos la propuesta con ganas de trabajar”, afirma. Para él, esa fue la primera vez en la que sintió que un gobierno le daba importancia a las Juntas de Acción Comunal, más allá de la época electoral en la que suelen buscarlos por los votos que representan. 

Pero los inconvenientes empezaron desde la postulación al programa. González dice que hubo juntas que no pudieron presentarse porque no estaban registradas ante el Ministerio del Interior y por lo mismo no contaban con personería jurídica, documento obligatorio para postularse a la convocatoria. Otras, por ejemplo, tuvieron dificultades para completar los 18 documentos que les solicitaban, entre los que estaban los estatutos actualizados, libros de afiliados, libros de tesorería y actas que debían escanear y subir a una plataforma. 

Niria Brito, presidenta de la Federación de Acción Comunal de La Guajira, también escuchó quejas similares, una de las principales fue el desconocimiento y las barreras en temas digitales: “Para estar en la acción comunal lo único que se necesita es tener voluntad para servir, por eso muchos de nosotros no tenemos conocimientos de esa tecnología y de todos esos procesos que ellos estaban exigiendo. Ahora, si nosotros en lo urbano tenemos problemas de conectividad, imagínese nuestros compañeros en la ruralidad”.

"Si nosotros en lo urbano tenemos problemas de conectividad, imagínese nuestros compañeros en la ruralidad"

Niria Brito, presidenta de la Federación de Acción Comunal de La Guajira

Según ‘Caminos Comunitarios para la Paz Total’, de los casi 30 mil registros que hubo a la convocatoria, 6.112 no terminaron el proceso por falta de documentación. Para González, en el Chocó la falla principal es que no hubo un acompañamiento institucional en un proceso que, para ellos, era nuevo.

Después de que las propuestas fueron aprobadas y se firmaron los convenios con Invías, vinieron los problemas con la entidad. Comunales como Brito, de La Guajira, aseguran que hay un desconocimiento sobre cómo funciona la organización y eso ha impedido que la ejecución fluya de la mejor manera. “Si el presidente de la junta no está o no puede firmar, nosotros nos reunimos en asamblea y definimos otro dignatario para que lo haga, como lo permiten los estatutos, pero el asesor jurídico que manda Invías no quiere aceptarlo cuando esa fue una decisión que tomamos bajo nuestra estructura y normativa”, afirma. 

Brito dice que desde la entidad les han pedido que, para aceptarles el documento, el presidente de la junta debe renunciar y que otro asuma el cargo, pero sienten que con esas exigencias los funcionarios de Invías se está extralimitando y vulnerando la autonomía que tienen como organización de acción comunal. “Ese es un choque que nos ha impedido avanzar”, asegura. Pero no es el único. 

Cardona, de la Confederación Nacional, señala que los requisitos que ha impuesto Invías para ejecutar las obras también se han convertido en un “factor de perturbación” para llevarlas a cabo y ha coartado la libertad de la junta para moverse financieramente. Cuenta que uno de los requisitos es que el certificado de la cuenta a la que se va a girar la plata de las placas huellas esté firmado por un miembro de la junta y un funcionario de Invías.

“Esto, sumado a que la entidad sea la que ponga el interventor, me parece que ha enredado y complicado todo y ha abierto la puerta para que los mismos funcionarios chantajeen a las juntas. Tenemos denuncias de comunales a los que los funcionarios de Invías les imponen los contadores o los ingenieros por presión o porque de lo contrario la junta no pasa la interventoría”, comentó Cardona, pero no habló de ningún caso en particular ni dio nombres de funcionarios. “Esas son cosas que pasan y que seguro en el gobierno no saben, pero en el territorio sí se dan”, asegura.

A todo esto se han sumado los retrasos en el giro de los recursos para iniciar algunas obras. Julián Higuita, de la Federación de Acción Comunal de Antioquia, dice que las demoras se deben a que las mismas juntas no conocen los documentos que deben presentar para que les hagan los giros. “Debido a esto hay funcionarios técnicos de Invías que se aprovechan y cobran a las juntas para hacer los informes de avance”, cuenta.

"Hay funcionarios técnicos de Invías que se aprovechan y cobran a las juntas para hacer los informes de avance"

Julián Higuita, de la Federación de Acción Comunal de Antioquia

Para Niria Brito, de La Guajira, las demoras han significado un retraso en el pago de la deuda de dos millones de pesos que adquirieron con el fin de pagar las pólizas que les pedían para el convenio. También ha sido un factor de incertidumbre: “Pensábamos iniciar las obras en septiembre, pero no fue posible. No nos giraron, no sabemos por qué y ahora Invías nos dice que no han contratado a las personas con las que nos vamos a entender”.

Por ahora, la gran prueba del gobierno para contratar con las juntas no ha llenado las expectativas de los comunales. Aunque esta ha sido la más visible y pública, hay otros procesos, más pequeños, que están marchando con sus aciertos y desaciertos.

La contratación con la acción comunal más allá de las vías

Antes del programa ‘Caminos comunitarios para la Paz Total’ hubo otra convocatoria dirigida a organizaciones de acción comunal. Su fin era financiar ollas comunitarias, por medio de alianzas público-populares, para garantizar la alimentación de personas afectadas por la ola invernal. El programa, encabezado por la Unidad de Gestión del Riesgo, fue criticado por los comunales porque  hubo fundaciones que, en lugar de ser facilitadoras, se convirtieron en contratistas o terminaron manejando la logística de las ollas comunitarias.

Así lo denunciaron varios líderes de Juntas de Acción Comunal en la subregión de La Mojana en la costa Caribe. Por esto, y porque decían haber recibido elementos de mala calidad, decidieron parar la ejecución del proyecto. Algo similar pasó en La Guajira, Niria Brito resaltó el papel que tuvieron las fundaciones y que los terminó desplazando de la contratación: “Necesitamos que no sean terceros los que manejan estos contratos, que sean las organizaciones de la sociedad civil. De lo contrario, se pierde el sentido de lo comunitario”, dice.

"Necesitamos que no sean terceros los que manejan estos contratos, que sean las organizaciones de la sociedad civil"

Niria Brito, presidenta de la Federación de Acción Comunal de La Guajira

Otras ollas comunitarias también pararon, pero esta vez por retrasos en el pago. María Stella Valencia, quien estuvo al frente de la olla comunitaria del barrio Santana en Quibdó– Chocó–, cuenta que la ejecución del proyecto inició alrededor de julio, tenía una duración de tres meses, pero no se ha terminado porque el último giro, que lo esperaban entre septiembre y octubre, no ha llegado. Aunque Valencia dice que la suspensión fue una decisión tomada en una asamblea de la Junta de Acción Comunal y fue consecuencia de los manejos internos que ha tenido Gestión del Riesgo, la imagen de los líderes es la que termina afectada porque son ellos los que ponen la cara a la comunidad y a los que responsabilizan de la ejecución. 

“Desde el año pasado estoy esperando el desembolso. El proceso ha sido traumático para nosotros porque, cuando el proyecto se demora en reiniciar, la comunidad empieza a pensar que nos robamos los recursos y es la imagen de la junta la que queda en entredicho. La gente desconoce que esto es por procesos internos de la entidad y no nuestros”, dice Valencia. A pesar de eso, resalta lo que significó el proyecto: darle dos comidas diarias a 150 personas todos los días durante dos meses.

La petición de la acción comunal se resume en lo que dice el presidente de la Federación de Acción Comunal del Chocó, Lenin González: “Necesitamos que el Estado sea más efectivo”. Por  ejemplo, el proceso que para ellos puede replicarse es el de la Red Nacional de Brigadas Forestales, una iniciativa del Ministerio de Ambiente junto con la Unidad de Gestión del Riesgo, que vincula a las Juntas de Acción Comunal para prevenir, monitorear y responder de forma más inmediata a los incendios forestales. 

"Necesitamos que el Estado sea más efectivo"

Lenin González, presidente de la Federación de Acción Comunal del Chocó

“Mis respetos para el trabajo que está haciendo el Ministerio de Ambiente; nos ha capacitado, ha facilitado el proceso y lo más importante, dignifican a los comunales porque también les dan unos honorarios por el trabajo que están haciendo”, dice Julián Higuita, de la Federación de Antioquia. Hasta finales de 2023, había unas 80 brigadas en 24 departamentos integradas por más de mil personas.

Para Cardona, de la Confederación Nacional, el éxito de las brigadas con el Ministerio de Ambiente se debe a que los requisitos para participar en esta fueron construidos de forma conjunta. “El problema de algunas ofertas del gobierno es que fueron lanzadas sin contar con la estructura comunal de la confederación, las federaciones y las asociaciones municipales y sólo nos llaman cuando hay problemas que quieren que resolvamos”, manifiesta. 

Por eso la propuesta de Cardona es que el diálogo con la acción comunal se dé antes de lanzar un programa para que pueda llegar a los territorios y ejecutarse de la mejor forma sin poner en riesgo a sus representantes. Cardona explica que este punto es clave porque la acción comunal es una de las más victimizadas y corre mayor riesgo cuando son los responsables de ejecutar proyectos o manejar presupuestos. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y  la Paz (Indepaz), de los 188 asesinatos de líderes sociales que hubo el año pasado, las organizaciones comunales pusieron el mayor número: 50.

A pesar de los tropiezos, desde la acción comunal dicen estar dispuestos a seguir en el proceso y abrirse a otros campos como el manejo del Plan de Alimentación Escolar (PAE), llevar conectividad al campo y desplegar programas de prevención en salud en los territorios, como lo ha propuesto el presidente.

*Consonante solicitó una entrevista con el Instituto Nacional de Vías (Invías) para hablar sobre el proyecto ‘Caminos comunitarios para la Paz Total’, pero hasta el momento de publicar esta historia no habían contestado las preguntas enviadas.

Arnoldo Palacios tenía ocho años cuando le pagó 10 centavos a una gitana para que le adivinara la suerte. “Tú no vas a vivir acá, vas a vivir en el extranjero. A los 20 años ya no estarás acá, te vas a casar con una mujer rubia y en la línea de la mano dice que tendrás una vida larga”. Tenía razón. Lo que no le dijo fue que antes de irse del país escribiría ‘Las estrellas son negras’ su primer libro; la obra en la que retratará la pobreza, el hambre y el olvido estatal del Chocó y por la que será considerado uno de los máximos exponentes de la literatura afrocolombiana.

La visión de la gitana era una fantasía para un niño como Arnoldo Palacios, quien en la década de los 30 vivía en Cértegui, un municipio pequeño y rural del Chocó –que para ese momento ni siquiera había sido declarado departamento–. Palacios, desde los dos años tenía las piernas paralizadas a causa del polio y sólo tenía una camisa y una pantaloneta que usaba cuando iba de su vereda al pueblo. 

En Cértegui, su pueblo natal, Arnoldo Palacios empezó a acercarse a las letras. “Había un librito que se llamaba ‘Lecturas escogidas’ que pasaba de mano en mano. Ahí comencé a leer, no había más. Tenía las hojas desprendidas, pues lo había leído todo el mundo (...) En esos tiempos leía todo lo que llegaba al pueblo”, le dijo a la revista Bocas en 2015. Ese gusto por la lectura se lo atribuyó al polio porque, para él, esa fue la única forma de pasar sus días cuando no tenía cómo moverse a causa de la parálisis. 

La primera vez que escribió un texto propio fue a los 12 años cuando murió Ana Zoila, a quien a veces catalogaba como amiga y otras como prima. “Creo que allí nació la expresión directa de la necesidad de escribir por alguna razón”, le dijo a Bocas. José Venancio Palacios, sobrino del escritor y quien ha trabajado para preservar y divulgar la obra de Arnoldo Palacios, dice que el gusto por la lectura y la escritura de su tío no fue inculcado ni impulsado por la familia. Pero cree que su abuelo, un carpintero que lleva su mismo nombre, tuvo un peso importante en ese gusto: “era un hombre inquieto que se la pasaba leyendo periódicos y motivaba a sus hijos a educarse”. 

Tal vez por eso, más de la mitad de sus siete hijos siguieron ese camino. Además de tener un hijo escritor, su hija Elba Palacios fue la primera normalista de Cértegui; su hijo mayor, que llevaba su mismo nombre, fue periodista empírico; y otro más que murió joven, se graduó como ingeniero. Quizá por la enseñanza de su padre y porque en esa época estudiar era un lujo, Arnoldo no dudó en aceptar las dos becas que se ganó para terminar su bachillerato: primero en el Colegio Carrasquilla de Quibdó y luego en el Colegio Camilo Torres en Bogotá.

— Tú vienes de un departamento en el cual se camina sobre toneladas de oro y platino; pero, sus habitantes son pobres, pobres. ¿Cómo harás para sostenerte y estudiar en Bogotá? — le preguntó José María Restrepo, rector del colegio en Bogotá. 

— Quien vive en el Chocó, queda equipado para vivir en cualquier parte del mundo — le respondió Palacios.

La inspiración siempre en el Chocó

Palacios llegó a la capital en 1943. Tenía 19 años y un sueño: escribir en el semanario ‘Sábado’ en Bogotá. El periódico llevaba el nombre del día en que circulaba y, a pesar de ser de ideas liberales, tenía como fin alejarse de la prensa escrita del país que en ese entonces se dedicaban a hablar de política entre liberales y conservadores. “Soñaba escribiendo y que me publicaran como a Juan Lozano, en una página grande e importante”, contaba, y lo logró. 

Estuvo cuatro años publicando sus escritos en ‘Sábado’ y aprovechó la oportunidad que tenía de ser leído para visibilizar las realidades del Chocó. Años después, esto se convirtió en su filosofía como escritor: “El escritor debe tomar partido. ¿Cómo es posible que (estemos) rodeados de matas de plátano y no exista un plátano en la mesa de los chocoanos?”, dijo Palacios en la década de los 90 en una entrevista al medio Chocó 7 días en referencia a las necesidades que pasaba el departamento.

En sus escritos Palacios quería contar el olvido estatal al que estaba sometido su territorio. Contar, como lo hizo en el artículo ‘Heraldos de un nuevo día’, la riqueza minera del Chocó que lo posicionaba como el primer productor de platino, el segundo de oro y el tercero de plata en el país, “cuyos mejores resultados se los traga la compañía “Chocó-Pacífico”, para la fortaleza de los Estados Unidos”, mientras los habitantes seguían explotando los minerales de forma rudimentaria.

Quizás el artículo en el que más mostró su indignación con la poca importancia que tenía su territorio para Colombia fue “Chocó, país exótico”.  En ese texto, Palacios contaba por medio de pequeñas historias cómo el Chocó parecía un país aparte: una mujer que dice que no se puede casar con un chocoano porque él no es colombiano, una carta del ministerio de Hacienda en el que se refería al Chocó como un municipio, cuando era una intendencia; el convencimiento de los habitantes de la costa chocoana de que son panameños y no colombianos. 

“Era bello el panorama. Pero desconcertante, pensar que a pesar de tantos siglos de existencia, el progreso se encontraba tan lejano, y la vida de los campesinos discurría como cuando vinieron los españoles”, escribió. En el artículo por ejemplo, apoyaba que el Chocó fuera declarado departamento y hablaba de una “postración económica” que no se iba a levantar mientras “subsista el abandono en que mantiene a la intendencia la nación”. Contar las realidades del país y del Chocó también se había convertido en su motor para escribir. “Gracias a la literatura he tenido más conciencia de los problemas, mi deber es mostrar la situación social y ayudar a encontrar caminos”, dijo décadas después.

Esa conciencia de la que hablaba no era nueva. La había construido con su propia historia, con las necesidades que había vivido en Cértegui y en Quibdó y con las que vivía en Bogotá. También con la ideología de su padre, un liberal que llevó esas banderas en un municipio conservador. 

Palacios también acompañó la campaña y fue seguidor de Diego Luis Córdoba, un político liberal chocoano que se identificaba con el socialismo y que estuvo 14 años en el Congreso representando a las comunidades negras de Antioquia. Córdoba fundó su propio partido, que en ese momento catalogó de izquierda, conocido como el Cordobismo, que buscaba crear políticas sociales y económicas para las necesidades del Chocó. Ya en Bogotá apoyó y siguió los discursos en plaza pública de Jorge Eliécer Gaitán.

Pero, Palacios, a la par se embarcó en una mayor apuesta: escribir su libro. Lo hizo en Bogotá, en una máquina de escribir que Carlos Martín, poeta y entonces ministro de Educación, le prestaba de 12 a 2 o después de las 5 de la tarde, las horas en las que dejaba la oficina. Así, por partes, escribió ‘Las estrellas son negras’, que narra un día en la vida de Irra, un joven en Quibdó que se levanta, no tiene qué comer y busca cómo ganarse unos pesos para saciar el hambre. La terminó el 8 de abril de 1948. Al día siguiente asesinaron a Gaitán.

Cuando supo de su asesinato, Palacios se fue a una emisora, llamó a Cértegui, y dio la noticia. “(dije) que Bogotá estaba en llamas, que el pueblo se había levantado, que había que tomarse el poder y que había que tener mucho cuidado con los conservadores”, contó. Al siguiente día supo que el libro que acababa de terminar se había quemado en medio del Bogotazo, la revuelta que vivió la capital tras el asesinato de Gaitán. Pero Palacios, impulsado por amigos cercanos, aprovechó los días de toque de queda impartidos en la ciudad para reescribir su libro en dos semanas.

El libro fue publicado en la editorial Iqueima de un editor español que estaba exiliado en Colombia y un fragmento de la obra salió en ‘Sábado’ luego de que Arnoldo Palacios le diera un ejemplar al director del periódico. El joven periodista Gabriel García Márquez lo criticó: “un gastado molinillo de resentimiento racial, la mediocridad técnica y la insignificancia humana de su protagonista”, escribió en ese momento. 

Críticos como Hernando Tellez, el más importante de la época a nivel nacional, resaltaron la importancia de la obra. Así lo recuerda Darío Henao Restrepo, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle y director del doctorado en Estudios  Afrolatinoamericanos: “Cuando aparece la novela, Tellez dice que es la novela más importante que ha hecho Colombia en ese año”. Décadas después, el escritor y crítico literario Óscar Collazos resaltaría de la obra “la tremenda denuncia social que hay detrás de su historia, el descubrimiento de un mundo de miserias inédito en la novela de la época (...)”

Henao, de la Universidad del Valle, explica que Palacios fue pionero en varios aspectos: “Fue la primera voz que construyó una visión dura y profunda sobre el hambre y la miseria desde un ámbito psicológico, desde el sentir afrocolombiano. Fue pionero en incorporar el habla popular de las poblaciones negras en el Chocó y de hacer todo esto desde una obra de ficción”. Pero Palacios no fue un referente sólo a nivel nacional. 

Fermín Mosquera, director de la fundación Arnoldo Palacios cuyo propósito es divulgar la obra del escritor, dice que cuando el libro fue publicado, el referente más cercano era La Vorágine por ser una novela de denuncia social. «En ‘Las estrellas son negras’ también hay una denuncia por el hambre, la miseria, el abandono y la discriminación. Para nosotros también es una reivindicación social, un grito de libertad, un campanazo que dice ‘¿qué le está pasando al Estado con su responsabilidad en estos territorios?’», cuenta Mosquera.

Arnoldo Palacios y la persistencia de su obra

Un año después de publicada ‘Las estrellas son negras’, Palacios se iría del país rumbo a Francia gracias a una beca del gobierno colombiano que se ganó cuando, según él contaba, el congresista Diego Luis Córdoba, metió un mico en una ley para que las becas César Conto cubrieran también el Chocó. Llegó al país europeo en septiembre de 1949 y de ahí en adelante hubo pocos detalles sobre su vida. Aprendió varios idiomas como francés, ruso e italiano, fue traductor, visitó África y se movió por varios países europeos.

Se sabe, de boca del mismo Palacios, que fue invitado al Congreso Internacional de la Paz en Varsovia en 1950 como representante de Colombia y que tras hablar de la violencia bipartidista que vivía el país, el gobierno colombiano le retiró la beca. Palacios también contaba que sus relaciones en Europa siempre fueron de izquierda y se relacionó con grandes intelectuales africanos que lideraron movimientos independentistas y con otros estadounidenses y franceses que luego impulsaron movimientos por los derechos de los pueblos afro y negros. 

Darío Henao, director del doctorado en Estudios Afrolatinoamericanos, cuenta que Palacios fue un puente clave para la escritura afrocolombiana: “Fue él quien generó la relación entre el campo intelectual afrocolombiano con el campo intelectual africano y afroantillano. Por ejemplo, él conoce a Frantz Fanon y a su obra ‘Los condenados de la tierra’, que influenció y fue clave para los movimientos independentistas africanos y por él es que estas obras empiezan a moverse entre intelectuales afrocolombianos con los que él ya se relacionaba en Bogotá”.

Para Palacios, mover la obra de los autores con la única pretensión de darla a conocer, era clave. La práctica no sólo la ejercía, también la promovía. Por ejemplo, a su amigo Hermes Sinisterra le dijo una vez: “Si usted llega a escribir un libro, procure crearle pies a ese libro. ¿Sabe cómo los crea? Cuando no se vende, cuando se regala, cuando va de mano en mano porque no todos tienen la forma de comprar un libro”. Así lo hizo con la literatura colombiana en el extranjero y así lo hizo con su propia obra.

Palacios hizo su vida en Francia junto a Beatrice Palacios, tuvo cuatro hijos y vivió en una casa que le regaló el gobierno Francés y que él escogió: tenía 300 años de antigüedad y techo de paja. Ahí crió a sus hijos como lo hubiera hecho en el Chocó en los años 30 porque ese hilo entre Palacios y su departamento nunca se soltó. La conexión era tan fuerte que él mismo contaba que cuando escribió “La selva y la lluvia” y se dedicó al apartado de Chocó, se ensimismó tanto en su relato que empezó a sudar como lo hacía en la selva de su departamento. La historia podría haber pasado desapercibida si no fuera porque la escritura transcurrió en medio de un fuerte invierno en Budapest, Hungría.

‘La selva y la lluvia’ fue publicado en 1958 por una editorial rusa. En sus páginas contó la violencia bipartidista desde los años 30 hasta el asesinato de Gaitán en 1948 a través de las voces de varios personajes que van desde la selva del Chocó hasta la ciudad de Bogotá. “También (contó) los numerosos obstáculos y violencias que una persona racializada debía enfrentar y vivir durante la crisis social que significó la violencia partidista”, contó Ángel José Batista, en su investigación sobre la obra.

El libro sólo llegó a Colombia unos treinta años después, a mediados de los 80, cuando la Biblioteca Nacional encontró un ejemplar de la obra firmado por Arnoldo en medio de la biblioteca personal que había donado el exministro de Educación, Germán Arciniegas.

Palacios volvió de forma intermitente a Colombia, en especial a Cértegui. Lo visitaba cada 10 o 15 años y cuando llegaba siempre había un sector del municipio que se reunía a esperarlo, lo aplaudía y le hacía una pequeña calle de honor. Fue en uno de sus regresos, a mediados de los años 90, que ‘Las estrellas son negras’ se reeditó y tomó más impulso, en especial en el sector académicos, como las universidades, que empezaron a investigar más sobre su obra y su valor.

Desde Francia también siguió hablando, no sólo del Chocó, sino de su vida en el Chocó. En el 1998 publicó en la revista Magazine un texto titulado ‘la marca del hierro’ en el que, a partir de la cicatriz que tenía su bisabuela al haber sido marcada con hierro como esclava, explorada lo que había representado para ellos la esclavitud.

Decía, por ejemplo, que habían sido despojados de la historia familiar porque ni siquiera tenían un apellido propio. El de su bisabuela venía del apellido del blanco al que ella perteneció. “¿Qué representa, desde nuestros días, la abolición de la esclavitud? Es innegable que nosotros, los otros negros, continuamos viviendo sobre el peso de la esclavitud. Sus efectos están presentes, como lo demuestra mi propia experiencia”, escribió. 

En la primera década de este siglo regresó a Colombia y en 2009 publicó su última obra, una autobiografía que lanzó en el marco de la Feria del Libro de Cali número 15. Se llamó ‘Buscando mi madrededios’, como le dicen los chocoanos a buscar cómo ganarse el pan cada día. Sus últimos días los pasó en Bogotá donde vivía con una de sus sobrinas.

Murió el 12 de noviembre de 2015 después de algunos reconocimientos que le hicieron por su aporte a la literatura colombiana, como el de entregarle la Cruz de Boyacá, que es la máxima distinción que da el gobierno a ciudadanos destacados. Un año después de su muerte, la Fundación Arnoldo Palacios que nació en Francia para impulsar a otros escritores, se convirtió en un espacio para divulgar su obra y se trasladó, primero a Cali y luego a Cértegui. 

“Para nosotros los chocoanos Arnoldo Palacios es una voz autorizada para reivindicar los derechos de nuestro pueblo. Esa fue su gran preocupación porque para la época en que la escribió, el Chocó padecía la ausencia del Estado”, asegura Fermín Mosquera, director de la fundación. Pero también dice que a pesar de que han pasado más de siete décadas, la importancia de su obra también radica en que esas denuncias siguen vigentes.

Mosquera cuenta que aparte de dar conocer la obra del escritor que admiró, también buscan impactar en la vida de los certegueños y lo han hecho por medio de una beca que lleva el nombre del escritor. El monto es de unos mil dólares (unos 4 millones de pesos) a los dos mejores estudiantes del municipio. “Su hijo Pol fue el ideólogo de la beca, consideró que si su papá salió del Chocó con todas las dificultades de la época y los impedimentos físicos que tenía por el polio, y había tenido un impacto nacional, podíamos seguir impulsando a otros jóvenes para que hicieran su camino y pudieran soñar en grande”, dice. 

Daniel Palacios fue uno de ellos. Hace dos años, cuando tenía 17, ganó la beca Arnoldo Palacios por ser el mejor puntaje del Icfes en el municipio. Le dieron 2 millones de pesos que le sirvieron para pagar las cuotas que debía del semestre de ingeniería de sistemas que cursa en línea.  Para él, el aporte que hace la beca, e hizo el escritor del que escuchó hablar en el colegio, es clave para el municipio. “Es muy importante para iniciar porque no todos contamos con los recursos o las oportunidades para dar el primer paso”, afirma. Por ahora le faltan tres semestres para terminar el  pregrado y sigue alternando sus estudios con trabajos ocasionales como el de la construcción, pero dice que sin ese primer empujón económico que le dio la beca, hubiera sido aún más difícil. 

El nombre de Arnoldo Palacios quedó resonando en Chocó, no sólo por la fundación que lleva su nombre y busca abrirles la puerta a otros jóvenes, sino por el aporte de su literatura. En su honor, la biblioteca departamental ubicada en Quibdó lleva su nombre y aún hay docentes que le apuestan por divulgar sus escritos. Yurlis Mosquera, profesora en Tadó nos contó que en las clases de español que dictó hablaba sobre él. “No tuvo que escribir cien obras para ser el escritor más grande del Chocó”, dice el periodista Jorge Salgado. 

Pero Hermes Sinisterra, amigo de Palacios, asegura que en el Chocó aún no se le hace justicia a la importancia de Palacios: “La verdad sea dicha, él muere y no logra un impacto que mueva la esencia certegueña o chocoana. Cuando venía de visita, la gente era más bien indiferente, creo que no dimensionaron su importancia. A pesar de eso es uno de los escritores más conocidos del departamento”.

En su primer intento por llegar a la Alcaldía, Luis Trujillo Osorio fue elegido alcalde de San Vicente del Caguán con 5.827 votos. Hizo campaña junto con otros seis candidatos y le sacó una ventaja de casi 800 votos a Duber Martínez, candidato del partido Alianza Verde y su competidor directo. Su triunfo rompió la tendencia que venía desde 2011 de elegir como alcalde a quienes ya habían aspirado a ese cargo y no a los que lo hacían por primera vez.  Sus propuestas y su plan de gobierno giraron en torno a la transformación social, económica y ambiental del municipio.

Trujillo es un abogado de la Universidad Libre de Bogotá especializado en Derecho Penal y Criminología y en Derecho Administrativo. Su vida laboral se ha concentrado en Caquetá: fue inspector urbano de Policía, inspector de tránsito, juez promiscuo municipal y juez primero municipal. También fue personero en Paujil y San Vicente y fiscal delegado en seis municipios del departamento. En 2019 se lanzó a la Asamblea departamental con el aval de Cambio Radical, fue el tercero más votado de la lista con 2.374 votos, pero no alcanzó curul. 

En 2023 aspiró a la Alcaldía con el aval del partido Alianza Social Independiente (ASI). Aunque en total hubo siete candidatos, una cifra que no se presentaba desde 2011, los favoritos eran Trujillo y Martínez. Esto llevó a que los ataques se concentraran en ambas campañas. Por ejemplo, a Martínez le dañaron una valla publicitaria y días antes de las elecciones empezó a correr el rumor de que estaba inhabilitado. A Trujillo intentaron tumbarlo como candidato al solicitar su revocatoria por una posible doble militancia. Los ataques escalaron cuando se publicó en redes sociales un supuesto video íntimo de Trujillo, la respuesta de la campaña fue que se trató de un montaje.

Al final, a pocos días de la elección, Martínez recibió la adhesión del candidato Farid Quintero, del partido Fuerza de la Paz, pero el triunfo fue para Trujillo. El alcalde concentró su campaña en la zona rural que tiene el 33 por ciento del censo electoral de San Vicente, pero más de la mitad de su votación vino del casco urbano.

Por el lado del orden público, las elecciones transcurrieron con normalidad. Según el concejal liberal Eduardo Cedeño, los grupos armados ilegales dieron las garantías para votar con tranquilidad: “Lo más importante es que las disidencias (de las Farc) no presionaron a favor ni en contra de un candidato y pidieron ejercer el voto a conciencia”. Para Cedeño eso generó confianza entre los votantes y considera que fue la razón por la cual en el municipio pasaron de votar para la Alcaldía unas 17 mil personas, hace cuatro años, a unas 22 mil en octubre.

"Las disidencias (de las Farc) no presionaron a favor ni en contra de un candidato"

Eduardo Cedeño, concejal liberal

En sus redes sociales, Trujillo no hizo ningún apoyo público a candidatos al Concejo o a la Gobernación, pero por ahora no cuenta con una oposición fuerte en ninguno de los dos. El Concejo está dividido entre una mayoría independiente y el resto de Gobierno, y por el lado del gobernador, el mandatario ha llegado con aires conciliadores con los alcaldes.

Un concejo independiente y sin oposición

Aunque la elección de los concejales no suele ser tan mediática como la de la Alcaldía, también es clave. El Concejo es el que debate las propuestas del alcalde, le hace control político y aprueba o no el Plan de Desarrollo y el presupuesto municipal —que el año pasado fue de 72.500 millones de pesos —, que son las cartas de navegación de la administración en obras planes y programas y en cómo se invierten los recursos públicos.

En el caso de San Vicente, el Concejo quedó conformado por cuatro liberales, tres del Polo Democrático, tres de Alianza Social Independiente (ASI) y cinco de Alianza Verde contando con la curul de la oposición que aceptó Duber Martínez por ser el segundo más votado a la Alcaldía. Aunque La U y el Movimiento Salvación Nacional pasaron el umbral (el mínimo de votos que necesita un partido para tener la posibilidad de elegir un concejal), no logró una curul.

Los resultados dejan tres conclusiones claves. La primera es que el Concejo se renovó porque de los 15 concejales que fueron elegidos en 2019, ocho intentaron reelegirse, pero sólo cuatro lo lograron. Entre ellos está Eduardo Cedeño, el concejal liberal que completa más de 20 años seguidos con la curul. 

La renovación del Concejo vino de la mano con el aumento de la representación de las mujeres que pasaron de tener dos curules hace cuatro años, a cinco. Entre ellas está la más votada de toda la corporación: la cabildante del partido Verde, Nini Johana Collazos que obtuvo 570 votos. 

La llegada de estas mujeres puede lograr que se conforme una bancada interesada en impulsar temas de género, como lo plantea la concejala Astrid Amezquita, del partido Polo Democrático: “Creo que estamos haciendo un excelente equipo, tenemos claro que para sacar adelante los temas de mujer y género en el municipio tenemos que estar unidas las cinco”. Amezquita también dijo que, por su parte, impulsará un proyecto para apoyar a las mujeres emprendedoras del municipio con implementos o herramientas que necesiten en sus negocios.

La segunda conclusión es que el partido Liberal sigue estando entre los más votados de San Vicente. Hace cuatro años obtuvo 3.612 votos y cinco curules y en este logró 3.575 votos y cuatro curules. Por su parte, el partido Alianza Verde sigue aumentando su votación. Aunque en las últimas dos elecciones ha tenido candidato propio a la Alcaldía que normalmente jalona la votación al Concejo, este año los votos se duplicaron en ambas y lo posicionaron como el más votado en el Concejo. Lo contrario le sucedió al partido de La U que pasó de ser el segundo con más votos en 2019 con 2.046 votos a ser el quinto y no alcanzar ni los mil votos.

La tercera conclusión es que Trujillo tendrá un Concejo independiente. Los concejales deben definir la posición que tendrán frente a la Alcaldía (si serán de oposición, de gobierno o estarán en independencia) y, de entrada, todo apunta a que no habrá una oposición fuerte. Por ahora, ocho concejales se declararán en independencia (los cinco de Alianza Verde y los tres del Polo) y los otros siete de Gobierno (los cuatro liberales y los tres de ASI). 

Cedeño, quien lleva seis periodos siendo concejal Liberal explica que la decisión que tomaron es por una razón práctica: “No tiene sentido pelear con el gobierno municipal. Además, aquí la oposición no funciona, ¿qué le voy a pelear a un gobierno cuando sé que todo se soluciona con plata? Muy difícil pelear por pelear”. También asegura que, históricamente, los alcaldes han tenido el Concejo de su lado. “Ningún alcalde puede decir que no ha hecho por culpa del Concejo, si quieren ir a la luna, el Concejo se los autoriza”.

"Ningún alcalde puede decir que no ha hecho por culpa del Concejo"

Eduardo Cedeño, concejal liberal

Por su parte, la concejala Amezquita del Polo, dice que se declararon en independencia porque le da más margen de maniobra al tomar decisiones. “Creo que si nos declaramos independientes vamos a tener la posibilidad de apoyar cuando los proyectos sean realmente favorables. De lo contrario, podemos votar negativo”, afirma. 

Pero en la bancada de independientes también hay matices. Por ejemplo, el concejal Sergio Bautista del partido Verde contó que ve un alcalde que está tratando de hacer cambios importantes como el fortalecimiento de las empresas de servicios públicos del municipio. Aseguró que apoyará “todas las iniciativas de progreso” y dijo que, aunque los cinco concejales se declararán en independencia, “hay tres que son más afines al gobierno y dos que pretenden hacer más oposición”.

Entre esa oposición, según Bautista, está el concejal Martínez que fue la competencia de Trujillo en la campaña. Martínez le dijo a Consonante que será independiente y que quiere trabajar a favor de las comunidades. Pero en el Concejo sienten tensión por la relación entre Martínez, quien fue elegido como presidente de la corporación, y el alcalde. Incluso se ha hablado públicamente de esto: en su Facebook, el concejal dijo que el alcalde lo había atacado en una reunión con el ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y le hizo un llamado para invitarlo a trabajar por el municipio. 

“Para nadie es un secreto que hay dificultades entre el alcalde y el concejal Martínez porque en campaña se afectó la relación y hoy no se dan ni el saludo –– dice la concejala Amezquita—. Está bien que haya un equilibrio en el Concejo (concejales independientes y de gobierno) para que no se le apruebe al alcalde cosas que no favorecen a la comunidad, pero esta rivalidad hace que haya divisiones, que cada parte hale para un lado y que los únicos afectados sean los ciudadanos”.

"Para nadie es un secreto que hay dificultades entre el alcalde y el concejal Martínez porque en campaña se afectó la relación y hoy no se dan ni el saludo"

Astrid Amezquita, concejala del Polo

Si las votaciones en el Concejo trascienden las posiciones ideológicas de los concejales y empiezan como lo plantea Bautista, el alcalde Trujillo podría tener mayorías a su favor con 10 concejales de gobierno, tres independientes y dos con una tendencia a la oposición. Eso podría facilitar los proyectos de la Alcaldía. “Con un Concejo a favor del alcalde lo que uno esperaría es que se aceleren los procesos, que no haya trabas y que las propuestas sean tramitadas con facilidad y con eficiencia”, dice Ricardo Zuluaga, experto en división Político-Administrativa de Colombia.

Pero esa buena relación tiene dos implicaciones: la primera, es que el control político puede debilitarse porque será una minoría la que esté más dispuesta a encontrarle ‘peros’ a las propuestas y a cuestionar las medidas del alcalde; la segunda, es que a esa minoría le corresponderá hacer un trabajo mucho más juicioso y exigente para ser escuchados. 

Un gobernador conciliador

La campaña de Trujillo giró en torno a él y, al menos en sus redes sociales, no apoyó ni publicitó a algún candidato a la gobernación con el que hiciera fórmula. Sin embargo, su partido avaló a James Edison Urrego a la gobernación del Caquetá y en su cierre de campaña en San Vicente del Caguán, Trujillo habló en tarima diciendo “caqueteño vota caqueteño” como una invitación a votar por el candidato. 

Urrego sacó 6.400 votos en San Vicente, fue el segundo más votado por debajo de Luis Francisco Ruiz que obtuvo 8.808 en el municipio y ganó la gobernación con un total de 72.489 votos. Ruiz es médico, exalcalde de Cartagena del Chairá, exgerente de la ESE Hospital Comunal Malvinas de Florencia y de la ESE Hospital Departamental María Inmaculada. Fue avalado por (firmas) y por el partido Cambio Radical.

Aunque Trujillo no hizo fórmula con Ruiz, desde el municipio auguran una buena relación. Una muestra de esto es que el día de la posesión, y en redes sociales, el gobernador felicitó a Trujillo y a otros alcaldes por su elección. Lo que muestra que llega con un talante conciliador. También aplauden que esta semana Ruiz estuvo en el municipio en los llamados ‘Diálogos para la Convergencia Regional’ que tienen como fin escuchar a la comunidad para construir el Plan de Desarrollo Departamental.

Para el concejal Bautista esa buena relación entre alcaldía y Gobernación, no sólo es una buena señal, también es una deuda del departamento: “Acá siempre se concentran en la parte sur del Caquetá y en Florencia cuando San Vicente es el segundo municipio más poblado”. Asegura que es clave la inversión en carreteras rurales y que sean las Juntas de Acción Comunal las que ejecuten contratos de infraestructura para que haya desarrollo en el departamento.

"Acá siempre se concentran en la parte sur del Caquetá y en Florencia cuando San Vicente es el segundo municipio más poblado"

Sergio Bautista, concejal de Alianza Verde

En municipios como San Vicente, de sexta categoría y que tiene un presupuesto reducido, la relación con la Gobernación es clave porque es la que gira recursos de salud y educación, como los del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Si la relación es buena, el alcalde puede pedir que se priorice el giro de esos recursos o con el apoyo del gobierno departamental puede cofinanciar proyectos como los de infraestructura educativa o pavimentación de calles que puede reducir los costos y la inversión del municipio. 

El concejal Ruben Darío Lizcano, de ASI, comentó que el alcalde ya le ha planteado al gobernador el tema de los subsidios de vivienda y el de la terminal de San Vicente: “Creo que se van a concentrar en el tema del terminal para que este quede a las afueras del municipio y así descongestionar las vías”. 

Los demás concejales consultados, tanto de gobierno como independientes, consideran que entre los temas claves para el municipio está la legalización de barrios, atacar el déficit de vivienda que hay y los incumplimiento en la construcción de las mismas que están generando asentamientos irregulares de cientos de familias. Esa también es una prioridad para los votantes de Trujillo, así lo dijo Yamit Quiacha de 55 años que apoyó al actual alcalde: “la problemática de vivienda de interés social es importantísimo, necesitamos que el alcalde se enlace con el ministerio de Vivienda para buscar una solución”.

"Necesitamos que el alcalde se enlace con el ministerio de Vivienda para buscar una solución a la problemática de las viviendas de interés social"

Yamit Quiacha, votante de Luis Trujillo

La Gobernación también es clave porque funciona como interlocutora con el Gobierno Nacional y puede ayudar o no a que bajen recursos o proyectos al municipio, o que las necesidades del mismo estén en la agenda nacional de la mano de congresistas, ministros y otros. “Al alcalde le toca tener un buen equipo estructurador de proyectos, pegarse de senadores y representantes y empezar a hacer proyectos, presentarlos y codearse con Bogotá para que lo apoyen”, dice el concejal Cedeño. 

Por ahora, Trujillo empieza sin aliados a nivel municipal y departamental, pero esas relaciones se irán aclarando a medida que avance su gestión. Por el lado de la gobernación se notará en los recursos y obras que lleguen al municipio y que pueden beneficiar al gobernador Ruiz en popularidad o en unas próximas elecciones cuando quiera poner un candidato cercano o de su cuerda. “Esa es una dinámica propia del debate electoral: dar buenos resultados buscando la continuidad en el poder”, dice Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia.

Por el lado del Concejo la relación con la Alcaldía tendrá su primera prueba en la discusión y aprobación del Plan de Desarrollo, es ahí donde los concejales darán luces sobre sus posiciones.

*Consonante intentó comunicarse con el alcalde Trujillo, pero hasta el momento de publicar esta historia no había respondido las preguntas.

El paro de los trabajadores del Hospital San Agustín de Fonseca y la no prestación de servicios de salud, en la única entidad del municipio que los ofrece, es el impacto más reciente y directo para los ciudadanos por la pelea administrativa que se libra en la entidad. 

También es la primera gran crisis que tendrá que capotear el alcalde Micher Pérez y en la que se juega, al menos, tres aspectos claves de su gobierno: su autoridad dentro del hospital; su talante para conciliar con los trabajadores que reclaman el pago y su capacidad para evitar que los efectos del paro minen su gobernabilidad con menos de un mes en el cargo. Todas son importantes para un alcalde que fue elegido con una diferencia de menos de 700 votos frente a su único contrincante y que llega a gobernar un municipio polarizado. 

La situación actual también pone sobre la mesa la resistencia que hay al gobierno y la gestión de Pérez. Más en el Hospital San Agustín, una entidad que, además de atender a los más de 40 mil habitantes del municipio, es clave para los políticos y para cualquier alcaldía. “La salud en La Guajira es casi una alcaldía paralela por el dinero que se mueve y la capacidad de conseguir votos en época electoral”, dice una fuente que conoce el sector en el departamento y el municipio y pidió no ser citada.

Sólo en 2021, según información publicada en la página web, el hospital tuvo un presupuesto de ingresos de 11.435 millones de pesos. Casi un tercio del presupuesto total de la Alcaldía para ese momento. Ese mismo año, según la rendición de cuentas del hospital, hubo 159 contratistas y 22 trabajadores entre los de carrera administrativa, provisionales y otros. Con casi 200 trabajadores, la entidad puede convertirse en un fortín político para quien presione por votos o apoyos a favor de un candidato, como ha pasado en San Juan del Cesar. 

La pelea por el hospital ya casi completa un mes y es un pulso político entre funcionarios de la administración pasada y el alcalde actual.

La disputa por la gerencia del hospital

En 2020 el entonces alcalde Hamilton García nombró como gerente de la E.S.E. Hospital San Agustín a Yelitza del Carmen Ayala, bacterióloga que llevaba varios años trabajando en la entidad y que estuvo como gerente encargada en los primeros meses de la pandemia. Su nombramiento, por ley, va hasta el 31 de marzo de este año.

El 21 de diciembre de 2023 Ayala firmó una resolución en la que se autorizó a sí misma un permiso de tres días hábiles debido a su embarazo de alto riesgo y a la posibilidad de que se adelantara la fecha de parto. En el documento, ella nombró a Kaira Rosa Amaya como gerente encargada durante los días que se iba a ausentar y aclaró que, en caso de que ella entrara en licencia de maternidad, el encargo de Amaya cambiaría y se extendería hasta que terminara su licencia o el periodo que le corresponde. 

En la resolución, Ayala dice que es de público conocimiento que la gerente encargada también está embarazada y que se le debe respetar su derecho a la estabilidad laboral reforzada por ley. Es decir, que no puede ser despedida. Para ese momento, el alcalde era Hamilton García y recién había sido elegido Micher Pérez. 

En su primera semana como alcalde, Pérez expidió un decreto en el que dejaba sin efectos el encargo que había hecho Ayala y aseguraba que el alcalde es el único que tiene capacidad de nombrar y encargar gerentes en el hospital. En el documento el alcalde nombró como gerente encargado a Nayid Cuesta, un enfermero del hospital que ha ocupado ese cargo en varias ocasiones. Pero el encargo no se concretó. 

“El alcalde Micher Pérez me hizo el encargo, pero en ningún momento se me entregó el cargo. Sigo trabajando en mi puesto de costumbre colaborando en todo lo que se pueda y esperando que se resuelvan los inconvenientes", le dijo Cuesta a Consonante y no quiso pronunciarse más sobre el caso.

El 10 de enero el periodista Jorge Gómez de Utay Stereo publicó en su Facebook un video en el que el alcalde Pérez, junto con dos policías, le insisten a Amaya que facilite el documento que la certifica como gerente. La respuesta de ella es que lo entregará a través de la junta directiva y cuando el alcalde lo solicite por escrito. En el video Pérez insiste en que el documento debe ser público y que él es el jefe de ella porque es quien preside la junta directiva.

Un día después de publicado el video, dos de los cinco integrantes de la junta directiva del hospital firmaron el denominado “Acuerdo 01” en el que dicen que, “por mayoría de miembros con voto”, decidieron “convalidar, aclarar y/o reiterar a Kaira Rosa Amaya” como gerente. En el acuerdo también dicen que, según el tesorero del hospital, las cuentas están bloqueadas porque el alcalde envió un oficio a los bancos diciendo que el gerente encargado sería Cuesta, quien autoriza o no los movimientos económicos.  

“Es de gran preocupación que hoy la entidad tenga las cuentas bloqueadas porque no se puede hacer pagos de nómina, ni pagos de proveedores y tampoco se puede recibir dinero por parte del Estado", cuenta Darwin Brito, exgerente del hospital y agrega que es “una situación bastante delicada en la parte financiera porque el gerente de turno estará atado de manos para poder hacer cualquier gestión inherente a su cargo”.

Pérez insiste como alcalde que es él quien nombra la gerencia y los encargos en el Hospital San Agustín y quien preside la junta directiva. Mientras que el comunicado de la junta directiva se basa en afirmar que ellos son los superiores jerárquicos de la gerencia. Consonante habló con Mónica Andrea Ulloa, abogada experta en derecho administrativo en salud, para entender quién tiene la razón en estos casos. 

Según Ulloa: “El funcionario competente para ejercer la facultad nominadora y por ende un encargo es el jefe de la entidad territorial que, en el caso del hospital, es el alcalde”. Frente a las declaraciones de la junta directiva, explicó que la labor de ese órgano es aprobar el plan de gestión y evaluarlo, más no ratificar nombramientos: “la junta directiva no tiene esa facultad”, dijo. 

“El funcionario competente para ejercer la facultad nominadora y por ende un encargo, en el caso del hospital, es el alcalde"

Mónica Andrea Ulloa, abogada experta en derecho administrativo en salud

Sin embargo, Ulloa también dijo que bajo su conocimiento, el embarazo de la gerente Kaira Amaya le otorga un fuero de maternidad que la ampara. “Este le da una estabilidad reforzada y es muy probable que un juez de tutela haga valer ese derecho aún cuando la funcionaria haya terminado su periodo. Esto hace que la administración municipal deba revisar jurídicamente la alta probabilidad de un fallo que ampare a la funcionaria”, concluyó.

Un abogado que está apoyando a la alcaldía en el proceso y que habló con Consonante a condición de no ser citado, aseguró que ya pusieron denuncia en contra de ambas gerentes y tres miembros de la junta ante la Fiscalía. Dijo que lo hicieron porque la resolución firmada por Yelitza Ayala va en contra de la ley (prevaricato) por no estar facultada para designar gerente encargada.

Más denuncias de irregularidades

El abogado también contó que puso denuncias en la Contraloría por los posibles hallazgos fiscales que encuentren y en la Procuraduría por presuntas irregularidades en contratación y porque, asegura, la junta directiva ha ocultado documentación. Eso es algo que el alcalde Pérez ha dicho públicamente. 

Por ejemplo, ante el medio Semanario Guajiro, Pérez aseguró: “Creen que el hospital es privado, es de familia y ni documentos hay. No se encuentran los estatutos del hospital ni cómo nombran a la gente. Los documentos se los llevan a su casa. No tenemos nada, no tenemos ni las últimas actas que hizo la junta directiva en el hospital”. Contó que ni le quisieron abrir la sala de juntas del hospital. 

Consonante intentó comunicarse con la junta directiva del hospital, pero su presidente, Karel Quintero, junto con el abogado que está al frente del caso, dijeron que no se pronunciarán sobre este tema y que esperarán una respuesta del proceso que llevan.

Consonante intentó comunicarse con la junta directiva del hospital, pero su presidente, Karel Quintero, junto con el abogado que está al frente del caso, dijeron que no se pronunciarán sobre este tema.

Luis Carlos Toro, médico y miembro del empalme de la alcaldía de Pérez le dijo a Consonante que el gobierno anterior no entregó soportes de la gestión que hizo en los últimos años: “La alcaldía anterior dice que hizo tal programa, que entregaron y gastaron un dinero, pero no hay soportes de nada. No conocemos ni la nómina del hospital, sólo lo que vemos”. Toro afirmó también que del 27 de diciembre al 2 de enero se celebraron 187 contratos que, por ahora, y según el abogado que apoya el proceso del lado de la Alcaldía, son vistos con sospecha porque puede que se hayan firmado sin el cumplimiento de requisitos legales. 

A eso se suma la denuncia de algunos trabajadores del hospital que aseguran que no los dejaron leer el contrato que firmaron para continuar con sus labores. “Nos entregaron los contratos para firmarlos por un año y no nos permitieron leer el contenido, pretendían que firmáramos sin saber cuáles eran las condiciones. Al final accedimos como un gesto de colaboración y solidaridad con la jefe”, dijo un médico que pidió la reserva de su nombre para no poner en riesgo su puesto. 

Los usuarios y trabajadores quedan en medio de la pelea

“Estamos supremamente preocupados, hay mucha incertidumbre, queremos la presencia del alcalde para saber qué está pasando”, dice Arlettis Gómez, coordinadora del servicio de urgencias del Hospital San Agustín, en este video de Facebook. 

Según cuenta Gómez, con el bloqueo de las cuentas del hospital no sólo se ha detenido el pago a los trabajadores sino que corre el riesgo de que no haya dinero para tanquear las ambulancias, comprar oxígeno y pagar a proveedores. “No vamos a tener cómo responderle a los usuarios”, dice que teme volver a la época en la que tardaban hasta cinco meses para recibir un pago. 

Por esa razón ella entró a paro junto con los demás trabajadores asistenciales del hospital. Servicios como los de consulta externa, urgencias y laboratorios están paralizados en un hospital que cuenta con cinco puestos de salud y ha sido criticado por tener un funcionamiento deficiente. 

Toro, médico que estuvo en el empalme de la alcaldía, cuenta algunas de las falencias del hospital: “No tiene espacios adecuados de atención primaria en salud ni consulta especializada, no hay cómo hacer estudios de urgencias ni rayos X. Tampoco hay para hacer una ecografía, los pacientes que van con urgencia vital son referidos a San Juan del César”. 

Incluso las mujeres evitan parir en el hospital y prefieren o suelen ser remitidas al hospital del municipio vecino. “Todos nuestros hijos son Sanjuaneros porque no nos atrevemos a dar a luz en este hospital porque aquí no hay nada, aquí nunca hay una cita odontológica, la cita la dan de año en año y eso no es justo”, dice Madeleine Jaraba, usuaria del hospital y líder de Fonseca.

Los usuarios son conscientes del efecto que puede tener este paro. Yonelis Cujia, quien ha usado el servicio, dice estar preocupada por la situación: “Nosotros somos los perjudicados. Además de las filas inmensas que hay que hacer desde las tres de la mañana para que nos ofrezcan un servicio regular, ahora ni eso vamos a tener. Ni urgencias tendremos en este pueblo que hay tantos accidentes”. 

"Además de las filas inmensas que hay que hacer desde las tres de la mañana para que nos ofrezcan un servicio regular, ahora ni eso vamos a tener"

Yonelis Cujia, usuaria del hospital

Esa afectación, que por ahora es temprana, le puede pasar factura al alcalde Pérez si la situación toma ventaja. Mientras tanto, en Fonseca se respira incertidumbre y una puja entre la administración pasada y la actual. 

Las tres usuarias del hospital entrevistadas por Consonante aseguran que esto es una rencilla que quedó tras los resultados electorales de diciembre. Para Madeleine Jaraba, “están tratando de tirarle el agua sucia a la administración actual, cuando el problema viene desde diciembre”, el último mes en el que estuvo la alcaldía de Hamilton García. “Estos roces hay que acabarlos. Ya no estamos en época electoral”, dice Yonelis Cujia, otra de las usuarias del hospital. 

Hasta el momento, el mismo alcalde Pérez ha hecho el llamado para dejar atrás una pelea que,según ha dicho, debió terminar en las urnas. 

Tras unas elecciones tensas y polarizadas, Cubita Enrique Camilo Urbina fue elegido alcalde de San Juan del Cesar con 14.225 votos. Su votación fue histórica porque es la primera vez en este siglo que un mandatario del municipio es elegido por más de 9 mil votos y le saca una diferencia de más de 3 mil al segundo más votado. Sus prioridades, según su programa de gobierno, son transformar el campo, ordenar el municipio en temas de movilidad y uso del espacio público y construir el acueducto para garantizar a los sanjuaneros el acceso al agua

Es conocido como ‘Cubita’, un apodo que se convirtió en su nombre de pila para que fuera más fácil identificarlo en el tarjetón. En estas elecciones tuvo el aval del partido de La U y de Cambio Radical, hizo fórmula con el candidato a la Gobernación Jairo Aguilar Deluque, primo del senador Alfredo Deluque (partido de La U) que también lo apoyó. También fue visto como la continuación y el candidato del entonces alcalde Álvaro Díaz porque públicamente aplaudió su gestión, lo que fue visto como un guiño a ese grupo político, y porque su contrincante en campaña era Moíses Daza, exaliado de Díaz. Cubita le dijo a Consonante que, aunque era cercano a Díaz, nunca recibió el apoyo del alcalde.

Con sólo dos candidatos a la Alcaldía, la campaña estuvo marcada por ataques en redes sociales, desinformación, daño de la publicidad de ambos candidatos y los señalamientos mutuos de estar presionando a contratistas y funcionarios públicos por votos. Una campaña agresiva que el mismo alcalde Cubita reconoció y que llevó a que las elecciones estuvieran marcadas por las emociones y la indignación, y no por las propuestas. 

Los resultados electorales del 29 de octubre le dieron un triunfo redondo a Urbina: le sacó 3.226 votos de ventaja a Daza, quedó con gobernador amigo, los dos partidos que lo avalaron fueron los más votados en el Concejo y, de los 13 concejales elegidos, 8 lo apoyaron en campaña y sólo uno se ha declarado en oposición.

Urbina es abogado especialista en derecho administrativo y fue concejal de San Juan de 2012 a 2014. Aspiró sin éxito en las elecciones de 2015 con el aval del Centro Democrático y el Partido Liberal, y en 2019 con el de Colombia Justa Libres. Esa vez quedó como el segundo más votado y tuvo derecho a una curul en el Concejo que no aceptó porque, según él, si lo hacía le quitaba la representación al candidato que llevaba las banderas de las personas en condición de discapacidad. En 2020 fue director de Participación Ciudadana de La Guajira y asesor de la Federación Nacional de Departamentos.

Un Concejo renovado y cercano al Alcalde

Aunque la elección de los concejales no suele ser tan mediática como la de la Alcaldía, también es clave. El Concejo es el que debate las propuestas del alcalde, le hace control político y aprueba o no el Plan de Desarrollo y el presupuesto municipal —que este año es de poco más de 49 mil millones de pesos—, que son las cartas de navegación de la administración en obras planes y programas y en cómo se invierten los recursos públicos. 

En el caso de San Juan, el Concejo estará conformado por dos conservadores, dos de Cambio Radical, dos de La U, dos de Mais, dos de Dignidad y Compromiso, uno de Centro Democrático, uno de Alianza Democrática Amplia (ADA) y uno de Alianza Verde. Este último quedó en firme luego de que Moíses Daza, el segundo más votado a la Alcaldía, decidiera no aceptar la curul de la oposición a la que tenía derecho.

Estos resultados dejan tres conclusiones claves. La primera, es que el Concejo se renovó porque de los 13 concejales que hubo en 2019, ocho le apostaron a reelegirse, sólo dos lo lograron y uno más, William José Acosta del partido Mais, ya había sido concejal en 2015. De resto, la mayoría de los elegidos se caracterizan por ser jóvenes y primerizos en el Concejo. Otro punto clave, es que esta es la segunda elección consecutiva en la que no hay representación de mujeres en el Concejo, esto a pesar de que los partidos y movimientos políticos tenían la obligación de inscribir listas de candidatos en las que las mujeres participaran en un 30 por ciento.

La segunda es que los resultados también muestran el poder que ganan y pierden algunos partidos en el municipio. Por ejemplo, comparado con 2019, el partido Alianza Verde pasó de tener 2220 votos a 1558. Por su parte, el partido Liberal pasó de tener dos concejales y ser el tercero más votado a no alcanzar los mil votos ni pasar el umbral (el mínimo de votos que necesita un partido para que alguno de sus candidatos pueda tener una curul).

El partido Conservador casi mantiene su votación de hace cuatro años a pesar de que en ese momento tenía candidato propio, que ganó, y en estas elecciones no lo tuvo. Cambio Radical es el más votado con 4.178 votos (1.153 más que en 2019) y La U se consolida como el más fuerte, ya que en las últimas tres elecciones su votación sólo ha aumentado: pasó de 2.586 votos hace ocho años a 3.852. Esta vez, ambas colectividades se unieron y avalaron candidatos a Alcaldía y Gobernación que, además de ganar, impulsaron los votos hacia las listas a Concejo y Asamblea. 

La tercera conclusión es que Urbina tendrá un Concejo con mayorías a su favor. Aunque los concejales tienen hasta el 1 de febrero para definir la posición que tendrán frente a la Alcaldía (si serán de oposición, de gobierno o estarán en independencia), todo apunta a que habrá una coalición de gobierno fuerte y que, incluso los que estén por fuera de esta, no le harán una oposición dura. Eso es algo que se sabe desde campaña: de los trece concejales elegidos, ocho apoyaron a Urbina. Incluso los que no estuvieron con él ven con buenos ojos su administración y la mayoría no piensa oponerse a esta. 

Es el caso de Kleivin Castro, concejal de Dignidad y Compromiso, que le hizo campaña a Moíses Daza. “No me interesa hacer oposición porque veo que las intenciones del alcalde son positivas. Por ahora estamos fuera de la coalición porque igual no nos necesitan. En este momento estamos revisando los estatutos del partido para determinar cómo nos declaramos. Por mi parte sería de gobierno, pero mi compañero quiere la independencia”, cuenta. 

“No me interesa hacer oposición porque veo que las intenciones del alcalde son positivas"

Kleivin Castro, concejal de Dignidad y Compromiso

Otras colectividades como el partido Conservador ya definieron su posición. Según el concejal Jaime Sierra, se declararon en independencia, están “con las manos extendidas a ver qué propone” el alcalde y lo ven con una buena actitud hacia el Concejo. “El alcalde es joven, tiene mucha empatía y ha escuchado de forma atenta lo que tenemos por decir. Hasta ahora siento una buena disposición y un apoyo de su parte”, comenta Sierra.

Al menos desde el Concejo está la idea de que el alcalde es una persona conciliadora y abierta con su gestión. Así lo dice Iván Argote de Cambio Radical: “Se ha reunido con nosotros para comenzar a trabajar, hemos conversado sobre proyectos claves en el municipio y también nos ha socializado iniciativas claves como la del acueducto en San Juan”.

A Urbina le juega a favor que hace 12 años estuvo en esa corporación, sabe cómo funciona y se le puede facilitar más la relación con los concejales. El mismo alcalde lo reconoció en entrevista con Consonante: “Yo fui concejal, sé cómo debe llevarse una relación alcalde- concejales. Estamos a disposición de ellos para trabajar de la mano y ellos están dispuestos a trabajar por nuestro municipio”.

Esa buena relación y las mayorías en el Concejo le da un aire a la administración porque tiene más posibilidades de que sus proyectos pasen rápido. “Con un Concejo a favor del alcalde lo que uno esperaría es que se aceleren los procesos, que no haya trabas y que las propuestas sean tramitadas con facilidad y con eficiencia”, dice Ricardo Zuluaga, experto en división Político-Administrativa de Colombia. 

Pero esa buena relación tiene dos implicaciones: la primera, es que el control político puede debilitarse porque será una minoría la que esté más dispuesta a encontrarle ‘peros’ a las propuestas y a cuestionar las medidas del alcalde; la segunda, es que a esa minoría le corresponderá hacer un trabajo mucho más juicioso y exigente para ser escuchados. Por ahora esa oposición está en cabeza de José López Cuello del Centro Democrático, el único que hasta el momento se ha declarado en oposición. 

Sin embargo, hay concejales que dicen estar dispuestos a ser críticos de la administración: “Soy partido de gobierno, pero por eso, y porque haya apoyado al gobierno, no significa que no vaya a hacer un control político. Lo que esté bien lo aplaudiré y lo que esté mal lo criticaré”, dice Edgardo Cuello de Cambio Radical. Urbina asegura que su interés es que haya una oposición constructiva a la que está dispuesto a escuchar.

"Soy partido de gobierno, pero por eso, y porque haya apoyado al gobierno, no significa que no vaya a hacer un control político"

Edgardo Cuello, concejal de Cambio Radical

Un gobernador amigo

Enrique Camilo Urbina, alcalde de San Juan, y Jairo Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira. Foto. Instagram de Cubita Urbina.

Urbina hizo campaña con Jairo Aguilar Deluque, el gobernador de La Guajira que fue el candidato más votado en San Juan del Cesar con 16.050 votos y que le sacó casi el triple de la votación  en el municipio al candidato que le siguió. El apoyo electoral masivo es visto por concejales críticos y de gobierno como una oportunidad para que el municipio pueda ser priorizado en recursos y gestión por el mandatario.“Confío en que el Gobernador va a traer obras porque aquí le fue muy bien, aquí ni tuvo que trabajar por los votos”, dice Argote, de Cambio Radical. 

La buena relación del gobernador con el municipio se anticipa porque San Juan fue uno de los territorios que recorrió en una caravana de agradecimiento por su apoyo tras su triunfo. Para Kleivin Castro de Dignidad y Compromiso, también puede pesar que el gobernador esté casado con Sara Rosa Daza, una sanjuanera que se desempeñará como gestora social departamental y que puede impulsar más recursos y temas claves para el municipio. 

En municipios como San Juan del Cesar, que es de sexta categoría y tiene un presupuesto reducido, la relación con la Gobernación es clave porque es la que gira recursos de salud y educación, como los del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Si la relación es buena, el alcalde puede pedir que se priorice el giro de esos recursos o con el apoyo del gobierno departamental puede cofinanciar proyectos como los de infraestructura educativa o pavimentación de calles que puede reducir los costos y la inversión del municipio. 

Eso es algo que busca hacer el alcalde Urbina con apoyo de la Gobernación: “Necesitamos del gobernador para que nos ayude a financiar proyectos, a hacer convenios. El presupuesto de San Juan no alcanza para mucho, por eso es importante que lo articulemos y que rinda con la gestión que hagamos ante el gobierno departamental”. Aunque no dio ejemplos concretos, por ahora una de las prioridades del alcalde, del Concejo y del departamento es apostarle a la construcción de acueductos y a garantizar el servicio del agua.

“Necesitamos del gobernador para que nos ayude a financiar proyectos, a hacer convenios"

Cubita Enrique Camilo Urbina, alcalde

La Gobernación también es clave porque funciona como interlocutora con el Gobierno Nacional y puede ayudar o no a que bajen recursos o proyectos al municipio, o que las necesidades del mismo estén en la agenda nacional. Eso es algo que Castro ve con buenos ojos en este momento: “El gobierno nacional tiene muy buenas intenciones con La Guajira, hay que aprovechar ese interés y esos lazos para proyectarnos como departamento y fortalecer procesos claves como el de la represa del río Ranchería”.

Para eso es clave que el presidente Gustavo Petro señaló a Aguilar como uno de los gobernadores “cercanos al gobierno”. También que el nuevo mandatario tiene relaciones estrechas en el Congreso vía su primo, Alfredo Deluque, también del partido de La U que es el senador más votado de San Juan (con 4.099 votos) y que le pueden ayudar a impulsar proyectos, discusiones, recursos o reuniones a nivel nacional.

Esa estructura política, con aliados en Concejo, Gobernación y Congreso le dan a Urbina la posibilidad de empezar su alcaldía con una amplia gobernabilidad que se pondrá a prueba con la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal.

Las únicas dos plazas que tiene San Juan del Cesar en la zona urbana y que eran el punto de encuentro para los habitantes, llevan un año cerradas por el proyecto de construcción y mejoramiento que la Alcaldía contrató y que incluye un parque en la periferia del municipio. Las obras que debían entregarse este mes fueron pensadas por la administración para mejorar el espacio público, la recreación e incentivar el turismo. Pero, en un municipio con pocos espacios públicos, cierres tan prolongados suelen afectar de forma más directa a los ciudadanos. Por ahora, son más los perjuicios que cuentan algunos habitantes, que los beneficios que ven en una obra que ha tenido varias críticas y tropiezos.

La propuesta inicial de la Alcaldía a finales de julio del 2021 fue la de construir, adecuar y mejorar la Plaza Simón Bolívar por más de 11 mil millones de pesos. De esos, el municipio pondría 4 mil millones y el resto sería asumido por el departamento. Los cuestionamientos empezaron por parte de los habitantes que consideraban que San Juan tenía necesidades más urgentes, como mejorar el acueducto o terminar de construir la plaza de mercado. El anuncio de la obra llegó hasta la periodista Salud Hernández que lo incluyó en una serie llamada “La ruta de la corrupción” y lo catalogó como un despilfarro.

Al final, las condiciones cambiaron y la Alcaldía anunció que el presupuesto sería de 10.500 millones de pesos y que los invertiría en tres obras: La Plaza Simón Bolívar, La Plaza Santander y el parque de Las Tunas, uno de los cuatro parques que tiene el municipio en el casco urbano. El contrato se hizo por licitación pública, eso quiere decir que fue una convocatoria abierta en la que los postulantes debían cumplir con requisitos mínimos que determinaba la administración.

Pero un ciudadano pidió la nulidad de esa convocatoria porque, según decía, la administración no había sido específica con un punto de la experiencia técnica que le pedía a los contratistas y eso ponía en riesgo la objetividad del proceso. En agosto del año pasado, la Alcaldía argumentó que anularía la convocatoria, no porque considerara que el ciudadano tenía razón sino para “garantizar el principio de controversia”. 

Un mes después y tras un año de haber anunciado el proyecto sin poderlo poner en marcha, la administración volvió a abrir el proceso de contratación. Ese diciembre la Alcaldía firmó el contrato por un año con el Consorcio Espacio Público 2023, representado por Jhon Erick Gámez. Hasta el momento la obra ha parado y reiniciado en dos ocasiones; según el último informe del consorcio, en julio el avance era de un 60%; y la entrega que debía ser este mes se aplazó hasta enero.

Valla que anuncia la obra en la Plaza Simón Bolívar. Foto: Nicole Bravo.

Aunque las demoras en las obras públicas son comunes y un mes de retraso no parece mucho, para los comerciantes que están en el área de influencia del proyecto, implica un mes más de una situación que para ellos es insostenible. Lo plantean así porque dicen que desde hace un año, cuando empezaron las obras, están trabajando a pérdidas o con pocas ganancias porque eran espacios como las plazas y parques los que llamaban la clientela. Además, dicen que pasa justo cuando se estaban recuperando de la crisis económica que generó la pandemia del covid-19.

Las obras dejaron sin clientes a los comerciantes

“Este negocio está tan caído que no tengo ni recibos”, dice Jorge Iván Osorio a una clienta que le pidió factura de la compra. Osorio es el dueño de La Fogata un comercio ubicado frente a la Plaza Santander que lleva 20 años en San Juan, abría desde las 7 de la mañana hasta cerca de las 11 de la noche, tenía tres empleados y ofrecía almuerzos, asados, helados, licores y bebidas no alcohólicas. Pero desde diciembre del año pasado las ventas cayeron tanto que ahora abre del mediodía hasta, máximo, las 7 de la noche, tuvo que despedir a sus empleados, pasó de gerenciar el negocio a atenderlo y sólo ofrece helados y bebidas.

Osorio cuenta que la socialización de la obra de la Plaza Santander se hizo un día antes de que la cerraran y que los mismos comerciantes propusieron que la obra se hiciera por partes,  previendo que podía ser contraproducente. “Nosotros le dijimos a la Alcaldía que, como el área era de unos 1.800 metros cuadrados, fueran interviniendo de a 600 metros para que no se cerrara del todo. Pero no nos escucharon”, asegura.

La plaza fue cerrada, los vendedores ambulantes se trasladaron a la calle principal y ahora ocupan parte de los dos carriles que tiene la vía. “Aparte del desorden, es un riesgo. Si pasa una persona alcoholizada o a una velocidad muy alta puede causar una tragedia”, dice Osorio. Con el cierre también se perdieron los clientes que habían convertido el lugar en un sitio familiar obligado por tener juegos infantiles y estar rodeado de negocios que iban desde envíos nacionales hasta una droguería: “Bajito, estoy teniendo pérdidas de 3 millones de pesos por mes y las ventas se han reducido en un 90 por ciento. Ya cerré una vez, pero volví a abrir porque tengo la esperanza de que la temporada decembrina mueva un poco el negocio”, dice Osorio.

Diciembre siempre ha sido un mes bueno para el comercio porque los colegios están de vacaciones, quienes se fueron del municipio por razones laborales o de estudio regresan a pasar en familia y la gente está dispuesta a gastar dinero. En la plaza Santander esa posibilidad de tener más ingresos se duplicaba porque el lugar era el escenario tradicional del Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata que impulsa el turismo y la economía. Este año esperaban la llegada de entre 10 mil y 12 mil turistas al municipio. Pero es la segunda vez que se rompe la tradición y el festival se traslada al estadio. 

“Uno anhelaba esos cuatro días del Festival de Compositores — cuenta Cristian Medardo, dueño de una distribuidora de bebidas alcohólicas y no alcohólicas que también ofrece servicios de corresponsal bancario y que funciona desde 1980—. La última vez que hicieron el festival acá pasamos de ser un equipo de cinco personas a ser uno de 10 para responder a la demanda. Se movía tanto el comercio que un día amanecimos vendiendo y no hubo forma de cerrar el negocio”. Para dar un ejemplo, Medardo dice que en el festival podían comprar unas 250 pacas de agua (24 unidades por cada paca) y las vendía todas. Esta vez sólo tenía 100 y le sobraron 30.

Medardo afirma que en días normales tiene pérdidas de entre el 20 y el 35 por ciento, una cifra que representa gran parte de las ganancias que tenía antes del cierre de la plaza. Recuerda que en 2021 podía vender al menudeo 20 de las 24 Coca-Colas familiares que compraba semanalmente, ahora no logra vender la mitad. “Afortunadamente me han salido contratos con empresas por las novenas y las fiestas de fin de año y eso es lo que me ha permitido tener el negocio a flote”, dice. 

Pero no todos tienen para sostenerse. Zullyma López tiene 60 años y hace dos puso una heladería frente a la Plaza Santander. No había completado el año de inaugurada cuando cerraron la plaza y sintió el golpe de la decisión: pasó de pedir 30 cajas de helado cada semana a comparar entre 10 y 12.

Dice que prácticamente trabaja para pagar la luz y el agua, que ha tenido que reducir los turnos de las dos ayudantes que tenía y cierra la heladería tres horas antes de lo que acostumbraba porque, además de la falta de clientes, la zona queda muy oscura y teme por su seguridad. “Si el negocio lo hubiera levantado con un préstamo de un banco estaría en la olla de las deudas”, asegura. Hasta el momento, los comerciantes entrevistados dicen que la Alcaldía no les ha brindado apoyos ni ha buscado soluciones para su situación.

A Zullyma López, sus mismos clientes le reconocen que no van a la heladería por el cierre de la plaza: “Acá compraba el helado y se lo llevaban para la plaza. Pero ya no se puede, mis clientes me han dicho de frente que no vienen a la heladería porque la plaza está cerrada. Es que esa era el lugar para que los niños se recrearan y para que uno de adulto saliera. Sin la plaza uno se siente encerrado”

Sin espacios para recrearse 

A la Plaza Santander, que es la más conocida y visitada, llegaban personas de todas las edades a conversar, caminar, recrear a los niños o jugar dominó o parqués. En diciembre era común que la tarima Juancho Rois recibiera algún cantante de vallenato reconocido que la mina del Cerrejón suele pagar para entretener a los ciudadanos, como recuerdan varios que conocen el funcionamiento de la plaza.

Ese era un punto de encuentro clave que desapareció en el último año y que no se ha podido reemplazar porque la Plaza Simón Bolívar, que podría suplir ese espacio, está en las mismas condiciones. La lona verde impide la vista completa y el cerramiento ha impedido que se repitan las fotos de bautizos y primeras comuniones que, tras la respectiva misa en la iglesia San Juan Bautista, tenían de fondo la plaza que queda al frente. 

Plaza Simón Bolívar. Foto: Nicole Bravo

“Ahí era donde los niños salían a estrenar sus regalos el 25 de diciembre, ahora no hay dónde”, dice un padre de familia que trabaja cerca a la Plaza Bolívar. Ese es el mismo sentir que hay en los barrios que rodean el parque de Las Tunas que también era un punto de encuentro para la comunidad. Al principio, la idea que fue socializada por la Alcaldía y que tuvo cambios a petición de los ciudadanos, como el de sumar una cancha de fútbol dentro de la pista de patinaje que se va a construir, llenó de ilusión a algunas personas. 

Una de las que más se emocionó con la noticia fue Kelis Salazar, dueña de la escuela de patinaje Guajiros Skate que entrena 39 niños del municipio. Aunque asegura que la pista no cumple con los requisitos de la Federación de Patinaje para que sea de alto rendimiento, ha aplaudido la iniciativa del alcalde de construir un espacio con un nivel más técnico para este deporte. “La pista nos va a ayudar muchísimo y va a impulsar el patinaje en San Juan, un deporte que aún es nuevo en el municipio”, afirma Salazar. También dice que espera que la Alcaldía asigne horarios diferenciados para practicar Patinaje y Fútbol, porque sería riesgoso que ambos deportes se crucen en un mismo espacio.

Para otros, la idea que socializó la administración era buena, pero ahora la ponen en duda. “Cuando presentaron la propuesta me pareció fantástica, pensé que por fin iban a cambiar las cosas en Las Tunas e íbamos a tener algo muy bueno, pero no estamos viendo nada de lo que nos prometieron”, cuenta Johana Álvarez, una mujer de 44 años que ha vivido en el barrio y se ha visto afectada por las obras. Primero fue por el lado económico: tuvo que dejar de vender chorizos en el parque, que era lo que garantizaba el estudio de su hija, porque la vida nocturna que giraba en torno al parque desapareció. Y luego, fue un golpe a sus tradiciones. 

Álvarez cuenta que los habitantes de Las Tunas II llevan décadas celebrando por lo alto el día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que es la fiesta patronal del barrio que se realiza cada 27 de noviembre. La tradición era celebrar todo el día, desde las 10 de la mañana hasta cerca de las 10 de la noche, con bailes, grupos musicales, concursos, actividades recreativas, una misa y un recorrido por el barrio en honor a la Virgen. El lugar para hacerlo era el parque de Las Tunas que tenía una pequeña tarima que facilitaba la coordinación de las actividades de ese día. Por segundo año consecutivo, las fiestas patronales se limitaron al recorrido por el barrio porque el parque sigue cerrado.

Carlos Soler, bombero de 34 años, dice que el parque también era el espacio en el que varios vecinos aprovechaban para integrarse a través de partidos de fútbol. Pero reconoce que los más afectados son los niños: “Ellos se tomaron un lote que hay a la vuelta, lo limpiaron, pusieron piedras para delimitarlo como si fuera una cancha y ahí les toca jugar. De lo contrario les toca en la calle”. 

“El único parque de San Juan que se llenaba, y eso que sólo tenía la cancha, era este”, cuenta Edgardo Cuello, líder comunitario y concejal electo. Aunque está el parque de La Normal que hace poco fue remodelado, para algunos sectores del municipio, el lugar es muy alejado, lo que implica un gasto mínimo de 4 mil pesos. Para Johana Álvarez también es un espacio oscuro en el que siente que no puede permanecer hasta pasadas las 6 de la tarde. Y, en su opinión: “el otro parque, el de Las Delicias, está muy mal, eso ni es un parque”.

El cerramiento del parque también ha generado desconfianza en temas de seguridad porque, según Cuello, puede convertirse en “una guarida” a la que pueden llegar, por ejemplo, objetos robados. Incluso dice que la misma comunidad tuvo la intención de retirar la malla verde que rodea el parque con el fin de sentirse más seguros. 

Parque Las Tunas. Foto: Nicole Bravo

Johana Álvarez, quien conoce cómo era la vida nocturna en el parque antes de la obra, dice que el ambiente familiar permanecía hasta casi la media noche. “Ahora a las 7 p.m te vas entrando por la inseguridad. No ha pasado nada aún, pero uno ve gente rara, da miedo y el lugar se vuelve muy oscuro”, comenta.

La expectativa por ahora es que el alcalde electo, Enrique Camilo Urbina, termine los parques y los pueda inaugurar lo antes posible. En entrevista con Consonante, Urbina dijo que garantizará la entrega de las obras y será exigente con los contratistas. 

*Consonante intentó comunicarse con el secretario de planeación, Rafael Humberto Frías, pero hasta el momento no contestó llamadas ni mensajes.

Escucha esta carta aquí:

Soy Maira Fragozo, periodista local de Consonante en San Juan del Cesar, al sur del departamento de La Guajira. Tuve la dicha de haber nacido y crecido en el municipio conocido como ‘la tierra de compositores’. Me llena de orgullo decir que soy de un pueblo que ha sido la cuna de grandes artistas y en el que cada esquina cuenta la historia de una canción que ha sido inspirada por la naturaleza, el amor, las mujeres y la luna… La luna, ese satélite que se ha convertido en un ícono de San Juan. 

Basta con entrar al municipio y encontrarse con la primera glorieta en donde hay un monumento con una luna y un acordeón. La infraestructura no fue muy bien recibida por los residentes que esperaban un mirador en lugar de esta. Pero el monumento deja en evidencia que hablar de la luna es trasladarte o sentirte en San Juan. Solo con poner en Google “Luna sanjuanera” encontrarás la canción del reconocido compositor Roberto Calderón. La escribió en 1978 y, aunque no era explícitamente para la luna, en una de sus estrofas el compositor le pide a esta que le diga a su amada que regrese:

“Luna de diciembre, Luna sanjuanera

Dile que regrese, Porque no aguanto, ay, porque no aguanto, vuelve, mi negra”. 

Calderón tuvo la intención de componer una canción que representara a su pueblo y recordará todos los momentos que vivió en este. También quería que en el mundo conocieran a San Juan y a sus composiciones. Y lo logró: la canción se convirtió en un himno del municipio y del Festival Nacional de Compositores que se celebra cada año. Así mismo ha hecho que quienes vivimos en San Juan veamos la luna de manera diferente en las épocas decembrinas. Pero en cualquier época del año, la canción que se escribió hace más de cuatro décadas, se escucha con la misma emoción. 

Te preguntarás: ¿Qué tiene de especial la luna sanjuanera para nosotros? Por lo menos yo soy fan de verla. Aprecio mucho el sentarme enfrente de mi casa por las noches con mi hermana y mis primas. A veces, una de ellas interrumpe la conversación para decir: “Ya vieron lo hermosa que se ve la luna hoy”, y de una quedamos perplejas. No importa en donde estés en el municipio, porque desde cualquier lugar la puedes ver. No sé si a otros sanjuaneros les pase, pero yo siento que la luna de aquí es diferente, más en diciembre. Las calles se iluminan, y solo basta con verla para saber que estamos en fiestas navideñas. 

Para Yanexis Patricia Serpa, una joven sanjuanera, la luna representa espiritualidad. “San Juan es un municipio espiritual y la luna marca los tiempos espirituales: marca un nuevo comienzo, es renovación. La luna sanjuanera es mágica, hermosa e imponente.  Parece que estuviera tan cerca”.

Yo también considero que la luna tiene magia, porque ha sido la musa que inspiró a compositores y a escritores. Cuentan mis mayores que antes caminaban por las noches hasta la orilla del río Cesar para cantarle a la luna e inspirarse en ella para componer grandes melodías.

A propósito de todo lo que les cuento y retomando el motivo de esta carta, quisiera invitarles a dar un paseo por este pueblo acogedor, lleno de verseadores, cantantes, vendedores ambulantes y mucha gente amable y parrandera a la que le corre por sus venas la música. Este es el pueblo en donde es costumbre entregar el corazón y todo el que llega aquí se va con las ganas de volver. 

Foto tomada de la página de Facebook de la Alcaldía.

Antes de iniciar nuestra ruta comeremos una buena iguana con yuca en el restaurante de La Negrona, diagonal a la Estación de Policía. De allí, cerca de la papelería central, buscaremos un carro en el paradero que lleva el mismo nombre del corregimiento que visitaremos: Guayacanal. Pero antes, en el centro, compraremos mecato y gaseosas. Camino a Guayacanal disfrutarán de las buenas montañas y hermosos paisajes. Espero que tomen buenas fotos porque esto no se ve en todos lados.  

En la entrada del corregimiento encontraremos el cementerio donde reposan mis ancestros. Llegaremos a la casa de la prima Liona y del señor Miguel Maure a saludar y a comprar boli de cola para comer en el camino. De allí, bajaremos a darnos un chapuzón en el “Chorrito”, por donde pasa el río Cesar. Desde que soy niña me gusta este plan de ir al pueblo que vio crecer a mi mamá y a mis tíos, aunque mis abuelos ya no están, no he perdido la tradición de ir con mis primos y hermanos. No me van a creer, pero no sé nadar, así que no se alteren si no paso de la orilla. Báñense con libertad, disfruten de la tranquilidad de la naturaleza, no teman por su seguridad, aquí todos somos familia y nos cuidamos los unos a los otros.

Iglesia San Juan Bautista ubicada en la plaza Simón Bolívar. Foto: Gabriel Linares.

En la tarde retornaremos a San Juan para ir a conversar en el parque Simón Bolívar donde disfrutaremos de esa Luna, de la que en un inicio les conté. En medio de conversaciones, es posible que pasemos gran parte de la noche allí, contando vivencias y apreciando su majestuosidad; mientras alguien, desde otro lado del municipio, sigue otra tradición sanjuanera: demostrar su cariño regalando esa luna a un ser querido.

Micher Pérez ganó la alcaldía de Fonseca con 9.803 votos. Su triunfo significó la derrota de Enrique Luis Fonseca, considerado el candidato de la administración y el único competidor que tuvo en el último mes de campaña. Con esto, Pérez se convierte en el tercer alcalde de este siglo que, de forma no consecutiva, llega con el aval del partido ASI (Alianza Social Independiente, antes llamado Alianza Social Indígena). Sus prioridades, según su Plan de Gobierno, son la salud, la movilidad, el campo y la seguridad.

Pérez nació en el corregimiento de El Hatico. Su vida laboral empezó en el campo como ayudante en los cultivos de arroz del municipio, luego pasó por el mundo de los juegos de azar como vendedor de chance y de ahí saltó a la política. Fue concejal de Fonseca por dos periodos, después se lanzó a la Asamblea y mantuvo su curul hasta este año.

En el municipio, Pérez es visto como un político tradicional que apoyó al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, condenado por el homicidio de tres personas; y que hoy tiene el apoyo de los exalcaldes Misael Velásquez y Chema Moscote y del senador del partido de La U, Alfredo Deluque, que puso de gobernador a su primo Jairo Aguilar.

La elección de Pérez se dio luego de que las elecciones del 29 de octubre, en el que los resultados preliminares lo daban como el segundo más votado por debajo de Enrique Fonseca, se tuvieran que repetir porque varias personas dañaron más del 25 por ciento del material electoral. A ese anuncio le siguieron movidas políticas claves como la renuncia y adhesión a su campaña de Benedicto González, un firmante de paz que se perfilaba como la tercera votación a la Alcaldía. 

González le puso el voto juicioso de los excombatientes y militantes de Avanzar, su movimiento político, y el voto de opinión que lo acompañaba. El firmante de paz y excongresista es visto como una de las personas de la campaña de Pérez que puede liderar el tema del campo y la inversión de los recursos que le llegan a Fonseca para la zona rural. Esto debido a que el municipio hace parte del Pdet (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, que nació del Acuerdo de Paz).

Con un mes más para ganar votos y con sólo dos candidatos, de los cinco que estaban compitiendo por la Alcaldía, la campaña política se centró en ataques y poco en propuestas. Enrique Luis Fonseca se movió como el candidato del progreso y Pérez como el de la transformación. En redes sociales, ambos señalaron a la campaña contraria de violenta.

Al final, el alcalde electo sacó 649 votos de ventaja a su competencia. De esa forma continuó con la tendencia, que venía de las últimas tres elecciones en Fonseca, de elegir alcalde con una diferencia menor a los 1100 votos.

Pero el triunfo de ‘El tren de las oportunidades’, como era conocida la campaña de Pérez, no es redondo. Primero porque va a tener que gobernar con un municipio dividido políticamente en el que casi la mitad de votantes no apoyaron su campaña o desconfían de su futura administración.

“Fonseca no tiene memoria, no tiene dignidad, decidieron apoyar a los violentos. — dice un votante que estaba en la campaña contraria del alcalde electo — Espero que no vengan con sed de venganza ni de poder. Ojalá puedan demostrar que quieren paz y que son el cambio porque en estas elecciones sólo vimos lo peor, nada de propuestas”.

"Ojalá puedan demostrar que quieren paz y que son el cambio porque en estas elecciones sólo vimos lo peor, nada de propuestas"

Votante de Enrique Luis Fonseca

La segunda es más política. Pérez llega con minorías en el Concejo: de las 13 curules, sólo cuatro son afines a él o lo apoyaron en campaña; las demás estaban con el candidato contrario. De entrada, eso puede ser contraproducente para los proyectos que el alcalde deba pasar por el Concejo porque puede que le pongan trabas o que deba negociar con puestos en la administración. Pero podría beneficiar el debate público al darse un control político más estricto con concejales que tengan sus ojos puestos en el alcalde.

Un Concejo poco cercano

La elección de los concejales no suele ser tan mediática como la de la Alcaldía, pero es clave. El Concejo es el que debate las propuestas del alcalde, le hace control político y aprueba o no el Plan de Desarrollo y el presupuesto municipal —que en 2021 fue de más de  37 mil millones de pesos—, que son las cartas de navegación de la administración en obras, planes, programas y en cómo se invierten los recursos públicos. 

En Fonseca, el Concejo quedó conformado por tres concejales del partido ASI, dos de Alianza Verde, dos de Mais, dos de La U, uno de Dignidad y Compromiso, uno de Esperanza Democrática, uno de En Marcha y uno de Cambio Radical. Este último se confirmó luego de que Enrique Luis Fonseca, el segundo más votado, no aceptara la curul que le correspondía.

Los resultados muestran que el Concejo también se renovó porque de los ocho cabildantes que buscaron la reelección, sólo cinco lo lograron. También se mantiene la representación de las mujeres que tenían dos curules. Otro punto clave es que los partidos que hace cuatro años fueron fuertes, han perdido poder. 

Por ejemplo, el partido conservador que fue el más votado en 2019 ni siquiera presentó lista y los liberales, que fueron la tercera votación con más de 2 mil votos, esta vez no alcanzaron los mil. Pero se mantienen el Verde, La U y Cambio Radical como los que tienen más votos. Al igual que ASI que fue el partido más votado, teniendo en cuenta que también tuvo candidato propio a la Alcaldía que impulsó la lista al Concejo.

Hasta el momento, las cuentas de las curules indican que el alcalde electo sólo tiene cuatro concejales que estuvieron con él desde la campaña. Pero eso no significa que los otros nueve deban hacerle contrapeso, incluso podrían declararse de gobierno o en independencia si el partido lo decide. Además, hay casos particulares como el de Alianza Verde que sacó dos concejales: Felix Cristobal Martínez que apoyó a Micher Pérez y Eliza Eugenia Álvarez que, según sus redes sociales, apoyó a Enrique Luis Fonseca. 

Martínez dice que en su partido el apoyo es para Pérez y que, según las conversaciones que han tenido como colectividad, lo respaldarán en el Concejo: “En el partido casi todos estábamos apoyando al alcalde electo, conocemos sus propuestas y nos parece que lo mejor es trabajar de la mano. Sabemos que los que no estuvieron con él son mayoría, pero todo es de diálogo y concertación para trabajar de la mejor manera y sacar el municipio adelante”. Pero la decisión final se sabrá en febrero (un mes después de la posesión del Concejo), cuando los cabildantes tengan que definir su posición política frente al mandatario. 

"Sabemos que los que no estuvieron con él son mayoría, pero todo es de diálogo y concertación"

Felix Cristobal Martínez, concejal electo del partido Verde.

En ese momento también se sabrá qué tan difícil será la negociación. Por ejemplo, si el alcalde llega a tener una coalición mayoritaria (de gobierno), es probable que el Concejo le apruebe de forma más rápida los proyectos y propuestas que deben pasar por esa corporación. Pero, si la mayoría no está de su lado, el camino puede complicarse porque al alcalde le toca empezar a negociar con los concejales. 

Así lo explica Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral: “Cuando un alcalde no puede negociar con un partido, le toca hacerlo uno a uno para que le salgan los proyectos. El problema es que cada vez que presente un proyecto le va a tocar hacer lo mismo y va a terminar extorsionado por concejales que le piden puestos en la administración porque ninguno va a querer pasar cuatro años sin burocracia”.

Lo dice porque hay concejales con prácticas políticas tradicionales que, si no le dan contratos o puestos a sus votantes o líderes de votantes corren el riesgo de no reelegirse. “Más en municipios donde normalmente viven de la burocracia de la Alcaldía", dice Gutiérrez.

Este cuatrienio también hay una particularidad en el Concejo. El reelegido Óscar Pérez, del partido de La U y quien apoyó la campaña contraria, es hermano del alcalde electo. El concejal le dijo a Consonante que tiene un concepto del Concejo Nacional Electoral que dice que no está inhabilitado y aclara que ahora está en conversaciones con la bancada para saber la posición política. 

Pedro Felipe Gutiérrez, quien también es abogado electoral, dice que según la ley no hay ninguna inhabilidad para el concejal: “Puede seguir con su curul, lo que sí va a tener que hacer es declararse impedido para votar en lo que tenga que ver con decisiones del alcalde. De lo contrario puede incurrir en un conflicto de intereses y terminar investigado por la Procuraduría”. Según Gutiérrez, el impedimento aplicaría para, por ejemplo, aprobar el Plan de Desarrollo Municipal o hacer control político a la administración. Pero no afecta la elección del personero municipal ni los proyectos que son iniciativas propias del Concejo.

Por ahora, el principal reto del alcalde electo es la gestión que tiene que sacar adelante. Para quienes no lo apoyaron, se trata de superar la alcaldía de Hamilton García: “El reto es mantener un municipio en paz y superar la administración actual que ha invertido más de 200 mil millones de pesos en temas de acueducto, calles y ha tratado de darle solución a varios problemas sociales”, dice el concejal Pérez. 

Los que apoyaban a Micher Pérez y estaban en contra de la alcaldía creen que esos puntos son los más atrasados en el municipio: “Necesitamos que avancen los proyectos de agua potable, alcantarillado y pavimentación de vías que están bloqueados desde hace varias alcaldías”, cuenta Jeider Martínez, seguidor del alcalde Pérez. Todos coinciden en que el nuevo mandatario debe priorizar la seguridad y la inversión social. Para eso será clave su relación con el gobernador electo.

Un gobernador amigo

Lo único que estaba claro en las elecciones del domingo 17 de diciembre es que el candidato que resultara electo tendría un gobernador amigo. Tanto Pérez como Fonseca apoyaron la candidatura de Jairo Aguilar Deluque, elegido el 29 de octubre como mandatario departamental. Sólo con el 58 por ciento de las mesas informadas en Fonseca, Aguilar sacó el 67 por ciento de los votos frente al segundo que no llegó ni al 15 por ciento. 

Ese apoyo masivo a la gobernación también se puede reflejar en inversión directa al municipio para asegurar que, en unas próximas elecciones, se elija un candidato del mismo partido o de la misma cuerda del actual. “Esa es una dinámica propia del debate electoral: dar buenos resultados buscando la continuidad en el poder”, dice Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia

“Esa es una dinámica propia del debate electoral: dar buenos resultados buscando la continuidad en el poder”

Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia.

Tanto opositores como aliados del alcalde electo deparan una buena relación entre la alcaldía y la Gobernación. “Creo que una de las mejores administraciones que tendrá Fonseca es la de Micher Pérez porque podrá hacer grandes obras de la mano del gobernador electo con el que tiene una muy buena relación”, dice Deiber Guerra, concejal electo del partido Esperanza Democrática y quien apoyó al alcalde electo en su aspiración. 

En municipios como Fonseca, que son de sexta categoría y tienen un presupuesto reducido, la relación con la Gobernación es clave porque es la que gira recursos de salud y educación, como los del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Si la relación es buena, el alcalde puede pedir que se priorice el giro de esos recursos o con el apoyo del gobierno departamental puede cofinanciar proyectos como los de infraestructura educativa o pavimentación de calles. 

“La gobernación es clave para realizar proyectos de común acuerdo en salud, deporte y pavimentación de calles. Ahí creemos que va a primar la buena relación que tienen ambos mandatarios”, dice el concejal reelecto Óscar Pérez. Aguilar también será clave porque es el que tiene interlocución directa con el gobierno nacional que, en este caso, ha querido priorizar a La Guajira. Por ejemplo, los tres mandatarios podrían aliarse para aterrizar en Fonseca o en parte de esta, las propuestas que el presidente Gustavo Petro tiene para el departamento o la región Caribe.

Por ahora, lo único seguro, es que Micher Pérez tendrá que ponerle acelerador a un empalme que debe realizarse en menos de 15 días y que, a diferencia de los alcaldes elegidos en los demás municipios, no tendrá tiempo para hacer gestiones tempranas que den pistas de lo que será su futura administración.

*Consonante intentó comunicarse con un concejal electo de cada partido o movimiento, pero hasta el momento de publicar sólo respondieron de La U, el Verde y Esperanza Democrática. El alcalde electo tampoco respondió los mensajes.

Micher Pérez será el sucesor de Hamilton García. Su votación es similar a la que tuvo el actual alcalde en 2019 (7.113), pero con una diferencia de menos de mil votos con el segundo más votado, lo que muestra la división política que hay en el municipio. 

Micher Pérez fue concejal de Fonseca, cargo en el que estuvo por dos periodos (hasta 2011). Después se lanzó a la Asamblea, quedó electo y desde entonces ha mantenido su curul. Actualmente es el presidente del partido Alianza Social Independiente (ASI) en La Guajira

Con su triunfo, Pérez derrota a Enrique Luis Fonseca; que iba con el aval de Sí Podemos — el movimiento del actual alcalde—, La U y En Marcha, y es considerado el candidato de la administración. 

Pérez cuenta con el respaldo de los excandidatos Benedicto González y Jazen Suárez. Ambos renunciaron a su aspiración después de los resultados parciales que los ponían en tercer y quinto lugar, respectivamente, y tras el anuncio de que las elecciones del 29 de octubre se repetirían. Esto tras la destrucción de más del 25% del material electoral por parte de ciudadanos que argumentaban que les estaban robando las elecciones.

El alcalde electo también recibió el apoyo de agremiaciones campesinas, la asociación de Constructores de Fonseca y de líderes y simpatizantes que apoyaron a Orangel Romero, el cuarto más votado según los resultados parciales del 29 de octubre y quien se unió a la campaña de Enrique Luis Fonseca. 

Aunque para algunos simpatizantes del candidato Fonseca hay inconformidad porque sentían que en las elecciones pasadas iban ganando, el sentimiento general es que hay que respetar los resultados.

Elecciones en calma

Con la presencia de la Policía, Fiscalía, Defensoría, procuraduría, Registraduría y otras entidades de Gobierno junto con entidades internacionales como la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las elecciones transcurrieron con tranquilidad. 

La seguridad se redobló en este caso, hubo 228 policías en el casco urbano, 160 soldados en la zona rural y patrullajes constantes. En este momento la campaña de Pérez organiza una caravana para celebrar su triunfo.

• 31.386 personas están habilitadas para votar
• En total hay 12 puestos y 71 mesas de votación
• Hay 426 jurados principales
• En el casco urbano hay 228 Policías y en la zona rural 160 soldados

La Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Misión de Observación Electoral, ONU y entidades nacionales e internacionales acompañan las elecciones. Aún no hay reportes de irregularidades en los 12 puestos de votación.

El registrador nacional, Hernán Penagos, dio apertura a las elecciones desde el puesto de votación del corregimiento de Conejo, en donde el 29 de octubre varias personas destruyeron material electoral. Eso llevó a que las elecciones se repitieran hoy. 

La jornada ha transcurrido en calma. El pie de fuerza se redobló: En Conejo hubo más de 10 soldados en cada una de las dos entradas y motorizados del Gaula alrededor. El Ejército dispersó a los grupos de ciudadanos que se formaron alrededor del puesto de votación. “Está muy organizado, nada que ver con la vez pasada” , dijo un transeúnte. 

En el casco urbano hay patrullajes constantes de la Policía, lo que también ha dispersado posibles casas de compra y venta de votos. Integrantes de las campañas de Micher Pérez y Enrique Luis Fonseca también están recorriendo los barrios para vigilar y documentar posibles irregularidades.

Más garantías y menos denuncias de irregularidades

“He estado en diferentes puestos de votación y todo está fluyendo normalmente. Uno se siente más seguro y con más garantías”, dice Luis Alfonso Gutiérrez, comerciante de Fonseca.

En el municipio están las cabezas o delegados de instituciones como la Policía, el Ejército, la Procuraduría, la Defensoría, Migración, entre otros. También organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Misión de Observación Electoral (MOE).

A diferencia de las elecciones anteriores, el transporte está a cargo de carros particulares y no de buses. Tampoco hay reportes de irregularidades, pero sí de información falsa que circula, como la de la agresión a una de las hermanas del alcalde.

Esta semana hubo capturas de señalados por destrucción de material electoral 

Según el medio LaGuajiraHoy.com, ocho personas fueron capturadas al sur del departamento por supuestamente perturbar las elecciones el 29 de octubre, tres estarían relacionadas con lo sucedido en Calixto Maestre.

Los letreros con fondo blanco, letras negras y logos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la minera Best Coal Company (BCC), se han vuelto comunes en el corregimiento de Cañaverales. Están colgados en diferentes casas y dicen el nombre y el tipo de emprendimiento que BCC ayudó a financiar. Los letreros también son la muestra más evidente de que la empresa ya entró a Cañaverales y está moviéndose con el fin de ganar apoyo a favor del proyecto minero. Pero no es la única.

Desde mediados de año, la minera pasó de asistir a las reuniones de preconsulta a realizar acciones concretas en el corregimiento: convocatorias para recibir hojas de vida, embellecer el parque, ofrecer cursos de emprendimientos de los cuales algunos fueron financiados y hasta realizar un torneo de fútbol para los niños de Cañaverales. De esa forma, BCC busca acercarse a la comunidad liderada por el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales. Esta es una de las nueve comunidades que serían impactadas por el proyecto “Mina Cañaverales”, y la única con la que la empresa aún no tiene un acuerdo para explotar carbón a cielo abierto por los próximos 10 años.

Hasta ahora, la comunidad de Cañaverales está dividida entre los que quieren la mina porque creen que generará educación, empleo, inversión social y movilizará la economía del corregimiento; y los que insisten en que perderán la vocación agrícola, afectará el manantial que los surte de agua y terminarán desplazados por los efectos ambientales.

La estrategia de la minera también ocurre en medio de la expectativa de lo que pueda decidir un juez frente a si aplica o no el test de proporcionalidad; que la empresa pidió bajo el argumento de que la consulta previa se ha dilatado, algo que niegan desde el consejo comunitario. El test es una herramienta para medir las afectaciones del proyecto y que, de aprobarse, descartaría la posibilidad de hacer una consulta previa, como lo pide el consejo comunitario, para que sean ellos los que lleguen a acuerdos y puedan votar si quieren o no la mina. Aunque la decisión final la tiene la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que da el visto bueno, o no, a estos proyectos.

Manantial de Cañaverales que surte de agua al corregimiento. Foto: Nicole Bravo

Por eso, llegar con obras sociales, ofertas de empleo, invertir dinero  al corregimiento y acercarse a la comunidad, en un momento en el que el proyecto minero aún no empieza, puede ser clave para ganar apoyos. De esta forma, la empresa puede llegar a acuerdos y mostrarse como una compañía que se preocupa por el bienestar social y va más allá de la explotación de los recursos naturales. 

Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) que acompaña el proceso del lado de la comunidad que se opone a la mina, dice que acciones como estas terminan permeando las voluntades de los habitantes: “En un lugar donde las necesidades básicas no han sido cubiertas, no debería pasar que una empresa llegue a reemplazar al Estado porque se aprovechan de la necesidad de las personas y permean su voluntad haciéndoles creer que lo más importante es el dinero”.

“En un lugar donde las necesidades básicas no han sido cubiertas, no debería pasar que una empresa llegue a reemplazar al Estado"

Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)

Por su parte, Gabriel Bustos, gerente ambiental de BCC, dice que los proyectos realizados en Cañaverales, aparte de voluntarios, son una muestra del interés de la compañía en apoyar el desarrollo del corregimiento: “Queremos construir confianza, queremos acercarnos a la comunidad, ser honestos. Dirás que hacemos eso para convencerlos, para que digan que sí o no en la consulta, pero es para decirles: ‘quiero ser su amigo y el proyecto que queremos hacer no viene a destruir, viene a contribuir’”. La inversión social de este año, según Bustos, es de cerca de mil millones de pesos.

Pero la idea de generar confianza no ha calado en quienes se oponen al proyecto. Al contrario, sienten que las acciones son un intento más por hacerlos cambiar de opinión mostrando que la empresa tiene dinero que ofrecer a cambio de recursos naturales. Pero quienes están a favor del proyecto ven con buenos ojos estas acciones porque sienten que la empresa está mostrando un interés social y está beneficiando a los habitantes sin la necesidad de explotar carbón.

La presencia de BCC y la resistencia en Cañaverales

Una de las primeras acciones de la empresa en Cañaverales fue a principios de julio cuando le hicieron una donación a seis hogares comunitarios del corregimiento. Según la carta enviada al consejo comunitario, en el que informaban sobre esta actividad, la donación fue solicitada vía una PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias). También fue acompañada de la adecuación de una huerta escolar para implementar Proyectos Ambientales Escolares en la institución Ana Joaquina Rodríguez.

En la misma carta, Óscar Gámez, presidente de Los Negros de Cañaverales, escribió a mano que no había solicitado donaciones, lo catalogó como “prácticas irregulares” y dijo que era “un soborno para las comunidades”. Gamez cuenta que cuando fueron al colegio vieron una pancarta de BCC y el logo de la empresa al lado de unas etiquetas que identificaban las matas que crecían en la huerta. “Quitamos la pancarta y las etiquetas que tenían el logo porque el colegio no es del rector, de los docentes ni de BCC, es de la comunidad”, asegura.

A mediados de ese mismo mes, la empresa hizo una movida mucho más pública. Abrió una convocatoria, junto con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la Caja de Compensación de la Guajira (Comfaguajira), para actualizar y registrar hojas de vida de las comunidades cercanas al proyecto minero. El anuncio hizo que empezara a crecer el rumor de que la mina era un hecho y que por eso estaban creando un banco de hojas de vida para empezar a contratar. Pero no fue así, aún hoy no se sabe si el proyecto se hará porque depende de la aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). 

Bustos, gerente ambiental de BCC, le dijo a Consonante que la convocatoria se hizo anticipándose a la consulta y a la solicitud de la licencia porque, en el cronograma que han considerado para poner en marcha el proyecto, los tiempos son muy ajustados. Según dijo, desde la empresa esperan que el tema de la consulta, o en su defecto el test de proporcionalidad, se de en un mes y de ahí pedirían la licencia ante la Anla que calculan que puede tardar unos cuatro meses. 

“Ponle tú que esa licencia salga en junio o julio del otro año y el proyecto empiece en agosto. Agosto es mañana para escoger y capacitar gente de las comunidades cercanas al proyecto que serán priorizadas”, comenta Bustos. Sólo Comfaguajira recibió un total de 1057 hojas de vida de 12 comunidades en cinco municipios. Cañaverales fue la quinta población que más hojas de vida inscribió con 108.

Después, en agosto, la minera realizó la Primera Feria Expo-BCC en la que se entregaron equipos y materiales a 53 proyectos productivos de Cañaverales. Según la empresa, la inversión es de unos 230 millones de pesos. Para lograr esa financiación, quienes fueron beneficiados asistieron a un curso de emprendimiento dictado por el Sena, formularon su proyecto con las ayudas que necesitaban y, según dice la empresa, bajo criterios del instituto fueron seleccionados los que cumplieron con todos los requisitos. Ese proyecto de BCC no estuvo falto de críticas y polémica. 

Dayeli Gámez, de 32 años, hace parte del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales y se inscribió al curso porque vio en este una oportunidad para aprender y generar ingresos económicos. Pero a menos de un mes de asistir a las clases no volvió porque se sintió presionada a apoyar a la mina. Cuenta que uno de los compromisos en el curso era que contratarían a los mismos estudiantes para que hicieran los refrigerios y así poder generar ingresos, pero asegura que esas contrataciones se quedaban en un grupo reducido de personas. “Nosotros hicimos el reclamo a uno de la comunidad que estaba trabajando con BCC en lo del curso y la respuesta de él fue que la empresa no es una ONG que regala cosas, que ellos querían algo a cambio”, comenta Gámez.

Dayeli Gámez, integrante del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales. Foto: Maira Fragozo.

Al retiro del curso por parte de algunos estudiantes, se sumaron las presiones para acompañar en el proyecto de la mina de forma pública. Helena Fragozo tiene 30 años,  estudia ingeniería ambiental, participó en el curso y asegura que días antes de una reunión de preconsulta, una persona de la comunidad que trabaja con BCC llegó a su casa, le entregó una camisa con un mensaje a favor de la mina y le dijeron que si no se la colocaba en la reunión su proyecto no saldría seleccionado. Al final sí financiaron su proyecto, pero no como ella esperaba, según dice. 

“Metí un proyecto para hacer fumigación orgánica y me entregaron glifosato, que es todo lo contrario a lo que pedí. También me salieron con dos bombas de fumigar que, según quien me las entregó, costaban 5 millones de pesos. Las busqué en Mercado Libre y estaban a 700 mil pesos”, cuenta Fragozo. Las críticas han sido varias: “Supuestamente eran proyectos de 5 millones de pesos y yo creo que a nadie de Cañaverales le dieron eso”, dice Brenda Gómez, de 39 años, quien también dejó el curso porque asegura que una persona cercana a BCC le dijo que “debía estar de corazón con la empresa”. En lo que coinciden las personas consultadas, es que la presión ha venido de parte de personas de la comunidad que trabajan con la empresa.

Brenda Gómez, habitante de Cañaverales. Foto: Nicole Bravo.

La crítica también va dirigida a que los emprendimientos no están funcionando en su totalidad. “Uno que otro está funcionando, pero no todos. Y los que están andando es porque ya estaban desde antes de BCC”, dice Dayeli Gámez. Por las calles de Cañaverales, Consonante contó 21 letreros que marcan las casas como emprendimientos financiados por BCC, al menos cinco han estado activos, según varias personas que conocen el corregimiento. Para Gámez lo que ha hecho la minera es más una forma de “marcar el territorio” y cree que tantos emprendimientos no son rentables porque los habitantes son pocos y Cañaverales tampoco es un lugar turístico. 

Al otro lado, y con una visión distinta está Mildreys Moya de 33 años, una de las mujeres que apoya el proyecto de la mina y que desde hace tres años tiene un restaurante en su casa. Para ella fue clave que BCC le entregara el carro para freír que había solicitado y con el cual puede cocinar y acelerar la atención a sus clientes. Moya dice que el curso fue riguroso y que la empresa incluso extendió los plazos y los apoyó para llenar el formato que solicitaba el Sena con el fin de lograr la financiación de la empresa. “Hubo gente que prefirió pagar para que le llenaran el formato y no coincidía lo que presentaron en las clases con lo que decía el documento. La empresa también habló con todos, puso los topes de lo que se iba a invertir por negocio y dijo que les hará seguimiento para que haya una segunda inversión”, cuenta.

Moya dice que ella nunca fue presionada para apoyar la empresa ni para usar camisas que los identificara. Explica que un sueter blanco en apoyo al proyecto minero lo pidieron a la empresa para identificarse en una de las reuniones y otro, de color azul que dice “El carbón se transforma en oportunidades” lo mandó a hacer ella junto con quienes quieren la mina para defender el proyecto y mostrarse unidos. “Si los han presionado, invito a esas personas a que denuncien públicamente, aunque acá la gente es capaz de decir cualquier cosa”, afirma.  Bustos, gerente ambiental de BCC, dice que la empresa nunca ha presionado a las personas para apoyar el proyecto y que lo de las camisas son iniciativas de los propios ciudadanos que los apoyan.

Después de la financiación de los emprendimientos vino el torneo de fútbol que patrocinaron y que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que BCC pueda hacer una escuela de fútbol para jóvenes en el corregimiento. El torneo se realizó al mismo tiempo que el de microfútbol, iniciativa del consejo comunitario y no ha sido visto con buenos ojos porque se entiende como una competencia.

“A los 15 días de nuestro torneo, ellos inventaron otro. Acá la reglas eran que si te sacan tarjeta amarilla, en el próximo partido tenías que traer un cartel en defensa del agua o de un animal. Pero en el de allá (el de BCC) el premio es de 2 millones de pesos. Siempre está el dinero de por medio”, dice Óscar Gámez, presidente de Los Negros de Cañaverales. Por las calles de Cañaverales hay niños que llevan camisas blancas con el logo de BCC y otros, los uniformes azules del consejo comunitario con la frase “Juego por el agua y por la vida”.

Lorena Fuentes, de 22 años, y una de las encargadas de la escuela de fútbol del corregimiento, también ve con sospecha que la minera quiera poner su propio espacio de formación: “No sé si es para hacernos competencia a nosotros, pero aquí ya hay una escuela deportiva, ya la tenemos”. 

Entre otras acciones, la empresa pintó el parque principal y está caracterizando a los habitantes de la tercera edad, incluyendo a los de las otras once comunidades cercanas al proyecto “Mina Cañaverales”, para identificar necesidades que puedan ayudar a solventar. 

El tejido social está roto

Los días previos a las reuniones de preconsulta suelen ser tensionantes en Cañaverales. “Tengo una tía que dice que sólo con ver la empresa por acá se enferma. Dice que ahora  sufre de la presión por el temor que le genera lo que pueda pasar en el corregimiento si se aprueba el proyecto”, cuenta Dayeli Gámez y admite que a ella también le ha afectado. “Unos días antes a las reuniones de preconsulta me daban nervios, ansiedad, me ponía a pensar qué iba a hacer la empresa, con qué iba a salir. Era mucha zozobra y temor de que hubiera confrontación en la comunidad por culpa de un tercero, algo que no ha pasado hasta ahora”, cuenta.

En las reuniones públicas ha habido insultos, chiflidos y discusiones entre familiares y amigos por las posturas que tienen frente al proyecto minero. Los días posteriores no son muy distintos. Al menos en las dos semanas que le siguen a las reuniones de preconsulta, el tema común en las casas y las calles es lo que sucedió ese día, si alguien estuvo a favor o en contra, si hablaron o no, si asistieron o no. Esas discusiones han trascendido los espacios de preconsulta y ha roto amistades y lazos entre familiares y vecinos quebrando el tejido social de la comunidad. 

“Antes iba mucho a la casa de mi tía, que es también la casa a la que llegan todos los familiares de visita. Pero ya no llego allá porque ella defiende la minería y quizá yo le digo algo que va en contra de su creencia y es para problema. Ya mi primo, el hijo de ella, no me habla”, cuenta Lorena Fuentes. “El presidente de la Junta de Acción Comunal es mi sobrino, pero ya no me habla porque una vez puse un estado de Whatsapp dando mi opinión sobre la minería y él se lo tomó personal. Y con mi hermana tampoco hablamos por lo mismo”, recuerda Yólgica Gámez.

Además de las peleas en casa, las diferencias se han ahondado entre líderes de la comunidad. Al consejo comunitario y a quienes lo presiden, que están en contra del proyecto minero, son vistos por quienes quieren la mina como los que impiden el progreso a Cañaverales. “No me siento tranquilo cuando salgo a la calle porque lo que estamos haciendo no es cualquier cosa, nos estamos oponiendo a un megaproyecto con una cantidad de recursos económicos y de gente de San Juan y de otras partes con intereses”, dice Óscar Gámez de Los Negros de Cañaverales. 

Y al otro lado está la Junta de Acción Comunal (JAC), liderada por Yemerson David Gamez, que es vista por los opositores del proyecto como cercana a BCC y la que le ha permitido la entrada a una empresa que, consideran, terminará destruyendo el corregimiento. “BCC ya causó una de las peores afectaciones: rompieron el tejido social de Cañaverales”, dice Óscar Gámez. Hasta el momento de publicar esta historia Consonante no obtuvo la versión de parte del presidente de la JAC.

“BCC ya causó una de las peores afectaciones: rompieron el tejido social de Cañaverales”

Óscar Gámez, presidente del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales

Aunque parecen dos posiciones irreconciliables en Cañaverales, también tienen puntos en común. Mildrelys Moya, quien quiere que la mina llegue al corregimiento para que se dinamice la economía y haya oportunidades de trabajo, insiste en que el manantial no puede tocarse ni destruirse y que confía en los estudios que ha hecho la minera. Para ella, ese espacio de agua dulce es un paraíso a proteger y está dispuesta a reclamarle a la mina si incumple sus promesas o genera daños al manantial. 

Por su parte Dayeli y Yólgica Gámez, quienes se han opuesto al proyecto por temor a los impactos ambientales, también quieren que la calidad de vida de las personas mejore sin tener que irse de su territorio y salvaguardando el manantial. Sin saberlo, las tres mujeres, y a quienes representan, están de acuerdo en que Cañaverales es todo lo que tienen, el lugar al que, sin importar las veces que salgan, siempre vuelven, y la tierra en donde quieren un futuro lleno de oportunidades que hoy no tienen.