Las elecciones locales de este año en el Chocó y en el resto del país se harán por primera vez en el marco del cese bilateral al fuego entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Militares. El único intento previo de 2017 para parar las hostilidades entre ambos grupos armados duró tan solo 101 días, terminó dos meses antes de los comicios de 2018. En esta nueva oportunidad se extenderá desde el 3 de agosto hasta el 29 de enero de 2024. Durante el silenciamiento temporal de los fusiles, los y las candidatas harán sus campañas políticas, la Registraduría instalará las mesas de votación en los cascos urbanos y las zonas rurales, se harán las elecciones y, finalmente, se posesionarán los nuevos gobernantes.
Aunque el cese bilateral ha generado ilusión entre los habitantes del Chocó, donde actúa el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, persiste la incertidumbre sobre el cumplimiento del acuerdo, y las transformaciones significativas que pueda tener en la cotidianidad de las comunidades teniendo en cuenta que no es el único grupo armado en el departamento y el ELN podría continuar los enfrentamientos con estos.
La Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma que reúne a organizaciones de la sociedad civil para promover los derechos civiles y políticos de la población, ha destacado el avance en las negociaciones con el ELN como “una oportunidad para aliviar la situación de violencia en 177 municipios del país en los cuales hace presencia, de manera particular, en los 17 municipios en donde este grupo es el único actor armado”.
El padre Napoleón García, quien coordina el trabajo de la MOE en el Chocó y ha recorrido el departamento acompañando a las comunidades y siendo observador de los procesos políticos , agrega que: “el cese al fuego sí es importante porque los delegados y los funcionarios de la Registraduría van a penetrar con mayor facilidad a instalar las mesas y va a haber mayor tranquilidad”. Sin embargo, García, quien además hace parte de la Diócesis de Quibdó, alerta en esta entrevista que las elecciones tienen otras amenazas como el accionar de las bandas criminales y otros delitos electorales que se han normalizado en el Chocó.
Consonante: La semana pasada comenzó el cese bilateral al fuego entre el ELN y el Estado que estará vigente durante seis meses. ¿Qué repercusión puede tener esta situación en las próximas elecciones regionales en el Chocó?
Padre Napoleón García: Los hostigamientos del ELN con las AGC se han presentado en municipios como Nóvita, Sipí y el Medio San Juan. Ha habido confinamiento y también limitación para que la población se haya movido para inscribir sus cédulas y para que vayan los delegados en los procesos de inscripción. Esto es una limitante con respecto al tema de la regularidad de los comicios. Con la firma del cese al fuego por el ELN sabemos que va a haber un poco de mayor tranquilidad debido a que va a cesar el confinamiento y el desplazamiento de las comunidades.
La preocupación latente sigue siendo el hecho de que el ELN dijo que se reservaba el defenderse de sus enemigos, es decir, de esos otros grupos ilegales como las AGC. Esa es la zona que se puede considerar más “caliente” en cuanto al orden público en el departamento. En otros municipios no hemos escuchado que haya habido amenazas contra líderes sociales, no hemos escuchado que haya habido dificultades para inscripciones ni ninguna otra actividad que desde el punto de vista de la seguridad afecta las elecciones.
"La preocupación latente sigue siendo el hecho de que el ELN dijo que se reservaba el defenderse de sus enemigos, es decir, de esos otros grupos ilegales como las AGC"
Padre Napoleón García
C: Varias comunidades nos han advertido que el ELN y el Ejército no son los únicos actores armados en el territorio, por lo que no esperan que disminuyan los enfrentamientos entre estos y otros grupos. ¿Qué otros actores llaman principalmente la atención en el orden público de cara a las elecciones?
PNG: Después del ELN, el siguiente grupo al que hay que mencionar son las bandas criminales. Estas son bandas delictivas que hacen presencia sobre todo en Quibdó y controlan los barrios. En este momento pudiéramos decir, con respeto del alcalde y de su autoridad, que la ciudad está en manos de la criminalidad y sabemos que esta expresión es válida para muchas de las ciudades del país. Las bandas que ejercen control se dan el lujo de aparecer en las redes sociales, en Quibdó envían extorsiones por las redes sociales.
Muchos candidatos ya vienen siendo extorsionados. Quienes hacen las llamadas son en su mayoría jóvenes, muchachos de los barrios que son delincuentes y se lucran de la impunidad, porque la ley no funciona con suficiente eficacia. De esa manera muchas campañas son extorsionadas. En este mes que los políticos empiezan a hacer proselitismo en los barrios, las bandas según afectos intereses, parentescos, etcétera, permitirán que entren unos candidatos, otros no y a otros les pedirán cuantiosas sumas. Esto atañe fundamentalmente a Quibdó, que es una ciudad de 200 mil habitantes y la que tiene el mayor censo electoral del departamento. Esta es una afectación notable al orden y al proceso electoral. En cuanto al orden público sabemos que las autoridades se reúnen periódicamente en consejos de seguridad pero con resultados realmente insuficientes.
"Después del ELN, el siguiente grupo al que hay que mencionar son las bandas criminales. Estas son bandas delictivas que hacen presencia sobre todo en Quibdó y controlan los barrios"
Padre Napoleón García
C: En otros municipios hemos recibido denuncias de la presencia de las Autodefensas Gaitanistas. ¿Fuera de Quibdó han identificado alguna alerta de seguridad?
PNG: Aunque en muchos municipios del departamento tienen presencia grupos ilegales como las AGC, ellos han expresado formalmente que no intervienen en los procesos políticos de los municipios. Hasta que no conste lo contrario no tenemos evidencia de que intervengan en eso. Hacen pintadas y controles en municipios como los del Urabá y el Darién chocoano, pero no ejercen ni tienen incidencia en los procesos electorales. Se declaran ajenos a esto.
En el Alto, Medio y Bajo Baudó el ELN tiene gran presencia. Sin embargo, confiamos que con motivo del cese de hostilidades no intervengan en los procesos electorales. En las anteriores elecciones de hace un par de años tuvieron incidentes el día electoral: un retén pasajero en el río San Juan, una presencia momentánea en una comunidad del Alto Andagueda. Por lo demás, no hemos recibido quejas o noticias de que los grupos en estas zonas o municipios tengan alguna injerencia.
C: ¿No se han registrado casos de violencia electoral hasta la fecha?
PNG: En este año, no. Solo tenemos identificadas las dificultades que tuvieron funcionarios para ir a hacer inscripciones de cédulas durante los meses de mayo y junio, que hubo confinamiento en los municipios de Sipí y Nóvita.
C: Además de la violencia, ¿qué otras situaciones amenazan el ejercicio electoral en el departamento? ¿Cuáles son las principales alertas que hace la MOE en el Chocó?
PNG: En el departamento se presentan otras alteraciones. La trashumancia es muy evidente, ya la Registraduría y el Consejo Electoral alertaron que en municipios como Yuto, cabecera municipal del Atrato, que está muy cerca de Quibdó, tiene un registro de inscripciones anormal, muy superior al histórico. Esto es señal de trashumancia. Son municipios pequeños a donde llevar 100 a 200 electores altera de manera significativa el censo local.
Estamos esperando a que se haga una revisión del censo local y que, eventualmente, muchas cédulas inscritas de manera irregular sean dadas de baja en el registro del municipio como el Atrato. Hay registros anómalos en municipios como Nuquí y el Litoral del San Juan. Es una señal de alarma importante.
C: ¿Qué factores influyen para que la trashumancia se siga presentando?
PNG: Es una preocupación nacional que tiene que ver con los pocos dientes que se tienen para afrontar estos delitos, muy pocos son procesados y sancionados. Esto va ligado al mayor delito de las elecciones en el departamento y es la compraventa del voto. Todos los demás son secundarios y terciarios al lado de este, porque miles de personas se ven involucradas y eso produce un encarecimiento terrible de las campañas políticas, que violan siempre los topes. En algunos municipios de sexta categoría se requieren inversiones de 24 mil millones de pesos para una campaña de Alcaldía, un municipio como Quibdó puede necesitar valores dentro de 12 a 18 mil millones. Estas sumas desbordan cualquier tope.
La trashumancia está ligada a eso porque no olvidemos que llevar a centenares de votantes desde Cali y Medellín o Quibdó a algunos municipios del Chocó son actividades que valen millones de pesos. Eso implica pagarles el transporte en ocasiones, además de los viáticos y darles dinero a la mano. Meses después de la jornada electoral, cuando se suma y se multiplica, entonces vamos encontrando una cantidad de vicios conexos.
"La trashumancia está ligada a eso porque no olvidemos que llevar a centenares de votantes desde Cali y Medellín o Quibdó a algunos municipios del Chocó son actividades que valen millones de pesos"
Padre Napoleón García
La MOE es testigo un poco de esto, ha hecho registros y ha puesto en conocimiento a las autoridades, pero son ellos los que tienen el deber de hacer investigaciones y de comenzar los procesos. Consideramos que allí hay unas graves falencias en la manera como las autoridades pueden intentar controlar estos delitos tan graves que naturalmente afectan la transparencia democrática y la conciencia de la sociedad.
C: La compraventa de votos está normalizada en muchos municipios. ¿Qué se puede hacer para desnaturalizarlo?
PNG: A pesar de las campañas educativas que se han intentado hacer desde la MOE, la Diócesis en los tiempos preelectorales, otras entidades e inclusive la misma Registraduría y el Consejo Nacional Electoral hacen campaña por los medios para intentar disuadirlo, pero pareciera que hay una mentalidad muy extendida arraigada de corrupción electoral.
Constatamos que esto no pertenece a las viejas generaciones, porque suelen votar y están todavía ligadas a la causa partidista. Son más los jóvenes quienes están votando por primera vez, jóvenes universitarios y muchos de ellos están pendientes de ver cuánto dinero ilegal obtienen de las campañas.
En vista que las campañas no han tenido mucha resonancia, tocaría más bien por el lado de la investigación y las sanciones para que esta medida pueda ser ejemplarizante y pudiera ponerle freno. En la medida en que estos continúan en la impunidad total, se normaliza y la mayoría de la gente lo hace como un trueque de viveza. Se piensa: “El candidato es vivo porque me engaña prometiendo y yo soy vivo porque le saco dinero y de pronto ni siquiera le doy el voto”. Eso es un intercambio perverso y son las autoridades electorales en este caso quienes deberían tomar el control.
C: ¿Esto cómo termina afectando la democracia?
PNG: Afecta mucho el tejido social. El encarecimiento de las campañas hace que muchos de los candidatos deban hacer alianzas a veces con dinero de dudosa procedencia o con mercaderes empresarios de la política. En el Chocó hay una expresión que se ha hecho común en los últimos años: “los enbilletados”. Son algunos empresarios que se han enriquecido desmedidamente prestando dinero a las campañas políticas y cobrando intereses de usura. Esas personas tienen los dineros de dudosa procedencia con los cuales los candidatos deben comprometerse para financiar sus campañas. Todos coinciden en que para el día de las votaciones los candidatos deben tener maletines llenos de billetes físicos para afrontar la jornada. Y luego, muchas veces, esos financiadores son los que quedan como dueños de la administración, de los contratos más importantes o en cargos importantes en gobernaciones o alcaldías.
"Algunos empresarios que se han enriquecido desmedidamente prestando dinero a las campañas políticas y cobrando intereses de usura"
Padre Napoleón García
Los alcaldes o gobernantes, que en tales condiciones quedan electos, deben realizar su mayor esfuerzo en recuperar la cuantiosa inversión hecha y no tanto en administrar. Eso implica peculados y otros delitos. La comunidad se va a ver perjudicada por las consecuencias de estas decisiones fatales. Pero hay un cinismo en el cual el ciudadano interpreta que “ellos nunca han hecho y siempre han robado, entonces yo ahora cojo mi migaja y ellos verán allá qué hacen”. Esto afecta de una manera terrible el desarrollo social y nos hace a todos cómplices del atraso en infraestructura, en servicios fundamentales para mejorar el bienestar de una comunidad. Esas son algunas de las consecuencias que encontramos de ese comportamiento doloso.
C: En algunos municipios como El Carmen de Atrato y Tadó hay más de cuatro candidatos disputándose la Alcaldía. ¿Este número de candidatos garantiza el ejercicio democrático?
PNG: No tiene ninguna repercusión porque al final permite un amplio abanico de posibilidades. En su lugar quisiera anotar que el número de candidatas mujeres es muy inferior a lo esperado en algunos municipios excepto en Acandí, donde hay tres mujeres y un hombre. En la mayoría de los otros municipios del departamento son más los hombres. En algunos son solo hombres o de tres a cinco que aspiran hay una mujer. Esto es preocupante porque tiene que ver con el tema de la visibilización, la equidad de género, la formación política y las condiciones sociales que pesan sobre las compañeras y dificultan de muchas maneras su participación.
Hay otro tema importante y es que el Chocó es un pueblo afro en un 90 por ciento y en un 10 por ciento es indígena. Hay municipios como Lloró donde la mayoría de la población es indígena. Sin embargo, sus administradores siempre han sido afros. Ahora encontramos un par de aspiraciones indígenas en el municipio de Bagadó y en el Alto Baudó. Es un tema que vale la pena analizar y considerar porque quiere decir que la formación política y la participación de los pueblos indígenas ha ido avanzando notablemente.
C: El hecho que los jóvenes estén más vinculados con la compraventa de votos, ¿no debería ser un llamado para fortalecer la educación política en los colegios?
PNG: En las escuelas existe la cátedra Democracia y Paz. Desde ahí se afrontan todos esos temas de formación y de comprensión sobre cómo funcionan los elementos básicos de la democracia. En unas escuelas más que en otras se logra hacer con menores o mejores resultados. Sin embargo, creo que las leyes y la acción coactiva de la autoridad es importante. No soy tan partidario de echarle la culpa a los maestros porque en nuestras escuelas se hacen, por ejemplo, las votaciones escolares con la intención de que los muchachos se vayan entrenando en estos procesos democráticos, pero a veces se van metiendo también las prácticas de la compra y venta del voto. Los padres de familia, que de alguna manera también corrompen a otros estudiantes o entre estudiantes, para que les den el voto para los consejos estudiantiles. Creo que se requiere un poco más de autoridad para que mediante medidas de coacción, investigación y procesos se ejerza mayor control sobre esta actividad.
C: ¿Desde la MOE consideran que están dadas las garantías para hablar de unas elecciones democráticas en el Chocó?
PNG: Sí, en el sentido de que la Registraduría tiene la suficiente organización logística y experiencia a pesar de los temas de conectividad que son difíciles en el territorio. Esas condiciones sí están dadas. Realmente, el pecado mayor es la compraventa, la trashumancia y la corrupción al elector.
C: ¿Qué acciones deberían emprenderse desde el Gobierno nacional, departamental y municipal para hacerle frente a esta situación y garantizar el ejercicio electoral pleno?
PNG: Se deben hacer mesas de trabajo tanto de funcionarios como de organizaciones civiles que construyan estrategias que permitan confrontar. Los medios de comunicación tienen un efecto poderoso, en la repetición de mensajes tienen un valor importante. Fuera de eso, la MOE, por ejemplo, tiene canales en el Whatsapp donde se pueden hacer denuncias y recibir información.
Hasta inicios de julio, el parque eólico Jepirachi estaba destinado a desaparecer. Después de 19 años de funcionamiento en la zona rural del municipio de Uribia, la infraestructura había cumplido su edad útil. Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) estaban alistando el desmonte de los 15 aerogeneradores. Sin embargo, el 5 de julio Irene Vélez, exministra de Minas, y Daniel Quintero, alcalde de Medellín, le dieron vida al proyecto nuevamente con un anuncio que tomó por sorpresa a los indígenas y a los funcionarios de EPM en la zona: el parque pasaría a manos de los wayuu y del Estado. Sería la primera alianza público-popular constituida por el gobierno Petro para avanzar hacia una transición energética justa.
Sobre la iniciativa de Vélez y Quintero todavía hay poca información. Desde el anuncio, ningún integrante del gabinete nacional ha dado más detalles del tiempo que podría continuar operando el parque bajo esta nueva figura o cómo funcionaría en la práctica la alianza público-popular, con la que se espera que las comunidades wayuu puedan coadministrar y recibir beneficios económicos de la producción energética. Lo único que se sabe es que actualmente el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) está analizando la viabilidad de la propuesta que le daría, al menos, unos seis años más de vida al parque eólico que cumpliría sus 25 años de vida útil en el 2029.
Las dudas sobre el futuro de Jepirachi se suman a la noticia de la suspensión de otro parque eólicos en Uribia, Windepeshi de Enel Colombia. En mayo, la compañía dio a conocer que suspendía indefinidamente la construcción del parque eólico por los bloqueos constantes de las comunidades de la zona que llevaron a que las obras permanecieran detenidas durante cerca del 50 por ciento de las jornadas laborales durante 2021 y 2022.
Esta situación ha aumentado los cuestionamientos sobre cómo se deberían ejecutar los proyectos de infraestructura eólica en La Guajira, un departamento considerado el epicentro de la transición energética en el país. Actualmente, hay 55 iniciativas que se están desarrollando y otras están en espera de ejecutarse tanto en el mar (offshore) como en la Alta, Baja y Media Guajira.
Consonante conversó con líderes indígenas y expertos para analizar los aprendizajes que esta experiencia. Para algunos miembros de las comunidades wayuu y expertos en energías renovables el Gobierno nacional está a tiempo de revisar las lecciones de la experiencia de Jepirachi antes de avanzar en su política de transición energética y permitir la entrada de otras empresas a La Guajira para instalar aerogeneradores.
“Los parques eólicos son viables pero deben hacerse las concertaciones pertinentes con las comunidades y que las empresas no vengan a imponer. Lo que estamos viendo es que las compañías y el Gobierno están aliados para cumplir lo que tienen proyectado a toda costa, incluso vulnerando nuestros derechos como habitantes del territorio”, dice Nancy Gutiérrez, del clan Pushaina y habitante de la comunidad de Kasiwolin ubicada en el área de influencia de Jepirachi.
Al igual que para el desarrollo de proyectos minero - energéticos, los parques eólicos deben ser consultados con las comunidades en el territorio. Sin embargo, Gómez, Barney y José Vega, investigador del Instituto Ambiental de Estocolmo, alertan que durante las consultas previas con los indígenas wayuu en el marco de la transición energética en La Guajira se han visto los vicios históricos: el desconocimiento de las autoridades ancestrales o alaüla y el acceso limitado a la información.
José Vega explica que esto se ha dado especialmente por la manera en que está constituido el pueblo wayuu. “El pueblo wayuu no es como otros pueblos indígenas en los que hay un cacique que unifica el liderazgo y es la voz de su pueblo. Acá cada comunidad tiene su autoridad. Podemos hablar de que en La Guajira hay más de 4.000 autoridades tradicionales. Esta es una figura que creó el Gobierno nacional para entregarle programas sociales o negociar algún procedimiento legal con esa persona o representante legal de la comunidad”, explica Vega. “Pero también hay otra figura que es la autoridad ancestral, que muchas veces no se involucra porque el Ministerio del Interior le dice a las empresas que deben hablar con la autoridad tradicional”, agrega.
Barney detalla que este desconocimiento de la cultura, la organización y el territorio wayuu en medio de las consultas previas, ha repercutido en las divisiones de las comunidades e, incluso, ha generado enfrentamientos y muertes. “Hay muchas preguntas que hacerse sobre lo que realmente les enseñó (a EPM) sobre interrelacionamiento cultural, porque las otras empresas asumieron ese como el modelo a seguir. Continuaron con las certificaciones tradicionales aún sabiendo que habían autoridades ancestrales en los territorios ¿Por qué no se hicieron las adecuaciones necesarias con el Ministerio del Interior para afinar con quienes se debía realmente hacer la consulta?”, cuestiona.
Sobre el acceso a la información del proyecto, Vega y Barney aseguran que las comunidades, e inclusive miembros del sector público, desconocen los detalles de los proyectos eólicos a ejecutar por parte de empresas privadas. Durante las jornadas de socialización, las empresas no suelen dar detalles como la verdadera extensión de las áreas de intervención o los impactos ambientales. Incluso, cuentan que desde 2019 ya no es posible encontrar las actas de las consultas previas en el Ministerio del Interior y deben apelar a los derechos de petición para obtenerlas. Además, de la falta de información, Vega resalta que la poca que se encuentra está dispersa entre distintas entidades y resulta ser un obstáculo en el acceso para consultarla.
Ante las dificultades en la consulta previa, algunas comunidades han optado por construir su propio Protocolo Autonómico de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado, como una hoja de ruta de relacionamiento con no indígenas o arijunas en su territorio. Las autoridades de los e´irrukuu wayúu del sector del Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira son quienes han avanzado en este documento. Para su realización, tuvieron en cuenta las leyes que ordenan el mundo del pueblo wayúu y su territorio ancestral, así como la Constitución Política de Colombia y el Sistema Internacional de Derechos.
En el caso de Jepirachi, EPM, más allá de escuchar a los indígenas en la consulta previa, ofreció medidas de compensación. Hasta la fecha, la empresa ha entregado una planta desalinizadora para el agua a las tres comunidades en el territorio como compensación, ha apoyado el fortalecimiento de proyectos productivos y algunas actividades organizativas internas. Sin embargo, en Kasiwolin temen que al irse la empresa se queden sin la planta pues EPM la administra y la energía con la que funciona proviene del parque eólico. Al respecto, Joanna Barney, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y quien ha seguido de cerca el proceso de Jepirachi, se deben pensar en no generar mecanismos de dependencia entre las comunidades y las empresas, y no se debe perder de vista que las compañías no deben ser sustitutivas del Estado.
Nancy Gutiérrez cuenta que estos procesos consultivos han tenido problemas porque las iniciativas, que se conciertan allí y desarrollan las compañías, no se traducen en beneficios comunitarios en el largo plazo y en otras han visto que los acuerdos quedan sin acciones concretas y esto puede ser aprovechado para el aumento de los conflictos sociales. Está distribución diferencial de los beneficios y difusa dependiendo de la comunidad ha llevado a qué los paros de actividades se conviertan en la principal acción que asumen las comunidades para ser escuchados. Este fue el caso de Windepechi en Uribia.
“Alguien hace un paro y le dan recursos. El otro pelea porque los contratistas se están alimentando en una comunidad y la otra quiere que se alimenten ahí, entonces le hacen el paro al contratista. Me parece inconcebible que después de 20 años de Jepirachi sigan esas dificultades”, afirma Gutiérrez. “Las necesidades de este territorio son bastante evidentes. Deberían hacer una inversión que nos pueda mejorar la calidad de vida, que nos pueda dar desarrollo, por ejemplo, la formación de nuestros jóvenes para que sean mano de obra cualificada como ingenieros o administradores, y no que nos pongan a pelear”, agrega.
Sin embargo, algunos especialistas afirman que la participación de las comunidades indígenas debe ser más profunda. Algunos, inclusive, han planteado la posibilidad de que ellos y ella sean socias de los parques. Es decir, que reciban beneficios económicos y asuman los costos, de forma diferencial. Incluso, para Barney esto debe pensarse de forma tripartita con participación del Estado, la empresa y la comunidad.
“Hay unos modelos daneses donde la comunidad impactada tiene beneficios económicos por la cercanía de los parques. Recibe la misma factura de la luz pero en vez de que les cobren, les dan un pago por compensaciones. Es una de las posibilidades que aquí no se contempló nunca porque siempre pensaron que ellos (los wayuu) no saben manejar recursos. Debe haber un cambio de pensamiento de que las comunidades son menores de edad”, advierte Barney.
Otro punto a tener en cuenta en estos proyectos, especialmente por las condiciones de La Guajira, es cómo pueden beneficiarse los habitantes de la zona de influencia de la energía generada. En La Guajira, la cobertura de energía eléctrica es la más baja del país, según el Gobierno nacional. De las 78.371 viviendas que hay en el departamento, solo el 61,2 por ciento tiene acceso a la electricidad. El el decreto 1276 de 2023, con el que el gobierno Petro busca ampliar la cobertura de la energía eléctrica, se específica que Uribia y Manaure se requiere mayor inversión en soluciones de energía aislada. Es decir, proyecto que no estén conectados al SIN.
En este sentido, Andrés Gómez, investigador en extractivismos, energía y transición ambiental de Censat Agua Viva, advierte que el proyecto Jepirachi abre la discusión sobre el acceso a la energía para qué y para quiénes se da, teniendo en cuenta que la electricidad no queda en el territorio sino que es integrada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), desde donde se distribuye a las zonas con redes de transmisión. Además, detalla que en el marco de la transición no debe perderse de la mirada las diferencias entre energías comunitarias y comunidades energéticas, pues de esto depende el horizonte político que se va a seguir en los próximos años.
En los últimos años han tomado fuerza las energías comunitarias y las comunidades energéticas como dos alternativas para romper con la centralización de la producción energética y poner en manos de la gente la transición energética. La primera se refiere a proyectos de energías renovables que son administrados por las personas para garantizar un mejor uso de la energía. Por otra parte, las comunidades están organizadas legalmente junto a entidades o empresas para llevar a cabo proyectos de energías limpias.
“En el decreto que publicó recientemente el Ministerio de Minas para comentarios, hay unas condiciones para poder hacerse comunidad energética. Una de estas es constituirse como una empresa de servicios públicos. Esto es un problema porque podría representar un obstáculo para las comunidades. Lo otro es que aquí se podrían generar negocios de terceros que quieran lucrarse de la electricidad. Por su parte, las energías comunitarias no piensan necesariamente en la formalización y no piensan necesariamente en que tiene que haber comercialización”, explica Gómez.
El desmantelamiento del parque Jepirachi, que debe cumplirse el 8 de octubre de este año, abrió el debate sobre qué debería hacerse con los aerogeneradores una vez se cierre el proyecto por orden de la Comisión de Regulación de Energías y Gas (CREG), a través de la Resolución 060 de 2019. En ese documento, la CREG estableció nuevas reglas para la operación de plantas solares y eólicas, determinó qué tecnologías debían salir del mercado porque quedaban obsoletas y abordó las falencias técnicas que en ese momento presentaba Jepirachi.
El parque de EPM estaba presentando fallas para realizar las mediciones meteorológicas y eléctricas por la obsolescencia tecnológica y la dependencia a Nordex, el fabricante de los sistemas de hardware y software. Además, ya se habían cumplido 16 años de los 20 que tenía de vida útil la planta eólica, como establece el documento. Al respecto, Edwin Moreno, ingeniero electricista de la Universidad Nacional, explica que: “las energías limpias son las que más rápido se quedan obsoletas por el avance que existe en la ciencia y tecnología de materiales. Por esa razón, a diferencia de las hidroeléctricas, su horizonte de vida útil no supera los 25 años”.
La vida útil corta de los proyectos eólicos genera una preocupación sobre qué se hará con estos equipos una vez se desechen. Hasta la fecha ya se tiene claridad de que las hélices de los aerogeneradores no son reciclables y no existe un acuerdo mundial o nacional sobre cómo disponer de estos materiales. “En la parte electrónica es muy poco lo que se puede recuperar por los elementos que se utilizan como semiconductores. El silicio, se obtiene de la arena y es muy difícil de recuperar, y el germanio, que es altamente tóxico hace que sea complicada la disposición de esos desechos”, agrega Moreno.
Para Joanna Barney el desenlace que tenga el parque Jepirachi seguirá marcando la pauta sobre lo que ocurra con otros proyectos. “Esperaría que el Gobierno permita seguir con el desmantelamiento porque esa es la vida que van a seguir los demás parques. Se solucionarían preguntas como qué va a ocurrir, cómo se desmantela y a dónde van a ir esas aspas. Todo eso hay que pensarlo aunque estemos a 30 años del desmantelamiento de los demás parques”, concluye Barney.
Por lo pronto, se sabe que si EPM recibe el visto bueno de Fenoge para ejecutar la entrega del parque Jepirachi al Gobierno nacional y, de esta manera, avanzar en la alianza público-popular, asegura la compañía, entregará en óptimas condiciones el parque. Por otro lado, el Gobierno nacional deberá definir las regulaciones y el modelo empresarial que regirá el proyecto. Mientras esto ocurre, las comunidades indígenas wayuu siguen a la expectativa y esperan que haya información clara sobre el proyecto, pues hasta la fecha solo le han dado charlas informativas sobre el desmantelamiento.
“Nunca nos han dicho nada. EPM se está haciendo como el que no sabe, es más acabamos de tener una reunión bastante regular con la empresa porque nos vino a mostrar unas diapositivas del desmantelamiento, como si no existiera el anuncio de Irene (Velez). Nunca nos han consultado ni nos han informado. Esperamos que nos den un borrador sobre el plan de desmantelamiento, que nos digan qué va a pasar con la planta desalinizadora o el anuncio del Presidente pero no sabemos qué pensar ni qué esperar”, lamenta Nancy Gutiérrez.
Mildrelys Moya y al menos 20 jóvenes de Cañaverales están abogando para que la empresa minera Best Coal Company (BCC) pueda empezar a explotar carbón en Cañaverales a cambio de que realice talleres de formación y se comprometa a emplearlos si logra entrar en operación. Aunque Moya y los demás jóvenes del corregimiento son un grupo minoritario entre los cerca de 2.000 habitantes, aproximadamente, que tiene el corregimiento, su voz ha empezado a coger fuerza ante la falta de oportunidades de estudio y empleo que tienen los jóvenes de su pueblo.
“De lejos veo la dificultad que hay en el pueblo con los jóvenes que no tienen cómo. Si está el interés de la empresa de ayudar a los jóvenes de acá, que los eduquen y les garanticen el trabajo a los que se metan a estudiar”, dice Mildrelys Moya, una mujer de 32 años y madre de dos hijos quien lidera el grupo de los jóvenes a favor del proyecto minero en ese corregimiento de San Juan del Cesar.
Este trasfondo, sobre la necesidad de tener mayores oportunidades de estudio y la búsqueda de empleos se ha posicionado en los últimos meses en las discusiones comunales en Cañaverales. El debate es intenso, en gran medida porque hace parte de la estrategia de acercamiento que está implementando la minera BCC en la zona. Según cifras de la compañía, desde el segundo semestre de 2018 al mismo semestre de noviembre de 2022 se vincularon 40 practicantes de las diferentes comunidades del área de influencia en convenio con el SENA, el Infotep y la Universidad de La Guajira. Además, a mayo de 2023 asegura que ha apoyado a 97 negocios de habitantes de los siete corregimientos y los tres municipios en los que impactará el proyecto.
Por su parte, el acercamiento de BCC en Cañaverales ha sido con actores que considera estratégicos como la Junta de Acción Comunal y otros liderazgos, entre los que se encuentra Mildrelys Moya. El relacionamiento con estos líderes e instancias de participación han empezado a hacerle contrapeso al consejo comunitario Los Negros de Cañaverales, quienes deben discutir los impactos sociales y ambientales de la mina, y dar su veredicto en los próximos meses.
David Uribe Laverde, abogado ambiental e integrante de Territorios de Paz (Terrepaz), una organización que asesora a comunidades rurales en defensa del territorio, cuestiona que este tipo de estrategias agudiza la desigualdad de relacionamiento entre la empresa y la comunidad, pues está enmarcada por las circunstancias de precariedad y vulnerabilidad de la población. “Desafortunadamente por como se ha configurado el modelo extractivo, estos proyectos se implementan en zonas marginadas, en las cuales es muy fácil que el impulso económico de las empresas resulte siendo una especie de cooptación de la favorabilidad de la comunidad sobre servicios de asistencia social que deberían ser prestados por el Estado”, dice Uribe.
“Es una agenda encubierta porque se presenta la oferta de empleos y estudios como inversión social, cuando en realidad es una operación rentable para las empresas que están capacitando su mano de obra no cualificada. Esto va a redundar en empleos seguramente precarizados o mal pagos, porque se trata de jóvenes que recién ingresan al mercado laboral”, explica el abogado.
Por su parte, Limbano Díaz, consejero de juventud departamental y quien ha seguido el proceso en Cañaverales, destaca que en La Guajira hay una creencia predominante de que los empleados en el sector minero son quienes viven cómodamente y tienen mayor facilidad económica. "Ese es el paradigma que nos han enseñado a nosotros, que la mejor forma de desarrollo es a través de esas empresas o esos puestos de trabajo, pero no les han contado todos los efectos adversos. La gente solamente ve la abundancia de los recursos, la promesa de que van a ser técnicos, de que van a tener mejores casas", afirma Díaz.
Mildrelys Moya asegura que es consciente que la falta de inversión de los gobiernos es lo que hace vulnerable a su comunidad y ha deteriorado las condiciones de vida en Cañaverales. Reconoce que las necesidades de su pueblo son aprovechadas y, en esa misma medida, ellos y ellas deben sacar provecho de cualquier ayuda que llega a su territorio.
“Lo llamo el tráfico del hambre. Trafican con el hambre de las personas. No te voy a decir que la mina lo hace. En estos momentos veo la ayuda allá. Si esa es la vaca que me está dando leche, voy a ordeñarla y después veo si la convierto en queso y mantequilla o la pulverizo”, afirma Moya.
“Lo llamo el tráfico del hambre. Trafican con el hambre de las personas. No te voy a decir que la mina lo hace. En estos momentos veo la ayuda allá"
Mildrelys Moya, habitante de Cañaverales
“Yo como queso, no como carbón”: la otra postura de los jóvenes frente a la mina
Otro grupo de jóvenes en Cañaverales temen la pérdida de la vocación agrícola y la destrucción de la reserva natural del manantial. Este último grupo, quienes son cercanos al consejo comunitario e incluso algunos hacen parte de este, han adoptado el lema: “Yo como queso, no como carbón”, que han estampado en camisetas, gorras y pendones que utilizan durante las reuniones de preconsulta. Para ellos y ellas, la discusión es principalmente sobre cómo se entiende el desarrollo y el progreso que debería tener su comunidad.
"La empresa ha venido dando una mala información con respecto a que va a haber desarrollo, pero tenemos que replantearnos el significado de desarrollo que no es destrucción de nuestra cultura, ni de nuestra identidad. Para mí es que venga el gobierno y mejoré el acueducto, el alcantarillado. Todos los servicios, las necesidades de un puesto de salud y eso no lo hace una empresa", manifiesta Dayelis Gámez Bula, de 32 años de edad.
Los y las jóvenes que se oponen a la realización del proyecto minero de BCC, que hace parte del conglomerado turco Yildirim Holding, consideran que para mejorar las condiciones de vida en Cañaverales es necesario que las autoridades locales impulsen otros sectores económicos. “Para que exista un desarrollo no necesariamente tiene que llegar una empresa, debe de haber un amor e interés por los gobiernos de apoyar a este pueblo que es de vocación agrícola y ganadera e invertir en proyectos”, dice Jhoymar Gamez, una joven trabajadora social de 28 años.
Por otra parte, Maria Camila Palacios, una joven de 17 años de edad que ya terminó sus estudios de bachillerato y actualmente está a la espera de entrar a la universidad, desconfía de que la empresa pueda garantizar estudio para todos y todas. "No es tan fácil que llegue una mina y le pueda dar a la mayoría o a todos los jóvenes de aquí algún estudio. En estos casos se manejan mucho los contactos y siempre le dan prioridad a unas cuantas personas y eso no sería equitativo", afirma Palacios.
"En estos casos se manejan mucho los contactos y siempre le dan prioridad a unas cuantas personas y eso no sería equitativo"
María Camila Palacios
En Cañaverales, una vez terminan el bachillerato en la Institución Educativa Ana Joaquina Rodríguez, los jóvenes tienen la posibilidad de acceder al Sena o a la Universidad de La Guajira, ambas ubicadas a casi una hora 30 - 50 minutos en del municipio de Fonseca o Villanueva.,Otra alternativa es o pagar una corporación o un instituto privado de educación como el Infotep, la Corporación Educativa del Caribe (Cedelca) y System Center, ubicados a 20 minutos en el casco urbano. Sin embargo, para trasladarse a cualquiera de estos centros de educación superior, los jóvenes deben pensar en gastos de transporte, en el pago del semestre que varía oscila entre los 150 y 300 mil pesos, la alimentación de un día, materiales para el desarrollo de las clases y en algunos casos, deben asumir el arriendo de alguna habitación porque ven más viable radicarse en el lugar.
Las carreras que se ofertan para los y las jóvenes, además, se limitan a técnicos o tecnólogos en gestión ambiental, gestión minera, gestión contable y seguridad industrial, entre otros. Si desean estudiar una carrera profesional como medicina o, derecho, comunicación social o alguna ingeniería deben trasladarse haciaa otras ciudades del país o a la Universidad Popular del Cesar (UPC) o a la Universidad de La Guajira en la sede de Riohacha, ubicada a dos horas y media de distancia desde el municipio.
“Los que terminan de estudiar se quedan esperando a tener algún empleo pero para todo se necesita experiencia entonces lastimosamente se nos dificulta mucho”, cuenta Yulainis Daza Peñaranda, quien está desempleada a pesar de que es egresada del técnico en auxiliar administrativo. Los jóvenes que no acceden a educación superior se emplean en los cultivos de tomate, filo, algodón, plátano, yuca y maíz en el corregimiento, que es conocido por ser una despensa agrícola. Sin embargo, los habitantes coinciden en que este sector económico ya no es atractivo y rentable como en años anteriores. Los demás emprenden haciendo refuerzos escolares, vendiendo productos o buscan trabajos en el casco urbano.
Beneficios cuestionables
Otro de los puntos de cuestionamiento ha sido el número de empleos que la empresa ha proyectado contratar en los diez años de operación. Según BCC, se generarán 300 empleos directos y 600 indirectos. Sin embargo, para algunos jóvenes estos números no generarían un impacto significativo en la empleabilidad del corregimiento y los tres municipios. La compañía tampoco ha dado garantías de que se priorizará a los habitantes de Cañaverales en los procesos de contratación, puesto que son siete corregimientos que serán afectados por la mina.
José David Gámez, un joven de 22 años a punto de culminar sus estudios de bachillerato en la I.E Ana Joaquina Rodríguez, considera que los empleos que la empresa va a dar son una solución a corto plazo. "De pronto sí, nos dan oportunidad de estudio y de trabajo durante diez años. Pero después la mina se va porque se acabó el proyecto y cómo quedamos nosotros, algunos quedarán enfermos de los pulmones porque ese polvillo del carbón es malo. La mayoría van a quedar desempleados", sostiene Gámez.
"Después la mina se va porque se acabó el proyecto y cómo quedamos nosotros, algunos quedarán enfermos de los pulmones porque ese polvillo del carbón es malo"
José David Gamez, joven de Cañaverales
José Vega, investigador del Instituto Ambiental de Estocolmo y quien ha seguido de cerca el desarrollo de la industria minera en el Cesar y La Guajira, apoya la visión de los jóvenes y recalca que los beneficios que este sector aporta son cuestionables. “Este ha sido el motor económico de la región durante varias décadas, desplazando a otros sectores económicos que en su momento eran más prominentes como la agricultura y que empleaban a muchísima más gente”. Por otro lado, manifiesta que la minería deja más ganancias al Estado que empleos a los municipios afectados.
“Un sector como la minería de carbón en La Guajira es el 50 por ciento o más del Producto Interno Bruto, pero genera muy poco empleo, menos del 2 por ciento. Es un sector económico que aparentemente es el que más riqueza genera, pero que a su vez no emplea tanta gente”, agrega Vega.
Los jóvenes, las voces ‘ignoradas’ en La Guajira
La falta de empleo y oportunidades de estudio no son el único síntoma del olvido en el que se sienten los jóvenes de Cañaverales. La única inversión que recuerdan que hizo una Alcaldía en su corregimiento fue construir un parque biosaludable e instalar una malla de protección en la cancha de fútbol, para que los balones no cayeran a las casas cercanas. Esto ocurrió hace unos cinco años, según cuentan los pobladores, y actualmente, el deterioro de ambas obras es notorio.
En la Alcaldía municipal, no hay una cifra clara de cuántos jóvenes tiene el corregimiento y ni el municipio, según Snick Olivella, enlace de Juventud de la administración municipal. Los únicos datos públicos que se conocen son las proyecciones del DANE para 2023 con base en el censo de 2018, que establecen que en San Juan del Cesar hay alrededor 13.058 jóvenes entre los 15 a los 29 años.
Cristian Andrés Barros, presidente de la Plataforma Municipal de Juventud, afirma que: “No hay una proyección real de los jóvenes de la zona rural en San Juan del César. Las oportunidades laborales educativas y hasta de salud para la zona rural y sus jóvenes son precarias. Las instituciones no sirven, hay poca veeduría ciudadana, poco interés sobre el tema juvenil en esas poblaciones y jóvenes desenterados de las oportunidades, las ofertas institucionales o los escenarios a los que pueden acceder por medio del Estatuto (de Ciudadanía Juvenil) para generar ingresos”.
“No hay una proyección real de los jóvenes de la zona rural en San Juan del César. Las oportunidades laborales educativas y hasta de salud para la zona rural y sus jóvenes son precarias"
Cristian Andrés Barros, presidente de la Plataforma Municipal de Juventud
La Plataforma Municipal de Juventud y el Consejo Municipal de Juventud, además, han denunciado en distintas oportunidades que no hay espacios de interlocución con la administración municipal. “Esto parte del distanciamiento que tiene la administración sobre el tema de Juventudes. Nosotros no dependemos de la Gobernación ni de la Alcaldía sino que tenemos enlaces con las oficinas presidenciales, pero aún así eso es insuficiente porque al final terminan siendo las administraciones locales las que tienen voz, voto y decisión sobre lo que nosotros planteamos”, agrega Barros.
A este panorama se suman dos fenómenos que se están presentando en San Juan del Cesar y preocupan porque son los y las jóvenes quienes terminan involucrados: suicidios y asesinatos selectivos presuntamente por grupos de “limpieza social”. En lo que va corrido del año, dos jóvenes se han quitado la vida en el municipio y, en el último mes, tres más fueron asesinados. Sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado establecer quiénes fueron los responsables de estos homicidios pero hay alerta en la zona de presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Al respecto, Limbano Díaz, consejero departamental de juventud y presidente de la Comisión de Concertación y Decisión, cuestiona que a pesar de que La Guajira es un departamento del que se extrae sal, carbón y se desarrollan proyectos minero energéticos, esto no se ha traducido en mejores oportunidades para los jóvenes ni la población en general.
“La Guajira es uno de los departamentos que tiene menos cobertura de agua en el país. Los recursos que logra captar el Estado, a través de las regalías, son un porcentaje mínimo de todas las ganancias de las empresas. De estas (regalías) se han enriquecido muchas familias y casas políticas del departamento pero no se ha fortalecido nuestra capacidad de gobernanza y de participación, ni el aparato productivo donde el 60 por ciento de sus trabajadores son informales. No hay capacidad de generar mayores inversiones en los sectores claves del desarrollo, como son salud, educación y agua potable donde nuestros indicadores son los menores del país”, afirma Díaz.
Daniels Benítez, líder gay de 21 años, creció en medio de una familia campesina y minera que lo apoyó en su reconocimiento como miembro de la población LGBTI en Tadó, contrario a las voces de su pueblo en el que algunos piensan que ser gay, bisexual, lesbiana o trans es una enfermedad, un vicio e incluso un pecado.
Benítez, nacido en Pereira pero criado en Tadó, es uno de los integrantes del Consejo Municipal de Juventud desde donde ha impulsado un discurso en defensa de los derechos de las personas LGBTI, de su aceptación sin restricciones y de su participación activa en la educación, la política, el deporte y la cultura en el municipio. Y, desde el 2021, lidera un concurso de modelaje cuyo centro está en la inclusión, el empoderamiento y el liderazgo que sueña se fortalezca entre los tadoseños.
En el Mes del Orgullo LGBTI, Consonante conversa con Benítez sobre las realidades y los desafíos que enfrentan los jóvenes con identidades y orientaciones diversas en Tadó en su lucha por combatir los prejuicios, estereotipos y discriminación, pero también por abrir el camino hacia la igualdad de derechos.
Consonante: En el último año usted ha conocido a jóvenes que tienen depresión y ansiedad por miedo o rechazo a reconocerse como gays o lesbianas. ¿Por qué se están presentando estos casos?
Daniel Benítez: Tadó es un pueblo muy pequeño al que han hecho madurar a la fuerza. Lamentablemente no hay una acogida a las personas de la población LGBTI, las familias en Tadó son muy tradicionales, entonces la sexualidad diversa es rechazada porque los padres de familia, en su mayoría, piensan que es una enfermedad o un vicio. Eso marca un punto diferencial entre la actualidad juvenil y los padres, ya que ellos no permiten que los jóvenes tengan libertad para expresarse diversamente.
Ese es uno de los temas que conlleva a la depresión: no tener el apoyo de los padres, experimentar a la fuerza, el rechazo de sus amigos, las burlas. Hay demasiada discriminación contra las personas LGBTI en Tadó. Muchos jóvenes se aferran a no salir de su zona de confort por miedo a lo que diga la sociedad. Incluso nos toca tener una posición social y económica para ser una persona LGBTI respetable y que no nos vulneren los derechos.
"Ese es uno de los temas que conlleva a la depresión: no tener el apoyo de los padres, experimentar a la fuerza, el rechazo de sus amigos, las burlas. Hay demasiada discriminación contra las personas LGBTI en Tadó"
C: ¿Cómo se ve esa desigualdad en el trato en la medida en que una persona LGBTI tiene más o menos recursos económicos?
DB: Hacen a un lado a una persona gay con buena educación y ponen por encima a alguien con una posición económica más alta. Cuando joven era víctima de bullying en las redes sociales y en mi propio entorno, me tocó posicioname socialmente para ser respetado y que nadie pasara por encima de mí, de mis ideales y de mis proyectos. Algunas personas nos siguen vulnerando a pesar de que tenemos posiciones sociales importantes que le aportan a la restauración del tejido social y sin importar si estamos más preparados que muchos de saco y corbata. Eso lo vivo en espacios políticos, porque soy político; en los sociales, pues mi vida está marcada por lo social, y en materia de juventud, porque hago parte del Consejo de Juventudes.
C: Usted es un líder LGBTI reconocido en el municipio. ¿Cómo empezó este liderazgo?
DB: Empieza desde el bullying que viví en primaria y me dije: esto tiene que cambiar. Yo quería aspirar al máximo cargo de la representación estudiantil en el colegio, que era la personería. Entonces me tocó mostrarme como esa figura fuerte y convertirme en esas personas populares para tener lo que quería, condicionar mi físico, mi mente, incluso dejé de ser yo para hacer lo que muchos consideraban que era lo pertinente. Ahora quiero convertirme en el primer alcalde de mi municipio y ser un referente nacional en miembros de la población LGBTI.
C: ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las personas para reconocerse como parte de la población LGBTI en Tadó?
DB: La familia, la sociedad, uno mismo, las parejas y los planteles educativos, porque a veces algunos docentes aceptan la sexualidad de los jóvenes solo de palabra, cuando en realidad esto es una pantalla y están inconformes.
C: ¿En Tadó se evita hablar de la población LGBTI y de las relaciones homosexuales?
DB: Es como un 50 y 50, la verdad, porque muchos lo hablan pero al tiempo lo ocultan. Se evita hablar cuando están en el plantel, cuando comparten con personas desconocidas y en el entorno familiar, cuando no son aceptados o no hay confianza.
C: ¿Hay algún caso en particular que haya acompañado que nos permita entender qué tan grave es la situación?
DB: No he tenido la oportunidad de acompañar a alguien. Incluso manejar mi propio equilibrio entre existir como una persona diversa es algo difícil. Aun siendo líder y trabajando los temas de salud mental es difícil terminar de madurar.
C: En Tadó también hay población indígena. ¿Hay alguna particularidad con ellos? ¿Cómo está la situación en los resguardos?
DB: Conozco a los embera katio que viven en la zona del Alto San Juan. Ahí está prohibido tener una orientación social diferente y si la tiene, la persona es sancionada o es expulsada definitivamente del resguardo indígena. Las sanciones que enfrentan son trabajos comunitarios bastante pesados. En Tadó no he tenido la oportunidad de ver un miembro de la población LGBTI porque está netamente prohibido entre ellos. Tengo entendido que hay casos de jóvenes que se suicidan por los castigos que sufren.
"Conozco a los embera katio que viven en la zona del Alto San Juan. Ahí está prohibido tener una orientación social diferente y si la tiene, la persona es sancionada o es expulsada definitivamente del resguardo indígena"
C: ¿Qué atención psicosocial reciben los jóvenes indígenas y afro de la población LGBTI?
DB: Bueno, desde la administración municipal no hay atención, porque no he visto que los jóvenes tengamos participación ni alguna posición social para que nos puedan capacitar o incluso nosotros capacitar a los miembros de la población. El Hospital de Tadó tiene psicólogas y en algunas ocasiones hay charlas, pero no son temas que se frecuenten. Se habla del tema pero no es lo que en realidad se necesita para seguir madurando la voz y la mente de la juventud.
C: ¿Hay algún tipo de mesa departamental o municipal que trabaje directamente los temas LGBTI?
DB: Aquí en Tadó tenemos unos miembros de la población LGBTI muy activos. Si hay mesas no he sido partícipe, sé que hay un grupo, pero no se llevan muy bien. No he visto proyectos relacionados con el fortalecimiento de los miembros de la población LGBTI en Tadó. Si hablamos del Chocó, sí hay una mesa que trabaja por el fortalecimiento, el reconocimiento y los derechos de la población tanto en Colombia como en el mismo departamento. La tarea he visto que la hacen.
C: ¿Cree que las personas LGBTI de Tadó enfrentan barreras adicionales para desarrollar su vida? Por ejemplo, en materia de educación, salud o acceso al trabajo.
DB: Si vamos a hablar de política, los miembros de la población LGBTI tienen que ser demasiado inteligentes para poder participar porque les cierran las puertas por el simple hecho de pertenecer a una minoría poblacional con orientación sexual diferente. Las posturas y decisiones tienen que ser muy inteligentes para poder ser aceptados.
Las barreras son muy grandes, te cuestionan por no tener capacidades intelectuales para aportar a un proceso político. Cabe aclarar que dos de los partidos o movimientos políticos tradicionales en el municipio de Tadó tienen representación en los Consejos de Juventudes, que son el Partido Liberal y el Partido Conservador, pero realmente no pueden tener una participación tan abierta porque no cuentan con los factores intelectuales que piden tener para que ellos participen. Me parece también una falta grave ahí porque no dejan crecer nuevos liderazgos.
En el deporte es muy difícil que puedan participar en un espacio donde se juegue por género, simplemente por ser LGBTI. Hay incluso barreras sociales cuando están compartiendo en paseos y actividades de rumba o baile.
C: ¿Cómo está la garantía de derechos para las personas LGBTI que son indígenas?
DB: Aquí los movimientos se radican por la política e incluso para poder trabajar el miembro de la comunidad indígena tiene que ser una persona preparada intelectualmente para que pueda aportar, porque para entrar ellos necesitan conocer las problemáticas, pero no les dan esa participación que necesitan por el simple hecho de que no estuvieron en un proceso político, entonces no se les da la oportunidad para conocer y trabajar.
C: ¿Qué debería hacerse en el municipio para que cambie la discriminación y haya mayor garantía de derechos?
DB: Empezar a generar un proyecto que sea una bomba de concientización en núcleos familiares, explicarles la importancia y que se haga dentro de las instituciones educativas para que el mensaje sea masivo y enmarcado en lo institucional, que incluya a los padres y docentes. También promover escenarios para exaltar los talentos, porque muchos miembros de la población LGBTI son súper talentosísimos. A veces basta un reconocimiento que los anime a seguir trabajando para que se sientan cómodos consigo mismos y con el entorno. Además, darle participación sí o sí a los miembros de la comunidad indígena, ya que esto nos ayuda a conocer los factores de riesgo. Además, tratar de concientizar a los cabildos y gobernadores para que entiendan que esto no es una enfermedad, no es un pecado, solo son condiciones que se presentan y que deben aceptar a los jóvenes con una orientación sexual diferente.
C: ¿Se ha impulsado el respeto y la garantía de derechos para las personas LGBTI por parte de las autoridades de Tadó? ¿Cómo?
DB: He visto que en algunos escenarios los miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia hablan sobre estos temas para dejar un mensaje, pero no para impulsar nada. Incluso cuando llego al Comando de la Policía a dejar alguna carta para solicitar acompañamiento en mis actividades en materia de juventud, algunos me ven maquillado y empiezan a especular y se ríen, entonces no, no ha habido ningún avance ni nadie que impulse nada. Solo los miembros de Infancia y Adolescencia que dan una que otra charla, pero las cosas continúan tal cual como están.
C: ¿Qué acciones han impulsado desde el Consejo de Juventud para los jóvenes LGBTI?
DB: Las acciones empiezan desde los jóvenes. Somos tres consejeros con orientación diferente que decidimos enrutar a otros jóvenes para que vean que esto es motivo para seguir e inculcar el liderazgo. Nosotros trabajamos ese enfoque en materia de género. Nos enfocamos en la música, el arte, el deporte y el liderazgo para combatir los estándares sociales. Cada consejero de juventud tiene su propia escuela de liderazgo. Hay de arte y baile, de deportes y modelaje con un enfoque de empoderamiento juvenil.
"Somos tres consejeros con orientación diferente que decidimos enrutar a otros jóvenes para que vean que esto es motivo para seguir e inculcar el liderazgo. Nosotros trabajamos ese enfoque en materia de género"
C: ¿Qué acogida han tenido sus concursos y desfiles? ¿Cómo se relaciona la belleza con el empoderamiento de la población LGBTI?
DB: La aceptación ha sido fantástica porque trabajo con un enfoque diferencial. Este año el enfoque es la salud mental, mostramos que la mujer no es solamente belleza sino inteligencia. El día del certamen final cada una debe dar un mensaje de empoderamiento y liderazgo relacionado con la salud mental. En el concurso cada miembro es importante en la sociedad, siempre hay representación de la comunidad indígena y de la población LGBTI.
Los comentarios han sido positivos y negativos. Por ejemplo, me preguntan por qué dejar participar a un miembro de la población LGBTI si son concursos para mujeres. Mi mensaje siempre es que cada miembro de la sociedad será recibido para transformarle la mente a cualquier tipo de asistente que crea que estos escenarios no son para ellos.
C: ¿Qué reacciones hay cuando asume una postura política con el maquillaje?
DB: La verdad yo lo hago de aposta, porque me gusta. Desde la política no es normal que uno vea un miembro de la población LGBTI siendo un líder político grande y en materia de juventud, que haga aportes significativos para la sociedad. Lo hago para madurar la mente de las personas, especialmente cuando hablamos de política. En lo social las reacciones son “wow”, causa cercanía y admiración en las mujeres, pero pena en los hombres.
C: ¿Cómo se imagina que puede ser Tadó en el futuro para las personas LGBTI?
DB: Un espacio donde los niños puedan jugar con libertad y seguridad, tengan aceptación familiar y su voz sea escuchada. Donde tengamos restauración social e igualdad de género. También donde los miembros de la población LGBTI adulta sean aceptados sin ningún tipo de recriminación. Que Tadó pueda decir que somos potencia en materia de diversidad y mostrar que somos más que promiscuidad, que damos aportes positivos y signif
Lea el especial completo haciendo clic aquí: “Quien maneja este pueblo es la empresa”: el poder de Miner SA en El Carmen de Atrato"
La comunidad de Cañaverales, un corregimiento de San Juan del Cesar, está ante una decisión crucial sobre su territorio: la puesta en marcha de la mina a cielo abierto de carbón, que espera realizar la empresa Best Coal Company —filial en Colombia del conglomerado turco Yildirim Holding—. Este proyecto de explotación hace parte de un complejo minero que se quiere desarrollar en el sur de La Guajira y que incluye otra mina en Papayal, una explotación subterránea de carbón en San Juan del Cesar y una línea férrea hasta Dibulla.
El consejo comunitario Los Negros de Cañaverales, que representa a cerca de mil personas de los habitantes del corregimiento en el proceso de consulta previa, deberá discutir los riesgos y los beneficios que traería el desarrollo de la explotación de carbón, y llegar a un acuerdo o tomar una postura frente al proyecto. Sin embargo, con el paso del tiempo esta consulta previa está siguiendo el guión que tienen la mayoría de estos procesos en el país: opacidad, enemistades internas y desbalance de poderes.
Las divisiones entre los habitantes suceden al tiempo que la empresa BCC ejecuta una estrategia de inversión social y de comunicaciones para ganar aceptación y generar cercanía con la comunidades de los siete corregimientos donde tendrá injerencia el proyecto: Cañaverales, Corralejas, Los Pozos, El Tablazo, El Playón, Pondorito y Los Tunales, y los tres municipios: San Juan del Cesar, Distracción y Fonseca. Esto ocurre en medio de la incertidumbre política y económica alrededor de la producción de carbón, gracias a la descarbonificación de algunos países europeos y la apuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro de transitar hacia energías limpias.
Los reclamos que tiene la comunidad en la actualidad son similares a los que manifestaban a inicios de 2021, cuando inició el proceso consultivo con los nueve consejos comunitarios que están en la zona donde se desarrollaría la mina. Los Negros de Cañaverales argumentaron que no tenían información suficiente para entender el proyecto minero para participar de la consulta previa de manera libre e informada. En ese entonces, BCC aseguraba que solo compartirían la información una vez se iniciaran las reuniones consultivas formales. El consejo comunitario recurrió a una tutela para que se garantizara el acceso a la documentación y poder iniciar la preconsulta. Este recurso fue fallado a favor.
A pesar de esto, a mediados de 2022 el Ministerio del Interior decidió aplicar el test de proporcionalidad, un mecanismo en el que un juez de la República y otras entidades del Estado evalúan y sopesan las afectaciones del proyecto minero sin tener en cuenta al consejo comunitario. Después de varios reveses entre apelaciones y fallos, el 11 de noviembre de 2022 el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha ordenó finalmente reanudar la consulta previa. Desde entonces se han realizado dos reuniones de preconsulta: el 20 de marzo y el 20 de mayo de 2023.
Durante estos dos años, las dos posturas frente al proyecto minero se han distanciado. Por un lado están quienes han optado por reivindicar su vocación agrícola y preservar la reserva natural del manantial, y por el otro quienes reclaman por los empleos y las becas estudiantiles que podrían garantizar la compañía. Estas diferencias son notorias durante las sesiones donde se reúne la comunidad y que transcurren en medio de tensión y discusiones álgidas.
Por ejemplo, en la reunión de preconsulta que se hizo el 20 de mayo del 2023, un grupo mayoritario de los habitantes llegó al espacio con camisetas alusivas a su descontento con la frase: “yo como queso, no carbón”. Del otro lado, otro grupo de personas se negaba a que los asesores hicieran intervenciones y reclamaban que se tuvieran en cuenta sus necesidades, como aceptar los espacios de formación en maquinaria pesada y otros talleres para jóvenes que está financiando la compañía.
“La gente tiene sembrado mucho terror, entonces al momento de tener mucho miedo e ir a la reunión, uno va a pensar que todo lo que viene a decir la empresa y el Ministerio (del Interior) va a ser mentira. Nos hemos llevado eso de manera personal. Al momento de las reuniones se forman discusiones que ni siquiera tienen que ver con el tema porque son discusiones internas de la comunidad”, cuenta Yemerson David Gamez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Cañaverales.
"Al momento de las reuniones se forman discusiones que ni siquiera tienen que ver con el tema porque son discusiones internas de la comunidad”
Yemerson David Gamez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Cañaverales.
Óscar Gamez, presidente del Consejo Comunitario, asegura que estas discusiones se tratan de una campaña de dilatación. “Ellos hacen que la reunión se torpedee, que no avance e incluso provocan a algunas personas con actitudes groseras y abusivas. Cuando se iba a dar alguna declaración, ellos se ponían con el teléfono casi a menos de 20 centímetros de la persona tratando de filmarla y amenazándola. Eso es dilatación porque a nosotros nos vieron todo el tiempo tranquilos”, afirma Gámez.
Empleos y educación, nuevos puntos de la discusión
Desde que se conocieron los planes de BCC en Cañaverales, la principal preocupación fue las posibles afectaciones que tendría la reserva el manantial, ubicada junto al área de explotación minera. Sin embargo, en los últimos meses la generación de empleos y las oportunidades de estudio, que la empresa minera ha prometido impulsar si inicia la explotación, se han posicionado en el debate de la comunidad. Esto ha sido principalmente importante en este corregimiento, donde los habitantes viven principalmente de los cultivos de yuca, tomate y algodón. La otra fuente de empleo en el pueblo es la Institución Educativa Ana Joaquina, que reúne a las escuelas de las veredas y corregimientos cercanos. Otras personas se emplean en las clínicas y el Hospital San Rafael, como mototaxistas, manejando la ruta de transporte desde el casco urbano hacia los corregimientos y en la Alcaldía municipal. Sin embargo, estos resultan insuficientes para un municipio de 50.713 habitantes.
Ante la falta de oportunidades, la compañía BCC comenzó a implementar su plan de responsabilidad empresarial desde el año pasado. La estrategia, según Lilia Vergara, gerente social de BCC, consiste en apoyar a emprendimientos y negocios locales con talleres de formación de cuatro meses con el SENA. Hasta la fecha han vinculado 97 proyectos productivos. Además, han realizado talleres de formación artística para más de 200 niños, niñas y adolescentes en los corregimientos donde tendría injerencia el proyecto y, actualmente, tiene empleadas a 31 personas de San Juan del Cesar y algunos municipios cercanos, según cifras de la empresa. Para llevar a cabo estas acciones, la mina se ha apoyado en otros actores que considera estratégicos en el corregimiento: la Junta de Acción Comunal y otros liderazgos comunitarios.
El Presidente de la JAC es quien se ha encargado de hacer las gestiones. Cuenta que a pesar de que se está realizando la consulta previa, él debe escuchar las peticiones del resto de la comunidad. Mildrelys Moya, quien es partidaria del desarrollo de la mina, es una de las líderesas de los jóvenes que reclaman empleo y educación. Moya afirma que aunque no es seguro que la mina inicie operaciones, las capacitaciones les servirán en un futuro. “Si la empresa se va pasado mañana, el conocimiento no nos lo quita nadie. Miro a mis hijos y quiero que se preparen”, dice Moya. “Si la mina se va a nosotros nos queda un corredor turístico, nos queda el hueco ahí y eso se puede aprovechar más adelante para que la gente conozca la historia de lo que hubo antes”, agrega.
Pero en Cañaverales no todos los habitantes están de acuerdo con permitir el ingreso de la empresa y consideran que los 300 empleos directos y los 600 indirectos, que ha manifestado públicamente la empresa, no son suficientes para los siete corregimientos y los tres municipios. Además, cuestionan que la compañía esté utilizando el programa de fortalecimiento para los emprendimientos con el fin de hacerse publicidad.
“Nosotros hemos dejado que las personas aprendan, son libres de capacitarse, pero de qué vale capacitarse y que nos aprueben un proyecto para que ellos vengan aquí a marcar mi casa con el logo de BCC como si fuéramos prácticamente unas vacas, parte del ganado de ellos. Me parece injusto. En Corraleja tienen marcas hasta en la cancha. ¿Por qué tienen que marcar la comunidad antes de tiempo? No veo el porqué y así no se gana la confianza. Ellos vienen con sus proyectos de música y todo eso, pero esas son estrategias que tienen para convencer a la gente”, dice Lorena Fuentes, una joven de Cañaverales e integrante del consejo comunitario afro.
"Ellos vienen con sus proyectos de música y todo eso, pero esas son estrategias que tienen para convencer a la gente”
Lorena Fuentes, joven de Cañaverales e integrante del consejo comunitario afro
Las discusiones dentro de la comunidad también ha sido reforzada por otras voces reconocidas del municipio. Un día antes de la preconsulta del 20 de mayo, Juan Sebastián Otero, influencer y candidato al concejo municipal, publicó un video en el que señala al consejo comunitario de querer dilatar la puesta en marcha del proyecto minero y bloquear la llegada del desarrollo al corregimiento. “Lastimosamente este consejo comunitario ha tratado de dilatar el proceso consultivo para evitar que este proyecto avance. Sin embargo, lo que han conseguido es que su comunidad se pierda de los beneficios que gozan en otras comunidades como, por ejemplo, las clases de música para niños y los programas de promoción y educación ambiental”, dijo Otero en el video que tiene 106 me gusta
Ante los cuestionamientos sobre las divisiones que pueden estar generando las ofertas de capacitaciones en medio de la consulta previa, funcionarios de BCC aseguran que no están intentando influenciar a las comunidades sino atender las necesidades de los habitantes que no se sienten representados con el consejo comunitario. “Lo que estamos haciendo es no desconocer a quienes nos piden que los tengamos en cuenta en alguna capacitación. La invitación es que no se nos mire como unos adversarios sino como un actor dentro de la comunidad, que puede estar interesado a favor de la propia comunidad”, dice Luis Manuel Escobar, asesor para el tema de consulta previa de BCC.
“Lo que estamos haciendo es no desconocer a quienes nos piden que los tengamos en cuenta en alguna capacitación"
Manuel Escobar, asesor para el tema de consulta previa de BCC
Sin embargo, Rosa María Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y José David Castilla alertan que estas prácticas que está desarrollando la mina pueden agudizar las divisiones e influir en la consulta previa. “lo que hacen (la empresa) es abordar a la JAC e ingresar a la comunidad. Así va generando este tipo de divisiones. Es una práctica que se hace de forma reiterativa porque lo que se busca es dividir la opinión y dividir los órganos de consulta”, agrega Castilla.
La ausencia de las entidades del Estado que deben garantizar los derechos del consejo comunitario durante la preparación del proceso consultivo está siendo evidente. En la reunión de preconsulta no asistió ningún funcionario de la Alcaldía municipal, ni la Procuraduría y Defensoría. “Toda la responsabilidad de garantía de derechos humanos está en el funcionario del Ministerio del Interior y el representante de la Personería Municipal. Ustedes tienen obligatoriamente que solicitar y requerir la presencia de las demás instituciones del Estado y asistencia técnica”, afirmó Angélica Cotes, funcionaria de las Naciones Unidas, durante el evento. “Cuando la comunidad exige respuestas y la empresa está dispuesta a darla, hay que abrir el espacio para que el diálogo no se vea interrumpido, sino que pueda fluir de una mejor manera”, agrega.
“Cuando la comunidad exige respuestas y la empresa está dispuesta a darla, hay que abrir el espacio para que el diálogo no se vea interrumpido”
Angélica Cotes, funcionaria de las Naciones Unidas
Opacidad en la información, otro punto de disputa
La reunión de preconsulta, que se realizó el 20 mayo y en la que se esperaba que BCC explicará el proyecto minero, terminó empañada por las dudas no resueltas sobre los alcances y afectaciones que generaría la explotación de carbón, los conflictos entre la comunidad y la ausencia de los gobiernos local, departamental y nacional, que deberían garantizar los derechos de los habitantes del pueblo.
A pesar de que la empresa realizó una presentación con términos técnicos del proyecto y las organizaciones acompañantes del consejo comunitario intervinieron, no se cumplieron las expectativas de las más de 200 personas que llenaron el coliseo principal del pueblo y esperaban entender en su totalidad las implicaciones del proyecto minero. El espacio de preguntas de la comunidad estuvo reducido y determinado por un funcionario del Ministerio del Interior, que indicaba qué preguntas debía responder la compañía argumentando que en la fase actual no se podían responder preguntas específicas sobre los impactos que generaría la mina a cielo abierto de carbón. Estas debían ser solucionadas durante la consulta previa.
“Pretendemos que desde los infantes hasta los adultos mayores que estamos en Cañaverales tengamos claridad sobre todos los impactos a nivel social, económico y ambiental para que sea la comunidad propiamente la que saque sus conclusiones sobre el proyecto. Pero las respuestas que dio la empresa no satisficieron las preguntas que hicieron las personas. Se les hace una consulta y salen con una respuesta muy diferente a lo que realmente deberían responder”, cuestiona Ifener Mendoza, integrante del consejo comunitario Los Negros de Cañaverales.
José Vega, investigador del Instituto Ambiental de Estocolmo y quien ha seguido el desarrollo de la industria minera en el Cesar y La Guajira, resalta que la falta de información es uno de los obstáculos que tienen las consultas previas en Colombia. “Estamos en contexto en el que las comunidades locales se enfrentan a procesos de consulta en donde muchas veces no existe información oportuna, fiable y completa de los proyectos. Si conversas con una empresa de energía renovable o una minera y le pides la información, probablemente, van a decir que esa información es pública. Muchas veces es pública, pero no es accesible”, afirma.
Lo que sigue
De la reunión de preconsulta salieron tres actividades que se deben surtir antes de la próxima reunión, que podría llevarse a cabo el 17 de junio. La compañía debía entregar el Plan de Obras y Trabajo, que contiene la información relacionada con los conceptos que tuvo en cuenta BCC para tomar la decisión de invertir y desarrollar este proyecto minero. Además, la compañía y el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales están en proceso de recoger las preguntas que quedaron sin responder durante el encuentro del 20 de mayo. Finalmente, se espera discutir la ruta metodológica, en la que se especifica cuántas reuniones se harán para la consulta previa, los ejes temáticos, los análisis del proyecto, entre otros. Este último paso sería la antesala para iniciar la consulta previa, después de dos años de espera.
La vereda Veracruz, ubicada en los límites de La Guajira y Cesar, será el epicentro de uno de los cuatro parques eólicos que estarían en proceso de desarrollo en el municipio de San Juan del Cesar. El último mes, los 178 habitantes de este poblado se reunieron con funcionarios de Mainstream Renewable Power Colombia, una filial de la empresa irlandesa que lleva el mismo nombre, para conocer los impactos ambientales que tendría el parque eólico Sirius y definir cuáles serían las medidas de mitigación de las afectaciones sociales y ambientales que generaría la puesta en marcha del proyecto. Esto con el fin de construir el Estudio de Impacto Ambiental que presentarán a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
“Sabemos que hay gente que va a entrar al territorio, va a haber ruido y va a haber deforestación, pero sería un mejoramiento de la energía eléctrica que incluso nos falta a nosotros. Acá la falta de empleo es mucha y esto viene a mitigar, durante la construcción, el desempleo para las personas profesionales”, dice Wilson Molina, presidente de la Junta de Acción Comunal de Veracruz. Sobre los diálogos con la compañía cuenta que: “Se está gestionando que nos pongan las vías en óptimas condiciones, estamos peleando que nos garanticen energía con un parque de paneles solares”, agrega Molina.
“Sabemos que hay gente que va a entrar al territorio, va a haber ruido y va a haber deforestación, pero sería un mejoramiento de la energía eléctrica que incluso nos falta a nosotros"
Wilson Molina, presidente de la Junta de Acción Comunal de Veracruz
Los vientos alisios que llegan del Este han convertido a la media y alta Guajira en un foco de desarrollo de proyectos de energía eólica. Los vientos en este departamento superan los 30 metros por segundo de velocidad y solo pueden compararse con los registrados en el departamento de Córdoba, según el Atlas de vientos del Ideam y la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).
Es por esto que actualmente hay 57 iniciativas de parques eólicos que se están desarrollando o están a la espera de ejecutarse en la tierra y el mar guajiro. De ponerse en marcha los 2.833 aerogeneradores o molinos de viento que sumarían en total estas iniciativas, el país estaría generando 12,8 gigavatios de energía eléctrica, según el último informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
A pesar de que San Juan del Cesar está ubicado en el sur de La Guajira, se ha convertido en un punto de atención para cuatro compañías desarrolladoras de parques eólicos porque se tiene registro de que “es un buen sitio con potencial de vientos”, según Felipe Ibarra, consultor en Colombia de la empresa Oak Creek. Sin embargo, la información sobre la puesta en marcha de este tipo de proyectos no ha sido difundida públicamente por entidades del Estado y es poco lo que se encuentra en las páginas oficiales. Los habitantes han conocido sobre estos a través de las reuniones con funcionarios de las compañías o a través de oenegés que han investigado sobre el tema.
Los cuatro parques eólicos estarían listos después del 2025
Son tres las empresas extranjeras y una nacional las que están detrás de los proyectos eólicos en San Juan del Cesar: Mainstream Renewable Power, de origen irlandés; Empresas Públicas de Medellín (EPM), de Colombia; M&A de la sociedad Acciona, de España y Oak Creek, que tiene su casa matriz en California. Dos de estos proyectos (Mainstream y Oak Creek) se encuentran en trámite de la licencia ambiental, que es el último paso necesario que deben cumplir para poner en marcha los aerogeneradores. Sin embargo, este proceso podría tomar alrededor de un año y medio, por lo que el tiempo de inicio de ejecución de cada iniciativa está proyectado para después de 2025.
Hay incertidumbre en las comunidades
En Veracruz y el corregimiento Los Haticos hay expectativa por el desarrollo que podría generar la puesta en marcha del parque eólico, pues consideran que han sido comunidades olvidadas por los gobiernos locales y nacionales. “Uno se ve obligado a aceptar lo que vengan a ofrecer ya que el Estado no se ve por aquí. Esto es una miguita de soluciones que no nos ha dejado ni la Alcaldía, ni la Gobernación ni el Gobierno nacional”, dice Wilson Molina, presidente de la JAC de Veracruz.
Sin embargo, alrededor del parque eólico ha habido controversia sobre los verdaderos impactos y el desconocimiento de las comunidades afro en la zona. Yonis Gustavo Molina, representante legal del consejo comunitario afro Pedro Manuel Molina, cuenta que el Ministerio del Interior se negó a llevar a cabo la consulta previa y, en esa misma medida, la compañía ha continuado las reuniones en la vereda Veracruz sin la presencia de ellos. Actualmente, están esperando ser reconocidos para iniciar la consulta para que se pueda garantizar que las acciones de mitigación sí logren sopesar las afectaciones a sus usos y costumbres, y que se cumplan.
“Los ruidos de esos molinos que son tan inmensos, nos van a destruir nuestras montañas porque ellos tienen que hacer unas trochas por donde van a pasar las redes. Nuestro uso tradicional del territorio también es salir a hacer cacería, buscar el conejo, el morrocón”, dice Molina. “Nos gustaría que quedaran unas buenas obras de estructuras, por lo menos que nos queden unos colegios bien hechos, buenos proyectos productivos de piscicultura, de gallina, cultivos, que nos queden puestos de trabajo. Van a haber muchos beneficios para la comunidad, pero sí no hay consulta los beneficios se quedan en el aire”, agrega.
"Van a haber muchos beneficios para la comunidad, pero sí no hay consulta los beneficios se quedan en el aire”
Yonis Gustavo Molina, representante legal del consejo comunitario afro Pedro Manuel Molina
Por su parte, Medardo Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Haticos, cuestiona que el Ministerio del Interior no haya accedido tampoco a iniciar la consulta previa con el consejo comunitario Carmelo Banquet de Los Haticos. Ante el rechazo de consultar con el consejo, la JAC de Los Haticos se negó a participar de la segunda reunión en la que se socializaron los impactos ambientales. Además, asegura que a pesar de que la empresa ha enseñado a otras comunidades las afectaciones que tendría el parque eólico, no saben si estos son todos los impactos y si las acciones de mitigación funcionarán.
“Acá no contamos con profesionales que puedan interpretar esa información. Uno cree en la buena fe de las empresas pero a veces no actúan así. Queremos que a la comunidad se le dé claridad sobre los impactos y se brinde bienestar de acuerdo a la magnitud del proyecto que se va a generar, que no sea empleo solo de tres meses sino obras o unidades productivas que generen sostenibilidad en el tiempo”, agrega Gutiérrez.
"Queremos que a la comunidad se le dé claridad sobre los impactos y se brinde bienestar de acuerdo a la magnitud del proyecto que se va a generar"
Medardo Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Haticos
La energía no se queda en La Guajira
Los megavatios de energía que se generaría con los parques eólicos tiene como destino el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Este es el sistema que permite garantizar el suministro de energía en el país a través de una red de cables que une las plantas de generación (hidroeléctricas, eólicas, térmicas, etcétera), y las líneas de transmisión y de distribución hasta los usuarios finales que son las empresas, los hogares y los comercios, entre otros.
Sin embargo, Edwin Moreno, ingeniero electricista de la Universidad Nacional, cuestiona que esta energía realmente no llega a todo el país. “Existen zonas que no cuentan con una interconexión real a ese sistema. Por ejemplo, en los departamentos de la región de la Amazonía, el Guaviare, Guainía, Vaupés, una parte de Putumayo y del Casanare, por cuestiones geográficas es muy difícil llegar con las líneas de energía eléctrica”, explica. “En estas comunidades donde las viviendas están dispersas, se elevan los costos de conexión”, agrega.
Pablo Barrera, ingeniero electricista especialista en regulación de servicios públicos, cuenta que a pesar de que la infraestructura se desarrolla desde los parques eólicos no es posible generar conexiones directas para las comunidades en la zona porque los niveles de energía son muy altos. “La energía tiene que ir hasta una ciudad próxima para que se bajen los niveles y pueda ser consumida, y volver hasta el sitio donde se obtuvo”, afirma.
Barrera propone, además, que para llevar energía a las zonas donde se instalarán los parques eólicos deberían pensarse proyectos comunitarios de paneles solares. “Si tú haces un proyecto para una comunidad de 100 personas, esas personas pueden juntarse para pagarle a un joven de la misma comunidad que va al Sena y aprende cómo se le hace mantenimiento y cómo se opera. Es más sostenible desde el punto de vista económico y técnico tener paneles solares para poblaciones de 100 a 200 personas”, agrega.
Lo que sigue
La empresa Mainstream Renewable Power tiene pendiente realizar una nueva reunión con los habitantes de Veracruz y Los Haticos para socializar los resultados del Estudio de Impacto Ambiental. Aunque no hay una fecha precisa, la compañía afirma que antes de finalizar año se estaría dando este encuentro. Por su parte, el consejo comunitario interpondrá una demanda contra la negativa del Ministerio del Interior a realizar la consulta previa.
En Los Haticos también esperan que la empresa acceda a realizar la segunda reunión de socialización de los impactos, que, según Medardo Gutiérrez, dio por hecha Mainstream Renewable Power a pesar de que la JAC solicitó que se diera una espera mientras había una decisión de fondo del Ministerio del Interior sobre la consulta.
Los políticos en el Chocó nuevamente se han convertido en objetivo de grupos armados, advierte la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Los casos más recientes son el de Marinela Palomero, exalcaldesa de Bagadó, quien recibió amenazas del ELN y Gonzalo Copete, presidente de la Asamblea Departamental, quien recibió un panfleto extorsivo de la banda Los Mexicanos. Ambos hechos, que se presentaron entre marzo y abril de este año, son una alerta sobre el aumento de la violencia político electoral en el departamento, que podría incrementarse en la medida en que se acerquen las elecciones de autoridades locales el 29 de octubre, según el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Desde que inició el periodo electoral en octubre de 2022, la Fundación Pares ha documentado los casos de violencia político electoral que se registran en el país. A través del registro en medios de comunicación y entrevistas en el Chocó, han logrado establecer los actores detrás de las amenazas, la reorganización territorial de los grupos armados y las disputas que se están presentando. Daniela Garzón, investigadora de Pares y quien estuvo a cargo del informe publicado el 2 de mayo, advierte que estos casos de amenazas y hostigamientos contra políticos en el marco de las elecciones no van a reducirse si persisten los nexos entre la Policía y los grupos armados ilegales en el departamento.
Consonante habló con Daniela Garzón para conocer el panorama en el Chocó, cuáles son las alertas a cinco meses de las elecciones locales y qué acciones debería adoptar el Gobierno nacional para reducir la violencia político electoral.
Consonante: En el informe ustedes alertan sobre el aumento de la violencia político electoral en el país. ¿Cuáles fueron los hallazgos?
Daniela Garzón: En este ejercicio hemos tratado de ver si hay sistematicidad contra algunos grupos políticos. No lo hemos identificado pero sí hay mayor victimización de la gente que está relacionada con el Pacto Histórico y partidos como Comunes y el MAIS. En el caso de Comunes identificamos dos asesinatos. También, encontramos que el Chocó y La Guajira presentaron victimizaciones que no aparecían en el primer informe que publicamos en los primeros días de marzo.
El pico de violencia de marzo nos parece preocupante porque, si bien hay un panfleto que suma muchas víctimas, contamos 25 hechos de violencia político electoral. Esto nos preocupa porque se suma a las alertas que otras organizaciones como Human Right Watch e Indepaz han hecho del aumento de la violencia contra líderes sociales y políticos.
C: ¿A qué se debe que el Chocó esta vez sí aparezca en el mapa de la violencia político electoral?
DG: Particularmente en el Chocó destacamos las amenazas constantes de la banda Los Mexicanos contra los diputados de la Asamblea del Chocó. Este ha sido el principal agente perpetrador en el Chocó a pesar de que en el departamento hay una fuerte presencia del ELN y del Clan del Golfo. Pero las amenazas de tipo político han venido de esa banda, que opera principalmente en Quibdó. No sabemos por qué no habían amenazado antes pero en este nuevo informe se identificó su aparición.
C: Ustedes registran dos amenazas en el Chocó. ¿Estos casos en qué municipios se registraron y qué actores estuvieron detrás?
DG: Tenemos reportada una amenaza que habría hecho el ELN en Bagadó a una exalcaldesa que se llama Marinela Palomero. Este hecho se presentó el 17 de abril de este año. El otro caso que tengo reportado es un panfleto extorsivo que recibió el presidente de la Asamblea Departamental por parte de la banda Los Mexicanos. La mayoría de los casos que reportamos el año pasado en campaña, provinieron del departamento de Chocó y estuvieron relacionados con Los Mexicanos y la Asamblea Departamental del Chocó.
Las amenazas pasadas no eran extorsivas e involucraron a varios diputados. A los días tuvo como consecuencia atentados que hicieron contra las casas de los diputados o con las casas de los papás. En este nuevo caso le estaban pidiendo una suma alta de dinero al señor. Esta banda ha sido reconocida por ser la que controla principalmente las extorsiones.
C: Si hoy hiciéramos un mapa de la violencia político electoral identificando a los grupos armados en el Chocó e incluyendo esta nueva banda. ¿Cómo ha sido la reacomodación territorial?
DG: Está el ELN como un actor que copó los espacios que habían dejado las FARC, que había tenido una presencia tradicional y que hoy aparece con esta amenaza a la exalcaldesa, aunque no es frecuente que el ELN tenga que ver con violencia política electoral. Ellos están básicamente en el sur del departamento, tienen alguna presencia en Quibdó y ha habido rumores de que trabajan de la mano con Los Mexicanos. El discurso de la gente en Quibdó es que la presencia de esta banda es la que ha frenado la entrada del Clan del Golfo a la capital.
Chocó ha tenido casos emblemáticos como los secuestros de ambos hermanos del clan Sánchez Montes de Oca. Ahorita Patrocinio (Sánchez) está en plena campaña a la Gobernación. Otro fue el caso de un alcalde, quien murió en cautiverio y que dijeron que la guerrilla lo había dejado morir. Ambos casos los llaman “secuestros ejemplarizantes” porque son personas que están vinculadas con corrupción en el departamento. Eso en el Chocó ha influido en la violencia político electoral porque se ha identificado como un departamento en el que la corrupción es grande y grupos armados como el ELN lo han utilizado para efectuar ese tipo de delitos asociados a castigar a los corruptos.
"El Chocó se ha identificado como un departamento en el que la corrupción es grande y grupos armados como el ELN lo han utilizado para efectuar delitos asociados a castigar a los corruptos"
Los Mexicanos aparecen con el mismo discurso en contra de la corrupción que hemos visto en la violencia política electoral en el departamento. Sin embargo, esta banda está particularmente dedicada a la extorsión. Es el delito más preponderante que cometen y de hecho las extorsiones se concentran en Quibdó pero no pasa el mismo escenario extorsivo en otros municipios del departamento. También están Los Zetas y Los Locos, pero la banda más grande es Los Mexicanos.
A pesar de que el Clan del Golfo ha logrado una preponderancia en el San Juan*, en lo que se conoce como el Alto, Medio y Bajo Baudó, desde ahí está tratando dominar el departamento, casi nunca está asociado a violencia política electoral. De hecho, en el departamento no hemos encontrado una sola amenaza que provenga del Clan del Golfo y que podamos relacionar como violencia política electoral. Tampoco están asociados a casos de extorsión.
*El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha reseñado la disputa en el San Juan entre el ELN y el Clan del Golfo. En su último informe sobre grupos armados, publicado en noviembre de 2022, se aseguraba que: “en las regiones del Baudó y San Juan, donde se vive una de las crisis humanitarias más dramáticas del país como efecto de las confrontaciones entre las AGC y el ELN”. Las declaraciones de Daniela Garzón son una actualización de ese panorama reseñado por Consonante previamente.
C: Sobre los clanes políticos en el Chocó. ¿Cuáles están activos actualmente y cuáles entran en el mapa de la violencia político electoral?
DG: No me atrevería a hablar de las disputas porque hasta donde sé, salvo la condena de Odín Sánchez por sus vínculos con el proyecto del Darién, no he sabido que haya condenas o investigaciones por vínculos entre estos actores con grupos armados. Actualmente está el clan del Cordobismo, que está tratando de definir un candidato único a la Gobernación. Allí ha habido más temas de corrupción con el caso del congresista Nilton (Córdoba), que ahorita está siendo investigado. El clan Sánchez Montes de Oca tiene una historia de nexos con la parapolítica. El clan Torres lo veo muy disminuido en este momento y es posible que el próximo alcalde de Quibdó salga entre una alianza de conservadores y liberales, y el gobernador sea Patrocinio (Sánchez) porque los liberales están muy divididos.
C: ¿Cómo afecta a la democracia en el Chocó la violencia político electoral?
DG: Es muy grave porque los dos clanes políticos que manejan el departamento lo van a seguir haciendo por el control que tienen sobre el empleo público. La violencia ha hecho que en el Chocó no pueda haber ningún tipo de desarrollo productivo, básicamente el empleo de todos los niveles depende de los políticos. Las extorsiones del ELN y Los Mexicanos han ahuyentado a la gente. Si hablas con alguien que haya hecho una carrera universitaria lo que quieren es irse del departamento. Ahí me parece que hay una influencia directa no solo de la violencia política electoral sino de las violencias en general.
Las personas ni siquiera pueden caminar libremente en el centro (de Quibdó), mucho menos lo puede hacer en otros municipios donde ni siquiera puede entrar una empresa de salud. Uno habla con la gente de Dispac y dicen: “hicimos un esfuerzo por electrificar ese municipio pero el ELN no nos dejó entrar”. Seguramente esos municipios van a seguir apareciendo en rojo en el informe de riesgo de la MOE por la presencia de estos actores armados, porque a pesar de que deben ponerse mesas de votación, siempre va a haber un constreñimiento directo solo por la presencia de estos actores armados.
"Siempre va a haber un constreñimiento directo solo por la presencia de estos actores armados"
Por otro lado, es preocupante la violencia político electoral contra los miembros de la Asamblea Departamental. No ha habido amenazas contra otros actores como el alcalde de Quibdó.
C: En el caso de las amenazas extorsivas que recibió el presidente de la Asamblea del Chocó, ¿esa agresión responde a un interés particular de Los Mexicanos o podría corresponder a alianzas con otros grupos armados?
DG: No hay una alianza ahora entre el Clan del Golfo y el ELN. Los Mexicanos siempre han dicho que trabajan de la mano del ELN y en los primeros panfletos aparecían firmados con el logo del ELN también. Eso fue hace cuatro años. El ELN ha negado por medio de comunicados que trabaje con Los Mexicanos. Encontramos denuncias de ciudadanos del común donde también les pedían sumas de dinero. Me atrevería a lanzar la hipótesis que en esta amenaza en particular hay un interés extorsivo y no de afectar directamente el tema político.
C: En el informe ustedes también dejan claro que en el 69 por ciento de los casos es difícil establecer quién está detrás de las amenazas. ¿Por qué ha habido esta dificultad para identificar los actores?
DG: Hacemos la identificación dependiendo de la información que dan las autoridades a la prensa cuando reportan los casos. No somos autoridad judicial y no tenemos la capacidad investigativa, que a veces ni siquiera tiene la Fiscalía, para averiguar más sobre los agentes perpetradores. Pero una cosa que me parece clara es que muchas veces estos casos se quedan en la impunidad. Nadie averigua qué pasó ni da con los presuntos responsables a menos de que sean funcionarios de alto nivel. A Aida Quilcué le hicieron un atentado y no se ha dado con los responsables, lo mismo que las amenazas contra Francia Márquez.
Uno de los tradicionales agentes perpetradores de violencia político electoral eran las Águilas Negras, que amenazaban a través de panfletos. En estos últimos informes no los hemos vuelto a identificar. Los panfletos generalmente están firmados pero tampoco podemos entrar a analizar la veracidad de estos porque desbordan nuestra capacidad investigativa. Cumplimos con reportar lo que encontramos. Actualmente, además, vía redes sociales cualquiera puede utilizar un panfleto y un logo y es difícil identificar los autores.
"Uno de los tradicionales agentes perpetradores de violencia político electoral eran las Águilas Negras, en estos últimos informes no los hemos vuelto a identificar"
C: ¿La política de la Paz Total y la dificultad de consolidar procesos de cese al fuego con el ELN y las AGC ha repercutido en el aumento de este tipo de violencia en el Chocó?
DG: Cuando analizamos las cifras no pudimos establecer una relación entre violencia política electoral y los diálogos con el ELN. Esto tiene que ver primero porque el actor dominante en el Chocó es el Clan del Golfo y no ha tenido hasta la fecha ninguna relación con violencia político electoral. El Clan del Golfo ha ido arrinconando al ELN. Esta guerrilla ha seguido actuando en el Chocó. Identificamos una amenaza en el Chocó atribuible al ELN hasta el momento.
Lo que podemos afirmar hasta el momento de manera general es que sí hubo un descenso en el número de casos reportados entre diciembre, enero y febrero. Hubo un descanso. Pero en marzo volvió a aumentar. Lo que tenemos que ver ahorita es si este pico se mantiene. En marzo del año pasado que estábamos en las elecciones de Congreso se presentaron unos picos de violencia con amenazas a las campañas, explosivos cerca de las sedes, etcétera. Siempre que se acercan las elecciones la violencia aumenta y aumenta de manera considerable. Si me preguntan sobre la influencia directa entre la paz total y la violencia política, yo no la veo.
C: ¿Qué debería hacerse para evitar que aumente la violencia político - electoral en los próximos meses?
DG: Lo primero es que si desde el gobierno se está hablando con estos grupos, debería ponerse sobre la mesa la violencia político electoral. En el tercer ciclo de conversaciones con el ELN, el gobierno debería plantearles la necesidad de que dejen de amenazar a políticos y que dejen hacer las elecciones en paz. Ese sería un buen primer paso. Desde Pares hemos pedido participar en la Comisión de Garantías electorales pero no nos han oído. Con el seguimiento que hemos hecho creemos que podemos dar aportes muy valiosos sobre algunas personas.
"En el tercer ciclo de conversaciones con el ELN, el gobierno debería plantearles la necesidad de que dejen de amenazar a políticos y que dejen hacer las elecciones en paz"
Por ejemplo, a la directora del Partido Verde en el Magdalena y diputada, Rosita Jiménez, la han amenazado tres o cuatro veces. Hay que cuidarla porque las amenazas han sido reiterativas. Si uno consigue identificar a las personas que han sido múltiples veces victimizadas, podría concentrarse en ellas. Por otra parte, en el Chocó hay una cosa particularmente preocupante y son los nexos entre la Policía y los grupos armados, que incluso llevaron a la cárcel a un comandante de la Policía de allá. Si no se hace un esfuerzo serio para limpiar a las instituciones de las personas que tienen vínculos con grupos armados, de nada sirve que se les haga protección. Hemos tenido casos de violencia política electoral en el que las instituciones han tenido relación como el crimen de (Luis Carlos) Galán.
Finalmente, hay que hacer un llamado a la UNP como institución encargada de evaluar los perfiles de las personas y darles protección. Por ejemplo, en el Catatumbo hay casos de personas a quienes les quitan las camionetas del esquema de seguridad, les disparan a sus escoltas y los retienen por varios minutos. Ese es un patrón frecuente. Ni siquiera la protección de la UNP ha sido suficiente y deberían implementarse otras acciones.
C: En el desarrollo de varios reportajes nos hemos encontrado con una actitud negacionista de la Fuerza Pública sobre la presencia de grupos armados en ciertos municipios. ¿Qué hacer frente a esta postura que de alguna manera parece influir en las investigaciones que hacen al respecto?
DG: La entrada de Iván Velázquez al Ministerio, a pesar de que haya tantos problemas en este momento con la definición de la política de Seguridad y Defensa. Lamentablemente competirle a las economías criminales es muy difícil. Aunque el gobierno quiera aumentarles el sueldo a todos los policías del país, no podría competir con las grandes sumas de dinero que puede ofrecerle un cartel de la droga o las AGC para que los ayuden en mantener sus economías criminales en ciertos territorios. Hay que esperar si va a haber un cambio de doctrina, hay que apelar a que la Fuerza Pública entienda que son los guardianes de las instituciones y si ellos no lo hacen, minan la legitimidad del Estado.
Hay otra cosa que me parece interesante en este gobierno, probablemente lo veremos en los próximos cuatro años, y es qué tanto logran que no haya una enemistad profunda entre la Fuerza Pública y las fuerzas democráticas de izquierda.
En Cañaverales persisten las dudas sobre el verdadero impacto que tendrá la mina de carbón a cielo abierto que espera desarrollar la empresa Best Coal Company (BCC) en ese corregimiento ubicado en el sur de La Guajira. Hoy, las dudas sobre las posibles afectaciones sociales y ambientales que tendría el inicio de la actividad minera en la zona han cobrado relevancia debido a que actualmente la comunidad de Cañaverales y la empresa se están preparando para retomar la consulta previa en los próximos meses, en cumplimiento de una orden emitida por una juez de Riohacha del 11 de noviembre de 2022.
Hasta ahora, BCC ha reconocido algunos de los impactos que se desprenderían de la posible operación minera como la alteración de la dinámica de los cauces de agua, la disminución del bosque seco tropical y un aumento en el número de habitantes en el corregimiento, teniendo en cuenta la llegada de trabajadores de otras zonas del país, entre otros. Pero la comunidad de Cañaverales, representada en el proceso de consulta previa por el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales, insiste en que no hay suficiente información sobre las posibles consecuencias del proyecto.
Las principales preocupaciones manifestadas por los líderes han sido, por un lado, la afectación de la reserva forestal el Manantial, y, por otro, la posible pérdida de la vocación agrícola de su territorio. Sin embargo, BCC –filial en Colombia del conglomerado turco Yildirim Holding– ha negado que ese cuerpo de agua vaya a ser afectado con la puesta en marcha de la mina. “Es importante mencionar que, el manantial de Cañaverales está a 2,1 km línea recta, por lo tanto, no se genera afectación”, respondió la minera a un derecho de petición enviado por Consonante.
Las dudas del consejo comunitario sobre los posibles impactos se han profundizado a raíz de los cambios que ha tenido en los últimos años no solo el diseño y la magnitud del proyecto de la mina en Cañaverales sino del resto del complejo minero proyectado en la zona que incluye una mina en Papayal, una explotación subterránea de carbón en San Juan del Cesar y una línea férrea hasta Dibulla. BCC reconoce que actualmente su proyecto incluye en una primera etapa el proyecto Cañaverales y, posteriormente, la mina subterránea y la de Papayal. Sin embargo, no ha habido suficientes declaraciones sobre el Puerto de Exportación en Dibulla, que estaba incluido en el proyecto de MPX, la empresa que obtuvo inicialmente el título de explotación en el año 2008.
También, ha habido versiones contradictorias sobre cuántas toneladas se van a explotar. De acuerdo con un informe publicado en marzo de 2021 por Global Energy Monitor, una oenegé que monitorea proyectos minero energéticos en todo el mundo, BCC “predijo que la mina San Juan tendría la capacidad de producir 28 millones de toneladas por año en un lapso de 32 años”. Pero en septiembre de 2022, esos cálculos cambiaron. “BCC redujo los cálculos del rango de producción para la mina San Juan: 9,19 millones de toneladas a 10,52 millones de toneladas por año en 15 años”, dice la oenegé.
El único documento que da cuenta del impacto que podría generar el proyecto data de 2018. Ese año, BCC minera presentó un documento preliminar que buscaba aclarar los posibles impactos ambientales del Proyecto Cañaverales. Este texto, que fue presentado en el marco de las consultas previas realizadas desde entonces con ocho consejos comunitarios de la zona que aprobaron la intervención, es llamado formalmente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y es la pieza de información más completa que se conoce hasta el momento para entender la magnitud de la operación.
Según BCC, este documento podría sufrir ajustes durante el proceso de la consulta previa que se iniciará pronto. “Este proceso de consulta previa puede ajustar tanto los impactos como las medidas de mitigación o compensación, por lo cual a la fecha no se puede considerar como un documento finalizado”, dice la compañía. En esto coincide Federico Giraldo, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), organización que le ha hecho seguimiento a este caso. “El proceso de consulta previa podría tener cambios de distinto tipo, especialmente con respecto a las medidas de compensación”, explica.
Y agrega: “El Consejo Comunitario puede incluir visiones o impactos que quizás desde la mirada técnica occidental no son tenidos en cuenta o que en muchas ocasiones a las empresas no les gusta colocar porque saben que son muy costosos económicamente o imposibles de pagar. Un ejemplo de esto puede ser la relación espiritual con el manantial y la producción de composiciones y líricas del vallenato que se dan allí”.
Federico Giraldo, investigador Cinep
"El Consejo Comunitario puede incluir visiones o impactos que quizás desde la mirada técnica occidental no son tenidos en cuenta o que en muchas ocasiones a las empresas no les gusta colocar"
Consonante revisó el documento preliminar del Estudio de Impacto Ambiental y habló con cinco expertos para aclarar cuáles son los impactos reconocidos hasta el momento por la empresa. El EIA final, junto con el Plan de Manejo Ambiental (PMA), terminará en manos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), una vez BCC decida radicar una solicitud de licencia ambiental, el único paso pendiente para el inicio de operaciones.
1. La dinámica de los ríos y arroyos sería afectada
BCC reconoce que el inicio de la explotación minera podría alterar las dinámicas de los cauces. “Los impactos más significativos sobre el medio y calificado como críticos son los relacionados con la alteración de la geoforma (estructura de la superficie terrestre) y la alteración de la dinámica de cauces durante las actividades de excavaciones”, detalla el documento.
Miguel Cáceres, geólogo de la Corporación Terrae que está a cargo de la evaluación del EIA, explica que esto quiere decir que el proyecto afectaría cómo se comportan los cuerpos de agua, y que podría haber menos agua subterránea disponible. “Aunque uno ve que los ríos y arroyos tienen agua en superficie todo el año, casi todos tienen aporte de aguas subterráneas. Esto permite que tengan agua durante épocas secas. Si hay descensos sistemáticos del nivel de agua subterránea, se afectan las aguas superficiales no solo en la zona de intervención sino en un área alrededor del tajo (corte o excavación de tierra). Hay ejemplos en otros países en los que el área de abatimiento se extiende hasta ocho kilómetros”, dice Cáceres.
"Si hay descensos sistemáticos del nivel de agua subterránea, se afectan las aguas superficiales no solo en la zona de intervención sino en un área alrededor del tajo (corte o excavación de tierra)"
Miguel Cáceres, geólogo de la Corporación Terrae
En el EIA también se aclara que en casos excepcionales la empresa podría verter aguas residuales en el arroyo Conejo. En el documento, se asegura que las aguas industriales tratadas y de lluvia serán vertidas al arroyo Conejo “únicamente ante eventos superiores a un periodo de retorno de 25 años”. Miguel Cáceres explica que “lo que están diciendo es que se necesita una lluvia que sólo puede ocurrir cada 25 años para que la laguna se rebose y genere vertimientos al río. Ellos esperan que la mayoría del tiempo que el agua que llega a la laguna se evapore o se reutilice para regar las vías”, agrega.
Es decir, la minera contempla que durante el desarrollo del proyecto las aguas residuales, domésticas e industriales, sean reutilizadas en actividades del mismo proyecto, o esparcidas sobre las vías en tiempos de sequía.
Pero más allá de este último punto, para Cáceres, Giraldo y organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que han acompañado de cerca la explotación de Cerrejón y las afectaciones a las comunidades aledañas, es preocupante que un proyecto como este afecte un recurso escaso en La Guajira como lo es el agua. “En un departamento conocido por enfrentar fuertes períodos de sequía, la minería a cielo abierto se ha convertido en una actividad económica que contribuye a la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, al medio ambiente sano y a la salud, entre otros”, se indica en el informe “Cuando el río suena piedras lleva”, en el Indepaz analizó las afectaciones sociales y ambientales de la mina Cerrejón.
2. El aire se vería contaminado
Si el proyecto entra en operación, el aire se vería contaminado por partículas de polvo que surgirían tanto de la explotación minera, como del transporte del carbón en carros pesados. En el EIA, se reconoce que habría dos tipos de partículas en el aire; ambas imperceptibles al ojo humano pero que pueden afectar la salud al ser inhaladas. Por su potencial peligrosidad para la salud se han establecido normas para cuidar la calidad del aire. BCC asegura que el polvo que generaría la mina estaría por debajo de los límites establecidos por la ley, pero no aclara si efectivamente se rigen a los de la Organización Mundial para la Salud (OMS) o del Ministerio de Salud. Este detalle es importante pues la normatividad colombiana es más flexible que la internacional.
En el Estudio de Impacto Ambiental se reconoce, además, que los centros de salud y educativos de corregimientos y veredas de Fonseca y San Juan del Cesar, que se encuentren cerca a la mina, se podrían ver afectados por el polvo y otras partículas en el aire. BCC tiene planeado pavimentar algunas vías para saldar parte de estas afectaciones. Sin embargo, Miguel Cáceres explica que durante la explotación de carbón no solo hay partículas como las incluidas en el estudio (llamadas técnicamente PM10 y PM 2.5) sino que pueden liberarse otros elementos potencialmente peligrosos para los humanos a la atmósfera y el agua. Entre estos se encuentran: el cadmio, selenio, arsénico y plomo.
“Estas partículas están en equilibrio cuando están en el subsuelo porque tienen unas condiciones que el oxígeno no los puede afectar. Cuando se remueve la tierra y se conforman los botaderos donde están los desechos, todos estos elementos quedan a la intemperie”, afirma. “Algunos de estos elementos afectan órganos específicos, el sistema nervioso. Por ejemplo, el plomo genera problemas de aprendizaje”, agrega.
Por su parte, Leonardo González, investigador de Indepaz, advierte sobre los riesgos para la salud de la explotación de carbón: “El polvillo de carbón es perjudicial para los pulmones. Es como cocinar con leña frecuentemente y se pueden desarrollar enfermedades como cáncer o tos. También genera problemas en los ojos y en la piel”. “Las personas en la zona rural cerca a Cerrejón tienen agua para cocinar o para bañarse con polvillo de carbón en la superficie o incluso asentado en el fondo”, dice González.
“El polvillo de carbón es perjudicial para los pulmones. Es como cocinar con leña frecuentemente y se pueden desarrollar enfermedades como cáncer o tos"
Leonardo González, investigador de Indepaz
Otra de las alertas alrededor de la mina de Cañaverales es la emisión de metano, uno de los gases que potencian el calentamiento global. Global Energy Monitor identifica en su último informe tres proyectos mineros de carbón que podrían ponerse en marcha en los próximos años en Colombia: Cañaverales, Papayal y San Juan. Todos hacen parte del complejo minero de Best Coal Company. La oenegé advierte que si en estas minas se inician operaciones y se reactivan los yacimientos adjudicados a Prodeco en el Cesar: “el país podría emitir 216 mil toneladas adicionales de metano por año, duplicando así, efectivamente, las emisiones existentes del sector que el mismo país reportó públicamente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC)”.
3. La mina amenazaría una zona de bosque seco tropical
BCC reconoce que la mina se realizaría en una zona de bosque seco tropical y con áreas donde hay especies en peligro crítico de extinción. En el EIA se detalla que de 144 especies de aves identificadas, tres tienen un grado de amenaza latente y una especie está catalogada como vulnerable. Además, se identifica la existencia del yaguarundí, el zorro cangrejero, la boa constrictor y la iguana. Estos animales están en el Apéndice II del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esto quiere decir que, si bien no son especias amenazadas actualmente, deben protegerse para que no se conviertan en animales en vía de extinción.
Germán Corzo, investigador del Instituto Humboldt, afirma que el bosque seco tropical es el ecosistema más amenazado del país por la agricultura, la ganadería y los proyectos minero energéticos. Pero advierte que en Colombia queda poco territorio de este bosque. “De algo así como 12 millones de hectáreas hay, en el mejor de los casos, una y bastante transformada. Lo que nos viene planteando la comunidad internacional e incluso las metas de Colombia es tener el 17 por ciento más de lo que tendríamos en áreas protegidas pero nuestro nivel de áreas protegidas en bosques secos está por debajo del cuatro por ciento”, agrega.
Maria del Rosario Rojas, profesora del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, asegura que es riesgoso que se desarrolle un proyecto de minería a cielo abierto de carbón en un territorio amenazado que debería protegerse. “Debe verse el ecosistema en su integralidad: las especies, el agua y las personas. Las afectaciones son a perpetuidad en el lugar donde se hace la explotación porque se interrumpe el agua, se va a extraer la capa vegetal y el subsuelo, se fragmenta el territorio. Nunca se va a recuperar la integralidad de ese ecosistema en esa zona. A sus alrededores también se ve afectado”, agrega.
"Las afectaciones son a perpetuidad en el lugar donde se hace la explotación porque se interrumpe el agua, se va a extraer la capa vegetal y el subsuelo, se fragmenta el territorio"
Maria del Rosario Rojas, profesora del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional
Por su parte, Corzo considera que no se debe evitar la minería en el ecosistema porque este tiene otras amenazas que lo están afectando, como el cambio climático. Para el investigador deben adoptarse estrategias de cuidado desde la gobernanza comunitaria y conectar los pedazos de bosque seco tropical para generar corredores para las especies. Señala que Cerrejón creó una parcela de 15 mil hectáreas de recuperación del bosque seco tropical, donde hasta ahora están apareciendo especies de fauna. Sin embargo, resalta que es riesgoso plantear la conservación del bosque solo a través de la compensación y que restaurar el ecosistema lleva tiempo.
“Tienes una hectárea de 40 años de edad y ganas diez hectáreas de cero años, donde vas a necesitar 40 años para que esas hectáreas tengan los valores de biodiversidad que tenía esa hectárea que perdiste. Hay una compensación que está bien en lo espacial, pero no suficientemente bien en lo temporal, aunque estos proyectos son de compensaciones a largo plazo”, explica Corzo.
"Hay una compensación que está bien en lo espacial, pero no suficientemente bien en lo temporal, aunque estos proyectos son de compensaciones a largo plazo”
Germán Corzo, investigador del Instituto Humboldt
4. Las vibraciones, el vacío del proyecto
BCC afirma que se realizarían detonaciones para acceder al carbón y que el paso de vehículos pesados generarían vibraciones. Aunque no hay estudios que ahonden en las consecuencias de estas acciones, sí existen otros proyectos con intervenciones similares en La Guajira que han terminado afectando las viviendas de los habitantes de la zona.
Leonardo Gonzalez, investigador de Indepaz, afirma que durante los recorridos que ha realizado en el municipio de Barrancas constataron que las casas se agrietaron debido a las voladuras de la mina del Cerrejón. “Las voladuras con dinamita de la mina son todos los días. Ellos saben que a la una o dos de la tarde hay voladuras y en las comunidades cerca de Cerrejón se siente”, dice. González agrega que “cuando las casas están cerca de la carretera también son impactadas por el paso de camiones grandes”.
En la respuesta al derecho de petición enviado por Consonante, BCC indica que la mayoría de construcciones de Cañaverales son de uso residencial. Según el documento, de 515 inmuebles, 51 por ciento está sin terminar, 43 por ciento está terminado y seis por ciento está en proceso de construcción. Estas construcciones están hechas principalmente en ladrillo o bloques y en algunos casos tienen mezclas de concreto u otros materiales.
5. La población de Cañaverales, y el costo de vida, aumentaría
BCC reconoce que la población en Cañaverales aumentaría debido a la llegada de trabajadores de otras zonas del país. “Se espera la llegada de población foránea motivada por alguna oportunidad laboral, que podría alterar los flujos migratorios, incrementando con ello la estructura y composición poblacional en las localidades más cercanas a los sitios de obra del Proyecto”, se indica en el Estudio de Impacto Ambiental.
Al respecto, Federico Giraldo, investigador del Cinep advierte que con este aumento de la población foránea se elevaría el costo de la vida: “Como vienen personas con mayor poder adquisitivo todo se incrementa, el aceite y la sal que compras en la tienda hasta el transporte para llegar a la comunidad”. Además, destaca que hay otras dinámicas que se pueden desarrollar como ha ocurrido en otros municipios mineros como la prostitución y el aumento en el consumo de alcohol. Sin embargo, “estas afectaciones no son tenidas en cuenta en un estudio de impacto ambiental porque son difíciles de mitigar por parte de la empresa”, aclara Giraldo.
“Estas afectaciones no son tenidas en cuenta en un estudio de impacto ambiental porque son difíciles de mitigar por parte de la empresa”
Federico Giraldo, investigador del Cinep
Otro de los impactos sociales que se identificaron en el EIA sería el “traslado involuntario” de ocho familias que, según la empresa, se verían afectadas por la intervención de BCC. Giraldo y Leonardo González destacan que en algunos casos este desplazamiento no solo se limita a quienes tienen predios en el área de explotación sino a las familias que, al verse afectadas por el polvillo de carbón y la actividad sísmica, tienen que abandonar su territorio.
“Algo que podría pasar es que el polvillo de carbón o las afectaciones socioambientales por la posible contaminación de las aguas puedan generar u obligar el desplazamiento paulatino de la comunidad, como ya ha sucedido en otros territorios en el sur de La Guajira por la operación de Cerrejón”, agrega Giraldo.
La ñapa: BCC afirma que el proyecto no afectará el manantial
La empresa identificó al manantial como un punto de agua de la zona. De allí se surte el acueducto de Cañaverales y las acequias que recorren las veredas aledañas. Además, se indica en el EIA que la reserva forestal no sería afectada por el uso de aguas que haría la mina porque se encuentra en una zona aislada por una falla geológica. Esto, según la compañía, generaría una impermeabilización para que no haya relación entre las aguas subterráneas y superficiales alrededor de la mina y las del manantial.
Sin embargo, para Miguel Cáceres hace falta más información para llegar a esta conclusión teniendo en cuenta la importancia de esa fuente de agua para la comunidad. “Para ver si las fallas se comportan de manera impermeable hay que hacer estudios rigurosos. Siendo estrictors, en la naturaleza no existen materiales ni fallas completamente impermeables”, explica Cáceres.
Los planes de convertir a Colombia en un país modelo de transición energética avanzan a pasos agigantados en La Guajira. Este departamento cuenta con riquezas naturales para la puesta en marcha de energías renovables: los vientos que llegan a esta zona son uno de los más veloces de todo el país y la radiación solar es la más alta registrada de los 32 departamentos. Desde que se instaló el primer parque eólico Jepirachi en 2004, son 57 iniciativas eólicas que se están desarrollando y que están en espera de ejecutarse, sin contar los paneles solares que se están repartiendo en la alta, media y baja Guajira para llevar energía a zonas que no tienen sistema de electricidad.
San Juan del Cesar, uno de los nueve municipios del sur de La Guajira, está en el punto de mira para el desarrollo de proyectos de energía eólica. En abril, la compañía Mainstream Colombia SAS, filial de la empresa irlandesa Mainstream Renewable Power, dio inicio a la socialización del parque eólico Sirius en la vereda Veracruz y en el corregimiento Los Haticos. Durante el encuentro, los funcionarios dieron a conocer que esperan colocar 21 aerogeneradores (una especie de molinos de viento) de aproximadamente 180 metros de alto que convierten la fuerza del viento en energía eléctrica. Otras empresas como Oak Creek de Alemania, Acciona de España y la colombiana EPM están en estudios y trámites.
Joanna Barney, psicóloga e investigadora de Indepaz, ha recorrido durante cuatro años La Guajira, desde el Cabo de la Vela hasta el sur del departamento, para conocer de primera mano los parques en operación y los territorios donde llegarán los próximos. A partir de sus investigaciones, ha publicado dos informes en los que advierte el acelerado crecimiento de la instalación de proyectos eólicos en territorio wayuu y los problemas sociales que estos podrían acarrear.
“Por el mar y la tierra guajiros, vuela el viento wayuu” es el título de su última publicación que fue presentada esta semana en el marco de la Feria del Libro de Bogotá 2023. En ella, Barney hace una caracterización de las 19 empresas que buscan transformar la fuerza del viento en energía, los vacíos legales para estos proyectos y las consecuencias sociales y ambientales que están generando. La investigadora afirma que espera que el libro abra el debate sobre el desarrollo verde y la necesidad de proteger el territorio guajiro y a las comunidades que allí habitan, principalmente, el pueblo wayuu.
“Quiero que piensen en La Guajira como otro lugar lindo de Colombia digno de ser protegido y no como un bastión energético del cual se puede ir a extraer lo que necesita el país supuestamente para desarrollarse. Ningún desarrollo que se diga verde puede estar por encima de la gente. Mi mensaje es de reivindicación con una comunidad que ha sido terriblemente olvidada”, afirma Barney.
“Quiero que piensen en La Guajira como otro lugar lindo de Colombia digno de ser protegido y no como un bastión energético del cual se puede ir a extraer lo que necesita el país"
Consonante: En su libro alerta sobre el desarrollo de proyectos minero energéticos de transición energética y de hidrocarburos en La Guajira y da a entender que el departamento se convertirá en una “zona de sacrificio”. ¿Por qué?
Joanna Barney: Sobre todo con la transición energética. Los parques eólicos no se adjudican con bloques como lo hacen en los proyectos minero energéticos tradicionales. Aquí las empresas llegan a los territorios, revisan cuáles son los vientos más óptimos y ellos mismos delimitan el parque y sus áreas de impacto. Si a ese mapa le pones banderas, descubres que todos esos desarrolladores son extranjeros, entonces no sólo estamos entregando a La Guajira, sacrificando a su comunidad indígena, sino que además tienen una normativa que lo permite y lo viabiliza.
La parte terrible de que hagan una captación del territorio tan absoluta es que además no están generando un gran porcentaje de trabajo ni de desarrollo a las comunidades, porque esa energía no es para La Guajira. Esa energía va a entrar al Sistema Integrado Nacional o se va a ir en hidrógeno, que también es un material de exportación, pero en ningún momento es para interconectar a La Guajira. Entonces es todo un complejo empresarial a costa de una comunidad muy bella, que es la wayuu.
"La parte terrible de que hagan una captación del territorio tan absoluta es que además no están generando un gran porcentaje de trabajo ni de desarrollo a las comunidades, porque esa energía no es para La Guajira"
C: Los parques eólicos se están posicionando como una energía limpia para Colombia. ¿Es así?
JB: Cualquier obra de infraestructura tiene impacto. La afectación de los parques eólicos en la alta Guajira con los murciélagos es muy grave. Los murciélagos son los que hacen la polinización de la vegetación, lo que podría llevar a que se desertifique más el territorio y eso es lo que comen los chivos. Eso se engrana con que las comunidades que logran sobrevivir en el desierto y que no se les mueren los niños son justamente aquellas que todavía guardan unos sistemas tradicionales de vida del desierto, bien sea porque tienen chivos o porque pescan.
Si te vas a los parques eólicos offshore (en el mar), los que están planteados son muy cercanos a la playa. Eso afecta literalmente toda la línea de los pescadores y de los apalaanchi. Eso sin contar con el turismo, porque si pones el parque Astrolabio en una zona turística como el Cabo de la Vela, los turistas no van a ir a ver un parque eólico. Ahí ya estaríamos acabando con tres formas de vida: el turismo, los chivos y la pesca.
C: Si trasladamos estos problemas al sur de La Guajira donde hay mayores fuentes hídricas dulces y es un corredor de biodiversidad de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿podríamos estar ante un aumento de los impactos ambientales?
JB: Se amplifica totalmente porque en el sur de La Guajira tenemos el ingreso de varias aves migratorias. Lo problemático con los parques eólicos son las líneas de conducción eléctrica. Por mucho que los pongan los ahuyentadores de vuelo, que son estas pelotas para que supuestamente las aves no caigan ahí, eso va a hacer un daño irremediable. Lo que se estaba planteando en 2019 es que cada uno de los parques hicieran esas líneas de conducción energética de manera organizada, de tal manera que no quedara como de una tela de araña. Eso para las aves migratorias es fatal, pero también para las que están ahí todo el tiempo.
C: Usted ha hecho dos publicaciones a partir de los proyectos eólicos. ¿Qué es lo que más le llama la atención de los hallazgos de estas investigaciones principalmente de la última?
JB: En la primera ya teníamos como los síntomas iniciales de una problemática social. Era fácil prever que esto se iba a escalar rápidamente a una dimensión en que probablemente los parques ni siquiera puedan realizarse por temas de índole social. Con la segunda publicación se ratifican un poco todas estas problemáticas. Tenemos un mapeo generalizado de 57 parques de los cuales 21 ya están con conflictos activos. Mapeamos todos esos conflictos y lo que podemos decir hasta ahora es que el desconocimiento que tiene Colombia sobre cómo manejar estos conflictos en el territorio es absoluto. Es un emprendimiento torpe y va a seguir complicándose en la medida que ingresen más empresas.
C: ¿A qué conflictos se refiere?
JB: Uno es el desconocimiento. Se llega al territorio sin saber cómo funciona la territorialidad wayuu. Tenemos, además, la problemática de que el Ministerio del Interior emite unos certificados que no son válidos para el territorio y esta certificación tradicional choca con las autoridades ancestrales que realmente pueden tomar decisiones territoriales. Esa es una problemática de fondo que afecta a todo lo demás, porque hablan con una comunidad y negocian con ella, pero esa comunidad no tiene la capacidad de negociar. Entonces, empiezan los bloqueos y los paros de las comunidades que no fueron consultadas.
Ahora tenemos una situación crítica y es que hay comunidades que se han enfrentado entre ellas por los supuestos beneficios que trae la empresa. Tenemos muertos pero hay un subregistro enorme por la dinámica de los usos y costumbres de las comunidades wayuu. Cuando entierran a sus muertos que normalmente no hay ningún registro más allá de lo que en el territorio se habla.
"Ahora tenemos una situación crítica y es que hay comunidades que se han enfrentado entre ellas por los supuestos beneficios que trae la empresa. Tenemos muertos pero hay un subregistro enorme"
La otra son las situaciones de extrema vulnerabilidad que tienen estas comunidades que terminan viendo en las empresas una sustitución del Estado. Entramos en unas dinámicas muy complejas entre que la empresa debería volverse Estado o que hace promesas como Estado. En la consulta previa les prometen agua, luz, educación… básicamente lo que el Estado tendría que estar proveyendo. Al mismo tiempo las empresas se quejan de estar siendo chantajeadas por las comunidades, pero estamos en una situación de desigualdad absoluta y, las comunidades no suelen contar con buenas asesorías. Llegan a las consultas previas pensando que los parques eólicos no les van a causar ningún impacto y la realidad es que sí.
C: Si ustedes ya habían alertado en 2019 sobre esta situación, ¿por qué no ha cambiado?
JB: Es un tema coyuntural. En 2019 estaba ingresando el gobierno Duque y las empresas se sintieron respaldadas. Los cambios que el primer libro planteaba era que las comunidades fueran socias de los proyectos, que tuvieran un verdadero arraigo y revisar las autoridades ancestrales. Las empresas no quisieron y se sintieron respaldadas por el gobierno que les dio vía libre y con la ley 2099 les dio muchas prebendas para que los proyectos salieran rápidamente. Decidieron que tal vez podían saltarse el paso de hacer las cosas bien. No le encuentro otra explicación.
C: Del seguimiento que usted ha hecho a los proyectos eólicos en el departamento, especial en la alta y media Guajira. ¿Cuáles son los que más llaman su atención?
JB: Ninguno en especial. Lo que me llama la atención es el porqué le estamos delegando la seguridad energética a las empresas. Esto se supone que no es una transición sino una complementación de la matriz energética, porque realmente no vamos a abandonar aceleradamente los fósiles sino que vamos a complementar con la energía eólica y solar. En ese orden de ideas me parece curioso que estemos delegando esa seguridad energética en multinacionales extranjeras y no la está haciendo una empresa nacional.
Vemos que este gobierno está muy atento a los temas de regulación de precios y le queda difícil porque son empresas privadas, que no necesariamente obedecen a políticas nacionales. Cuando hablamos de seguridad energética estamos delegando también esta responsabilidad y este gran proyecto en otras empresas, muchas son europeas o gringas y usan empresas colombianas solamente para los ejercicios de certificación. Los grandes desarrolladores se quedan en manos extranjeras. Pensaría que va en contra del discurso de nacionalizar los recursos.
C: En su último libro indica que la fuerza de los vientos en La Guajira se siente principalmente en el mar y en la alta y media Guajira. Sin embargo, la empresa Mainstream Colombia SAS hizo recientemente una socialización sobre el proyecto eólico que esperan ejecutar en el sur de La Guajira. ¿Por qué están llegando a esta zona si no hay un registro tan fuerte de los vientos?
JB: Probablemente porque salen del territorio de reserva de resguardo y ven más fácil comprar las fincas. Aunque no haya tanto viento, se les disminuyen los conflictos supuestamente sociales que tienen. Entonces para no llegar al tema de consulta previa están revisando otras zonas que también tienen vientos altos pero no tanto como los tendrían en la zona extrema norte.
C: Acciona es otra de las empresas que instalará parques eólicos en San Juan del Cesar. Uno de los elementos que llama la atención es la propuesta de instalar el sonar Sodar para medir las ondas acústicas. Ustedes advierten que el sonido será audible para las personas. ¿Cómo funciona este sonar? ¿Qué consecuencias puede generar para la gente?
JB: Todos los parques tienen sonidos de alta y baja frecuencia. Si tú vas a la Alta Guajira y pasas por el parque eólico Guajira uno, que tiene unos aerogeneradores un poco más grandes que los de Jepirachi, y te das cuenta que el sonido es bastante alto. Ellos (Acciona) necesitan hacer unas pruebas de medición para determinar si el lugar donde van a instalar los parques tenía unos antecedentes de ruido de más de 70 decibeles o de menos y dependiendo de eso, pueden supuestamente mitigar los impactos.
Los parques eólicos emiten sonidos y no sólo detectables para nosotros, sino también para la fauna. La problemática que se ha visto en la alta Guajira con la fauna, sobre todo con la fauna voladora, es que impacta los murciélagos. Entonces, ellos necesitan hacer esas mediciones para determinar los impactos y con ello la mitigación de los mismos, por eso están haciendo esas pruebas.
"Los parques eólicos emiten sonidos y no sólo detectables para nosotros, sino también para la fauna. La problemática que se ha visto en la alta Guajira con la fauna, sobre todo con la fauna voladora, es que impacta los murciélagos"
C: ¿Hay alguna forma en que las comunidades o los habitantes de estas zonas se beneficien de la instalación de los parques eólicos?
JB: Sí. Lo hemos planteado desde el primer libro. Las empresas deben tratarlas como socias de los proyectos. No como si fuera una solicitud de ingreso y de estadía sino una real sociedad que le permita a la comunidad ser parte del proyecto. En esa medida no importaría tanto cambiar el uso del suelo, porque ellos se volverían empresarios del viento. Esta sería una forma decente de hacer proyectos. Desgraciadamente esas sociedades tripartitas: gobierno, empresa y comunidad no han sido acogidas por ninguna de las empresas.
La otra sería que el Estado directamente desarrolle alguno de los proyectos, puede ser con Ecopetrol haciendo partícipe a las comunidades. Ecopetrol es el Estado y tendría una forma diferente de relacionamiento con las comunidades y podrían ser proyectos más precisos con lo que necesitan las comunidades.
C: ¿Esto no ha sucedido?
JB: No lo hemos visto todavía. Hemos visto unas consultas muy asimétricas, en donde se les prometen a las comunidades proyectos productivos que deben presentar a la empresa y la empresa es quien los aprueba, quién los desarrolla, etcétera. Se supone que las comunidades no reciben dinero de parte de las empresas porque, dicho por las empresas, las comunidades indígenas no saben manejar plata. Entonces lo que hacen es brindarles proyectos productivos que ellos mismos administran.
C: ¿Esto es algo que se podría cambiar en el marco de las consultas previas?
JB: Las consultas previas se volvieron privadas a partir de junio del 2019. Ya no se publican en la página del Ministerio del Interior. Ahora están escondidas, no hay forma de que la academia las obtenga, ni siquiera las comunidades por derecho de petición. La gente no queda con documentos que den cuenta de lo que está ocurriendo con su territorio.
Se ven cosas de las épocas de la minería y es que se surten todos los pasos de la consulta previa en un solo día. Los talleres de impacto ambiental son superficiales. No hay ninguna profundidad y todas las empresas usan el mismo formato sobre impactos ambientales. Desconocen los impactos sociales porque eso aumentaría los valores de sus pólizas. Las consultas se hacen como por salir del paso con funcionarios que, además, los coartan porque les dicen que tienen que firmar la consulta previa porque el proyecto va porque va.
"Las consultas (previas) se hacen como por salir del paso con funcionarios que, además, los coartan porque les dicen que tienen que firmar porque el proyecto va porque va"
Hemos visto otras cosas, quizás más delicadas, y es que acuden al chantaje con agua. Llevan el carrotanque y les dicen “ya trajimos el carrotanque y hoy tiene que hacerse la consulta previa”. Les ponen fechas a la comunidad cuando debería ser al contrario.
C: Entonces, ¿qué debería hacerse para que los parques eólicos y la transición energética funcionen en La Guajira?
JB: Lo primero es reconocer que los expertos están en el territorio: las comunidades. Si se sigue la Constitución, las leyes que están establecidas de consulta previa y de buenas prácticas de las empresas, no hay que hacer tantas preguntas. Necesitan oír al territorio.
En diciembre del año pasado, las comunidades ancestrales le entregaron a la Irene Vélez, la ministra de Minas, una hoja de ruta para iniciar de buena manera estos proyectos. En uno de los puntos le solicitan que se les dé tiempo para organizar los territorios de manera ancestral. Esto puede ser por protocolos autonómicos o siguiendo el mandato wayuu u otras formas de autodeterminación que están debidamente consagrados en la Constitución.
Siendo optimista, pensaría que con la nueva hoja de ruta de la transición energética. Con la idea de una transición “justa” tendríamos una posibilidad de revisar esos proyectos. Tengo la esperanza de que eso sea así y que podamos avanzar en una regulación, pero el gobierno lleva muy poco tiempo y está apenas entendiendo la dimensión de los problemas que está heredando de los gobiernos anteriores.
En 25 ciudades de Colombia las administraciones locales han restringido el uso de motocicletas argumentando que esta medida reduciría los índices de inseguridad. Algunas van desde prohibir el parrillero hombre, no permitir acompañantes y hasta la no circulación de estos vehículos en zonas y en horarios específicos. Sin embargo, según estudio de la Universidad de los Andes, no hay “evidencia rigurosa que demuestre su efectividad”.
Michael Weintraub, profesor de Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes e investigador del estudio “Restricciones a motocicletas y sus efectos sobre el crimen en Colombia”, asegura que se debe reconsiderar el uso de esas restricciones teniendo en cuenta los costos que imponen para la ciudadanía y las autoridades.
En el estudio, los investigadores identificaron el efecto causal de las políticas y la variación espacial y temporal de las restricciones usando datos georeferenciados del crimen en cinco ciudades: Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Neiva y Soledad.
Consonante: ¿Las restricciones a motocicletas ayudan a reducir el crimen?
Michael Weintraub: Empezamos estudiando si restringir la circulación de motos tenía algún impacto sobre los delitos. Primero, hay que reconocer que sí ha crecido el uso de motos como medio de transporte criminal tanto en hurtos como en homicidios en distintas partes del país, según cifras de la Policía. Por esta razón, en 25 ciudades y más de 30 municipios de Colombia se ha implementado algún tipo de restricción de circulación de motocicletas.
Hay tres tipos de medidas: el parrillero hombre, restringir cualquier acompañante - sea masculino o femenino- y, tercero, restricción de motocicletas por completo o en horarios específicos en algunas zonas de una ciudad o municipios.
En la investigación, publicada hace un año, evaluamos seis de esas medidas en cinco ciudades del país: Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Neiva y Soledad. Encontramos mucha variación en cada ciudad, pero si tuviera que resumir esto diría que las excepciones de motocicletas no reducen sustancialmente los delitos. De las seis medidas que estudiamos solamente tres tienen efectos significativos aunque no son persistentes en el tiempo, es decir, que funcionan un rato y después desaparecen.
"De las seis medidas que estudiamos solamente tres tienen efectos significativos aunque no son persistentes en el tiempo, es decir, que funcionan un rato y después desaparecen"
C: ¿Qué impactos tienen estas medidas en la ciudadanía?
MW: Según los modelos estadísticos que usamos, encontramos que esas medidas empujan y desplazan hacía otras zonas el crimen. Aunque un alcalde no tiene interés en desplazar el crimen y lo que quiere es simplemente bajar las tasas de criminalidad. Lo que quiere decir es que estas medidas no tienen un impacto verdadero en el agregado: no reducen el crimen, simplemente, lo trasladan.
Es importante pensar también que no son medidas gratis y que hay costos asociados con este tipo de políticas. Es casi un impuesto regresivo para las personas de estratos más bajos, que dependen de las motos para movilizarse a sus trabajos y para hacer sus labores. Y, finalmente, la implementación y vigilancia suma costos para la Policía. Implica que ahora el policía se tiene que estar fijando en eso y no en capturar al delincuente o hacer requisas o verificar antecedentes judiciales. Este es el costo escondido de la medida.
"Es casi un impuesto regresivo para las personas de estratos más bajos, que dependen de las motos para movilizarse a sus trabajos y para hacer sus labores"
C:¿Considera que cualquier prohibición va a afectar la forma de subsistencia de las personas en el municipio?
MW: Sí, es un tema muy complejo y hay que pensarlo desde muchas dimensiones. Primero hay que identificar para qué se están usando las motos, cómo funciona el crimen organizado en los municipios y cómo podría impactar esto en los delitos.
La primera pregunta entonces sería ¿qué tipo de delitos se están cometiendo desde las motos? Si principalmente son sicariatos, seguramente estamos hablando de crimen organizado y no de crímenes de oportunidad. Son casos bien planeados y con estructuras fuertes detrás.
No estamos hablando de unos criminales oportunistas y dudo que una medida de restricción podría llegar a tener un impacto porque hay un contrato de los asesinatos y eso se va a cumplir. Sin embargo, hay homicidios que están relacionados con hurtos que salen mal.
Sí fueran medidas sin costo, yo diría que funcionan, pero no lo son. Sí son costosas y no han mostrado resultados, o resultados nulos, entonces me pregunto por qué vamos a imponer estos costos sobre la sociedad cuando la mayoría de la población es vulnerable.
C:¿Qué otros elementos han podido analizar alrededor del hurto?
MW: Nosotros revisamos los hurtos, pero no pudimos encontrar si fue cosquilleo o raponazo. Lo que hicimos fue agregar los crímenes violentos y no violentos, y no hay muchos resultados con relación a las restricciones. Vemos que se compensa ese fenómeno del desplazamiento y lo que estamos es barriendo el crimen a otro lado.
C: ¿Qué se debe hacer entonces en ciudades como Bogotá? ¿Se debe complementar con otras acciones o dejarla definitivamente?
MW: Evaluamos a Bogotá en el año 2018 y luego más adelante cuando volvieron a imponer la medida. Esta administración está convencida de que está funcionando. Pero considero que en la mayoría de ciudades debemos quitar la medida porque es costosa y no vemos efectos grandes. Hay cosas más importantes para mejorar la seguridad, pero eso tiene que ver con concentrarnos en los lugares donde hay más delitos y desplegar el accionar de la Policía. Intentar reconstruir las relaciones entre la comunidad y la Policía para mejorar el intercambio de información.
También debemos enfocarnos en los comportamientos de alto riesgo. Es decir, en el consumo problemático de alcohol y de sustancias e implementar medidas de reducción de daño para consumidores. Enfocarnos en personas que son reincidentes, que son las personas de muy alto riesgo, porque ya han pasado por el sistema judicial y por cárceles y ya tienen un conocimiento de cómo delinquir y tiene redes criminales.
Colombia está innovando en restricción a motocicletas. Otros países también lo han hecho, pero no he visto ninguna evidencia de que funcione. Se debe innovar cuando hay posibilidades pero no innovar por inventar.
"Colombia está innovando en restricción a motocicletas. Otros países también lo han hecho, pero no he visto ninguna evidencia de que funcione. Se debe innovar cuando hay posibilidades pero no innovar por inventar"
C: ¿La pandemia afectó los índices de inseguridad en el país?
MW: Definitivamente hubo un choque económico fuerte y creció la pobreza. Crecieron las tasas de inseguridad y hubo un deterioro pronunciado, casi que en todos los municipios del país hay una preocupación. Por ejemplo, ahora las lesiones personales se vuelven más violentas y hemos visto un deterioro de las condiciones de seguridad en algunas zonas rurales del país, un efecto fue el paro armado del Clan del Golfo el año pasado.
Ahora hemos recuperado cosas. En el último año en Bogotá, por ejemplo, hemos visto cambios importantes como la reducción de los homicidios. Pero no es fácil lo que está pasando en el país. En Barranquilla es preocupante el tema de las extorsiones y homicidios; y la situación de inseguridad en Cali también preocupa mucho.
C: ¿Qué hay detrás de la extorsión? ¿Hay algún tipo de patrón?
MW: El tema de la extorsión es para mí el hueco negro de la economía ilícita en Colombia. Ciertamente no sabemos muy bien qué tan grandes son los pagos, qué tan frecuentes son ni qué carga adicional se pone sobre los empresarios, y no solo las multinacionales, estoy hablando del dueño de la tienda de barrio que le toca pagar a la vacuna.
Las encuestas también han mostrado que en los lugares con más extorsiones hay cero denuncias. Entonces si no entendemos el alcance o la escala del problema, cómo vamos a poder responder de forma eficaz, simplemente no conocemos bien el problema y no sabemos qué porcentaje de la economía lícita pasa por extorsión por ejemplo.
C: ¿Han podido analizar la relación que hay entre el crimen organizado y el narcotráfico y cómo esto impacta en los índices de inseguridad?
MW: Cuando hay un dominio completo por un grupo armado, no suele haber mucho crimen o por lo menos no un crimen visible. Es decir, las extorsiones siguen, pero no suele haber homicidios y hurtos porque cuando un grupo puede gobernar y no tiene un rival es un mal negocio para estos atraer la atención del Estado. Estamos viendo un aumento de la violencia, pero no se señalan competencias.
C: ¿Cómo entra el tema de la seguridad ciudadana con la política de paz total impulsada por el gobierno Petro?
MW: El Gobierno ha enviado mensajes muy dispersos. Dice que no se pueden cometer homicidios, torturas ni secuestros y deja un silencio sobre todo lo demás. Es un mensaje explícito de que todo lo demás está bien. La extorsión está disparada casi en todo el país y no se incluye en los discursos de la administración actual.
"El Gobierno ha enviado mensajes muy dispersos. Dice que no se pueden cometer homicidios, torturas ni secuestros y deja un silencio sobre todo lo demás"
C: ¿Qué perspectiva tienen sobre la seguridad en el país y cómo han visto el discurso del gobierno actual frente a la seguridad ciudadana?
MW: Dependemos de la capacidad de este gobierno de gestionar cosas. Por ejemplo, va a trasladar la Policía al Ministerio de Justicia. Eso podría ser una buena cosa o un desastre total.
Por otra parte, la paz total puede llegar a deprimir los niveles de violencia por un rato, por lo menos mientras hay un cese de hostilidades, o por el contrario puede incentivar una respuesta contundente por parte de grupos armados para mostrar, que este gobierno no los representa. Pero todo depende de la capacidad de este gobierno de manejar muchas fuentes y no generar incertidumbre.
La vía que conduce de Medellín a Quibdó fue bloqueada nuevamente esta semana por los indígenas embera katío de El Carmen de Atrato, quienes protestaron por los incumplimientos de los acuerdos que han firmado con los gobiernos locales y departamentales en años anteriores. Con piedras sobre la carretera, cintas de seguridad y la presencia de la guardia indígena, integrantes del resguardo La Puria iniciaron los bloqueos el 20 de marzo en el sector conocido como El Once, para exigir el cumplimiento de acuerdos que habían pactado desde 2019 con la Alcaldía, la Gobernación del Chocó y el Ministerio de Vivienda.
Esta movilización hizo parte de una protesta departamental organizada por la Asociación de Cabildos Indígenas Embera Katio, al que pertenece el resguardo La Puria. La organización hizo públicas sus peticiones a través de un comunicado difundido a través de redes sociales el viernes 17 de marzo. Debido a los bloqueos, que duraron tres días, alrededor de 50 transportadores permanecieron detenidos. La protesta en La Puria se terminó el miércoles en la noche, después de un diálogo entre las autoridades tradicionales y la Alcaldía municipal de El Carmen de Atrato. Lo mismo ocurrió el jueves en la noche con la comunidad de El 90, después de una reunión en Quibdó con el alcalde de ese municipio.
¿Qué pedían los indígenas de La Puria?
Según el documento difundido por el resguardo el lunes 20 de marzo, las autoridades municipales y departamentales han incumplido cinco acuerdos: la pavimentación de once kilómetros de la vía terciaria que conduce de la troncal a La Puria, la compra de hectáreas para la comunidad indígena asentada en el sector El Doce, la construcción de centros de salud y de viviendas para las 900 personas que integran el resguardo y el nombramiento de docentes para los resguardos.
José Arcé, concejal del resguardo La Puria, cuenta que la adecuación del corredor vial hacia su territorio es importante porque actualmente es un camino de herradura y dificulta tanto el acceso vehicular como el tránsito a pie. “Te gastas cuatro horas caminando. Desde hace tiempo se viene gestionando y cansando de esperar, la comunidad salió a la calle”, cuenta Arcé. Marco Tulio Tequia, gobernador del resguardo, diceque las condiciones precarias de la vía dificultan el ingreso de la alimentación y el proceso para sacar a los enfermos. “Tenemos dos mulitas. Traemos bultos de arroz y maíz en canastos”, agrega.
¿Qué se acordó para levantar el paro?
En la mesa de negociación estuvieron las autoridades del resguardo La Puria, el alcalde Jaiberth Ríos, la Secretaria departamental de Educación, la Personería y la Defensoría. Ríos se comprometió a priorizar la construcción del puesto de salud en la vereda El Doce y La Mansa para que los resguardos puedan tener atención de salud primaria más cerca a sus territorios. Por su parte, dijo que gestionaría la pavimentación en placa huella hacia La Puria. “Quedaron en gestionar la maquinaria para poder iniciar la obra. Son 15 días para la gestión”, cuenta el gobernador Tequia.
El alcalde Ríos explica que la Gobernación del Chocó no ha dado viabilidad a la obra de pavimentación porque hacen falta documentos y estudios que no pueden ser asumidos solo por la Alcaldía. "Se llegó a la conclusión que para tener el resultado del estudio completo se deben invertir alrededor de 1.200 millones de pesos. La idea es que el gobierno nacional asuma esa responsabilidad pero se está gestionando esto aún", dice Ríos.
A través de un grupo de WhatsApp, el alcalde Ríos compartió los documentos de verificación de requisitos de la obra de pavimentación que hizo la Gobernación del Chocó en noviembre del 2022. Por medio de estos se conoce que la pavimentación tendrá una inversión de 36.504 millones de pesos, de los cuales el 60 por ciento saldrá del Sistema General de Regalías.
El único de los puntos en el que no hubo mayores avances fue en educación. Según el gobernador Marco Tequia se debe conseguir un operador diferente a la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó (Fedeorewa), para que contrate a los docentes. “La Secretaria de Educación departamental dijo que en junio hay respuesta sobre el nombramiento de docentes porque todavía no ha salido la resolución”.
Van cerca de 22 cierres en menos de dos años
Esta no es la primera vez que las comunidades indígenas embera katío y chamí de El Carmen de Atrato recurren a bloquear una de las principales vías de acceso al Chocó, por donde transitan personas en buses y carros particulares, y los transportadores mueven mercancía desde y hacia Antioquia. El año pasado se presentaron cerca de 22 cierres y este año, La Puria es la primera que protesta pacíficamente con el bloqueo de la troncal.
El 27 de noviembre de 2022 fue el momento más álgido. Los resguardos indígenas agrupados en la Asociación Orewa convocaron una minga para definir las necesidades urgentes que tenían y no habían sido atendidas por las autoridades. Además, cerraron dos puntos de la vía Quibdó-Medellín para presionar al gobierno departamental y nacional. Aunque la protesta indígena duró tres días, después se sumaron los camioneros en rechazo a los continuos bloqueos que generan los resguardos y afectan su economía.
El inconformismo de los indígenas del municipio fue atendido en ese momento por el gobierno de Gustavo Petro a través de mesas de diálogo en Bogotá. Los siete resguardos que están en El Carmen de Atrato pidieron por más hectáreas de tierra, avance en las reparaciones individuales y colectivas a víctimas del conflicto armado, fortalecimiento de la guardia indígena, construcción de puestos de salud rurales, mejoramiento de escuelas y apoyo a proyectos colectivos. Estas peticiones han estado más de una vez sobre la mesa en negociaciones con las empresas que construyen la vía Quibdó-Medellín, con la Alcaldía municipal y con los gobiernos departamental y nacional.
Los reclamos de los indígenas del resto del país
Siete organizaciones indígenas de todo el país le enviaron esta semana una carta al presidente Gustavo Petro para exigir el cumplimiento de compromisos con el Gobierno nacional: la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Confederación Indígena Tayrona (CIT), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC Nacional) y el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO).
Durante una rueda de prensa manifestaron su preocupación por la falta de avances en compromisos anteriores como el desarrollo e implementación de las consultas previas como un derecho de los pueblos indígenas, en la prevención y atención del reclutamiento forzado y de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes indígenas. Alertaron, además, que no habían visto avances en la lucha contra el cambio climático ni en el desarrollo de proyectos que atiendan las necesidades de salud y educación.
“Dos de los asuntos fundamentales para nuestra pervivencia están siendo dejados al final de la agenda incumpliendo incluso los constantes acercamientos que hemos propiciado con el Gobierno Nacional en materia de salud y educación”, afirmaron en un comunicado.
Lo que sigue
El alcalde Jaiberth Ríos tiene 15 días para gestionar la maquinaria ante el Ejército para hacer un mejoramiento previo a la vía que conduce del sector El Once, sobre la vía Quibdó - Medellín, hacia La Puria. Si los acuerdos no se cumplen por parte de las autoridades, el gobernador Manuel Tequia asegura que volverán a bloquear pacíficamente la vía hasta que vean que alguna solución está en marcha. “Nuevamente nos tomaremos las vías de hecho sino se cumple lo acordado en el diálogo. Así quedó establecido en el acta de la negociación”, dice Tequia.
Cuando Cristian Copete volvió a la alcaldía de Tadó tras ganar sus demandas electorales ante el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Chocó por una supuesta inhabilidad electoral, prometió que iba a trabajar “las 24 horas de los siete días de la semana para gestionar grandes proyectos para Tadó”. Sus palabras fueron esperanzadoras para los 19 mil habitantes del municipio que habían vivido una tormenta política durante los últimos dos años.
Sin embargo, siete meses después, poco se sabe de esos proyectos que el alcalde prometió dedicarse a gestionar. Desde que el Tribunal Administrativo del Chocó dejó en firme su elección, el alcalde ha ido pocas veces a la emisora local y no ha rendido cuentas, algo que los servidores públicos deben hacer en diciembre de cada año, como lo establece el Estatuto de Participación Ciudadana. Sus apariciones públicas más destacadas han sido durante la inauguración de un puente colgante en el corregimiento Tabor, la creación de unos convenios con los rectores de los colegios para mejorar la infraestructura de las instituciones y la mediación que realizó entre el gobierno nacional y los indígenas en las protestas del año pasado, que paralizaron al departamento.
Cuando Copete estaba en campaña era capaz de llenar una calle completa de personas que lo respaldaban. Llegó con el apoyo de la coalición Por Tadó me la juego toda, conformada por el partido de la U y Cambio Radical. Hoy, la falta de conocimiento público de sus resultados y la ausencia de señales que demuestren una mejora en la calidad de vida de la gente han perjudicado la popularidad del alcalde. Ahora son pocos quienes públicamente manifiestan su apoyo al mandatario y su principal equipo promotor son los funcionarios de su gabinete.
A pesar de que el alcalde afirma que quienes lo critican son sus opositores, lo cierto es que en el Parque Rey Barule y en las calles del municipio, donde en la época de campaña desfilaron cientos de personas con camisetas amarillas en apoyo a Copete, es común escuchar a la gente cuestionando su gestión. “Él no ha hecho ninguna obra aquí. Está muy abandonado el pueblo. Acá hay muchas necesidades y él no soluciona nada”, le dijo a Consonante un habitante del municipio. “Aquí no se han notado cambios. Pa’ qué va a mentir uno, no hay nada que se pueda resaltar”, opina Alexis Pino, un campesino de la vereda La Esperanza.
Un habitante que pidió mantener el anonimato asegura para la gente es evidente que no ha atendido los problemas fundamentales del municipio. “La gestión de la Alcaldía es mala. No pasa nada con los problemas de Tadó. La Casa de la Mujer es lo único que están haciendo. No han puesto un clavo en la zona rural”, dice. “Ya uno no espera nada. Pero hubiera sido bueno que mejorara el acueducto en Tadó, la salud, el hospital y la educación, e incentivar la producción agrícola”, agrega.
Por su parte, los consejeros de juventud reconocen que ha habido mayor articulación con la Alcaldía municipal pero no encuentran que se esté invirtiendo en la niñez y los jóvenes como prometió Copete en campaña. “Acá en Tadó cerca del 60 por ciento es joven y cómo es posible que una persona que hace poco fue joven no se ponga en nuestros zapatos. No contamos con una banda de chirimía, no se hizo la copa de fútbol Rey Barule que era una tradición. En temas de cultura y juventud no ha pasado nada. Lo que ha hecho son cosas básicas pero no ha hecho nada que impacte a la comunidad”, dice Deivis Perea, vicepresidente del Consejo de Juventud. “Esperamos que pase rápido el tiempo y pueda llegar alguien nuevo. No tengo nada en contra del alcalde pero quiero lo mejor para mi pueblo”, agrega Perea.
“Esperamos que pase rápido el tiempo y pueda llegar alguien nuevo. No tengo nada en contra del alcalde pero quiero lo mejor para mi pueblo”
Deivis Perea, vicepresidente del Consejo de Juventud
Para algunas personas, la baja popularidad del alcalde ya no tiene que ver con asuntos políticos. “La gente va a hablar a favor y en contra siempre pero sí hay una tristeza, una nostalgia que se siente dentro de la misma comunidad por la falta de resultados”, asegura un concejal.
Sus proyectos
Al inicio de su mandato, Copete presentó un programa de gobierno en el que proponía trabajar por el mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas, pavimentar vías rurales, construir escenarios deportivos, reestructurar la plaza de mercado, y remodelar y entregar dotaciones a los puestos de salud. El documento incluía, además, temas que le preocupan a la ciudadanía. Se comprometió con el desarrollo de proyectos productivos agrícolas, la formación a jóvenes para que desarrollen emprendimientos y puedan emplearse, la construcción de la Casa de la Mujer, impulsar la economía naranja a través del fomento del turismo, y fortalecer las expresiones culturales.
Pero hasta la fecha, la única obra finalizada durante el tiempo que Copete lleva en la alcaldía ha sido el mejoramiento y adecuación del puente de madera que pasa sobre el Río San Juan en el corregimiento del Tabor. Esta obra fue propuesta por él en el plan de gobierno y se empezó a ejecutar desde inicios de este año. Costó 32 millones de pesos y fue entregada el 10 de febrero.
La construcción de la Casa de la Mujer, proyecto que ha impulsado la gestora social Sandra Perea, debía ser entregada en septiembre del año pasado pero la construcción tuvo varios retrasos. A finales de febrero de este año, Copete aseguró que la Casa Social de la Mujer Margaret Cristal iba a ser entregada la primera semana de marzo, con los emprendimientos de las tadoseñas instalados. “Estamos haciendo unos remates. Pero en una semana máximo recibiremos la casa para inaugurarla. Tenemos ya la dotación para cocina, maquillaje, manicure y peluquería”, dijo Copete a finales de febrero. Aunque ya pasó la fecha de entrega, no hay certeza sobre cuándo la van a inaugurar.
Además de estas dos obras, Copete dio inicio a dos proyectos de pavimentación de vías: uno en el barrio San Pedro y otro en la vía que conecta a Playa de Oro con Carmelo. Sin embargo, ambas obras han tenido tropiezos en su construcción. El primer proyecto contempla el mejoramiento de la malla vial mediante pavimentación en concreto rígido en los barrios San Pedro y Reinaldo mediante la intervención de 1.963 metros cuadrados divididos en 18 tramos por 5.600 millones de pesos.
El proyecto está suspendido desde hace tres semanas por presuntas irregularidades en los procesos y materiales de construcción. A finales de febrero, la Junta de Acción Comunal le envió a la Alcaldía municipal una carta en la que solicitan la documentación completa del proyecto y enumeran las preocupaciones de la comunidad frente a la obra. “A pesar de que uno no es ingeniero, no es arquitecto, a ojímetro se ve que no le están echando base ni sub-base. La excavación que están haciendo es una leve como a ras con los andenes de las casas”, le dijo una lideresa del barrio San Pedro a Consonante.
Por su parte, el proyecto de la vía Playa de Oro - Carmelo tuvo problemas desde sus inicios pues la Alcaldía anunció en un primer momento que se construirían 704 metros de la vía con placa huella, pero luego dijo que se harían 400 metros en pavimento rígido. Por este motivo, la construcción permaneció en pausa durante 23 días mientras la Alcaldía le solicitaba al Invías que ajustara los diseños del proyecto. “Esta vía no es terciaria, sino secundaria, porque comunica a dos municipios: Tadó y Bagadó. Además, en esa vía el tráfico es bastante pesado, por ahí se abastece Bagadó, tanto para víveres como para materiales de la construcción, entonces con ese diseño vial esa vía no iba a durar”, le explicó Mosquera a Consonante a finales de diciembre de 2022.
Sin embargo, un líder de la comunidad aseguró que habían llamado la atención sobre el tipo de vía durante la jornada de socialización realizada en octubre. Este proyecto tiene un costo de 960 millones de pesos y, según el texto del proyecto, debía estar lista en diciembre de 2022. A pesar de que la construcción se reinició la segunda semana de marzo, el 13 de ese mismo mes los trabajos se volvieron a detener por daños en la maquinaria. En estos momentos, el Invias está gestionando la prórroga del contrato hasta el 15 de abril.
A la hora de dar explicaciones sobre los retrasos y las interrupciones de las obras, tanto el alcalde como sus secretarios aducen que el tiempo que pasaron por fuera de la alcaldía defendiéndose de las demandas por asuntos electorales todavía les afecta, o culpan a los habitantes del pueblo porque, en vez de hacer veeduría, se dedican a “hacer oposición”. Por ejemplo, al preguntarle a Deyner Mosquera, secretario de Planeación, sobre las quejas de los habitantes del barrio San Pedro en diciembre de 2022, el secretario dijo: “hay desinformación en la calle y es debido a la situación política del municipio. Eso ha mantenido en Tadó una división sobre todo lo que la administración ha venido haciendo. Hay un grupo que mantiene desinformando a los demás”.
“Hay desinformación en la calle y es debido a la situación política del municipio. Eso ha mantenido en Tadó una división sobre todo lo que la administración ha venido haciendo"
Deyner Mosquera, secretario de Planeación
Frente a los programas de inversión social, el alcalde Cristián Copete priorizó en su plan de gobierno a los jóvenes, el campesinado, las personas en condición de discapacidad, las mujeres, los adultos mayores, los indígenas y las víctimas del conflicto armado. Al respecto, Copete asegura que su administración se ha centrado en atender la salud mental en el municipio y avanzar en la certificación de personas en condición de discapacidad. Sin embargo, este último proceso no es un logro de la alcaldía sino un trámite con el que deben cumplir todas las alcaldías, según lo estableció el Ministerio de Salud y Protección Social en julio del año pasado.
Copete saca pecho porque en el municipio solo el 50 por ciento ya cuenta con el certificado, que les permite acreditar su discapacidad y acceder a los servicios del Estado y a empleos de manera diferencia. “Este año vamos a contratar nuevamente a una entidad para hacer el proceso. También, el año pasado tuvimos una actividad con ellos muy bonita donde hicimos el día de la discapacidad celebramos, les llevamos juegos, regalos, servicios de peluquería, baile y concursos. Salieron muy felices”, dice el alcalde. “Siempre tratamos de que esa población esté en cualquiera de los ejes en los que la Administración tenga que hacer inversión”, agrega.
El desarrollo rural, que era otro de los grandes fuertes del plan de gobierno, establecía convertir de nuevo al campo en un sector del empleo del municipio. Para esto, Copete propuso el suministro de insumos agrícolas y mejorar la comercialización de los productos que se siembran en Tadó y reestructurar la plaza de mercado. Sin embargo, los campesinos han cuestionado en varias oportunidades que no haya una política pública estructurada que permita cumplir estos objetivos. Afirman que no hay procesos para tecnificar el campo que les permitan mejorar la calidad de su producción. Por ahora, la mayoría de productores comercializan sus productos en los andenes de la vía principal.
“No he visto que por el campo se la haya jugado toda, seguimos abandonados. Venimos como campesinos a recibir los insumos, que son poquitos, miseria que uno puede comprar. A veces ni los recibimos porque ya los tenemos en casa. Él tiene una idea de desarrollo del campo y nosotros tenemos otra”, dice Alexis Pino, un campesino de la vereda La Esperanza que es conocida por ser la despensa agrícola del municipio.
La falta de transparencia
Una de las mayores críticas que le hacen los ciudadanos al alcalde Copete es su falta de transparencia a la hora de hablar sobre lo que está haciendo su equipo de gobierno. En estos meses de gobierno, Copete se ha abstenido a dar declaraciones o entrevistas por la emisora La Soberana Stereo, una práctica común para mandatarios pasados.
“Hay una falta de información hacia los concejales y la gente”, afirma Juan Anilio Asprilla, concejal por el Partido Verde en Tadó. “Un administrador debe rendir un informe a la comunidad, que fue la que legalmente lo eligió, sobre cómo está administrando los bienes e intereses de la misma comunidad. Es una falta de respeto que un administrador, valga la redundancia, administre de espaldas a la gente”, dice el concejal. “Eso hace con todos los entes de control que le hacen solicitudes y nunca da información de nada. Solamente se dedica a decir que son persecuciones políticas”, agrega.
“Un administrador debe rendir un informe a la comunidad, que fue la que legalmente lo eligió, sobre cómo está administrando los bienes e intereses de la misma comunidad"
Juan Anilio Asprilla, concejal de Tadó
En una entrevista concedida a Consonante a finales de febrero, el alcalde sostuvo que él prefiere dejar que sean los miembros de su gabinete quienes aparezcan en la radio. “Yo salgo poco porque a mí me gusta salir a cosas puntuales. No me gusta mucho la confrontación”, dijo Copete. Según el mandatario, quienes lo critican son opositores que lo quieren ver fuera del cargo. "Quedaron ardidos conmigo”, sostuvo.
A esto se suma el hecho de que son pocos quienes logran hablar directamente con él. Conseguir una cita con el alcalde Cristián Copete no es una tarea fácil. Para agendar un encuentro hay que primero hablar con sus secretarios de Hacienda y Planeación, quienes son los más cercanos al mandatario. Sin embargo, no es seguro que Copete llegue a la hora acordada. Alexis Pino, un campesino de la vereda La Esperanza, y cuatro de sus compañeros esperó afuera de la Alcaldía durante un día completo al alcalde para pedirle que interviniera la vía de acceso a su vereda con el fin de que los campesinos puedan transportar sus productos. A pesar de que Copete los había citado a las 10 de la mañana, eran las 5 de la tarde y no habían obtenido respuesta.
“Me siento frustrado. Siento una tristeza inmensa. Vinimos cuatro personas de la comunidad para saber qué había pasado con el alcalde pero nos tiene acá tirados en el parque. Siempre nos dice que sí va a solucionar pero nunca nos presenta un proyecto o una solución”, cuenta Alexis Pino. “No lo hemos visto. No sabemos en qué parte del municipio está. Queríamos hablar sobre dos kilómetros de vía carreteable para tener acceso a la comunidad. De aquí nos tenemos que ir a las ocho de la mañana porque, si el invierno se presenta en la cuenca del río Tadocito, no tenemos por dónde pasar”, agrega.
Copete niega que no esté en su despacho cuando la gente lo busca. “Soy el alcalde que más dura en la Alcaldía atendiendo los temas administrativos y a la comunidad. Eso lo tengo absolutamente claro. No lo reconocerán algunos”, le dijo a Consonante. Pero el alcalde no siempre trabaja desde la sede de la Alcaldía, a pesar de que su despacho fue remodelado en el 2021. Copete utiliza una oficina a unas cuadras del palacio municipal, y pertenece a su hermano, Holman Copete. El lugar está amoblado y cuenta con un escritorio,una silla de rodachines, una biblioteca con libros de derecho, una impresora, y una mesa de juntas. En las paredes hay diplomas de su hermano y un cuadro del Papa Juan Pablo II. Allí, según él, encuentra tranquilidad para reunirse virtual o presencialmente con quien lo requiera.
“Soy el alcalde que más dura en la Alcaldía atendiendo los temas administrativos y a la comunidad. Eso lo tengo absolutamente claro. No lo reconocerán algunos”
Cristian Copete, alcalde de Tadó
Lo que sigue
El alcalde tiene planeado echar a andar la mayor cantidad de obras públicas posible durante los últimos meses de su gobierno. Entre estas están: la construcción de una placa polideportiva en el resguardo Mondo Mondocito, el alcantarillado del barrio Reynaldo, la cancha sintética, la remodelación del hospital, y la instalación de 400 paneles solares para los indígenas del municipio. Deyner Mosquera asegura que tienen “unas tijeras grandes” para cortar las cintas de todas las obras que van a entregar en los próximos nueve meses antes de que Copete termine su periodo de gobierno.
Mientras tanto, la comunidad está a la espera que se completen las obras que el alcalde ha anunciado, especialmente los dos proyectos de mejora de vías que están en desarrollo. De lo contrario, temen que en las campañas para las elecciones locales de este año los candidatos se aprovechen del descontento de la gente.
El alcalde Cristian Copete está a la defensiva. Insiste en decir que quienes lo critican son opositores, que no votaron por él y que por eso lo quieren ver por fuera de la Alcaldía. Sentado frente al escritorio de una oficina alterna ubicada a unas cuadras de la Alcaldía, afirma: "Quedaron ardidos conmigo”, refiriéndose a sus críticos.
La falta de información y una administración marcada por la inestabilidad política, producto de los pleitos judiciales, ha profundizado el ambiente de incertidumbre en Tadó. Sectores de la ciudadanía dudan que Copete, quien por estos días cumple 15 meses al frente de la alcaldía municipal, esté cumpliendo sus promesas de campaña. Cuando se posesionó, aseguró que invertiría en educación, el mejoramiento del Hospital San José y la construcción definitiva de una cancha sintética, que, según el exalcalde Arismendi García Mosquera, solo dependía de la aprobación del Ministerio del Deporte. Sin embargo, Copete insiste en que será el “alcalde que más dinero ha invertido en el municipio”.
En entrevista con Consonante, Copete habla sobre sus prioridades para los próximos diez meses y explica por qué las obras de pavimentación de algunos sectores están retrasadas.
Cristian Copete: Me siento contento y tranquilo. Regresar era reivindicar y limpiar mi nombre, porque de alguna manera cuando pasan estas cosas, la gente asume que uno cometió un error y metió al pueblo en una situación sin salida. Entonces demostré que sí me lancé habilitado para poder estar en una contienda política y que el perseguido fui yo, así ellos no lo entiendan y crean que la perseguida fue la señora Yocira Lozano.
Habilidosamente ese proyecto político ha hecho creer a sus simpatizantes que el malo soy yo y que la pobrecita es ella. El que entiende un poco de esto y tiene algo de cacumen en la cabeza entiende que el que ganó las elecciones fue Cristian y al que persiguieron para tumbar fue a Cristian. La verdad que es un buen ejercicio ser la primera autoridad de un municipio. Es un honor. Hay veces que se dan las cosas, pero dentro de todo, se pasa bueno.
C: Han pasado 16 meses desde que usted asumió nuevamente la Alcaldía, ¿cuáles son los principales logros de su gestión durante este tiempo?
CC: Voy a ser el alcalde que en un cuatrienio va a hacer más inversión en el municipio a pesar de las dificultades que he tenido. Tenemos la Casa de la Mujer y la biblioteca pública que no las hemos inaugurado pero ya están casi terminadas. Vamos a arrancar dos proyectos de pavimentación en Tadó: uno en el barrio San Pedro y otro en el barrio Reinaldo. Los dos proyectos suman 3,3 kilómetros intervenidos. El mandatario que más había hecho en un solo periodo hizo 820 metros. Estoy triplicando, creo, ese porcentaje en pavimentación urbana.
Tengo aprobados 400 paneles solares para indígenas por 7.810 millones de pesos. Estamos esperando la sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) para definir el contratista y arrancar la instalación. Ya radiqué la cancha sintética por 6.050 millones de pesos y, en lo que he podido hablar con la gente en la Gobernación, este año Tadó tendrá cancha sintética. Si no alcanzo a inaugurarla, por lo menos las obras quedarán en ejecución. Solo falta que asignen los recursos entre el mes de marzo y abril.
"Este año Tadó tendrá cancha sintética. Si no alcanzo a inaugurarla, por lo menos las obras quedarán en ejecución".
Cristian Copete
C: En este momento hay dos obras de pavimentación que están siendo cuestionadas por la comunidad: la vía Playa de Oro - Carmelo y el barrio San Pedro. ¿Por qué se han retrasado? ¿Qué saben ustedes de las denuncias de presuntas irregularidades?
CC: La obra Playa de Oro - Carmelo está parada en estos momentos porque estamos haciendo toda la gestión para mejorarla. Esa vía era un proyecto con un diseño de placa huella. Pero resulta que, a pesar de que pasa por dos corregimientos, va hacia el municipio de Bagadó. Entonces es una vía secundaria. El Ministerio de Transporte nos avaló el cambio de diseño a pavimento rígido pero el Invias nos dice que debemos mantener el alcance del proyecto, que son 780 metros. Para mantenerlo, necesitamos 500 millones de pesos que el municipio no tiene. Si no, nos toca reducir el alcance a 411 metros con los recursos que tenemos.
En cuanto al barrio San Pedro, tenemos que garantizar que el proyecto se haga cómo está en los pliegos de condiciones y así lo vamos a hacer. Me han llegado comentarios por redes sociales, algunos habitantes denuncian que los materiales, que una cosa, que la otra. Ya se hizo una mesa técnica con los ingenieros, lo vamos a revisar y si es cierto, tomaremos cartas en el asunto.
C: ¿Qué garantía le dan ustedes a la gente de que esas obras sí se van a terminar?
CC: Tenemos un convenio con Invias y debemos cumplirlo sí o sí. Antes de que me vaya tiene que quedar hecho. Además, la Alcaldía con los contratistas tiene un contrato de obra que tiene que cumplir.
C: Durante el evento de posesión usted habló de invertir en educación. Sin embargo, la comunidad educativa ha alertado sobre el mal estado de los colegios. ¿Por qué no se ven avances a pesar de que usted asegura que invierten?
CC: La educación en el Chocó para los 30 municipios, excepto Quibdó, es descertificada. Los recursos los maneja la Secretaría de Educación departamental. Eso hace que de alguna manera uno pierda autonomía en el manejo de ciertos recursos y cuando las responsabilidades están centralizadas en el gobierno departamental o en el nacional, las soluciones no llegan tan rápido y tan pronto como uno quisiera.
Es cierto que las instituciones educativas en su infraestructura están bastante deterioradas. Cuando llegué a la administración así las encontré. Se ha podido avanzar en algunos mejoramientos porque somos el único municipio del departamento del Chocó en el que los recursos que nos llegan por calidad de la educación, los invertimos en los colegios a través de unos convenios. De esa manera, los rectores hacen las inversiones directas a las escuelas y se ha mejorado la infraestructura, los comedores escolares, algunas aulas de clases.
C: ¿Ustedes cómo garantizan que el dinero de los convenios sí se invierte para mejorar el estado de los colegios y las escuelas? ¿Cómo es la auditoría?
CC: Tenemos confianza en los rectores, partimos de la buena fe. Los convenios tienen un supervisor que es el Secretario de Educación del municipio. En él está la supervisión y cuando concluye un convenio, los colegios nos hacen los informes de todo lo que se invirtió. A través del supervisor corroboramos esa información y entendemos si las cosas se hicieron bien.
C: Entonces, ¿qué falta para mejorar completamente el estado de los colegios y las escuelas rurales?
CC: Necesitamos buscar los recursos. Estamos haciendo el proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa a nivel municipal para meterlo por regalías. Ahí está incluida la zona rural. Son proyectos que valen bastante plata.
"Estamos haciendo el proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa a nivel municipal para meterlo por regalías"
Cristian Copete
C: ¿Cuánto dinero se necesitaría para mejorar las escuelas y los colegios, según su diagnóstico?
CC: Para reparar solamente las 24 escuelas y las cuatro instituciones educativas, póngale seis o siete mil millones de pesos. Para construir es otro presupuesto.
C: El arreglo del hospital fue una de sus promesas de campaña. ¿Cómo va esto?
CC: Tuvimos una dificultad el año pasado porque nos cerraron algunos servicios. Hay veces que si no lo auditan, usted piensa que lo está haciendo bien. Para eso existe la Secretaría de Salud que tiene la responsabilidad de auditarnos. Encontraron que había fallas en el servicio tiempo atrás pero a nosotros se nos explotó la papa. Ya nos levantaron las medidas.
Por la Gobernación tenemos un proyecto de mejoramiento del hospital por 3.500 millones de pesos. Ya está radicado y estamos esperando que ahora que liquiden el presupuesto de regalías, más o menos a finales de marzo, puedan utilizarse esos recursos.
C: ¿Cuánto dinero costaría adecuar los centros de salud en zonas rurales?
CC: Los centros de salud rurales son pequeños y prácticamente solo tienen una enfermera o un promotor de salud. Por ejemplo, en la zona indígena tienen un microscopista y un promotor de salud. Con una inversión de unos 2.500 millones de pesos estaríamos habilitando el centro de salud de Playa de Oro, que es el más grande. Ese presupuesto sería para infraestructura y dotación de los centros y puestos de salud.
Hemos pensado también en una unidad móvil de médico, enfermera superior y auxiliares para que vayan cada fin de semana o cada tres días a la zona rural para hacer diagnóstico o atención en salud. Con la nueva reforma a la salud esto va a cambiar un poco, porque la idea es que haya salud más personalizada.
C: En el municipio se dice que usted no va a su despacho y la gente no sabe qué pasa en la administración porque no da declaraciones públicas. ¿Qué responde?
CC: Mis secretarios de despacho salen a los medios a explicar. Salgo poco porque a mí me gusta salir a cosas puntuales. No me gusta mucho la confrontación. Soy el alcalde que más dura en la Alcaldía atendiendo los temas administrativos y a la comunidad. Eso lo tengo absolutamente claro. No lo reconocerán algunos. A los detractores les digo que nos unamos para jalonar el bienestar del municipio.
La gente que pide que yo me vaya son opositores y no votaron por mí. Me tumbaron porque pensaban que no iba a volver y volví. Quedaron ardidos conmigo, eso es. Les voy a demostrar que soy el alcalde con más obras en el municipio. Si alguien dijo o no dijo, si siente o no siente, ese es su problema. Cuando me vayan, van a decir: “este señor sí hizo”.
Nota aclaratoria: El Concejo Municipal envió un requerimiento en agosto de 2022 al alcalde Cristian Copete para que rinda cuentas sobre sus numerosos viajes que ha hecho desde noviembre de 2021. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido respuesta sobre las gestiones que hace fuera del municipio durante sus ausencias. Concejales como Anilio Asprilla denuncian que el mandatario se ha ausentado hasta una semana completa.
Al momento de hacer esta entrevista, un grupo de campesinos de la vereda La Esperanza había estado un día completo esperando al mandatario fuera de la Alcaldía, a pesar de que los había citado a las 10 am para discutir proyectos de inversión. A las 5pm no habían obtenido respuesta de Copete.
C: Algunos miembros de su administración han hablado de que están acorralados para gobernar. ¿Por qué se sigue hablando de persecución si la justicia falló a su favor?
CC: Sobre el pavimento de San Pedro tengo que sentir veeduría de la gente, más no oposición. Es un proyecto beneficioso para los tadoseños y no debemos partir de la idea de que nos vamos a robar ese dinero. Quién más que el alcalde quiere que el proyecto se haga bien y a mí me interesa que se haga perfecto. No creo que exista el primer alcalde que quiera salir con problemas. A veces uno encuentra oposición a los proyectos. Yo sé que a Carmelo enviaron a unos tipos para que hablaran mal del proyecto.
"(La pavimentación del barrio San Pedro) es un proyecto beneficioso para los tadoseños y no debemos partir de la idea de que nos vamos a robar ese dinero"
Cristian Copete
C: Son los habitantes de los barrios, en el caso de San Pedro, quienes están haciendo veeduría a las obras y están preocupados. ¿Cuál es el límite para usted entre oposición y veeduría?
CC: El punto delgado es cuando la gente le quiere tirar a uno al pueblo encima. Veeduría es cuando las personas van a la administración a poner de presente lo que está pasando o lo que están escuchando para buscar la verdad de la situación para que uno mejore.
C: Le quedan diez meses en el cargo, ¿con qué obras va a cerrar su gestión?
CC: Le voy a construir una placa polideportiva cubierta al resguardo Mondo Mondocito. Nadie en Tadó había hecho una inversión de 1.390 millones de pesos con recursos del Ministerio de Deporte a través de Findeter. En el barrio Reynaldo tenemos un proyecto de alcantarillado por 1.200 millones de pesos. Está el proyecto de remodelación del hospital por 3.500 millones. Es un compromiso de la Gobernación con nosotros. En marzo o abril tendremos esos recursos asignados.
C: ¿Va a volver a aspirar a la Alcaldía o tiene otras aspiraciones políticas?
CC: No soy mucho de los alcaldes que repiten. Me parece que cuatro años son suficientes. Así que cuando me vaya la gente me va a recordar por lo que estoy haciendo y voy a hacer. Al terminar voy a descansar un poco, a tomarme un añito sabático.
Las obras del barrio San Pedro completan una semana de estar suspendidas. Las recientes quejas de los habitantes y la Junta de Acción Comunal terminaron por paralizar temporalmente la construcción del pavimento hasta que la Alcaldía, la veeduría departamental y los entes de control no revisen las presuntas irregularidades. El alcalde Cristian Copete y el secretario de Planeación, Deyner Mosquera anunciaron que conformarán una mesa técnica con el contratista, la interventoría y la comunidad para resolver los inconvenientes y tomar medidas correctivas, de ser necesario, con el fin de que el proyecto se pueda reanudar.
“Lo más pertinente es parar la obra hasta que se socialice bien con la comunidad y con los entes verificadores. Necesitamos que haya claridad sobre el tipo de material y de dónde se está trayendo, que el contratista tenga los documentos en regla y que la obra quede bien hecha. No nos sirve un pavimento que lo hagan para un año, y al año estemos otra vez tapando huecos”, dice uno de los líderes del barrio San Pedro, quien prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias.
"No nos sirve un pavimento que lo hagan para un año, y al año estemos otra vez tapando huecos”
Lider del barrio San Pedro
Las inconformidades de los habitantes del barrio San Pedro
La Junta de Acción Comunal le envió a la Alcaldía municipal una carta en la que solicitan la documentación completa del proyecto y enumeran las preocupaciones de la comunidad frente a las obras. En el documento, enviado el 20 de febrero, detallan: se están realizando excavaciones y no sabemos cuáles son las medidas de la base y no se está dejando sub-base; se está usando material contaminado (palos y bolsas); no se está haciendo prueba de resistencia al suelo; no conocemos el espesor y ancho del pavimento; no se están haciendo los procedimientos adecuados en la excavación para la respectiva pavimentación y se están fundiendo las plaquetas con material no apto.
“A pesar de que uno no es ingeniero, no es arquitecto, a ojímetro se ve que no le están echando base ni sub-base. La excavación que están haciendo es una leve como a ras con los andenes de las casas”, dice una lideresa del barrio San Pedro, que pidió mantener el anonimato. Además, asegura que la falta de información y claridad sobre cada uno de los procesos han aumentado la incertidumbre entre los habitantes. “Iniciaron la pavimentación por el sector de la escuela, pero todavía no habían hecho socialización ni el acta de vecindad, levantamiento de acta de entorno. Es decir, no habían dado a conocer absolutamente nada a la comunidad y ya habían iniciado los trabajos”, agrega.
El material que está siendo utilizado para la pavimentación se ha convertido en uno de los puntos nodales de la discusión sobre la obra. Los habitantes del barrio argumentan que no se está utilizando piedra triturada, sino arena. Además, les preocupa que el material que se está extrayendo de las playas de la quebrada San Pablo no tenga los permisos ambientales ni el proceso adecuado de limpieza, por lo que se estaría utilizando con contaminación de lodos y palos.
“No se puede pavimentar sólo un sector con arenas, debe haber un triturado que es el que le da la fortaleza al concreto y allí no se está utilizando triturado. Ustedes pueden verificar que no hay triturado y están utilizando una arena emparrillada. Ponen unas varillas, tiran arena y ella se va cerniendo, entonces queda arena por un lado”, dice Juan Bautista Gil, un habitante del barrio San Pedro que trabaja en la extracción de material de construcción.
Gil manifiesta que a pesar de que él tenía la documentación ambiental para extraer piedra, el contratista optó por un empresario que aparentemente no contaba con los permisos. Asegura que presentó una denuncia ante la Procuraduría, la Agencia Nacional de Minería y Codechoco para que revisen si hay irregularidades.
¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto de “Mejoramiento de la malla vial mediante pavimentación en concreto rígido en los barrios San Pedro y Reinaldo” contempla la intervención de 1.963 metros cuadrados divididos en 18 tramos. Para esta obra la Alcaldía destinó 5.600 millones de pesos. Cobertura Global SAS, la empresa representada por Prospero Ríos Mena a la que le fue adjudicado el contrato en diciembre de 2022, alcanzó a pavimentar la carrera 19 entre calle Décima y Once, la carrera 18 con calle Octava sector Pereita, la carrera 19 con calle 12 y la carrera 18B con calle 11, sector La Escuela.
Las calles a intervenir son: carrera 18 entre calles 9-9ª, carrera 18b entre calles 11-12 , carrera 18b entre calles 10-11, carrera 19 entre calles 11-12, carrera 20 entre calles 9-10, carrera 20 entre calles 11-12, carrera 21 entre calles 9-12, calle 9 entre carreras 9ª-18, calle 10 entre carreras 18-19, calle 10 entre carreras 19-21, calle 11 entre carreras 20-21, calle 12 entre carreras 18b-21, carrera 8 entre calles 2ª-3, calle 8A entre Carrera 20 y calle 9, calle 8A entre carreras 21-20, calle 8A entre carreras 21-22, carrera 21 entre calles 9-8A y carrera 20 entre calles 9 -8A.
(Acá puede consultar todos los detalles de la licitación de la obra)
¿Qué responde la Alcaldía?
El alcalde Cristian Copete Mosquera admite que ha recibido las quejas de la comunidad y ya han realizado mesas técnicas con los ingenieros para revisar si hay irregularidades. Sin embargo, cuenta que confían en que la obra se está haciendo bien teniendo en cuenta la experiencia del contratista. “Igual el contratista tiene mucha experiencia. Ha trabajado temas y está trabajando simultáneamente pavimentos también pavimentos con los recursos de la nación. Es un contratista que ha hecho más de 12 pavimentos con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Confiamos en la selección del contratista con idoneidad y experiencia”, dice Copete.
Por su parte, el secretario Deyner Mosquera asegura que ha habido malentendidos alrededor del proceso de pavimentación. Sobre las obras por tramos, que ya ha realizado el contratista, comenta que se debe a una exploración que estaban haciendo los ingenieros para tener claridad sobre el terreno y el material que debían utilizar.
Tanto Copete como Mosquera cuestionaron que las quejas y la parálisis de la obra pueda ser resultado de la oposición en el municipio, que quiere obstaculizar la culminación del proyecto. “En la pavimentación del barrio San Pedro debo sentir veeduría mas no oposición. La oposición es cuando la gente le quiere tirar el pueblo a uno encima, veeduría es cuando las personas van a la administración a poner de presente lo que está pasando para que uno mejore”, explica Copete. Por otro lado, Mosquera agrega que: “hay desinformación en la calle y es debido a la situación política del municipio. Eso ha mantenido en Tadó una división sobre todo lo que la administración ha venido haciendo. Hay un grupo que mantiene desinformando a los demás”.
Lo que sigue
Hasta la fecha, la Junta de Acción Comunal del barrio San Pedro no ha recibido respuesta formal frente a su solicitud. Esperan reunirse con el contratista y la administración municipal para llegar a un acuerdo sobre los trabajos de pavimentación y, de esta manera, reanudar cuanto antes las obras.
“No vayan a hacer ruido o las matamos”, le dijeron dos hombres armados a Dacith Carrillo el pasado 4 de febrero. Los ladrones intimidaron a Dacith y a otras siete mujeres mientras robaban el negocio Spa Mía, ubicado en la zona rosa de Fonseca. Los dueños del negocio calculan que el valor de las pertenencias robadas durante el asalto, que duró una hora, es de 12 millones de pesos. Siete celulares; joyas de oro, plata y acero; un disco duro que almacenaba los videos de las cámaras de seguridad; el dinero de la caja registradora y poco más de 500 mil pesos que tenían las mujeres en sus bolsillos.
Este nuevo caso de robo masivo vuelve a encender las alarmas entre diferentes grupos de ciudadanos quienes tienen la percepción de que Fonseca atraviesa por una grave situación de seguridad. “Acá uno no puede acostarse para tertuliar en la puerta. Por fuera no hay tanta gente porque estamos azotados. Hemos vivido en estos últimos tiempos una crisis, estamos más o menos como presos. Antes aquí uno respiraba una tranquilidad muy buena”, dice un líder del municipio que solicitó mantener la reserva de su nombre por miedo a amenazas.
"Por fuera no hay tanta gente porque estamos azotados. Hemos vivido en estos últimos tiempos una crisis, estamos más o menos como presos"
Líder comunitario de Fonseca
En la zona rural del municipio también se ha agudizado el problema. “Fui extorsionado. Una persona me llamó, primero se presentó como funcionaria del Ministerio del Interior y después como integrante de un grupo. Me dijo dónde vivía yo con pelos y señales, a qué organización hago parte, el número de mi personería jurídica y así”, recuerda. “Estuve denunciando ante las autoridades eso y me dijeron que no le prestara mucha atención, que eso era porque llamaban de las cárceles pa ver si uno caía. Pero sí hay que prestarle atención porque uno todo el tiempo no puede estar en esta zozobra”, afirma.
¿Se trata de percepción o efectivamente ha aumentado la seguridad? Consonante conoció todas las cifras de hechos delictivos del 2021 y el 2022, y en prácticamente todos los indicadores el aumento es entre el 80 y el 100 por ciento. Los robos a personas pasaron de ser 86 en 2021 a registrarse 117 en 2022. Lo mismo ocurrió con los homicidios, que aumentaron de ocho en 2021 a 16 en 2022, las lesiones personales fueron de 22 a 56, y los robos a carros de tres a doce. Tan solo se redujeron levemente los hurtos a establecimientos comerciales (ocho a siete) y a motos (23 a 22), según Eder Peñaranda, secretario de Gobierno municipal.
¿Por qué ha aumentado la inseguridad?
Eder Peñaranda, secretario de Gobierno de Fonseca, justifica el aumento de las cifras como uno de los efectos de la pandemia. Según Peñaranda, desde que se terminó el aislamiento entre septiembre de 2020 e inicios de 2021, se han presentado más robos, lesiones personales y hurtos. Sin embargo, al revisar el histórico de cifras del municipio es posible ver ese aumento progresivo desde 2019 a 2022. En el caso de los homicidios, por ejemplo, se registraron diez en 2019, dos en 2020, diez en 2021 y 16 en 2022, según el Sistema de Información de la Policía Nacional (Siedco).
Diferentes expertos, que han hecho seguimiento a la situación de orden público en el sur de La Guajira, consideran que la pandemia no es la única causa que puede explicar el aumento de la inseguridad en el municipio y resaltan otras factores: la ruta del narcotráfico que cruza por Fonseca; la disputa de los actores armados; y la falta de articulación entre los gobiernos locales, departamentales y nacionales.
¿Y la migración?
Hasta la fecha no hay datos concretos en el municipio y a nivel nacional que demuestren una relación directa entre la migración y el aumento de la inseguridad. Sin embargo, para Julio Daly, coordinador del Barómetro de la Xenofobia, es importante reconocer que hay venezolanos que participan en el crimen pero que se debe tener claro que la inseguridad en el país es estructural y tiene su origen en otros fenómenos. “Un informe de Crisis Group de 2022, demuestra que los migrantes llegan y son absorbidos por bandas locales colombianas o mixtas, que los utilizan para crímenes más visibles o de más riesgo. Eso puede dar la impresión que los migrantes están causando el crimen pero no, participan de unas dinámicas criminales que ya existen”, agrega.
"Los migrantes llegan y son absorbidos por bandas locales colombianas o mixtas, que los utilizan para crímenes más visibles o de más riesgo"
Julio Daly, coordinador del Barómetro de la Xenofobia
Daly cuestiona el discurso que relaciona la migración como la única causa del aumento de la inseguridad, pues termina por justificar propuestas antimigratorias. “Si los migrantes vienen porque no tienen otra opción y se les dificulta integrarse porque no les dan trabajo, no les permite acceder a vivienda o que sus hijos estudien en el colegio, puede generar una trampa en que esas personas accedan a mercados ilegales”, dice.
¿La prohibición del parrillero hombre es exitosa?
Desde que Hamilton García Peñaranda asumió como alcalde municipal ha hecho 17 consejos de seguridad para diseñar estrategias con el fin de reducir la inseguridad. El portafolio de acciones ha sido variado: aumentar el número de policías; reforzar la seguridad con uniformados del Batallón Rondón y de los Grupos Operativos de Seguridad (GOES); prohibir el parrillero hombre; ubicar retenes en las vías de acceso al municipio; gestionar la dotación de motocicletas para la Policía e instalar cámaras de seguridad. Pero ninguna de estas estrategias ha generado algún cambio significativo en la percepción de inseguridad y en la reducción de los casos.
Para Eder Peñaranda, quien se posesionó en octubre de 2022, las últimas iniciativas impulsadas desde la Alcaldía han reducido los robos y los homicidios. Pero no detalló cifras que den cuenta de eso, salvo que en los tres meses que ha estado en el cargo se presentaron solo dos asesinatos que señala como “crímenes pasionales”. La prohibición del parrillero hombre permanentemente fue hasta inicios de este año una de sus principales acciones para mejorar la seguridad.
Al respecto, Michael Weintraub, director de la línea de Seguridad y Violencia del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes, cuenta que en un estudio de seguimiento que realizó a esta medida en cinco ciudades del país, encontró que esta iniciativa no reduce sustancialmente los delitos. En su lugar, genera un incentivo para dejar de usar la motocicleta como medio de transporte, desplaza los crímenes hacia las zonas periféricas de las ciudades, genera costos económicos y sociales en las comunidades donde se realiza y obstaculiza el trabajo que deben priorizar los policías.
“Hay costos asociados con este tipo de políticas. Es casi un impuesto regresivo para las personas de estratos más bajos que dependen de motos para movilizarse a sus trabajos y hacer sus labores”, cuenta Weintraub. “A la policía, además, le toca vigilar quién está con el acompañante hombre o si está solo y eso sí es un costo verdadero, porque implica que ahora el policía tiene que estar fijándose en eso y no en capturar el delincuente o hacer requisas o verificar los antecedentes judiciales”, agrega.
"(La prohibición del parrillero hombre) es casi un impuesto regresivo para las personas de estratos más bajos que dependen de motos para movilizarse a sus trabajos y hacer sus labores"
Michael Weintraub, director de la línea de Seguridad y Violencia del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes
Un panorama que no va a cambiar en el corto plazo
Los casos más recientes de robos se han presentado con personas que viajan en mototaxis para esquivar la prohibición del parrillero hombre. “Veníamos caminando de regreso de la casa de mis padres cuando de repente tres hombres, que se bajaron de una mototaxi vestidos de negro, agarran a mi hija, la amenazan con arma de fuego y le arrebatan el celular. Me dio mucho miedo, pensé de todo”, cuenta Rina Paola Fernández, una madre comunitaria del municipio quien fue víctima de robo junto a su hija de 14 años este mes.
Fernández cuenta que es frecuente ver a personas que rondan las casas identificando potenciales víctimas. “Uno a veces se sentaba a la puerta de la casa pero a las ocho de la noche ya toca encerrarse. Incluso en algunos casos se han metido a las casas. Uno no sabe ni dónde está seguro”, afirma Rina Fernández. “Para coger el mototaxi, prefiero esperar que pase alguien de confianza, algún vecino mío o alguien, pero de resto no me monto en cualquier otro”, agrega.
El alcalde Hamilton García Peñaranda y su secretario Eder Peñaranda están pensando en desarrollar otras iniciativas para mejorar la situación de seguridad, teniendo en cuenta que los robos ahora se realizan a bordo de mototaxis. Peñaranda explica que tienen tres acciones contempladas: poner placas de identificación de los mototaxis para que puedan ser identificados por las cámaras de seguridad instaladas en el municipio. Además, establecerán un horario para la circulación de estos vehículos y harán un proceso de registro para conductores, con el fin de que los usuarios puedan ver su identificación y la placa del vehículo.
En esa misma medida, los conductores de mototaxistas han optado por organizarse para garantizar su trabajo y brindarle confianza a la comunidad. En julio del año pasado, 30 pioneros en este oficio en el municipio se organizaron en la cooperativa “los veteranos” y unificaron las tarifas de transporte, que era otra de las quejas de los usuarios. Además, a finales de enero hicieron una reunión para presentar una propuesta de formalización a la Alcaldía y mejorar su situación laboral para prestar un mejor servicio.
Por su parte, los diferentes expertos consultados recomiendan no continuar con la prohibición del parrillero hombre porque es costosa y no representa efectos significativos. El profesor Michael Weintraub asegura que para atender con mayor acierto la inseguridad, el alcalde García Peñaranda debe concentrarse en entender la dinámica de los delitos y atender los lugares donde más se concentra. Asimismo, debe fortalecer la relación entre la comunidad y la Policía, identificar factores de riesgo como el consumo de drogas y darle atención a las personas consumidoras. También, brindarle alternativas de subsistencia a quienes son reincidentes y ya han pasado por cárceles.
Sin embargo, para que esto tenga mayor efecto, Weintraub afirma que será clave la política de paz total del presidente Gustavo Petro, pues marcará el rumbo de la integración entre las autoridades locales, departamentales y nacionales para el tratamiento judicial que tendrán los actores armados y las bandas delincuenciales.
En la escuela primaria del barrio San Pedro de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza, en Tadó, no hay suficientes salones para los más de 440 niños y niñas que estudian allí. El colegio sólo cuenta con 15 aulas para los y las estudiantes, cuando en realidad se necesitan al menos 18 salones para que todos puedan recibir clases en una jornada. La situación es crítica: en un salón que está diseñado para alojar a 20 estudiantes, se debían ubicar alrededor de 30.
A pesar de que desde el año pasado ya se había hablado de la necesidad de mejorar la planta física, hasta la fecha no ha habido ninguna solución al problema. Los docentes, directivos y padres y madres de familia optaron por dividir los cursos, con el inicio del año escolar el 16 de enero, para que los estudiantes de quinto grado tomen clases en las tardes y, de esta manera, no tengan que recibir las lecciones en los pasillos o a la intemperie
“Pensamos en los (estudiantes) más grandecitos basados en que, de pronto por estar más desarrollados, son capaces de adaptarse más fácilmente. Es más difícil pedirle a un niño pequeño de cinco años, seis años, ese nivel de madurez cuando tiene afectaciones en el horario”, cuenta Dasin Perea, representante de padres y madres de familia ante el Consejo Directivo de la IE Nuestra Señora de la Pobreza.
¿Cuál es la gravedad del problema?
La principal problemática de la escuela, que recibe a los niños y niñas de los distintos sectores del barrio San Pedro que suman alrededor de 2.000 habitantes, es la falta de salones. Sin embargo, la comunidad educativa coincide en que la planta física del colegio está deteriorada estructuralmente. Ante la Alcaldía y la Secretaría departamental de Educación han detallado en varias ocasiones el mal estado de la infraestructura: goteras y humedad, huecos en el piso y no hay un espacio adecuado para la práctica de deportes.
“La infraestructura es más reciente que la sede principal pero tiene el desgaste o el daño por el uso de los estudiantes. Tiene las paredes con humedad, el piso quebrado y en el patio no hay una placa para que los niños puedan hacer allí sus actividades. Es un patio rústico”, dice Melvin Agualimpia, el nuevo rector de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza, quien asumió el cargo en diciembre del año pasado.
"Tiene las paredes con humedad, el piso quebrado y en el patio no hay una placa para que los niños puedan hacer allí sus actividades. Es un patio rústico"
Melvin Agualimpia, el nuevo rector de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza
Para hacerle frente a la falta de aulas, cuenta Dasin Perea, han adoptado distintas medidas sin que ninguna sea sostenible a largo plazo. En algún momento alquilaron lugares para que los niños y niñas tomaran clases. “Se nos hace insostenible financieramente, además de los riesgos que conlleva tener a los niños por fuera de la estructura que está legalmente constituida como escuela”, dice. También, optaron porque algunos estudiantes estudiaran en los pasillos, en el comedor y al aire libre cuando el clima lo permitía. Incluso, pensaron en dividir un salón en dos para meter cursos distintos.
“La misma falta de infraestructura hace que el esfuerzo del maestro y la capacidad del estudiante para concentrarse tengan que ser superiores. Allí estaría afectándose la calidad de la educación”, afirma Perea. “Además de los procesos de concentración en el aprendizaje, tenemos brotes de indisciplina de estudiantes que se desesperan por esa misma situación de estar apretados, del calor y de otros factores. Empiezan a hacer desorden”, agrega.
Sin embargo, no todos los padres y madres de familia están de acuerdo con la estrategia de dividir a sus hijos en dos jornadas. Ese es el caso de Yeison Ramírez, padre de un niño de quinto grado, quien asegura que ha sido difícil estar pendiente del ingreso a clases porque están en horario laboral. “Es un horario que nos perjudica. Uno tiene que estar pendiente y no puede porque trabaja o tiene que hacer otras cosas y ellos son menores de edad. Además, estaban acostumbrados a levantarse temprano e ir a la escuela. Creemos que el aprendizaje es mejor en la mañana”, cuenta Ramírez.
"La misma falta de infraestructura hace que el esfuerzo del maestro y la capacidad del estudiante para concentrarse tengan que ser superiores"
Dasin Perea, representante de padres y madres de familia ante el Consejo Directivo de la IE Nuestra Señora de la Pobreza.
No es un problema nuevo
En marzo del año pasado los padres y madres de familia de la escuela ya habían alertado ante la Veeduría Ciudadana del municipio sobre las deficiencias estructurales que tenía la sede. En ese momento se exploraron distintas alternativas: pasar a los estudiantes a la Institución Técnica Agroambiental (ITA), que tenía cupo para atenderlos; la Alcaldía junto a la rectoría iban a iniciar las construcción de los salones faltantes y la comunidad educativa haría una “marcha de ladrillos”, con el fin de recolectar los materiales para las obras. Sin embargo, después de once meses no ha habido ningún proyecto de adecuación.
Melvin Agualimpia cuenta que realizó el empalme con el saliente rector Gabriel Copete, quien salió por retiro forzoso, y abordaron la situación de la sede de San Pedro. Sin embargo, Agualimpia no detalló cuáles fueron las acciones que desarrolló Copete. “De pronto exploró la posibilidad de que se pudieran construir las aulas que hacen falta pero no logró avanzar”, dice Agualimpia.
La última inversión a la infraestructura que se realizó en la sede fue la renovación de los baños para retomar las clases presenciales en octubre de 2021. Las obras, que terminaron el año pasado, se realizaron con recursos que gestionó Copete ante el Ministerio de Educación y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE). Para esas adecuaciones, el entonces rector recibió 140 millones de pesos.
¿Qué dicen las autoridades?
Deiner Mosquera, secretario de Planeación del municipio y quien ha estado al tanto del mejoramiento de las instituciones, afirma que no han podido avanzar como quisieran en las adecuaciones de la infraestructura de la escuela porque la gestión del alcalde Cristian Copete se ha visto obstaculizada por la inestabilidad política que generaron los juicios en su contra. “Acá nos hemos dedicado más a defendernos que a gestionar. Estos compromisos que se han quedado atrás es debido a eso. Espero en esta recta final sacarlos adelante”, asegura.
Mosquera explica que desde la Alcaldía se han realizado convenios con cada uno de los rectores de los colegios para transferir los recursos que sirvan para la adecuación de la infraestructura. Pero, para Mosquera, el principal obstáculo para ver los avances se debe a que los directivos destinan ese presupuesto para contratos de transporte escolar, que es una prioridad para garantizar la educación de los estudiantes que viven lejos de los colegios. Por eso es enfático en que son los rectores quienes deben rendir cuenta sobre el uso que le dan al dinero.
En el caso de la escuela del barrio San Pedro, Mosquera asegura que están haciendo estudios para construir la plancha que permita edificar el segundo piso y, de esta manera, solucionar el hacinamiento en el colegio.
Una situación que se replica en todo el municipio
La Veeduría Ciudadana de Tadó y la Personería municipal ha recorrido en los últimos días algunos colegios del municipio: Nuestra Señora de Fátima del corregimiento Playa de Oro, el Instituto Técnico Agroambiental y Nuestra Señora de la Pobreza, para verificar la infraestructura y cómo se está llevando a cabo el regreso a clases. Francisco Antonio Asprilla, veedor ciudadano, cuenta que durante los recorridos en la zona urbana y rural han podido constatar que “la situación en los colegios y escuelas del municipio es crítica”.
Aunque las deficiencias en infraestructura están en todas las instituciones, las escuelas rurales son las que presentan mayores problemas: no tienen baños ni comedores escolares para recibir adecuadamente el Programa de Alimentación Escolar (PAE). “Están en total abandono. No están en condiciones dignas para que nuestros niños y niñas reciban clases en ellas. Le están violando todos los derechos a los estudiantes”, afirma.
Los veedores de Tadó aseguran que han visto intervenciones parciales en las escuelas de Guarato, Angostura, Corcovado y Bochoroma, pero hay otras que requieren ser construidas en su totalidad como es el caso de Mumbú y El Tabor. Al respecto, el veedor Asprilla cuestiona que no haya claridad sobre las responsabilidades de los rectores y la Alcaldía para el acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura.
“Según los rectores, el Secretario de Planeación se escuda con unos convenios firmados para hacer reparaciones menores y transportes. Hasta la presente nadie dice nada sobre la reparación de las escuelas incluyendo sus restaurantes escolares”, afirma. Mientras se definen las responsabilidades, ha aumentado el ambiente de incertidumbre y miedo en la comunidad educativa. “Algunos docentes se refieren al tema de las escuelas pero piden no ponerlos como evidencias por temor a represalias en su contra”, agrega Asprilla.
"El Secretario de Planeación se escuda con unos convenios firmados para hacer reparaciones menores y transportes. Hasta la presente nadie dice nada sobre la reparación de las escuelas incluyendo sus restaurantes escolares"
Francisco Antonio Asprilla, veedor ciudadano
Ninguna solución a corto plazo a la vista
El Secretario de Planeación no se comprometió con una fecha para iniciar la construcción de la placa para el segundo piso de la escuela del barrio San Pedro. Asegura que se debe gestionar una partida presupuestal para realizarla. “En nuestra administración no vamos a resolver todo porque el tiempo es muy corto y sabemos que la inversión que se requiere es bastante. Pero sí podemos mitigar una parte con la construcción de la placa para el segundo piso que, a través de gestiones del mismo rector haciendo campañas a nivel local o departamental, pueden lograr terminar”, afirma.
Por su parte, Melvin Agualimpia cuenta que está buscando soluciones autogestionadas para hacerle frente a la falta de salones. No descarta realizar una “marcha de ladrillos” para que los padres y madres de familia donen un ladrillo o su mano de obra. En esta acción se espera que se pueda vincular el resto de la comunidad, con el fin de hacer una construcción parcial de aulas.
Sin embargo, Dasin Perea cuestiona que las soluciones se limiten a acciones que pueden quedarse cortas para el problema. “La comunidad se ha mostrado dispuesta pero igual no es suficiente para lograr el objetivo. No nos sirve de nada recibir cinco mil ladrillos y amontonarlos en la escuela cuando no tenemos los otros elementos para poder desarrollar las actividades”, agrega.
La propuesta del Alcalde
El 23 de enero el alcalde de San Juan del Cesar, Álvaro José Díaz Guerra, se reunió con cerca de 20 vendedores ambulantes y estacionarios de la calle Sexta para ultimar los detalles de su traslado al edificio del mercado municipal, que fue abandonado hace 13 años. Díaz les propuso adecuar el edificio abandonado y gestionar la instalación de los servicios públicos. A cambio, les solicitó a los comerciantes pagar el personal de aseo y seguridad. Además, les pidió que constituyeran una organización en la que pudiera haber un tesorero encargado de administrar el dinero de los gastos de manutención.
Según varios de los asistentes a la reunión, el plan para reubicarse en el mercado va viento en popa pues aseguran que ya han tenido varias reuniones con la administración municipal y hace poco hicieron una jornada de limpieza en el nuevo sitio que pasarán a ocupar. “La ventaja sería estar en un lugar menos peligroso. Esto aquí genera peligro: un carro descarrilado, hay heridos, habrá muertos. Allá va a estar uno bajo techo, va a haber sombra y donde guardar los útiles sin necesidad de estar todos los días trasladándose”, dice Eriberto José Ávila, líder de los zapateros. Sin embargo, Ávila reconoce que la reubicación les genera incertidumbre pues no saben cómo va a funcionar y si la gente va a ir hasta allá. “Esperemos que sí”, afirma.
"Allá va a estar uno bajo techo, va a haber sombra y donde guardar los útiles sin necesidad de estar todos los días trasladándose"
Eriberto José Ávila
Díaz también les hizo la propuesta de reubicar a los vendedores que se han instalado en el sitio conocido como ‘El Hoyito’ donde se venden verduras y carnes.
La iniciativa de adecuar el nuevo mercado municipal fue reactivada en el marco de la remodelación de la Plaza Santander, que la Gobernación de La Guajira y la administración municipal iniciaron en diciembre y para el cual fueron destinados 10.542 millones de pesos del Sistema General de Regalías. Estas obras obligaron a los vendedores que se encontraban allí a trasladarse a la vía, ocupar el espacio público y, a su vez, generar problemas en la movilidad de peatones y carros.
La controversia
La noticia de la propuesta del alcalde les cayó como un balde de agua fría a los cerca de 70 comerciantes que ocupan hoy en día ‘El Hoyito’, y a los miembros de la Asociación de Frutas y Verduras de El Hoyito (Asofruversan). Estos, que aseguran no haber sido citados por la administración, afirman que no se trasladarán porque no han llegado a ningún acuerdo y no tienen garantías de que el nuevo mercado tenga las condiciones de seguridad y servicios públicos.
“Donde estamos no contamos con las mejores condiciones pero para donde vamos está peor. No hay agua, no hay luz, no hay electricidad ni seguridad, que es lo primordial. Donde estamos dejamos todo pero para donde vamos es difícil que encontremos todas las cosas. Ese es el mayor temor para quienes estamos en El Hoyito”, dice Diana Torres, secretaria de Asofruversan.
“Donde estamos no contamos con las mejores condiciones pero para donde vamos está peor. No hay agua, no hay luz, no hay electricidad ni seguridad, que es lo primordial"
Diana Torres, secretaria de Asofruversan.
Además, cuenta que el alcalde Díaz no ha tenido la disposición de citarlos a un encuentro formal para presentarles el proyecto y concertar con ellos. Las reuniones, afirma Torres, se han limitado a los vendedores ambulantes y estacionarios a pesar de que ellos también están incluidos en el proyecto del mandatario, como se enteraron por la emisora Cardenal Stereo y las redes sociales de la Alcaldía.
Ante las quejas de la falta de concertación con los comerciantes, Frías responde que sí han sido informados y ha habido varias reuniones con la Alcaldía e incluso han recurrido a la radio y a las redes para informar. “Esto es de público conocimiento, el que no tiene conocimiento de esto no vive en San Juan. Ellos están enterados de ese proceso. Lo que pasa es que a veces algunos comerciantes y vendedores aspiran a indemnizaciones e incentivos que la administración no tiene”, agrega.
La reactivación de la estrategia ha generado dudas también en los comerciantes de El Hoyito, quienes tienen incertidumbre sobre el predio, que ocupa casi una cuadra y en el que han trabajado los últimos años. “Se comenta pero no podemos asegurar que en este terreno que es del municipio, del pueblo, van a hacer una galería. Los que deberíamos tener prioridad para un local, deberíamos ser nosotros. Yo le pregunté al alcalde y me dijo que no sabía qué iba a pasar sino que lo iba a demoler”, afirma Torres.
Según varias fuentes locales, el rumor más fuerte es que inversionistas privados construirían allí la galería para poner sus negocios. “El predio está en el centro, en la raíz económica de San Juan. Ellos no son brutos ni benevolentes con los vendedores. El negocio es más cemento”, dice una de los líderes del municipio que pidió mantener el anonimato.
La estrategia de Álvaro Díaz
Desde que se posesionó en la Alcaldía, Álvaro Díaz ha intentado descongestionar el espacio público varias veces. En noviembre de 2020 trabajó junto a la Inspección de Policía para informarle a los vendedores en las calles que “esa actividad en el espacio público está prohibida por ley y es calificada como una contravención”, como quedó consignado en una publicación en Facebook de la administración municipal.
Díaz y su gabinete han intentado distintas acciones cada año: desalojos de vendedores, ambulantes y estacionarios, instalación de separadores, prohibición para que los vehículos parqueen en las calles alrededor de la plaza Santander, charlas de sensibilización sobre el derecho al espacio público para toda la comunidad y patrullaje de Policías y funcionarios de la Alcaldía en los andenes. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha contribuido para “liberar el espacio” de los andenes y facilitar la circulación de los peatones y los vehículos.
El problema es que la administración quería sacar a los vendedores de las calles sin un plan de reubicación, pues el nuevo mercado está sin terminar desde hace trece años. Hasta esta ocasión. En esta oportunidad los comerciantes que están en la Sexta no tuvieron otra opción que aceptar moverse pues, con la construcción de la Plaza Santander, quedaron a la intemperie.
Además, el mandatario buscó que su medida ganara popularidad a través de las redes sociales de la Alcaldía y Cardenal Stereo, la emisora más escuchada del municipio, aprovechando que el pueblo en su mayoría se ha mostrado descontento con la abundancia de vendedores ambulantes en las calles. Con el desalojo y la favorabilidad de la opinión, el alcalde Díaz comenzó a gestionar la adecuación del mercado nuevo, que durante los tres años de su administración no tuvo mayor intervención, para que no hubiera excusas por parte de los comerciantes que antes argumentaban que no tenían un espacio alternativo para ubicarse.
Sin embargo, Rafael Humberto Frías, secretario de Planeación, reconoce que aún no tienen un proyecto estructurado para remodelar y adecuar el edificio del mercado que está en mal estado. Según Frías, la prioridad de la Alcaldía es simplemente adecuar los servicios que faltan para ponerlo en marcha.
“Queremos recuperar un bien inmueble que venía construyendo la Gobernación y que fue una inversión importante en el municipio y actualmente, en el centro de San Juan, se están ubicando los vendedores estacionarios y ambulantes en el antiguo mercado en unas condiciones precarias de salubridad de salud pública”, dice el hombre de por administrar los hilos de la Alcaldía.
¿Qué dicen los vendedores?
Aunque gran parte de los vendedores informales coinciden en la necesidad de reubicarse, muchos insisten en que bajo las condiciones actuales no tendrán garantías para subsistir.
"Para nadie es un secreto que trasladarnos no va a ser fácil. Nos iremos a morir de hambre porque allá no hay ventas"
Beatriz Navarro
El mercado que nunca funcionó
El nuevo mercado de San Juan del Cesar, como es conocido a pesar de que nunca ha estado en funcionamiento, fue inaugurado en 2010. Para su construcción se invirtieron cerca de dos mil millones de pesos de las regalías del departamento. Jesús Lamus Rodríguez, el alcalde municipal en ese momento, y Jorge Pérez Bernier, exgobernador de La Guajira, estuvieron a cargo del proyecto que incluía, además, un terminal de transportes. Ambas infraestructuras están ubicadas en un costado de la glorieta de la Luna Sanjuanera.
En noviembre de 2018, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra Lamus y Pérez por posible detrimento patrimonial en la construcción y entrega del mercado y el terminal. Aunque las indagaciones no prosperaron, Pérez Bernier ha sido encarcelado e investigado por corrupción en la ejecución de megacolegios en el municipio. Ante el abandono de la infraestructura, que fue entregada sin los servicios públicos instalados y no fue recibida formalmente por el municipio, el mercado ha sido desvalijado.
Lo que sigue
El alcalde Díaz y el Secretario de Planeación se encuentran en reuniones con las empresas Veolia y Air-e para conocer sus proyectos de instalación de infraestructura para que el nuevo mercado pueda contar con acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Una vez se terminen las adecuaciones, la administración comenzará las adjudicaciones de los puestos dentro del mercado y el acompañamiento logístico para que la gente se acostumbre a mercar en el nuevo espacio. Por lo pronto, los comerciantes de El Hoyito sostienen que no se van a trasladar el 15 de febrero, que fue la fecha máxima que les dio el mandatario local.
En la mañana del 14 de enero, decenas de personas con toldillos, baldes, coladores, atarrayas y sábanas se agolparon en las orillas del río San Juan, en Tadó, con un solo objetivo: atrapar algunos de los peces que a esa hora intentaban salir del agua turbia en busca de oxígeno o yacían muertos en los bordes del afluente. La gente buscaba asegurar la comida del día o la semana para sus familias, a pesar de que el río parecía un lodazal. “Eso fue una mortandad de peces impresionante, alcanzaron a coger muchos”, recuerda Heiler Moreno, representante del Consejo Comunitario Mayor Del Alto San Juan (Asocasan).
Algunas personas lograron reunir tanto pescado que aprovecharon para venderlo. Tenían de todo: cachamas, quicharos, barbudos, veraneros y sábalos. Cada uno costaba entre 10 mil y 15 mil pesos. Ese día, las calles de Tadó olían a pescado frito.
“Cogimos seis barbudos grandes y llenamos un baldecito con los pequeños. Eso nos dio como para tres comidas. Algunos tenían barro metido en la boca porque el agua estaba muy sucia”
Iris Benitez, habitante del barrio San Pedro sector Pantanito.
Sin embargo, con el paso de las horas la algarabía dio paso a la preocupación. El 14 de enero, la Unidad de Gestión de Riesgo del municipio, Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechoco) y la Alcaldía recomendaron no consumir los pescados pues no se sabía a ciencia cierta por qué habían muerto. Después de dos semanas, se sabe que la mortandad de peces se presentó por la falta de oxígeno en el agua y que la situación tuvo afectaciones más graves sobre el río San Juan. En este Explicador, le contamos qué se sabe hasta el momento sobre esta emergencia ambiental que afecta a los departamentos del Chocó y Risaralda.
1. ¿Qué le pasó al río?
El 14 de enero se presentó una creciente súbita del río San Juan que generó una avalancha en el municipio Mistrató, en Risaralda. Este ha sido uno de los departamentos más afectados por la ola invernal de inicio de año. Victor Manuel Tamayo, gobernador de este departamento, confirmó a través de sus redes sociales que el movimiento de tierra y agua afectó dos viviendas, destruyó 14 puentes en vías veredales, y dejó incomunicadas unas diez veredas de la zona indígena.
Ese mismo fin de semana, las lluvias también generaron deslizamientos de tierra, arena y trozos de árboles que cayeron al río San Juan en la vía que conecta a los corregimientos Guarato y Mumbú. “Estos deslizamientos y flujos de lodo aportaron material al caudal, que ya venía torrencial desde el departamento de Risaralda. Esto afectó la calidad del agua y por ende, generó la mortandad de los peces”, explica María Isabel Arango, geóloga de Codechocó y quien estuvo a cargo del estudio sobre la calidad del agua.
En total, Codechoco y la Unidad de Gestión de Riesgo encontraron 14 puntos de deslizamiento después de monitorear la zona rural del municipio. Por su parte, Eladio Renteria, investigador asociado del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, (IIAP) y quien ha hecho seguimiento a la emergencia ambiental, cuenta que la avalancha fue de grandes proporciones. “Las quebradas que alimentan el San Juan también sufrieron subidas y arrastraron bastante madera y sedimento. Las personas más adultas decían que en 80 años nunca habían visto al río tan espeso”, afirma Rentería.
2. Pero ¿por qué murieron los peces?
La enorme cantidad de sedimento que cayó al San Juan durante al menos diez horas seguidas llevó a que el fondo del río se sedimentara, y los niveles de oxígeno requeridas por varias especies disminuyeran.
Según datos del laboratorio de Codechoco, el 14 de enero había 1,07 miligramos de oxígeno por litro, mientras el 20 de enero se registraron 4,31 miligramos. Yiskar Damián Murillo Asprilla, investigador asociado al componente ecosistémicos del IIAP, explica que el nivel de oxígeno del día de la avalancha era demasiado bajo para los peces. “Entre cero a cinco hay hipoxia. Es decir, hay oxígeno pero no está disponible como debería y eso lleva a la desaparición de algunos organismos. De cinco a ocho es una condición aceptable pero hay que hacerle seguimiento a los organismos, y de ocho a doce, es un ecosistema que está libre de contaminantes. Allí pueden vivir óptimamente”, puntualiza.
Los investigadores han establecido que muchos peces también habrían podido morir por la rapidez de la avalancha pues sus branquias o agallas, que les ayudan recibir y asimilar el oxígeno, se llenaron de lodo. Algunos habrían podido sobrevivir porque se ubicaron en caños y quebradas “Ellos murieron, por decirlo de alguna manera, por asfixia”, dice Murillo.
3. ¿Era peligroso consumir los peces que murieron?
Inicialmente se había recomendado que no se podían consumir los peces pues era poca la información que se tenía sobre su muerte: si había sido por químicos, teniendo en cuenta la práctica de minería, u otra situación. Sin embargo, esto no fue una limitación para los habitantes que salieron a pescar. “A mí no me dio miedo comérmelos porque era evidente que si el agua está muy espesa, los pescados se van a morir”, cuenta Iris Benitez.
4. ¿Y ahora? ¿Qué tan riesgoso es consumir los peces del río San Juan?
Tanto el investigador Murillo como Leison Agualimpia, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgo en Tadó, coinciden en que no sería riesgoso consumir los peces que hayan sobrevivido en el río porque no hay algún riesgo químico. Sin embargo, los pobladores han evitado pescar por estos días porque el agua sigue turbia.
Sin embargo, los investigadores de la IIAP afirman que el problema es a futuro pues habrá menos peces en los próximos meses. Esto afectará a quienes subsisten de la pesca y puede amenazar la seguridad alimentaria de la gente a largo plazo. “Muchas comunidades dependen de estos peces para su seguridad alimentaria. Observábamos que una familia salía con su atarraya y cogía cierta cantidad de peces. Esto es mucho más marcado en comunidades étnicas como los indígenas”, dice Eladio Renteria. “Los guacucos, los barbudos, los sábalos y sabaletas fueron las especies más afectadas y son sobre las que se establece esa pesca de subsistencia”, agrega.
Por su parte, Heiler Moreno, representante de Asocasan, dice que no hay una alternativa ante la falta de peces. Pero esperarán a que haya condiciones para pescar. “Eso es bastante duro para la comunidad porque mucha gente bajaba cogía pescado para complementar su alimentación. Uno supone que ahora se va a bajar y no va a encontrar nada”, cuenta. Dice, además, que el panorama no es alentador pues para buscar soluciones se necesita recursos para proyectos de piscicultura.
5. Entonces, ¿qué tan grave es la situación?
Los expertos han podido determinar a través de fotografías y testimonios que peces pertenecientes a al menos 20 de las 96 especies registradas en el río San Juan murieron. Esto incluye barbudos, sábalos, guacucos, mojarras, sardinas, rabisecos, cachamas, camarones y quicharos, entre otros.
De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) dicen que se podría hablar de un afectamiento del 70 por ciento de los organismos. “Notamos algunas especies en cardumen de peces que todavía no eran adultos. Eso es lo que más nos preocupa a nosotros porque permite mantener la diversidad de los peces en el ecosistema. Si se rompe esa cadena reproductiva, pasará mucho tiempo para que inicien a recuperarse de nuevo”, dice Murillo.
El investigador alerta que la afectación fue profunda pues algunas especies que no habían sido totalmente identificadas murieron. Murillo teme que la avalancha vaya a afectar que puedan identificar que tipo de especies son y hacer estudios de su comportamiento.
Por su parte, Eladio Rentería advierte que la muerte de peces esconde un problema mayor. “La mortandad de peces es el inicio de una afectación más grande porque afecta toda la cadena trófica. Las especies que se alimentaban de estos peces, como las aves, se van a ver afectadas”, dice.
6. ¿Qué va a pasar con el río? ¿Cuánto tardará en recuperarse?
La emergencia ambiental sobre el río San Juan persiste y se extiende desde Mistrató en Risaralda hasta Noanamá en el Chocó. Las autoridades municipales y los investigadores del IIAP coinciden en que el proceso de recuperación será lento y debe haber articulación entre las distintas instituciones para poder restaurar el afluente. Hasta la fecha, la Alcaldía de Tadó avanzó en el desarrollo de un estudio conjunto con Codechoco para identificar el nivel de las afectaciones y la calidad del agua para trazar un plan de recuperación.
Sin embargo, María Isabel Arango, geóloga de Codechoco, dice que es necesario complementar el monitoreo con estudios sobre qué peces habitaban y deben habitar en el río, y sus respectivos periodos de reproducción. Para esto, resalta que se deben articular las universidades, las gobernaciones y las corporaciones ambientales de Risaralda y el Chocó. Mientras esto se da, Leison Agualimpia recomienda evitar la pesca de las especies que sobrevivieron. “No los capturemos porque nos vamos a quedar sin nada y ahondar el problema”, afirma.
Agualimpia asegura que se está pensando en dos acciones prioritarias para empezar la recuperación de la cuenca: repoblar el río San Juan, y realizar remoción de tierra y basura de la cuenca del afluente. “Dependiendo de lo que arroje el muestreo y si los peces están aptos, en condiciones de desove y de salubridad. Con esa misma cantidad de peces y de especies que tenemos en nuestro medio, haríamos la repoblación”, explica sobre el repoblamiento. Sobre la última iniciativa se conocen pocos detalles de las fechas y sectores donde se realizará.
Yiskar Murillo agrega que se debe pensar también en la recuperación del ecosistema integralmente porque los microambientes de la cuenca del río, que permitían la reproducción y la alimentación de las especies, están destruidos. “Las especies pueden estar un poco desorientadas y les causa estrés y alteración en sus organismos. No sabemos si acomodarse o ubicarse de nuevo les va a llevar mucho tiempo“, agrega. “La problemática de recuperación va a ser muy lenta si a eso le sumamos que el San Juan es una región netamente minera”, concluye.
Por su parte, Eladio Rentería destaca que es necesario hacer pedagogía con las comunidades para preservar a las especies y, de esta manera, garantizar que las estrategias funcionen. Asimismo, dice que se debe invertir en prevenir los deslizamientos que se presentan constantemente en esta zona donde se une el Chocó y Risaralda, para evitar otra tragedia ambiental.
“Siempre van a haber otros factores que también pueden incidir en que se pueda recuperar. Factores como las actividades mineras en el territorio, el manejo de la geografías mineras, sobrepesca o el uso de artes de pesca que no sean tan selectivas, las condiciones ambientales en el territorio y futuros deslizamientos. Sería muy arriesgado hablar de un tiempo estimado de recuperación de esta cuenca, agrega Rentería.
Por más de diez años las organizaciones turísticas y sociales de El Carmen de Atrato llevan pidiéndoles a las administraciones locales recursos, apoyo e infraestructura para convertir al municipio en un destino atractivo del Chocó. Sus voces serán clave para que el Consejo Municipal de Turismo, creado el 15 de diciembre de 2022, logre esta meta.
El Consejo Municipal de Turismo es presidido por el alcalde Jaribeth Ríos y conformado por otros 16 representantes, entre los que se encuentran: delegados de las comunidades indígenas, del sector hotelero, de la Plataforma de Campesinado, de la Mesa de Víctimas, de la empresa de transporte Progreso del Chocó, la Plataforma de Juventudes, Asocomunal, los Guardianes del Río Habita, la empresa minera El Roble, la Fundación Proaves, Agroecotur, Publinoticias El Carmen de Atrato, la Policía y funcionarios de la Alcaldía.
Su creación estuvo 7 años en mora. Desde el 2015 se habló del Consejo de Turismo y solo hasta hoy es realidad en el municipio. La elección de sus integrantes se hizo en la Biblioteca Municipal y fue convocada por Claudia Agudelo, secretaria de Educación de El Carmen de Atrato, quien se encargó de implementar este órgano de coordinación. En el evento también estuvo una representante del programa de Administración Turística de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) como acompañante del proceso.
En esta entrega de El Explicador, Consonante habló con líderes del sector turístico en El Carmen de Atrato y el departamento para entender cómo funciona el consejo y qué se espera con la creación de este en el municipio.
Una iniciativa que se implementa tarde
Desde el 2015, el Concejo Municipal aprobó la creación del Consejo Municipal de Turismo a través del Acuerdo 005 del 18 de marzo. Ante la falta de implementación de este órgano por parte de las administraciones de Alexander Echavarria Agudelo y Jorge Iván Bedoya, el 1 de septiembre de 2022, los concejales modificaron el acuerdo anterior para fortalecer las funciones del consejo y darle mayor participación dentro de la administración. Aunque se intentó implementar el comité el año pasado, no hubo una amplia asistencia de sus integrantes. Por lo tanto, la reunión de elección del 15 de diciembre fue la primera sesión del Consejo de Turismo.
“En el último consejo que se citó fue el 5 de febrero del 2021. Estuvieron seis personas y se han hecho algunos avances”, dijo Claudia Agudelo, secretaria de Educación de El Carmen de Atrato durante la presentación del Consejo de Turismo que puede ver aquí. Sin embargo, Agudelo reconoce que aún no se puede hablar de un amplio desarrollo del sector en el municipio. “El Carmen de Atrato y actores del sector turístico en el municipio aún no se desarrolla como posibilidad económica representativa a pesar que existen variedad de sitios turísticos y un creciente número de visitantes”, respondió la funcionaria mediante un documento institucional.
Pero la situación en El Carmen de Atrato no es distinta a los demás municipios del departamento, en donde hasta ahora se está hablando de fortalecer el sector turístico. Según Flover Rodríguez, coordinador de Turismo del Chocó, unas 5.000 personas se dedican al turismo en el Chocó y alrededor del 20 por ciento de los municipios tienen en funcionamiento el Consejo Municipal de Turismo. Pizarro, Acandí y Quibdó son algunos de estos.
“Ha habido un despertar de los municipios que tienen más vocación turística. Desde la Gobernación y el Viceministerio de Turismo hemos insistido en que eso facilita el proceso para acceder a recursos y que el desarrollo turístico del departamento se pueda fortalecer”, dice.
Rodríguez explica, además, que los consejos son solo uno de los requisitos que tiene en cuenta el Viceministerio para verificar el nivel de desarrollo turístico de un territorio y así determinar qué acciones son más pertinentes para llevar a cabo.
“Por ejemplo, si el municipio no tiene una buena oferta turística, unos buenos productos turísticos, lo que se invierta en promoción no será tan efectivo. Entonces se prioriza en qué se debe invertir según el nivel de desarrollo turístico”, explica Rodríguez. “Además, del consejo se revisan si tiene algún aspecto de sostenibilidad, cómo están en infraestructura básica, qué tan capacitada y formada está la planta turística, si los productos turísticos están bien desarrollados y el flujo de visitantes, entre otros”, agrega.
Las prioridades para 2023
El consejo tiene entre sus funciones principales asesorar al gobierno local en el diseño e implementación de políticas públicas, planificar estrategias para impulsar el turismo, actuar como veeduría sobre los recursos que se destinan para el sector turístico y promover acuerdos de cooperación entre distintos actores del locales, departamentales, nacionales e internacionales. Además, tiene un plazo máximo de tres meses para presentar su reglamento interno y, en esa medida, comenzar a desempeñar sus funciones en forma. El 24 de febrero está citada la reunión para la elaboración de este documento.
Para Diana Lily Aguilar Palacios, docente del programa de administración turística de la Universidad Tecnológica del Chocó y una de las lideresas del turismo en el municipio, los asuntos prioritarios en los que debe avanzar el municipio son la señalización de puntos turísticos, identificación y mejoramiento de senderos ecológicos, iniciando por los caminos veredales e intermunicipales ancestrales, y el fortalecimiento de la caminería ecológica.
“Las necesidades de los diferentes actores del sector turístico deben quedar reflejadas en las acciones que haga la administración municipal. Esa es una de las razones de ser del consejo de turismo.”, explica Aguilar.
“Las necesidades de los diferentes actores del sector turístico deben quedar reflejadas en las acciones que haga la administración municipal
Diana Lily Aguilar
Durante la primera sesión, los integrantes del Consejo definieron algunas actividades prioritarias para impulsar en El Carmen de Atrato, como la identificación de puntos para la señalización turística, que se realizará el 27 de abril. En junio, como fecha límite, los integrantes deberán formular el plan de desarrollo turístico municipal para articular con el plan de desarrollo turístico departamental. En ese proceso, esperan identificar las necesidades que hay en el municipio para presentar proyectos y obtener recursos de los gobiernos local y nacional. También, generarán espacios de formación y capacitación a miembros del consejo, y fortalecerán las iniciativas turísticas.
Un consejo que incluya a toda la comunidad
Durante la reunión de conformación el 15 de diciembre, los integrantes coincidieron en que era necesario que el Consejo de Turismo atendiera a las necesidades de la comunidad. Por lo tanto, quedó establecido que las mesas de trabajo se realizarán de forma virtual o mixtas para mitigar la falta de asistencia de personas que vivan lejos del casco urbano y desarrollar algunas presenciales de forma descentralizada para llegar a las diversidad de veredas y resguardos indígenas.
Las garantías de participación son una de las principales preocupaciones de los actores del municipio del sector turístico sobre el funcionamiento del consejo de turismo. “Es fundamental que los y las jóvenes seamos tenidos en cuenta en todo este tipo de espacios para la conformación de un mejor mañana, teniendo en cuenta que el fortalecimiento del turismo activaría más la economía y visibilizaría más al municipio. Podemos aportar desde nuestra mente creativa e innovadora. Como plataforma queremos iniciar procesos turísticos para que nuestros jóvenes puedan tener iniciativas empresariales que nos permitan permanecer en el territorio”, dice Sara Isabel Taborda Machado, coordinadora de la Plataforma de Juventud de El Carmen de Atrato.
"Es fundamental que los y las jóvenes seamos tenidos en cuenta en todo este tipo de espacios para la conformación de un mejor mañana"
Sara Isabel Taborda
Por su parte, María Fernanda Restrepo, representante de Agroecotur Guaduas, una iniciativa de turismo comunitario y de conservación natural, espera que no solo se consulte a las comunidades sino que estas puedan aportar en su visión para obtener ingresos y desarrollar actividades sin tener que salir del territorio. “Es muy importante que la administración municipal impulse esta visión que tenemos para sacar adelante nuestros territorios y generar un dinamismo económico para nuestras comunidades”.
¿Un plan ambicioso?
El gobierno nacional ha asegurado que impulsará el turismo como uno de los renglones de la economía. “Sigue el rebote de la economía colombiana con gran aliento. Entre las cifras no analizadas, un crecimiento del turismo extranjero de cerca del 178 por ciento respecto al año pasado. El turismo será el gran oferente de divisas en el corto plazo de Colombia”, publicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter en octubre.
Al respecto, Diana Lily Aguilar cuenta que se debe garantizar también la formalidad y vincular distintos sectores. “Uno cree que el turismo no puede ser la base para la economía de un territorio, pero es por el mal manejo de este que se pasa por encima del manejo de los recursos naturales y de los culturales. Para eso, Aguilar considera que todos los actores locales, departamentales, nacionales e internacionales deben tener una visión de desarrollo turístico organizado que mueva otras actividades económicas como la agricultura y la pesca.
Por su parte, Flover Rodríguez asegura que para cumplir los objetivos que plantea el gobierno Petro para impulsar la locomotora turística se debe invertir y prestar mayor atención a los territorios que tienen potencial pero las condiciones son adversas. Entre esos obstáculos, Rodríguez resalta que en el Chocó hay dificultad en el transporte aéreo, terrestre y acuático para acceder a los sitios turísticos. Asimismo, hay algunas zonas con dificultades de conectividad.
“Es un tema de decisión política porque lo que no podemos negar es que a la hora de planificar desde el gobierno central y aún desde el local, se decide la apuesta económica de la región. Ya está demostrado que el turismo transversaliza toda la economía de cualquier región y si se atiende debidamente el impacto en la economía de la región es alto”, concluye Rodríguez.
Mientras se construyen planes sólidos y se destina presupuesto, los líderes y lideresas del sector turístico del departamento esperan que más visitantes lleguen a conocer un territorio que promete entregarles experiencias de tranquilidad y cercanía a la naturaleza.
“No hay manera económica para decir que se van a desarrollar grandes infraestructuras que le apunten al lujo, sino que lo que se ofrece al turista que llegue a Guaduas es una experiencia de estar en tranquilidad y admirar la naturaleza. Si es el gusto de los turistas también hay una posibilidad de que podamos compartir las experiencias de vida campesina, de resistencia y paz”, dice Marcela Sánchez, secretaria de Agroecotur.
