Proyecto Cañaverales: esto es lo que se sabe sobre los impactos ambientales

En Cañaverales persisten las dudas sobre el verdadero impacto que tendrá la mina de carbón a cielo abierto que espera desarrollar la empresa Best Coal Company (BCC) en ese corregimiento ubicado en el sur de La Guajira. Hoy, las dudas sobre las posibles afectaciones sociales y ambientales que tendría el inicio de la actividad minera en la zona han cobrado relevancia debido a que actualmente la comunidad de Cañaverales y la empresa se están preparando para retomar la consulta previa en los próximos meses, en cumplimiento de una orden emitida por una juez de Riohacha del 11 de noviembre de 2022. 

Hasta ahora, BCC ha reconocido algunos de los impactos que se desprenderían de la posible operación minera como la alteración de la dinámica de los cauces de agua, la disminución del bosque seco tropical y un aumento en el número de habitantes en el corregimiento, teniendo en cuenta la llegada de trabajadores de otras zonas del país, entre otros. Pero la comunidad de Cañaverales, representada en el proceso de consulta previa por el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales, insiste en que no hay suficiente información sobre las posibles consecuencias del proyecto.

Las principales preocupaciones manifestadas por los líderes han sido, por un lado, la afectación de la reserva forestal el Manantial, y, por otro, la posible pérdida de la vocación agrícola de su territorio. Sin embargo, BCC –filial en Colombia del conglomerado turco Yildirim Holding– ha negado que ese cuerpo de agua vaya a ser afectado con la puesta en marcha de la mina. “Es importante mencionar que, el manantial de Cañaverales está a 2,1 km línea recta, por lo tanto, no se genera afectación”, respondió la minera a un derecho de petición enviado por Consonante.

Las dudas del consejo comunitario sobre los posibles impactos se han profundizado a raíz de los cambios que ha tenido en los últimos años no solo el diseño y la magnitud del proyecto de la mina en Cañaverales sino del resto del complejo minero proyectado en la zona que incluye una mina en Papayal, una explotación subterránea de carbón en San Juan del Cesar y una línea férrea hasta Dibulla. BCC reconoce que actualmente su proyecto incluye en una primera etapa el proyecto Cañaverales y, posteriormente, la mina subterránea y la de Papayal. Sin embargo, no ha habido suficientes declaraciones sobre el Puerto de Exportación en Dibulla, que estaba incluido en el proyecto de MPX, la empresa que obtuvo inicialmente el título de explotación en el año 2008. 

También, ha habido versiones contradictorias sobre cuántas toneladas se van a explotar. De acuerdo con un informe publicado en marzo de 2021 por Global Energy Monitor, una oenegé que monitorea proyectos minero energéticos en todo el mundo, BCC “predijo que la mina San Juan tendría la capacidad de producir 28 millones de toneladas por año en un lapso de 32 años”. Pero en septiembre de 2022, esos cálculos cambiaron. “BCC redujo los cálculos del rango de producción para la mina San Juan: 9,19 millones de toneladas a 10,52 millones de toneladas por año en 15 años”, dice la oenegé.

El único documento que da cuenta del impacto que podría generar el proyecto data de 2018. Ese año, BCC minera presentó un documento preliminar que buscaba aclarar los posibles impactos ambientales del Proyecto Cañaverales. Este texto, que fue presentado en el marco de las consultas previas realizadas desde entonces con ocho consejos comunitarios de la zona que aprobaron la intervención, es llamado formalmente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y es la pieza de información más completa que se conoce hasta el momento para entender la magnitud de la operación. 

Según BCC, este documento podría sufrir ajustes durante el proceso de la consulta previa que se iniciará pronto. “Este proceso de consulta previa puede ajustar tanto los impactos como las medidas de mitigación o compensación, por lo cual a la fecha no se puede considerar como un documento finalizado”, dice la compañía. En esto coincide Federico Giraldo, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), organización que le ha hecho seguimiento a este caso. “El proceso de consulta previa podría tener cambios de distinto tipo, especialmente con respecto a las medidas de compensación”, explica.

Y agrega: “El Consejo Comunitario puede incluir visiones o impactos que quizás desde la mirada técnica occidental no son tenidos en cuenta o que en muchas ocasiones a las empresas no les gusta colocar porque saben que son muy costosos económicamente o imposibles de pagar. Un ejemplo de esto puede ser la relación espiritual con el manantial y la producción de composiciones y líricas del vallenato que se dan allí”. 

Consonante revisó el documento preliminar del Estudio de Impacto Ambiental y habló con cinco expertos para aclarar cuáles son los impactos reconocidos hasta el momento por la empresa. El EIA final, junto con el Plan de Manejo Ambiental (PMA), terminará en manos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), una vez BCC decida radicar una solicitud de licencia ambiental, el único paso pendiente para el inicio de operaciones.

1. La dinámica de los ríos y arroyos sería afectada

BCC reconoce que el inicio de la explotación minera podría alterar las dinámicas de los cauces. “Los impactos más significativos sobre el medio y calificado como críticos son los relacionados con la alteración de la geoforma (estructura de la superficie terrestre) y la alteración de la dinámica de cauces durante las actividades de excavaciones”, detalla el documento.

Miguel Cáceres, geólogo de la Corporación Terrae que está a cargo de la evaluación del EIA, explica que esto quiere decir que el proyecto afectaría cómo se comportan los cuerpos de agua, y que podría haber menos agua subterránea disponible. “Aunque uno ve que los ríos y arroyos tienen agua en superficie todo el año, casi todos tienen aporte de aguas subterráneas. Esto permite que tengan agua durante épocas secas. Si hay descensos sistemáticos del nivel de agua subterránea, se afectan las aguas superficiales no solo en la zona de intervención sino en un área alrededor del tajo (corte o excavación de tierra). Hay ejemplos en otros países en los que el área de abatimiento se extiende hasta ocho kilómetros”, dice Cáceres.

En el EIA también se aclara que en casos excepcionales la empresa podría verter aguas residuales en el arroyo Conejo. En el documento, se asegura que las aguas industriales tratadas y de lluvia serán vertidas al arroyo Conejo “únicamente ante eventos superiores a un periodo de retorno de 25 años”. Miguel Cáceres explica que “lo que están diciendo es que se necesita una lluvia que sólo puede ocurrir cada 25 años para que la laguna se rebose y genere vertimientos al río. Ellos esperan que la mayoría del tiempo que el agua que llega a la laguna se evapore o se reutilice para regar las vías”, agrega.  

Es decir, la minera contempla que durante el desarrollo del proyecto las aguas residuales, domésticas e industriales, sean reutilizadas en actividades del mismo proyecto, o esparcidas sobre las vías en tiempos de sequía. 

Pero más allá de este último punto, para Cáceres, Giraldo y organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que han acompañado de cerca la explotación de Cerrejón y las afectaciones a las comunidades aledañas, es preocupante que un proyecto como este afecte un recurso escaso en La Guajira como lo es el agua. “En un departamento conocido por enfrentar fuertes períodos de sequía, la minería a cielo abierto se ha convertido en una actividad económica que contribuye a la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, al medio ambiente sano y a la salud, entre otros”, se indica en el informe “Cuando el río suena piedras lleva”, en el Indepaz analizó las afectaciones sociales y ambientales de la mina Cerrejón.

2. El aire se vería contaminado

Si el proyecto entra en operación, el aire se vería contaminado por partículas de polvo que surgirían tanto de la explotación minera, como del transporte del carbón en carros pesados. En el EIA, se reconoce que habría dos tipos de partículas en el aire; ambas imperceptibles al ojo humano pero que pueden afectar la salud al ser inhaladas. Por su potencial peligrosidad para la salud se han establecido normas para cuidar la calidad del aire. BCC asegura que el polvo que generaría la mina estaría por debajo de los límites establecidos por la ley, pero no aclara si efectivamente se rigen a los de la Organización Mundial para la Salud (OMS) o del Ministerio de Salud. Este detalle es importante pues la normatividad colombiana es más flexible que la internacional. 

En el Estudio de Impacto Ambiental se reconoce, además, que los centros de salud y educativos de corregimientos y veredas de Fonseca y San Juan del Cesar, que se encuentren cerca a la mina, se podrían ver afectados por el polvo y otras partículas en el aire. BCC tiene planeado pavimentar algunas vías para saldar parte de estas afectaciones. Sin embargo, Miguel Cáceres explica que durante la explotación de carbón no solo hay partículas como las incluidas en el estudio (llamadas técnicamente PM10 y PM 2.5) sino que pueden liberarse otros elementos potencialmente peligrosos para los humanos a la atmósfera y el agua. Entre estos se encuentran: el cadmio, selenio, arsénico y plomo. 

“Estas partículas están en equilibrio cuando están en el subsuelo porque tienen unas condiciones que el oxígeno no los puede afectar. Cuando se remueve la tierra y se conforman los botaderos donde están los desechos, todos estos elementos quedan a la intemperie”, afirma. “Algunos de estos elementos afectan órganos específicos, el sistema nervioso. Por ejemplo, el plomo genera problemas de aprendizaje”, agrega. 

Por su parte, Leonardo González, investigador de Indepaz, advierte sobre los riesgos para la salud de la explotación de carbón: “El polvillo de carbón es perjudicial para los pulmones. Es como cocinar con leña frecuentemente y se pueden desarrollar enfermedades como cáncer o tos. También genera problemas en los ojos y en la piel”. “Las personas en la zona rural cerca a Cerrejón tienen agua para cocinar o para bañarse con polvillo de carbón en la superficie o incluso asentado en el fondo”, dice González. 

Otra de las alertas alrededor de la mina de Cañaverales es la emisión de metano, uno de los gases que potencian el calentamiento global. Global Energy Monitor identifica en su último informe tres proyectos mineros de carbón que podrían ponerse en marcha en los próximos años en Colombia: Cañaverales, Papayal y San Juan. Todos hacen parte del complejo minero de Best Coal Company. La oenegé advierte que si en estas minas se inician operaciones y se reactivan los yacimientos adjudicados a Prodeco en el Cesar: “el país podría emitir 216 mil toneladas adicionales de metano por año, duplicando así, efectivamente, las emisiones existentes del sector que el mismo país reportó públicamente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC)”.

3. La mina amenazaría una zona de bosque seco tropical

BCC reconoce que la mina se realizaría en una zona de bosque seco tropical y con áreas donde hay especies en peligro crítico de extinción. En el EIA se detalla que de 144 especies de aves identificadas, tres tienen un grado de amenaza latente y una especie está catalogada como vulnerable. Además, se identifica la existencia del yaguarundí, el zorro cangrejero, la boa constrictor y la iguana. Estos animales están en el Apéndice II del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esto quiere decir que, si bien no son especias amenazadas actualmente, deben protegerse para que no se conviertan en animales en vía de extinción.

Germán Corzo, investigador del Instituto Humboldt, afirma que el bosque seco tropical es el ecosistema más amenazado del país por la agricultura, la ganadería y los proyectos minero energéticos. Pero advierte que en Colombia queda poco territorio de este bosque. “De algo así como 12 millones de hectáreas hay, en el mejor de los casos, una y bastante transformada. Lo que nos viene planteando la comunidad internacional e incluso las metas de Colombia es tener el 17 por ciento más de lo que tendríamos en áreas protegidas pero nuestro nivel de áreas protegidas en bosques secos está por debajo del cuatro por ciento”, agrega. 

Maria del Rosario Rojas, profesora del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, asegura que es riesgoso que se desarrolle un proyecto de minería a cielo abierto de carbón en un territorio amenazado que debería protegerse. “Debe verse el ecosistema en su integralidad: las especies, el agua y las personas. Las afectaciones son a perpetuidad en el lugar donde se hace la explotación porque se interrumpe el agua, se va a extraer la capa vegetal y el subsuelo, se fragmenta el territorio. Nunca se va a recuperar la integralidad de ese ecosistema en esa zona. A sus alrededores también se ve afectado”, agrega.

Por su parte, Corzo considera que no se debe evitar la minería en el ecosistema porque este tiene otras amenazas que lo están afectando, como el cambio climático. Para el investigador deben adoptarse estrategias de cuidado desde la gobernanza comunitaria y conectar los pedazos de bosque seco tropical para generar corredores para las especies. Señala que Cerrejón creó una parcela de 15 mil hectáreas de recuperación del bosque seco tropical, donde hasta ahora están apareciendo especies de fauna. Sin embargo, resalta que es riesgoso plantear la conservación del bosque solo a través de la compensación y que restaurar el ecosistema lleva tiempo. 

“Tienes una hectárea de 40 años de edad y ganas diez hectáreas de cero años, donde vas a necesitar 40 años para que esas hectáreas tengan los valores de biodiversidad que tenía esa hectárea que perdiste. Hay una compensación que está bien en lo espacial, pero no suficientemente bien en lo temporal, aunque estos proyectos son de compensaciones a largo plazo”, explica Corzo.

4. Las vibraciones, el vacío del proyecto

BCC afirma que se realizarían detonaciones para acceder al carbón y que el paso de vehículos pesados generarían vibraciones. Aunque no hay estudios que ahonden en las consecuencias de estas acciones, sí existen otros proyectos con intervenciones similares en La Guajira que han terminado afectando las viviendas de los habitantes de la zona.

Leonardo Gonzalez, investigador de Indepaz, afirma que durante los recorridos que ha realizado en el municipio de Barrancas constataron que las casas se agrietaron debido a las voladuras de la mina del Cerrejón. “Las voladuras con dinamita de la mina son todos los días. Ellos saben que a la una o dos de la tarde hay voladuras y en las comunidades cerca de Cerrejón se siente”, dice. González agrega que “cuando las casas están cerca de la carretera también son impactadas por el paso de camiones grandes”.

En la respuesta al derecho de petición enviado por Consonante, BCC indica que la mayoría de construcciones de Cañaverales son de uso residencial.  Según el documento, de 515 inmuebles, 51 por ciento está sin terminar, 43 por ciento está terminado y seis por ciento está en proceso de construcción. Estas construcciones están hechas principalmente en ladrillo o bloques y en algunos casos tienen mezclas de concreto u otros materiales.

5. La población de Cañaverales, y el costo de vida, aumentaría

BCC reconoce que la población en Cañaverales aumentaría debido a la llegada de trabajadores de otras zonas del país. “Se espera la llegada de población foránea motivada por alguna oportunidad laboral, que podría alterar los flujos migratorios, incrementando con ello la estructura y composición poblacional en las localidades más cercanas a los sitios de obra del Proyecto”, se indica en el Estudio de Impacto Ambiental.

Al respecto, Federico Giraldo, investigador del Cinep advierte que con este aumento de la población foránea se elevaría el costo de la vida: “Como vienen personas con mayor poder adquisitivo todo se incrementa, el aceite y la sal que compras en la tienda hasta el transporte para llegar a la comunidad”. Además, destaca que hay otras dinámicas que se pueden desarrollar como ha ocurrido en otros municipios mineros como la prostitución y el aumento en el consumo de alcohol. Sin embargo, “estas afectaciones no son tenidas en cuenta en un estudio de impacto ambiental porque son difíciles de mitigar por parte de la empresa”, aclara Giraldo. 

Otro de los impactos sociales que se identificaron en el EIA sería el “traslado involuntario” de ocho familias que, según la empresa, se verían afectadas por la intervención de BCC. Giraldo y Leonardo González destacan que en algunos casos este desplazamiento no solo se limita a quienes tienen predios en el área de explotación sino a las familias que, al verse afectadas por el polvillo de carbón y la actividad sísmica, tienen que abandonar su territorio.

“Algo que podría pasar es que el polvillo de carbón o las afectaciones socioambientales por la posible contaminación de las aguas puedan generar u obligar el desplazamiento paulatino de la comunidad, como ya ha sucedido en otros territorios en el sur de La Guajira por la operación de Cerrejón”, agrega Giraldo.

La ñapa: BCC afirma que el proyecto no afectará el manantial

La empresa identificó al manantial como un punto de agua de la zona. De allí se surte el acueducto de Cañaverales y las acequias que recorren las veredas aledañas. Además, se indica en el EIA que la reserva forestal no sería afectada por el uso de aguas que haría la mina porque se encuentra en una zona aislada por una falla geológica. Esto, según la compañía, generaría una impermeabilización para que no haya relación entre las aguas subterráneas y superficiales alrededor de la mina y las del manantial. 

Sin embargo, para Miguel Cáceres hace falta más información para llegar a esta conclusión teniendo en cuenta la importancia de esa fuente de agua para la comunidad. “Para ver si las fallas se comportan de manera impermeable hay que hacer estudios rigurosos. Siendo estrictors, en la naturaleza no existen materiales ni fallas completamente impermeables”, explica Cáceres.