¿Qué pasó en la feria? En el evento los emprendedores de confección, moda y accesorios realizaron una pasarela, hubo presentaciones culturales con agrupaciones de vallenato y de danza, y una muestra gastronómica. Además, entidades bancarias brindaron asesoría a los expositores sobre microcréditos y medios de pago para impulsar sus emprendimientos.
El evento fue realizado por el programa CREEce del Ministerio de Comercio, Innpulsa y la Cámara de Comercio de La Guajira con apoyo de la Universidad de La Guajira, Corpoguajira y las alcaldías de Fonseca y El Molino.
Un balance positivo: Linda Lucía Becerra, gestora empresarial del programa CREEce, cuenta que: “lo que buscamos lograr puntualmente con este evento es ser el principal escenario ferial del departamento, para que las empresas mejoren sus capacidades organizacionales, gestionen alianzas ya sean de tipo comercial y/o estratégicas con empresas locales, nacionales internacionales”. En ese sentido, las entidades organizadoras calcularon que las ventas rondaron los 30 millones de pesos.
¿Qué dicen los emprendedores?“Ha sido una gran experiencia porque la Cámara de Comercio nos ha extendido la invitación como emprendedores a una formación en el programa CREEce, donde recibimos diferentes capacitaciones, talleres y asesorías que han sido de fortalecimiento para nuestro emprendimiento para poder seguir avanzando”, dice Mayleth Pérez, creadora del emprendimiento Divina Class.
Una alternativa de empleo: En Fonseca las opciones de empleo formal son pocas y están principalmente en la Alcaldía, el Hospital San Agustín, el comercio y en Cerrejón. La mayoría del trabajo es informal. Según las últimas cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), en 2018 en La Guajira el empleo informal alcanzó el 90,3 por ciento. Aunque en Fonseca no hay cifras actualizadas, una investigación de la Universidad de La Guajira realizada en 2010 para la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de La Guajira arrojó que 9.768 habitantes de 36.447 no tenían un trabajo estable. El desempleo se agudizó a raíz de la pandemia.
Lo que sigue: Antes de finalizar el año, la Cámara de Comercio de La Guajira anunció que continuará el acompañamiento a los emprendedores con programas de formación y vitrinas comerciales. El 17, 18 y 19 de noviembre en Riohacha se llevará a cabo la Feria Expoguajira, en la que participarán expositores de los 14 municipios del departamento.
Manjarrés reemplazará a Fabián Acosta, quien desde hace un mes estaba ausente del cargo por una licencia personal.
¿Quién es el nuevo Secretario? Manjarrés nació en Fonseca y es abogado con especialización en derecho público y gestión de entidades territoriales. Su carrera ha estado enfocada en el sector público, donde ha trabajado para la Agencia Nacional de Minería, la Secretaría de Educación de Uribia y Santa Marta. Es cercano al sector que va a dirigir pues sus padres son profesores de Fonseca: Bladimiro Manjarrés y Antonia Mejía.
Los retos: Adulfo Manjarrés deberá resolver varios problemas urgentes. Entre ellas:
Lo que sigue: Los rectores de los 12 municipios no certificados acordaron durante una reunión en Fonseca que buscarán una reunión prioritaria con la Gobernación para que se garantice el derecho a la educación en el departamento. "Los rectores viajaremos el 24 de octubre a Riohacha, acompañado de la directiva de Asodegua, a ver qué solución encontramos. No es una reunión oficial pero vamos a trasladarnos hasta allá a buscar una solución”, dice Alexander Martínez, rector de la Institución Educativa Agropecuaria.
Por su parte, los padres y madres de familia, y los estudiantes de Fonseca esperan que el nuevo Secretario priorice los problemas del municipio por sus lazos familiares con el territorio.
El dato: Adolfo Manjarrés es el quinto Secretario de Educación que ha tenido el departamento desde que Nemesio Roys, quien fue destituido el pasado 21 de julio, asumió como gobernador en 2020. El 14 de enero de 2022, se posicionó Olidey Meza Freyle en reemplazo de Rosmira Peralta, que había asumido la dirección de la cartera en febrero de 2021. En junio se posesionó Fabián Acosta, quien fue reemplazado por el secretario en encargo Daniela Araujo.
Manjarrés reemplazará a Fabián Acosta, quien desde hace un mes estaba ausente del cargo por una licencia personal
¿Quién es el nuevo Secretario? Manjarrés nació en Fonseca y es abogado con especialización en derecho público y gestión de entidades territoriales. Su carrera ha estado enfocada en el sector público, donde ha trabajado para la Agencia Nacional de Minería, la Secretaría de Educación de Uribia y Santa Marta. Es cercano al sector que va a dirigir pues sus padres son profesores de Fonseca: Bladimiro Manjarrés y Antonia Mejía.
Los retos: Adulfo Manjarrés deberá resolver varios problemas urgentes. Entre ellos:
Lo que sigue: Los rectores de los 12 municipios no certificados acordaron durante una reunión en Fonseca que buscarán una reunión prioritaria con la Gobernación para que se garantice el derecho a la educación en el departamento. "Los rectores viajaremos el 24 de octubre a Riohacha, acompañado de la directiva de Asodegua, a ver qué solución encontramos. No es una reunión oficial pero vamos a trasladarnos hasta allá a buscar una solución”, dice Alexander Martínez, rector de la Institución Educativa Agropecuaria.
El dato: Adolfo Manjarrés es el quinto Secretario de Educación que ha tenido el departamento desde que Nemesio Roys, quien fue destituido el pasado 21 de julio, asumió como gobernador en 2020. El 14 de enero de 2022, se posicionó Olidey Meza Freyle en reemplazo de Rosmira Peralta, que había asumido la dirección de la cartera en febrero de 2021. En junio se posesionó Fabián Acosta, quien fue reemplazado por el secretario en encargo Daniela Araujo.
Rectores y padres de familia explican la gravedad de la situación.
¿Qué pasa con el nuevo contrato? El contrato con los operadores de servicios generales iba hasta el 10 de octubre. Por la suspensión de clases durante la semana de receso, la fecha de terminación se alargó una semana más, es decir, hasta el viernes 21 de octubre. Hasta el momento los rectores no tienen información sobre el proceso del nuevo contrato.
Los rectores están preocupados: Un grupo de directivos viajó a Riohacha el miércoles 19 de octubre para hablar con algún representante de la Gobernación pero no obtuvieron respuesta. “No encontramos a nadie que nos atendiera. No estaba el gobernador y el Secretario de Educación ya había dejado el cargo. (…)Mi temor es que, así como ocurre con el transporte, vaya a ocurrir con el tema del aseo” dice Edward Fragoso, rector de la IE El Carmelo y presidente de la Asociación de Trabajadores de la Educación en La Guajira, Asodegua.
Por su parte, Clotilde Urbina, rectora de la IE María Auxiliadora, afirma que la situación es preocupante y podría llevar a que suspenda las clases. “No les digo a las aseadoras que vengan si no están autorizadas, porque después me toca responderles. El miércoles 18 nos tocó ir a receso escolar a los colegios María Emma Mendoza y María Auxiliadora por este problema de no tener contratación definida para las aseadoras. Estamos apoyándonos en los estudiantes que nos ayuden a recoger papeles y tener limpios los salones para ver cómo superamos el impase” dice.
¿Y los estudiantes? “Como estudiantes le solicitamos al Gobernador nos brinde el derecho de una educación con calidad cómo está diseñada en su programa de gobierno, ya que estamos a punto de cerrar año escolar y no queremos que nuestro rendimiento académico se vea afectado por un derecho que es al aseo y calidad educativa que tenemos como estudiantes”, dice Moisés Molina, estudiante de noveno de la institución María auxiliadora
Lo que sigue: Los rectores de San Juan del Cesar, junto a una delegación de padres de familia y participantes de los consejos directivos, viajarán nuevamente a Riohacha el martes 25 de octubre para hacer presencia en la Asamblea y en la Gobernación. Aseguran que aunque no están interesados en hacer paro, vaticinan que la situación “llegará a un punto crítico” y no podrán atender a los estudiantes.
No es el único problema: Las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados completan 46 días sin el servicio de transporte escolar.
Junto a estas dos empresas, 80 compañías de energía de todo el país se unieron al Pacto por la Justicia Tarifaria, una iniciativa del Ministerio de Minas y la Comisión De Regulación De Energía Y Gas.
¿Cómo funciona? Las tarifas tienen cuatro componentes: Generación, Comercialización, Distribución y Transmisión. La Comisión de Regulación de Energía (CREG) presentó varias propuestas a las empresas para que redujeran las tarifas en cada uno de esos componentes, esto ante el aumento significativo del índice de Precios al Productor (IPP), el índice que terminaba definiendo los precios.
Los descuentos para El Carmen:Aunque la sugerencia del CREG era bajar los precios en todos los componentes, las empresas podían definir cuáles hacerlo o no. EPM solo hizo reducciones en los componentes de Distribución y Transmisión, por lo que la disminución de las tarifas será menor a la realizada por otras empresas. Dispac sí asumió el compromiso completo.
¿Qué dice la gente? “Ahora que EPM se suma a esta campaña, lo que queremos todos es que sea un acuerdo real y que sea beneficioso. Después del desastre de Hidroituango nos subieron las tarifas y no podemos ser ingenuos a esa realidad. Recibimos de buena manera pero esperamos algo más” dice Juan Carlos Muños, ingeniero civil.
El contexto: En septiembre la Defensoría del Pueblo alertó al Gobierno Nacional por el aumento excesivo de las tarifas de energía eléctrica, especialmente en la región Caribe. Carlos Camargo, defensor del pueblo, le solicitó al Gobierno priorizar estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para crear una política pública que dé solución definitiva a las excesivas tarifas del servicio de energía eléctrica y que asegure un servicio eficiente y sostenible.
Después de cinco horas de negociación con representantes del gobierno departamental y nacional, el gremio de camioneros levantó este jueves los bloqueos que mantenía en las dos vías que conectan el departamento del Chocó con el resto del país. Ambos corredores viales permanecieron cerrados dos semanas. La situación generó aumento de precios y escasez de bienes básicos en Quibdó y otros municipios del Chocó.
En esta entrega de El Explicador, Consonante presenta un resumen de la crisis que sacudió el departamento en los últimos días.
Las protestas se iniciaron el 25 de septiembre en Tutunendo, Ichó, La Troje y Guadalupe, comunidades afro cercanas a la ciudad de Quibdó. En estos puntos, los consejos comunitarios exigieron una mesa de diálogo con la Alcaldía de Quibdó para discutir una serie de peticiones específicas. Pedían, por ejemplo, alternativas para mejorar el acceso a la salud, aumentar la inversión en infraestructura vial y de educación, potenciar los proyectos de turismo, y mejorar la conectividad, entre otras. Luego, indígenas embera de otros lugares del departamento decidieron manifestarse y bloquear las vías en varios puntos: El Dieciocho, La Mansa, El Siete y Mirlas en El Carmen de Atrato; El Tabor, Tadó, y en el municipio de Santa Cecilia en el departamento de Risaralda.
El 27 de septiembre, los resguardos indígenas agrupados en la Asociación Orewa bloquearon simultáneamente tres puntos de la vía Quibdó-Medellín y Pereira-Quibdó: El Tabor, en Tadó, y El Dieciocho y El Fiera, en El Carmen de Atrato. Previamente, en cada uno de los municipios se había convocado a una minga para definir las necesidades urgentes que debían ser atendidas por las autoridades y que se iban a plantear durante las mesas de diálogo. Ese mismo día, y al encontrar las vías cerradas, los transportadores que cubren las rutas desde Risaralda y Antioquia hacia el Chocó se declararon en paro. ¿Su razón? Presionar al Gobierno nacional y departamental y solucionar, de una vez por todas, los problemas de las comunidades indígenas y afro del departamento.
El 30 de septiembre, los consejos comunitarios levantaron los bloqueos sobre la vía al llegar a acuerdos con la Alcaldía de Quibdó y la Defensoría del Pueblo. El 7 de septiembre, la minga indígena convocada por las comunidades de Mondó, Bochoroma, Pueblo Nuevo, Alto Bonito, Cañaveral y Sabalatera de Tadó levantó el bloqueo en la vía que conduce hacia Risaralda tras negociar algunos puntos con la administración municipal. El 10 de septiembre, las comunidades embera de El Carmen de Atrato llegaron a acuerdos y definieron compromisos a corto, mediano y largo plazo con los distintos actores nacionales, departamentales y municipales, para hacerle seguimiento.
En la mesa de diálogo que se instaló en el resguardo embera katio El Dieciocho estuvieron, además, representantes del campesinado y de la comunidad afro de El Carmen de Atrato. Una vez terminada la reunión, los transportadores hicieron público un comunicado en el que manifestaron no estar conformes con los acuerdos, pues no se encontraban los voceros del gremio. Por eso, continuaron los bloqueos hasta el 13 de septiembre, cuando hicieron una mesa de concertación aparte en la que participó Judith Salazar, viceministra (e) para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos; William Palomeque, gobernador (e) del Chocó; los alcaldes de Tadó, El Carmen y Quibdó; y representantes de la Procuraduría y la Defensoría. En esa negociación, se levantó el paro.
Los reclamos son tan variados como el número de comunidades que se declararon en paro o se sumaron a las mesas de diálogo en las últimas dos semanas. Sin embargo, todas tienen un origen común: la falta de inversión y atención a las necesidades básicas. Y es que casi todas estas comunidades exigen inversiones en salud o educación, o trabajo y reparación a víctimas del conflicto armado. “Lo que estamos exigiendo no son peticiones que nacieron ayer, vienen desde el gobierno de Uribe, Santos y Duque. Durante este año llevamos alrededor de 30 protestas sobre la carretera porque no ha habido respuesta del gobierno departamental y nacional”, dice Javier Arrieta, coordinador de la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó. “Cuando al movimiento indigena no se le da una respuesta clara, nos toca tomar las vías de hecho para que nos puedan escuchar”, agrega.
Uno de los principales puntos de negociación fue el resguardo embera katio El Dieciocho, que incluye a la comunidad de El Palmar. Humberto Tequia, rector del colegio y uno de los líderes comunitarios que participó de la mina, explica que sus peticiones ya habían sido expuestas en otras protestas pero los avances son nulos o lentos. “Solicitamos la construcción de una escuela para los 200 niños y niñas, una casa administrativa comunitaria y un puesto de salud para los 300 habitantes”. Además, “se deben invertir recursos para continuar el proyecto de ganadería pero nos dijeron que están embargados en el municipio de Condoto. También, se solicita a la Agencia Nacional de Tierra la ampliación de tierra, al Ministerio de Educación que nombre a los docentes, al Ministerio del Interior que fortalezca la guardia indígena, y exigimos que traigan un proyecto productivo para la comunidad”.
Por su parte, la minga de las comunidades de Mondó, Bochoroma, Pueblo Nuevo, Alto Bonito, Cañaveral y Sabalatera de Tadó exigió arreglos a los puentes colgantes que conectan a sus resguardos con el municipio, principalmente el puente que cruza el río San Juan y une a las comunidades de El Tabor y Mondó. Además, manifestaron que los docentes indígenas no han recibido el pago del salario y las prestaciones sociales desde hace cuatro meses. Igualmente, denunciaron que no ven retribuidos los recursos del predial indígena para mejorar las condiciones de vida en sus territorios, por lo que le exigieron rendición de cuentas a Cristian Copete, el alcalde de Tadó.
Los conductores bloquearon las vías en rechazo a la protesta de los indígenas y afro. Los camioneros manifestaron estar agotados de los constantes paros de estas comunidades que les dejan pérdidas económicas. “Este es el cierre número 35 de la vía por diferentes comunidades indígenas y afro, y en promedio duran dos días. Le cuento que los camioneros nos cansamos de esta situación y entonces decidimos bloquear mientras estaba bloqueado”, dijo Edgar Gómez, quien desde hace 16 años transporta mercancía desde Antioquia al Chocó.
“Lo más crítico son las pérdidas económicas. Acá hay gente que viene con un viaje de plátano del Urabá y si los coje un cierre de vías, se pierde el viaje totalmente. Cuando llegan a Quibdó ya no sirve y lo tienen que tirar. Además, nos toca dormir en los vehículos y el tiempo perdido nos toca recuperarlo, entonces no tenemos descanso”, afirmó Gómez, uno de los voceros de los transportadores que bloqueó el punto El Siete en El Carmen de Atrato. “No podemos obligar a las comunidades a que no se tomen las vías de hecho pero sí podemos hacer visible este problema para que los gobernantes entren en negociación con ellos y se pongan de acuerdo”, agregó.
Aunque las comunidades indígenas y afro llegaron a acuerdos con las autoridades, para los transportadores esto no garantizaba que no se volverían a presentar cierres. Decidieron continuar con los bloqueos hasta que el Ministerio del Interior se comprometiera a organizar una mesa amplía con la participación de todos los sectores en la que el gremio de transportadores pudiera tener un papel de veeduría. Por eso, en un comunicado público, en el que participaron los 150 conductores, exigieron representación de alto nivel del gobierno nacional, de las organizaciones indígenas nacionales ONIC y AICO y regionales, de los concejos comunitarios del Chocó en los diálogos para levantar el paro. Además, pidieron que se creara una mesa de seguimiento cada vez que se presenten paros compuesta por integrantes de las autoridades locales, regionales, nacionales, comerciantes y del gremio de camioneros.
“No queremos soluciones a corto plazo, ni a tres meses. Necesitamos que se comprometan al desarrollo del departamento, que nos dejen tener nuestro libre desarrollo del trabajo como transportadores”, dijo Julián Acevedo, vocero de los transportadores que bloquearon la vía hacia Risaralda durante la reunión con Judith Salazar, viceministra (e) para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos. “A los entes departamentales se les había salido de control con tantos paros que nos estaban llevando o nos llevaron al borde de la quiebra”, agregó Acevedo.
Las dos principales vías que conectan al Chocó con el resto del país están a medio terminar. La Transversal Quibdó- Medellín, que es la ruta que mueve más mercancía y transporte de personas, lleva 13 años en proceso de pavimentación y hasta la fecha solo presenta un avance del 82 por ciento, según el Instituto Nacional de Vías (Invias). La vía Quibdó- Pereira, del 60 por ciento. Un viaje en automóvil desde la capital antioqueña hasta El Carmen de Atrato puede tardar desde cuatro horas, si no hay derrumbes, hasta nueve o doce horas, si hay controles del flujo vehicular por derrumbes. Sin embargo, es frecuente que la vía esté cerrada en algunos trayectos.En este caso, las personas se deben desviar por la vía Pereira, lo que implica un viaje de 16 horas.
La débil infraestructura vial hace que cualquier bloqueo o derrumbe en cualquiera de los dos corredores interrumpa la conexión por vía terrestre con el resto del país. Este tema fue el punto nodal de los paros cívicos que se realizaron en el Chocó en 2016 y 2017.
En esta ocasión, los bloqueos generaron escasez de verduras, frutas, carnes, medicamentos y gasolina en Quibdó y en los otros 29 municipios del Chocó. Los productos cárnicos y lácteos fueron los más difíciles de conseguir, seguidos de las legumbres y verduras. El combustible, por su parte, se cotizó en Quibdó a 19 mil pesos el galón de Extra. La falta de gasolina llevó a que el Hospital San José de Tadó suspendiera los traslados de pacientes a otros centros médicos del departamento.
Para movilizarse dentro del departamento, y hacía Medellín y Pereira, las personas tuvieron que hacer transbordos entre los puntos de bloqueo y contratar transportadores informales. Varios habitantes en Tadó y El Carmen de Atrato perdieron citas médicas que tenían programadas durante esos días en Quibdó, y los dueños de las droguerías estaban preocupados porque tenían varios pedidos de medicamentos e insumos represados.
Las mesas de diálogo, que se dieron de forma descentralizada en el departamento, sirvieron para retomar las necesidades urgentes de las comunidades y marcar una hoja de ruta de quiénes serán los responsables de atenderlas. Se acordaron tres caminos para empezar a resolver las peticiones de las comunidades: la primera, realizar una mesa amplia de diálogo el 1 de noviembre en Bogotá, donde participen organizaciones, gremios, resguardos y consejos comunitarios, y los gobiernos de todos los niveles para definir tiempos, recursos y prioridades. Para Javier Arrieta es importante que a esta mesa lleguen los temas sobre salud, educación y proyectos productivos, que “son la línea gruesa de la conversación”, dice.
Para el encuentro de Bogotá, los voceros de cada comunidad deberán recoger las peticiones. Heiler Moreno, representante legal del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (Asocasan), cuenta que van a consolidar los acuerdos que no han cumplido los gobiernos anteriores y las “desatenciones” que ha tenido el Estado con las comunidades afro. Sin embargo, considera que “siempre van a haber necesidades sin darle soluciones” pero espera que se empiecen a atender los temas de salud, educación y pavimentación de las vías. “Uno entiende que los procesos van a llevar tiempo pero si los compromisos se dan, que se definan los tiempos y se vea que sí se van a cumplir”, afirma Moreno.
Por su parte, los alcaldes deberán condensar en un documento todos los proyectos que generen mayor impacto en sus municipios para llevarlos a los diálogos regionales vinculantes que realiza el gobierno nacional en todo el país.
Sin embargo, Jair Moreno, secretario (e) de Gobierno del Chocó, afirma que el gobierno departamental tiene un margen de acción reducido. Asegura que la mayoría de peticiones no se pueden atender porque carecen de sentido. “Hay una solicitud de un establecimiento educativo pero para hacerlo se requiere de unos diseños y unos presupuestos. Esos estudios, diseños y presupuesto se presentaron pero no cumplieron los requisitos. Entonces la comunidad pensaba que los recursos ya estaban aprobados y el Gobierno departamental no hacía lo propio. En otra comunidad nos solicitaron 100 cabezas de ganado pero no tienen experiencia en ese tipo de actividad. Entonces, son pretensiones exorbitantes y a todas luces es imposible conceder un contrato de esa naturaleza si no vemos un panorama ni unos estudios previos para poder hacerlo”.
La segunda conclusión de los diálogos fue que se estableció que antes de recurrir a las vías de hecho, los resguardos, consejos comunitarios y demás comunidades deberán acudir a la Procuraduría para resolver los conflictos. Por último, la Defensoría y la Procuraduría se comprometieron a darle seguimiento a los acuerdos. Por ejemplo, en El Dieciocho se acordó la entrega de ayuda humanitaria para las familias desplazadas que retornaron al resguardo; Latinoamérica de Construcciones S.A. (Latinco) se comprometió a mejorar la infraestructura de la comunidad; Dispac instalará luminarias en lugares comunitarios y revisará las casas que no cuentan con energía eléctrica.
El seguimiento a los acuerdos será determinante, teniendo en cuenta que hace tan solo una semana, la Contraloría General de la República alertó sobre presuntas deficiencias en el cumplimiento de acuerdos logrados en mingas indígenas y paros cívicos alrededor del país. Según el órgano de control, son cinco mingas indígenas que presentan mayores niveles de retraso en los acuerdos o se cumplieron de forma incompleta. La minga embera del Chocó es la primera con un 90 por ciento y le sigue la de El Carmen de Atrato con un 80 por ciento de demoras y falencias. Si bien el órgano de control no detalla cuáles son los compromisos que presentan inconvenientes, agrega que: “la totalidad de los acuerdos suscritos con mingas indígenas no cuentan con metas suficientes e indicadores para medir su avance y su efectividad”.
Por lo pronto, el Gobierno nacional ya anunció que destinará una bolsa común de recursos para que cada uno de los proyectos se puedan realizar. “Se va a generar desde noviembre para que esos temas macro se atiendan a través de esa bolsa. Allí se deben allegar todos los proyectos para darle viabilidad pero deben cumplir con unos requisitos específicos”, cuenta el secretario Moreno. Con este anuncio, el gobierno de Gustavo Petro, quien fue el candidato más votado en el Chocó, tendría una posibilidad de iniciar las acciones que salden la deuda del Estado con ese departamento y sus habitantes.
En la competencia, participan cinco ciclistas sub 23 y tres ciclistas élite en representación de El Carmen de Atrato. En el evento deportivo, que va del 11 al 15 de octubre y se extiende por 845 kilómetros, participan otros 12 equipos.
¿Qué dicen los competidores? “Tenemos muchas expectativas por las dos etapas que nos faltan: la cuarta etapa, Cisneros hasta Amalfi, y la quinta etapa, desde Amalfi hasta Santo Domingo. Esta última es una etapa corta pero muy muy buena… con mucha montaña”, dijo Sebastián Ceballos, representante del equipo.
Joaquin Cardona, entrenador y mecánico del equipo, destacó el buen desempeño del equipo a pesar de las dificultades que ha enfrentado para conseguir el apoyo necesario para este tipo de competiciones. “Es realmente duro conseguir apoyo. Hay que moverse mucho, gestionar y vender imagen… Pero por ahora estamos felices porque estamos en el top 10 y hoy fuimos portadores de la camiseta de líder de los sprint especiales”, explicó Cardona.
La historia del equipo: Este equipo de ciclismo nació hace dos años en El Carmen de Atrato por iniciativa de Juan Sebastián Ceballos, un deportista aficionado que quería cambiar vidas a través del deporte. Este equipo es el único de su tipo en el municipio.
Este año ha participado en el Campeonato Nacional de Ruta, la Vuelta de la Juventud, la Clásica de Río Negro, la Vuelta al Valle y la Clásica del Carmen de Viboral. Si le interesa conocer más sobre su trayectoria y cómo surgió, puede leer la historia completa aquí.
Lo que sigue: Este sábado 15 de octubre se disputará la quinta y última etapa de la ronda antioqueña, con una fracción que tendrá 115 kilómetros en terreno ondulado con salida en Amalfi y llegada en Santo Domingo.
Un día después de que la comunidad de Caracolí levantó el bloqueo que mantenía en el puente El Guanábano, para socializar la firma de un convenio interadministrativo con la gobernación de $2.686 millones de pesos para arreglar la vía rural Guayacanal a Tembladera.
Los detalles: Las actividades derivadas del convenio se realizarán en los próximos 12 meses, según el cronograma presentado por la Alcaldía, y se harán en dos etapas: dos meses para adelantar el proceso precontractual, en la que el municipio escoge el consultor y 10 meses para ejecutar las obras. El presupuesto presentado por la Alcaldía responde a los estudios y diseños para la pavimentación de la vía que habían sido enviados a la Gobernación el 28 de septiembre.
El contexto:En la madrugada del martes 11 de octubre, la comunidad que estaba protestando por el mal estado de la vía de acceso al corregimiento llegó a acuerdos con la alcaldía para levantar el bloqueo en el puente el Guanábano. Uno de los acuerdos consistía en el mejoramiento de los 51 kilómetros más críticos del tramo de la Ye de Guayacanal a La Laguna. Para esto la gobernación se comprometió a aportar 200 millones de pesos y la Alcaldía 28 millones. Sin embargo, este anuncio de la alcaldía abre la puerta a la pavimentación completa de la vía.
¿Qué dice la gente? La comunidad espera que esta semana se inicie la primera etapa del convenio. Y, sobre todo, que también se dé cumplimiento a los demás acuerdos. “Todos estamos en la misma posición, lo que deseamos es que se nos construya una vía digna” dice Juan Montaño, autoridad wiwa.
Lo que sigue: La comunidad acordó convocar una reunión con la Agencia de Desarrollo Rural e Invías para gestionar la adecuación de la placa huella en la vía para el próximo 21 de octubre. Además la mesa de seguimiento de los acuerdos del paro se reunirá el 18 de octubre.
El juez Ceilis Riveira Rodriguez también pidió a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior (Dancp) continuar con el proceso de consulta previa.
¿Por qué se pronunció el juzgado? Lo hizo en respuesta a un incidente de desacato interpuesto por el consejo comunitario de Los Negros de Cañaverales. En el documento, los líderes comunitarios aseguraban que el Ministerio del Interior y BCC estaban incumpliendo el fallo de tutela que el mismo juzgado había emitido en 2019, en el que se ordenaba respetar el derecho a la consulta previa.
¿Esto qué significa? El juez le dio la razón al consejo comunitario de Cañaverales, que ha insistido en la importancia de que se escuche la voz de la gente que habita en el área de influencia del proyecto. Además, concluyó que no se puede aplicar el test de proporcionalidad en este caso porque la comunidad ha demostrado su voluntad de concertación al solicitar en varias ocasiones una nueva reunión para el proceso de consulta previa.
Esto es importante porque ya no será un juez de la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado quienes deben sopesar los pros y los contras del proyecto, sino la comunidad étnica la encargada de poner sobre la mesa sus preocupaciones.
Que dice la comunidad: Los líderes del consejo comunitario celebraron la decisión. “Nosotros estamos visualizando otra forma de hacer una consulta previa. No como algo mercantil. Vemos la consulta como un espacio que nos permitirá demostrar que el proyecto es nefasto para la mayoría de comunidades que están cerca. Estamos haciendo historia”, dijo Óscar Gamez, presidente del consejo.
El consejo comunitario ha teñido varias reuniones con representantes del gobierno en las últimas semanas. La más reciente fue el 7 de septiembre con Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía, en el resguardo wayúu Tamaquito 2 de Barrancas. Le pidieron detener el proyecto minero y le propusieron ser la despensa agrícola de La Guajira también le pidieron que implemente una política minera enmarcada en el respeto por los pueblos y una mesa técnica permanente de diálogo de alto nivel entre la institucionalidad, autoridades locales y representantes de las comunidades étnicas y campesinas afectadas por la explotación minera en la media Guajira.
Vélez se comprometió a visitar Cañaverales en unos meses, pero no dio una fecha exacta, y dijo que desde el gobierno van a revisar los títulos mineros para crear un nuevo Código de Minas.
Lo que sigue: BCC deberá implementar el proceso de consulta previa con el consejo comunitario. De no lograrse este proceso, el documento explica que se tendrá que convocar una reunión con representantes del la gobernación de La Guajira, la alcaldía de San Juan del Cesar, la Personería municipal, y otras entidades como la Agencia Nacional de Minería y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para discutir los posibles impactos y facilitar la construcción del test de proporcionalidad que soportaría la decisión final.
Por su parte, el consejo comunitario asegura que seguirá defendiendo y exigiendo el cumplimiento de esta decisión ante los entes públicos. Además, solicitará un nuevo estudio de las implicaciones del proyecto, sobre todo a nivel hidrográfico, ante una entidad independiente.
La comunidad del corregimiento Caracolí levantó el bloqueo que mantenía en la principal vía del sur del departamento, en el sector del puente El Guanábano, en la medianoche de este lunes 11 de octubre tras concretar una serie de acuerdos con la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de San Juan del Cesar. El paro, que se inició el pasado 10 de octubre y permaneció activo durante 46 horas, afectó a transportadores y habitantes de la zona que utilizan esta ruta con frecuencia.
¿Qué acordaron? Representantes de la comunidad de Caracolí, la administración municipal y la Gobernación se dieron cita en la sala de juntas del edificio de la alcaldía a las 8:30 de la noche. La reunión duró tres horas y al final la comunidad aceptó, al menos temporalmente, reabrir la vía.
La Gobernación y la Alcaldía se comprometieron a:
¿Cuál fue el motivo del bloqueo? Alrededor de 300 personas, entre ellas indígenas, se instalaron desde el lunes en el puente el Guanábano. Pusieron cabuyas de un lado a otro de la carretera y acomodaron ramas en el asfalto para impedir el paso de automóviles y camiones. Además, montaron carpas para resguardarse del sol y un fogón para cocinar un sancocho.
La comunidad protestó por el mal estado de la vía de acceso al corregimiento que, aseguran, les genera pérdidas económicas y pone sus vidas en peligro. El camino sin pavimentar es estrecho y suele tener derrumbes durante en épocas de lluvia. “Los choferes hacen maniobras para llegar al corregimiento. Pagamos el pasaje más caro del sur de La Guajira: cuesta 50.000 pesos ir a Caracolí”, dice Juan Montaño, autoridad de la comunidad indígena wiwa de Caracolí. Montaño asegura que el mal estado del camino ha llevado a que hoy no haya puesto de salud y el colegio esté deteriorado. “Sabemos que si mejora la vía vamos a poder cubrir nuestras necesidades”, afirma.
¿Qué tan grave fue el bloqueo? El cierre paralizó la movilidad en la carretera y generó una fila de carros y tractomulas de unos 3 kilómetros de extensión. Los transportadores fueron unos de los más afectados. Carlos Ramírez, un conductor que transportaba alimentos a Riohacha, permaneció detenido unas 30 horas. “Estamos sin agua, sin alimentos, y corriendo peligro porque ahorita más tarde puede venir la delincuencia a hacer de las suyas. Nadie nos ayuda, no hay autoridad”, dijo Ramírez el martes en la tarde.
Varios habitantes desistieron de viajar mientras otros buscaron otras rutas para poder desplazarse hacia el norte del departamento. Los conductores de camionetas tomaron las vías de El Tablazo a Conejo, o la de la Ye de Guayacanal a Distracción, que están deterioradas por las lluvias de los últimos días.
Quienes querían pasar por el bloqueo debían tomar un mototaxi hasta el Puente del Guanábano, caminar unos 200 metros, y tomar otro mototaxi para llegar hasta Distracción o a Fonseca. Este trayecto alcanzó a costar 14 mil pesos. Según un mototaxista, que se vio beneficiado y pidió no revelar su identidad, dijo que alcanzó a producir unos 300 mil pesos.
La deuda con Caracolí: En este corregimiento, que es la despensa agrícola de San Juan del Cesar, la gente cultiva yuca, plátano, tomate, guineo, ñame, café, aguacate, leche, carne y otros productos de pancoger. Pero hace 12 años resultó afectado por la construcción de la represa El Cercado. A inicios de los 2000, se clausuró la tradicional vía de acceso al corregimiento y se abrió una vía alterna que sigue en uso hasta hoy.
La comunidad lleva varios años denunciando el mal estado de la vía, como lo ha registrado Consonante. Además, ha reclamado la atención de la Gobernación y del Gobierno nacional para mitigar las afectaciones por la construcción de la represa El Cercado, en el río Ranchería. Pero no han tenido respuestas contundentes. Las peticiones de la comunidad se han convertido en una papa caliente que se han pasado de mano en mano las autoridades.
“Se hace necesario que los entes pertinentes entren a plantear o llevar a cabo un proyecto que mejore la vía o que se haga la pavimentación. El municipio tiene hasta cierta responsabilidad, y la Gobernación, pero es la ADR quien administra la represa”, dice Johana Daza, personera municipal.
Lo que sigue: En los próximos seis días la población de Caracolí conformará la veeduría ciudadana para revisar los avances en las obras. Llevarán los resultados a la mesa de seguimiento programada para el 18 de octubre. Mientras tanto, está pendiente la respuesta del Gobierno nacional a través de Invías y la ADR.
La jornada fue el domingo 25 de septiembre en el municipio de Certegui.
¿Cómo fueron las elecciones? 108 delegados oficiales de asociaciones comunales de los municipios de Bagadó, Novita, Medio Baudó, Medio San Juan, Istmina, Condoto, Tadó, Unión Panamericana, Lloro, Yuto, Quibdó, Riosucio, Bahía Solano y Certegui participaron en la elección. Durante la jornada funcionarios del tribunal de garantías, de la Alcaldía Municipal de Certegui y de la Defensoría del Pueblo hicieron el acompañamiento. El nuevo presidente elegido fue Lenin Gonzales.
¿Y los representantes de El Carmen? La presidenta de Asocomunal de El Carmen de Atrato, Laura Giraldo, resultó electa como delegada ante la Confederación Nacional de Federaciones Comunales. Esta confederación reúne a todas las Federaciones del país bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior.
“Es un logro muy importante asistir a estas elecciones y poder formar parte de la organización en todos los niveles, teniendo en cuenta que el municipio llevaba muchos años por fuera de todos estos procesos. Estamos en un momento histórico, con un nuevo gobierno que apoya los comunales y en donde se abren espacios para la participación ciudadana y social” dijo María Fernanda Vélez, secretaria de la Asocomunal.
La frase del nuevo presidente: “Esta es una oportunidad única de exponer las problemáticas, poder sacar nuestras organizaciones adelante y poder contribuir a través de proyectos y de los beneficios que nos brinda el estado para sacar nuestras comunidades adelante, para decirle al Estado que nosotros como comunales sí podemos”
En esta reunión, que se llevó a cabo el 25 de septiembre en el teatro parroquial y a la que asistieron cerca de 45 personas, se definieron los temas claves a trabajar: la deforestación y la reactivación económica a través de la producción agropecuaria.
¿Qué está pasando? Se acordó que los días 7, 8 y 9 de octubre se realizará la primera mesa de trabajo sobre reforestación; allí se efectuarán visitas de verificación a los predios reforestados por la empresa. Los líderes ambientales están invitando a los ganaderos y dueños de predios a participar en este trabajo conjunto, un tema clave para el cumplimiento de la Órden Séptima de la sentencia T622 que le dio derechos al río Atrato.
¿A qué se comprometió Codechocó? Por su parte, Codechocó se comprometió a enviar el expediente ambiental de la mina a la Corporación socio-jurídica Siembra, esto con el objetivo de poder revisar en qué va el régimen de tránsito a la nueva licencia ambiental y así poder dar continuidad a la segunda audiencia pública.
¿Y Miner S.A.? La empresa se comprometió a socializar con los habitantes de todas las veredas y los entes de control cuáles son las actividades que están realizando en la parte alta del Carmelo. Esto después de que varios asistentes manifestaron dudas sobre las labores de exploración y sus impactos en las cabeceras de la quebrada.
El contexto: Estas mesas hacen parte de los compromisos pactados en la audiencia pública ambiental realizada el 28 de febrero de 2019 a Codechocó, en relación con sus funciones como veedor de la empresa Miner S.A. La mina continúa extrayendo cobre, oro y plata del suelo en El Carmen de Atrato a pesar de que su concesión minera se venció el pasado 23 de enero y la comunidad les ha pedido constantemente proyectos productivos para impulsar el campo, el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, más becas para educación universitaria y apoyo a las instituciones educativas.
La causa de las protestas, según las comunidades, es el incumplimiento del Estado a los compromisos que se han pactado en ocasiones anteriores.
¿Qué tan grave es la situación? A lo largo de la vía hay varios buses de empresas como Rápido Ochoa y varios camiones cargados con alimentos que no han podido moverse. En Tutunendo, por ejemplo, los pasajeros han tenido que bajarse de los buses y seguir caminando hasta el sector de la Troje, más o menos a una hora y media de camino. Los Consejos Comunitarios de la zona han ofrecido ollas comunitarias y alimentos a los transeúntes.
El primer paro fue en el sector de Tutunendo desde el martes 27 de septiembre. Solo hasta hoy Martín Sánchez, alcalde de Quibdó, los secretarios de despacho, representantes de la Diócesis de Quibdó y la Procuraduría, hicieron presencia en el sector para dar inicio a los diálogos con los líderes de las comunidades de Tutunendo, Ichó y Guadalupe
¿Qué piden las comunidades indígenas de El Carmen? El resguardo indígena Emberá Katio de El Dieciocho, emitió un comunicado a la opinión pública manifestando las razones para su bloqueo: “La comunidad indigena se siente indignada porque las autoridades competentes no quieren escuchar la convocatoria que se hace por la autoridad del resguardo convocada para el 27 de septiembre” dice en el documento. Exigen una mesa de concertación y diálogo con la Alcaldía Municipal, la Personería, Gobernación del Chocó, Secretaría de Educación departamental y otros actores. Este es el comunicado:
Por su parte, los indígenas Emberá Katio del resguardo La Puria, La Marcella, Guayabal, Río Claro y Río Mumbú dieron a conocer que el jueves 22 de septiembre iniciaron una minga pacífica en el sector de El Doce porque “las instituciones de orden departamental no cumplen con lo establecido”.
¿Qué dicen los transportadores? Un conductor que lleva tres noches atrapado en la carretera dijo: “ya no hay comida. Nos toca comer arrocito con huevo porque los lugares que vendían traen sus insumos de El Carmen o de Quibdó y por los dos lados está cerrado. Nosotros como transportadores no tenemos por qué llevar las consecuencias de las malas administraciones. Nosotros estamos prestando un servicio, no estamos metidos en la política. Siempre nos ponen de conejillo de indias para poder apretar al pueblo”.
Por su parte, Luz Estrella, dueña de un restaurante en el sector de El Veinte, no ha podido abrir su negocio porque se le acabaron los insumos. “No, estoy que no puedo comprar ni mi comida, no puedo hacer nada. Mejor dicho, la situación está difícil”
La cifra: En lo que va del 2022 ha habido por lo menos 31 bloqueos en la vía que conduce Quibdó- Medellín, la mayoría entre el sector de El Siete y Quibdó.
Esto le permite al alcalde Álvaro José Díaz expedir un decreto para levantar el uso obligatorio de tapabocas en recintos cerrados exceptuando los colegios, hospitales y clínicas.
El anuncio se dio en una reunión virtual donde participó Laín López Martínez, secretario de salud de San Juan del Cesar y los alcaldes del departamento. San Juan del Cesar es el primer municipio de La Guajira de mayor población que alcanza esta meta.
¿Por qué la demora? El proceso de vacunación ha avanzado lentamente. “Ha sido muy difícil. Duramos un año y medio luchando contra un virus muy fuerte, y logramos vencerlo. Hoy estamos luchando contra la idiosincrasia, la indiferencia y la ignorancia de una población que nos está costando mucho más. Pero seguimos con la misma tarea”, explica López Martínez.
¿Qué dice la gente? Algunas personas prefieren que se mantenga el uso obligatorio del tapabocas. “Era muy molesto estar siempre con el tapabocas. Daba mucho calor, y uno se sentía ahogado, además que no todas las personas cumplían con eso. Por ese lado es fastidioso, pero por otro lado sí es importante que en algunos lugares se mantenga el uso, porque hay gente que viene con gripa y no sabe manejar el distanciamiento social. Así podemos seguir cuidándonos”, opina Deivis Celedón.
Independientemente del uso del tapabocas, la desconfianza a las vacunas está vigente. “En mi hogar solo mi esposo y mis hijas se vacunaron por exigencias laborales y aun así contrajeron el virus. Pero yo estoy sana cubriéndome con la sangre de Cristo”, dice una mujer que afirma que no se vacunará.
Lo que sigue: En los próximos días el Alcalde deberá anunciar que el uso del tapabocas en recintos cerrados deja de ser obligatorio.
Durante estos días, algunos comerciantes tuvieron dificultades para continuar vendiendo carne de res e hicieron todo tipo de maromas para surtir sus expendios. Otros decidieron vender otros solo pollo y cerdo mientras se reabastecían.
¿Por qué cerró? Hace una semana Corpoguajira expidió una resolución ordenando el cierre temporal del frigorífico por quejas de los vecinos sobre el manejo de las aguas contaminadas y la aparición de malos olores. El 29 de septiembre se dio la reapertura después de que una comisión de la autoridad ambiental se reuniera con la administración del establecimiento y otros actores municipales, quienes decidieron que no había razones suficientes para mantenerlo cerrado.
¿Qué dice la gente? Víctor, propietario del restaurante “Don Víctor”, tuvo que ir hasta Fonseca para conseguir la carne: “Yo no tuve ningún problema porque apenas me enteré que habían cerrado me fui a surtir de carne para varios días en Fonseca. Traje el producto congelado en cavas higiénicas” contó.
Los expendedores le piden a la Alcaldía municipal que vuelva a poner en funcionamiento el matadero municipal. “Como aquí en el expendio vendemos otras cosas y teníamos producto en bodega, no se sintió tanto la escasez. Pero ya es hora que tomen una decisión sobre la reapertura del matadero La Carolina, para no vivir la zozobra que se generó con el cierre del frigorífico Villanueva”, dijo Frank cuello Rivas, vendedor del expendio Maxi Carnes.
El problema de la carne en San Juan: Hace cinco años, el matadero municipal La Carolina, el único que tenía el municipio, fue excluido por el departamento en el plan de racionalización de plantas de beneficio animal, una resolución que buscaba reducir la cantidad de plantas de beneficio a nivel nacional.
La alternativa más viable para sacrificar ganado es hacerlo en la planta de beneficio de Villanueva, que está a diez minutos. Para los matarifes, esto implica mayores gastos pues además de pagar el sacrificio de los animales, deben costear el traslado de las vacas hasta el municipio vecino. Por eso,muchos prefieren hacer el proceso por cuenta propia sin salir de San Juan, en la ribera del río o en sus propias fincas, sin certificaciones de por medio.
Si le interesa saber más sobre este tema y los peligros de comprar carne sin conocer su procedencia, lea este reportaje.
El resultado: niños y niñas en aulas inundadas y jornadas escolares completas canceladas. Varios videos que circulan por las redes sociales dejaron en evidencia la grave situación:
¿Qué dicen los rectores?: Edward Fragozo, rector de la Institución Educativa El Carmelo, afirma que la situación los tomó por sorpresa y que todo “San Juan estaba bajo el agua”. “Era una situación que nadie podía medir", dice el rector quien explica que junto a los docentes decidió enviar a los y las estudiantes a sus casas. "Los más de 1300 estudiantes de la sede principal se fueron. Igualmente los 345 de las sede Inmaculada también se vieron afectados, como el resto de las instituciones del municipio”.
No es un problema nuevo: "La Alcaldía hizo un trabajo aquí un sistema bastante completo de drenaje pero desafortunadamente los ductos de drenaje no son suficientes para evacuar y el colegio se inunda. Hoy llovió 3 horas y media continuas y lógicamente eso tuvo sus consecuencias" explicó el rector de El Carmelo, Edward Fragozo. Según Fragozo, el secretario de Educación Danilo Araujo Daza acordó destinar recursos para ampliar el drenaje de la educación, teniendo en cuenta que la ola invernal probablemente continúe hasta fin de año.
Lo que sigue: Las lluvias continuarán durante los próximos días. Yolanda Gonzalez, directora del Ideam, alertó el 22 de septiembre que aumentó a 90 por ciento la probabilidad de que la baja presión en mar Caribe se convierta en depresión tropical. Es decir, en varias zonas de La Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta y otras regiones Caribeñas. Las fuertes seguirán y es probable que lleguen acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos..
Con esta entrega, la Alcaldía espera incentivar el fortalecimiento de las habilidades musicales y artísticas de los niños, niñas y adolescentes del municipio para que se interesen en cultivar las expresiones culturales autóctonas.
Quién fue al evento: Asistieron gestores culturales como Alexander Oñate, Johnny Gámez y Rafa Carrillo, quienes aseguraron que estos instrumentos representan la continuidad de la cultura y las artes en el municipio.
¿Qué dijo la gente? “Esta entrega hoy representa un día muy grande para la Casa de la Cultura. Estoy muy agradecido porque ese apoyo permite que mi hija siga avanzando, porque un artista pequeño con estos apoyos se montará mañana en una tarima como un artista grande”, afirma Ismael Gonzales, presidente de la Junta de Acción Comunal.
“Estos escenarios permiten alejar a nuestros jóvenes de los embarazos precoces y la drogadicción. De igual manera no es solamente educarlos como compositores o ejecutores de un instrumento, sino también formarlos dentro de una sociedad que necesita transformar a los jóvenes”, opina Obdulio Mendoza coordinador casa de la cultura.
El contexto: Aunque San Juan del Cesar es la sede del Festival Nacional de Compositores y varios de los versos de reconocidas canciones se han vuelto refranes entre sus habitantes, la comunidad dice que su cultura se está perdiendo y que es necesario involucrar a las nuevas generaciones. En el municipio solo hay dos escuelas musicales.
El evento organizado por el canal RCN comenzó en la mañana del lunes 19 de septiembre con el programa en vivo “Buenos días Colombia” y terminó con la proyección del primer capítulo de la novela a las nueve de la noche.. Durante el lanzamiento se presentaron artistas como Orlando Liñan, Beto Villa JR, Laura Zuleta y Cayito Dangond. El público asistente esperaba la llegada de Silvestre Dangond, quien protagoniza la novela, pero el cantante no se presentó.
¿Qué dijeron los asistentes?: A pesar de que la novela sobre Leandro Díaz es la cuarta gran producción grabada en el municipio, esta fue la primera vez que se organizó un evento de lanzamiento. Varios de los asistentes destacaron esto. “Me alegra mucho que lo hayan hecho acá en nuestro municipio, ya que es el más grande y se dio la oportunidad de que asistieran personas de otros municipios y corregimientos cercanos”, dijo Leannis Paola Gonzalez Orozco, una de las asistentes. Sobre el primer capítulo, opinó que “me pareció genial, hubo mucha trama, diversión, suspenso. Me gustó mucho y voy a seguir viendo la novela”.
La controversia alrededor de la novela: La elección del sitio del lanzamiento de la novela despertó las críticas de algunos habitantes del municipio de Hatonuevo, lugar de nacimiento de Leandro Diaz, para quienes la telenovela debió haber sido lanzada en su tierra. Algunos mostraron su inconformidad en redes sociales.
Al mismo tiempo, espectadores locales de la telenovela dijeron que la historia reconstruida por el canal RCN no guarda fidelidad con la vida del cantante.
Más de diez familias contrataron el servicio de internet para sus hogares y pagarán una tarifa que va de los 70.000 mil a los 105.000 pesos, valores que consideran “asequibles”. Según algunos integrantes, utilizarán este servicio para acceder en tiempo real a las noticias, recibir información e investigar las tareas de la escuela de los niños.
¿Por qué celebran la noticia? En la vereda La Argelia, así como en Guaduas, El Once, El Quince, El Lamento, El Yarumo, El Dauro, El Cinco, La Puria Sabaleta y El Consuelo, no hay señal de móvil. La única opción para estar conectado es pagar altas tarifas mensuales (entre 180.000 y $200.000) además de los costos de instalación (algunos ascienden a $600.000) a los dos únicos proveedores de internet que existían..
¿Y el proyecto del Mintic? La Argelia era una de las veredas que resultaría beneficiada por el proyecto de centros digitales con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) pretendía cerrar la brecha de conectividad entre las zonas rurales y las urbanas del país. En diciembre de 2020, el MinTic priorizó 20 escuelas del municipio para crear varios centros digitales, pero los equipos que el contratista Unión Temporal Centros Poblados instaló en diez escuelas no funcionan desde hace más de un año.
Qué dice la gente: “Como el proyecto de MinTic fue un fracaso, los habitantes perdimos la esperanza de estar comunicados, lastimosamente lo que le debería a uno garantizar el gobierno, lo terminan haciendo empresas privadas que se enriquecen con nuestras necesidades”, dice Valentina Rivera. Y agrega: “Sin embargo, estoy feliz con la llegada de esta empresa, porque tienen precios más económicos y la señal es buena”.
¿Cómo fue la feria? La feria, que se llevó a cabo durante el 17 y 18 de septiembre, contó con la participación de casi 50 representantes de los sectores de manualidades, artesanos y emprendedores artísticos de diferentes municipios del departamento de Antioquia. Los emprendedores de Aguadas Caldas y El Carmen de Atrato fueron invitados especiales.
Durante el evento se exhibieron y comercializaron productos típicos y artesanales y se intercambiaron ideas de negocio. La feria también sirvió para que los dueños de algunos negocios establecieran alianzas y se encontraran con paisanos.
¿Qué dijeron los emprendedores? Alejando Ortega, productor de café, quedó muy satisfecho con la jornada y dijo que los compradores destacaron la calidad de su producto: “El balance de la jornada fue muy satisfactorio. Vendí como 180 tintos y más o menos 80 libras de café tostado”, contó.
La opinión de un carmeleño: Alejandro Jaramillo Herrera, un carmeleño que vive en el Valle de Aburrá, afirmó que le alegran este tipo de espacios porque sirven de encuentros con la colonia carmeleña. “Qué bueno traer esos sabores de mi tierra natal, además que son de muy buena calidad”, dijo.
La ñapa: Si le interesa conocer más sobre la panadería La Mariela, no se pierda este video en el que Luis Ángel y Dora, sus fundadores, cuentan la historia de su negocio:
