Un día después de que la comunidad de Caracolí levantó el bloqueo que mantenía en el puente El Guanábano, para socializar la firma de un convenio interadministrativo con la gobernación de $2.686 millones de pesos para arreglar la vía rural Guayacanal a Tembladera.
Los detalles: Las actividades derivadas del convenio se realizarán en los próximos 12 meses, según el cronograma presentado por la Alcaldía, y se harán en dos etapas: dos meses para adelantar el proceso precontractual, en la que el municipio escoge el consultor y 10 meses para ejecutar las obras. El presupuesto presentado por la Alcaldía responde a los estudios y diseños para la pavimentación de la vía que habían sido enviados a la Gobernación el 28 de septiembre.
El contexto:En la madrugada del martes 11 de octubre, la comunidad que estaba protestando por el mal estado de la vía de acceso al corregimiento llegó a acuerdos con la alcaldía para levantar el bloqueo en el puente el Guanábano. Uno de los acuerdos consistía en el mejoramiento de los 51 kilómetros más críticos del tramo de la Ye de Guayacanal a La Laguna. Para esto la gobernación se comprometió a aportar 200 millones de pesos y la Alcaldía 28 millones. Sin embargo, este anuncio de la alcaldía abre la puerta a la pavimentación completa de la vía.
¿Qué dice la gente? La comunidad espera que esta semana se inicie la primera etapa del convenio. Y, sobre todo, que también se dé cumplimiento a los demás acuerdos. “Todos estamos en la misma posición, lo que deseamos es que se nos construya una vía digna” dice Juan Montaño, autoridad wiwa.
Lo que sigue: La comunidad acordó convocar una reunión con la Agencia de Desarrollo Rural e Invías para gestionar la adecuación de la placa huella en la vía para el próximo 21 de octubre. Además la mesa de seguimiento de los acuerdos del paro se reunirá el 18 de octubre.
El juez Ceilis Riveira Rodriguez también pidió a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior (Dancp) continuar con el proceso de consulta previa.
¿Por qué se pronunció el juzgado? Lo hizo en respuesta a un incidente de desacato interpuesto por el consejo comunitario de Los Negros de Cañaverales. En el documento, los líderes comunitarios aseguraban que el Ministerio del Interior y BCC estaban incumpliendo el fallo de tutela que el mismo juzgado había emitido en 2019, en el que se ordenaba respetar el derecho a la consulta previa.
¿Esto qué significa? El juez le dio la razón al consejo comunitario de Cañaverales, que ha insistido en la importancia de que se escuche la voz de la gente que habita en el área de influencia del proyecto. Además, concluyó que no se puede aplicar el test de proporcionalidad en este caso porque la comunidad ha demostrado su voluntad de concertación al solicitar en varias ocasiones una nueva reunión para el proceso de consulta previa.
Esto es importante porque ya no será un juez de la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado quienes deben sopesar los pros y los contras del proyecto, sino la comunidad étnica la encargada de poner sobre la mesa sus preocupaciones.
Que dice la comunidad: Los líderes del consejo comunitario celebraron la decisión. “Nosotros estamos visualizando otra forma de hacer una consulta previa. No como algo mercantil. Vemos la consulta como un espacio que nos permitirá demostrar que el proyecto es nefasto para la mayoría de comunidades que están cerca. Estamos haciendo historia”, dijo Óscar Gamez, presidente del consejo.
El consejo comunitario ha teñido varias reuniones con representantes del gobierno en las últimas semanas. La más reciente fue el 7 de septiembre con Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía, en el resguardo wayúu Tamaquito 2 de Barrancas. Le pidieron detener el proyecto minero y le propusieron ser la despensa agrícola de La Guajira también le pidieron que implemente una política minera enmarcada en el respeto por los pueblos y una mesa técnica permanente de diálogo de alto nivel entre la institucionalidad, autoridades locales y representantes de las comunidades étnicas y campesinas afectadas por la explotación minera en la media Guajira.
Vélez se comprometió a visitar Cañaverales en unos meses, pero no dio una fecha exacta, y dijo que desde el gobierno van a revisar los títulos mineros para crear un nuevo Código de Minas.
Lo que sigue: BCC deberá implementar el proceso de consulta previa con el consejo comunitario. De no lograrse este proceso, el documento explica que se tendrá que convocar una reunión con representantes del la gobernación de La Guajira, la alcaldía de San Juan del Cesar, la Personería municipal, y otras entidades como la Agencia Nacional de Minería y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para discutir los posibles impactos y facilitar la construcción del test de proporcionalidad que soportaría la decisión final.
Por su parte, el consejo comunitario asegura que seguirá defendiendo y exigiendo el cumplimiento de esta decisión ante los entes públicos. Además, solicitará un nuevo estudio de las implicaciones del proyecto, sobre todo a nivel hidrográfico, ante una entidad independiente.
La comunidad del corregimiento Caracolí levantó el bloqueo que mantenía en la principal vía del sur del departamento, en el sector del puente El Guanábano, en la medianoche de este lunes 11 de octubre tras concretar una serie de acuerdos con la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de San Juan del Cesar. El paro, que se inició el pasado 10 de octubre y permaneció activo durante 46 horas, afectó a transportadores y habitantes de la zona que utilizan esta ruta con frecuencia.
¿Qué acordaron? Representantes de la comunidad de Caracolí, la administración municipal y la Gobernación se dieron cita en la sala de juntas del edificio de la alcaldía a las 8:30 de la noche. La reunión duró tres horas y al final la comunidad aceptó, al menos temporalmente, reabrir la vía.
La Gobernación y la Alcaldía se comprometieron a:
¿Cuál fue el motivo del bloqueo? Alrededor de 300 personas, entre ellas indígenas, se instalaron desde el lunes en el puente el Guanábano. Pusieron cabuyas de un lado a otro de la carretera y acomodaron ramas en el asfalto para impedir el paso de automóviles y camiones. Además, montaron carpas para resguardarse del sol y un fogón para cocinar un sancocho.
La comunidad protestó por el mal estado de la vía de acceso al corregimiento que, aseguran, les genera pérdidas económicas y pone sus vidas en peligro. El camino sin pavimentar es estrecho y suele tener derrumbes durante en épocas de lluvia. “Los choferes hacen maniobras para llegar al corregimiento. Pagamos el pasaje más caro del sur de La Guajira: cuesta 50.000 pesos ir a Caracolí”, dice Juan Montaño, autoridad de la comunidad indígena wiwa de Caracolí. Montaño asegura que el mal estado del camino ha llevado a que hoy no haya puesto de salud y el colegio esté deteriorado. “Sabemos que si mejora la vía vamos a poder cubrir nuestras necesidades”, afirma.
¿Qué tan grave fue el bloqueo? El cierre paralizó la movilidad en la carretera y generó una fila de carros y tractomulas de unos 3 kilómetros de extensión. Los transportadores fueron unos de los más afectados. Carlos Ramírez, un conductor que transportaba alimentos a Riohacha, permaneció detenido unas 30 horas. “Estamos sin agua, sin alimentos, y corriendo peligro porque ahorita más tarde puede venir la delincuencia a hacer de las suyas. Nadie nos ayuda, no hay autoridad”, dijo Ramírez el martes en la tarde.
Varios habitantes desistieron de viajar mientras otros buscaron otras rutas para poder desplazarse hacia el norte del departamento. Los conductores de camionetas tomaron las vías de El Tablazo a Conejo, o la de la Ye de Guayacanal a Distracción, que están deterioradas por las lluvias de los últimos días.
Quienes querían pasar por el bloqueo debían tomar un mototaxi hasta el Puente del Guanábano, caminar unos 200 metros, y tomar otro mototaxi para llegar hasta Distracción o a Fonseca. Este trayecto alcanzó a costar 14 mil pesos. Según un mototaxista, que se vio beneficiado y pidió no revelar su identidad, dijo que alcanzó a producir unos 300 mil pesos.
La deuda con Caracolí: En este corregimiento, que es la despensa agrícola de San Juan del Cesar, la gente cultiva yuca, plátano, tomate, guineo, ñame, café, aguacate, leche, carne y otros productos de pancoger. Pero hace 12 años resultó afectado por la construcción de la represa El Cercado. A inicios de los 2000, se clausuró la tradicional vía de acceso al corregimiento y se abrió una vía alterna que sigue en uso hasta hoy.
La comunidad lleva varios años denunciando el mal estado de la vía, como lo ha registrado Consonante. Además, ha reclamado la atención de la Gobernación y del Gobierno nacional para mitigar las afectaciones por la construcción de la represa El Cercado, en el río Ranchería. Pero no han tenido respuestas contundentes. Las peticiones de la comunidad se han convertido en una papa caliente que se han pasado de mano en mano las autoridades.
“Se hace necesario que los entes pertinentes entren a plantear o llevar a cabo un proyecto que mejore la vía o que se haga la pavimentación. El municipio tiene hasta cierta responsabilidad, y la Gobernación, pero es la ADR quien administra la represa”, dice Johana Daza, personera municipal.
Lo que sigue: En los próximos seis días la población de Caracolí conformará la veeduría ciudadana para revisar los avances en las obras. Llevarán los resultados a la mesa de seguimiento programada para el 18 de octubre. Mientras tanto, está pendiente la respuesta del Gobierno nacional a través de Invías y la ADR.
La jornada fue el domingo 25 de septiembre en el municipio de Certegui.
¿Cómo fueron las elecciones? 108 delegados oficiales de asociaciones comunales de los municipios de Bagadó, Novita, Medio Baudó, Medio San Juan, Istmina, Condoto, Tadó, Unión Panamericana, Lloro, Yuto, Quibdó, Riosucio, Bahía Solano y Certegui participaron en la elección. Durante la jornada funcionarios del tribunal de garantías, de la Alcaldía Municipal de Certegui y de la Defensoría del Pueblo hicieron el acompañamiento. El nuevo presidente elegido fue Lenin Gonzales.
¿Y los representantes de El Carmen? La presidenta de Asocomunal de El Carmen de Atrato, Laura Giraldo, resultó electa como delegada ante la Confederación Nacional de Federaciones Comunales. Esta confederación reúne a todas las Federaciones del país bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior.
“Es un logro muy importante asistir a estas elecciones y poder formar parte de la organización en todos los niveles, teniendo en cuenta que el municipio llevaba muchos años por fuera de todos estos procesos. Estamos en un momento histórico, con un nuevo gobierno que apoya los comunales y en donde se abren espacios para la participación ciudadana y social” dijo María Fernanda Vélez, secretaria de la Asocomunal.
La frase del nuevo presidente: “Esta es una oportunidad única de exponer las problemáticas, poder sacar nuestras organizaciones adelante y poder contribuir a través de proyectos y de los beneficios que nos brinda el estado para sacar nuestras comunidades adelante, para decirle al Estado que nosotros como comunales sí podemos”
En esta reunión, que se llevó a cabo el 25 de septiembre en el teatro parroquial y a la que asistieron cerca de 45 personas, se definieron los temas claves a trabajar: la deforestación y la reactivación económica a través de la producción agropecuaria.
¿Qué está pasando? Se acordó que los días 7, 8 y 9 de octubre se realizará la primera mesa de trabajo sobre reforestación; allí se efectuarán visitas de verificación a los predios reforestados por la empresa. Los líderes ambientales están invitando a los ganaderos y dueños de predios a participar en este trabajo conjunto, un tema clave para el cumplimiento de la Órden Séptima de la sentencia T622 que le dio derechos al río Atrato.
¿A qué se comprometió Codechocó? Por su parte, Codechocó se comprometió a enviar el expediente ambiental de la mina a la Corporación socio-jurídica Siembra, esto con el objetivo de poder revisar en qué va el régimen de tránsito a la nueva licencia ambiental y así poder dar continuidad a la segunda audiencia pública.
¿Y Miner S.A.? La empresa se comprometió a socializar con los habitantes de todas las veredas y los entes de control cuáles son las actividades que están realizando en la parte alta del Carmelo. Esto después de que varios asistentes manifestaron dudas sobre las labores de exploración y sus impactos en las cabeceras de la quebrada.
El contexto: Estas mesas hacen parte de los compromisos pactados en la audiencia pública ambiental realizada el 28 de febrero de 2019 a Codechocó, en relación con sus funciones como veedor de la empresa Miner S.A. La mina continúa extrayendo cobre, oro y plata del suelo en El Carmen de Atrato a pesar de que su concesión minera se venció el pasado 23 de enero y la comunidad les ha pedido constantemente proyectos productivos para impulsar el campo, el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, más becas para educación universitaria y apoyo a las instituciones educativas.
La causa de las protestas, según las comunidades, es el incumplimiento del Estado a los compromisos que se han pactado en ocasiones anteriores.
¿Qué tan grave es la situación? A lo largo de la vía hay varios buses de empresas como Rápido Ochoa y varios camiones cargados con alimentos que no han podido moverse. En Tutunendo, por ejemplo, los pasajeros han tenido que bajarse de los buses y seguir caminando hasta el sector de la Troje, más o menos a una hora y media de camino. Los Consejos Comunitarios de la zona han ofrecido ollas comunitarias y alimentos a los transeúntes.
El primer paro fue en el sector de Tutunendo desde el martes 27 de septiembre. Solo hasta hoy Martín Sánchez, alcalde de Quibdó, los secretarios de despacho, representantes de la Diócesis de Quibdó y la Procuraduría, hicieron presencia en el sector para dar inicio a los diálogos con los líderes de las comunidades de Tutunendo, Ichó y Guadalupe
¿Qué piden las comunidades indígenas de El Carmen? El resguardo indígena Emberá Katio de El Dieciocho, emitió un comunicado a la opinión pública manifestando las razones para su bloqueo: “La comunidad indigena se siente indignada porque las autoridades competentes no quieren escuchar la convocatoria que se hace por la autoridad del resguardo convocada para el 27 de septiembre” dice en el documento. Exigen una mesa de concertación y diálogo con la Alcaldía Municipal, la Personería, Gobernación del Chocó, Secretaría de Educación departamental y otros actores. Este es el comunicado:
Por su parte, los indígenas Emberá Katio del resguardo La Puria, La Marcella, Guayabal, Río Claro y Río Mumbú dieron a conocer que el jueves 22 de septiembre iniciaron una minga pacífica en el sector de El Doce porque “las instituciones de orden departamental no cumplen con lo establecido”.
¿Qué dicen los transportadores? Un conductor que lleva tres noches atrapado en la carretera dijo: “ya no hay comida. Nos toca comer arrocito con huevo porque los lugares que vendían traen sus insumos de El Carmen o de Quibdó y por los dos lados está cerrado. Nosotros como transportadores no tenemos por qué llevar las consecuencias de las malas administraciones. Nosotros estamos prestando un servicio, no estamos metidos en la política. Siempre nos ponen de conejillo de indias para poder apretar al pueblo”.
Por su parte, Luz Estrella, dueña de un restaurante en el sector de El Veinte, no ha podido abrir su negocio porque se le acabaron los insumos. “No, estoy que no puedo comprar ni mi comida, no puedo hacer nada. Mejor dicho, la situación está difícil”
La cifra: En lo que va del 2022 ha habido por lo menos 31 bloqueos en la vía que conduce Quibdó- Medellín, la mayoría entre el sector de El Siete y Quibdó.
Esto le permite al alcalde Álvaro José Díaz expedir un decreto para levantar el uso obligatorio de tapabocas en recintos cerrados exceptuando los colegios, hospitales y clínicas.
El anuncio se dio en una reunión virtual donde participó Laín López Martínez, secretario de salud de San Juan del Cesar y los alcaldes del departamento. San Juan del Cesar es el primer municipio de La Guajira de mayor población que alcanza esta meta.
¿Por qué la demora? El proceso de vacunación ha avanzado lentamente. “Ha sido muy difícil. Duramos un año y medio luchando contra un virus muy fuerte, y logramos vencerlo. Hoy estamos luchando contra la idiosincrasia, la indiferencia y la ignorancia de una población que nos está costando mucho más. Pero seguimos con la misma tarea”, explica López Martínez.
¿Qué dice la gente? Algunas personas prefieren que se mantenga el uso obligatorio del tapabocas. “Era muy molesto estar siempre con el tapabocas. Daba mucho calor, y uno se sentía ahogado, además que no todas las personas cumplían con eso. Por ese lado es fastidioso, pero por otro lado sí es importante que en algunos lugares se mantenga el uso, porque hay gente que viene con gripa y no sabe manejar el distanciamiento social. Así podemos seguir cuidándonos”, opina Deivis Celedón.
Independientemente del uso del tapabocas, la desconfianza a las vacunas está vigente. “En mi hogar solo mi esposo y mis hijas se vacunaron por exigencias laborales y aun así contrajeron el virus. Pero yo estoy sana cubriéndome con la sangre de Cristo”, dice una mujer que afirma que no se vacunará.
Lo que sigue: En los próximos días el Alcalde deberá anunciar que el uso del tapabocas en recintos cerrados deja de ser obligatorio.
Durante estos días, algunos comerciantes tuvieron dificultades para continuar vendiendo carne de res e hicieron todo tipo de maromas para surtir sus expendios. Otros decidieron vender otros solo pollo y cerdo mientras se reabastecían.
¿Por qué cerró? Hace una semana Corpoguajira expidió una resolución ordenando el cierre temporal del frigorífico por quejas de los vecinos sobre el manejo de las aguas contaminadas y la aparición de malos olores. El 29 de septiembre se dio la reapertura después de que una comisión de la autoridad ambiental se reuniera con la administración del establecimiento y otros actores municipales, quienes decidieron que no había razones suficientes para mantenerlo cerrado.
¿Qué dice la gente? Víctor, propietario del restaurante “Don Víctor”, tuvo que ir hasta Fonseca para conseguir la carne: “Yo no tuve ningún problema porque apenas me enteré que habían cerrado me fui a surtir de carne para varios días en Fonseca. Traje el producto congelado en cavas higiénicas” contó.
Los expendedores le piden a la Alcaldía municipal que vuelva a poner en funcionamiento el matadero municipal. “Como aquí en el expendio vendemos otras cosas y teníamos producto en bodega, no se sintió tanto la escasez. Pero ya es hora que tomen una decisión sobre la reapertura del matadero La Carolina, para no vivir la zozobra que se generó con el cierre del frigorífico Villanueva”, dijo Frank cuello Rivas, vendedor del expendio Maxi Carnes.
El problema de la carne en San Juan: Hace cinco años, el matadero municipal La Carolina, el único que tenía el municipio, fue excluido por el departamento en el plan de racionalización de plantas de beneficio animal, una resolución que buscaba reducir la cantidad de plantas de beneficio a nivel nacional.
La alternativa más viable para sacrificar ganado es hacerlo en la planta de beneficio de Villanueva, que está a diez minutos. Para los matarifes, esto implica mayores gastos pues además de pagar el sacrificio de los animales, deben costear el traslado de las vacas hasta el municipio vecino. Por eso,muchos prefieren hacer el proceso por cuenta propia sin salir de San Juan, en la ribera del río o en sus propias fincas, sin certificaciones de por medio.
Si le interesa saber más sobre este tema y los peligros de comprar carne sin conocer su procedencia, lea este reportaje.
El resultado: niños y niñas en aulas inundadas y jornadas escolares completas canceladas. Varios videos que circulan por las redes sociales dejaron en evidencia la grave situación:
¿Qué dicen los rectores?: Edward Fragozo, rector de la Institución Educativa El Carmelo, afirma que la situación los tomó por sorpresa y que todo “San Juan estaba bajo el agua”. “Era una situación que nadie podía medir", dice el rector quien explica que junto a los docentes decidió enviar a los y las estudiantes a sus casas. "Los más de 1300 estudiantes de la sede principal se fueron. Igualmente los 345 de las sede Inmaculada también se vieron afectados, como el resto de las instituciones del municipio”.
No es un problema nuevo: "La Alcaldía hizo un trabajo aquí un sistema bastante completo de drenaje pero desafortunadamente los ductos de drenaje no son suficientes para evacuar y el colegio se inunda. Hoy llovió 3 horas y media continuas y lógicamente eso tuvo sus consecuencias" explicó el rector de El Carmelo, Edward Fragozo. Según Fragozo, el secretario de Educación Danilo Araujo Daza acordó destinar recursos para ampliar el drenaje de la educación, teniendo en cuenta que la ola invernal probablemente continúe hasta fin de año.
Lo que sigue: Las lluvias continuarán durante los próximos días. Yolanda Gonzalez, directora del Ideam, alertó el 22 de septiembre que aumentó a 90 por ciento la probabilidad de que la baja presión en mar Caribe se convierta en depresión tropical. Es decir, en varias zonas de La Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta y otras regiones Caribeñas. Las fuertes seguirán y es probable que lleguen acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos..
Con esta entrega, la Alcaldía espera incentivar el fortalecimiento de las habilidades musicales y artísticas de los niños, niñas y adolescentes del municipio para que se interesen en cultivar las expresiones culturales autóctonas.
Quién fue al evento: Asistieron gestores culturales como Alexander Oñate, Johnny Gámez y Rafa Carrillo, quienes aseguraron que estos instrumentos representan la continuidad de la cultura y las artes en el municipio.
¿Qué dijo la gente? “Esta entrega hoy representa un día muy grande para la Casa de la Cultura. Estoy muy agradecido porque ese apoyo permite que mi hija siga avanzando, porque un artista pequeño con estos apoyos se montará mañana en una tarima como un artista grande”, afirma Ismael Gonzales, presidente de la Junta de Acción Comunal.
“Estos escenarios permiten alejar a nuestros jóvenes de los embarazos precoces y la drogadicción. De igual manera no es solamente educarlos como compositores o ejecutores de un instrumento, sino también formarlos dentro de una sociedad que necesita transformar a los jóvenes”, opina Obdulio Mendoza coordinador casa de la cultura.
El contexto: Aunque San Juan del Cesar es la sede del Festival Nacional de Compositores y varios de los versos de reconocidas canciones se han vuelto refranes entre sus habitantes, la comunidad dice que su cultura se está perdiendo y que es necesario involucrar a las nuevas generaciones. En el municipio solo hay dos escuelas musicales.
El evento organizado por el canal RCN comenzó en la mañana del lunes 19 de septiembre con el programa en vivo “Buenos días Colombia” y terminó con la proyección del primer capítulo de la novela a las nueve de la noche.. Durante el lanzamiento se presentaron artistas como Orlando Liñan, Beto Villa JR, Laura Zuleta y Cayito Dangond. El público asistente esperaba la llegada de Silvestre Dangond, quien protagoniza la novela, pero el cantante no se presentó.
¿Qué dijeron los asistentes?: A pesar de que la novela sobre Leandro Díaz es la cuarta gran producción grabada en el municipio, esta fue la primera vez que se organizó un evento de lanzamiento. Varios de los asistentes destacaron esto. “Me alegra mucho que lo hayan hecho acá en nuestro municipio, ya que es el más grande y se dio la oportunidad de que asistieran personas de otros municipios y corregimientos cercanos”, dijo Leannis Paola Gonzalez Orozco, una de las asistentes. Sobre el primer capítulo, opinó que “me pareció genial, hubo mucha trama, diversión, suspenso. Me gustó mucho y voy a seguir viendo la novela”.
La controversia alrededor de la novela: La elección del sitio del lanzamiento de la novela despertó las críticas de algunos habitantes del municipio de Hatonuevo, lugar de nacimiento de Leandro Diaz, para quienes la telenovela debió haber sido lanzada en su tierra. Algunos mostraron su inconformidad en redes sociales.
Al mismo tiempo, espectadores locales de la telenovela dijeron que la historia reconstruida por el canal RCN no guarda fidelidad con la vida del cantante.
Más de diez familias contrataron el servicio de internet para sus hogares y pagarán una tarifa que va de los 70.000 mil a los 105.000 pesos, valores que consideran “asequibles”. Según algunos integrantes, utilizarán este servicio para acceder en tiempo real a las noticias, recibir información e investigar las tareas de la escuela de los niños.
¿Por qué celebran la noticia? En la vereda La Argelia, así como en Guaduas, El Once, El Quince, El Lamento, El Yarumo, El Dauro, El Cinco, La Puria Sabaleta y El Consuelo, no hay señal de móvil. La única opción para estar conectado es pagar altas tarifas mensuales (entre 180.000 y $200.000) además de los costos de instalación (algunos ascienden a $600.000) a los dos únicos proveedores de internet que existían..
¿Y el proyecto del Mintic? La Argelia era una de las veredas que resultaría beneficiada por el proyecto de centros digitales con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) pretendía cerrar la brecha de conectividad entre las zonas rurales y las urbanas del país. En diciembre de 2020, el MinTic priorizó 20 escuelas del municipio para crear varios centros digitales, pero los equipos que el contratista Unión Temporal Centros Poblados instaló en diez escuelas no funcionan desde hace más de un año.
Qué dice la gente: “Como el proyecto de MinTic fue un fracaso, los habitantes perdimos la esperanza de estar comunicados, lastimosamente lo que le debería a uno garantizar el gobierno, lo terminan haciendo empresas privadas que se enriquecen con nuestras necesidades”, dice Valentina Rivera. Y agrega: “Sin embargo, estoy feliz con la llegada de esta empresa, porque tienen precios más económicos y la señal es buena”.
¿Cómo fue la feria? La feria, que se llevó a cabo durante el 17 y 18 de septiembre, contó con la participación de casi 50 representantes de los sectores de manualidades, artesanos y emprendedores artísticos de diferentes municipios del departamento de Antioquia. Los emprendedores de Aguadas Caldas y El Carmen de Atrato fueron invitados especiales.
Durante el evento se exhibieron y comercializaron productos típicos y artesanales y se intercambiaron ideas de negocio. La feria también sirvió para que los dueños de algunos negocios establecieran alianzas y se encontraran con paisanos.
¿Qué dijeron los emprendedores? Alejando Ortega, productor de café, quedó muy satisfecho con la jornada y dijo que los compradores destacaron la calidad de su producto: “El balance de la jornada fue muy satisfactorio. Vendí como 180 tintos y más o menos 80 libras de café tostado”, contó.
La opinión de un carmeleño: Alejandro Jaramillo Herrera, un carmeleño que vive en el Valle de Aburrá, afirmó que le alegran este tipo de espacios porque sirven de encuentros con la colonia carmeleña. “Qué bueno traer esos sabores de mi tierra natal, además que son de muy buena calidad”, dijo.
La ñapa: Si le interesa conocer más sobre la panadería La Mariela, no se pierda este video en el que Luis Ángel y Dora, sus fundadores, cuentan la historia de su negocio:
En el taller, que se realizó con apoyo de la gobernación del Chocó y los gobiernos de España y Costa Rica, participaron voluntarios de siete municipios del departamento, y fortalecieron sus habilidades para gestionar y atender los riesgos que pueden presentarse en sus territorios.
¿Qué aprendieron?: Revisaron qué hacer en caso de deslizamientos o derrumbes y avenidas torrenciales. Estas últimas se dan cuando el nivel del agua de los ríos o las quebradas crece debido a las lluvias. Además, revisaron el plan familiar de atención de emergencias, entre otras problemáticas que están incluidas en el plan de gestión de riesgo municipal.
¿Quiénes participaron?: Mady Agudelo, representante del Hospital San Roque; Omar Benítez, secretario de Planeación
¿Qué dijeron los asistentes?: “Este fue el primer taller presencial para concientizarnos sobre lo importante que es conocer y vincular a la comunidad que conoce su territorio en tareas de gestión del riesgo”, dijo Omar Benítez, secretario de Planeación. Por otro lado, Mady Agudelo, representante del Hospital San Roque, dijo que " fue muy chévere, se hablaron temas muy interesantes y necesarios para la comunidad".
Lo que sigue: El Consejo Municipal de gestión de riesgo tiene la tarea de transmitir esta información a las diferentes veredas del casco urbano y rural la primera semana de octubre.
Este encuentro, que sucedió entre el 16 y el 18 de septiembre, fue el primero de su tipo en el municipio y sirvió para que los y las asistentes se comprometieran a participar activamente en espacios de diálogo, concertación y construcción de políticas públicas.
Los detalles: Los líderes y lideresas se concentraron en discutir acciones para fortalecer el campesinado, abrirle un espacio a los jóvenes en este oficio y avanzar en la búsqueda de su reconocimiento como sujetos de derechos. Además, planearon crear una escuela para el campesinado carmeleño para capacitar a más personas y aportar en la ejecución de propuestas y proyectos.
La actividad fue apoyada por la Diócesis de Quibdó, la Parroquia Municipal, la Alcaldía, la Corporación socio jurídica Siembra y otros líderes de organizaciones sociales y comunitarias como Agroecotur, Asocomunal, Fundación Mesa Social y Ambiental y los Guardianes del Río Habita.
Una frase: “Los campesinos somos un eje fundamental para el desarrollo y la vida de todo un país. Somos una minoría en el departamento y en el Carmen de Atrato estamos siendo totalmente invisibilizados, por ello es importante que se sepa que somos campesinos, que estamos en la región y que no queremos perder nuestro territorio”, dijo Isabel Cristina Rincón.
El contexto: El acceso a la tierra, el estado de las vías y la falta de apoyo para comercializar sus productos son algunas de las preocupaciones de los campesinos carmeleños. Si le interesa saber más sobre sus preocupaciones, puede leer este fotoreportaje.
Después de haberse desplazado hace dos meses desde El Dieciocho hasta Medellín, 124 indígenas Embera Katio retornaron al municipio. El retorno se dió luego de que la comunidad llegara a un acuerdo con la Alcaldía de El Carmen de Atrato para recibir ayuda humanitaria. Además la Unidad de Víctimas de Antioquia incluyó estás familias en el registro Único de Víctimas, que, entre otras cosas, les garantiza seguridad alimentaria durante el primer año tras el desplazamiento. La Alcaldía de El Carmen cubrió los gastos de pasajes, alimentación, acompañamiento por enlace de víctimas, comisaría de Familia y acompañamiento psicológico.
¿Por qué se demoraron tanto en volver? A finales de junio la comunidad había participado en el comité de Justicia Transicional de El Carmen de Atrato para evaluar su situación. Sin embargo, el comité, que estaba conformado por autoridades locales, concluyó que no hubo amenazas ni algún tipo de vulneración que causara su desplazamiento. En ese momento la Unidad para las Víctimas de Antioquia empezó un estudio para verificar si estas familias entraban dentro de la ruta de atención de desplazados por actores del conflicto armado. Este proceso duraba 90 días y no fue sino hasta hace dos semanas que la Unidad resolvió que si cumplían los requisitos para entrar dentro en el Registro Único de Víctimas.
¿Qué decidió la Unidad de Víctimas? “Si bien no tuvieron ninguna afectación directamente ellos, ninguna amenaza directa ni heridos, se les reconoció en la declaración ante la Personería por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Se comprobó que en la zona hay presencia de grupos armados ilegales y/o que hay antecedentes de problemas de orden público, situación que los obligó a dejar su lugar de origen”, dijo Juan Carlos Monroy, de la Unidad de Víctimas de Antioquia.
Líderes y lideresas se reunieron para reflexionar sobre cómo impulsar la construcción de paz y gestionar mejor los conflictos en sus comunidades durante la versión número 35 de la semana por la paz. Entre el 4 y el 11 de septiembre, el equipo parroquial y la alcaldía visitaron varias comunidades rurales e instituciones educativas, también sembraron árboles en los hogares comunitarios y organizaron una marcha por la paz y la reconciliación. Además, el equipo parroquial y Asocomunal organizaron dos encuentros con líderes sociales y ambientales para definir acciones que contribuyan a la construcción de paz en el municipio.
Estos eventos se hicieron en el marco del Día de los Derechos Humanos y el Día de San Pedro Claver, misionero que dedicó su vida a aliviar el sufrimiento de esclavos en Cartagena de Indias.
Dos iniciativas destacables: Uno de los resultados más importantes fue el compromiso de un grupo de líderes de formular un proyecto para dar cumplimiento prioritario a la orden 7° de la sentencia T-622 de la Corte Constitucional, relacionada con la productividad y la autonomía alimentaria. Por otro lado, los integrantes de Asocomunal construyeron un plan de desarrollo comunal que esperan ejecutar este año, y una propuesta para capacitar a las comunidades en la nueva ley comunal. También discutieron una ruta para la resolución de conflictos.
¿Qué dijeron los participantes? Destacaron la importancia de tener el apoyo de la comunidad y de retomar las acciones comunitarias que se perdieron en el territorio como consecuencia de los años de violencia. “Es necesario buscar estrategias para evitar que nos sigan dividiendo; concientizar a las personas para trabajar unidos, sin importar la política, la religión o el estrato social. También hay que exigirle al gobierno local sus responsabilidades frente a las realidades de las veredas” dijo uno de los líderes asistentes al evento. Otra habitante de la vereda El Siete dijo: “en la vereda nos mataron un presidente de JAC por señalamientos en la época de la violencia política en Colombia, hoy estamos buscando que en las juntas de acción comunal hagan cosas representativas para nuestras comunidades”
Más de 100 adultos mayores de 60 años provenientes de La Mansa, La Argelia, El Siete, El Porvenir, La Arboleda, Zona Centro y una delegación del municipio de Betania, Antioquia, se reunieron para celebrar el día del adulto mayor el martes 13 de septiembre. Durante la jornada, se realizó una comparsa que recorrió las calles desde el parque hasta el coliseo municipal, un intercambio de experiencias y conocimientos con Betania y un encuentro intergeneracional con artistas de diversas edades. Además hubo serenata y cantantes.
Por qué es importante: Para Natalia Mazo, secretaria de salud del municipio y organizadora de la actividad, esta celebración permite “sensibilizar a toda la población sobre la importancia que ellos tienen por su experiencia y por su conocimiento, para que no sean ignorados o dejados a un lado y buscar redes de apoyo para protegerlos”.
Qué dijeron los adultos mayores: “Yo me sentí como una niña de 15 años, se me olvidaron los dolores, pasamos muy delicioso y nos integramos entre nosotras mismas y con personas de otro municipio”, dijo Marleny de Jesús Taborda, del club de la salud de la zona urbana. Para ella los clubes de la salud son importantes porque son un grupo que se ha venido consolidando y cada día crece más: “cada 8 días nos acompañan con la gimnasia y están muy pendientes de uno, estamos haciendo ejercicio para la salud”.
Lo que falta: Para Marleny de Jesús Taborda al adulto mayor en el municipio le falta un espacio propio en donde pueda desarrollar sus actividades, teniendo en cuenta que el coliseo o las canchas disponibles se deben compartir con los demás grupos etarios en el municipio.
Hasta un millón de pesos podrían llegar a pagar los propietarios de los lotes enmontados en la zona urbana de San Juan del Cesar. La alcaldía emitió el decreto 054 con el que sancionarán a los propietarios de los lotes sin edificar que no estén cerrados con paredes seguras y de difícil acceso, que se encuentren enmontados, que hayan sido convertidos en basurero o que sean usados por delincuentes o drogadictos.
Una estrategia para combatir la inseguridad: Con esta medida, la Alcaldía busca hacerle frente a la inseguridad en el municipio. Según Jesús Manuel Rois, inspector encargado, varias de las denuncias de hurto que llegan a la Policía son cometidos en los alrededores de estos lotes debido a la falta de visibilidad por la vegetación y la oscuridad. Además, esperan que esta limpieza reduzca los casos de dengue que han aumentado en las últimas semanas.
¿Cómo funcionará el decreto? Después de notificado, el propietario del lote deberá firmar un acta de compromiso de Convivencia Ciudadana ante la inspección de policía para hacer las adecuaciones necesarias. Si los cambios no se hacen en el tiempo estipulado, el propietario tendrá que pagar una multa de uno (1) a treinta (30) salarios mínimos legales diarios por cada día que pase después de cumplido el término pactado.
Según Jesús Manuel Rois, inspector encargado, los recaudos irán a proyectos de convivencia ciudadana. “Lo que buscamos es adelantar, concientizar, facilitar aquellos ciudadanos para sensibilizarlos acerca de políticas públicas, de limpieza, salud, recreación, cultura, y de otros aspectos sociales que se pueden regir en nuestro municipio” dijo Rois.
¿Qué dice la gente? “Estas estrategias son buenas, sobre todo si son notificadas a tiempo, para poder cumplir con la ordenanza del decreto y apoyar a la erradicación de criaderos de zancudos y aplanar la inseguridad reinante en el municipio” dijo Yadith Velázquez, propietaria de un lote en el barrio Loma Fresca.
Un grupo de 65 vigías rurales de toda La Guajira, en los que están 11 personas de San Juan del Cesar, fue capacitado por Corpoguajira en prevención de incendios forestales, protección de ecosistemas estratégicos y uso y ahorro eficiente del agua. Este grupo tendrá la misión de apoyar la red de gestión del riesgo de alerta temprana en zonas críticas afectadas por incendios forestales, inundaciones, ganadería extensiva, tala ilegal, entre otros problemas medioambientales.
¿Qué harán en San Juan? Los vigías deberán vigilar el río Cesar para evitar que personas sigan extrayendo material de arrastre como arena, gravilla y piedra a su paso por el corregimiento de los Pondores donde en los últimos meses la fundación Salvemos el Rio Cesar activó las alarmas de denuncias. “Esta primera red permitirá el empoderamiento de las comunidades sobre el territorio, para aportar y apoyar la gestión ambiental que desarrollamos en toda La Guajira”, afirma Samuel Lanao Robles, director general de Corpoguajira.
Qué dicen los vigías: “A través de nuestro trabajo estamos generando conciencia y estamos dispuestos a contribuir con el cuidado del medio ambiente”, dice Luis Ramos.
“Hemos conformado esta primera red que implementará importantes acciones que estarán acompañadas de un trabajo de sensibilización y capacitación que permite el empoderamiento de las comunidades
En pantalla gigante y con la presencia de Silvestre Dangond se estrenará el primer capítulo de la novela de Leandro Díaz el próximo lunes 19 de septiembre. El evento de lanzamiento será desde las seis de la tarde en la tarima Juancho Rois, y además de contar con la presencia del cantante vallenato, asistirá parte del elenco de la novela y representantes del canal RCN.
Qué dice la gente: “Este estreno es algo que esperábamos con mucho entusiasmo y que bueno que sea en nuestro municipio donde se ha desarrollado esta historia. Nos permite dar a conocer muchos sitios y paisajes turísticos, así como en su momento también influyó en la reactivación económica”, manifiesta Brayan Molina estudiante infoteista con mucha expectativa sobre el lanzamiento.
El contexto: Desde inicios de año la presencia del equipo de producción y el elenco del canal RCN transformó la cotidianidad. La grabación de la novela se convirtió en una fuente de ingresos para el sector hotelero, turístico y ayudó a la reactivación económica. Puede leer más sobre el impacto de la telenovela de Leandro Díaz en San Juan del Cesar aquí.
Augusto Mejía, de 19 de años, comienza su día desde las cinco de la mañana. Se levanta, se baña, se pone el uniforme y sale en su cicla. Desde el barrio 12 de Octubre hasta la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Fonseca tarda cinco minutos, o diez, dependiendo de la energía que tenga. Si no tiene bicicleta, son 15 o 20 minutos caminando. A las seis y media de la mañana ya está en el colegio, listo para empezar clase. Y para desayunar. Tiene clases hasta las doce y media, luego un receso para almorzar , y por ser estudiante de undécimo grado debe estudiar otras dos horas y media. La segunda jornada se acaba a las cinco y llega a su casa a las cinco y media de la tarde.
Desde hace más de 18 días Augusto hace toda esta rutina prácticamente sin comer. Durante este tiempo el cansancio o el mareo le han ganado un par de veces y ha faltado a la segunda jornada. Es lo mismo cada vez que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se suspende en La Guajira. Este año ya van tres veces.
Así como Augusto, más de 8.688 estudiantes de las cinco Instituciones Educativas de Fonseca, con cada una de sus sedes, llevan más de dos semanas sin recibir el desayuno o el almuerzo que garantiza el PAE. Las consecuencias de esto empiezan a ser notorias, principalmente con el aumento de la deserción. A un curso de primaria al que normalmente asisten 32 niños y niñas, en la sede de primaria Cleotilde Poveda del colegio Tomás Emilio Medina, en la última semana solo han asistido entre 15 o 18 estudiantes.
A las profesoras y a la coordinadora Nelvis Peralta los mensajes en Whatsapp de los padres y madres de familia preocupados les llenan el celular cada mañana: “Coordinadora no se lo voy a mandar porque anoche no hubo comida y no lo puedo mandar así”, le dice uno de los padres en la mañana del lunes. Para muchos, el desayuno que le daban cada día a sus hijos en el colegio era un alivio económico, y sin esa ayuda, no tienen más opción que dejarlos en la casa mientras consiguen para la comida del día.
El PAE brinda un complemento alimentario (desayuno, complemento o almuerzo) a los niños, niñas y adolescentes de los colegios públicos. Los criterios para otorgar este servicio son: que en el colegio haya jornada única, que pertenezca a una zona rural, y, si pertenece a zona urbana, que atienda a población vulnerable (población de comunidades étnicas, víctima del conflicto armado, o con vulnerabilidad nutricional y socioeconómica)
El problema de la deserción
En San Juan del Cesar la falta de alimentos también ha dejado pupitres vacíos. En la Institución Educativa Normal Superior, que tiene más de 1600 estudiantes en tres sedes, las directivas han tenido que recortar dos horas de la jornada educativa. Los estudiantes de décimo y undécimo grado tienen que volver a su casa desde el mediodía porque no hay almuerzo, y los otros grados que están en jornada única no tienen merienda. Según el rector Edward Fragozo el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes va en picada.
Y es que, “el PAE se percibe como un incentivo para que los estudiantes asistan más a la escuela y facilita el proceso de aprendizaje, lo que se traduce en mejor rendimiento académico”, dice una investigación publicada este año por el Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), de la Universidad de los Andes. Según el estudio, los estudiantes que reciben el PAE en Colombia tienen menos probabilidades de ausentarse, desertar y repetir un año escolar comparado con los que no tienen el beneficio.
Como Augusto, Luis Sebastián Maestre, de undécimo grado, también se levanta a las 5:30 de la mañana, para llegar a la Institución Educativa Manuel Antonio Dávila, en San Juan del Cesar. Tampoco desayuna. Cuando puede, lleva merienda, cuando no, termina la jornada sin haber comido nada. “Ya por la costumbre es rara la vez que me da hambre —dice Luis— pero sí me hace falta (el PAE)”. En su colegio se obligan a salir más temprano porque la energía a los estudiantes ya no les alcanza para terminar la jornada escolar.
Esta tampoco es la primera vez que se suspende el servicio del PAE en San Juan del Cesar. En lo corrido del año ha habido problemas en el suministro debido a los anuncios de paros armados declarados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en La Guajira. El 13 de mayo, la justificación del PMA y la Gobernación fue que no había transporte para llevar los alimentos.
Además del problema de abastecimiento, los rectores de los colegios de San Juan han denunciado que no tienen la infraestructura adecuada para almacenar, cocinar y servir las comidas. En el municipio solo hay un restaurante escolar en el megacolegio Altos de la Prosperidad. Las demás instituciones tienen espacios improvisados mientras esperan la inversión de los gobiernos departamental y nacional.
¿Por qué no llega el PAE?
El 21 de agosto, la Contraloría alertó que en La Guajira el programa podría quedar suspendido por un problema político, pues en este departamento el gobernador José Jaime Vega se encuentra encargado y no en propiedad. La Asamblea Departamental debía darle facultades a Vega, para que él pudiera hacer una modificación del presupuesto con el fin de incorporar los recursos que los municipios aportan al programa. Para entonces, la Asamblea no lo había hecho. Con esa autorización, la gobernación debía pagar las responsabilidades adquiridas con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que es el operador del PAE en La Guajira desde 2017.
Pero ocurrió lo que la Contraloría temía. Solo hasta el 24 de agosto la Asamblea Departamental facultó a Vega para modificar el presupuesto de La Guajira. En ese momento, Fabián Acosta, secretario de Educación del departamento, envió una circular anunciando que con estas acciones el servicio se reanudaría el lunes 29 de agosto, pero eso no pasó. Sólo unos días después, el 5 de septiembre, Danilo Araujo Daza, secretario de Educación encargado, dijo: “ya tenemos consolidados los recursos que van a posibilitar que en el día de hoy sean girados al Programa Mundial de Alimentos que es quien lidera y quien está a cargo del PAE”. Pero el alimento no llegó.
El jueves 8 de septiembre el gobernador (E) tuvo una mesa de trabajo con la Asociación de Docentes de La Guajira (Asodegua) y la Asociación de Rectores de La Guajira. Allí se habló de la posibilidad de decretar Emergencia Educativa en el departamento, con esto podría solucionar el tema del PAE y la falta de transporte escolar que también tiene bloqueados a los y las estudiantes desde la semana pasada, además de llamar la atención del gobierno nacional. Durante esa reunión el secretario de Educación Danilo Araujo aseguró que ya se estaban girando los recursos para que el PMA pueda hacer los pagos pertinentes, pero advirtió que no iba a ser inmediato: “Este programa necesita por lo menos una semana para comprar provisiones y poder reiniciar”, explicó el secretario.
El PAE en La Guajira y en otros siete departamentos vive un momento crítico. Según el último informe de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y de la mano del Ministerio de Educación Nacional y su Unidad "Alimentos Para Aprender", UAPA, 453.481 niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiantes de colegios públicos no han recibido el beneficio en lo que va del segundo semestre del calendario académico.
Más de 453 mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiantes de colegios públicos no han recibido el PAE en lo que va del segundo semestre del calendario académico.
Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana
En la misma investigación, la Contraloría se dio cuenta de que en 29 colegios (de 183 que sirvieron de muestra), no se realizaron entregas del PAE el día en que inspeccionó los establecimientos. Además, encontró que en 28 de las instituciones educativas visitadas (15 por ciento) no hay cocina, 33 (el 18 por ciento) no tiene comedor, 39 (el 21 por ciento) no cuenta con un lugar de almacenamiento y la misma cantidad no tiene un lugar para la refrigeración de los alimentos.
La veeduría al programa es una de las falencias más grandes. En 125 de las instituciones visitadas por la Contraloría (el 68 por ciento), aún no se han conformado las veedurías de padres de familia y en 24 (el 13 por ciento) aún no están conformados los Comités de Alimentación Escolar (CAE).
Sin embargo, la conformación de los comités tampoco es una garantía. Por ejemplo, en el colegio El Carmelo de San Juan del Cesar, el rector, representantes de los padres de familia, docentes, beneficiarios, )el contralor,el personero estudiantil y representantes de las manipuladoras conforman un CAE, pero es poco lo que pueden hacer. Al final de cada una de sus reuniones queda un pronunciamiento y la constancia documental de que siguen sin recibir el alimento, pero el problema continúa.
Un futuro incierto
La Contraloría llamó la atención a las Entidades Territoriales Certificadas que ejecutan el PAE, para evitar la suspensión del servicio y garanticen el servicio durante todo calendario académico, como lo ordena la Ley 2167 de 2021. Y sobre todo pidió que aseguren la disponibilidad de recursos por períodos iguales o superiores a la temporada escolar por parte de los distritos, departamentos y municipios.
Por otra parte, la Unidad "Alimentos Para Aprender", UAPA, ha señalado la importancia del control social durante las fases de planeación y ejecución del PAE y de la conformación de veedurías de padres de familia y Comités de Alimentación Escolar.
Por ahora, el futuro del PAE es incierto. El pasado 18 de agosto, el presidente Gustavo Petro expresó su interés en cambiar el manejo del programa durante su gobierno. Indicó que el sistema debía estar administrado por las asociaciones de padres de familia y que la alimentación debía ser mucho más que un refrigerio: “Lograr una nutrición real de la población que llega al colegio, es lograr que asociaciones de padres de familia los que tengan bajo su responsabilidad los dineros, la compra de alimentos, y la elaboración ojalá para que todos los niños y niñas de Colombia pudieran tener comida caliente mientras estudian”, dijo. Sin embargo, en La Guajira, mientras se formula una solución de fondo que resuelva los problemas de la alimentación estudiantil, Augusto, en Fonseca, Luis Sebastián, en San Juan del Cesar, y sus compañeros solo esperan que se reanude el servicio de alimentación estudiantil que para ellos, en la mayoría de veces es la única opción de recibir almuerzo y una merienda en el día.
