Leída Rodriguez vive con picazón en la piel por la calidad del agua que consume. Ella es habitante del barrio San Francisco y no entiende por qué tiene que pagar por un agua que no es potable y que sabe que la enferma. 

“Cuando crece el río, el agua viene con mugre. A veces, viene verde- amarilla y hace un fondo a las vasijas como baboso”, dice a Consonante y es una de las razones por las que optó por hervir el agua. “También para no tener que comprarla en la tienda, porque eso me llevaba arriada”.

Rodríguez recibe un salario mínimo y es quien vela por la economía de su casa, en la que vive con una de sus hijas. Diariamente hierve el agua en el fogón pero, explica, aparece en la superficie una nata brillante. Esto tiene que hacerlo a pesar de que llega una factura que ante la ley garantiza que la prestación de este servicio es óptima y, además, paga el gas con el que la potabiliza.

“Si no es con turbina, no nos llega agua. Pero cómo voy a pagar un servicio que me está generando más gasto. Yo debo millones de facturas de agua y, supuestamente, voy por más de cinco... Pero no voy a pagar esa plata”, declara la sanjuanera.

Según la empresa Veolia, la captación se encuentra ubicada en el corregimiento de Corral de Piedra. Allí tienen una bocatoma con capacidad aproximada para captar un caudal de 400 litros y con una filtración de sólidos que funciona para la empresa pero no para la ciudadanía.

¿Qué está pasando?

Al empezar el día, mientras se toman un pocillo de café por la mañana, como Leida Rodríguez muchos sanjuaneros se preguntan “¿dónde toca el agua hoy? ¿Será que si alcanzo a recoger? ¿Por qué en aquel barrio hay agua?”. 

Desde hace más de 20 años hay una constante preocupación por la prestación ineficiente de este servicio que expone a la ciudadanía a enfermedades, a no tener cómo cocinar, a no poder bañarse o a depender de la voluntad de la empresa prestadora del servicio.

“En San Juan del César el acceso al agua es lo más desigual”, recalca Rodríguez. “Otra hija que no vive conmigo me cuenta, y sabemos que cuando hay agua aquí, en su casa no hay (y viceversa) y así vivimos”.

De los treinta días del mes, en el municipio el agua solo se presta con calidad durante quince días, eso sin contar que a veces una gota de agua se demora en caer hasta siete días a causa de lluvias que hacen crecer los ríos y colapsar el acueducto.

El agua es suministrada por un sistema de sectorización con un cronograma de servicio estipulado por la parte administrativa de Veolia. Para ese suministro de agua hay barrios que son informales y, en este momento, no cuentan con un servicio legalmente establecido.

¿Qué dicen en otros sectores?

En el barrio Las Tunas se presta el servicio de agua también un día de por medio. “Algunas veces han durado tres, cuatro o cinco días en que el agua no llega (actualmente es así) y nos dicen que el río está crecido”. Eso, según María Isabel Rodríguez, ha hecho que recojan agua en tanques, tazas, ollas y canecas para evitar comprar en bolsa.

“A veces uno ni siquiera tiene agua para bajar los baños o para bañarse”, agrega Rubí Hernández, otra habitante del sector. Las vecinas tienen conocimiento de todas las veces que la administración pública ha prometido mejorar la prestación del servicio pero, por la falta de cumplimiento, las expectativas son menores.

“Es que nunca ejecutan […] Es algo que siempre ha estado latente y que no se ha dado, y eso viene más que todo de la alcaldía o del candidato de turno que nunca ha tenido la iniciativa de ejecutar, entonces nosotros decimos que como no viene potable y es inestable cuando se presta, no vamos a pagar”, repite Maria Isabel Rodríguez.

En San Juan se afirma  que mientras lo público no le cumpla a la ciudadanía; esta tampoco está dispuesta a cumplir con su deber. Al panorama se suman los riesgos asociados a la salud pública que han sido denunciados e ignorados por la administración local.

Una habitante asegura que ha tenido dos hijos con dengue hemorrágico por estar guardando agua y que tuvo una hija en UCI por agua contaminada que se almacenó en un tanque. Quienes no tienen el servicio garantizado dicen que debieron acostumbrarse a la falta de cumplimiento y doblar medidas de cuidado.

¿Qué dicen los funcionarios?

Según Fidel Pitre, inspector de servicios públicos, “San Juan del Cesar creció exponencialmente en número de barrios y habitantes; eso aumentó la demanda del servicio y por eso el alcalde Enrique Camilo Urbina está generando proyectos para mejorar la infraestructura”. 

Pitre dice a Consonante que la zona rural tiene prioridad y que Urbina actualmente prioriza los corregimientos La Junta, La Peña y Villa del Río. “Entre la represa del río Ranchería y el acueducto que tenemos ahora, tendremos un acueducto regional y eso quiere decir que nosotros vamos a tener la capacidad, así por cauce natural, de tener una bocatoma del río César —como viene pasando, pero con lo que quedamos sin agua muchos— y tomar el agua directamente de la represa”.

Para el inspector “hace falta una mayor disciplina por parte de la comunidad”. Él cree que eso serviría para tener un mejor servicio de acueducto en San Juan. En eso coincide Esteban Rodríguez, gerente de Veolia, quien cree que los habitantes de sectores sin conexión no están haciendo un buen uso del servicio. “En esos barrios subnormales, no solo toman agua sino que la desperdician, la utilizan como moneda de cambio, la venden, hacen cualquier cantidad de cosas”, dice a Consonante.

Para el gerente la desigualdad que la ciudadanía asocia con el servicio tiene que ver con la manera en que ha hecho conexiones al acueducto de forma irregular y por cuenta propia. “En estos tres años largos de operación hemos ido corrigiendo todas esas situaciones que no permiten un servicio 24/7. No es desigual, lo que pasa es que hoy hay que hacer unos ajustes en el sistema ya que, por el desorden urbanístico, hubo barrios donde primero se construyeron las casas y después se preguntó dónde estaban las redes de agua”.

San Juan del Cesar tiene 49.584 habitantes según el censo del DANE de 2020. Esto sin contar la entrada de la diáspora venezolana. De estos, según aseguró Esteban Rodríguez de Veolia, solo mil reciben agua potable (en barrios como El Prado, Enrique Brito, en Las Delicias, El Carmen y Chapinero); es decir, solo el 2.02% de la población tiene un acceso digno al servicio público.

Las mujeres de Quibdó sobreviven entre denuncias diarias de violencia doméstica, aumento de feminicidios, circulares con amenazas de muerte, desplazamiento forzado y males colaterales de la guerra territorial. Tan solo hoy, en la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, asesinaron a Ingrid Yulieth Palacios en el sector La Playita. 

El panorama, sin embargo, es menos grave que el de hace dos meses cuando circuló un panfleto que amenazaba de muerte a más de 27 mujeres de la capital chocoana. La lista, conocida como el ‘plan feminicidio’, fue enviada por paramilitares y produjo un éxodo silencioso de lideresas.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia N° 024-24 en la que advirtió que la situación de violencia es crítica y que la vulneración de derechos humanos, en especial contra las mujeres, va en aumento.

Proponer otros caminos diferentes a la confrontación armada en Quibdó se ha convertido para las defensoras de derechos humanos en un peligroso riesgo de persecución y autoimposición de mordazas. 

Según Sharon Ochoa, representante de la Organización de Barrios Populares de Chocó - OBAPO, la pobreza extrema en mujeres del departamento está asociada a su alto índice de desempleo y el volumen de violencia al que están siendo sometidas, dice, es proporcional a la tensión que hay entre organizaciones al margen. Consonante la entrevistó.

Consonante (C.): ¿Qué ocurrió después de que Quibdó ocupara las primeras planas por el ‘plan feminicida’?

Sharon Ochoa (S.O.): Tengo entendido que lo que se ha propuesto viene de las organizaciones de mujeres gracias a lo que conversaron de manera interna. No he visto acciones institucionales. Los que accionaron fueron los familiares de muchas mujeres mencionadas en esa lista, ayudando a sacar a estas chicas de Quibdó[…] Y las que pudieron, porque aquí es “sálvese quien pueda”. Quien no puede, se esconde por un tiempo para evitar el peligro. 

Hubo manifestaciones después de esas amenazas y cada quien tiene un motivo qué defender: yo, por ejemplo, también hago parte de la Mesa de cultura de los acuerdos del paro cívico por la dignidad y salvación del Chocó, del 2017, y es desde donde he insistido que la violencia contra las mujeres es un tema que tienen que tocar en las mesas de paz, porque las mujeres están siendo objetivo de guerra.

C.: La oficina del Alto Comisionado para la Paz tiene a Quibdó entre sus prioridades para llegar a acuerdos entre las bandas criminales, ¿cree que ampliar la participación a las mujeres en las mesas de diálogo contribuiría a diezmar el conflicto? 

S.O.: Hay una violencia bastante desmesurada en Quibdó pero es un hecho que quienes están más involucrados en producir esa violencia son los hombres. Y si son los hombres los que toman las decisiones de ingresar a estos grupos al margen, ¿por qué las mujeres están padeciendo las consecuencias? 

Cada hombre que entra a esas filas está obedeciendo a otro hombre y, además, están negociando entre ellos. Entonces claro que tiene que haber una paridad en esas mesas de diálogo, incluso un poco más de mujeres, ya que hemos sido llamadas tantas veces a pacificar y sabemos hacerlo por naturaleza. Entre más hombres lideren estos temas delincuenciales, más violencia habrá contra nosotras.

C.: ¿Cómo promover el cuidado colectivo en cabeza de las mujeres cuando, además de no ser remunerado, se ha convertido en un oficio de alto riesgo?

S.O.: No importa si nos pagan o no, al final siempre somos cuidadoras. A veces ni siquiera llega el agradecimiento, pero de eso no se trata: sabemos proteger. Pero cómo es que en medio de la violencia, cuidar la vida se vuelve un motivo de violencia. Ahí es cuando uno siente que hemos llegado a un punto crítico, en el que uno se pregunta si es mejor ser invisible o un objetivo militar.

C.: Además del conflicto entre grupos armados, ¿qué otros fenómenos considera violentos para las mujeres en Chocó?

S.O.: Desempleo. Es un hecho que si una mujer depende económicamente de un hombre se va a someter a violencia económica, violencia sexual, violencia física y violencia emocional. Eso lo digo con fundamento. 

Hace poco conocí el caso de una chica que tiene sus cuatro hijos y está con una persona que ella sabe que pertenece a un grupo al margen de la ley. Le pregunté por qué, y me dijo: no tengo empleo, nadie me da nada y necesito darle de comer a mis hijos. Ese es un factor estudiado en la Ley 1259 de 2008 (para garantizar  a las mujeres una vida libre de violencia) que demuestra cómo el desempleo, sumado al abandono de hogar por parte del padre, empeora todo. Somos en este momento la ciudad con la mayor tasa de desempleo en el país, somos la número uno en Colombia, y lo peor es que venimos encabezando la lista desde hace más de seis años.

La tasa de desempleo es más alta para las mujeres y, por eso, también lo es la tasa de pobreza extrema para las chocoanas. Nuestros trabajos son remunerados por debajo de la media de los hombres y eso hace que muchas mujeres tomen decisiones extremas. Pero aunque muchos casos se muestran como suicidios, acá en el territorio decimos: pero cómo […] No, pero es que ella no era capaz y después sabemos que fue asesinada. Hoy, nada más hoy, me contaron del caso de una chica que mataron en medio de una balacera. En Quibdó ser mujer es ser un blanco de guerra. 

C.: Además del desempleo, ¿qué otro tipo de violencia cree que hace a las mujeres más vulnerables?

S. O.: La inseguridad. En Quibdó nos roban más fácil a las mujeres y creo que en todo el mundo. Como nos ven débiles, frágiles, eso se vuelve un camino fácil para perder cualquier cosa, desde el bolso hasta que nos quiten en cualquier lado la moto. 

Pienso que hay tantas causas con la violencia desmesurada. Pongo también sobre la mesa los derechos de las mujeres que quieren acceder a un empleo y no pueden porque los empleadores no quieren otorgar permisos para madres que tienen que llevar al niño al grado; permisos porque tienen que ir o llevar a alguien a una cita médica; permisos porque el hijo está enfermo, igual; prefieren no hacerse cargo de las licencias de embarazo; licencias por el período de menstruación (para aquellas que tienen cambios hormonales), en fin, todos son factores para que las mujeres sean excluidas o vulneradas. 

C.: Las mujeres amenazadas que salieron de Quibdó, ¿se desplazaron con algún tipo de garantía del Estado?

S. O.: Protección ninguna. También la sociedad es indolente y hay quienes dicen: "Ah, no, pero es que quién la mandó a meterse con ese tipo o que con ese ese grupo o esa muchacha está con eso, porque también anda en lo mismo". Entonces otra vez es como el sálvese quien pueda. Yo no vi que se hiciera nada desde la institucionalidad. Es que si no hay un seguimiento oportuno cuando maltratan a una mujer para realmente cumplirle todas las condiciones que dice el Estado que debe tener; si no hay las garantías cuando llega a un hospital por parte del personal médico; ¿qué van a haber garantías cuando ya las mujeres se desplazan del territorio?

El canto de las aves y el murmullo del agua acompañaban las pisadas de Darío Puertas, un ecólogo y funcionario de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN que caminaba por el kilómetro 10 de la vereda Las Colonias, en la Serranía del Perijá.

Algo curioso se escondía entre el arrullo selvático. Darío observaba con cuidado una cascada cuando un hermoso secreto se descubrió ante sus ojos: un animal de patas rojas y pinzas color marfil lo miraba desde la orilla, a 1.300 metros sobre el nivel del mar.

Tras unos minutos de silenciosa atención, Darío notó que el crustáceo vive con tranquila majestad bajo piedras cubiertas de limo y entre las raíces húmedas de los gigantescos árboles. 

Ese pequeño rey de la naturaleza, al que nombraron Chaceus Guajiraensis, embellece con sutileza los nacederos de agua. Aunque es un viejo y pequeño habitante de la montaña, deslumbra a quienes tienen la suerte de encontrarlo. Hoy investigadores buscan recursos para que sea protegido y se reconozca su grandeza.

Único en su especie

“Siempre que voy a la zona del Perijá me gusta tomar fotos a todo lo que se mueva”, adelanta Darío. “Nunca esperé encontrarme con un cangrejo en la zona alta de la montaña”. Sin saber de qué especie era, hizo un registro y compartió los hallazgos en una plataforma naturalista buscando respuestas de expertos para desentrañar el misterio. Y así sucedió.

La Universidad Nacional de Colombia llegó a la publicación y envió a especialistas a investigar. El resultado fue revelador: se trataba de una nueva especie de cangrejo de agua dulce, perteneciente a la familia Pseudothelphusidae y del género Chaceus.

“Este cangrejo se caracteriza por su primer par de gonopodos que corresponden a los apéndices que usan para la reproducción y que lo diferencian de otros cangrejos”, dice a Consonante Martha Rocha, investigadora especialista en crustáceos del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional.

La académica cuenta que “Darío Puertas realizó importantes exploraciones en la región a fin de recolectar especímenes e información ecológica relevante para conocer el hábitat de la especie”. Al contactarse, ella inició el proceso de identificación y descubrió que se trataba de una nueva especie diferente a las otras 60 que ya había descrito para nuestro país.

Una vez tuvo el material y la información ecológica, Rocha hizo la descripción acompañada de las ilustraciones del animal. El manuscrito, dice la investigadora, se sometió a consideración para publicar en la Revista Zootaxa de Australia. En junio de 2023 se dio a conocer:

La Universidad Nacional anunció oficialmente el descubrimiento y la comunidad científica se emocionó al presentar al cangrejo Chaceus Guajiraensis que, decían, había nacido nuevamente y, con él, una nueva oportunidad para entender la complejidad de la biodiversidad en Colombia.

Recientemente la especie fue recolectada en una cueva en Barrancas, La Guajira. Sin embargo, la Corporación Ambiental Regional no suministra información al respecto. Investigadores como Rocha, así como campesinos, quieren una mayor atención y recursos para preservar el cangrejo en sus tierras.

El peligro no se esconde

Esta singular especie habita principalmente en la Serranía del Perijá, en las fuentes de agua limpia, donde los habitantes pueden verla deslizarse por el agua con la gracia de un bailarín. Pero la Serranía es un hábitat que enfrenta desafíos significativos. 

Según Marta Rocha, la contaminación de cuerpos de agua, la destrucción de vegetación ribereña y el cambio climático son algunas de las principales amenazas que enfrenta.

La académica sugiere que la creación de áreas protegidas es fundamental para preservar la integridad de los ecosistemas y la gestión sostenible de recursos hídricos, ambas medidas clave para garantizar la supervivencia de estas especies.

Campesinos han notado, por ejemplo, que los cangrejos son más activos durante la noche mientras que, durante el día, se esconden para evitar a sus depredadores naturales, como las aves silvestres y las gallinas o los gatos, animales domésticos que no son depredadores naturales pero que deambulan cerca de los manantiales y los arroyuelos, aumentando su vulnerabilidad.

Esto último representa una amenaza constante para los crustáceos, por eso la población local los cuida como a un pequeño tesoro que trasciende su tamaño.

Héroes silenciosos

Javier Altaona ha vivido cerca del nacedero de un manantial hace más de 50 años. En este lugar también vive una colonia de cangrejos, que han sido objeto de su cuidado y protección durante décadas.

“Cuando descubrí que las gallinas se los comían empecé a devolverlos para el agua porque siempre me levanto primero que las gallinas”. Javier vive solo hace muchos años y estos pequeños animales se han convertido en parte de su familia.

En medio de carcajadas, el campesino cuenta cómo los cangrejos llegan a su casa, trepan por las paredes de barro y hacen pequeños hoyuelos en el patio, donde barre mientras lo dice. “De noche, más que todo cuando llueve, los cangrejos salen a caminar y los ve uno haciendo huequitos por todas partes, aquí mismito”.

Javier se levanta de madrugada y aprovecha para devolver hasta el manantial los cangrejos que han quedado deambulando, antes de que las gallinas despierten. Es cuando se convierte en un guardián para estos crustáceos, a los que además les protege el manantial, impidiendo que los habitantes se conecten con mangueras que podrían agotar su agua. “El manantial es pequeño y es apenas  para los cangrejos”, dice a Consonante.

El cangrejito del Perijá, como lo llaman coloquialmente, se convirtió en un detector de aguas limpias y saludables para las personas de la región. “Donde los hay, el agua es limpia y apta para el consumo humano”, afirma Elena Hernández, defensora ambiental. 

Ella lo conoce desde hace once años. Lo veía cuando andaba por el caño en los nacederos, según recuerda. “Pero ahora lamentamos tanta destrucción y falta de conciencia que pone en peligro la supervivencia de esta y muchas especies: si el mundo sigue como va, desaparece el cangrejo y nosotros también”.

Colombia, según la investigadora Martha Rocha, ocupa el primer lugar en diversidad de cangrejos de agua dulce en el Neotrópico con 113 especies registradas. El hallazgo  de una nueva aumenta la cifra, pero también la responsabilidad por conservar los ecosistemas donde estos organismos habitan, ya que más del 80 por ciento de estas especies de cangrejos son endémicas de Colombia.

De los doce meses del año, diez llueve en el departamento del Chocó. Cae y cae agua por las precipitaciones atmosféricas del océano Pacífico, tanta que uno de los 31 municipios lleva el nombre de Lloró, como alabao al cielo.

A 50 kilómetros de Lloró está Tadó, conocido entre su gente como ‘cielo roto’. Allí, tres días sin llover hacen un verano. El municipio, bañado por los ríos San Juan y Mungarrá, recibe las corrientes del ‘chorro del Chocó’, tal como se conoce el desplazamiento del agua desde el litoral hasta la tierra. 

Ese milagro compensa el servicio que el acueducto no suministra de manera eficiente. Con tanques de almacenamiento y otros sistemas artesanales, la gente se abastece con el agua que la empresa, Aguas de Tadó, solo presta en el área urbana, en algunas localidades y durante dos horas diarias.

Quienes no tienen cómo pagar una bolsa de agua, hierven la que cae en forma de lluvia o la de nacimientos, quebradas y ríos. Sin esa abundancia de fuentes hídricas, el acueducto no podría operar. Lo hace a través de una válvula que capta el agua del Mungarrá, una de las corrientes más contaminadas por vertido de desechos y minería.

Un acueducto anfibio

El agua del Mungarrá llega hasta la planta de bombeo, en donde ocurre el proceso de tratamiento para distribuir al pueblo. “Hay algunos sectores que son muy nuevos y todavía no tienen acometidas de acueductos”, explica el gerente de la empresa pública Francisco Valderrama Moreno.

Según él, el gasto del sistema que eleva el agua hasta el nivel poblado tiene quebrada a la empresa de acueducto. Por costos de energía deben pagar un promedio de 12 millones de pesos al mes para prestar el servicio a cerca de 4.500 personas, quienes, en muchos casos, evaden una factura que va desde los dos mil hasta los cinco mil pesos mensuales.

El 60% de las personas aparentemente asistidas no pagan el servicio en Tadó. En parte porque creen que el acueducto debería ser por gravedad y no por presión y, también, porque no lo ven justo. Eso, dice Valderrama, es otro de sus dolores de cabeza.

“Es que la gente le tiene miedo a la facturación y a pagar (por agua) en un lugar en el que llueve todo el tiempo”,  explica el más veterano de los operarios de la planta de agua y casi el único que la conoce de pe a pa, Diego Fernando Murillo Quintero.

La planta es su laboratorio. Mientras explica el proceso, sostiene con sus manos un frasco de vidrio Erlenmeyer con el agua ya tratada, y vierte por la boquilla cilíndrica las gotas con las que puede demostrar que el PH es el adecuado para el consumo humano. 

Él, como responsable de cerrar cada mediodía la base que potabiliza el agua, la conoce como nadie. Desde la adolescencia trabaja en ella —con algunas interrupciones por periodos— y ha llegado a la conclusión de que con la capacidad actual, y la demanda del municipio, la única alternativa sería una hidroeléctrica.

Valderrama, por su parte, ha hecho unas solicitudes a varias entidades del Estado: a la DIAN; al Departamento de Protección Social; a la Unidad de Gestión del Riesgo; al Ministerio de Vivienda; a la SAE y a entidades privadas como la Fundación Postobón, para invertir en un motor de fusión; una retroexcavadora; una brocheta; otro carro recolector de residuos sólidos (porque solo hay uno disponible), entre otros requerimientos. 

De recibir esto, la empresa de acueducto podría prestar el servicio no dos sino doce horas diarias. Esa, cree Fernando Murillo, sería otra alternativa distinta a una hidroeléctrica para garantizar el acceso de agua potable a las zonas rurales, donde más acueductos comunitarios hay, y con un buen servicio poder fomentar la cultura de pago. 

Soluciones exportadas

En 2019 el municipio de Tadó recibió apoyo de la Cooperación Española y el Gobierno Nacional para optimizar el acueducto construido en 1995. Pese a que se destinaron casi veinte mil millones de pesos, que prometían ampliar la cobertura de acueducto y alcantarillado al 98%, solo se realizaron adecuaciones parciales.

Entonces, cuenta Diego Murillo, un técnico extranjero propuso cambios en el tratamiento de la planta: por ejemplo, reemplazar cloro gaseoso por uno líquido que, para surtir efecto, necesita de agitación diaria.

Aun con los cambios, el acueducto funciona mejor con apoyo técnico del cielo. “Cuando deja de llover no nos llega el mismo caudal para la planta por gravedad. Entonces, ya que necesitamos de esa fuente hídrica, cuando por abastecimiento no nos sirve, nos toca por bombeo”.

La abundancia de agua, enfrentada a las incapacidades logísticas para potabilizarla y ofrecer una cobertura amplia, es otra gran paradoja que reconocen los funcionarios.

“Deberíamos tener un acueducto pensado para nosotros”, anticipa Darlington Yurgaki, el secretario de cultura de Tadó. “París tiene un sistema en el que, cuando llueve, el agua cae al río Sena a través de canales. Yo me pregunto, ¿por qué no conectar aquí las bajantes del agua a un solo punto para que canalizadas se traten después?”.

Según Yurgaki, ningúna zona del mundo tiene la calidad atmosférica que tiene Chocó, “eso nosotros lo sabemos; porque académicos o incluso campesinos en la región han propuesto mecanismos pero, como no han sido escuchados, seguimos esperando a que haya un debate más amplio en torno al agua a nivel nacional”, agrega el secretario de cultura.

Yurgaki cree que la discusión es cultural y propone que, así como en Chocó lograron un gasoducto y oleoducto interdepartamental, también podrían hacerlo con el acueducto. “Es que nosotros, en Chocó, tendríamos como darle agua a otros departamentos del país”, asegura. Con eso coincide Murillo Quintero, el operador de la planta. “Nuestro Chocó serviría de fuente principal para todas aquellas ciudades que necesiten del recurso”.

Sumado a la falta de cultura de pago y a una adecuación a medias, hay otra conducta ciudadana que consiste en esquivar un servicio que considera precario. En las fachadas de las casas del barrio San Pedro hay contadores de agua y energía deficientemente instalados y desconectados por la gente. 

Jineth Sánchez, habitante del sector La Loma, no cuenta con el servicio de acueducto. “Yo no pago porque normalmente lluvia es lo que hay: la verdad sí es esa”, dice a Consonante.

El cielo no cobra

Sánchez asegura que nunca se ha acercado a la oficina de aguas porque considera que de sus proyectos se tienen que beneficiar todas y todos, por eso cree que es la entidad la encargada de buscar a la ciudadanía y velar por prestar el servicio decentemente.

El problema, según Francisco Valderrama, es que la empresa de acueducto puede ofrecer beneficios de descuentos por subsidios pero, exclusivamente, según el consumo per cápita. Con los contadores desconectados, no tiene la empresa cómo sopesar el beneficio estadísticamente. 

“Quitan la manguera que va por un lado y esa manguera se conecta a la otra manguera en donde está el nacimiento o suministro de agua común. Entonces estamos demostrando muy bajo consumo y, por eso, los recursos por subsidios no son tan altos. Eso económicamente también nos tiene en una situación gravísima”, dice el gerente.

Al recoger el agua lluvia y reconocer que el acueducto funciona en gran medida gracias a esta, la ciudadanía prefiere alzar la mirada y dejar a un balde tamboreando con el aguacero para abastecerse. 

“Lluvia es lo que hay. Es un agua que uno recoge de los techos donde tiene que tener en cuenta que hay animales y hay que evitar bacterias, pero sería bueno que el acueducto revise qué está pasando con el agua porque, para eso, son muchas las regalías que entendemos que entran al Chocó”, controvierte Sánchez.

Según un informe de la Contraloría, más de cien mil millones de pesos que ha recibido el departamento para optimización de alcantarillado y acueducto no aparecen. Y, aunque hubo obras ejecutadas, no funcionan.

La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba Curi, ha pedido por su parte la atención del Gobierno. Justo entregó recursos para el plan maestro de acueducto y alcantarillado para la ciudad de Quibdó, la capital. Además de otros procesos en curso en corregimientos de varios municipios en los que Tadó está en fila.

Mientras Valderrama espera la respuesta de la gobernadora, sigue promoviendo la idea de adecuar una nueva planta por gravedad, pues el único motor disponible no lo pueden saturar y de eso es consciente el alcalde Juan Carlos Palacios, ausente en su despacho cuando Consonante avanzó en esta reportería.

“Me da mucha pena que uno como chocoano, uno de los departamentos más lluviosos del mundo, donde más fuentes hídricas existen y con costa en ambos lados, con municipios a orillas del Atlántico y del Pacífico y tres ríos muy navegables: Atrato, San Juan y Baudó, y sin un buen acueducto”, dice el gerente al término de la entrevista.

Además de los riesgos por bacterias que producen enfermedades entre la población, según las y los jóvenes del municipio los ríos están contaminados con mercurio por minería. La propuesta del Consejo de Juventud es de concientización para obtener recursos y descontaminar las cuencas. El secretario de cultura lo apoya y asegura que hay acciones afirmativas a través del reciclaje y con más precaución con la minería artesanal, que reconoce como oficio para la gente. 

“Hay impactos irreversibles que produce la minería, pero no por eso soy menos optimista”, declara. “En este momento estamos avanzando en un proyecto llamado Oro verde. La primera estación es descontaminar culturalmente el río, una misión promovida por consejos comunitarios. La pregunta es si podremos tener en la región sostenibilidad sin que sea tan perjudicial”, dice Yurgaki.

Jineth Sánchez, por su parte, es menos optimista. Aprendió a llamar las cosas por su nombre. “Aquí, cuando no llueve, nos toca ir por agua a la quebrada, lavar los platos, traer de la mano el baldecito, como en los viejos tiempos: todo en el río, hasta que Dios nos dé la oportunidad de que caiga otro poquito de agua”.

En 1963 inauguraron el antiguo teatro César Conto Ferrer en Quibdó, entonces una propiedad de la Lotería del Chocó. Pero después de veinte años de puertas abiertas en que fue centro para las artes vivas del Pacífico, el escenario entró en desuso por otros veinte años.

El Betamax, un formato de vídeo analógico, reemplazó esta y las contadas salas de proyección en todo el país. La obra, célebre entre chocoanos como espacio de reunión, cayó lentamente en deterioro y las paredes se fueron cubriendo de moho y la silletería de óxido por la humedad del Río Atrato, silvestre a un costado de la obra.

Durante dos décadas el antiguo teatro estuvo de puertas cerradas. La decadencia fue cada vez más notoria y, en 2016, La W Radio inició una campaña de denuncia para llamar la atención del Gobierno Nacional.

En 2017 el Ministerio de Cultura ordenó su demolición y propuso construir un nuevo teatro con otras características. Entregó un  presupuesto de 15.096 millones de pesos para ello, pero la obra se paralizó en el año 2018 por recursos insuficientes y mala ejecución.

Otra vez, por un paro cívico que ese mismo año volcó a la ciudadanía a las calles, apareció otra luz con la orden de continuidad de una obra suspendida por escasos cumplimientos técnicos. La petición colectiva se refrendó en diálogos con el sector público y hubo esperanza en la inversión de infraestructura de otro periodo de gobierno.

"El mejor espacio o el mejor fortín para tener contacto directo con la cultura chocoana sería el cumplimiento de la promesa institucional de renovar el teatro César Conto Ferrer".

Hammer Ramos,  gestor cultural quibdoseño

En 2022, sin embargo, la Contraloría General de la República determinó que la obra, en riesgo de ser catalogada como otro elefante blanco, tenía un enredo fiscal por 9.240 millones de pesos. Entonces levantó un proceso de responsabilidad en el que cabrían sanciones disciplinarias a presuntos conocedores de lo que determinó la auditoría. 

Nuevamente en 2024 los artistas, cultores y la comunidad chocoana se llenaron de esperanza cuando el actual Ministerio de Cultura dio la orden de reanudar la terminación del nuevo Teatro César Conto Ferrer. La cartera garantizó que en mayo de 2025 la obra estará completamente dotada para abrir sus puertas. Destinó un contrato por más de 13.225 millones de pesos y un plazo estimado de ejecución de diez meses (en mayo de 2025, desde la promesa). 

Otra tanda de esperanza

En Quibdó la ciudadanía espera que cumplan con la ejecución de la obra a cabalidad pues el teatro era un espacio emblemático que no quieren dar por perdido. “El César Conto Ferrer será un espacio multipropósito para la cultura y el arte de toda la sociedad chocoana. Su ubicación estratégica, al lado del Río Atrato, es apenas un indicador del impacto regional que tiene”, anticipa el secretario de Cultura Departamental Jeison Tamayo. 

Según el funcionario, será un punto abierto a todas las artes y pensado contemporáneamente para reunir no sólo las expresiones artísticas sino al Chocó en todas sus manifestaciones. De hecho, no existe en la región otro lugar similar que promueva la revitalización del sector cultural del departamento.

“Es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura y el nuevo Centro Nacional de la Artes en Bogotá y será el lugar para exhibir la cultura chocoana al mundo y para recibir las mejores muestras internacionales”, agrega el secretario Tamayo.

Este año la Gobernación del Chocó solicitó los permisos pertinentes a la Alcaldía de Quibdó para las obras de ampliación, mantenimiento y terminación del edificio. 

En la actualidad el Ministerio tiene abierto el proceso licitatorio que se encuentra en fase de observaciones para intervenir la obra. Culminar la construcción y puesta en funcionamiento del emblemático Teatro César Conto Ferrer es un anhelo colectivo que se truncó 20 años atrás. 

El teatro, además, será un lugar de encuentro para la comunidad que tiene la esperanza en poder preservar la memoria y proyectar su futuro comunitariamente en condiciones dignas.

“En el momento en que se ponga en funcionamiento el teatro sé que se va a  fortalecer la historia, la geografía y la cultura del Chocó; ahí se pueden desarrollar proyectos  interdisciplinarios para integrar el arte, la música, el teatro, la literatura y que, aunque sabemos que tenemos riquezas en todas estas artes, no se está manejando en las instituciones educativas o no como debiera ser. Por ejemplo, sería una buena oportunidad  para volver a encontrar a esos escritores como Miguel A. Caicedo, Arnoldo Palacios, Oscar Collazos, entre otros”, dice a Consonante el gestor cultural Hammer Ramos.

Para Ramos, el mejor fortín para tener contacto directo con la cultura chocoana sería el cumplimiento de la promesa institucional de renovar el teatro César Conto Ferrer. “Está lleno de mucha historia y tendríamos escenarios que ahora no tenemos y podríamos escuchar esa poesía agradable o gozar de una buena obra escénica”, agrega.

"Creo que sería una buena oportunidad  para volver a encontrar a esos escritores como Miguel A. Caicedo, Arnoldo Palacios, Collazos, entre otros".

Hammer Ramos, gestor cultural quibdoseño

Tablazos chocoanos

El gestor cultural Elías Córdoba rescata que el Teatro César Conto Ferrer ha sido un aporte vivo a la cultura del Chocó “porque durante mucho tiempo fue un buen espacio de encuentro alrededor de ver buen cine y obras de teatro, y / o espectáculo”.  

Recuerda Córdoba que en el año 1968 se hizo la coronación de la primera reina afro que tuvo el Chocó, cuando ese teatro tenía un sonido estereofónico, algo que para esa época era muy avanzado. Además, dice el gestor, tenía un muy buen juego de sillas y foso lo que lo diferenciaba de una sala de cine convencional, porque el antiguo teatro fue concebido para recibir orquestas.

Una ciudadana recuerda que, en su infancia acudía al teatro como parte de las salidas pedagógicas del colegio y con el fin de recaudar recursos para actividades escolares. Una de las películas que recuerda haber visto es ‘Con su música a otra parte’, cinta colombiana de 1984 escrita y dirigida por Camila Loboguerrero y de cuyo elenco hizo parte el compositor chocoano Alfonso Córdoba.

“Yo, desde la nostalgia, lamento el hecho de que el teatro se haya cerrado en años atrás”, dice Córdoba. Según él, hubo una generación completa que no vio buen cine en el departamento del Chocó porque, en esa época, las salas de teatro sufrieron la asfixia de nuevas tecnologías como la entrada de reproductoras de video, pero a estas  no mucha gente tenía acceso.

“Hoy entiendo que el teatro tendrá una proyección diferente, pues no será solo una sala de cine ―algo que Quibdó necesita y está pidiendo a gritos, ya que no tenemos escenarios de ese tipo―. Sino que también tendrá diferentes espacios, lo que significa que será una herramienta para fomentar la cultura, una herramienta contra la violencia y para mejorar la convivencia. Pero me preocupa la administración del teatro, pues se necesita una que esté por fuera de la politiquería”, declaró el gestor Córdoba.

Para ambos gestores, la puesta en marcha de la obra es solo una parte de lo necesario en el sector cultural chocoano ya que, como aseguran, se requiere de un sentido de pertenencia en donde la ciudadanía promueva una actitud de cuidado por lo suyo. 

"El Teatro César Conto será una herramienta para enfrentar la violencia, mejorar la convivencia y fomentar la cultura". 

Elias Córdoba, gestor cultural

Hoy, con un 75 % de la construcción aparentemente lista, el secretario de cultura Tamayo asegura que será necesaria la articulación con todos espacios culturales de otros municipios del departamento. 

“Eso lo convertiría en la puerta de exhibición hacía el mundo de la cultura chocoana. Además, su funcionamiento como centro de exhibición de las artes será generador de vocaciones de artistas y formación de públicos, con lo cual deberá garantizar su sustentabilidad en el tiempo”, dice a Consonante el funcionario.

Para Mari Sala, jubilada de la coordinación académica de la Institución Educativa Miguel A. Caicedo Mena, si la administración pública cumple con su palabra de reapertura del teatro, “sería posible mejorar el comportamiento humano que se ha deteriorado; reafirmar los valores culturales perdidos y promover el aprendizaje alrededor de las expresiones, conocimientos y cultores propios”.

La directora del grupo de teatro de la UTCH también tiene la esperanza puesta en el avance de la obra. Belkis López dice a Consonante que muchos de los que tuvieron la oportunidad de hacer “sus primeros tablazos” en dicho espacio, como ella, sienten que podrían “continuar con la tradición y reavivar la historia teatral en el departamento”. 

En cada familia wayúu hay por lo menos un soñador. De los sueños depende el futuro, el bienestar, la armonía de las familias y, a través de ellos, se hacen anuncios o premoniciones: son una guía espiritual. Sin embargo, hace 40 años  con el paso del primer tren de Cerrejón los wayúu dejaron de soñar.

En las rancherías de Paradero, 13 kilómetros después de Albania (La Guajira), solo se escucha el paso del viento. En la casa de Aura Robles el silencio normalmente es interrumpido por el balido de los chivos y el piar de los pollitos. Excepto las seis veces, de día o de noche, en las que pasa el tren y el golpe de los metales e interrumpe todo lo demás.

En la vida de Aura los sueños han marcado su destino. Fue en uno de ellos en que se le anunció que iba a ser defensora de su territorio y otro con el que supo que, al menos por ahora, la mina del Cerrejón no iba a desviar el río Ranchería.  En otra noche, de 2015, soñó con un compadre de su mamá que buscaba advertir sobre la muerte de su esposo, pero el pito del tren la despertó antes de escuchar las indicaciones. Seis meses después Armando murió de un infarto.

Los sueños, cuenta Aura, no son lo único que les quitó la llegada de la minería. Una de sus pérdidas más fuertes fue la del arroyo Bruno, el último afluente del río Ranchería que abastece de agua a comunidades en su mayoría afrodescendientes, y por lo menos 34 comunidades wayúu.

Cerrejón desvió este arroyo en 2017, mientras se surtía un proceso judicial en la Corte Constitucional en el que Aura y otros líderes interpusieron una tutela en contra de la desviación. La Corte amparó los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud ante la amenaza de vulneración ocasionada por el proyecto y pidió, si era lo mejor, devolver el río a su cauce natural. Sin embargo, una mesa técnica que no incluyó a lideresas como Aura, ni a varias comunidades, tomó la decisión de mantener la desviación bajo supuestos criterios técnicos y económicos. Hoy el arroyo más caudaloso del río Ranchería sigue un cauce artificial de 3.6 kilómetros, con el que ninguna comunidad indígena tiene conexión espiritual.

El 8 de agosto de 2024 el Congreso de la República aprobó la Ley 2415, que reconoce al río Ranchería, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos para su conservación, mantenimiento y restauración. Aunque esta noticia fue celebrada en diversos espacios, líderes como Aura Robles, que han dedicado su vida al cuidado del río, expresan su preocupación por el futuro real de este recurso a la luz de la nueva ley. Se preguntan cómo garantizarán una verdadera inclusión de las comunidades ribereñas y quién les va a apoyar en la lucha contra amenazas ambientales tan significativas como la minería.

Hay varios lugares en La Guajira en los que se han vivido eventos que alteraron la manera en que se aprovechaba el agua del río Ranchería; entre esos la represa El Cercado en San Juan del Cesar, la desviación del arroyo Bruno en Albania y la desembocadura del río en Riohacha. 

¿Cómo garantizarán una participación comunitaria ambiental real?

El Arroyo Bruno está protegido por tres instrumentos jurídicos distintos como corredor ecológico y ecosistema estratégico: el Pomca del río Ranchería, el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Albania, y por la reserva forestal Montes de la Oca parte del Sistema Nacional de Parques Naturales, pues hace parte del único tres por ciento de bosque seco tropical protegido en el país, y uno de los ecosistemas más amenazadas y de importancia ecológica ante fenómenos como el cambio climático. Sin embargo, ni esos instrumentos, ni la sentencia de la Corte que obligaba la participación comunitaria en la decisión de la desviación, logró que el río se mantuviera en su cauce natural.

Que pase lo mismo con el río Ranchería es una preocupación latente para todas las comunidades ribereñas. Según la ley, para la toma de decisiones se conformará un comité en el que participarán representantes del Ministerio de Ambiente, Agricultura, Vivienda y Minas; así como de Corpoguajira, la Gobernación, la Cámara de Comercio y los alcaldes de los municipios que integren la cuenca. De los ribereños solamente habrá cuatro representantes por cada uno de los ocho municipios por los que pasa el río: uno de las comunidades indígenas, otro de comunidades afrodescendientes, otro por los campesinos y uno de las juntas de acción comunal.

Uno de los retos más grandes que tiene es la falta de garantías para la elección de estos representantes: “La preocupación de nosotros es que las personas que queden como guardianes del río Ranchería no sean personas que tengan ese compromiso moral, porque no es fácil luchar contra una multinacional como lo es Cerrejón, que dispone de tantos recursos para hacer lo que  tengan que hacer con tal de lograr sus objetivos”, comenta Aura Robles.

La Guajira es uno de los departamentos con más índices de corrupción en el país y en este tipo de procesos las asimetrías de poder frente al acceso a información son muy grandes. Desde el Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo (Cajar), explican que una verdadera participación ambiental comunitaria no la hace la cantidad de personas a las que se llegue, sino la verdadera pedagogía y consciencia social.  

“El pueblo wayúu también ha estado inmerso en lo que es un sistema de captura corporativa, de abusos de poder que justamente no permiten que esas decisiones sean libres e informadas. Entonces hay una gran preocupación de quienes van a ser esos representantes y cómo se van a elegir, si además va en contravía de lo que dicta su misma cultura”, resalta Rosa Mateus, coordinadora del del Eje de Trabajo Defensa del Territorio y Lucha contra la Crisis Climática de Cajar.

A esto se suma la desconfianza. Ninguno de los líderes que consultó Consonante fue informado del proyecto de ley que se estaba llevando en el Congreso desde 2022. Todos coinciden en que la noticia llegó a ellos como al resto del país: por los anuncios de los medios de comunicación. Tienen miedo de que desconozcan a las comunidades ribereñas: “No sabemos nada, si será para bien o para mal, ni cómo va a funcionar, esa es la verdad”, agrega Juan Montaño, líder ambiental wiwa de Caracolí, corregimiento de San Juan del Cesar.

Sostenibilidad y ordenamiento territorial alrededor del agua

En la parte alta del río Ranchería, a dos horas y media de Paradero, vive Juan Montaño. Su casa, en medio de decenas de árboles, queda cerca de la única parte del río que no ha sido intervenida. Tan solo unos kilómetros después está la represa El Cercado, una obra que desvió el río y que embalsa 198 millones de metros cúbicos de agua.

El proyecto de la represa se quedó solamente en la primera fase y hoy sigue sin servir para abastecer un distrito de riego y producir electricidad. En contraste, parte del pueblo original de Caracolí quedó en el fondo de agua y  la comunidad se tuvo que desplazar y reorganizar alrededor de la represa, lo que cambió muchos hábitos de vida. Juan cuenta que en el río ya no hay nada que pescar; de las más de 20 especies de peces que había hace 20 años, hoy solo quedan seis. A esto se suma que por lo menos seis sitios sagrados del pueblo wiwa quedaron bajo el agua.

Caracolí es considerado como uno de los abastecedores más importantes del municipio y muchas de las tierras que tuvieron que vender para el proyecto fueron mal pagadas. Todo esto en medio de la violencia de grupos paramilitares y de la intensificación armada del conflicto interno al servicio del destierro y el despojo.

Con este contexto, para el líder wiwa uno de los retos de esta nueva ley será la creación de un sistema sostenible que permita cambiar los hábitos alrededor del río sin dejar a la comunidad sin ingresos. Un ejemplo de esto es la inclusión de pago por servicios ambientales (PSA), lo que les permitiría recibir un incentivo económico, en dinero o especie, que reconozca las acciones y las prácticas asociadas a la preservación y restauración de ecosistema

“Si ahora me dicen que ya no puedo sembrar 10 hectáreas de maíz alrededor del río, sino solo una, yo entiendo porque para poder sembrar son 10 hectáreas de bosques que estoy tirando al suelo y que le estoy echando candela. Puede ser un desastre ecológico. Pero entonces que haya una compensación por las otras nueve hectáreas que dejé de sembrar para mi sostenimiento, el de la familia y el de la comunidad”, explica Juan.

Desde Cajar aseguran que para lograr este equilibrio es necesario también un cambio en la concepción del ordenamiento territorial. “Para cumplir con los derechos de un río se necesita un nuevo ordenamiento territorial de toda su cuenca, desde su nacimiento hasta su desembocadura, con la participación efectiva de las comunidades que también tienen planes de vida alrededor de estos ríos”, puntualiza Rosa Mateus.

¿Y la contaminación?

Para los wayúu el río nació cuando la serpiente Jerakanawa, que posee largos cuernos e imita el balido de las ovejas para devorarlas, empezó a bajar desde la laguna chirigua en la Sierra Nevada de Santa Marta, buscando la salida al mar. Jerakanawa es la gran vigilante del afluente en su paso por los ocho municipios del departamento y también es anunciadora de sus crecientes.

Hoy los 248 kilómetros que recorrió Jerakanawa, y que son el cauce del río, están contaminados. Se ha comprobado que el afluente tiene coliformes fecales producto de descargas de materia orgánica. En Caracolí, y muchos de los municipios por los que pasa el Ranchería, no hay manejo de residuos sólidos, ni un buen alcantarillado, por lo que los desechos se van directamente al río. 

La situación general es tan delicada que Riohacha, donde desemboca el río, es la ciudad capital del país con menor cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado. Además, según explica Miguel Gutiérrez, biólogo egresado de la Universidad de La Guajira y líder ambiental del Comité Cívico por la Defensa del río Ranchería, hay un pobre manejo de los desechos sólidos en la región. “Hemos hecho muchas campañas de limpieza, de recolección de residuos sólidos en el río, y hemos sacado realmente toneladas de basura,   muchade los negocios que hacen parte  del área circundante del río acá de Riohacha, que es la zona de la Circunvalar”, comenta.

El río Ranchería se divide en tres brazos antes de encontrarse con el mar. El principal es “El Riito”, luego está el “Valle de los cangrejos” del brazo del Calancala (ambos en Riohacha) y el “Santa Rita”, que queda hacia Manaure. Esta parte es de gran valor para el ecosistema, pues propicia el crecimiento de los manglares, que son claves para el desarrollo de la fauna que habita las zonas costeras, pues sirven de alimento, anidación y refugio para diferentes especies

Sin embargo, en el municipio las obras de infraestructura también han impactado estos ecosistemas. “El río también estaba conectado con  acuíferos,  humedales urbanos que hay en Riohacha, un ejemplo eran la laguna salada y el jagüey de la 36, pero gran parte de esos humedales ahora están secos debido a que se perdió la conexión entre el río Ranchería por la construcción de la Troncal del Caribe. Eso perjudicó mucho la fauna y la flora”, explica Miguel. 

Además de los humedales, a lo largo de todo el cauce del río hay por lo menos ocho tipos diferentes de ecosistemas. En la parta alta y media hay bosques secos tropicales, ecosistema de pastoral espinoso, ecosistemas xerofítico y bosques caducifolios. En la parte más alta hay bosques húmedos y bosques de niebla. “Desviar el río Ranchería, desviar uno de sus arroyos, uno de sus afluentes o simplemente no protegerlo, no rehabilitarlo, obstruir su cauce natural, no daña solamente al río, sino todos los ecosistemas que dependen de él”, puntualiza el biólogo.

El reto, a la luz de la nueva ley, es encontrar un verdadero equilibrio: “Hay que lograr ese balance entre los intereses económicos del país y la protección del medio ambiente, aunque parezca que van en contravía”, agrega.

Aura, Juan y Miguel concuerdan en algo: el río Ranchería está herido y su futuro y el de las comunidades que dependen de él están en una encrucijada. La preservación, más allá de la declaración de la ley, requiere un enfoque integral y colaborativo. No se trata solo de legislar, sino de escuchar y empoderar a quienes han sido durante toda su vida los verdaderos guardianes del agua.

El pasado 17 de septiembre el ELN ejecutó un atentado contra la base militar en Puerto Jordán, Arauca, que dejó 27 soldados heridos y dos personas muertas. Aun cuando la guerrilla no se había atribuido la responsabilidad del hecho, el presidente Gustavo Petro anunció que se levantaba la mesa de conversación instalada un año atrás.

Arauca, sin embargo, no fue el único departamento en el que se reportó un ataque de la guerrilla. Justo antes del anuncio del gobierno, en horas de la noche del domingo 15 de septiembre, la ciudadanía de El Carmen de Atrato escuchó un estallido en el comando de la policía de la vereda El 7. 

Según comentaron los vecinos, fue un petardo arrojado por personas que huyeron después en una moto. Al día siguiente revisaron unos volantes presuntamente firmados por la guerrilla.

Desde junio de 2023 las partes llegaron a un acuerdo preliminar que planteaba el cese al fuego y la suspensión de acciones ofensivas de manera bilateral dentro del territorio nacional, buscando de manera temporal mejorar la situación de crisis humanitaria en poblaciones y territorios de confrontación. 

Además, ese primer paso prometía propiciar la participación de la sociedad en el proceso, algo que no ocurrió.

Aprendizajes de los diálogos con las Farc-ep

“Necesitamos ‘despedetizar’ Colombia”, anticipa Marisol Sánchez de la plataforma del Campesinado de El Carmen de Atrato, una de las pocas organizaciones convocadas a los diálogos de paz entre el gobierno y el Eln.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial o PDET a los que se refiere la lideresa son el resultado de una selección de más de 170 municipios que, tras la firma del Acuerdo con las Farc-ep en 2016, quedaron priorizados para acceder a planes de desarrollo rural. 

Pese a que El Carmen de Atrato es uno de los lugares del país con mayor número de víctimas, debido a la confrontación militar con la antigua guerrilla por control estratégico territorial e intereses extractivos, el municipio no ocupa un lugar en esa lista.

“Ahora, con el Eln, no queremos que vuelva a ocurrir lo mismo: los PDET abrieron una brecha aún más grande de inequidad y pobreza en el país”, dice Sánchez. “El Carmen de Atrato, a pesar de  haber sido altamente afectado, no quedó incluido en esta calificación y las organizaciones sociales no podemos aspirar ahora a garantías. Por eso necesitamos una mayor participación en una mesa con el Eln”.

Hace más de un año que el Gobierno entabló la posibilidad de llegar a la paz con una guerrilla que, para la lideresa, desde los años 80 ha hecho una fuerte presencia. Todavía este territorio chocoano sigue en disputa activa entre actores armados legales e ilegales. 

Según información de la defensoría del pueblo y de ACNUR, en la actualidad tienen una amplia presencia en El Carmen de Atrato y en la vía Quibdó-Medellín.

Desde años atrás la Comisión de la Verdad realizó encuentros con víctimas para hacer el ‘Reconocimiento a la dignidad del pueblo triétnico’. Varios espacios de reflexión y reivindicación histórica entre firmantes de paz y ciudadanía dejaron en evidencia los impactos en la población campesina, indígena y afrodescendiente, todavía notorios en las grietas del tejido social.

“La incidencia del Eln en El Carmen de Atrato ha sido súper, súper poderosa, por no llamarla de otra manera”, agrega Marisol Sánchez. “Este grupo ingresó al municipio desde el inicio de la década de los 80 y desde entonces empezaron a identificarse las primeras personas como guerrilla”, explica.

Tanto la zona urbana como rural fueron víctimas de enfrentamientos, homicidios, reclutamiento forzado y otros hechos victimizantes. Aunque muchos de estos se atribuyen al Ejército Revolucionario Guevarista (Erg), y así lo señala el informe ‘Jaūriperabu’ que refleja el miedo y daño causado por las violencias; para la ciudadanía carmeleña ese grupo no fue más que un ala disidente del Eln.

“Aparte del Erg, el Eln ha sido el grupo que más ha reclutado gente en las veredas de El Carmen de Atrato”, repara Sánchez. “Por eso fue aquí, yo creo, en donde más se fortalecieron. Los primeros desplazamientos en Guaduas fueron propiciados por el Eln: del sector La Trocha también se desplazaron muchas personas; hubo gente que no aguantó la presión y que cuando salía al pueblo la acusaban de ser informante. Mucha gente, incluso, fue detenida por el Ejército porque decían que esos campesinos informaban a la guerrilla”. 

Por ese contexto es que las dos lideresas creen que, además de la participación civil en la mesa de diálogo, la voz del campesinado se tiene que escuchar. En palabras de Marisol Sánchez, el discurso en el departamento del Chocó se sigue centrando en temas étnicos, olvidando por completo la existencia de campesinos.

En esta guerra siempre quedamos los civiles en medio y por eso se requiere de un acuerdo humanitario ya, porque estamos cansados de no poder movilizarnos libremente, de vivir con miedo.

Líder campesina

Una mesa sin voces ciudadanas

Al incumplimiento del grupo armado ilegal con el cese al fuego, el secuestro extorsivo y los ataques, al fracaso de la mesa se sumó haber fallado a uno de sus compromisos: incluir voces ciudadanas. El gobierno tampoco obedeció a los líderes del Eln de retirarles de la lista de grupos armados organizados (GAO). 

Desde que se fraguó la voluntad de las partes, la sociedad civil ha pedido un lugar para encontrar un fin a la guerra. Pero en las conversaciones que han tenido lugar en un año, solo dos tuvieron que ver con el Chocó, una en Quibdó y otra en Bogotá, y la ciudadanía no ha sido formalmente convocada. 

Uno de esos espacios fue instalado por la Fundación Instituto para la Construcción de la Paz (FICONPAZ), un organismo de la Arquidiócesis de Bogotá, que ha sido garante del proceso a nivel nacional. 

El segundo espacio de diálogo fue promovido por CONPAZ. En este fueron convocados consejeros y consejeras territoriales de paz de diversos municipios del Chocó. Pero no fue un espacio financiado por el gobierno sino por organizaciones religiosas. Allí participaron tres delegados municipales, dos de la Mesa de Víctimas y uno de ASOCOMUNAL.

En ambos, sin embargo, se escuchó una queja generalizada por la escasa convocatoria e inclusión de colectivos y otros sectores diversos.

“Me dejó muchos sinsabores porque no solo no invitaron a las organizaciones sino que mostró que tenemos un gran desconocimiento acerca del proceso de paz con el Eln. Nos presentaron avances importantes que hasta entonces eran desconocidos”, dice Marisol Sánchez.

En este espacio abordaron las violaciones de derechos y los hechos victimizantes ocurridos después del 3 de agosto del 2023, cuando se instaló la mesa. Fueron cuatro actores los que tuvieron protagonismo: el gobierno, la delegación del Eln, la iglesia y las personas de mecanismos internacionales de monitoreo y verificación. No las víctimas.

Dice Doris Elena Sánchez, integrante de la plataforma del Campesinado de El Carmen de Atrato, otra de las mujeres que participó del encuentro de socialización del tercer ciclo de la mesa de diálogos lo corrobora. 

“La ciudadanía estaba preocupada por las garantías concretas que tienen las entidades gubernamentales para las comunidades étnicas y campesinas y para los mismos firmantes de paz de las Farc-ep, porque para nadie es un secreto que ellos corren un riesgo. Ya se ha visto la historia de Colombia”, cuenta la lideresa. “Los campesinos hemos sido resistentes y resilientes, hemos puesto muertos, nos tocó desplazarnos y pasar por situaciones muy dolorosas”.

Las otras peticiones de la gente

Para la lideresa ambiental Cristina Vélez, en la mesa nacional solo participa una compañera de la Red Departamental de Mujeres, “pero muchas de nuestras organizaciones no hacen parte de esa red y, de hecho, las mujeres campesinas del Carmen somos constantemente invisibilizadas en estos procesos”, cuenta a Consonante.

“Las mujeres y las comunidades sí o sí debemos estar en las mesas de diálogo, esta exigencia está relacionada en comparación con los diálogos con las Farc-ep, con los que la participación de las comunidades no fue como se esperaba y en el momento de la implementación, la ciudadanía no se ha visto reflejada en la toma de decisiones”, dice Vélez. 

“Si los diálogos de paz continúan, las comunidades debemos estar en la mesa y eso no lo podemos ceder para nada, ahí debe estar la gente ahí para tomar decisiones”, agrega la lideresa ambiental. 

Para ella, en los espacios de diálogo se ha evidenciado otra gran preocupación y es el control territorial con la salida del Eln en caso de que llegaran a un acuerdo con el gobierno. En el Chocó están las AGC y el Eln, además de otros actores armados. “Nos preguntamos si el ELN llegara realmente a un acuerdo de paz con el gobierno, ¿entonces seguirán mandando los paramilitares?”, añade otra lideresa.

“En esta guerra siempre quedamos los civiles en medio y por eso se requiere de un acuerdo humanitario ya, porque estamos cansados de no poder movilizarnos libremente, de vivir con miedo”, dice Vélez.

A nivel nacional se observa que las disidencias de las Farc-ep han tomado varias zonas del país, entre ellas el Cauca, un ejemplo recurrente de la ciudadanía para hablar del incumplimiento en la implementación del Acuerdo de 2016. 

Para el caso del Carmen de Atrato, donde según las lideresas los intereses sobre el territorio como los de la minera el Roble que, además de generar graves afectaciones a nivel ambiental, han ingresado con la presencia de actores armados y delincuencia común, la participación de las empresas involucradas en el conflicto también es necesaria. 

En otras zonas del Chocó es grave el tema de la minería ilegal y la presencia de cultivos ilícitos, “esta situación afecta tanto comunidades indígenas como afros; hay presencia constante de dragas con minería a gran escala; contaminación del agua y todo lo que está a su paso, que está protegido por actores armados junto con el Eln”, dicen a Consonante.

También se informó sobre la tala indiscriminada de madera, que además está prohibida en todo el departamento del Chocó, “entonces es claro que la presencia de este grupo armado en el territorio no afecta únicamente a la población sino a la naturaleza como sujeto de derechos. Además, las mujeres todavía no contamos con autonomía económica, ni política, ni social. Las desigualdades, la violencia y la discriminación están latentes”, concluye Cristina Vélez.

En El Carmen de Atrato es un gran reto posicionar la voz de líderes mujeres donde el campesinado chocoano esté represantado. “Que el campesinado sea realmente incluido en los nuevos acuerdos, no como un actor más del proceso, sino como un actor con derechos especiales y reconocidos por el Estado, ya que han sido menospreciados históricamente, es lo que necesitamos”, añade Marisol Sánchez. 

Yo juro por los dioses y tradiciones de mis ancestros, por mi honor, por mi patria ante la madre tierra y mi comunidad defender fielmente la esencia de la guardia campesina, propender por el respeto y la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, las comunidades, la tierra y el territorio dentro de la constitución y la ley, protegiendo mi comunidad de cualquier provocador o grupo agresor y dañino legal o ilegal, que vaya en contra de lo anteriormente dicho, y de la vida, la dignidad, la armonía, la paz y la tranquilidad de nuestras comunidades. Que así sea. 

Con este juramento comienzan los estatutos de la Guardia Campesina del suroriente colombiano, un ejercicio de liderazgo con el que organizaciones sociales del Caquetá y de otros departamentos amazónicos vecinos trabajan para la protección ambiental y comunitaria desde hace más de una década.

En 2013, en la región del Río Guayabero (Cachicamo - Guaviare) este, descrito como un modelo de defensa de los derechos humanos, se volvió indispensable para la autoprotección del campesinado al ver el aumento de la vulneración de sus derechos. Desde entonces, no solo vieron la necesidad de agruparse en áreas rurales también del Meta, parte del Guainía y ahora en una extensa porción del Caquetá junto a Guaviare; sino también de intermediar entre actores armados, según expresa el Coordinador central e instructor de la Escuela de la Guardia Ambiental Campesina del suroriente, Jairo Andrés López.

El conflicto armado y la presencia del Estado a través de las fuerzas militares, en palabras de los líderes consultados por Consonante, produjo que la juntanza alrededor de la defensa de la vida fuera inaplazable en esos territorios descentralizados de Colombia, en los que campesinos quedaban en medio de fuegos cruzados y sin amparo.

Desde entonces las Juntas de Acción Comunal tomaron la decisión de acompañar las reuniones y asambleas periódicas comunitarias para entender cómo velar pacíficamente por la armonía del territorio y la protección comunitaria. Desde hace más de diez años su decisión fue empuñar un bastón como lo hacían las guardias indígenas y cimarronas reconocidas constitucionalmente en esas y otras regiones del país.

Sin embargo, La Guardia Ambiental Campesina del Suroriente aún no cuenta con una legislación precisa que le otorgue legitimidad a las y los campesinos que no se sienten protegidos institucionalmente y, en cambio, siguen siendo estigmatizados por medios de comunicación e, incluso, por figuras políticas que no comparten su derecho.

Los otros orígenes en el suroriente

El también coordinador de Guardia Ambiental Campesina de la Asociación Campesina (ASOCPAVO), Jairo Céspedes Olivera, en este momento instructor de la Escuela de formación Guardia Ambiental, asegura que este modelo empezó a tener resonancia entre los y las campesinas desde 2007 pero que, solo siete años más tarde, en 2014, se consolidó en la región del Yarí, aledaña al casco urbano de San Vicente del Caguán.

Parte de lo que impulsó a tomar acción tuvo que ver, dice el líder Arimelex Tintinago Amaya, Guardia de la vereda Brisas de Las Damas de la región del Yarí y capacitador general en la Asociación Campesina de Campo Hermoso (ASOCAMPO), con que era frecuente el conflicto con la fuerza pública: “no necesariamente autorizada por el Estado para inspeccionar la zona; lo que provocó que los desórdenes, abusos y atropellos fueran sobre todo contra la población civil”. 

Según Tintinago Amaya, esta iniciativa se puede definir como una “netamente de carácter civil, sin distingo de color político, etnia, religión, género, diversidad sexual, creencias… que está compuesta por hombres y mujeres designados por las comunidades y voluntarios con vocación de servicio y conciencia social”.

El líder dice a Consonante que, a pesar de la estigmatización que reciben, no portan algún tipo de elemento letal y están organizados para defender los derechos humanos según lo dispuesto por el Derecho Internacional Humanitario, la Constitución colombiana del 91 y la búsqueda de armonía de todas las comunidades que viven en zonas rurales. Pero, insisten los tres líderes, necesitan más escucha del Estado.

“Nosotros hemos sido el principal ente conciliador en medio del conflicto. Ya la guerrilla no tiene la necesidad de hacer regir el orden en esta región porque ese trabajo lo hace la Guardia Ambiental Campesina pero sin armas, sin abuso de autoridad y con las Juntas de Acción Comunal y el aval que nos otorgan las leyes del Estado como ciudadanos”, agrega Tintinago Amaya.

Es por eso que el guardia Céspedes Olivera insiste en que quieren ser reconocidos como ‘gestores de paz’ de manera formal y, para ello, han sido garantes de los acuerdos asumidos en el Proceso de Paz de 2016.

Según explica, solo con el cese al fuego logrado por la firma de estos Acuerdos tuvieron la oportunidad de reunirse sin grupos armados acechando. “Pero pese a esto somos conscientes de que la zona del Yarí tiene una gran historia que hace que, en cualquier momento, se desate un acto u operativo que perjudique a la comunidad. Por eso queremos estar preparados para protegernos”, dice a Consonante.

Una ley que legitime a la Guardia

El coordinador central de la Guardia Ambiental Campesina del suroriente, Jairo Andrés López, asegura que hay más de quince mil guardias en el Yarí y que se siguen uniendo campesinos del Huila y otros departamentos aledaños a la Amazonía del piedemonte andino.

Dice López que respetan las iniciativas de la Guardia Indígena y que su ejemplo ha sido contundente, incluso para temas de financiación. Al menos ésta, apoyada en tradiciones ancestrales, encontró el mecanismo de la bioeconomía que consiste en la venta de la siembra de pancoger; la promoción y comercialización de artesanías locales y la revitalización de sus sistemas productivos, muchos de estos asociados a la pedagogía en el cuidado de la tierra, así como la búsqueda de un sistema de salud intercultural que cobije a personas, incluso no indígenas.

Sin embargo, los pueblos étnicos cuentan con el artículo 246 en la Constitución que asegura que las autoridades indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a las leyes de la República.

En el caso de la Guardia Cimarrona, por ejemplo, un logro de la justicia étnica traído al presente desde épocas previas a la colonización y posterior liberación esclavista ha facilitado que sus principios sean respetados tales como su autonomía; autodeterminación; protección; identidad; preservación; seguridad; autoridad; territorio y cultura, esto último con las características de garantizar el control de la movilidad y el acceso libre a los territorios.

Para la Guardia Ambiental Campesina del suroriente del país, el desarrollo de estas actividades son tan importantes como lo son para los Consejos Comunitarios Afro que, con ellas, velan para cuidar el Pueblo Negro. 

Su historicidad la demuestra la investigación realizada bajo alianza entre el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano y el Equipo de Justicia Propia Afrocolombiana de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia:

«El artículo 7 de la Constitución, menciona que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana; en el artículo 13 establece el derecho a la igualdad y a no ser discriminado por ningún motivo como la pertenencia étnica; el artículo 70, establece que el Estado tiene el deber de garantizar el acceso a la cultura; en el artículo 93, se reitera la prevalencia de los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT en el ordenamiento jurídico colombiano; en el artículo 330 se reconoce el ejercicio de administración de las comunidades indígenas como grupo étnico dentro de su territorio y; finalmente, en el artículo 55 transitorio se exhorta al Congreso a expedir una ley que le reconozca a las comunidades negras el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma Ley, siendo el precedente de estructuración de la Ley 70 de 1993».

Retoma el líder Tintinagu Amaya que la Guardia se ha venido gestando, incluso, desde finales de la década del 90. “Hay unas fechas que marcan una historia como del 2007 al 2008, del 2013 al 2015 y el 2018 pero, en sí, fue desde el 2015 la fecha clave donde toma cuerpo la idea ante instancias judiciales”.

Según expresa el coordinador e instructor central de la escuela de ASOCPAVO, Jairo López, aunque el decreto 2350 de 2003 permite la constitución de organismos comunales; la Guardia Ambiental Campesina del sur de Colombia es una de las formas de organización social más antigua y, a su vez, de las más estigmatizadas aunque ajuste más de tres décadas en la búsqueda de legitimidad de sus derechos.

“Dado el cambio de las cosas, ahora nosotros nos basamos en la Ley 2166 del 2021 Art. 4; es allí en donde reside nuestra razón de ser jurídica: porque todos en una Junta de Acción Comunal somos guardias a partir de los 15 años y mi Junta de Acción Comunal es una de las más pequeñas y tiene 60 socios. Somos miles en el territorio que, activamente, hacemos acto de presencia constante”, agrega el líder Arimelex Tintinagu Amaya.

El clamor de desestigmatización

El líder López agrega y reconoce lo ocurrido en la vereda Los Pozos el 4 de marzo de 2023 en zona rural de San Vicente del Caguán, donde la muerte de dos policías y la retención de otros 70 uniformados durante horas se atribuyó a la Guardia.

Como lo reportó el medio Verdad Abierta, “Los hechos siguientes difieren según la fuente consultada: para algunos, ese colectivo secuestró a 74 uniformados y es responsable del asesinato de uno de ellos; para otros, (la Guardia Campesina) intermedió para que la violencia no escalara mucho más al fragor de la situación”.

El medio de comunicación también documentó que, ese día, las guardias agrupadas en la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (COSCOPAAS), de la que hacen parte los tres líderes consultados por Consonante, salió a pedir garantías por el atropello de la empresa petrolera Emerald Energy después de varias protestas campesinas desatendidas.

Según dijo el representante legal de Corpoayarí Raúl Ávila a Verdad Abierta —quien también ha sido consultado por Consonante— en esa y otras ocasiones hicieron intermediación pacífica entre actores armados. Pero la estigmatización institucional, promovida por el entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo al decir que la Guardia “auspició incendios y que el gobierno debe ‘desmontarla’ porque protege la delincuencia” bajó el volumen de líderes campesinos que defienden sobre todas las cosas la labor de protección comunitaria.

El guardia López agrega que hay mucha gente que les acusa, en sus palabras, de ser un brazo de la guerrilla; “dicen que pertenecemos a las organizaciones armadas. Seguimos teniendo mucha estigmatización y a los Estados de derecha no les ha gustado ver que las comunidades se organizan y, por eso, tratan de desestabilizarnos y de acabar con el proceso comunitario”.

Asegura López que aún en 2024 el Gobierno les teme. “Nosotros estamos en ese proceso de seguir siendo instructores y, como coordinadores, vamos por las comunidades a ofrecer esa pedagogía que únicamente tiene que ver con derechos humanos. Nosotros actuamos con un bastón y nuestros argumentos son las leyes, nuestros estatutos y no con la guerra”.

El partido de la Copa América duró más de ciento diez minutos en Miami. Los atletas del fútbol colombiano demostraron, como siempre, de qué están hechos. Muchos, como el chocoano Deiver Andrés Machado Mena, aprendieron a jugar en tierra árida o sobre lodo.

La selección nacional no logró la victoria ante Argentina en la final de la competencia de este año y, tal vez por eso, la prensa nacional no recibió a su equipo como lo hizo, en cambio, la prensa local de muchos municipios que son la tierra de los jugadores. 

Ese fue el caso de Gingarabá, un corregimiento a una hora de distancia de Tadó y cuna de los Machado que, como era de esperarse, recibió al número 26 de la Selección con el orgullo intacto.

Gingarabá es uno de tantos escenarios del departamento que vio crecer y apoyar a figuras del deporte que representan a Colombia a nivel nacional y mundial. A la lista de Machado Mena se suman Carlos Andrés Hinestroza Mosquera (Escorpiones FC, México); Moisés Castillo Mosquera (FC Juárez, México); Juan David Bonilla (Real Valladolid B, España); Arnol Brandon Agualimpia Perea (Orsomarso B, Colombia); Yeicar Alberto Perlaza Perea (Atlético Nacional, Colombia); Franklin Mosquera Mosquera (Deportivo Pereira, Colombia); Yeimar Gómez Andrade (Seattle Sounders MLS, EE.UU) y Juan Carlos Mosquera (Árabe Unido, Panamá).

Todos, como Machado Mena (R.C. Lens, Francia), un joven de 30 años de edad, soñaron desde niños con correr detrás de un balón y anotar goles memorables. Sin embargo los jugadores, como dice la familia del lateral, podrían contar con la atención que solo reciben cuando la tricolor queda triunfante. Dice lo mismo de sus tierras natales en el Chocó que demuestran la escasa inversión pública cuando los medios de comunicación voltean a verles y pueden hacerlo.

Una cancha de 14 metros de fondo por 7 de frente 

Machado Mena se crió en el centro poblado Gingarabá que, en palabras de Evelio Machado, padre del número 26, ha estado en completo abandono por los mandatarios de turno. Cuenta con solo un centro de salud y apenas con una cancha de microfútbol, que es obra de Invias.

“No hemos recibido ningún tipo de inversión por parte del municipio de Tadó o de la Gobernación”, anticipa Evelio Machado. “Lo poco que tenemos es por iniciativas del Consejo Comunal Local y de empresas que han pavimentado”.

Los habitantes crearon por su cuenta el centro de salud (al que todavía le falta dotación); la casa comunitaria; el comedor escolar y el acueducto. Según el padre del futbolista lo que se ve construido es obra del liderazgo comunitario. 

Él mismo es el representante del Consejo Comunal de Gingarabá, conformado también por Alexander Mena, como asesor, y James Mena, como presidente. Los tres saben que cualquier oportunidad, como la llegada del futbolista al corregimiento, sirve para llamar la atención de la alcaldía municipal y su insuficiente cobertura en el área rural de Tadó.

Machado Mena empezó sus primeros pasos en el fútbol en una cancha  improvisada de 14 metros de fondo por 7 de frente, que fue construida por la comunidad. Su padre recuerda que estaba llena de lodo.

Cuando tenía siete años su familia salió desplazada por la violencia del conflicto armado al corregimiento de Santa Cecilia, Risaralda. En otra cancha de fútbol fue donde demostró su capacidad y la gente empezó hablar de él y, según su padre, se decía que “ese muchacho iba a ser bueno”, porque mostraba calidad.

A la edad de nueve años fue llevado a Pereira por un primo hermano, el cual lo invitó para que se formara en una escuela de fútbol de la ciudad. Allí empezó a combinar el estudio con el deporte y distribuía el tiempo de la siguiente manera: “de 6 de la mañana a una de la tarde estudiaba; y de las tres a las seis de la tarde se iba para la cancha”, dice Evelio Machado.

Mientras jugaba fútbol con unos amigos, el joven fue fichado por la empresa Petrobras de combustibles para jugar en su equipo. Al mostrar el dominio que tenía con el balón, pasó a hacer parte de las inferiores del Deportivo Pereira, donde jugó como titular para la copa local.

Cuando el Deportivo Pereira descendió a la B, Machado Mena vio truncada su carrera como futbolista. A sus doce años, su hermano Henrry Machado le sugirió al papá que enviara a Deiver a la ciudad de Medellín, donde residía un tío, y fue entonces cuando el exfutbolista Víctor Luna lo llevó al Atlético Nacional, donde a los quince minutos de juego demostró por qué debía hacer parte de la sub20 del equipo verdolaga.   

Machado Mena comenzó su carrera ocupando la posición de centrodelantero en el terreno de juego, en esa se destacó en su debut como profesional al lado del exfutbolista Juan Pablo Ángel. Ese día, Atlético Nacional se enfrentó al Boyacá Chicó, donde el marcador fue uno por cero, a favor de los ajedrezados de Tunja.

Para mediados del 2016, Machado Mena fue transferido a Alianza Petrolera. Jugó en ese equipo un año y le fue de tal manera que le puso el ojo Lunari, quien para esa época era el técnico de Millonarios y le pidió a los directivos que necesitaba un marcador izquierdo como Machado Mena. En 2015, el jugador tadoseño pasó a hacer parte de dicho club, donde marcó cinco goles.

Después de cinco años en el Millonarios, el jugador fue vendido a Bélgica, donde tuvo un paso fugaz y regresó nuevamente al fútbol colombiano, al Club Atlético Nacional. Tras un corto período retornó a Bélgica, donde jugó como agente libre y de allí se fue para Francia a jugar al Toulouse Football Club de segunda división. Brillando, Machado Mena fue fichado por el Racing Club de Lens, equipo de primera división, también en Francia, donde tiene un contrato hasta el 2026. Con cuatro goles marcados fue convocado a la selección de Colombia para jugar la Copa América 2024.

El paso por su madre tierra

Aunque el municipio de Tadó no tiene escenarios deportivos en óptimas condiciones goza de grandes talentos. Eso se ve reflejado en cada uno de los deportistas que hoy triunfan en el exterior pero, para ello, debieron tejer historia.

Yesid Cossio, el entrenador de atletismo del municipio, cuenta que “en esta tierra a los deportistas les toca crecer con mucho sacrificio y esfuerzo. Algunos con mucho talento abandonan la disciplina deportiva debido a que, en ocasiones, no cuentan con los medios de subsistencia o no son juiciosos”. 

Cossio resalta que el departamento del Chocó puede tener en todas las disciplinas del deporte a grandes figuras representativas a nivel nacional e internacional, “pero si se apoya el deporte en miras de obtener grandes resultados y promover la economía con el turismo deportivo”. 

De los pocos esfuerzos que existen según el entrenador, todos se concentran en el fútbol olvidando a las corredoras, a los apasionados por el básquetbol, a quienes tienen grandes habilidades en natación ―porque saben cruzar a brazos las corrientes de los ríos que alimentan el Pacífico―.

Por su parte Jackson Perea, el entrenador del club deportivo Nueva Generación de Tadó cree que, para mejorar la calidad de los escenarios y deportistas, se debe construir una infraestructura que esté a la altura y donde también quepan las mujeres. 

Desde Tadó han salido aproximadamente siete jugadores que han representado al municipio nacionalmente y a Colombia internacionalmente. Aunque muchos están en las grandes ligas, fueron muchas las necesidades de sus familias para conseguir uniformes, guayos y pagar la alimentación. 

Evelio Machado lo corrobora: “En ese momento Gingarabá se sostenía económicamente de la madera y la minería; hoy que ya no podemos trabajar oro ni talar árboles, queremos organizarnos para vivir del turismo, incluso deportivo, ya que tenemos unos sitios muy hermosos y excelentes atletas”.

Ante la falta de apoyo a los deportistas chocoanos, muchos deben salir al interior del país en aras de poder cumplir sueño, como manifiesta el tadoseño Yiverson Gomez Moreno, quien juega en el club Nueva Generación y es hermano del jugador Yeimar Gómez Andrade (Seattle Sounders MLS, EE.UU). “Machado Mena me inspira para seguir mejorando y tener una visión de que los sueños sí se cumplen. Aunque aquí desde muy pequeños jugamos en canchas que nosotros inventamos”.

Hoy Gingarabá vive del pancoger, de la cría de cerdos y de la agricultura informal, es decir, sin mecanizar o tecnificar. Para Evelio Machado es importante la inversión en esto, además de la vinculación de las autoridades locales en el fortalecimiento del deporte. “Para que podamos entre todos cambiar la guerra, que no se ha ido, por más jugadores, que sí se van”. 

Prender el ventilador y soplar con un cartón son el único consuelo para Miriam Murillo Palacios, de 90 años y Luis Alberto Perea y Doris María Palacios, ambos de 80 años que, junto a diez adultos mayores, nunca pensaron que estar al lado de un basurero les traería los problemas que hoy enfrentan. 

Los insectos sobrevuelan alrededor de las ollas y nadie puede ingerir su comida con tranquilidad porque al mínimo descuido, dicen, cae una mosca al plato. El caos y el aumento de las enfermedades solo lo conocen los habitantes de Hueco Oscuro, el vertedero municipal de basura ubicado a casi tres kilómetros del casco urbano de Tadó y a 200 metros del Instituto Técnico Agroambiental ITA. 

La falta de un tratamiento adecuado de los desechos atrae a roedores ocasionales y, además de vivir entre los permanentes zumbidos de insectos, los habitantes padecen los malos olores provocados por la descomposición de sustancias que contaminan el aire y el agua de la quebrada San Antonio.

Doris Palacios dice que cuando están trabajando con maquinaria que remueve la basura, el olor es insoportable y que muchos se han enfermado de paludismo. Según la Organización Mundial de la Salud - OMS, los compuestos gaseosos de la basura pueden producir también náuseas, vómitos y mal estado de ánimo.

Estas personas manifiestan que no han recibido ningún tipo de socialización por parte de la administración municipal sobre cómo abordar el problema y que esta denuncia a Consonante es la primera que se atreven a hacer porque no hay ningún tipo de seguimiento por parte de las autoridades responsables.

¿Qué dicen las autoridades?

“Cuando recibí la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Tadó S.A. (ESPAT), la celda en la que se deposita la basura estaba al borde del colapso”, anticipa Francisco Valderrama, el gerente. “Entonces empezamos a intervenir activamente en una adecuación para ajustar la celda a nuestras necesidades reales”.

Pero, según los habitantes de Hueco Oscuro, esa celda colapsó y el problema está generando afectaciones colectivas de salud pública. Mientras tanto Valderrama afirma lo contrario: “simplemente tuvimos un mal almacenamiento cuando se utilizaban unas volquetas para la recolección de basuras y una de esas se llevó a reparación”, dice a Consonante. 

Si bien Valderrama ha reconocido quejas de la comunidad y reconoce que hay molestias cada vez que remueven la basura porque genera olores nauseabundos; asegura que una de las próximas medidas será vincular a la fundación Asoculde para reducir los impactos en la contaminación ambiental y transformar plástico, cartón y vidrio en materiales que puedan ser aprovechables.

“Estamos actuando para asegurarnos que el sitio de disposición cumpla con todas las normas. Debemos construir otra celda transitoria cuando las autoridades ambientales nos certifiquen que la actual no sirve”, explica el gerente. 

Dice Valderrama que debido a la falta de documentación sobre los estudios alrededor del botadero y sus impactos ambientales, no conoce con exactitud cuál ha sido la inversión ni cuál será el alcance financiero de las intervenciones que son necesarias. Sin un diagnóstico claro, el gerente de la ESAT asegura que es la Alcaldía la que deberá ocuparse de hacer la inversión.  

El alcalde, Juan Carlos Palacios, admite el desafío que representa esta problemática, pero desconoce la inversión pública que se ha hecho en Hueco Oscuro. “La problemática del sitio de residuos sólidos de Tadó no es un tema de hoy; es un tema secuencial que se ha venido presentando. Hemos tenido la buena voluntad de mandar a hacer una limpieza y revisar si la Alcaldía tiene que suscribir el convenio para la construcción de la nueva celda”, asegura a Consonante.

Según Palacios, no se realizaban los trabajos de acondicionamiento ni de mantenimiento ecológico en el único depósito de basura que tiene el municipio, lo que generó un rebosamiento por exceso de basura. 

“A esta celda se echa todo tipo de material y no se realizan los trabajos pertinentes y se llenó por no hacer el proceso de tratamiento adecuado. No fue en esta Administración porque la problemática viene de varios gobiernos (primero Arismendy y luego Copete), pero ahora nos toca resolver a nosotros algo que, desde hace ocho años, necesita estudios ambientales”.

Según se puede verificar en la página de la Alcaldía, durante la gestión de Yocira Lozano Mosquera como alcaldesa provisional en 2021 y Brenda Yulie Mosquera como gerente de la ESPAT se construyó una celda transitoria. Pero nadie responde por los estudios  y conceptos emitidos por la autoridad ambiental del Chocó - Codechocó.

¿Qué sigue?

Enormes zapallos, lulos y limones crecen en Hueco Oscuro. 

Diferentes plantas trepadoras o cucurbitáceas —como el maracuyá— y frutos de las semillas que llegan al depósito aprovechan los nutrientes de la basura antes de su descomposición. Si no fuera así, los adultos mayores no estarían convencidos de que una celda bien tratada sería el mejor campo de abono. 

Pero el proceso de depuración fallido no es el único riesgo de contaminación en el sector. Tanto el alcalde Palacios como el gerente Valderrama aseguran que la ciudadanía arroja a las fuentes hídricas sus desperdicios y, a veces, no son solo champa o canoas las que viajan por el agua pues también flotan hasta colchones. 

La contaminación del río San Juan y de las quebradas cercanas, así como la contaminación del aire y de las aguas lluvias, afectan también a la población urbana del municipio, a tan solo 2.5 kilómetros de distancia.

Hay personas que pasan por el botadero de basura todos los días por el pancoger y temen que los microplásticos en el entorno cambien la estructura física de la tierra y limiten su capacidad de retención de agua. Eso reduciría el crecimiento de las raíces y por tanto de la absorción de nutrientes para sus cultivos.  

Luz Melina Benítez Perea, de 66 años, es una de las campesinas que dice que todos los días, cuando pasa por ahí, se quedan impregnados los malos olores. “Huele mal cuando calienta el sol o cuando mueven la basura para agruparla. Allí se pudren patas de animales que arrojan y eso aumenta el número de moscas, zancudos y ratas que contaminan los techos, desde donde recogemos el agua para nuestro consumo”.

Benítez Perea asegura que nunca han reclamado comunitariamente porque no sabe si son escuchados. Orlando Jordán, por su parte, cree que es injusto tener que asumir costos para controlar las plagas que afectan el buen desarrollo de sus criaderos, su principal fuente de recursos.

Mientras Luis Alberto Perea intenta recuperarse de tifo y paludismo, mujeres como Mirian Murillo Palacios no quieren volver a encontrar una mapaná o serpiente ‘equis’. Todos tienen esperanza de que se cumpla la promesa pública de construir una empresa de reciclaje que convierta la basura de Hueco Oscuro en elementos con valor comercial. Algo que, de funcionar, beneficiaría con empleo a familias de esa y otras localidades.

Yaqueline Suaza Medina es comerciante independiente y actual tesorera de la Asociación de mujeres en pie de lucha por la equidad y los derechos humanos - ASOMUPIEL. En 1998, con cerca de 25 años, era la única mujer, junto a su hermana, que realizaba una edición cultural en San Vicente del Caguán.

El municipio fue delimitado para que un grupo armado, por primera vez en Colombia, tuviera libre movilidad con cese de hostilidades, justo cuando su hermana Martha Cecilia Suaza Medina, recién llegada de Italia porque pasaría una temporada en Colombia, mencionó que allí hacía falta ‘algo’.

Pese a que había mucha información de San Vicente del Caguán en la prensa nacional solo se oía la radio. “¡Mamma mía!” fue la expresión que usó Martha Cecilia ese día y con ella vino a su mente un formato de revista única. La propuesta hizo eco en los oídos de su hermana Yaqueline y, sin pensarlo dos veces, empezaron a buscar la imprenta. 

Según Yaqueline, el propósito con Mamma mía fue rescatar la historia del pueblo y entusiasmar con la lectura, promover el cuidado de la ecología y fomentar el empleo a través de la sección de clasificados.

En sus recuerdos, ella se percibe como una mujer a la que no le daba pena hablarle a quien fuera. Que si estaba en la tarima o si tenía que atravesar para tomar una foto, lo hacía. Ser arriesgada, puntual con las entrevistas y con los tiempos de impresión, resultó ser su fórmula para llevar a cabo cada ejemplar físico.

En total fueron diez ediciones y aunque adelantaron el tiraje de la once, nunca salió a la luz por falta de presupuesto. Martha Cecilia fue una de sus principales financiadoras durante las publicaciones esporádicas, porque la periodicidad dependió del patrocinio que, según Yaqueline, provino del Vicariato, de la Alcaldía, de Instituciones educativas y de ventas ambulantes.

Antes del cambio de siglo, además, no había medios de comunicación impresos y nativos de San Vicente del Caguán. “En algún momento existió un periódico llamado San Vicente Informa que dejó de circular sin razón aparente”, dice. 

“Acogimos la idea de hacer una revista aunque ninguna de las dos tuviera experiencia; nos pensamos un formato sencillo y entendible y partimos de que la audiencia carecía de estudio tanto en el área urbana como rural por falta de acceso”. 

Consonante la entrevistó para conocer la historia detrás de su modelo de prensa.

Consonante: ¿Cómo describe la época en que nació la revista? 

Yaqueline Suaza Medina: Mammá mía nace en noviembre de 1998, el tiempo en que se inicia “el despeje”, y se publica hasta el 2001. A los tres años, cuando nosotras teníamos el ejemplar de la edición número once, lista en el computador para mandar a imprimir, no teníamos recursos. Alguien se ofreció pero, como coincidió con el fin del intento de diálogo del Gobierno con las antiguas Farc-ep, no quise, porque era peligroso. Yo sabía que iba a tener problemas si esa persona me colaboraba, entonces no acepté. 

Siempre fuimos independientes e incluso brindamos un espacio para que escribieran personas anónimamente. Recibimos comentarios por los artículos alrededor de muchas de las cosas que estaban pasando. En una ocasión, una persona me pidió que le dijera quién estaba escribiendo las críticas en contra del “despeje” y yo le dije que no, que no tenía por qué hacerlo, ya que conocía mis derechos y los derechos de un medio de comunicación. Es justo cuando también nace la idea de estudiar Comunicación Social.

C.: ¿Cómo preparó la primera edición?

Y. S. M.: La primera revista uno la ve y es como si la hubiera hecho un niño de kinder. El primer ejemplar que sacamos, nos sacó canas. Pensamos en que todo fuera alusivo a San Vicente y no tomamos fotos sino que la portada es un dibujo que hizo mi hermana del monumento “el hacha”.

Al principio hicimos 500 ejemplares y fue muy tenaz porque acá no había donde imprimir, entonces nos fuimos a Bogotá y por medio de una amiga en la capital que nos ayudó a diseñar y a otro amigo que nos ayudó con el dato sobre dónde imprimir en tiraje. Pero la imprimió un señor que no sabía sino imprimir, es decir, no nos guió con la diagramación y quedaron hojas en blanco; desaprovechamos espacio y luego la contraportada también salió vacía. Fue una cosa de la que nosotras después nos reímos al comparar con el último ejemplar que, sin ser el mejor, sí tuvo una evolución. 

Para la segunda edición fueron 1.000 y después 2.000 y así sucesivamente. No recuerdo si alcanzamos a llegar a los 5.000. 

C.: ¿Cómo fue el proceso para legitimar a Mamma Mía como medio de comunicación, además de invertir tiempo y presupuesto?

Y. S. M.: Lo primero fue buscar el ISSN (el código numérico para la identificación de las publicaciones seriadas), que otorgan a los medios de comunicación. Estos tienen que cumplir con unos requisitos como ser impresos y continuos, entre otros. Mi hermana, como era en ese momento como la representante legal, hizo la solicitud. Por un lado debíamos inscribirnos en la Cámara de Comercio; por otro lado dejar ejemplares en la hemeroteca de la Universidad Nacional y otros por ley.

C.: ¿Cómo hacían la reportería y cuál era su agenda para recolectar su información?

Y. S. M.: La revista tenía varias secciones. La primera era ‘recuerdos’ para entrevistar a personas oriundas de San Vicente. La segunda sección era de cultura porque, en ese momento, había un proyecto de la iglesia que tenía como propósito fomentar “el desarme infantil” (ya que los niños se veían jugando a la guerra). En ese momento había una hermana que promovía la escritura para niños, lo llamaba ‘angelitos’. Decidimos dejar una sección para sus escritos, lo que nos trajo más lectores infantiles y sus cartas a la espera de lograr verlas publicadas, desde las inspecciones rurales por donde también circulaba la revista. 

Otra sección era de clasificados para las personas que estaban buscando empleo y también tuvimos espacios para publicidades, entonces cobramos a cada persona por sacarle el espacio.

C.: ¿La publicación de clasificados fue la principal fuente para sostener a Mamma mía o cómo construyeron las alianzas para fortalecer la publicación?

Y. S. M.: Cuando íbamos a vender la revista —porque no era gratis— yo me iba por las calles ofreciéndola. A veces daba tristeza, porque uno estaba vendiendo algo que había hecho con mucho esfuerzo y, personas estudiadas que lo sabían, no nos apoyaban o hasta podían demeritar el trabajo hecho, a pesar de eso, fue mucha más la gente que nos apoyó fuese con publicidad o con la compra. Algunos decían, ¿esto para qué? Fomentar la lectura era nuestro propósito.

C.: ¿Cómo fue generar contenido de interés para un público con falta de acceso a la educación? ¿Cree que eso influye en la escasez de medios en San Vicente del Caguán?

Y. S. M.: Claro y para ese momento mucho más. En un municipio como San Vicente con falta de conocimiento limita el interés por las noticias, la opinión y los cambios, para este caso de políticas, de los derechos y en las tomas de decisiones. Es por esto que el formato de Mamma mía estaba diseñado para que fuese completamente atractivo y, sobre todo, entendible.

C.: Uno de los pocos periodistas reconocidos en el municipio fue Alberto Suaza Lomelin, ¿cómo recibió su ejemplo para generar contenido informativo?

Y. S. M.: Mi tío Alberto, el de “la voz soñada”, estuvo presente en nuestra segunda edición. A él sí lo sacamos en fotos y todo con una entrevista para resaltar su ejercicio de divulgación como pionero y principal fundador de los medios de comunicación en San Vicente del Caguán. 

De pie, en una esquina y con su megáfono, mi tío divulgaba las noticias como la construcción de la carretera, el eclipse, una cosa o la otra. A veces con carteles que él mismo hacía a manos. Para mí su labor fue muy bonita y le llegaba a la gente, tal vez queríamos hacer lo mismo.

C.: ¿Ese ejemplo familiar contribuyó en su formación?

Y. S. M.: De pronto eso sí puede estar en la sangre.

C.: ¿Considera que ahora hace falta una publicación como Mamma mía?

Y. S. M.: Sería algo hermoso si la hubiera. Y que fuera una revista limpia sin una tendencia en el sentido del color político, porque eso fue lo que nosotras logramos: una publicación independiente. 

C.: ¿Qué otras reflexiones obtuvo del oficio?

Y. S. M.: Lo que es el amor por comunicar, una práctica de dedicación e ingenio. Nos fuimos por la cultura, la opinión y por darle espacio a la gente, porque siempre tiene algo por decir. 

Luis Serrato se comunicó hace unos meses con la línea de la promotoría campesina de la Corporación de trabajadores agropecuarios y ambientales de los llanos del Yarí - Corpoayarí. Asustado, reportó el ataque de un felino a cuatro de sus animales vacunos, de los cuales tres fallecieron y uno estaba gravemente herido. 

Raúl Ávila, el representante de Corpoayarí y el líder de la promotoría, fue el primero en responder a la denuncia. En ese momento se desplazó con otros campesinos hasta la finca de Serrato para verificar los hechos.

Al llegar, Ávila le pidió a Serrato diligenciar un formato con la información detallada sobre el ataque: hora, lugar y grado de daño. Después, realizó la respectiva toma fotográfica del tamaño de los rasguños en los animales heridos y del rastro o las huellas tras su paso, entre otros aspectos. 

En ese momento, el promotor ofreció al fincario asistencia técnica agropecuaria y consejos sobre prevención de riesgos para la suya y otras familias alrededor. Además de capacitar en el monitoreo sobre presencia de felinos, la promotoría campesina en El Yarí se encarga de proteger, con las ocho letras, la biodiversidad en la que habitan.

“Creamos un mecanismo para adquirir conocimientos y compartir saberes de campesino a campesino con el fin de dejar personal capacitado en el territorio en diferentes áreas: ambientales, sociales y productivas”, dice Ávila a Consonante.

Ese mecanismo es también un modelo de gobernanza comunitaria que comprende muchas actividades como el fomento del viverismo; el cuidado de abejas; la convivencia de especies salvajes y silvestres; el aprovechamiento de frutos no maderables; la planeación y diseño de patios agroalimentarios y de ganadería sostenible; el manejo de acueductos agro familiares; la conservación; restauración y aprovechamiento de abonos orgánicos, entre otras.

Con más de cinco años de fortalecimiento, campesinas y campesinos quieren que se reconozca en Colombia esta iniciativa como un ejemplo de liderazgo popular capaz de satisfacer las necesidades sociales y de proteger los entornos desatendidos o golpeados por otras iniciativas que, por demás, desconocen en esas actividades la protección a la principal fuente de vida dentro y fuera del territorio. 

Desde cuándo

Esta iniciativa surgió en 2019 en San Vicente del Caguán con el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, financiado por el Fondo Mundial para el Medioambiente (GEF) y ejecutado por el programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). 

Si bien contó con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desde el 2019 hasta el 2023, en el presente la promotoría está respaldada únicamente por las organizaciones sociales y comunidades del Yarí. Sin embargo y según el campesinado, a esa autonomía no le caería mal el apoyo oficial de entidades públicas o descentralizadas para su fortalecimiento.

Así lo asegura Ávila, quien dice que “con la promotoría campesina surge la oportunidad de que los saberes que hay en la población campesina no se pierdan y, a su vez, promover el empoderamiento y unificar ideas entre las familias”.

La promotoría campesina del Yarí está integrada por jóvenes, niños, niñas, mujeres y hombres del territorio; “pero (promotores) somos todos, porque hay campesinos y campesinas que nos enseñan muchas cosas cuando vamos a sus fincas”, explica Yudis Cerquera, líder de la promotoría campesina de la Asociación empresarial de campesinos del Yarí Asecady. “Cada uno de los promotores y las promotoras se capacitan y, dependiendo de su fuerte, lo comparten con los demás”, agrega.

Las escuelas son fundamentales ya que, en palabras del secretario de Asecady, Edwin Mauricio Vargas, se busca que no solo se implemente este mecanismo en casa, sino también institucionalmente. “Los y las profesoras pueden replicar los conocimientos adquiridos y generar conciencia en estudiantes”, agrega Vargas. “Tan solo en noviembre del 2019 se logró realizar el acuerdo intergeneracional del jaguar, por ejemplo, que consiste en que los campesinos, niños, niñas, jóvenes y docentes se comprometan a cuidar esta especie y su hábitat”. 

Otro de los grandes resultados alrededor de la concientización y el cuidado de especies felinas resultó en la creación del Festival del Jaguar en las Sabanas del Yarí, evento que lleva tres ediciones y es reconocido como un ejercicio comunitario de conservación para seres en extinción. “En cada nueva edición se suman más comunidades”, agrega Vargas.

Uno de los principales retos en la ejecución de la promotoría campesina, según la líder Cerquera, es la distancia que se debe recorrer en las sabanas o llanos del Yarí, que estriba con la Serranía de la Macarena, ya que “el área es muy amplia y faltan recursos para poder apoyar más a los fincarios y cubrir las necesidades de algunas familias en estos casos”, dice. Pero esto es también una fortaleza, pues ha determinado, según Cerquera, la promoción de gestiones que van desde la instalación de un acueducto comunitario hasta la formación en avistamiento de aves, que años atrás tenían menos reconocimiento.

La distancia entre veredas cercada por la selva del piedemonte, por ejemplo, les llevó a crear el “fondo jaguar”, que ha funcionado para dar respuesta a los fincarios afectados por la presencia del felino; esto incluye algunas actividades de mejoramiento genético para sus animales, realizando inseminación artificial para garantizar la preñez y poder tener una reposición animal en el menor tiempo y la menor afectación y pérdida de los campesinos afectados. 

Qué sigue

Dentro del proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, la promotoría campesina y los fincarios llegaron a un acuerdo que tuvo en cuenta las necesidades del beneficiario-afectado, es decir; cuando un campesino es visitado por felinos, el proyecto se convirtió en un proveedor de elementos para una reposición de las afectación. Y los fincarios, por su parte, se comprometieron a aportar lo que el proyecto no pudiera. Pero la mano de obra va por cuenta de ambas partes. 

Las mujeres fueron líderes desde el principio con la recolección y protección del banco de semillas, otra de las actividades que promueve la promotoría. La propagación en sus viveros así como la siembra de huertas caseras son algunas de las acciones para preservar especies nativas en el territorio. 

“La importancia de conservar semillas es porque no compramos las que son transgénicas, porque no nos permiten la conservación y propagación de las que son nativas, las de nuestra región, para no perder estas especies”, dice Arelis Giraldo, beneficiaria del proyecto.

Giraldo ha cultivado en su finca más de treinta especies alimenticias como cebolla larga, cebolla india, espinaca de bejuco, espinaca crespa, yuca, plátano, cocona, chonque, batata y otra variedad de especies. Pero no es la única, la Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí - Aampy, representada por Raquel Espinoza, han propagado más de cien especies nativas en el vivero Alto Morrocoy, entre ellas maderables, intermedias y tardías; también indio viejo o cañofisto, cañandonga, chipo, canangucha, cedro achapo, milpe y ahumado, entre otras.

Una de las peticiones de Espinoza para que este modelo de siembra liderado por mujeres florezca tiene que ver con soberanía y autonomía. Según Yudis Cerquera, líder de la promotoría, este mecanismo es también una oportunidad para generar vínculos entre las comunidades. Lo mismo celebra Cheverito, el secretario de Asecady, quien reconoce que esta iniciativa campesina por primera vez ha fortalecido el orden en el territorio y la gobernanza comunitaria.

Lo que hace diez años era una garita para centinelas de las extintas Farc-ep, ubicada en la vereda El Triunfo de las Sabanas del Yarí, a 170 km del casco urbano de San Vicente del Caguán, hoy se convirtió en un ‘megacolegio’. Así fue descrito por los campesinos el pasado 12 de abril, cuando inauguraron el entonces Internado Agropecuario y Ambiental “Gentil Duarte”, renombrado Instituto Agroecológico Sabanas del Yarí.

La caseta que funcionaba como un punto de control militar es ahora una infraestructura con salones de preescolar a once, sala de maestros, laboratorio, dormitorios para estudiantes, baños, biblioteca, comedor y una cancha de fútbol. 

En la construcción participaron más de 500 representantes de las veredas y sus Juntas de Acción Comunal - JAC, incluyendo las guardias campesinas e indígenas. También participaron integrantes del Estado Mayor Central - Emc, disidentes de las antiguas Farc-ep que ahora participan en una ​Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno Nacional.

Según las versiones de distintas personas de la comunidad, no es la primera vez que en esta zona del país el modelo de ejecución de obras se da con un grupo armado al margen de la ley. “Tan solo en el Proceso de Paz, las Farc-ep contribuyeron a la pavimentación del municipio. También orientaron la invasión de las comunas y fueron responsables de la apertura de las vías terciarias”, recuerda un veterano del Comité de Ganaderos de San Vicente del Caguán - Comgasanvi.

Con la invasión, el líder se refiere a la ordenamiento territorial de las nueve comunas de la zona urbana, un croquis para establecer los primeros barrios habitados por familias de excombatientes y familias comunes. No es distinto en la zona rural, donde hubo apertura de nuevas veredas y formalización de carreteras, antes clandestinas, que fueron construidas sumando fuerzas y recursos de varios sectores.

La comunidad inauguró el colegio con un gran festejo. Aunque asistieron cerca de mil campesinos, no hubo presencia institucional. El Ministerio de Educación rechazó de manera preliminar la construcción, así como lo hicieron los gobernantes locales y regionales.

Sin embargo, el Gobierno Nacional otorgó luz verde al colegio como parte de los acuerdos de la Mesa de Diálogo y, a cambio, pidió modificar el nombre de ‘Gentil Duarte‘ que alude a un excombatiente. Mientras se formaliza el proyecto escolar, la comunidad defiende su derecho a la educación y dice no estar dispuesta a descartar la infraestructura.

Manos a la obra 

“La guerrilla siempre ha contribuido a hacer las obras”, anticipa uno de los voceros de la Corporación para la defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive. Quien cuenta que, en ocasiones, cuando las organizaciones sociales solicitaban maquinaria pesada a la administración local, para construir infraestructura vial, esta no daba respuesta. “Eran las Farc-ep las que llamaban al alcalde de turno para que cumpliera su compromiso. ¿Y qué alcalde se iba a negar?”, pregunta.

Según el líder, la construcción del colegio ‘Gentil Duarte’ no empezó por orden de disidentes, “porque las organizaciones y liderazgos sociales no le hacen mandados a la guerrilla”. Aunque la idea puede nacer de ahí, asegura que “se discute en las asambleas de las JAC, que son el espacio real de decisión en estos territorios”.

Fue hace dos años que comenzó el proceso de consulta y luego la socialización entre las organizaciones, núcleos veredales, JAC y campesinos de las Sabanas del Yarí con el Estado Mayor Central. Según afirman las fuentes, la propuesta de construir un colegio vino desde la comunidad, que aportó de diferentes formas: en mingas o jornadas de trabajo colectivo y poniendo materiales a disposición.

Por comentarios de campesinos, gran parte de la reconstrucción territorial como vías carreteables, peajes comunitarios y hasta el apoyo para resolución de conflictos quedó bajo el liderazgo del Emc, tras la firma de los Diálogos de Paz con las Farc-ep. Entre sus objetivos está la construcción de escuelas, el fomento de proyectos agroecológicos y la formulación de planes productivos en las sabanas del sur del país. 

“Hicimos el juramento de llevar el discurso a la práctica del programa agrario que fue hecho por los camaradas en 1964 (...) Si aquí hemos tenido una experiencia de guerra, ahora tendremos una experiencia de paz (...) Por eso, construimos este internado homenajeando a ‘Gentil Duarte’”, manifestó a medios el ahora comandante del Emc Alexander Díaz, alias ‘Calarcá Córdoba’, actual negociador de la Mesa.

‘Gentil Duarte’ es el alias de Miguel Botache Santillana, excomandante del Emc abatido en 2022, y quien estuvo casi 20 años en las sabanas del Yarí. En la inauguración del colegio bautizado con su nombre, por consenso de la comunidad, también se destacó una estatua en homenaje. Pero tanto el nombre como la escultura fueron rechazados por la administración municipal y departamental, así como por el Ministerio de Educación.

Con todo, en El Yarí las opiniones están divididas. “Por fuera de San Vicente vieron mal el nombre que lleva, pero lo que nosotros pensamos es que el nombre no es el que educa”, aseguró a Consonante una líder campesina. El colegio, explica, lo consideran un gesto hacia las comunidades. “Ahora hay más población en esas áreas rurales y los niños sufren para ir a estudiar. Si ese colegio va a ayudar, pues no le pongamos cuidado al nombre. Los que vivimos acá sentimos que el colegio llegó en buen momento, hemos respaldado la infraestructura y estuvimos en la entrega”, agrega. 

Pero para Nilson Iván Mendez, rector de la Institución Rural Villa Carmona, el nombre reafirma el estigma que tiene esta región en el centro del país y genera cierto malestar. A pesar de esto, considera que a estas alturas se debe valorar la construcción: “hay que hacer oídos sordos; aquí lo interesante es la educación y el aprovechamiento de los espacios que las comunidades no tienen”, dice a Consonante.

“El Internado Agropecuario y Ambiental Gentil Duarte (IAGD)
los invita a la gran inauguración de su megacolegio en la vereda El Triunfo”.

Lo mismo dijo a La W Radio el jefe negociador Camilo González, quien aseguró que “en estas zonas donde las escuelas son de 4x4 para 25 niños, hay que aprovechar esa estructura”. También declaró que antes de la inauguración del colegio hicieron un sobrevuelo con apoyo de Naciones Unidas para verificar que no estuviera sobre una reserva forestal. 

Junto a la Agencia Nacional de Tierras se determinó que el predio del colegio y la granja agroecológica no hace parte de la zona de reserva ambiental, sino que está en área de “baldíos y por tanto los títulos de propiedad pueden ser tramitados”. De hecho, la Sociedad de Activos Especiales - SAE ha acompañado el proceso y, según González, “la expropiación, extinción de dominio y destinación del inmueble fueron consideradas”. 

Inauguración de polémica

El presidente de la JAC de la vereda El Palmar tampoco estuvo de acuerdo con el nombre que otorgaron al colegio. “Me preocupa que los niños, adolescentes y jóvenes que puedan estudiar acá tengan una discriminación en otra parte”, afirma. 

El nombre del colegio, sumado al monumento del líder de las milicias, fue el ruido más recurrente en los medios de comunicación con titulares como: “colegio de polémica” y  “polémico colegio”.

Ese también fue el impedimento para que el Ministerio de Educación pudiera brindar la acreditación. A través de un comunicado, la cartera sentó que las escuelas deben estar por fuera del conflicto armado y de cualquier acción ilegal. “Rechazamos cualquier situación que vincule al sector educativo con grupos al margen de la ley o actividades ilícitas”, dice el documento.

El comunicado institucional provino después de la inauguración, a la que asistieron más de mil personas de la comunidad pero nadie del sector público. El gobernador Luis Francisco Ruíz Aguilar mencionó su descontento y no fue muy diferente a la reacción del alcalde de San Vicente del Caguán, Luis Trujillo Osorio, quien manifestó su inconformismo y aseguró que él nunca convocó a la ciudadanía al evento de apertura.

Por el impacto en la opinión pública, Thomas Ojeda, integrante del Emc y negociador en la Mesa, resaltó que el nombre podría ser corregido como las comunidades lo sugieran y que la infraestructura está hecha para su uso. Así, tras el retiro de la estatua por parte del Ejército Nacional, el complejo fue rebautizado como ‘Instituto Agroecológico Sabanas del Yarí’ en un encuentro realizado el 8 de mayo entre el Emc, las comunidades y la delegación del Gobierno.

“El país está dividido en dos bloques y uno de esos es el que no quiere soltar el poder y al que nunca le importó que la comunidad tuviera un colegio”, agrega una presidenta de JAC. “A ese bloque sólo le importó que el colegio tenía el nombre de un guerrillero, cuando los recursos de la guerrilla también salen de los aportes de la comunidad”, dice a Consonante.

El origen de los recursos que empleó el Emc para la construcción de esta institución es una de las preguntas recurrentes a González, el jefe negociador del Gobierno y quien dio la aprobación de la infraestructura como un paso más en estas negociaciones. 

Frente a la posibilidad de que esos recursos provengan de lavado de activos o de activos obtenidos por vías ilegales ―como lo sugirió un periodista en la entrevista de La W―; González aseguró que eso deberá estudiarse y que, en caso de que se compruebe, tendría solución jurídica. 

La comunidad defiende su derecho a la educación mientras en el resto del país rechazan la iniciativa, como fue el caso de Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, quien escribió: “Ni un peso del gobierno del Meta para un colegio construido con dineros de extorsión, secuestro y narcotráfico. ¡No vamos a recibir el colegio 'Gentil Duarte'! Faltaba más que resultáramos socios de las disidencias de las Farc-ep que tanto daño están haciendo en nuestro territorio”. 

Sin embargo, un exfuncionario público concluye para Consonante que “lo que han revelado los procesos organizativos es que no se reciben órdenes, hay autonomía y gobernanza campesina”.

Educación agroecológica

Pese a la réplica del comunicado emitido por el Alto Comisionado para la Paz, el pasado 8 de mayo, en el que aseguran que como parte de lo acordado en la Mesa de Diálogos con Emc el colegio será formalizado por Mineducación y recibirá los títulos de propiedad; el despacho emitió una aclaración a la opinión pública el día siguiente:

Esto, aun cuando Olga Lucía Fuentes, directora de Cobertura y Equidad del Mineducación, dijo ante los asistentes de la reunión con el Emc que trabajará de la mano con la Agencia Nacional de Tierras y la Secretaría Departamental de Educación del Meta “para la formalización del predio y la creación de la institución educativa técnica del Yarí, de acuerdo con la voluntad expresada por las comunidades del territorio”. La promesa es que en 2025 estará listo este trámite.

Nilson Iván Mendez, el rector de la Institución Rural Villa Carmona, agrega que el panorama educativo en esta región del país es particular. Eso lo corrobora el Plan de Desarrollo Municipal - PDM 2024-2027 que presentó un diagnóstico con una baja cobertura de educación media, sobre todo en el campo.

El PDM enseña que hay una insuficiencia de infraestructura; falta de dotación educativa; baja conectividad; escasez de comedores estudiantiles; poca contratación de personal docente y hasta migración del profesorado por falta de garantías en el contexto. Asimismo, el documento señala que esto provocó deserción escolar; pérdida progresiva de competitividad laboral; disminución de mano de obra; menores salarios y oportunidades para superar las cadenas de miseria y exclusión. 

“Hemos sufrido mucho por la falta de docentes y ese es un aspecto que se generó a raíz del concurso posconflicto en el que mucha gente participó, vino de otras regiones y al año o a los dos años, buscó devolverse, dejando un vacío a las instituciones y más trabajo a los rectores” explica Mendez.

En estos espacios de transformación territorial, además, la educación ambiental es protagónica. Según el comandante del Emc ‘Calarcá Córdoba’, la idea es que los jóvenes recuperen las tierras despejadas con proyectos agroecológicos y, por eso, el colegio deberá tener un énfasis en el campo y su revitalización, ya que quieren convertir la mitad de 280 mil hectáreas a su disposición en zonas productivas. 

La inauguración del colegio contó con ofertas de proyectos agrícolas como soja, caña, yuca, plátano así como entrega de maquinaria amarilla, plantas procesadoras de arroz y hasta planes de parcelación de la tierra. Para Andrés Lemus, representante legal de la Asociación Corpoyarí, la necesidad de inversión sigue siendo una prioridad, “poseemos tantas necesidades que solo pedimos soluciones, y la educación es una de ellas”.

Así, mientras el Ejército, los gobernantes de turno y algunos medios de comunicación nacionales rechazan la obra, la comunidad del Yarí la celebra.

“Aquí llevamos un aparato muy feo”, decían los hombres entrando a la vereda Pondores, zona rural de Fonseca, con un animal en un costal. “Pero es bien feo”, repetían. Dentro, un ave revoloteaba con angustia. Cuando cedieron a mostrarla, lanzó un picotazo capaz de despedazarme la piel: era un búho de anteojos.

Su enorme y expresiva mirada me transmitió temor y ternura. Sus ojos eran como dos anillos de fuego sobre un pico color hueso y sus garras enormes, lo suficientemente fuertes como para apresar a un roedor, una gallina o un gato.

En esta zona rural del sur de La Guajira es frecuente escuchar a estas aves. En mi cultura wayuu, de hecho, son conocidas como «shoto», un intento gramatical de imitar el sonido que hacen desde las ramas de cedros, robles o ébanos. 

Pero en el campo estas aves no se dejan ver como los gavilanes, por el camuflaje de sus plumas, y porque pertenecen a la esquiva familia strigidae, la de los seres voladores de la noche.

A vísperas de Semana Santa, sin embargo, el peor momento para un búho —sobre el que la gente suele decir que ‘es mensajero de malos augurios’—, apareció uno. Lo recogieron entre campesinos que dijeron que estaba malherido en un potrero de la vereda de Lourdes, a casi 20 kilómetros de la zona urbana. Pero por la fama que tienen tanto búhos como lechuzas, como la mayoría de las aves rapaces o tecolotes (que en náhuatl quiere decir el del pico torcido), es necesario evitar los efectos negativos para su supervivencia. 

Según el historiador y colaborador de la Revista Folklore, Manuel Ángel Charro, en todo el mundo hay simbolismos contradictorios que han puesto en riesgo la preservación de estos animales al asociar su presencia con temores humanos (como portador de calamidades o animal-bruja). 

En el Caribe colombiano no es distinto. Para mi etnia, wayuu, los búhos y lechuzas son seres de poder a los que nos acercamos con respeto porque anuncian con su canto la muerte. Por lo mismo, la gente blanca o arijuna les teme.

Además, en América se propagó una cuestionable reputación y, desde la era prehispánica, existe el refrán mexicano «cuando el tecolote canta, el indio muere»; por eso, la propuesta de cuidado ha sido «cuando el tecolote canta, no lo molestes».

Sobre el totumo

Los hombres me entregaron el costal como si se hubieran liberado de una carga pesada. Afuera, y sobre una horqueta de totumo, el búho llamaba la atención de quienes pasaban. 

Los campesinos no paraban de hablar sobre mitos y supersticiones alrededor del ave pero también me decían: “Para amansarla, críela, póngale un nombre y aliméntela. Le tiene que dar carne cocida y bañarla con meados”.

Yo ya sabía que encariñarme con un ave de rapiña me traería problemas porque, como dice Gustavo A. Bravo, el curador de Colecciones Ornitológicas del Instituto Alexander von Humboldt, “a las aves rapaces la gente no las quiere cerca ya que se comen a los pollos y a las gallinas aunque hagan control de especies invasoras”.

Por la expresión del búho, el experto me aseguró que estaba desorientado y asustado ante la presencia humana. Y, por su plumaje, que era bastante joven. Esa es una de las razones para que el ave estuviera caminando por el potrero de Lourdes. 

Además, a una edad temprana —como confirmó el ornitólogo—, “esta especie empieza a moverse sobre el nido y es muy común que baje de la copa de los árboles y esté por un buen rato en el piso”.

Aunque descender hace parte del desarrollo desde que es cría, incluso, como afirma el ornitólogo, durante semanas estos búhos experimentan con su naturaleza silvestre; este animal tenía una cortada y un hematoma en una de sus extremidades que le impedían echar vuelo y conseguir alimento por su cuenta.

Empecé por conseguirle ratas y pequeños reptiles que pude cazar con trampas y pedí el favor a los chicos, que suelen ir de cacería, que me trajeran más ratas si encontraban en el camino. Opté por darle las presas vivas, ya que sólo así comía.

Las heridas, el hambre y la juventud hacían que el búho se comportara feroz pero no esquivo. De acuerdo con el ornitólogo, “las crías pueden hacer daño no premeditado sino por acto de reflejo, como cualquier animal en defensa”. Esa es una las razones por las que entiendo por qué reaccionan como reaccionan en cautiverio y por las que no es recomendable apresar el animal sin una autoridad ambiental. 

Lo estacioné en un árbol de mango, el más frondoso para poder ocultarse de la luz. A solas con el búho, lo llamé ‘Kohaku’.

El guardián del manantial

‘Kohaku’ hace referencia al dios o espíritu del río. Me inspiré en ‘Haku’, el dragón blanco de Los viajes de Chihiro, película de Hayao Miyazaki.

Esta ave nocturna tiene una importante presencia en pastizales inundables de Colombia. Es una de las responsables de controlar el equilibrio poblacional entre especies en un ecosistema. 

Así lo evidencia en este artículo sobre búhos y lechuzas como guardianes de los pantanos el defensor ambiental Mauricio Castaño, quien coordina la acción popular ecológica por la conservación del humedal de Córdoba desde 1998.

También lo corrobora el biólogo del Humboldt, para quien esta especie —que es residente y no migrante— se estaciona en imponentes templos del Caribe, específicamente, en el Parque Tayrona, en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá. Y, por registros recientes de avistadores, está muy presente en praderas, aunque pasen desapercibidas.

Su área, al menos en este continente, va desde México hasta el norte de Argentina. Con la misma exactitud que cuenta sobre su ecosistema Birds Colombia —iniciativa que enaltece que el país cuente con el 20% de las aves del planeta—, “estos búhos de anteojos prefieren las selvas tropicales y subtropicales húmedas hasta selvas secas, sabanas, bosques de transición, bosques montanos, pantanos arbolados y crecimientos secundarios”.

‘Kohaku’, sin embargo, dormía de día en el palo de mango al lado de mi casa. Recién llegó le corté las plumas que él parecía jalar con su pico. Lo hice para que no siguiera lastimándose alrededor de la herida, pero me arrepentí, porque podía notar la frustración del ave al no poder volar los primeros días. 

Aunque no vuelan grandes distancias, estos búhos reconocen las oscuras profundidades de la selva con su campo de visión privilegiado y la altura de árboles centenarios del Caribe. 

Después de un mes y medio ‘Kohaku’ empezó a dejar las ratas de lado. Según me explicó el ornitólogo, “el búho, un animal que es silvestre, entró en una condición de estrés. Tantos estímulos modificaron su comportamiento. Si el animal está en peligro y no hay respuesta de una autoridad ambiental, como en este caso, también hay maneras sumamente responsables de proteger, aunque mi recomendación con el búho sería no molestarlo”, dijo.

Ese comportamiento significaba también que ya se alimentaba por su cuenta. De noche empezó a hacer un sonido agudo con el que parecía avisar su vuelo. 

Canta en la noche

Al mes y medio ‘Kohaku’ seguía cerca de la rama del árbol de mango, pero no solo ahí. Se mudaba entre los árboles más altos, hasta el punto de irse toda la noche y volver a las cuatro de la madrugada, la hora en la que  alisto a mi hijo para ir a la escuela. 

Su plumaje se volvió impecable y con los días siguió cambiando sus plumas vírgenes por plumas más gruesas. Lograba elevarse cada vez más, pero no se marchaba.

El búho de anteojos, específicamente, no está en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN​ (2023), pero el búho currucutú -que pasea también por varias regiones de Colombia-, sí encabeza una clasificación de especies “en peligro de extinción”. 

Esto último se debe a los efectos del cambio climático y también al aumento de sacrificio por el fetichismo ecológico. Justo lo que yo buscaba evitar. 

Según el experto del Humboldt, en los territorios deben ser las Corporaciones Autónomas Regionales CAR las que actúen ante estos eventos. Pero entiende que en la práctica, esta no es la realidad de todo el territorio nacional. “La tendencia natural debería ser el respeto y consolidar ejercicios de monitoreo para preservar estas especies”, aclara.

No contacté a Corpoguajira, la responsable de conservación de ecosistemas marino-costeros, porque no es usual que asistan al llamado de la gente, tampoco a mis llamados periodísticos. De hecho, vía a la vereda Puerto López, hay una reserva natural en su custodia, una obra que desde hace tres años está en pausa y sobre la que no he recibido respuestas. 

Mauricio Ossa, aficionado y promotor de Birds Colombia y Guardianes de las Aves, dice que hay algo más que pude hacer antes de sacar del hábitat a una especie: “Alzar la mirada y buscar si están cerca los padres del búho. En caso de que no, pueden ser profesionales en manipulaciones de animales los que se hagan cargo”.

Cuando empecé a creer que el ave respondía al nombre de ‘Kohaku’, acepté su naturaleza libre y salvaje. En Venezuela, de donde soy, sobre el búho recae también la creencia de que es un animal muy sabio y que ese poder fantástico también obra. 

‘Kohaku’ estuvo conmigo dos meses. Hace solo una semana que se fue, pero me conformo con escuchar en las noches más oscuras lo que parece su canto desde los rincones del bosque alrededor de la pradera. 

Una de cada cuatro personas afrodescendientes en Colombia no existe. Así lo deja ver el Censo Nacional de Población y Vivienda hecho por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2018, que omitió el registro de 1,4 millones de personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Después de una inversión pública de más de 20 mil millones de pesos en el informe demográfico, las comunidades étnicas emprendieron una acción judicial ante la Corte Constitucional, no solo por ser sujetos de derechos y merecedores de especial protección, sino también porque el Estado debe reparar las consecuencias de borrar el 30.8 % “del total” de personas afrodescendientes que viven en el país. 

La Corte, en cumplimiento de la sentencia T-276, que en 2022 favoreció a los accionantes, solicitó al DANE exponer las causas que llevaron a la invisibilización y llegar a esos hallazgos mediante diálogos con la población afectada. Una primera etapa consistió en aceptar las dificultades particulares de la pregunta sobre autorreconocimiento étnico. La segunda etapa fue aceptar los daños simbólicos y materiales producidos.

El centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia acompañó de cerca esta acción popular y aseguró que lo ocurrido con el DANE está más cercano al racismo estructural y a la discriminación histórica que a un gesto de descuido estadístico. Denuncian que, como mínimo, “afectó radicalmente la asignación de recursos del presupuesto nacional para estas poblaciones”. 

Entre 1905 y 2018 en Colombia se han hecho doce censos de población, según reporta el Análisis de la dinámica intercensal del autorreconocimiento entre 2005 - 2018: en diez se indagó por la población indígena; en cinco por la población negra o afrocolombiana; y en dos por la población rrom o gitana. En los primeros, la gente contestaba a la pregunta sobre la pertenencia a una comunidad, grupo o etnia (identificación cultural); en los segundos, cita el documento que el autorreconocimiento incluía el componente de los rasgos físicos bajo las categorías “negro-a” y “mulato-a”.

En el censo de 1993, según el estudio, la pregunta sobre autorreconocimiento se construyó con base en la Ley 70 de la época y lo que definió como “comunidad negra”. Pero a partir del censo de 2005, la pregunta operó más en términos geográficos y no tanto en términos étnico-raciales.

Así, en 1993 la pregunta fue: “¿Pertenece a alguna etnia, grupo indígena o comunidad negra? Sí o no”.

En 2005 la pregunta fue mucho más amplia: “De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, se reconoce como: 1. Indígena; 2. Rom; 3. Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia; 4. Palenquero de San Basilio; 5. Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente; 6. Ninguno de los anteriores”.

Además de homogeneizar poblaciones en la misma pregunta, la información que se recaudó hace siete años tenía como fin aportar características como sexo, edad, nivel cultural y situación económica, así como las condiciones de vida: conformación de los hogares, jefatura de hogar, tipos de vivienda y el acceso a servicios públicos.

Al haber tenido un efecto real en el diseño de políticas públicas, el DANE reconoció la necesidad de capacitación institucional sobre enfoque étnico  e hizo público el Estudio de Evaluación de las Causas de la Variación y Dificultades en la Captación de la Población Afrodescendiente.

Sin embargo, para la dominicana Ochy Curiel, académica antirracista y feminista decolonial, es urgente reparar lo ocasionado por negligencia política y reflexionar sobre la sistematicidad de la exclusión institucional y sus intenciones. Curiel habló en exclusiva para Consonante.

Consonante: Haber modificado la pregunta sobre el autorreconocimiento es parte de la respuesta del DANE para justificar la omisión estadística. ¿Cuál es su consideración sobre lo que detonó editar un renglón?

Ochy Curiel: Es problemático por varias razones. Primero porque deja de lado la complejidad de lo que significa nombrarse o autorreconocerse como persona negra, afrodescendiente, indígena, rrom, etcétera. Uno de los problemas del racismo es que hace que mucha gente de estos grupos no se reconozcan como tal porque históricamente los colonizadores dijeron que no eran humanos, asociándolo a lo negativo, y esto perdura hasta hoy.

El autorreconocimiento es un efecto del racismo estructural en la subjetividad de la gente. Quienes nos reconocemos afro ya hemos pasado un proceso formativo y de concientización y podríamos decir que nos sentimos incluso orgullosas de ser afro o negras, lo que implica no solo entender que esas representaciones coloniales son parte de lógicas de poder, sino también las resistencias históricas de nuestros pueblos.  

Segundo porque el DANE debe tener personas capacitadas que entiendan este proceso y, por lo tanto, que apliquen metodologías que complejicen la pregunta sobre el autorreconocimiento. 

Y tercero porque, como eso no se cumplió, pues obviamente hay una invisibilización de una buena parte de la población en este país.

C.: ¿Ve lo que hizo el DANE como un acto de violencia?

O.C.: Yo lo llamaría un genocidio estadístico o administrativo. El problema no tiene que ver sólo con la técnica o los procedimientos que se hicieron para recabar la información; tiene que ver con el racismo estructural que las instituciones estatales reproducen. 

C.: No es la primera vez que en América Latina hay un error demográfico. En Argentina ocurrió con el último censo y en Panamá, por ejemplo, piden reconocerse como un país afro, ya que las personas afro fueron quienes construyeron el canal marítimo y quienes actualmente componen más del 30 % de la población… ¿Podría ser una tendencia en el continente?

O.C.: En muchas partes del continente diría yo. El ejemplo de Argentina funciona porque es una sociedad totalmente eurocentrada. Prefiere reconocer sus orígenes europeos, blancos, y no a la población afrodescendiente e indígena. Hablan de los mapuche porque son originarios, pero a la gente afro —como también sucede en otras sociedades— se le ve como “los extraños”, “los que llegaron de afuera”, “los otros”. 

E igual pasa con Panamá, que ha tenido una migración de gente negra de las islas en el proceso de construcción del canal, pero antes ya existía una población afro considerable y la sigue habiendo hasta el día de hoy. En esos países, y en otros como República Dominicana —de donde vengo—, ha habido un blanqueamiento por parte del Estado. Ese tipo de políticas racistas hace que mucha gente no se autorreconozca. A pesar de que las políticas multiculturales ya incluyen a poblaciones afros, indígenas, rrom, incluso constitucionalmente, el proceso de autorreconocimiento va a tomar muchísimo tiempo en América Latina, en el Caribe y en el mundo. 

C.: Como explica, hay algo asociado a la inmigración. Aunque se habla mucho del racismo afro e indígena, investigaciones académicas y archivos de prensa demuestran la discriminación hacia marroquíes en Europa y hacia personas asiáticas en Latinoamérica, por ejemplo. ¿Continúa la imposición de la supremacía blanca?

O.C.: Estamos en un momento bastante delicado: el racismo se ha exacerbado, los movimientos de derecha, de ultraderecha e inclusive del fascismo resurgen (como lo demuestra Alemania e Italia) y eso está ligado al nacionalismo. El nacionalismo, además, siempre está articulado a un rechazo a la presencia de esos “otros” que no se consideran parte de una nación, de un país: aunque hayan nacido ahí, nunca los van a considerar ciudadanos de esos lugares. 

Ese racismo, que es estructural y que tiene a la xenofobia como una de sus manifestaciones, no solo se ve en políticas migratorias —evidentes todos los días—, sino también en políticas de vivienda, educación, empleo y en todas las áreas que demuestran que sigue habiendo una amplia exclusión institucional hacia personas migrantes, sobre todo hacia aquellos y aquellas que no tienen privilegios de nacionalidad, racial, sexual, etc. Y eso es parte de la supremacía blanca. La blanquitud no solo se trata de una cuestión de piel. 

Por supuesto, existe el racismo anti-negro, que sigo pensando que es uno de los más fuertes a nivel mundial, no solamente en América Latina y el Caribe; pero no es el único. Hay un racismo exacerbado también en torno a cuestiones religiosas, de nacionalidad. 

Hoy vemos en muchos países de Europa y de Estados Unidos la islamofobia, y es impresionante entender cómo en el racismo se articula la guerra. Y es complejo, porque hoy hay un genocidio racista de Israel hacia Palestina, porque creen que su territorio les pertenece por razones religiosas, y por ese motivo quieren desaparecer al pueblo entero. Es lo que llamamos racismo de ocupación.   

C.: ¿Cómo promover en Colombia las acciones afirmativas o políticas de “discriminación positiva” para poblaciones “minoritarias” o subrepresentadas, en medio de Estados que instalan el terror al reivindicar el autorreconocimiento?

O.C.: Antes que nada, cambio la palabra “minoritaria” por “minorizada”. Me atrevería a decir que son la mayoría, al menos en países latinoamericanos y caribeños. Ha habido una intención de colocarlos en un lugar de minoría como expresión del mismo racismo.

Por otro lado, las acciones afirmativas —con todas las contradicciones— han sido respuestas al daño que durante tantos siglos han marginalizado a las personas afrodescendientes e indígenas. 

En Brasil, por ejemplo, uno de los países que ha tenido mayor éxito en las acciones afirmativas, para que la gente pudiera acceder a la educación le pidieron definirse como afrodescendiente (o parda o negra, dependiendo del lugar, precisamente porque hay una complejidad en estas identidades). Sin embargo, frente a las acciones afirmativas hay una gran paradoja y es la gente que no quiere reconocerse como negra porque asumirse es identificar de inmediato, probablemente, lo que los colonizadores hicieron con nosotros y nosotras. Y obviamente las élites criollas, que han controlado las instituciones y los discursos, han reproducido históricamente estas visiones. 

Las acciones afirmativas se pueden ver en parte como acciones de reparación estatal hacia esos grupos que históricamente han sido víctimas del racismo estructural. 

C.: La Comisión de la Verdad dice que “el reconocimiento es una forma de restauración”. ¿Qué podría hacer el Estado colombiano para impulsarlo?  

O.C.: El primer reconocimiento histórico que hay que hacer con la población afro e indígena en Colombia es aceptar el daño que implicó la esclavización. 

Esto es lo primero para poder reparar y restaurar. Y son los Estados los llamados a hacer ese proceso mediante diferentes políticas, pero también tiene que ser un proceso de la sociedad en su conjunto, porque el racismo también existe fuera del Estado. Por eso es importante plantear diferentes estrategias para generar conciencia sobre ello, no solo desde el Estado, sino desde los movimientos sociales, culturales, artísticos. 

C.: Las lecciones aprendidas por el DANE, en respuesta a la sentencia T-276 del 2022, indican que sí hubo racismo, así como una mentalidad colonial. También reflejan que fueron complejas las dinámicas de reconocimiento étnico-racial en las comunidades —como lo explicó— y que hubo falta de inclusión de liderazgos alternativos. ¿Agregaría algo más?

O.C.: Colombia necesita una política radical antirracista y saber que la técnica o los procedimientos no sirven de nada sin conciencia social. Este error merece una corrección en términos de registro y una reparación en términos materiales. Hubo una invisibilización del 30.8 % de la población afro en Colombia; es decir, mientras en el 2005 había cuatro millones trescientos mil afrodescendientes, resulta que en el 2018 solamente había dos millones novecientos ochenta y dos mil. ¿La gente dirá que todas esas personas murieron en el conflicto? No lo creo. 

El 30 de marzo sólo 12 jóvenes asistieron a la elección de los nuevos miembros de la Plataforma Municipal de Juventud en Fonseca, un espacio autónomo que busca que los jóvenes formulen, desarrollen y vigilen sus agendas a nivel municipal, departamental y nacional. La poca asistencia al evento, que fue difundido por diferentes medios, es una muestra de lo difícil que ha sido consolidar los espacios y la participación de las personas que están entre los 14 y 28 años. 

Las plataformas, junto con los consejos de juventudes municipales, hacen parte del Subsistema de Participación Juvenil que reúne las instancias, procesos, agendas y prácticas organizativas de este sector de la población. Ese subsistema, con sus respectivos espacios, está reglamentado por el Estatuto de Ciudadanía Juvenil de 2018 que tiene como fin promover la participación de los jóvenes en la gestión pública. 

A pesar de contar con esos espacios, la voz de los jóvenes no había sido escuchada en el país hasta las protestas del paro del 2021, del que fueron protagonistas. A raíz de esto, el entonces presidente Iván Duque impulsó las primeras elecciones nacionales de consejeros de juventudes municipales con el fin de darles participación política, pero la realidad mostró que sólo 1,2 millones de jóvenes, que equivalen al 10% de los habilitados para votar, ejercieron este derecho.

Después de tres años y con el actual presidente, Gustavo Petro, el gobierno ha tomado las banderas de la juventud. Sin embargo, la participación sigue dependiendo de la relevancia que dan las alcaldías a los espacios de este sector de la población.

“Tras casi tres años de haber sido creados los consejos de juventudes y las plataformas juveniles aún no han podido realizar sus funciones por no contar con el suficiente apoyo estatal y no ser tomados en cuenta por los adultos”.

Keiner Mendoza, presidente de la Plataforma Departamental de La Guajira y delegado de La Guajira ante la Plataforma Nacional.

Mendoza lleva años en procesos de movilización social y la seguidilla de cargos que tiene en el subsistema de participación juvenil le permite tener una mirada municipal, departamental y nacional frente a los avances y retos de cada espacio. En entrevista con Consonante, cuenta las luchas, los desafíos y las expectativas que tienen para este año desde las plataformas y los consejos de juventud.

Consonante: ¿Cómo está viendo la gestión del presidente Gustavo Petro, y de su gabinete, frente a las solicitudes, necesidades y propuestas relacionadas con los jóvenes de La Guajira?

Keiner Mendoza: Como delegado nacional por La Guajira y ante la Plataforma Nacional de Juventudes, no veo con buenos ojos al viceministerio de Juventud porque entre sus prioridades no está el subsistema de participación juvenil. Hoy no sabemos cuándo vamos a sesionar, no tenemos una subdirección directa en el viceministerio, no sabemos qué va a pasar con nuestro subsistema de participación ni qué va a pasar con la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1885). Estamos en el aire con el gobierno Petro y con su viceministerio de Juventud que no ha dado respuesta certera al Subsistema Nacional de Juventud que, por ley, somos los representantes de la juventudes.

C: ¿Cómo ha sido la acogida y la participación de los jóvenes en los Consejos de Juventud de La Guajira tras casi tres años de haber sido creados?

K.C.: Siendo realistas nunca hubo una acogida certera por parte de la administración pública en los temas de los consejos de juventud. Muchos consejeros han renunciado al espacio porque lo que se les prometió y los deberes que tiene la administración por ley nunca fueron cumplidos. Por ejemplo, tenemos el caso de San Juan del Cesar donde hay entre tres y cinco consejeros de juventudes (de 13 que fueron elegidos). Está el caso de Fonseca donde hemos recibido muchas renuncias por parte de los consejeros y hoy no se ha podido realizar la renovación del Consejo de Juventud para comenzar a trabajar con el nuevo gobierno municipal. 

Sinceramente los consejos de juventud no han tenido el apoyo que deberían tener por parte de las administraciones. He leído cartas de renuncia donde los jóvenes dicen que están completamente agotados, decepcionados de esta problemática. La participación juvenil ha bajado porque se sienten abandonados, sienten que no tienen una base para decir 'podemos hacer esto, no podemos hacer esto'. La participación bajó por parte del Consejo, pero ha subido por parte de la Plataforma.

C: Cuáles son los incumplimientos y las necesidades que tienen como consejeros de juventud

K.C.: Creo que los consejos aquí nunca han hecho la sesión con el gabinete de gobierno. Por ley también están estipuladas las comisiones de concertación y decisión, pero en estos tres años, y al menos en Fonseca, sólo se ha hecho una y no se sabe dónde está el decreto de esa instalación. 

También está el tema del espacio. Por un lado, el Concejo Municipal de Fonseca ha estado dispuesto a prestar el espacio para que los consejeros puedan sesionar. Pero, yéndonos a algo que ya no es de ley, sino cultural, en La Guajira los mayores no han respetado el espacio que tiene la juventud. A nivel departamental los jóvenes entre 14 y 28 años somos alrededor de la tercera parte de La Guajira. A nivel municipal no sé el porcentaje, pero sí la cifra: somos 11.254 jóvenes en Fonseca, según cifras del DANE (Departamento Nacional de Estadística) de 2018. 

Pero también somos un sector de la población que no sabe dónde está, no sabemos si podemos o no participar políticamente porque siempre nos han dicho que no tenemos experiencia. Más que los espacios que deberían darnos por ley, es el respeto por los espacios que tienen la juventud. Eso no es nada más un tema de ley, sino un tema cultural.

C: Uno de los retos de los consejos de juventudes ha sido la poca participación de los jóvenes en estos procesos ¿A qué considera que se debe esto en el caso de La Guajira?

K.C.: A nosotros desde muy pequeños, nos han dicho que no podemos participar de conversaciones importantes en nuestra vida porque somos jóvenes. A mí me criaron diciendo: ‘Te callas. Tú no puedes hablar porque estamos hablando los adultos’. A pesar de eso, tengo 23 años de edad y desde hace mucho tiempo me he venido sentando, planteando proyectos con ministerios, aprendiendo sobre presupuesto, sobre contratación estatal. Entonces a mí ningún adulto me puede decir que por ser joven no tengo experiencia  o que porque no hice lo que ellos hicieron, no puedo participar de esa conversación. 

Si desde pequeño te inculcan que tú no puedes hablar, cuando tengas la oportunidad, no lo vas a hacer. Por esa razón es que los jóvenes no participan políticamente. Ya ni política ni socialmente. Antes nos han usado para hacer masa, para nada más. Nuestra opinión nunca iba a llegar a una mesa de negociación, ahora llega por los espacios de participación juvenil que se pelean, pero no porque los quieran dar. Nunca nos han querido dar el espacio, toca pelearlo.

C:¿Qué acciones  proponen para contrarrestar la falta de participación?

K.C.: El respeto por el espacio. Por ejemplo, en Fonseca se apoya mucho el fútbol en todas sus modalidades, yo jugué baloncesto en mi bachillerato y sólo participaban siete u ocho personas, ¿por qué? Porque no se apoya la variedad de deportes. Hoy hay escuelas de patinaje en Fonseca porque las mismas escuelas se formaron, se apoyaron entre ellas y crecieron. Entonces, ¿qué hace falta? Primero el respeto por el espacio y segundo el apoyo que se le debe dar.

Si los jóvenes ven que se está logrando algo, van a participar; pero si ven que tienen que pasar lucha para poder hacer las cosas, no lo van a hacer ¿Quién va a decir: ‘Ay, voy a pasar esta penuria para poder hacer parte del espacio’? Nadie o muy pocas personas. Todos quieren participar, pertenecer, hacer algo, pero si no se les da el apoyo, no lo van a hacer.

C: ¿Cuáles considera que son los avances más importantes que han tenido los consejeros de juventud en el departamento?

K.C.: Primero quiero aclarar que los espacios de participación son dos: plataformas y consejos, y hacen parte del subsistema de participación juvenil. Acá estamos tratando de llamarnos como subsistema porque debemos unirnos para trabajar de forma conjunta y no dividida. 

Segundo, creo que el mayor logro que hemos tenido es que en el proyecto del Plan de Desarrollo Departamental esté plasmada la formulación e implementación de la política pública Departamental de Juventud.

También ha sido un logro la posibilidad de ir a otros municipios a revivir la participación juvenil. Por ejemplo, en Las Jaguas, hace más o menos un año no hay plataforma de juventud. Nuestro trabajo como Plataforma Departamental es ir hasta allá y buscar la manera de actualizarla. Eso hicimos con Albania, acompañamos su actualización a nivel de Plataforma Municipal. El logro en Fonseca, a nivel de juventud, ha sido no dejar morir los espacios.

C: ¿Cómo ha sido el avance y los logros del subsistema de participación en Fonseca?

K.C.: En Fonseca estamos empezando desde cero otra vez. Aquí no hubo apoyo por parte de la administración. Los consejeros me dijeron que el alcalde pasado llegó a la posesión y no lo vieron más. La administración pasada incumplió la ley porque no hizo la comisión de concertación y decisión que debía realizarse entre 2021 y 2023. En el caso de la Plataforma Municipal tuvimos que pelear casi dos años por su creación. Apenas la pudimos conformar el año pasado por una negligencia por parte de la Personería que pedía un documento que no debía pedir. Sin embargo, con derechos de petición, documentos y luchando, logramos la resolución que legaliza la Plataforma. 

Además, en Fonseca tenemos un gobierno nuevo y la intención es que este sí reconozca la Juventud del Municipio, y sí quiera hablar con la juventud, quiera darle el espacio de participación. Lo que hemos logrado en Fonseca a nivel de juventud es no dejar morir los espacios, porque de parte de la administración no hemos tenido ni apoyo ni reconocimiento.

C: ¿Cómo está la relación con la administración de Micher Pérez y qué esperan de él como alcalde?

K.C.:  La relación está en pinitos, apenas comenzando, pero es un comienzo muy bueno. Esperemos que continúe así estos cuatro años. Claro que esto no es sólo de la Alcaldía, también es un deber del subsistema de participación juvenil estar activos. En el caso del Consejo estamos en el proceso de renovación que no se había hecho, nadie conocía y que tuvimos que iniciar desde cero.

C: ¿Qué expectativas tiene con esta relación con la Alcaldía?

K.C.: Que se pueda mantener, que no entremos en tanta riña, que se reconozca al joven del municipio de Fonseca, que puedan decir: ‘aquí hay jóvenes’, y darle los espacios de participación que creó el Estatuto de Ciudadanía Juvenil que dice que en cada consejo territorial de seguridad, de planeación, en todos, tiene que haber un delegado de juventud obligado.

C: Mencione 3 cosas que necesitan los jóvenes de La Guajira y de Fonseca hoy

K.C.: Si nos vamos a la ley es el cumplimiento de la creación de las políticas públicas. Pero si nos vamos al territorio sería, por ejemplo, la salud mental. El año pasado hubo unos tres suicidios de jóvenes en Hatonuevo, uno tras otro y del mismo colegio. Por eso es una necesidad que se garantice la salud mental de los jóvenes. 

También los espacios deportivos y culturales. Una vez alguien me dijo que el joven sólo es deporte y cultura, pero ni eso han podido darnos. Necesitamos esos espacios, en Fonseca no hay Casa de la Cultura,  el CREM (Centro de Recursos Educativos y Culturales del Municipio de Fonseca) está sin funcionar. En deporte, la Bombonera tiene su problema de electricidad; los espacios deportivos aparentemente se están renovando, pero falta un poco más de inversión. No es mi bandera, pero es la bandera de muchos de mis compañeros. Sería esas tres cosas: salud mental, cultura y deporte.

El ukuku (vocablo quechua) o tremarctos ornatus, comúnmente conocido como oso de anteojos por el pálido pelaje alrededor de sus ojos, es una especie nativa de la Cordillera de los Andes. Además de solitario, es un animal de montaña, bosque, páramo y desierto.

En Colombia hay avistamientos de este mamífero ―casi siempre omnívoro y cada vez más carnívoro― desde los mil metros sobre el nivel del mar. Pero no siempre estos encuentros son amables. En los últimos años, el oso andino ha sido protagonista, como el jaguar, de noticias que dejan en evidencia los desafíos para encontrar su alimento. 

Ambas especies aparecen registradas infraganti, con cámaras trampa o celulares, escapando con terneros en su boca o jalando con ella el intestino del cadáver de una res. Así ha sido presentado el oso andino en los últimos años, como una amenazante presencia en el Quindío, Boyacá, Cundinamarca y frecuentemente en las zonas de ganadería extensiva. 

En San Vicente del Caguán, sin embargo, lo que podía convertirse en una confrontación entre especies por supervivencia o cacería, es desde hace algunos años una oportunidad de cuidado y empleo en el campo.

En el piedemonte andino, donde buscan ser epicentro de ganadería sostenible y ganadería regenerativa para revertir la degradación de fertilidad, energía y nutrientes de la tierra, familias de cuatro veredas (Pueblitos, Toscana, Libertadores y Balsillas) recibieron un estímulo de Amazonia Mía de USAID para crear el corredor biológico del oso andino. 

Pepitas de Roble

“Uno sabe que el oso viene por las pepitas del Roble, entonces, si esa cosecha ocurre en marzo ―depende de cuando lo haya sembrado―, pues lo ideal es que los campesinos sepan que no pueden mandar el ganado para el Roble en esa época”, explica a Consonante Carolina Murcia, joven líder del equipo de monitoreo.

Este proyecto es operado a través de la Cooperativa de Beneficiarios de Reforma Agraria Zona Balsillas (COOPABI) y se espera que 50 campesinas y campesinos protejan más de 12 mil hectáreas de bosque andino. 

En la vereda Toscana hay 10 integrantes; en la vereda Balsillas hay 20; en Libertadores hay 10 y en Pueblitos hay 10. Alfonso Tovar, campesino de la Inspección de Balsillas, coordinador del proyecto y quien hace parte de COOPABI, explica que cada familia asumió compromisos.

Estos incluyen acciones de planificación predial y delimitación de áreas de conservación, áreas de restauración, áreas de rehabilitación y áreas productivas.

“De esa forma se frena la frontera agrícola y aprendemos sobre la sostenibilidad y la ecoexistencia con las especies silvestres”. Además, dice el campesino, estructuran la restauración del bosque con siembra nativa para el fortalecimiento del ecosistema de la especie, en lugar de tener conflictos con ella.

Pero Robinson Tovar Trujillo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Balsillas, señala que todavía hace falta asistencia institucional para la delimitación predial que requiere el proyecto, teniendo en cuenta que hay un impuesto que debe ser cobrado según una caracterización que hoy no existe. “Somos 27 veredas; no las cuatro que participan en el proyecto. Estamos tras el reconocimiento de nuestra Reserva Campesina”, le dice a Consonante. 

Coexistir para ecoexistir 

La dieta del oso andino no solo incluye el fruto de Roble, se alimenta también de sandía, papaya, banano, mango e incluso de bromelias. Y aunque las hierbas y los frutos son predominantes en su gusto, el incremento de consumo de carne, según reportes de las Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible CAR y las Autoridades Ambientales Urba, se debe a la deforestación y la escasez de alimentos producida por la destrucción de su ecosistema. 

En Colombia, desde 2001, existe el Programa Nacional para la Conservación del Oso andino (PNOA) con cuatro acciones para su conservación en todo el país: 1) conservación in situ, 2) conservación ex situ, 3) acción institucional, y 4) educación ambiental. De este deben ocuparse las CAR que, pese a su alcance, no tiene la mayor autoridad en las áreas de reserva, que es el hábitat de esta especie silvestre y que está a cargo de Parques Naturales.

Sobre los esfuerzos actuales y los retos para la implementación del PNOA investigaron las académicas Rhianna R. Hohbein, Rocío Rodríguez Granados y  Nathan P. Nibbelink, quienes corroboran lo anterior y también que la destrucción progresiva del hábitat es el motivo por el que se ven tantos osos en zonas agrícolas y ganaderas.

De hecho, el director del programa Amazonia Mía de USAID, Roberto León Gómez, aseguró a medios que la motivación para emplear a ganaderos en el corredor biológico tiene que ver con el incremento de avistamiento de la especie, con más de 20 encuentros reportados en los últimos meses.

“La sensibilización y capacitación de las comunidades requiere dar a conocer la biología de la especie”, asegura Tovar. “Que los campesinos reconozcan los tiempos en los cuales el oso transita por esta zona, cuál es su desempeño y cómo se alimenta para evitar riesgos. Además, las zonas que hoy rehabilitamos se nutren y se conectan con zonas de amortiguación de parques naturales, y queremos garantizar su tránsito, la fructificación de las especies en estos bosques y nuestra ecoexistencia”.

Para cuidar no hay fronteras

Para compartir armónicamente en el entorno, la inspección rural no solo ha sembrado 25 mil plántulas de Arrayán, Alcaparros, Pino, Arboloco, Granizo, Nacedero, Cedro Negro, Cedro Rosado, Siete Cueros, Guamo, Yarumo, Lacre, Guayabo y Roble. 

También ha procurado hacer otros corredores biológicos para otras especies como los venados, tigrillos o jaguares. “Tenemos que mejorar la relación humano-animal-fauna”, advierte Tovar. Y asegura que para que esto se dé es importante el desarrollo de capacitaciones en todo el país.

Según cuentan los campesinos, han hecho asambleas generales buscando que toda la comunidad sepa de los acuerdos de conservación y se incluyan en la gobernanza local, para así medir su alcance e implementarlos en los planes de desarrollo departamentales.

Es importante, explica Tovar, que esto no solo esté liderado por organizaciones internacionales sino también por impulsores de empleo en Colombia. “Aquí se pueden promover iniciativas de emprendimiento social que generen calidad de vida ―a través de la consecución de recursos―, con la sostenibilidad del bosque como fin. Para eso está el senderismo, el avistamiento de aves, etc”, explica.

Hay animales que están regresando a las zonas de invasión, y debemos respetar eso, dice el presidente de la JAC, Tovar Trujillo. “El año pasado en Toscana, Cauca, un oso mató a una novilla, pero la gente no mató al oso. El animal entendió que nosotros somos los invasores pero, como buen inteligente, no ocasiona daños”.

El proyecto del corredor biológico, liderado por la Agencia de Estados Unidos en Colombia (USAID), puede ser promovido por quien reconozca el valor de cuidar, según Tovar. “No se trata de quién lidera cuando el objetivo de salvaguardar la fauna y flora debería ser de todos. Para el propósito de cuidar la Amazonía no debería haber fronteras”.

Hay pueblos que lamentan el terror ejercido a través de las palabras. Otros que han debido callar para evitar su exterminio. Y otros que hablan en su lengua materna como la única promesa de habitar el mundo. Dentro de  los primeros está el dominicano, cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo, en 1937, se paró en la punta de la lengua para cometer un genocidio. 

La académica Áurea Sotomayor-Miletti cuenta en su tesis, Pronunciar “perejil” en el río Masacre, cómo tres novelas (entre ellas Krik? Krak! de Edwidge Danticat -Haití) repasan el episodio en el que militares dominicanos obligaban a decir perejil para determinar el derecho a existir: una erre en lengua creole bastó para matar 20 mil haitianos.

Entre los segundos pueblos, sin ir más lejos, está el caso de la etnia Ette Ennaka (chimilas), quienes ocupaban el departamento colombiano del Magdalena y cuya supervivencia dependía de su silencio. Ahora depende de la prolongación de su idioma. 

Aunque en 2010 la Unesco estableció el 23 de abril como un día para que Hispanoamérica homenajee a Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito en castellano. En Colombia, una nación multilingüe, el español se celebra hace 86 años. 

En 1938, cuando Trujillo terminó su mandato en República Dominicana, el entonces presidente de Colombia Alfonso López Pumarejo decretó que las instituciones educativas de todo el país debían “dictar conferencias sobre el idioma español y leer a trozos escogidos El Quijote o de otras obras célebres de la literatura española”.

Si bien en febrero se celebra el Día Nacional de las Lenguas Nativas, todavía no hay un decreto que abra la ventana hacia la afro-etnoeducación colombiana para garantizar la coexistencia de las 65 lenguas dentro del territorio nacional. Consonante habló con el lingüista Abel Santos Angarita y la historiadora Samia González para comprender la importancia de que ocurra.

Habitar el mundo con la palabra 

Como el Quijote, los pueblos indígenas del sur colombiano tienen su propia literatura de referencia idiomática, en palabras de Abel Santos Angarita, doctor en lenguas y profesor de la Universidad Nacional sede Amazonía. 

“Eso no quiere decir que tengamos la misma historia, pero sí el mismo origen”, explica el profesor. “Es decir: el origen común entre los cocamas, yaguas o magüta (tikuna), por ejemplo, es el agua, pero cada uno, sea pueblo de centro o de los Jaguares del Yuruparí en el Amazonas, tiene su propia historia”.

Así como el castellano no nació con Cervantes, pues se alimentó del latín, el árabe, voces amerindias y expresiones celtas y griegas; en el caso de las lenguas indígenas no hay tanta distancia, pero las palabras son, a su vez, seres vivos. 

“Lo primero es que nuestra lengua es polisemántica: una sola palabra indica tantos orígenes como explicaciones (Muinane, por ejemplo, significa “hombre de la desembocadura del río”); lo segundo es que es aglutinante: infija, sufija o prefija (numeral, temporal, sujeto, objeto) y lo tercero es que es una lengua inalienable”.

Por ejemplo, detalla el lingüista magüta, “Naane, traducido, podría asumirse como territorio. Está conformado por tres morfemas: una raíz que es Na; un verbo que es a y un sustantivo que es ne”. La raíz Na traduce Ser. “Por eso, decimos que el territorio es un cuerpo viviente. Así lo pensamos cuando lo nombramos. Naane traduce también territorialidad, mi ser inserto en la naturaleza... Pero Na no está solo en lo físico. Es también lo invisible. Naūne es el cuerpo”.

Como en el sur del país, hay en los demás lugares un deseo por ser escuchados con la simbología implícita en sus lenguas. La filosofía Ubuntu y Muntu de los pueblos sudafricanos, por ejemplo, contiene un sentido espiritual que los pueblos afro en Colombia todavía enuncian.

Según la historiadora Samia González, también estudiante de Doctorado en Humanidades y Culturas Afrolatinoamericanas, la palabra usada por la vicepresidenta Francia Márquez en campaña, Ubuntu, que significa “Soy porque somos”, puso en evidencia el desconocimiento sobre cómo habita en la palabra la espiritualidad.

Hay trabajos para evidenciar improntas africanas en la lengua española, según explica la académica, y aclara que además de poco conocimiento sobre la herencia africana del lenguaje, su uso ha derivado en connotaciones racistas a partir de la traducción poscolonial. 

“Mandinga sea, por ejemplo, refiere a un pueblo africano que, en el choque de cosmogonías y por la consideración europea de que lo de ellos era superior, implicó un señalamiento con algo de barbarismo”, explica la historiadora. 

“Lo que consideraron pagano lo satanizaron. En esa medida aparecieron otras palabras en América que se fueron resignificando con la herencia europea de forma negativa, como el caso de Candanga (traducido como demonio)”.

Agotar el mundo con la palabra 

Las conversaciones de las etnias indígenas y afrodescendientes con el Ministerio de Educación no pasan del verbo a la acción. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos sentó la importancia de incluir la afro-etnoeducación en el Ministerio, pero el diálogo es escaso y lo acordado no ha sido implementado por el Estado. 

“Lo que se ha hecho, son esfuerzos particulares —no desde el movimiento afro coordinado ni de manera sistemática—; han sido líderes que han visto en peligro las lenguas criollas con raíces africanas y, por lo tanto, han buscado formas de interlocución con el Estado. Pero el diálogo ha sido estéril porque no vemos una respuesta acorde a la necesidad”, expresa González.

La académica reconoce que se han dado pasos en regiones, como en San Basilio de Palenque, por recuperar y resignificar lenguas y dialectos; también en San Andrés y Providencia con los raizales y con el creole como lengua nativa, “pero las comunidades están interesadas en rescatar más y todavía faltan esfuerzos institucionales”, añade.

Desde el sur del país es el mismo clamor. La extinción de las lenguas indígenas en Colombia se da, por una parte y según Santos Angarita, por atentados y masacres. “También cuando nos imponen una narrativa que acaba con las creencias, tradiciones y la lengua. Hay muchos ejemplos de eso: las iglesias católicas, las evangélicas, inclusive algunos proyectos estatales -que además suceden de manera silenciosa”.

Por eso, los pueblos  indígenas de Colombia, en sus términos, piden a gritos al resto de la sociedad, a las universidades y los ministerios, implementar una educación bilingüe o multilingüe porque, de alguna manera, “el sistema actual deja ver todo lo que existe desde el lenguaje como un recurso”.

Eso es lo que determina para el profesor indígena ver el bosque como una despensa inagotable para extraer medicina o un recurso maderero, y no como un bosque.

“Naaneküma, en Magüta, podría ser traducido fácilmente como recursos naturales pero, en lengua, no es eso. Naaneküma es agua, árboles, tierra, lagunas, aire y quiere decir que yo soy una extensión de todo eso y que eso es parte integral de mi corporalidad, pensamiento y comportamiento”.

Abel Santos Angarita, indígena magüta

La Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas ha insistido en formas de recuperar un plan de vida intercultural para reivindicar lenguas maternas. “Ojalá no muy tarde nos sentemos con el Ministerio del Interior, Educación y de Justicia para que respeten las sentencias que exigen la etnoeducación de nuestros pueblos, con su lengua, y donde el Estado es simplemente un garante, pero no cumple”, agrega el profesor Santos Angarita.

Las lenguas y su carácter simbólico dentro de un sistema educativo más plural, creen ambas fuentes, podrían pacificar el país por lo que traen consigo. “Es necesario y estamos en mora de implementar esa transición y ese diálogo de respeto intercultural”, dice González. 

Para la historiadora, la lengua es el primer vehículo y, por tanto, sobre la lengua se hacen acuerdos. “Es urgente repensarla y repensar las herencias en la lengua para redimensionar el mundo y la cosmogonía tando de los pueblos indígenas y afrodescendientes avasallados en América, y de todos”.

Santos Angarita, por su parte, cree que a través de la lengua viene todo el sistema de conocimiento porque, a partir de ella, “bajan historias, curaciones, elementos para entender”. Para el lingüista, el primer paso para la afro-etnoeducación en Colombia sería el reconocimiento de que decimos lo mismo pero en distintas palabras: “sabemos que existen los Bora, Arhuacos, pero no entendemos qué piensan del mundo como cualquier pueblo y dónde está eso: en la palabra”. 

El decreto vigente de López Pumarejo es para González la muestra de que en Colombia el Estado ha sido construido de forma hegemónica por unas élites europeas que heredaron el poder. “Las mismas que, desde el siglo XIX hasta ahora, han pensado de forma vertical hacia todos los pueblos que componen la nación. Y los letrados colombianos, que se consideran dueños del monopolio de la cultura, que producen, conducen y reproducen las formas hegemónicas de entender el mundo”.

Los departamentos con mayor silencio informativo en Colombia son los que más han padecido la crudeza del conflicto armado. El Chocó es un ejemplo, donde la cifra de confinamiento forzado es la más alta y donde solo en siete de sus 30 municipios hay medios que producen información local.

Pese a las iniciativas del actual gobierno por conectar esta zona con pruebas piloto de internet y televisión satelital, la velocidad de conexión es inferior a la de ciudades centrales y, por eso, el servicio de radiodifusión sigue siendo el capitán.

Según cifras del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en 2023 había un total de 1.705 emisoras en el país entre comunitarias, comerciales y de interés público. El Chocó aporta tan solo 26 emisoras a esa cifra. Y, de esas, diez son comunitarias; cinco son comerciales y once son de interés público. 

En 2024 la cifra crece: Colombia Estéreo 100.3 FM acaba de recibir una donación de 1.500 millones por parte del Comando de Asistencia de Seguridad del Ejército de Estados Unidos para aumentar su cobertura al 90 por ciento del departamento. 

Además, deben entrar a operar las radios que fueron otorgadas en diciembre de 2023 por el MinTIC a 68 comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rom. 

En Chocó, para la Prestación del Servicio Público de Radiodifusión Sonora Comunitario Étnico, cómo lo llamó el Gobierno, el Alto Baudó ganó por convocatoria. En esta recibieron 162 solicitudes.

De las once estaciones de interés público mencionadas, las que operan con mejor cobertura en Chocó son las de la fuerza pública, de la Policía y de la Armada Nacional, así como las cuatro emisoras de las alcaldías que hacen parte de este conteo, en el que también se registra una sola emisora de paz, creada a partir de la firma del Acuerdo Final en 2016.

Colombia Estéreo, sin embargo, no es la única frecuencia donde suena el Ejército en el Chocó. El 10 por ciento que no queda cubierto, lo tiene la emisora Colombia Estéreo Carepa, Antioquia, que transmite para Unguía, Riosucio, Acandí y Belén de Bajirá. 

Y, según información de prensa del Comando de Acción Integral del Ejército, esta es la estación número 57 en el Pacífico colombiano.

Infraestructura en la selva

Las redes de telecomunicaciones de alta velocidad en las principales cabeceras municipales del Chocó las terminó de instalar en 2018 el MinTIC, en pleno cierre del Gobierno Santos. 

La promesa de mejorar una tecnología obsoleta no es reciente, pero la ejecución, sí. La geografía, el clima y los altos costos han sido los argumentos clásicos para justificar la desconexión chocoana, como lo manifestó el entonces ministro David Luna al cierre del Proyecto Nacional de Fibra Óptica y la Red de Alta Velocidad en ese departamento.

Pero los desafíos no son visibles ahora que la infraestructura de la emisora Colombia Estéreo los supera con inversión extranjera y la capacidad instalada del Ejército. 

La frecuencia del Ejército alcanza todo el noroeste del país, incluyendo a las selvas del Darién.

Prensa Ejército Nacional de Colombia

Según el historiador y periodista Gonzalo Díaz Cañadas, actual director de la Radio de la Universidad Tecnológica del Chocó, la donación a la emisora del batallón, que hace parte de la Brigada de Quibdó, es bien recibida por una audiencia construida en el tiempo. 

“La emisora Colombia Estéreo aspira dar un viraje en su programación: es un medio de comunicación pública con énfasis en las actividades de carácter militar. Ha sido una emisora que anima la tropa para que permanezca en el frente, acompaña en todas las actividades que le competen en materia de garantizar seguridad ciudadana, entre otras”, anticipa.

Díaz Cañadas, también director del Archivo Fotográfico y Fílmico del Chocó, explica que es importante no solo por lo que significa para su audiencia, también porque demuestra que en el Chocó esa tecnología es posible.

“Hay carencia de medios de comunicación y la radio chocoana se ha ido apagando poco a poco, lo que es muy preocupante para una región que requiere de una comunicación asertiva y de la capacidad de cobertura de todos los 47 mil kilómetros cuadrados que en la actualidad solo la tiene Colombia Estéreo”, dice Díaz Cañadas.

Ahora la emisora cuenta con una cobertura del 90 por ciento  en toda el área, según expresó a medios el coronel Campo Elías López, y está dotada con equipos de 5.000 kilovatios, es decir, un radio de cobertura de 100 kilómetros a la redonda, como informó Presidencia.

La emisora de la Universidad Tecnológica del Chocó, que tiene 42 años de existencia y 5 kilovatios, logra una cobertura de un 40 a 50 por ciento de la geografía departamental. Eso, explica el investigador, limita el alcance de la información que a través de estos medios se proyecta, como pasa con la emisora Ecos del Atrato, que tiene también cerca de 40 años de estar al aire y una cobertura menor.

“Esas emisoras comunitarias y muchas otras han tenido problemas en los últimos años con el MinTIC, que aprieta y ahoga a la radio local con sus exigencias y con los cobros de Sayco Acinpro: eso es un desangre”, añade Díaz Cañadas.

Además, el alcance sigue siendo hiper local o localista, como dice el investigador. En el Chocó, un mensaje que se emite desde Quibdó no llega a Unguía, a Riosucio, tampoco a la Costa Pacífica. “Lo que sale de la sierra difícilmente llega a algunos municipios de la zona del San Juan”. 

En cambio, la frecuencia del Ejército alcanza todo el noroeste del país, incluyendo a las selvas del Darién.

De acuerdo con Mónica Valdés, representante colombiana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), en el Chocó también hay emisoras comunitarias que tienen una audiencia ganada, como Cocomacia Stereo o Radio Canalete, que visibilizan a la sociedad civil y agregan valor a la agenda del movimiento social. 

Asimismo, están las emisoras de interés público que funcionan en esta región y en otras zonas periféricas o fronterizas de Colombia con condiciones diferentes a las de las radios comunitarias.

“Obviamente tienen más restricciones en la normativa las emisoras comunitarias cuando la exigencia debería ir orientada a todo el ecosistema de medios. Por eso, hemos exigido que haya una política pública que involucre recursos y que se amplíe esa posibilidad de sostenibilidad y financiamiento”, dice Valdés. 

Para la experta, en algunos casos las emisoras de las fuerzas armadas han sido espacios más para fortalecimiento institucional que social sin una propuesta de comunicación pública, “que deberían tenerla, en tanto tienen recursos de la nación”, dice. 

Por las declaraciones del coronel Campo Elías López, Colombia Estéreo “será la voz del departamento”. Aseguró que la emisora difundirá “mensajes enfocados a combatir la minería ilegal y a impulsar la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes”, así como denuncias de presuntos actos de extorsión y terrorismo.

Pero Díaz Cañadas comenta que, en el relanzamiento de la emisora, aseguraron abrir sus micrófonos a otros sectores de la comunidad por orientación del Gobierno: “Aseguraron que no puede ser una emisora para la guerra o para la comunicación militar, como anteriormente estaba más o menos preconcebida”, dice a Consonante.

La deuda histórica

La participación ciudadana en los medios sigue siendo escasa. Y, como este gobierno habilitó diales para poblaciones étnicas, ahora debe garantizar su funcionamiento. 

“Sin este antecedente”, anticipa Valdés, “diría que cómo van a priorizar una fuerza pública sin antes hacerlo con las organizaciones sociales. Pero ahora que hay una asignación de frecuencias amplia y suficiente en los territorios, estos proyectos necesitan el fortalecimiento técnico a través de una política pública”, reitera.

Los apoyos del gobierno no se ven como el pago de una deuda histórica, explica la experta, sino como una posible pérdida de autonomía editorial de las organizaciones sociales o incluso como ejercicios de comunicación gobiernista. Pero no se trata de una competencia por el espectro. “Porque en el espectro caben todos”, asegura la representante ante la AMARC. 

De hecho, la experta cree que entre más pluralismo mediático haya, más democracia se puede garantizar.

“Entiendo el debate nacional sobre ese tema, pero también hay una gran necesidad de informar sobre la gestión del Gobierno y poner un relato donde el Estado tenga la agenda de la ciudadanía y donde la ciudadanía también interpele a ese Gobierno que, hoy en día, tiene un liderazgo muy significativo en el Chocó”, dice Valdés.

La experta considera que lo importante es reconocer que las emisoras de la sociedad civil llevan años batallando por conseguir equipos, apoyos, por gestionar para cumplir con todo lo que exige el MinTIC, “y en ese sentido, sería mucho mejor que si el Estado va a invertir como prometió en diciembre, apoye a estas emisoras”. 

Para Díaz Cañadas, en cambio, sería propicia y muy bien llegada la ayuda de la cooperación internacional, como sucedió con Colombia Estéreo. “Ojalá se mire hacia los medios de comunicación alternativos, que cumplen un rol informativo muy importante”, asegura. 

"Las emisoras reciben apoyos gubernamentales sin ánimo de lucro pero con ánimo de quiebra".

Neliño Rentería Ramírez

La emisora de la Universidad de Chocó fue, de hecho, una donación que en su momento hizo el gobierno de los Países Bajos con la embajada holandesa y con apoyo de Radio Nederland, que apadrinó los primeros 10 años de funcionamiento, “pero la cooperación es asistencialista porque se va de los territorios cuando cumple un ciclo y allí vienen la dificultades en materia de sostenibilidad de estas empresas de comunicación”, dice el investigador.

El director de la emisora comunitaria Cocomacia Stereo, con alcance en cinco municipios del Chocó y tres de Antioquia, dice también que esta funciona gracias a la inversión extranjera. “Alabamos que Colombia Estéreo pueda lograr una cobertura significativa y lamentamos no tenerla. Contamos con 26 kilovatios y emitimos para una población significativa, que son los 124 consejos comunitarios afro. La cobertura es muy corta para que el mensaje llegue a las personas que están en los lugares más lejanos”, dice Neliño Rentería Ramírez.

Para el periodista es preocupante que el MinTIC todavía no garantice ese robustecimiento para las emisoras comunitarias. “Cocomacia Stereo es la voz de las comunidades, pero si no podemos hacer que llegue a ellas, la tarea no está hecha”, repara. 

Rentería Ramírez cree, como el historiador Díaz Cañadas, que la cooperación extranjera juega un papel fundamental. “Cocomacia Stereo nace también con el apoyo de la inversión extranjera y con el mismo apoyo se sostiene. Pero hemos estado en riesgo de sostenimiento por las mismas limitaciones en el tema de la pauta para medios comunitarios”. 

El apoyo público no es desinteresado, según dice Rentería. Las emisoras están en detrimento económico desde hace años y las comunitarias tienen a la comunidad como única fuente de sostenimiento, explica. 

“Las emisoras reciben apoyos gubernamentales sin ánimo de lucro pero con ánimo de quiebra. Porque los medios comunitarios no tienen cómo cumplir con los requerimientos institucionales, ni el Estado ofrece una alternativa para garantizar la permanencia en el tiempo mediante una política pública sólida”, concluye el periodista.

Nunca ha existido en Colombia la voluntad política que ofrezca ambientes de financiación al pluralismo mediático. Esa es la conclusión de Valdés, para quien el ecosistema de medios diverso ha sido una gran conquista de los movimientos sociales. Por eso, dice, sin la Constitución del 91, cuando por legislación se asignaron espacios de participación, no se habría garantizado la libertad de prensa en Colombia. 

“Pero sigue haciendo falta que se garantice la libertad de recursos y también entender que el escenario de la participación ciudadana abarca los medios pero no se restringe a estos; entonces no puede haber una buena apropiación sin un fortalecimiento de la relación de las organizaciones sociales con el Estado”, explica la experta. 

En esta medida, el debate es mucho más amplio sobre qué pasa si se abre un nuevo medio de comunicación, según Valdés, porque aunque el derecho a emitir y recibir información es de toda la ciudadanía, “todavía hay que trasladar la pregunta a los medios comerciales, que se llevan la mayor parte de la tajada de la publicidad y de los fondos privados, inclusive de los públicos, ¿qué pasa con la ciudadanía para que la respeten, respeten a los territorios y le den un lugar a la palabra de la gente?”. 

Uno de los grandes desafíos al trabajar con derechos humanos es la restauración, dice la escritora afrocolombiana Velia Vidal. Por eso, que la gente del Chocó lea, es importante.

“La literatura permite imaginar o reconocer que otros mundos son posibles”, anticipa la autora. “Nosotros no creemos que haya una única forma de desarrollo, una única forma de vida, un único tipo de oficios o una sola manera de cumplir los sueños; pero sí creemos en que cada ciudadano debe tener la autonomía y la posibilidad de imaginarse”.

Vidal está a cargo de la consolidación de la Fiesta de la Lectura y Escritura del Chocó - FLECHO desde sus inicios, en 2018, como precursora de la idea desde la dirección de la Corporación Educativa y Cultural Motete.

Hace siete años, cuando se realizó en Quibdó la primera edición, el entonces presidente prometió la creación de una biblioteca pública en cada municipio del Chocó, un territorio con necesidades básicas insatisfechas y un alto índice de analfabetismo (DANE).

Hoy, en cada cabecera municipal, hay al menos una casa adecuada para garantizar el acceso al conocimiento y a la información gracias a esfuerzos institucionales pero, principalmente, a la iniciativa ciudadana. 

Y hay también un evento literario que celebra la lectura, la escritura, las artes y la cultura durante un mes entre su gente.

FLECHO rodó desde el 24 de febrero hasta el 28 de marzo de 2024. La primera semana inauguró una estación más en su ruta habitual: Turbo, zona del Urabá antioqueño. Y así, con el siguiente encuentro en Bahía Solano, el tercero en Istmina y, finalmente, en Quibdó, cerró su itinerancia con una participación estimada de 12.943 personas entre aprendices, asistentes a talleres, procesos de formación y charlas (sin tener en cuenta el personal contratado).

“Hay pescadoras y pescadores sin doctorado pero que son claramente expertos en la navegación del Pacífico Colombiano; que estuvieran ahí, hablando al mismo nivel, es lo que permite escucharnos para narrar nuestra propia experiencia”.

Velia Vidal, escritora y directora de FLECHO

Historias aterrizadas al contexto

El Chocó es riquísimo en recursos naturales pero víctima de la pobreza extrema a causa de una inversión ineficiente, un fenómeno asociado, según Velia Vidal, al racismo estructural.

“Históricamente hemos sido narrados no solamente por otros, hemos sido narrados a través de los estereotipos y reproducimos también, inconscientemente, mucho de eso”. En comunicación con Consonante, la autora destaca que ha sido fundamental otorgar una relevancia a las historias locales.

“No queríamos hacer un evento que se tratara de traer a ‘grandes voces’ a darnos lecciones, y ese fue nuestro punto de partida”. 

Para la elaboración de la programación académica, que incluyó conversaciones acerca de la pesca, el mar y las embarcaciones, entre otras, tuvieron en cuenta su contexto. “Hay pescadoras y pescadores sin doctorado pero que son claramente expertos en la navegación del Pacífico Colombiano”, anticipa Vidal, “que estuvieran ahí, hablando al mismo nivel, es lo que permite escucharnos para narrar nuestra propia experiencia”. 

Ana Zita Pérez Serna fue una de las invitadas. Una mujer nacida y criada en Bahía Solano y tecnóloga pesquera de la Universidad Tecnológica del Chocó, uno de los escenarios de FLECHO. Ahora es la presidenta del Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal del Pacífico Chocoano. 

“Compartí el escenario con dos pescadores artesanales de la comunidad y con el escritor Antonio Jaramillo Arango, a quien no conocía, y fue interesante porque últimamente venimos hablando de rescatar prácticas ancestrales e integrarlas a nuevas tecnologías. Una canoita y el canalete siguen siendo lo que hemos desarrollado nosotros en el tiempo. Poder sacar a la luz conversaciones que han estado guardadas, es importante”, dice Ana Zita a Consonante.

Para la pescadora, son reservados los pocos espacios donde se puede dialogar para beneficio de las comunidades sobre las áreas marinas protegidas, la pesca del tiburón, la conservación del Pacíficio norte o la delimitación de nuevas áreas junto a las cuatro vigentes. 

“Hay personas en el país y en estos territorios que desconocen esas áreas protegidas que, además, han sido solicitadas y tramitadas por las mismas comunidades para defensa de la pesca ilegal”, complementa la tecnóloga. 

Se refiere al margen costero de La Zeta en los municipios de Bahía Solano y Juradó; al Distrito Nacional de Manejo Integrado (DNMI) en Nuquí; a Cabo Corrientes en el Golfo de Tribugá y en el municipio de Bajo Baudó al Encanto de los Manglares.

“FLECHO fue un escenario para hablar de la defensa de esos recursos, así como de la solicitud de proteger el área del Litoral, porque esos temas no se discuten en el resto del país”, dice la pescadora.

Así como tuvo lugar un diálogo sobre las tensiones territoriales entre la pesca ancestral e ilegal, también el referente a la minería artesanal e industrial. 

“Es el segundo año en el que volvimos a habilitar el contraste entre la minería. Y de todos esos temas complejos como el del ordenamiento territorial o los derechos del Río Atrato, que tienen que estar en la agenda”, confirma la autora Vidal. “Porque son temas que están en la vida”.

Para 2025 proyectan trabajar alrededor de la Rana Roja o incluir charlas sobre aves, ya que el Chocó es una región rica en avifauna y óptima para su avistamiento. Así, FLECHO se imagina como un escenario donde las investigaciones ambientales del Pacífico sean tan relevantes como la literatura para comprender la relación con el entorno.

Defender la dignidad 

Estos eventos son una manera de reivindicar la dignidad, según la pescadora artesanal, porque intentan responder a preguntas que a casi nadie desvelan. 

“Tantas cosas quedan atrapadas detrás de los enfrentamientos de grupos armados que no dejan los espacio siquiera para hablar de las necesidades básicas”.

Velia Vidal, escritora colombiana

“El norte del Chocó es de una sola abundancia y a pesar de que está lleno de tiburón, no es un animal de nuestra gastronomía: usted no lo ve en ningún plato nuestro... Por eso, contestar a la pregunta de por qué se está desapareciendo a nosotros sí nos interesa, y hacerla unidos, porque unidos hemos llamado al gobierno para que nos mire”, agrega Ana Zita Pérez.

La tecnóloga considera que la lectura, como la pesca, es un refugio para prevenir en niños y jóvenes la captura de grupos ilegales. “Ambas actividades enriquecen, en lugar de estar al garete”, dice.

Ella misma trabaja con la juventud de Bahía Solano buscando que las familias pesqueras encuentren la manera de vivir dignamente de este oficio. Promueve la pedagogía de las ciencias del mar para que niños y niñas tengan desde temprana edad herramientas de conservación, así como caminos de vocación temprana.

“La dignidad está presente de muchas formas”, advierte Christian Vásquez, el responsable de la programación. “Rubiela Cuesta es una lideresa social y una mujer dedicada a la minería artesanal que encontró en este oficio una manera de emanciparse del maltrato de género y de eso estuvo hablando en Istmina. O Bernardino Mosquera, en Quibdó, que hace parte del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato - COCOMACIA, y habló de la dignidad en el ejercicio de la defensa ambiental”, dice Vásquez a Consonante.

Otros dos espacios que vale la pena entender en la misma perspectiva, según el programador, fueron el del ekobio Neil Alfonso Quejada Mena, sacerdote de la Diócesis de Apartadó y de la Pastoral Afro Nacional, que ha vivido y trabajado en Turbo y tiene un reconocimiento por su gestión comunitaria y, en palabras de Vásquez, inauguró el evento con una cátedra tremenda sobre teoría decolonial, con un lenguaje accesible para cualquier asistente. 

“Otra conversación que ocurrió en Turbo y es relevante a propósito de la dignidad fue la que tuvo que ver con etnoeducación, con Tomasa Medrano y Glenis Gómez”, dice Vásquez. Medrano es líder social y maestra en ciencias sociales con una trayectoria de investigación sobre el área y fue también directora de la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí. Gómez ha coordinado el movimiento Cimarrón Nacional en la región de Urabá y el énfasis de su pedagogía defiende la reivindicación política de la etnia afro. Ambas son lideresas con trayectoria en el departamento.

Vidal, por su parte, está de acuerdo con que la dignidad debe ser un principio en todo lo que hagan. “Este año el tema de convocatoria fue ‘Dignificar la vida, la escuela y los maestros’, porque particularmente en el Chocó lo merece su labor y que cuenten con espacios seguros y cómodos de formación, espacios que estén a la altura de lo que hacen por la gente”.

También fue un encuentro para destacar el liderazgo en otros ámbitos, no solo académicos. Según la directora de Motete, no podían pasar por alto a líderes sociales o hablar del valor de la vida, si están en un lugar con el índice de confinamiento más alto del planeta. “Tantas cosas quedan atrapadas detrás de los enfrentamientos de grupos armados que no dejan los espacio siquiera para hablar de las necesidades básicas”. 

Abandonar la lógica de la caridad

Esta fiesta literaria costó, aproximadamente, 600 millones de pesos y fue concertada con el Ministerio de Culturas, que por primera vez otorgó recursos extra, y con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, a través del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad (PNLEO). Además de incentivos públicos, contó con el patrocinio de organizaciones privadas y de la perseverancia de voluntarias y voluntarios en el tiempo. 

“Hace siete años no había en el departamento eventos del libro de alto impacto; había una organización haciendo promoción de lectura con ejercicios tímidos y sin apoyo de la institucionalidad”, dice a Consonante la escritora Vidal, para quien el aporte revelación de esta edición viene de ambos sectores: el público y el privado.

Según sus organizadores, se buscó priorizar en el pago a los proveedores, animadores y promotores de lectura locales con todas las condiciones de legalidad. Esto enfrentado a algo que muchas veces es aparentemente simple; en Chocó el principal método de empleo funciona bajo la informalidad. Por eso, todos los convenios establecidos con la ciudadanía e instituciones municipales buscaron promover el cambio cultural de las condiciones contractuales habituales. 

De hecho, una de las gestiones de las que más orgullosa se siente la directora de la Corporación Motete tiene que ver con el recaudo obtenido de las organizaciones privadas. Aún reconociendo esto, dice también que ese ejercicio está cundido de un ánimo casi misericordioso.

“Muchas instituciones creen que nos están haciendo un favor y esa mirada, desde la lógica de la caridad, ha llevado a que se basten con cualquier cosa; no importa el tipo de refrigerio, no importan las condiciones técnicas destinadas para lugares remotos. Entonces terminamos ofertando servicios y programas con condiciones inadecuadas no solamente en el Chocó, sino en casi todos los territorios que no sean capitales. Nosotros lo hicimos diferente y seguiremos defendiendo nuestra dignidad”, concluye la escritora y gestora chocoana.