Hace once meses que no se presta el servicio de vigilancia en ninguna de las sedes de las instituciones educativas de Fonseca. Esto, sumado a la delincuencia arraigada en el municipio, disminuye la calidad del servicio educativo de los cerca de tres mil estudiantes matriculados en al menos cinco centros que han sido blanco de hechos delincuenciales.

El 20 de septiembre cinco colaboradoras encargadas de la preparación de alimentos de la Institución Educativa Ernesto Parodi Medina, de la sede Calixto Maestre, denunciaron ser víctimas de hurto y agresiones por parte de dos sujetos que entraron a la escuela con armas blancas. 

Las mujeres, además de haber sido ultrajadas, aseguran que les fueron robados sus celulares y que pudieron ser víctimas de abuso sexual por tocamientos y forcejeo previo. Entre ellas alarmaron a los vecinos del sector para evitar que el episodio vandálico llegara a mayores.

Este es uno de los hechos más recientes, por el que Lenio Arocha, presidente de la Junta de acción Comunal del Barrio Primero de Julio, manifiesta: "es momento de hacer un pronunciamiento público frente a la problemática que hemos tenido con las instituciones educativas, donde personas inescrupulosas no piensan en esos niños y jóvenes que buscan formarse y recibir alimentación, que además nos brinda el gobierno nacional”. 

La problemática

Muchas instituciones se han visto afectadas por el flagelo de la delincuencia focalizado ante la falta de vigilancia escolar. Las denuncias, asimismo, son desatendidas por parte de los entes encargados y las autoridades competentes.

Alexander Ibarra, rector de la IE Juan Jacobo Aragón, también denunció padecer el problema. “La falta de vigilante nos ha afectado mucho, sobre todo en la sede de Rafael Manjarrez donde este año, en tres oportunidades, la delincuencia ha hecho de las  suyas”. Asegura que ingresaron y se llevaron abanicos, un video beam, televisores y otros enseres y hasta lograron entrar al restaurante escolar e irse con gran parte de los alimentos de los estudiantes. 

Esa fue la misma situación de la IE Ernesto Parodi Medina, donde además del asalto a las mujeres, reportaron el robo de electrodomésticos, materiales didácticos y de los alimentos que reciben del Programa de Alimentación Escolar PAE. 

La Institución Educativa Roig y Villalba también ha sufrido las consecuencias de las prácticas delincuenciales al igual que la Institución Educativa Agropecuaria, donde también hubo robos. Nelvis Peralta, coordinadora de tres de las sedes de esa institución, manifiesta que durante todo este año no han tenido el servicio de vigilancia pese a que ha sido una solicitud permanente, “por eso las escuelas están vueltas nada, pero no ha llegado nadie a prestar ese servicio”, reitera, y agrega que no tiene información de ningún tipo por parte de la Secretaría Departamental, ente encargado de operar este servicio.

“Aquí en Fonseca, en todas las escuelas de primaria, no es nada más es que miren que llega la alimentación de los niños, para meterse y robarse todo”, asegura Peralta. “En el caso de la sede Clotilde Povea, todo el mundo sabe que hasta las varillas y los tubos del parque se los han llevado. Ya no tenemos nada. La sede Tomás Emilio, que fue focalizada en el municipio para tener una sala de informática, la destruyeron por completo”, concluye.

Qué dicen las autoridades

A cargo de la prestación del servicio de vigilancia está la Gobernación de La Guajira a través de la Secretaría de Educación que, según las fuentes consultadas, no ha hecho ninguna gestión por contratar una empresa que preste el servicio a las instituciones ni por brindar escucha y soporte.

La situación para la coordinación escolar ha hecho que hoy los centros de enseñanza y sus estudiantes sean vulnerables a los delincuentes. Pero ni eso ha llamado la atención de los entes públicos.

La Secretaría de Educación municipal, en cabeza de Luisa Margarita Acosta, reporta que la respuesta que ha recibido a nivel departamental es que desde el Ministerio de Educación girarán recursos que aún no llegan. De estos se destina el rubro para la vigilancia y habría que esperar hasta el próximo año, 2024, pues tomará tiempo el empalme electoral regional para que se comiencen a hacer las gestiones pertinentes.

La información ha sido la misma en la vigencia de 2023 y lo que preocupa a los rectores es el comienzo del período vacacional donde las IE estarán aún más desprovistas de seguridad y no es suficiente con la que ya cuentan. “En la sede principal de la Juan Jacobo Aragón, por ejemplo, muy a pesar de que tenemos unos vigilantes, no son suficientes para cubrir todo el perímetro de la institución”, agrega Alexander Ibarra, rector.

Qué sigue

El panorama de fin de año para los centros educativos es desalentador. En años anteriores, Ibarra recuerda que el personal de vigilancia llegaba contratado mínimo por cuatro o seis meses, pero ahora, en una temporada en que suele haber refuerzos en sus sedes, no los tienen.

La problemática, además, lo amerita. “A pesar de que la alcaldía hizo una entrega de 150 abanicos, no fue sino que nosotros los instaláramos para que los malhechores se los llevaran”. Por eso, el rector pide a las autoridades que, para este cierre de año, haya contratación. “Pero no solo hasta el 31 de diciembre, como se acostumbra, sino que se proyecten los contratos del 2024, para que al menos contemos con las cosas que hemos dejado en las instituciones cuando retornemos, y durante el próximo calendario escolar”, dice.

Lenio Arocha, el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Primero de Julio, asegura que no es la primera vez que hacen ruido para que haya acciones ministeriales. “Siempre hemos venido denunciando estos robos y haciendo el llamado a las autoridades competentes, al gobierno departamental ―por medio de la Secretaría de Educación― para que implemente una estrategia clara para solucionar esta problemática que nos acosa a todos”, declara. 

“Están expuestas las instituciones y pedimos a la fuerza pública que nos brinde ese apoyo incondicional mientras que llega la solución del gobierno, más cuando se aproximan las vacaciones y los malhechores pueden saquear las instituciones”, concluye el líder.

Grandes extensiones de tierra adornadas por bosque amazónico ocultan largas hileras de mata de coca. Son las seis de la mañana y el amanecer tiñe de naranja el cielo de Orito, un municipio al sur de Colombia, conocido por su herencia petrolera y sus planicies inundadas por el verde vibrante de las hojas entre la vegetación. Todas refulgen ante el equipo observador de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); que reporta un incremento del 13 por ciento de nuevas hectáreas sembradas de coca en Colombia, con 20.000 en Putumayo. 

Eso deja al departamento en el primer lugar en aumento de cultivos de la planta de coca y en el tercer lugar entre los que cuentan ahora con mayor siembra de ésta en el país, además de que concentra el 10 por ciento de las nuevas hectáreas (230.000 ha). 

Sandra* siembra desde hace diez años coca y produce pasta base. Años atrás, dedicarse al cultivo y cuidado de 15 mil matas, que daban como resultado un kilo de pasta base, era una opción rentable mientras su esposo se dedicaba a jornalear la tierra y al comercio de motos. Les daba para la manutención de ambos y de sus dos hijas. Según dice ella, el dinero llegaba directamente hasta su vereda. “No había necesidad de andar buscando compradores, llegaban hasta la casa. De ahí pagaba uno a los obreros y también compraba lo que le hiciera falta”, recuerda. 

Cuando el gobierno llegó al Putumayo en 2017 con la propuesta del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Sandra vio una oportunidad de entrar a un negocio legal y más tranquilo para ella y para otras mujeres campesinas. 

La decisión de erradicar se tomó en familia y Sandra se dispuso a arrancar las matas que cuidó y cosechó durante meses. Extraerlas de raíz fue parte de un acto de voluntad que el gobierno exigía como prueba de que los cultivadores estaban comprometidos con el proceso. “Cuando nos metimos a este programa la gente estaba decidida a cambiar los cultivos ilícitos pues, como mostraban que era un buen proyecto, más de uno decidió cambiarse porque cultivar no es fácil”, dijo.

Pero las fallas reiteradas para la erradicación dejaron a la comunidad en el limbo y progresivamente, con la falta de garantías para nuevos proyectos, el retorno a la siembra de la coca volvió a ser la principal fuente de sustento. En palabras de Sandra, “la gente después de ver el incumplimiento, dijo: ahora sí hay que sembrar. Si no se cultiva coca, ¿qué vamos a hacer?”, expresa.

La coca, una mata que no muere

Francisco Mora es un campesino que dejó el cultivo de coca desde hace más de una década, antes de que existiera el PNIS, cuando los procesos de erradicación, más que ser voluntarios, se hacían a punta de aspersiones de glifosato. 

Hoy se dedica a la venta de loterías y a ejercer como representante veedor del campesinado en la implementación del PNIS. Con los ojos entrecerrados por el sol, se acomoda al respaldo de la iglesia principal de Orito para confesar lo que para él es obvio: sembrar coca es una necesidad. 

Lo que suelen decir en el municipio es que tanto el movimiento del mercado cocalero como su estancamiento determina en gran medida la economía rural. Mora explica que las comunidades campesinas saben que se encuentran en una actividad ilícita por la que pueden ser estigmatizadas y perseguidas. Pero, aclara: “el campesino no siembra coca por capricho ni porque quiera enriquecerse, ni porque sea narcotraficante. El campesino siembra coca porque es la única fuente de ingresos que tiene para sostener a su familia”. 

Según el Observatorio de Drogas de Colombia, el 72 por ciento de cultivadores en el país dependen de la coca para sobrevivir. Y de acuerdo con el informe la UNODC, citado en la Política Nacional de Drogas del Ministerio de Justicia, las zonas fronterizas como el Putumayo “tienden a ofrecer mejores oportunidades para esta actividad ilegal, debido a la facilidad de ingreso de insumos químicos, fragilidad institucional, además de dominio de grupos criminales”, cita el documento.

María Pantoja, campesina, manifiesta que aunque está inscrita al PNIS y recientemente arrancó y vendió los lotes donde tenía su cultivo, la coca era una garantía para su subsistencia mientras sus palos de cacao dan frutos. Al igual que ella, otros campesinos se encuentran en un momento donde la coca parece una opción de sustento atractiva que cada tanto se reactiva y resurge con pequeños brotes de siembra. “En un tiempo nos ayudaron pero luego no le cumplieron a toda la gente. Nos tocó volver a sembrar para poder seguir adelante”, dijo. 

Pese a que el informe de la UNODC atribuye el incremento de cultivos ilícitos en el Putumayo a la presencia de grupos armados ilegales como las disidencias Comandos Bolivarianos de Frontera- Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central con el Frente Carolina Ramírez, veedores como Mora atribuyen a una sola causa el aumento: “la gente siembra la coca meramente por necesidad, no porque otra persona u otro grupo, llámese como se llame, esté obligando a sembrar”, puntualiza. 

Fertilizantes para la siembra 

Pedro Arenas, investigador de la oenegé Visor Mutop, considera que la realidad del aumento de cultivos de coca es más compleja que sólo la falta de sustento ante la escasa inversión en otros proyectos distintos al cultivo de uso ilícito, y asegura que se puede entender con tres variables. 

Una, explica, consiste en reconocer que para el caso del Putumayo, al igual que para Nariño y Norte de Santander, la condición fronteriza y la precaria estructura institucional del Estado (en términos de infraestructura, educación, salud, vías y acceso a servicios públicos, etc.), propicia el fortalecimiento de la economía ilegal que controlan grupos armados y, a su vez, consolida la dependencia del campesinado al cultivo y producción de pasta base de coca.

Otra variable tiene que ver con que los grupos armados tienen una estructura con capacidad transfronteriza para mover cargamentos, insumos, armas y sobre todo, poder militar para ejercer control sobre las comunidades y sus territorios. 

Y otras más con el comercio de la cocaína que, según el experto, “sigue activo y estable e incluso con tendencia a crecer en países de Oceanía y de África”, comenta. Lo que implica que mientras exista una demanda nacional e internacional de consumo, la oferta de pasta base de coca se va a mantener.

Lisandro Cortés, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda el Acae, dice que la labor de cultivar coca se relaciona con una necesidad tan básica como comer, vestir y costear su educación. 

Él, quien estaba en medio de una minga con los vecinos de su vereda, se aparta del grupo para aclarar que los campesinos que no hacen parte del PNIS y mantienen sus cultivos de coca no sufren presiones por actores armados. “Nadie nos ha amenazado, tampoco han venido a decir que no pueden meterse en el programa”, reitera.

No se acogió al PNIS porque en ese momento el municipio requería tener un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actualizado, que no tenía. Ese fue el primer síntoma de sospecha sobre posibles incumplimientos del programa con la comunidad, asegura. “El PNIS hace parte de una solución, pero un solo programa no va a sacar las necesidades del campo ni va a acabar con las necesidades de todos los cultivadores”.

La sustitución, otra deuda más con el campesinado

El PNIS se diseñó como un proyecto que iba a desembolsar un total de 36 millones de pesos para cada familia inscrita, desde mayo del 2018 hasta septiembre de 2020. Este monto sería entregado en 5 etapas: asistencia alimentaria, asistencia técnica, seguridad alimentaria y proyectos productivos de sustitución a ciclo corto y ciclo largo. 

Las dos últimas fases, que corresponden al proyecto productivo de sustitución a corto y largo plazo, sin embargo, fueron pospuestas por 14 meses más de lo planteado inicialmente. 

De acuerdo con Sandra, el proyecto en un comienzo estaba cumpliendo su objetivo de reducir los cultivos y la economía ilegal. Pero los subsidios por 19 millones de pesos prometidos para el sostenimiento de otros proyectos productivos fueron intermitentes y eso la llevó nuevamente a la siembra de coca; esta vez no de una sino de tres hectáreas. 

“Hubo gente que no firmó, imagínese, se puede decir que le fue mejor que a uno, porque nosotros arrancamos y uno pensó que con esa plata [del PNIS] se iba a poder sostener, pero eso no fue así”, afirma.

En 2019 el gobierno de Iván Duque ejecutó el pago de la tercera fase con el desembolso de 12 millones de pesos, en la que cada dos meses se entregaban dos millones y un apoyo de un millón 800 mil pesos como parte de un subsidio alimentario. Mientras que el pago de los 19 millones destinados a la implementación de los proyectos, se congeló. Ante ese abandono de los compromisos del Estado para lograr la sustitución, las familias productoras de hoja de coca expresaron sentirse utilizadas.

Para Hermán Hoyos, coordinador departamental del PNIS en el Putumayo, el gobierno del expresidente Duque no tuvo voluntad política de asistir y cumplirle a los campesinos inscritos al programa. Eso descrito por Hoyos se manifiesta en las posteriores dilataciones en las fechas para ejecutar pagos y la falta de asignación de recursos desde Bogotá. 

“Pasaron cuatro años y no se cumplió la parte del proyecto productivo, ciclo corto y ciclo largo. Entonces las familias no pudieron establecer una manera de generar ingresos en el corto y mediano plazo”, explica Hoyos. 

El incumplimiento del Estado con los campesinos cultivadores de coca provocó una gran decepción y volver a sembrar ha sido una respuesta inmediata para tener una entrada económica. 

“La gente no se deja morir de hambre. Una vez pasan los años y no te entregan las cosas para establecer tu economía, es probable que muchos vuelvan a sembrar, de pronto, no en el predio donde arrancaron [la coca], pero sí en otros”, expone Hoyos.

En medio de la incertidumbre y desconfianza, varias familias inscritas al PNIS empezaron nuevos cultivos de coca en porciones de tierra distintas a las inscritas previamente en el programa. En palabras de María Pantoja, algunas personas tienen los predios con coca “de engorde”, mientras aumenta el precio de la hoja y la pasta base. Incluso, comenta que ella también tenía una hectárea que erradicó para comprar otro lote que va a arar no para la coca, sino para el cacao.

Otros proyectos que fracasan con la sustitución

Francisco Mora insiste en que este programa no ha sido eficiente desde su formulación. Cuenta que campesinos como él, que tienen cultivos de cacao, café, piña, pimienta o hasta con ganado, “es porque lo han logrado con su propio esfuerzo, no con apoyo del gobierno nacional. Eso tiene que estar claro”, dice. 

Tal fue el caso de Carlos Viera, otro campesino que tuvo hasta 8 mil palos de coca y que en 2019 se propuso tener una finca cafetera. Hoy asegura que su proyecto fue posible gracias a capacitación y dinero que recibió pero de organizaciones no gubernamentales. 

Mora añade que otro obstáculo para la sustitución tiene que ver con la inflación. El líder explica que el dinero destinado al ciclo productivo fue calculado a partir del precio de insumos y de mano de obra para el trabajo que corresponden al 2017, una estimación que caducó comparada al gasto real. “Los costos han subido: los jornales, los insumos, el precio de las herramientas, las semillas, todo ha subido de precio”, declara.

De acuerdo con Sandra, los sobrecostos por parte de los proveedores contratados por el programa también son otra de las falencias, pues conoce casos en los que si “un machete costaba 10 mil pesos, lo registraban a 30 mil pesos”. esto sin dejar de lado la calidad de los insumos: cuenta que en la vereda El Sábalo, por ejemplo, el gobierno entregó purina para aves de engorde que retrasaba hasta 4 o 5 meses la cría de estas e, incluso, hubo aves que murieron por la mala calidad de la purina.

Luego de conocer el caso de la vereda, Sandra se negó a recibir la purina que el proveedor del PNIS le entregó para aves de engorde, ya que sabía que era de mala calidad. La respuesta que recibió por parte del funcionario de Tecniagro, empresa contratada como proveedor de insumos, no la satisfizo. “Hicieron lo que quisieron: me dijeron que si nosotros recibimos eso, bien, o si no, que se perdía”. Sandra pidió un cambio de purina por maíz para alimentar gallina de finca y el proveedor le insistió en aceptar lo que ofrecían.

Estos tratos para Sandra son un abuso al campesinado por parte del intermediario. Redactó entonces una queja y aclara que lo más importante para el campesinado es que les den lo que “les pertenece”, asegura. “Es que esto no es regalado, esto lo están entregando después de que nosotros arrancamos [plantas de coca]”. 

“El campesino no siembra coca por capricho ni porque quiera enriquecerse, ni porque sea narcotraficante. El campesino siembra coca porque es la única fuente de ingresos que tiene para sostener a su familia”.

Francisco Mora

Un campo sembrado pero en el olvido

Otra de las críticas al PNIS la hizo el mismo coordinador departamental, Herman Hoyos. Afirma que durante el diseño del programa hubo procesos de socialización y concertación con las familias campesinas que integran la economía del cultivo de coca. Pero, durante la implementación, la participación de las comunidades para proponer alternativas y soluciones acordes a sus necesidades ha sido limitada. 

“Muchas veces esa concertación es manipulada, ya viene algo prefabricado: te dejo participar, pero participas dentro de un rango”, advierte.

Para Sandra es necesario que el gobierno escuche las necesidades y demandas de los campesinos, pero sobre todo que les dé soluciones sin intermediarios y con más agencia. Aunque según la lideresa si desde el inicio los campesinos no fueron tenidos plenamente en cuenta, el fracaso es cercano. Incluso cuando al campesino le destinan recursos, cuenta, “el contratista es el que se lleva la mejor parte”. 

José Luis Mansisoy, otro líder campesino recolector de coca, vive solo en su finca por amenazas en razón de su liderazgo que le obligaron a sacar a su familia de la vereda El Jordán, donde un gallo anuncia todas las mañanas la llegada del sol en el Bajo Putumayo y él se prepara para ir a fumigar. 

Dice que es necesario asegurar que los proyectos productivos tengan posibilidad de comercio nacional. “Nosotros cambiamos, sustituimos cultivos de coca a pancoger”, expresa mientras señala unas matas de plátano y unos árboles de cacao en su patio. Pero como él, varios campesinos señalan que el PNIS no tiene ningún enfoque comercial para la venta de estos productos fuera del departamento. 

Maria Pantoja, campesina, resalta que ese acceso al campesinado es importante. Para ella, vender a buen precio es cuestión de suerte, cuando no, vende barato y pierde. “Es necesario un espacio donde las personas puedan tener una buena renta”, dice.

El campesinado pide evaluar la posibilidad de exportar todos los productos distintos a la coca para no saturar el mercado local. Si las familias empiezan a sembrar plátano o crían pollos, dice Sandra, en tiempo de cosecha “nadie va a tener a quién venderle” porque todos han cultivado, entonces van es a pérdida. 

La única opción para reemplazar la coca, dicen, es que el PNIS y el Estado orienten al campesino a proyectos productivos que sean de tipo exportación y de transformación de materia prima, después de la soberanía alimentaria. Pero las vías de acceso son otro gran problema que entorpece la sustitución para el campesinado del Putumayo. Quienes viven en las zonas rurales, tienen una precaria infraestructura que les impide comercializar sus productos dentro y fuera del departamento. 

Según Sandra, los campesinos en las veredas no cuentan con buenas vías terciarias y al transportar productos como plátano, yuca, piña o papaya por los caminos destapados se estropean los alimentos, incluso antes de llegar al casco urbano. 

Para el líder veredal, Lisandro Cortés, el PNIS es apenas una sola solución de las tantas que demanda el campesinado de Orito frente a los problemas que impiden lograr la sustitución. Para él es importante el apoyo económico que el Estado les pueda brindar, pero este no es suficiente si no hay asistencia, capacitación e industrialización de procesos. Pese a que no está inscrito en el PNIS.

Sandra concluye que hay desesperanza. En el departamento no hay la suficiente oferta de educación pública universitaria ni oportunidades laborales. Esta situación, dice la campesina, refuerza la dependencia del joven a la economía ilegal, la que parece más próspera para la obtención de ganancias comparada con cualquier otro producto agrícola.

El gobierno actual quiere saldar la deuda 

En la avenida Marco Fidel Suarez, en el centro de Orito, campesinos de las 117 veredas de la zona rural esperan en fila frente a las puertas del Banco Agrario con una nueva promesa: la reactivación del proyecto. 

El pago de dos millones de pesos prometido por el actual gobierno de Gustavo Petro a cada familia son parte del adelanto de los 19 millones de pesos pendientes del PNIS. La estrategia, llamada “Hambre Cero”, se inició para solventar el impacto por el estancamiento del mercado de la coca en la región. Esta primera estrategia forma parte de la política pública: “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Política nacional de drogas 2023-2033”. 

La política, que es decenal, busca cumplir con los compromisos adquiridos por el PNIS estatalmente, es decir, saldar en 36 meses las falencias de un proyecto que lleva seis años de implementación. Hoyos, coordinador departamental del PNIS, menciona que la premisa desde la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos es entregar, para el 24 de diciembre de 2023, 190 mil millones de pesos que corresponden a los 19 millones de pesos que las familias que aún integran el programa no han recibido y, tal vez así, recobrar la confianza de los campesinos en el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito. 

A pesar de que esta iniciativa espera cumplir con los pendientes en un tiempo récord, para las familias cultivadoras y líderes campesinos existe el temor de que la historia se repita. “Están acostumbrados a engañarnos y ahoritica no nos vamos a dejar engañar. Por acá dicen que ya nos engañaron una vez; otra vez si ya no”, protesta Sandra.

En los últimos 20 años, según el Ministerio de Defensa, el Estado colombiano ha invertido 76 billones de pesos para erradicar la coca, un cultivo que con el paso del tiempo se fortalece mientras que la fe en el proceso de sustitución y en el Estado se debilita. 

* Los nombres fueron cambiados para proteger la integridad de las fuentes.


CRÉDITOS

Texto

Maria Paula Sierra Jiménez

Hugo Cárdenas González

Productora

Esta historia fue posible gracias a la iniciativa de Yessica Torres Galindez, lideresa campesina que hizo parte del diplomado en formación periodística de Consonante en Orito, Putumayo.

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Hugo Cárdenas

Edición

Manuela Saldarriaga Hernández

Antes de conocer los resultados electorales la suerte parecía echada. Las dos principales opciones para gobernar el Chocó, los próximos cuatro años, eran visiblemente diferentes.

Por un lado, el veterano político Patrocinio Sánchez Montes de Oca, a quien las encuestas previas pronosticaban como ganador y quién volvía a presentarse respaldado por varias fuerzas políticas. Una figura conocida por hacer parte de una de las principales familias con poder político en el departamento y, también, por haber sido condenado a 18 meses de carcel por irregularidades en los contratos cuando fue alcalde de Quibdó.

Su principal rival, una mujer: la abogada Nubia Carolina Córdoba Curi, doctoranda en política y gobierno en la Universidad de Córdoba, Argentina, y Magíster en planificación territorial y gestión ambiental de la Universidad de Barcelona.

En la noche del domingo 29 de octubre, el conteo de votos la determinó a ella como ganadora. Obtuvo 49 por ciento de votos, cuatro puntos por encima de su contendor político.

Su experiencia en el sector público más cercana ha sido vinculada como Secretaria del Interior y de Gobierno Departamental de la pasada administración, de la mano del gobernador Ariel Palacios Calderón, donde Córdoba Curi exaltó la importancia de enlazar la gobernación con los planes de desarrollo municipales y las políticas públicas locales para la administración territorial general.

Si bien es cierto que la familia Córdoba ha sostenido el poder durante años en el Chocó, la lideresa de Tadó Sandra Perea admite que, como esa, la mayoría de familias chocoanas con mando en el departamento han sido liberales. Cree, sin embargo, que a pesar de las discordias e investigaciones dentro de la tradición del partido nacional, “hay que dejar de utilizarlo para estigmatizar a las mujeres que respaldan o creer que tienen menos derecho. Ese, en cierto punto, es no dejar que alguien haga las cosas mejor”.

La gestión de Córdoba Curi es bien evaluada por otras lideresas políticas como Natalia Mazo, exsecretaria de Salud de El Carmen de Atrato y aspirante en este período a la alcaldía del municipio. “Ella es muy capacitada y durante la pandemia tuvo que lidiar con las dificultades que se vivieron, y los resultados fueron buenos”, asegura.

Consonante consultó a diferentes mujeres líderes para conocer cómo podría repercutir el liderazgo de Córdoba Curi en el departamento.

¿Cuáles son las expectativas para el siguiente cuatrienio?

El liderazgo de Córdoba Curi no está cuestionado, dice Mazo, “lo que sigue es que ella comience a buscar soluciones a los problemas tan graves que vive el Chocó, como son la pobreza y el desempleo”. Además de tener que mejorar la conectividad de inmediato e intentar quitar el estigma de que “Chocó es corrupto e ineficiente”, declara la líder política.

La pobreza en cualquier municipio del Chocó, sin embargo, no va a ser fácil de erradicar. El que no haya oportunidades para todos no se resuelve en un período electoral. Eso lo sostiene la lideresa Sandra Perea, docente del municipio Tadó, Presidenta de la Casa Social de la Mujer, integrante del programa Adulto Mayor y Madre Líder de Familias en Acción. “La gobernadora podrá, simplemente, minimizar o bajar un poquito los índices, generar empleo para mejorar la calidad de vida y entregar responsabilidades a quienes tienen liderazgo”, complementa.

Según la gestora de proyectos sociales Luz Nelis Palacios, la gobernadora podría impulsar iniciativas departamentales que respondan a las necesidades específicas de los distritos y barrios, como lo ha sido históricamente la construcción de infraestructura o la reiterada promoción de empleo. Igualmente, confía en que Córdoba Curi sabrá cómo promocionar para Quibdó “la inclusión, la equidad, la igualdad, reducir el índice de violencia, la construcción de entornos protectores y el mejoramiento en la salud que es precaria”, asegura.

La lideresa afro Anny Rodríguez, desde El Carmen de Atrato, propone que la recién electa gobernadora convoque a las lideresas para que ajuste el plan de desarrollo que exhibirá después de que se posesione. “Tiene que asignar presupuesto para la generación de empresas en El Carmen de Atrato, para que los jóvenes tengan más y mejores oportunidades; también proyectos para formalizar a los vendedores ambulantes y otros específicamente para las mujeres en el campo”.

¿Promoverá una política feminista como promete su discurso?

Para Natalia Mazo, la victoria de Córdoba Curi, según dice, permite romper una hegemonía de hombres en el poder y cambiar las dinámicas internas al dejar la oportunidad a más mujeres en el departamento en puestos de liderazgo.

“Siempre que una mujer llega al gobierno se rompe un esquema de exclusión”, expresa la aspirante a un cargo de representación. “Por primera vez, por voto popular, una mujer es elegida gobernadora, una mujer afro, chocoana, en un cargo de este nivel”.

Por lo mismo, la lideresa afro Rodríguez espera que la señora Curi, en sus palabras, sea la que implemente una política pública con un enfoque étnico y diferencial en el Chocó. Aunque esos aspectos a promover han estado presentes en su discurso, así como en su plan de gobierno, el énfasis de desarrollo que esperan las lideresas es que se dé con las mujeres.

Sandra Perea coincide con el entusiasmo contagiado por la gobernadora electa. “Gracias a esa gallardía que tiene Córdoba Curi ―anticipa―, muchas mujeres que están en otro ámbito ven en ella un impulso para dejar el miedo y el silencio en el Chocó y hacer notar el empoderamiento”, declara la lideresa.

Una de sus expectativas está puesta en la empleabilidad, específicamente, para campesinas y no campesinas. “Como las mujeres cabeza de hogar, porque Córdoba Curi promueve un cambio enfocado en nuestra profesionalización y en la transformación del territorio por medio de asociaciones o emprendimientos que muchas mujeres hemos liderado”.

Asimismo, la gobernadora electa ha sido enfática con el progreso económico del departamento apoyado en quienes no han tenido ―por racismo o por falta de acceso― oportunidades a nivel nacional. “En Chocó requerimos un empleo digno y, que pueda ser real con este gobierno, claro que nos interesa”, añade Perea.

Para la gestora de proyectos sociales Luz Nelis Palacios, en el Chocó la gobernadora deberá dar vía libre a más políticas de inclusión. “Eso implica promover su política feminista y trabajar en múltiples niveles para lograr la igualdad de género y los derechos de las mujeres”, y añade que todavía muchos espacios son inaccesibles para ellas en el departamento.

¿Cómo podría aportar en necesidades municipales?

En Tadó, al menos para Luz Nelis Palacios, la nueva gobernadora podría enfocarse en la educación inclusiva y en la sensibilización frente a la igualdad en colegios y universidades; en la extensión de charlas, talleres y campañas de concientización sobre los problemas que enfrentan las mujeres; en fomentar su participación política y en la representación equitativa de género para la toma de decisiones.

Esas, y el apoyo a leyes y políticas de igualdad, es decir, “trabajar para respaldar proyectos que protejan los derechos de las mujeres y promuevan la igualdad de género”, es algo que Córdoba Curi podría atender municipalmente.

“Ella se puede involucrar en campañas de promoción, firmar peticiones y unirse a organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en Tadó. Puede promover el empoderamiento económico de las mujeres a través de la igualdad salarial, el acceso a oportunidades laborales y el fomento del emprendimiento”, añade Palacios.

Tan solo en Quibdó, hay tres organizaciones trabajan en la reducción de estas agresiones dirigidas (La Red Juvenil de Mujeres Chocoanas, la Fundación Mujer Afro Empoderada y Círculo de Estudios Culturales y Políticos). “Córdoba Curi puede trabajar para que las mujeres reciban el apoyo necesario y tengan acceso a servicios como refugios, asesoramiento jurídico, etc.”, dice la lideresa.

Y según Sandra Perea, en Tadó es igual de necesario el apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, quienes deberían estar entre sus prioridades como lo estuvieron las personas menos atendidas, según aseguran las fuentes consultadas, durante su cargo como Secretaria del Interior y de Gobierno Departamental.

Sandra Perea cree, además, que es una buena señal que Córdoba Curi haya recorrido todo el departamento antes de quedar electa. Por eso cree que en Tadó, y en otros municipios, también la nueva gobernadora podría ayudar en la conectividad entre centros poblados y la cobertura de servicios. “Por sus propios medios se dio cuenta cómo las personas que viven en zonas rurales apartadas no tienen una vida digna. Son personas en unas condiciones que se pueden transformar por medio de programas y ayudas puntuales dirigidos a territorios nunca antes visitados por otros, que esperamos lleguen”, advierte.

En El Carmen de Atrato, particularmente, es favorable su victoria, según explica Mazo, porque Córdoba Curi ha mostrado interés en la especialización del territorio, “este municipio representa un potencial muy importante en el marco de la agricultura, de los derechos del Río Atrato y el campesinado”. Al menos Mazo espera que “haga un gobierno donde las personas sean nombradas por sus méritos”. Y la líder afro, Anny Rodríguez, se suma: “si la señora Curi quiere gobernar bien, deberá ser independiente”.

Córdoba Curi asumirá el cargo a partir del 1 de enero del 2024 y, aunque enaltecen en el poder su género en una región donde más del 50 por ciento de la población es mujer (Dane), su camino tiene una precursora que ha sido olvidada. Doryla Perea de Moore, su antecesora, nació en Quibdó en 1929 y fue considerada una de las mejores gobernantes de la segunda mitad del siglo XX en Colombia (1974), al mando del Chocó. “Los medios, por ganar auge o porque aquí en el departamento nunca se ha mirado con cuidado, siempre la olvidan”, concluye Perea.

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CRÉDITOS

Reportería:
Vivianey Balvin
Manuela Saldarriaga Hernández
Gabriel Linares López

Videografía:
Gabriel Linares López

Edición:
Jonathan Bock Ruíz
Carolina Arteta Caballero

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Reportería:

Betsabé Molero
Dalis Bolívar
Yonairo Gómez
Haitin Herrera
Oscar Peñaranda (Zehero)
Manuela Saldarriaga Hernández

Videografía:
Gabriel Linares López

Montaje:
Gabriel Linares López
Manuela Saldarriaga Hernández

Edición:
Jonathan Bock Ruíz
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Reportería

Maira Fragozo

Manuela Saldarriaga Hernández

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Manuela Saldarriaga Hernández

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Manuela Saldarriaga Hernández

Gabriel Linares López

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Jonathan Bock Ruíz

Carolina Arteta Caballero

«Lo más difícil es la comprensión de que
los negros hacemos parte del relato nacional».

Ángela María Salazar Murillo Q.E.P.D.

Yo no sé y quiero saber. Una frase que solía decir Ángela Salazar Murillo, exintegrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 

“Una mujer que nunca se quedó callada. Que, frente a sus inquietudes, nunca tuvo temor de preguntar. Que decía: No entiendo, quiero que me expliquen”, expresa Lucía González, exdirectora del Museo Casa de la Memoria de Medellín y compañera de Salazar en la Comisión de la Verdad, aunque la conoció mucho antes de compartir escenario.

Ángela Salazar, según González, fue muy importante para el país porque lideraba muchos temas, especialmente: la memoria, las  víctimas y el acompañamiento a las mujeres. “Estuve todo el tiempo cerca de ella, hasta que se fue a Apartadó, donde murió”, dice.

«Hablé con mujeres que están seguras de que deben recuperarse las funebrías tradicionales, los ritos funerarios de raíz comunitaria, los alabaos, los gualíes, el levantamiento de tumbas, la labor de los rezanderos y rezanderas»

Esto lo escribió Salazar tres meses antes de fallecer, el 7 de agosto de 2020, cuando se conmemora en Colombia la Batalla de Boyacá. Murió por una complicación respiratoria, hospitalizada, antes de presentar el informe final de la Comisión de la Verdad ―que reúne lo más dramático en 50 años de conflicto armado que ha vivido el país―. 

Como integrante de la Comisión de la Verdad, Salazar brindó una escucha especial a mujeres afrodescendientes, raizales y palenqueras de Colombia, que fueron víctimas de violencia, como ella. 

En la labor de agrupación de la Comisión de la Verdad aportada a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, se encontró el registro de 35.178 víctimas de todos los actores del conflicto, por hechos de violencia sexual, reproductiva y otras violencias de género y por daños provocados entre 1957 y 2016.

«Estas mujeres, que llegaron a la ciudad por el desplazamiento y que en este momento trabajan por la reconstrucción del tejido espiritual del país, anhelan que los grupos armados las dejen realizar sus rituales funerarios, momentos comunitarios muy importantes para los pueblos étnicos». 

González dice que Salazar iluminó con sus nociones, conceptos y observaciones su trabajo: aportar la verdad del pueblo negro al relato nacional. “Fue una maestra, un ejemplo de vida, de coherencia y de alegría ―que es un valor escaso en estos tiempos―. A pesar de que ella vivió cosas muy duras, se mantenía con mucha esperanza, con una capacidad de ponerse a la altura de todas las condiciones. Nunca la sentí desfallecer ―prosigue González―, cuando se fue a Apartadó, estaba muy bien, pero el Covid 19 le impidió volver a la Comisión”. Salazar fue una mujer muy fuerte que, a pesar de los años: iba, venía y volvía, sin quejarse de nada. 

«Cuando habíamos creído que la guerra quedaba atrás, que la fuerza y la importancia de la vida, de los usos y tradiciones comunitarias podían recuperarse, es muy duro que no podamos enterrar a nuestros muertos».

Lugar de origen

Nació en 1954, en Tadó, el mejor vividero del departamento del Chocó, como decía Ángela Salazar. En su adolescencia se fue a vivir al Urabá, donde desarrolló su vida familiar en una finca bananera. Allí empezó su trabajo social como alfabetizadora de niños y niñas en la comunidad. 

Su obsesión temprana fue enseñar a algunas mujeres a leer y a escribir y a trabajar con ellas, sobre todo, en el empoderamiento femenino.

«Acompañamos a las mujeres en alzar su voz de protesta por el maltrato frente a una posición machista, racista, denigrante frente a nuestros cuerpos. Y decir a toda la sociedad colombiana que el cuerpo de la mujer no está en venta, se respeta, se cuida y se protege».

Con toda la violencia que se desató en el Urabá en las décadas de los 80 y 90, Salazar trabajó en los campamentos bananeros. Luego se fue para el municipio de Apartadó, del que tuvo que irse más tarde por la masacre de La Chinita, que perpetraron las Farc y en la que fallecieron 35 personas. Más tarde, Salazar se vuelve cofundadora del barrio obrero.

Hizo parte de la Junta de Acción Comunal y promovió la creación de la Casa de la Mujer de Apartadó ―que hoy lleva su nombre―. Allí fortaleció su liderazgo y empezó a sobresalir a nivel nacional.

Trabajó principalmente en toda la zona del Urabá y tuvo mucha cercanía con movimientos comunitarios en cabeza de mujeres. González también refiere que Salazar tenía una capacidad que aportó de manera franca a la Comisión, “porque ella vivió el conflicto muy de cerca”. 

«Nosotras las mujeres negras, desde el arte y la cultura, estamos diciendo qué nos pasó y qué dejó en nosotras lo que pasó». 

Hizo parte de la Red de Mujeres de Urabá y fue escogida como la representante nacional en la Iniciativa de Mujeres por la Paz IMP, en 2001. En esta, Salazar trabajó con Carmenza María Álvarez, quien dice que “toda la información que recogió Ángela de las mujeres, fue por esa confianza que ofreció a todas para que pudieran denunciar sus casos y contarle todo lo que pasaba al interior de sus vidas”. Su amiga cercana asegura que Salazar nunca tuvo algún tipo de dificultad durante estos procesos de escucha y recopilación de información, “pero sí fuimos amenazadas a mediados del 2008 y 2009, cuando Ángela estaba apoyando la Ley de Víctimas y empezó a visibilizar sus historias”, aclara. 

«Uno de los avances que hemos tenido es lograr posicionar las necesidades específicas de nosotras las mujeres en la palestra pública y decir, en el marco del conflicto, lo que hemos vivido: las manchas que han dejado en nuestro cuerpo y en nuestra mente».

El trabajo de Salazar permitió que el ojo de algunos organismos internacionales volteara a ver al Urabá, cuando nunca lo hacían. Eso asegura Carmenza Álvarez, y que también la voz de la Excomisionada contribuyó para que varias organizaciones sociales y públicas asumieran el deber de restablecer los derechos de las mujeres víctimas en Colombia. 

Willinton Albornoz, quien trabajó como asistente de Salazar, coincide en decir que “ella fue un ser humano entregado al servicio de todas las defensas  de las mujeres, de las víctimas, de los niños y las niñas,  fue una persona que se comprometió en el Urabá como gestora de procesos de empoderamiento de las mujeres, pero no alcanzó a ver terminado su trabajo”.

La mujer humilde

Las personas que tuvieron la oportunidad de compartir con Salazar repiten lo que siempre la caracterizó a ella como líder: su biografía está llena de valentía, escucha y de humildad.

María Nelly Murillo Perea, cuñada de Salazar, refiere que “fue una muchacha, en pocas palabras, que nació en cuna de oro, porque su padre no era de Colombia y, para donde él iba, llevaba a su hija”. En el álbum familiar, sin embargo, aparece con el uniforme de la Normal de Nuestra Señora de las Mercedes de Itsmina, Chocó. Después de que su padre muere, es cuando su vida coge otro rumbo. 

«Dicen que cuando habitaban las cabeceras de los ríos, en las orillas las tradiciones podían honrarse, pero hoy ni en las riberas ni en la ciudad podemos acompañar a nuestros familiares para que descansen en paz».

Se fue para Medellín, pasó dificultades, trabajó como empleada doméstica en casas de familia para salir adelante. Y siempre volvió al Chocó. “Cuando podía venía a Tadó, si tenía comía y si no tenía, también comía, porque nunca reparé con ella. Ángela era una mujer muy humilde”, dice María Nelly Murillo Perea. “Cuando estaba de visita en el municipio, le llevaba mucha información al personero y hasta le dejaba folios”, agrega.

«Al río lo mancharon de sangre, lo llenaron de dolor y le ahogaron su voz con el trueno de las armas. Me dicen que es necesario hacerle un ritual de sanación a todo el Atrato; que en su nacimiento necesita arrullos, que en el medio Atrato deben hacerse balsadas con flores y mucha chirimía para sacarle el mal, y que en el bajo Atrato es necesario hacer una alumbrada con velas y mechones, cantarle alabaos y ayudar a las almas perdidas en el agua a subir al cielo y liberar al río».

González también resalta la humildad de Salazar y, sobre todo, su sabiduría. Dice que era sabia porque escuchaba, sabia porque sabía pensar y qué preguntar. Sabia porque quería aprender. “Sabia porque no se sintió menos por venir de una comunidad pobre o no tener la formación que tenía el resto de los comisionados; ella se sintió siempre a la altura”, afirma González. “Porque Ángela era una mujer muy estudiosa, se la pasaba leyendo e investigando”. 

«Desde sus prácticas tradicionales, en San Basilio de Palenque proponen revivir la memoria viva del río, curar y recuperar el alma de su arroyo, para que vuelva a ser de ellos y de sus deidades ancestrales; quieren llamar a los espíritus del agua en lengua palenquera para que vuelva a contestar y se recupere su esencia desde los cantos, los bailes y el poder de sus ritos».

Por eso, para su compañera González, Salazar no le tenía miedo a nadie. Tenía mucha fortaleza moral, porque fue capaz de comprender muy a fondo las razones de la guerra y, también, la importancia de la movilización de las comunidades. “Fue muy generosa en su hacer, su entrega fue total”.

Salazar fue una gran lideresa social y comunitaria de la región del Urabá y de Colombia, dice Álvarez. “Cuando uno salía con Ángela, tenía que llenarse de paciencia y no podía hacer otras cosas. Andar con ella era como andar  con una reina de belleza: en toda parte se paraba a saludar, a conversar; a ella no le gustaba dejar a nadie con la palabra en la boca”.

«Pobladores del Atrato me dijeron en su ribera que su río debe ser sanado, porque además de haber sido usado como autopista de muerte, de que en él se sembró terror con los sonidos de las lanchas que traían la destrucción y llenaban los pueblos de monstruos, de que a sus dueños ancestrales se les prohibió la movilidad en él y sus afluentes, lo llenaron de mercurio y de cachamas, que llegaron con la guerra y, cuál hermanas de las pirañas, han desplazado al bocachico y se han apropiado de las aguas».

Su trabajo pendiente 

Solo las memorias del Encuentro de diálogo y escucha entre las organizaciones de mujeres de Antioquia y la Comisión de la Verdad, al que asistieron Ángela Salazar y Lucía González, dan cuenta de que durante semanas castigaban a las niñas amarrándolas de un árbol, abusadas en varias oportunidades y por múltiples actores. 

Además, hubo mujeres con hijos producto de una violación ―lo hacían también con varios objetos―; otras contagiadas de VIH y otras más que terminaron con cáncer. “En esta región, culturalmente, se decía que casarse o ser la mujer de un paramilitar era la mejor opción”. 

Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz JEP acaba de abrir el macrocaso de Violencia basada en género, sexual, reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa, en el marco del conflicto armado colombiano; para las fuentes consultadas el Estado está pendiente de indemnizar a la población que ha sufrido el flagelo de la guerra.

“La Ley de Justicia y Paz lleva 18 años. Lastimosamente es un proceso que ha avanzado muy poco y son pocas las mujeres que hasta el momento han logrado ser reparadas”, dice Carmenza Álvarez. Salazar fue activista de las leyes 975 de 2015 y 1448 de 2011 -que regula los derechos y garantías de las víctimas de pueblos indígenas, comunidades Rrom y negras-. “A pesar de que hubo muchos casos que fueron reconocidos por estos actores, hasta el momento a muchas de ellas no se les ha dado su verdadera reparación que le compete al Estado”, añade Álvarez. 

«Cuando se camina con las víctimas se aprende a escuchar. Mi compromiso es hacer visible la verdad de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y paquelenqueros».

Para el asistente de Salazar, todo lo que tenía que ver con la Ley 975 de Justicia y Paz le trae un recuerdo: “la gente nunca fue a la Fiscalía a poner la denuncia, siempre buscó a Ángela y era por medio de ella que la Fiscalía actuaba”. Coincide con carmenza álvarez en que la Ex comisionada no alcanzó a ver a todas esas mujeres que venía acompañando no solo reparadas, sino con una reparación integral, como lo establecen las leyes. 

“También le faltó haber sido ella quien contara esa verdad. Que su voz y mensaje de paz y reconciliación llegara a más colombianos y colombianas en el momento de la presentación de este informe final de la Comisión de la Verdad, sobre todo lo que tenía que ver con las comunidades afro”, dice Willinton Albornoz.

Ángela Salazar, por su parte, sí hizo la tarea completa. “Hizo todo lo que estuvo a su alcance. Si le faltó vida, le faltó para seguir haciendo la tarea familiar, comunitaria y nacional”, dice Lucía González.

«Es el aporte de las comunidades a la reconstrucción de nuestras verdades. Esclarecer qué nos pasó, en qué momento nos pasó, quién fue el autor, pero también quiénes se beneficiaron. Este ejercicio de esclarecer la verdad queremos que sea desde los territorios hacia la nación».


* Dada la magnitud del subregistro y los vacíos de información que existen sobre los hechos a investigar, la Sala hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que amplíen sus informes y continúen acompañando a las víctimas que deseen participar en el proceso judicial.

La caza, el rezago del conflicto armado, la percepción de seguridad ciudadana y la posición geográfica cercana a Venezuela, que hace una millonaria inversión en armamento y lo distribuye por la frontera, son razones por las que se volvió cotidiana la tenencia y porte de armas en San Juan del Cesar.

En Colombia, donde está prohibido, más de 330 mil personas naturales cuentan con permiso para tener armas y un número incalculable las tiene y usa sin permiso. Tan solo en La Guajira, en 2022, la policía incautó más de medio millón. 

En este municipio, al sur del departamento, para algunos es oficio y para otros es tradición. Según datos extraoficiales, las armas que más se mueven son las de tipo traumáticas. Se consiguen en varias presentaciones y precios que podrían variar desde los doscientos mil hasta quinientos mil pesos, y el tiro (o bala) se consigue por tres mil quinientos pesos. Para las fuentes consultadas, son asequibles. Eso creen que tiene que ver con las personas que las usan, que aseguran son principalmente jóvenes sin empleos formales.

Caza

“La primera arma que ví fue cuando tenía la edad de 7 años”, cuenta Juan*. “Mi papá y un tío, con los que vivía, tenían escopetas en la casa y me enseñaron a cazar”. Su primera experiencia en el monte fue a sus 12 años, cuando las piernas le temblaban al sostener la escopeta. “Fue con la de un vecino, que me la prestó. Salimos a cazar y en una de esas vi un conejito, y le disparé. El animal quedó enredado en unos bruscos, me prestaron un machete para limpiarlo, pero yo seguía temblando después de haber disparado", expresa.

Conejos, palomas, iguanas y hasta cauqueros, parecidos al venado, son traídos del monte después de ir de caza. La piel del mamífero la secan para colgar en las paredes y también los cachos. En el caso de la iguana, los huevos se comercializan y la carne se come con yuca. 

Hoy, dieciséis años después, Juan tiene esos recuerdos de su infancia y en su poder dos escopetas. Una de 12 milímetros y otra de 16 milímetros. Ninguna con papeles. Asegura que las compró en San Juan del Cesar a un conocido, pero se abstiene de dar el nombre y mucho más de dar información del lugar donde las venden. 

“Aquí se pueden conseguir armas pero es confidencial, para evitar problemas, porque es ilegal”, advierte. Para evitar rendir cuentas a las autoridades, Juan decidió guardar las armas fuera de su casa. Ambas las deja en fincas cercanas a los lugares donde va de cacería o donde un amigo. No transita con ellas en las calles por temor a una denuncia o a encontrarse con la policía.

La caza es una actividad muy apetecida por los pobladores de este municipio y la desempeñan para poder llevar comida a sus casas o solo por hobbie. Juan asegura que tener un arma es importante y atractivo por el oficio que desempeña, pero considera que no es indispensable y mucho menos cuando se usa para otros fines como la delincuencia. 

“En mi caso es atractivo porque es algo que viene de generación: mi papá y familiares son cazadores de oficio y ahí fue que me nació el gusto de portar armas para cazar. Pero hay muchas personas que las utilizan con el fin de atracar, hacer daño y eso afecta a la población", concluye.

Como Juan, Elías* también se crió en un entorno familiar donde había armas. Hoy, con 44 años, asegura que en su familia se conserva una escopeta de caza de 16 milímetros, pero también un revólver calibre 38  ―el arma con la que más se mata en Colombia― que consiguió hace unos años. “El arma larga (escopeta) es la que sirve para el sustento de la familia ―de ese modo crecí―, y el arma corta (revólver) la guardo como una manera de protegerme de la violencia que atropella estos lugares”, asegura.

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El rezago del conflicto

San Juan del Cesar es uno de los municipios que más víctimas puso en el conflicto de toda La Guajira. Datos de la Unidad de Víctimas confirman que la cifra abarca más de 22 mil personas que recibieron violencia de muchos tipos. 

La presencia de grupos armados como las Agc, la guerrilla de las Farc y el Eln dejaron una huella imborrable. Desplazamientos, asesinatos y delincuencia común son unas de las tantas consecuencias del conflicto que hoy producen temor a que la historia se repita. 

Pero no es sólo una percepción. De acuerdo con Hugo Acero, sociólogo, experto en seguridad ciudadana, secretario y asesor de seguridad en varias ciudades del país, el conflicto armado es un factor determinante para el porte de armas en cascos urbanos y rurales. 

Se ha comprobado que algunas de las armas que portan los habitantes son las que han quedado de actores desmovilizados que, tras la desmovilización, son vendidas. “Con todos los conflictos armados, una vez se logra el proceso de desarme, pasa que algunos ex miembros encuentran en sus manos un capital, una inversión o un objeto de gran valor al que no están dispuestos a renunciar”, dice el experto refiriéndose a las armas. “Además, no todos los grupos entregan la totalidad de su armamento, algunos terminan entregando cosas viejas o medianamente usadas, y lo nuevo, terminan guardándolo y vendiéndolo en el mercado negro, eso sucede en todos los conflictos”, asegura Acero.

Las armas que tienen los ciudadanos provienen de la guerra, y no solo en Colombia. “La desmovilización de casi todos los conflictos internos del sur de América deja armas en todos sus países en manos de particulares”.

Percepción de seguridad

San Juan del Cesar es conocido en la zona como “el deshuesadero” de carros. Ponen tachuelas en las vías que pinchan las llantas de los vehículos y, después de asaltar a las personas al punto de dejarlas malheridas, se llevan todo. Frecuentemente se ve el robo de teléfonos, motos y este año, como en el pasado, se encuentran jóvenes muertos sin identificar a los responsables. 

Los habitantes de este municipio consideran que vivir en él ya no es seguro. Por eso, para ellos tener un arma es sinónimo de protección, más que un simple gusto o lujo. 

En los últimos años, la población ha crecido y la despensa de recursos es menor. La escasez está directamente relacionada con la consolidación de los grupos que se dedican a la delincuencia común, por la pobreza.

La gente manifiesta que ni siquiera en sus propias casas tiene tranquilidad de poder pasar la noche. Es el caso de Raúl*, quien hace poco fue atracado en horas de la madrugada, mientras dormía con su esposa. Ambos viven en un barrio periférico de este municipio con sus tres hijos. 

"Fui víctima de un atraco nocturno, se metieron en mi casa y nos sometieron a mi esposa y a mí por unas horas”, anticipa. “A raíz de ese evento de forma forzosa, para seguridad mía y de mi familia, tomé la decisión de comprar un arma a pesar de que no estoy a favor del porte”, recuerda Raúl, todavía con algo de miedo por esa noche.

Después del episodio, se dirigió hasta el batallón militar La Popa ubicado en la ciudad de Valledupar, a 45 minutos de San Juan del Cesar, para poder comprar el arma que, en ese entonces, le costó alrededor de 9 millones de pesos e incluía los papeles de porte necesarios.

"Aquí en La Guajira siempre se ha mantenido que el hombre es el macho de la casa y ante el otro siempre está la rivalidad, el machismo y el poder que impone el ego para la resolución de conflictos. El ego, relacionado con la rabia y el uso de las armas, puede terminar en una desgracia", reconoce Raúl.

Aunque el ciudadano sabe que violencia produce violencia, reclama que no hay control de estos episodios delictivos por parte de las autoridades y que la justicia, en estos casos, opera en contra de quienes emplean armas en su defensa y a favor de los delincuentes que agreden e intimidan.

Con eso coincide Emiliano*, "el que realmente necesita un arma, no la puede portar porque la policía no hace convenio con uno, sino que vienen y se lo llevan preso. Mientras que el bandido sí porta el arma con libertad”.

Emiliano tiene 25 años y es dueño de un establecimiento comercial nocturno en la avenida Manuel Antonio Dávila en San Juan del Cesar. Los establecimientos comerciales han sido las principales víctimas del hurto que ha crecido en los últimos años, según dice Emiliano. Aunque reconoce que portar un arma en su negocio podría hacer que la policía se lo cierre, desde hace más de tres años tiene un arma de fuego que guarda en un lugar al que solo él tiene acceso. 

"Tengo mi arma para protegerme y proteger lo mío”, anticipa Emiliano, “pero es un riesgo grandísimo porque uno no tiene los papeles pertinentes y lo pueden meter preso". La consiguió en un municipio cercano al ver constantes robos en el sector. "El hurto, las extorsiones, la inseguridad que está manejando el pueblo, le hace a uno conveniente portar su arma" relata. 

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Como él, hay otros comerciantes de establecimientos, incluso diurnos, que portan armas legales o ilegales. También comerciantes informales, como Luis*, de 25 años de edad, quien lleva un arma sin papeles porque asegura que la necesita para su trabajo, como ‘pago diario’, en el que opera como un cobrador de dinero prestado.

Corredor de armas

Entre las estribaciones de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, está San Juan del Cesar. Esa es zona fronteriza con el país de Venezuela. Por muchos años, además de migración humana, este ha sido un corredor de gasolina, droga y armas de fuego que se distribuyen de lado a lado.

"Está probado que algunos miembros de las fuerzas armadas venezolanas han comercializado material bélico con grupos armados colombianos", agrega Acero. Según el experto, la frontera se mueve con armas nuevas, usadas y con las que algunos países dan de baja al mercado. “Son utilizadas después por los contrabandistas y mafiosos para regar ese material en distintos lugares”, añade el experto.

Con la llegada de migrantes, también se evidencian roces entre una cultura y otra. Eso, además, altera la percepción de seguridad que tienen los sanjuaneros. “No digo que sea un problema [la migración], sé que ha sido un factor que altera la seguridad del municipio por hurtos y enfrentamientos entre las personas”, dice José*, quien fue víctima de un robo.

En 2018, el Gobierno de Colombia reportó la incursión de un camión de artillería venezolano con misiles y armamento antiaéreo que, a pesar de que se dirigía para el estado de Táchira, pisó suelo ajeno. Desde hace décadas caen redes de tráfico de armas y explosivos provenientes de Maicao. Según una denuncia de Ariel Ávila, al país entran armas de Venezuela por la zona de Guasdualito, en Arauca; por el Catatumbo y ahora también por Uribia, en La Guajira. Por información pública, Venezuela actualmente obtiene este arsenal al comprarlo principalmente de Irán y Rusia.

“Los mercados ilegales son dinámicos, como los carros que se venden nuevos y de segunda. Quizás sea más rentable el comercio ilegal de armas porque las guerras, la delincuencia, los enfrentamientos y el narcotráfico las demandan. Para este tipo de organizaciones, el mercado legal no es rentable, entonces implica ir a otros países a hacer los procesos requeridos", agrega Acero. “Todo eso se ha normalizado socialmente, pero no es normal y tampoco legal”.

* Los nombres de algunas fuentes fueron cambiados para proteger su integridad.

Del Caribe surgen noticias con cadáveres de jaguares, como las de Tadó, entre unas 25 y 30 veces por año. Después de los Andes, en donde se produjo un éxodo por la transformación de la tierra, esta es la zona donde más confrontación y muertes de jaguares hay, por unidad superficial, en todo Colombia. 

Carlos Castaño-Uribe, antropólogo ambiental y quien durante 40 años ha investigado ese conflicto latente entre especies, comparte el censo de riesgo, y dice con plena certeza que el caso de los ataques a muerte de dos jaguares en Chocó es uno de tantos sustratos de un conflicto que lleva muchos siglos: “a lo largo de estos últimos 500 años, desde la Conquista hasta nuestros días, es evidente que el jaguar se ha llevado la peor parte”, anticipa.

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En este panorama, según el experto, hay mucho por analizar como lo es la pérdida del carácter sagrado del jaguar; la radiografía violenta que la situación imprime del país y las consecuencias de la extinción del felino como primer animal de la cadena trófica (o alimenticia), entre otros matices que, en cualquier caso y según el académico, tienen lamentables consecuencias. 

“Si este animal se extingue, como ya lo hemos podido comprobar desde el punto de vista ontológico, ecológico y sistémico, entra en deterioro sucesivo la composición natural que nos rodea”, dice Castaño-Uribe, quien también dirige la Fundación Herencia Caribe y durante una década estuvo al frente de los Parques Nacional Naturales de Colombia.

Los constantes ataques que recibe el jaguar corresponden a un contexto más amplio en términos de la problemática ambiental que representa. Aunque esta no es la única especie atacada por humanos o por los efectos que estos producen en el entorno; sí es, según el antropólogo, uno de los pocos felinos que se reviste de una connotación divina percibida durante siglos y con orígenes amerindios.

Además, el jaguar es un animal sostén dentro de su comunidad biológica, lo que quiere decir que de él depende que la energía y los nutrientes fluyan de un lado a otro. Con esto en riesgo, todas las especies de la cadena alimenticia lo están y, en consecuencia, los sistemas neotropicales que el felino habita: en América, desde México hasta Argentina.

“Más del 50 por ciento del territorio del jaguar ha desaparecido en el continente ―aclara Castaño-Uribe―. En gran parte de América se logró su extinción, como en Uruguay y en países centroamericanos. Y en otros tantos, como Colombia, estamos en una carrera desbocada por la transformación de todo el territorio a tal suerte que las oportunidades de supervivencia del jaguar son cada vez más restringidas”.

La Fundación Herencia Caribe, encargada de proponer un Plan de Conservación de Felinos, PCFC, desde 2007, ha hecho presencia en las serranías del Darién, Perijá, San Lucas y en la Sierra Nevada de Santa Marta, también en el Nudo del Paramillo y otros territorios cercanos a grandes humedales como La Mojana, la Depresión Momposina u otros ribereños del Bajo Magdalena. 

De su experiencia, Castaño-Uribe tiene mucho para aportar ahora que, con el caso de los jaguares atacados por indígenas, surgió la idea de una posible creación de un corredor ecológico a 905 km de distancia del Caribe, por la Ruta del Sol, en Chocó. 

Consonante entrevistó al experto.

Consonante: Es usual recibir noticias de jaguares atacados por humanos en todo el país, ¿de estudiar con esmero el conflicto entre especies, específicamente felinas, qué cree que es apremiante decir?

Carlos Castaño-Uribe: Es un conflicto tan complejo como lo es nuestro país: cargado por una secuencia secular de violencia que nos ha agobiado en medio de una serie de ofertas maravillosas de la naturaleza. 

Nuestro país ha sido diagnosticado muchas veces: es un sistema de cosas interrelacionadas que no interactúa; aquí se exhiben por separado una gran cantidad de comportamientos que no logran sumar y, por el contrario, tienden a antagonizarse. Aunque tenemos numerosas regiones naturales e idiosincrasias, no se articulan en un proceso de interés nacional e identitario. En lugar de rescatar las fortalezas enormes de eso, seguimos en la dicotomía del conflicto desde lo social, cultural, ambiental y político que nos convierte en uno de los países con mayor riqueza natural pero, a la vez, con el rótulo de hot spot. Es decir, somos un área caliente que cuenta con una gran oferta de biodiversidad y con una enorme destreza y rapidez para destruir y atentar contra ella.

C.: Usted dice que el jaguar está revestido de un enorme poder, ¿lo ha perdido? 

C.C.U.: Hemos logrado antagonizar de tal forma nuestra propia naturaleza que vemos un cambio muy dramático entre, haber considerado durante siglos al jaguar como una deidad, a ser hoy el principal enemigo en los territorios rurales del país.

C.: ¿Qué lo produjo?

C.C.U.: Con las sociedades prehispánicas, antes de la conquista, había un concepto de integración enorme con el medio natural, mucho más próspero y profundo que en la actualidad. Dentro de todo ello, el jaguar era un factor fundamental de arraigo, pervivencia, reunía una gran cantidad de valores y elementos estructurales del pensamiento. De modo que el concepto de ‘la jaguaridad’ se volvió transversal en la forma filosófica de todos o de la gran mayoría de los pueblos indígenas, tanto como para llevar al jaguar al lugar más distintivo dentro de un pensamiento cosmogónico y hasta entender el flujo de la propia existencia con esta especie. 

La gran mayoría de pueblos no sólo tenían una relación estrechísima con la idea de ‘la jaguaridad’; también emulaban al felino permanentemente como una de sus figuras más icónicas desde lo simbólico y desde un perspectiva de la organización social y cultural. Eso fue, entre otras cosas, lo que causó una precaución enorme por parte de las huestes españolas: darse cuenta, por ejemplo, de que los indígenas salían con el jaguar a repeler la invasión europea después de que se demostró ese interés totalmente extractivo.

Venir a apropiarse de la seguridad y sobrevivencia de esos pueblos, lo sabemos todos, fue un estímulo más por exfoliar el territorio que por conservarlo. 

C.: ¿Cómo se desvanece la noción de ‘la jaguaridad’?

C.C.U.: La gran mayoría de las comunidades, independiente de su familia lingüística, de su nivel de desarrollo sociocultural y sus proyecciones en los modelos económicos, parecían tener una muy clara preferencia por utilizar al jaguar como un elemento estructurante del conocimiento. Lo llegaron a imitar, incluso, desde cualquier perspectiva: chamanes, cazadores, guerreros, entre otros, tomaron atributos felinos que admiraron. Eso pasó desde la penetración del hombre a este continente y prevaleció durante siglos. Pero se acaba rápidamente con un cambio de visión profunda: el jaguar se vuelve indeseable porque es vendido, por parte de los españoles, de una forma fuerte y secular. Lo entronizan y lo estimulan ―desde una perspectiva de la religión católica― como la representación diabólica, lo que tiene consecuencias dramáticas en todo el fluir del pensamiento aborigen, que empieza a hacer estigmatizado desde entonces hasta nuestros días. 

C.: ¿Pierde el jaguar el lugar de animal tótem, de poder o sagrado?

C.C.U.: En todo el territorio de conquista. El jaguar, que fue llamado por los españoles como tigre, se convierte en el símbolo de lo salvaje, el otro enemigo profundo. Eso costó vidas enteras en medio del proceso de los indígenas que aprendieron a tratar el tema, que los obligaba a separarse de todas sus creencias y a no seguir demostrando ningún tipo de culto a este felino. Los conquistadores, y todos su séquito, se encargaron de torcer la relación hasta cortar el vínculo espiritual tan fuerte que existía. 

Uno de los factores a través de los cuales la Corona permitió durante mucho más tiempo la esclavitud de las comunidades indígenas, de hecho, dependía fundamentalmente del relacionamiento que demostraba tener una población con el jaguar. La cultura de la conquista seguía ritos "nefandos" ―que era como los españoles entendían lo del jaguar―, y se volvió un arma muy contundente para perseguir poblaciones que, por demás, recibían la valentía y la sapiencia del felino justo antes de los ataques, algo que los indígenas programaban para repeler a los conquistadores.

El catolicismo, rápidamente, también se sirvió mucho de poder satanizar al jaguar y proponer analogías con éste y el demonio y el culto de los indígenas, por lo tanto, “satánico”. Estos comían carne humana como los jaguares: parte del gran mito que se propagó y que fue peligroso. Y lo fue no porque no hubiera indígenas que emplearan la antropofagia como un instrumento ceremonial y religioso (particularmente para entronizar en el poder de sus muertos), sino porque se utilizó para hacer propaganda de salvajismo contra los indígenas, como si los españoles no lo hubieran sido con toda nuestra geografía.

Cuando los chamanes morían, cuenta el antropólogo, una de las prácticas era quemar el cuerpo y consumir comúnmente sus cenizas, con bebidas hechas con maíz, y encarnar en el cuerpo todas las virtudes del recién fallecido.

C.: Hay quienes atribuyen el desplazamiento de estos felinos cerca a caseríos por la deforestación u otras actividades que han generado movimientos entre especies, como históricamente con los cambios en el ambiente. ¿Es normal o asistimos a una disputa territorial sin precedentes?

C.C.U.: Detrás de la gran vulnerabilidad que tiene esta especie silvestre, está que los hemos ido arrinconando de una forma superlativa: llevamos muchos siglos transformando nuestro territorio. Tratando de replicar, además, una forma de desarrollo territorial que es lo más inconveniente que pueda haber para nuestro país ―tropical biodiverso―, pero, esa realidad absolutamente nadie la ha entendido y, por el contrario, eso que es nuestro gran capital a futuro, cada vez más evidente se ha venido destruyendo.

Desde hace mucho tiempo estamos remedando la visión eurocéntrica de desarrollo que nos dejaron con la Conquista. Estamos tratando de revelar la forma de apropiación de territorios a través de actividades económicas que nada tienen que ver con nuestra realidad ecuatorial. A este patrimonio, exquisito y sorprendente que nos permite tener recursos a granel, lo estamos cambiando para aplicar el modelo de países tórridos y templados. Lo que hay de por medio es una subvaloración de lo que tenemos.

C.: ¿Qué recomienda para el Chocó después de aplicar el plan de conservación de felinos en el Caribe?

C.C.U.: Lo que hemos visto, tratando de aplicar diferentes modelos, es que matar a un jaguar tiene un valor: se vuelve un trofeo por haber sometido a la naturaleza y a esta figura asociada con “lo perverso”, con lo “no deseable”. Eso es algo que no hemos logrado contrastar con un requerimiento indispensable ―y uno de los aspectos donde falla profundamente la política del marco legal―: los instrumentos estatales para poder abordar adecuadamente el tema de la identidad territorial. Esto quiere decir que no se puede abordar este conflicto sin tener en cuenta cómo rescatar los valores de la tradición, de la cultura, el arraigo junto al jaguar como lo que ha sido siempre, el dueño de la selva.

C.: ¿Es un conflicto cultural?

C.C.U.: Lo que pasó en Tadó, Chocó, claramente es una cosa que ocurre en cientos de localidades en Colombia, desde hace mucho tiempo. En el Canal del Dique ―que separaba las aguas del río Magdalena de las ciénagas―, a 20 minutos de Cartagena, se veían jaguares en 2005. Durante nuestro trabajo de observación, notamos que este era un camino pasacaballos y, a lo largo de muchos puntos de la cuenca, se veían jaguares. Pero sus cabezas tenían precio por parte de los ganaderos. En este sitio había un club de casa extraoficial que llevó, incluso, a expresidentes de la República a ir de cacería en esta región también conocida como los Montes de María. La implementación de un corredor ecológico, en este sitio, implicó abordar todos los problemas secundarios: violencia, lucha armada, desplazamientos, que es lo que ocurre en el resto de Colombia. Esto tiene enfrentadas tres grandes columnas: la ambiental, la social y la cultural.

C.: Mencionó una grieta del marco legal, ¿la normatividad que existe es suficiente?

C.C.U.: No me desvela mucho ese aspecto, pero sí me preocupa mucho más que la normatividad no logre aterrizar en lo práctico, en el día a día de las comunidades locales, que son las que tienen que vivir esta dificultad. Y el ordenamiento territorial es transversal a todo esto. El problema más complicado que tiene que resolver Colombia, desde mi perspectiva, es cómo frenar la deforestación. En los últimos cinco años se disparó de una forma aterradora y no ha habido ningún instrumento idóneo para atenuar progresivamente los efectos del deterioro  ―como el tránsito del jaguar a centros poblados―, que es la raíz de muchos de nuestros males. Para la creación de un corredor ecológico se requiere algo más que un interés biológico, se requiere un interés espiritual.

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Cuando Jesús Fernández tenía 13 años empezó a cantar en el coro del Centro de Recursos Educativos Municipales de Fonseca, CREM. Su primer escenario oficial fue el Festival del Retorno, cuando las escuelas todavía tenían participación en la ‘Tarima Tierra de Cantores’ de la plaza principal y profesores de música, como Jorge Luis Daza Pacheco y Yizza Peñaranda que acompañaron a Fernández, recibían invitación cada año con los niños y jóvenes. Esto es cosa del pasado.

El Festival del Retorno, que durante años fue un evento para recibir a los fonsequeros y visibilizar las distintas disciplinas ―como la composición, la interpretación de la guitarra, el acordeón, la danza y otras expresiones―; dejó de lado la participación local al punto de exiliar a la juventud que encontraba en este escenario un lugar para trascender con su talento. 

Hoy ‘Chu Fernández’, a sus 23 años, no está en Fonseca sino en Bogotá, donde participó en la novela de Leandro Díaz, en 2022, una oportunidad que lo motivó a iniciar su carrera actoral. No abandonó su pasión por el canto, de hecho pasó por el concurso Talento Zipaquireño y se llevó el primer puesto, pero asegura que la búsqueda de crecimiento profesional y de espacios para impulsar su carrera lo obligaron a salir de su municipio. 

“Me gusta decir las cosas pelao y raspao: para nadie es un secreto que para los nuevos artistas todo es muy difícil y que a muchos nos ha tocado buscar otros rumbos”, expresa. Y aunque sus planes actuales son seguir dándose a conocer en la capital, ‘Chu Fernández’ no descarta regresar y presentarse en la plaza principal, donde está su primera tarima, pues reconoce que para cualquier artista es un sueño actuar en su tierra.

La falta de escenarios

En Fonseca el único escenario habilitado para los artistas es la ‘Tarima Tierra de Cantores’, pero no al cien por ciento. En los últimos años, la población creció y según el DANE, en 2023 hay más de 50 mil habitantes con un solo escenario principal que se construyó para albergar menos de la mitad de la población actual.

Aunque hay pequeñas tarimas en corregimientos como Conejo y el Hatico, así como en el barrio 1° de julio, estas no dan abasto para la magnitud que el evento adquirió con el tiempo. En el barrio San Agustín, incluso, se hacía en algún momento una tarima provisional para niños y jóvenes como parte de un evento previo al Festival del Retorno, llamado Retornito, que desapareció.

Me parece muy bueno el festival pero no le da oportunidades a los nuevos artistas como lo hacían antes.

Chu Fernández

Cerca a la ‘Tarima Tierra de Cantores’ están las instalaciones del CREM, otro escenario que podría funcionar para promover la cultura, sin embargo, no está siendo utilizado para su verdadero propósito. Como lo reportó Consonante en 2022, el CREM se convirtió en la oficina de atención de Ingreso Solidario y de funcionarios de Migración Colombia y, hasta la fecha, no ha recuperado la misión con la que fue creado.

Otro de los lugares donde se podría incentivar el talento local, aunque se está cayendo a pedazos, es la antigua Casa de la Cultura, pero le pertenece al Club de Leones, entonces es un espacio privado. Y, a la falta de escenarios, se suman las quejas de los vecinos de la plaza principal, ya que la mayoría de estos residentes son adultos mayores y para protegerlos del ruido, la Administración no aprueba la realización de actos que perturben su tranquilidad.

Sin inversión

La tarima del barrio 1° de julio servía para los niños y jóvenes pero desapareció al mismo ritmo que los recursos destinados para fomentar las diferentes disciplinas como la piqueria, la décima, las danzas tradicionales, entre otras.

En respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, la Secretaría de Gobierno aseguró que el presupuesto cultural es de más de 770 millones de pesos (770’709.289) y que para la promoción de festivales se destina el 79 por ciento. Los habitantes denuncian, sin embargo, no ver la inversión de esos recursos. Y el único fundador vivo del Retorno aseguró a este medio que el evento deja más pérdidas que ganancias.

Dasnelli Bolívar Torres, socia de la Fundación Luis Enrique Martínez “El Pollo Vallenato”, confiesa que recibe recursos de la Gobernación de La Guajira y del Fondo Mixto Distrital de Cultura pero no de la Alcaldía. La Fundación, sin ánimo de lucro, se sostiene también por el apoyo de los padres de niños y jóvenes en formación que compran instrumentos para patrocinar el aprendizaje.

“A pesar de no tener apoyo local, nos interesa seguir insistiendo en que el aprendizaje no se pierda”, dice Bolívar Torres. “Hemos venido desarrollando actividades en el Festival del Retorno y en las fiestas de navidad, pero este año no participamos porque no tuvimos un horario adecuado para los niños”. 

Los empresarios, con los políticos, abren el telón

Jane Fernández es una joven artista del género vallenato. Nació en Cardonal, otro corregimiento de Fonseca. A sus 26 años, después de trabajar como segunda voz con el cantante Jhon Daza, inició su carrera como solista. 

En la pasada edición del Festival del Retorno, el 25 de agosto, era ella la encargada de cantar en el acto de apertura tras recibir la invitación del alcalde, Hamilton Peñaranda, y del presidente del evento, Jacob Parodi. “Pero después de tener mis instrumentos sobre el escenario, llegó un empresario y mandó a bajar a los músicos. Por esa gracia, casi se agarran a cachetadas detrás de la tarima uno de los organizadores con el presidente”, cuenta Jane Fernández.

Aunque la artista se reserva el nombre del empresario, asegura que este la agarró del brazo a la salida del camerino. “Me batuquea y me dice: tú no vas a tocar aquí, tú quién eres, quién te crees…”. Eso la llevó a tomar el micrófono y decir a los asistentes: “Me dirijo ante ustedes porque lo que se ha cometido es una falta de respeto. Aparte de que me quitaron el espacio para abrir el festival, ciertos empresarios vienen a creerse dueños del evento en pueblo ajeno y me quitan la oportunidad que el mismo alcalde me dió”.

Fernández interpretó el rechazo más tarde como una represalia por haber grabado antes del Festival un jingle para el candidato opositor al actual alcalde. “Pasé por ese momento de humillación por no ir con su corriente política y perdí la oportunidad de presentarme por primera vez como solista para mi pueblo”. El encargado de la apertura fue un artista que es amigo personal del alcalde.

La joven artista cree que no solo están excluidos los jóvenes de la programación, también géneros musicales tradicionales, como las décimas, y otros contemporáneos, como el reguetón, la balada y la champeta, que han sido apropiados en los últimos años por nuevas generaciones. 

Talento fugado

Cuando Diomedes Díaz tenía 20 años participó en el mismo escenario que ‘Chu Fernández’. Fue al Festival del Retorno a cantar y con su participación ganó una grabadora que le entregó Neida Cujia en la ‘Tarima Tierra de Cantores’.

Esa anécdota la recuerda Drigelio Campo Ariza, Licenciado de Bellas Artes de la Universidad La Sabana y ex docente por más de 40 años del colegio Juan Jacobo Aragón, quien hoy reitera que “anteriormente la juventud participaba tanto en el Festival, que hasta Diomedes Díaz, siendo un muchacho, quería estar en Fonseca”. 

Cuando las escuelas tenían la responsabilidad de la organización del evento, muchos más jóvenes encontraban un espacio porque los profesores de artes creían que fomentar la cultura servía para algo. Según Campo Ariza, el pueblo está en mora con ese compromiso y con actores como Luis Francisco Mendoza Pitre ‘Geño’, quien trajo músicos internacionales como Celia Cruz, Oscar de León y más de otros géneros como Cuco Van y su banda, Nelson Enrique, Lirio Pastor López, con los que también actuaron los locales.

Las tres entregas de este especial de Consonante demuestran que el Festival, a pesar de que es reconocido como patrimonio, está decayendo por la falta de pertenencia y de atención a las expresiones locales, así como poco apoyo a los jóvenes que buscan un proyecto de vida en el arte. No hay gestión alrededor de la creación de escenarios ni hay transparencia en la inversión de recursos destinados para el evento. Todo esto en medio de silencio de la administración pública.

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ESPECIAL DEL RETORNO | El Festival se desliga de lo social y se vuelca a lo político

“No sé por qué hay personas que se han proclamado fundadoras del Festival del Retorno. Solo fuimos cinco, de los cuales soy el único que hoy puede contar la historia”, dice Manuel de Jesús Escalante García, quien cumplirá 90 años. “Los otros cuatro fundadores me tomaron la delantera”. 

Junto a Escalante, Narciso Velásquez, Manuel Esteban Cuello, Marina Cerchar y Nicolás de Luque buscaron que la celebración de las fiestas del Santo patrono San Agustín sirvieran para algo más: traer de vuelta al municipio a los fonsequeros que habían partido a otras ciudades —por toda Colombia y fuera de ella— . Y es cuando, en 1972, aparece la frase emblemática: Fonseca, volver a ti es repetir la dicha de nacer.

Esta proclama es de autoría de Efraín Medina “Fracho”, a quien falsamente se le atribuye ser fundador del Festival del Retorno pero fue en realidad el precursor de la “Bula del Retorno” y un contribuyente activo en el tiempo. 

La bula del Retorno es un decreto alegórico donde, de manera jocosa, se invita a propios y foráneos a desarmar los corazones, entrelazarse en un lazo de hermandad y dar rienda suelta al disfrute tomando chirrinchi, comiendo iguana con coco y bailando al son de caja, guacharaca y acordeón hasta que raye el sol después de cuatro días de festejo. 

Consonante entrevistó al fundador Escalante García para conocer los orígenes del Retorno y al profesor José Manuel Romero Orozco, conocido como “Changa”, y quien hizo parte de la corporación del Festival. Ambos evidencian cómo el evento ahora deja más gastos que lo que contribuye a fortalecer la cultura de Fonseca y cómo se convirtió, paulatinamente, en un fortín político.

¿Por qué hay confusión con los fundadores del Retorno?

Manuel de Jesús Escalante García (EG): Efraín Medina “Fracho” fue un invitado en el segundo festival, en 1973, y nos trajo dos grandes aportes y sus inquietudes para enriquecerlo. Por lo que hubo confusión, como también la hubo con Fermín ‘El Taco’ Peralta, Francisco ‘Kiko’ Toncel y Tomás ‘Tomacho’ Enrique Peralta.

Ellos se vinculan al Festival desde sus inicios puesto que eran pudientes y personas muy bien vistas en Fonseca. Fue en el patio de Kiko Toncel, en una reunión festiva, donde nació la idea de crear el certamen. Tomás Enrique Peralta, por su parte, fue propietario de una de las más antiguas estaciones de gasolina y se convirtió en Alcalde. Y Fermín Peralta ‘El Taco’, gran jugador de billar, como agricultor y ganadero se convirtió en el hombre más rico de la región.

¿Cómo se dio esta iniciativa?

EG: Mis compañeros fundadores y yo fuimos invitados al distrito de Mara, cuya capital es Moján, en Venezuela, por el señor Ciro Bermúdez, quien era el cónsul de Venezuela en Maicao. La invitación llegó directamente a Narciso Velásquez, presidente del Concejo Municipal y a mí, que era presidente del Club de Leones, en el año 1959. Conformamos una comisión y fuimos a la celebración del Retorno en Venezuela, es decir, de allí nació la idea y claro que realizamos algunos cambios para adaptarlo a nuestra idiosincrasia.

¿Cómo fue ese proceso?

EG: Al comienzo nadie creía en nosotros. Organizamos el primer Festival contra viento y marea, como decía Winston Churchill, con lágrimas, sudor y llanto. Tanto así, que cuando organizamos el segundo, en 1973, fue tremendo y la gente voluntariamente quería venir a vincularse con aportes económicos y en especie. En los primeros festivales, los premios no fueron en efectivo sino en artículos significativos como grabadoras, que llamaban mucho la atención en esa época. Además, nosotros nos dimos a la brega de nombrar capitanas y capitanes en todas las ciudades de Colombia y Venezuela, las más cercanas, para que nos hicieran un censo y nos pasaran la lista de los fonsequeros que estaban por allá para invitarlos oficialmente. 

¿En donde se realizaba el Festival?

EG: Se realizaba en la carretera, hoy avenida principal. La primera tarima fue un planchón o remolque de arrear madera de propiedad de Oscar Parodi y lo colocamos diagonal a la casa de Berta Caldera. Así fue en los primeros años, luego comprometimos a la familia Vélez, que era propietaria de un aserradero, a que nos donara la primera tarima en madera, así fue, la construyeron frente —y no diagonal— a la casa de mi comadre Berta Caldera. Algo curioso, como anécdota, el primer jurado para concurso lo escogimos al azar, iba pasando el Dr. Adelso Gámez (Q.E.P.D), quien iba a atender a un niño y le dijimos: vaya y lo esperamos que usted va hacer jurado, y con decisión aceptó la invitación. 

¿Había otros festivales en la zona?

EG: No, no existía ninguno. Los pueblos festejaban la parte religiosa: Barrancas lo hacía con su Virgen del Pilar y San Juan del César con San Pedro y San Pablo y así cada municipio hacía su fiesta patronal pero no eran festivales. 

Esas fiestas dieron origen a las dos kazetas (KZ) más célebres de Fonseca: La Estrella y El Diamante. Cuando hicimos el Festival del Retorno, vino una vez como invitada Consuelo Araújo —quien era en ese momento Directora de la Fundación Festival Vallenato de Valledupar y sería más tarde Ministra de Cultura—, y me dijo, detrás de la tarima:. “¡Carajo!, tenemos que pararle bolas al festival de nosotros porque este festival está muy bueno”. Por eso, es mentira que el del Retorno era competencia del Festival Vallenato.

¿Para qué le servía a Fonseca el Festival además de hacer retornar a sus hijos?

EG: Para muchas cosas. Por ejemplo: recuerdo que en Fonseca no había teléfonos y decidimos invitar al Ministro de Comunicaciones que, para ese entonces, era el señor Juan Fernández, dueño del periódico El Heraldo de Barranquilla. Se le hizo la solicitud, el quedó comprometido, y antes de un mes ya estaban haciendo las mediciones para instalar los teléfonos fijos. 

¿En qué momento se comienza a perder el objetivo social del Festival?

EG: Eso se lo debemos a un señor alcalde, cuyo nombre no quiero decir porque fue un juramento con los otros cuatro fundadores de llevarnos ese secreto hasta la tumba. Ellos cumplieron y de igual manera lo haré yo. Ese alcalde, en algún momento nos abordó y nos dijo: “si no me dan la dirección del Festival, no los ayudo y no doy permiso”. Ahí comenzó la decadencia porque el alcalde era quien mandaba, quien nombraba y fue cuando dije: yo no me meto más en esto, y me retiré. 

¿Qué se buscaba con el retorno de los hijos fonsequeros?

José Manuel Romero Orozco (RO): La idea primordial era que los fonsequeros, desde los puestos que ocupaban como profesionales o a aquellos a los que les había ido bien económicamente afuera, regresaran a su tierra y ayudaran al pueblo a salir adelante.

¿Y funcionó?

RO: Incluso con quienes no eran fonsequeros. En una ocasión invitamos al expresidente Ernesto Samper a quien se declaró ‘hijo adoptivo’ de Fonseca y quien, en agradecimiento, donó decenas de instrumentos musicales al municipio como acordeones, trompetas, trombones, flautas, clarinetes, saxofones e instrumentos de percusión. Sin embargo, todo desapareció.

¿Qué se hacía en Fonseca con los recursos que dejaba el Festival?

RO: Lo poco que se recaudaba, servía para ayudar a las escuelas y colegios con necesidades. Por ejemplo, antes se les entregaba la realización del Festival a esas instituciones e iba rotando entre el hoy Juan Jacobo Aragón, el Roig y Villalba o la Institución Técnica Agropecuaria. Cada una invertía las ganancias que obtenía en lo que era más apremiante: cerramientos, consecución de pupitres, construcción de aulas múltiples, etc. 

¿Y qué pasó?

RO:  Al comienzo todo iba bien. Luego empezaron a llegar personas que no trabajaban previamente por el Festival, pero sí aparecían los cuatro días de fiesta a mandar, figurar y parrandear. Por esa razón, yo también renuncié de la corporación, que hoy se encuentra endeudada y que ya no tiene un rol protagónico. Ese rol lo asume el mandatario de turno y quien hoy dice: yo pongo el recurso, entonces yo mando. Ahí se fregó todo, porque no sabemos dónde están los diez pesos que el Festival deja y esa es ahora una fiesta privada.

Las fuentes consultadas por Consonante añoran que se le devuelva el Festival a la Villa de San Agustín, como originariamente los fonsequeros llaman a su pueblo. Consideran que hay una deuda que saldar para que el Festival del Retorno recupere su esencia en lo folclórico y en lo social, los dos estandartes que en otrora lo hicieron grande. 

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ESPECIAL DEL RETORNO | Decimeros, juglares en vía de extinción

A principios de agosto, José Ovidio Dovígama, indígena embera katío del resguardo El Silencio, en Tadó, estaba mirando en una parcela cercana a sus animales y, de repente, se le abalanzó un jaguar encima. Tenía su arma de caza y no dudó en usarla. Bercelia Rentería escuchó los disparos y unos gritos media hora después de haber llegado a trabajar a la finca El Carrizal, en el corregimiento El Tabor. 

Juan Carlos Palomeque, su hijo, supo por ella que en el resguardo habían matado a un jaguar. “La finca queda a cinco minutos de El Silencio”, explica Palomeque. “Ese día ella tomó la decisión de no llevar el perro porque los indígenas que trabajan alrededor le dijeron que por ahí había un tigre”. Para los indígenas es un tigre-jaguar.

Estos felinos recorren la selva espesa cerca a las cuencas del río San Juan y del río Atrato en zona rural de la subregión del San Juan. Allí comparten con otras especies más de 500 kilómetros cuadrados de tierra en los que el que no caza es la presa.

Bercelia escuchó la bulla y fue al resguardo. Ese día, varios indígenas estaban reunidos, muy alarmados, y otros estaban en un predio no muy lejano. “Al rato llegó uno de esos, muy agitado, diciendo que necesitaba apoyo porque el animal había atacado a otro que 'afortunadamente' también llevaba una escopeta”.  Palomeque dice que los hombres con armas de caza eran tres. 

Aldemar Dovígama, hijo de José Ovidio, cuenta que al animal lo mataron entre cinco. Y que este no fue el único, que este año ya habían matado a otro jaguar.

“Mi mamá había visto a indígenas muy alarmados porque encontraron a una vaca en el suelo con la cabeza desgarrada”, cuenta Palomeque. “En la parte alta del filo del Cerro La Vieja, en donde viven familias de indígenas, tenían su ganado, casi diez cabezas, y todo se lo comieron. Por eso se bajaron de allá y entiendo que pusieron en conocimiento de las autoridades competentes”. 

Es un hecho que los animales están deambulando en esta región porque es la tercera en el país con mayor abundancia de esta especie. Pero sí es la primera vez que la población se siente tan amenazada. “Nunca los jaguares habían estado tan cerca del casco urbano”, asegura Palomeque.

Y es que a pesar de que la piel les permite a estos felinos camuflarse, el progresivo aumento de la deforestación, que ha reemplazado paulatinamente el monte por la pradera, ha llevado a que las comunidades descubran su presencia más fácilmente. Es decir, los cambios del ecosistema han hecho del jaguar una especie vulnerable. La selva, su hábitat natural, es según el Ideam lo más talado en Colombia. 

Se tumban árboles para ganadería, minería ilegal, extensión de la frontera agrícola, siembra de cultivos de uso ilícito ―con previos incendios forestales―. Y, cuando los jaguares se desplazan por la desertización, en busca de agua y alimento, son cazados para traficar con sus cuerpos o para convertirlos en alimento.

Un conflicto por alimentos

En febrero de este año encontraron sus huellas en cinco corregimientos de Tadó. Entonces, las autoridades de la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó) y del Parque Nacional Natural Tatamá, especificaron que se trataba de un jaguar y su cría. 

Lo concluyeron por el tamaño de las mordidas en los cadáveres de los animales. También por el tamaño de su rastro en el barro.

Desde entonces, habitantes de El Tapón, Corcovado, Tabor, Gingarabá y Guarato, en Tadó, contaron varios de sus animales de corral muertos. A mediados de mayo, incluso, familias indígenas Embera Katío del resguardo El Silencio se tuvieron que desplazar. 

Cuando percibieron la presencia de un animal salvaje, a principios de año, pensaron que se trataba de alguno común en la región: jabalí, mono, armadillo. Pero cuando se comió su ganado, se dieron cuenta de que no era pequeño ni el animal ni el riesgo y corrió el rumor de que el animal transitaba por Mumbu, Gingarabá y Guarato ―ubicado en la vía que conduce a Quibdó, en el Chocó, con Risaralda―. Y en Bagadó también.

“Los indígenas siguieron el rastro por los pastos y los caños y los taparon para que el animal no los atravesara, pero entendimos que consiguió dar la vuelta y regresar”. Por eso, dice Palomeque, pasó lo que pasó. “La comunidad indígena advirtió al resto que si el animal los atacaba, se iban a defender”. 

Según información de la Fundación Panthera, una oenegé que se dedica a la preservación de 40 especies de felinos silvestres en todo el mundo, es poco probable que un jaguar ataque sin ser provocado. No lo hacen en condiciones ideales, sólo en legítima defensa o cuando una hembra perciba que otra especie está intentando tocar a su cría. De hecho, los jaguares tienen hematofobia, una condición que lleva a que se alarmen ante conductas de escape y se vuelvan más frenéticos en presencia de sangre.

Sin embargo, los indígenas que habitan la zona rural de Tadó lo perciben como un animal feroz. “Ese animal es muy bravo”, dice Aldemar Dovígama. “No es fácil hablar del tema como comunidad ―anticipa― porque se han dicho muchas cosas sobre nosotros, hasta que estamos delirando”, cuenta Dovígama. 

Dice que días antes de avistar el primer jaguar estaban asustados porque ya quince de los perros con los que salen a cazar habían desaparecido. Aldemar asegura que para ellos el peligro es inminente pues calculan que el animal puede coger a un niño que salga a caminar y comérselo o atacar a una mujer bañándose en el río. “Es que para ustedes en la ciudad es algo bueno, pero para nosotros es peligroso”, sostiene.

“Lo que vea se come ese animal. Las vacas, las gallinas, los cerdos, los terneros… Pero qué pasa: que nosotros somos muy pobres. Tenemos esos animalitos para comer entre familia y el tigre estaba acabando con todo. Nosotros tenemos susto, pero también tenemos hambre”.

Cuenta que además de lo que tienen sembrado, buscan la comida en el monte. “Comemos platanito primitivo o lo que encontremos, porque somos muy muy pobres. ¿Con qué vamos a tener para comer otra cosa? Aquí animal muerto, es animal comido”, dice.

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Los hombres buscan alimentos en los árboles pero los murciélagos ya han ruñido los frutos. Otras veces se acercan a algunos cultivos pero el maíz que queda lo están custodiando las aves. La confrontación entre humanos por el dominio sobre la tierra ha sido una contienda entre sí y con otras especies.

“Es un conflicto por los alimentos”, dice Perea desde las oficinas de la unidad adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (UMATA). “El felino consume unos alimentos que consiguen los indígenas cuando salen de cacería y, cuando el felino no los encuentra, se desplaza y están los animales con los que se alimentan los indígenas”. 

Como controladores biológicos, los jaguares tienen muchas dietas. Aunque se pueden alimentar de aves, reptiles, anfibios y peces cuando los encuentran; cuando no, su destreza como depredador ―capaz de atravesar la piel de un cocodrilo, despedazar el caparazón de una tortuga y tragar un venado―, la han tratado de equiparar con armas los humanos. 

Adormecer a un jaguar

Los jaguares están presentes en casi todo el territorio nacional (Orinoco, Amazonas, Caribe y Pacífico), por eso surgen casi semanalmente, desde todas las regiones, noticias que enseñan sus cadáveres. 

Este mes los medios registraron la muerte de dos jaguares en el departamento del Chocó. Seis meses desde la primera vez en que las comunidades de Gingarabá y Guarato reportaron que habían visto a un animal rondando. 

Una foto enseña el lomo del jaguar con los disparos y otra muestra al animal sobre el reguero de su sangre. Otra foto muestra a un jaguar con una estaca clavada por la boca que sobresale por encima de su dorso. En otras imágenes aparece un indígena con una herida propinada por las garras del felino. Su cabeza luce como un mango recién pelado con el cerebro como pulpa. Y luego más imágenes con varios hombres sosteniendo un jaguar enorme con la cabeza desvencijada.

Parte del registro fue publicado a mediados de agosto por la abogada y periodista María José Castaño en Twitter, integrante activa de la Fundación Herencia Caribe, oenegé dedicada a la conservación del jaguar en Colombia que, entre muchas otras, se ocupa de trabajar conjuntamente con otras instancias para crear un corredor ecológico en la Serranía del Perijá, después de haberlo procurado en Montes de María (Serranía de San Jacinto). En su publicación, donde aparece el felino ya sin ojos, la ambientalista asegura que la presencia no de uno sino de dos jaguares, los mismos que mataron, ya había sido notificada a las autoridades pertinentes.

A los dos días de esa publicación, la ministra de ambiente Susana Muhamad contestó. Pidió leer el contexto y compartió el comunicado que Codechocó emitió oficialmente. En este aseguran que las comunidades sí reportaron a las autoridades desde febrero. 

Sin embargo, tanto las imágenes de la estaca como las del indígena herido con un rasguño casi letal, no son claras para Aldemar, del resguardo El Silencio, en Tadó. Aunque asume que allí mataron dos jaguares este mes, dice que el indígena herido es del municipio de Bagadó, en el resguardo del Alto Andágueda, donde viven 32 comunidades Embera Chamí, organizadas en cuatro cabildos mayores, en el suroriente del departamento. 

Desde la UMATA solo reportaron la muerte de un felino, no dos ni tres. “Apenas hubo un animal, contrario a lo que se rumorea”, asegura Perea. Y según Daivan Valoyes, ecólogo de Codechocó, las escenas más grotescas no serían de Colombia sino de una comunidad en Perú.

En cualquier caso y pese a la confusión, hay una cifra de mínimo dos ataques a animales en vía de extinción en treinta días. 

Ante esta situación, la UMATA y de Codechocó les recomendaron a los indígenas, a través de talleres de sensibilización, “el montaje de muñecos impregnados con creolina, pólvora y luces led con sensores” para ahuyentar a los animales. 

Los indígenas Embera Katío cuentan que se acercaron en mayo a la alcaldía de Tadó para ver qué podían hacer ante la presencia de los jaguares en su territorio. Aldemar dice que de Codechocó los visitaron a las semanas de reportar, pero que él entendió de sus autoridades indígenas más tarde que de la Policía, la Alcaldía y la Fiscalía dijeron que mataran al jaguar. “Porque aquí también vienen paisas a los que les gusta cazarlo”.

Marcelo Perea, director de la UMATA, asegura que la instrucción nunca fue deshacerse del animal. “A mí me informó de la presencia del felino el señor Armeiro Scarpeta cuando en su finca, en la vereda Gingarabá, se comieron unos terneros. Por eso nosotros nos reunimos con la comunidad, gente de Parques Nacionales Naturales y Codechocó, para hablar sobre conservación y proponer técnicas de ahuyentamiento”.

Pero reconoce que no fue suficiente. “Hay que encontrar, para la próxima, una manera de capturar al felino para que no corra peligro y tampoco la integridad de las personas”, dice. Una forma, según el experto, es aprender entre todos a adormecer el jaguar.

Un corredor ecológico

Valoyes afirma que en estos casos hay una respuesta eficiente del gobierno nacional, al menos en redes sociales, pero que éste no actúa con tal celeridad para atender previamente las solicitudes de apoyo que les permita hacer algo más que talleres pedagógicos.

En el marco del Plan de Acción Institucional y Plan Operativo anual, Codechocó cuenta con un proyecto de atención a la fauna silvestre donde se enmarcan actividades direccionadas a la conservación de todos los felinos: margay, puma, ocelote, oncilla, jaguarundí y jaguar. “Eso contempla atención a especies amenazadas; acciones de educación ambiental y otras actividades del cumplimento a los objetivos de los instrumentos de gestión ambiental”, explica el funcionario de Codechocó e insiste que necesitan una mayor inversión para fortalecerse. 

“Se requiere de la implementación de unas herramientas tecnológicas para construir un centro de monitoreo y hacer seguimiento en red a los ecosistemas de nuestra jurisdicción”, dice. Pero todo esto requiere asistencia del gobierno en todos los niveles pues, según el experto, el objetivo es impactar positivamente a la fauna sin ignorar el contexto de las comunidades. “No es tan fácil, en las condiciones en que vivimos, generar espacios de coexistencia real en el territorio”.

El caso del asesinato del jaguar o los jaguares en Tadó sigue siendo investigado por ambos entes territoriales, Codechocó y Tatamá, y el gobierno nacional desde el Ministerio de Ambiente. Entidades que hace años sostienen una mesa de diálogo con autoridades de los resguardos y con campesinos. 

Daivan Valoyes, de Codechocó, argumenta que con más recursos podrían crear un corredor ecológico como en el Caribe y fomentar como empleo real la protección en toda la región conocida como Pacifico Biocultural, una zona de comunidades afro, mestizas e indígenas que viven con y entre miles de especies y donde la preservación del ecosistema podría ser una ocupación remunerada. 

Hace falta, asimismo, una revisión entre instituciones para ver cómo atender episodios confrontativos entre especies. “Los indígenas dijeron que el jaguar se estaba comiendo sus vacas y sus cerdos, pero nunca nadie se acercó a preguntar qué significaba eso o si podían reponer sus animales”, anticipa Perea de la Umata. “Muchos campesinos tienen créditos enormes con el Banco Agrario, que los tomaron además para poder comprar sus vacas o sus animales de corral y lo que siembran, entonces es muy duro que no reciban apoyo del Estado en estas circunstancias, cuando siguen pagando una deuda al Estado”.

Cantando digo mi nombre
por si no me conocieran,
yo soy amigo de ustedes
mi nombre es Emilio Robles
uno de los pobladores
de un poblado pequeñito,
pero créanme que toditos
somos personas decentes
y aquí me tienen presente
represento a Potrerito. 

Con esta décima, Emilio Robles, de 81 años, habla desde Potrerito. Es una vereda cerca del caserío de Quebrachal y de la localidad de Mamonal, en el municipio de Fonseca. Y él es uno de los tres decimeros que mantienen vigente una tradición en La Guajira que hoy está en riesgo de desaparecer.

En las décimas, los acontecimientos se promulgan cantados en estrofas que contienen diez versos de ocho sílabas que riman entre sí, y que están escritos con elementos típicos del sentir cotidiano que celebran el campo, bendicen el amor y narran historias populares.

Hoy en el municipio están preocupados porque solo quedan tres juglares decimeros: Emilio Robles; Luis Mariano Urbay, de 63 años y Nivaldo Ortega, de 53 años, quienes se iniciaron en la décima desde muy jóvenes cuando lo aprendieron de sus padres. 

Pero para que esta expresión no desaparezca hace falta inversión pública que fomente el aprendizaje en las nuevas generaciones y asistencia institucional para los exponentes del género que viven en condiciones precarias comparado con lo que ha sido su aporte al folclor.

Fonseca es reconocida como la tierra de cantores y epicentro musical de la región Caribe, pero como en los últimos años los portadores de estas tradiciones no reciben apoyo para vivir de su arte ni asistencia por su edad; temen que se pierda el valor popular y continúe la falta de contribución a su identidad, así como las tradiciones, prácticas y conocimientos que nutren de historia a los pueblos.

Han muerto muchos grandes decimeros: Gregorio Robles, Salomón Brito, Juan de la cruz Urbay, Manuel García, Luis Fernando García, Miguel “el mocho” Álvarez,  Abel Molina, Alonso Ortega y Andrés Avelino Robles Mendoza. La mayoría de ellos no sabían leer ni escribir. 

Uno de los más famosos exponentes es Carlos Huertas, quien se inmortalizó como el cantor de Fonseca a pesar de no haber nacido en el municipio.

Soy de una tierra grata y honesta
La que su historia lleva mi nombre
Yo soy aquel cantor de Fonseca
La patria hermosa de Chema Gómez.

Tres juglares vivos 

“Yo nací dentro de la décima”, dice Emilio Robles. “Mi padre era Gregorio Robles conocido como Goyito Robles, uno de los buenos decimeros, y me encanta lo que aprendí de él, porque la décima es un reflejo real de una narrativa, una historia cantada donde el campo es el protagonista principal, esta es una costumbre nativa”.

Emilio Robles cuenta que acompañaba siempre a su hermano, Antonio Díaz, a interpretar sus décimas, a quien llamaban ‘el rey de la improvisación’. “Nadie va a superar a esa mente: era capaz de nombrar a todos los que estábamos en una reunión (15, 20, 30 personas) y, sin saber el nombre, él decía: ‘voy a hacer un verso involucrándolos a todos. A cada uno que vaya señalando, me va diciendo el nombre, así yo puedo cotejarlo’. Solamente Antonio Díaz lo lograba, no hay todavía más nadie que pueda hacerlo”.

Tanto Emilio Robles como Luis Mariano Urbay y Nivaldo Ortega aprendieron a hacer décimas de manera fácil porque tenían a un maestro en casa: diariamente veían y escuchaban a sus padres con sus compadres cantando. Y aunque se propusieron componer décimas hasta convertirse en cantores, no viven de ese arte. Uno es conductor, otro albañil y otro cultiva la tierra. 

¿En mi vida, como decimero saben cuánto he ganado?, pregunta Robles. Dice que se hizo un evento cultural en diciembre de 2022 en el corregimiento de Los Altos ―cerca a Potrerito―. “Ahí me dieron un incentivo de 150 mil pesos. Eso he recibido en mi vida como decimero”.

Luis Mariano Urbay vive en el casco urbano de Fonseca, en el barrio El Retiro. Cree que uno de los motivos por los cuales este oficio está en riesgo de perderse es porque a las nuevas generaciones les interesa más componer canciones que versos. Esto último solo parece ser de interés de los mayores.

Nivaldo Ortega está desempleado y se sostiene con el día a día que hace de las actividades del campo. Vive también en la vereda de Los Altos, que describe como “un territorio muy tranquilo, armonioso y de un clima soleado. Para él, esta expresión cultural está amenazada porque no hay atención de los gobernantes. “No hay apoyo de las instituciones locales ni nacionales para promover estas costumbres que nos identifican y nos hacen diferente de los demás”, dice el decimero Ortega.

Los tres han pedido que se firmen convenios que defiendan, impulsen y promuevan el folclor de las comunidades. “El problema siempre ha sido la falta de apoyo”, relatan los portadores de la tradición. “A nombre de todos los decimeros, los que se nos han ido y los presentes, y por el futuro de nuestra cultura, declaramos que este saber, que es muy importante en gran parte de La Guajira, no ha sido protegido por el Estado”, concluyen.

Sin retorno

Para apoyar a los representantes del género, a nivel nacional, el Ministerio de Cultura maneja una estampilla llamada Procultura que requiere unos trámites. 

Cada ciudadano debe acceder o aplicar a la convocatoria con unos requisitos que excluyen las características de los decimeros de Fonseca: la edad es de 50 a 56 años, para las damas, y 60 años para los hombres. Además, no deben estar inscritos en régimen contributivo ni recibir ninguna otra asistencia del Estado

A nivel local hay un subsidio a través de recaudos de la Alcaldía que tampoco se otorga a mucha gente. Según explica Yubeidis Epiayu, coordinadora de Cultura Municipal, el único verseador y no decimero beneficiado es Alcides Manjarrés, un hombre con 67 años y una discapacidad visual, que vende hielo en su casa para recibir algo más de ingresos y pagar los servicios públicos. “La que ingresó recientemente fue María Álvarez, representante de una cultura que promueve una danza local conocida popularmente como colita abierta y colita cerrada”, dice Epiayu.

En respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, la Secretaría de Gobierno informa que “actualmente no existe ningún tipo de programa o ayudas económicas a artistas que rescatan las expresiones culturales: decimeros, compositores, repentistas y percusionistas”. Lo anterior, a pesar de que para el municipio hay un presupuesto de más de 770 millones de pesos (770’709.289) y que para la promoción de festivales se destinan el 79 por ciento.

Hoy los creadores y portadores de estas tradiciones quieren que en el municipio se habiliten espacios para enseñar, visibilizar y mantener vivas las prácticas de las diferentes manifestaciones que le dan identidad a su territorio.

Todos los decimeros aseguran que la décima les ha dado satisfacciones inmensas porque a la gente le gusta escucharla. “Pero es como la paz, todos hablan de ella como hablan de la décima, pero nadie se compromete”, dice Robles. 

Robles, por ejemplo, recuerda a otros grandes decimeros importantes en momentos menos festivos de Fonseca. Primero escuchó de un grande: Juan Vicente Ariño. Era conocido como el mejor intérprete porque amanecía cantando tanto en una velación como en una fiesta patronal (de las que se hacían antes de San Antonio, de San Martín, San Pedro y San Pablo) sin repetir un solo verso. 

“No repetía una décima a menos que se la pidieran”, asegura Robles. “Ariño tenía una inmensidad de décimas aprendidas, no sé cómo se las aprendió y de quién venía eso”, asegura Robles.

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Las tarimas principales de estos exponentes estaban siempre en las veredas, en medio del campo, pero con la necesidad de un espacio de celebración popular, el Festival del Retorno apareció 49 años atrás como una alternativa. Sin embargo, desde los años 90, el evento no ofrece un espacio privilegiado para los decimeros

Los exponentes del género perdieron valor como concursantes del Festival y aunque algunas veces han sido invitados para cantar, tanto los versos como el tiempo que ponen a disposición del evento no parecen tener ningún valor para los organizadores.

“Del Festival del Retorno virtual (2021) puedo contar que Luis Mariano y yo (Robles) estuvimos haciendo una presentación en décimas. Esperábamos que se nos retribuyera en algo, ni siquiera dinero”. El cantor asegura que hubo un compromiso por parte de la administración de crear una escuela para décimas y nada ocurrió. 

“Se me había dicho que debería ser yo uno de los instructores”, relata Robles. “Yo con mucho gusto lo pude haber hecho, y sigo con ese ánimo de ofrecer a los niños y a los jóvenes, y a todos los que quieran, porque yo no quiero que la décima muera”, entona. 

Pero, ¿qué motivación puede tener un joven que ve que todos los recursos se van para las canciones de música vallenata?, se pregunta el decimero, porque cree que nadie quiere entrar a aprender la décima cuando no hay un solo incentivo. 

“Estamos convencidos ―dice Luis Mariano Urbay― que los jóvenes tampoco se interesan por esta modalidad porque no hay competencia”. En la lógica del compositor, al no haber espacios de presentación y estímulos, será cada vez más poca la gente que se interese.

Robles enfatiza que una persona que se dedica a hacer décimas no tiene dónde hacer una presentación ni dónde cantar su obra. “Y tampoco se gana un peso, entonces, como decimero tienes que dedicarte a tus labores cotidianas como es el caso mío: soy campesino y de eso vivo”, declara.

Los exponentes creen que por medio de las escuelas de formación se puede crear conciencia sobre el valor y el respeto de estas expresiones culturales. Aunque el apoyo a decimeros sería un paso importante e histórico en la cultura del municipio, y permitiría un reconocimiento más digno a esta herencia musical, la alcaldía no tiene una respuesta activa a las inquietudes de los artistas o de la gente.

Según habitantes del municipio, el Festival Vallenato opacó al del Retorno y eso también desestimula el talento más originario. Sin contar que los decimeros ponen de sus propios recursos para llevar este saber a otros territorios.

“El más grande sueño sería llegar a ser reconocidos por nuestros pueblos como personas que impulsaron una tradición para que las nuevas generaciones tengan algo que contar”, agrega Urbay. “Sería muy importante que de cada decimero haya una historia escrita y un recuento con el que alguien diga fulano de tal fue esto y cantó esto y que queden, por lo menos, las anécdotas de lo que somos los decimeros en Fonseca”.

Qué dicen las décimas

A otro decimero que conoció Robles fue a Luis Manuel Brito en Oreganal, “un señor muy lírico, muy eficaz, tenía una voz muy clara”, dice. Era un gran decimero, conocido como el gran repentista por sus Hermanos Mayores ―como se llaman entre cantores―. “Muchos aprendimos de él, voy a incluirme, porque lo escuché muchas veces y cuando uno escucha tanto, algo toma de eso”.

No todos tienen el don para hacer una décima, dice Urbay. Muchos creen que la hacen cuando solo están verseando y otros son decimeros repentistas porque, según el juglar Urbay, hacerlo implica tener la capacidad de componer de manera improvisada, con temas sugeridos o un pie forzado.

Hay tres tipos de décima. Para hacer una, se deben tener los conocimientos de las reglas. Según los juglares hay que tener presentes las siguientes:

Décima libre: una décima que tiene 5, 10, 20 versos o más y no obliga a repetir una palabra como tema sino a esbozar el objeto tomado por tema para hacer la composición.

Décima tema: el tema es una obligación. Todos los versos tienen que caer en esa misma palabra, porque se escogió.

Décima corregida: tiene una cabecilla de cuatro palabras para formar cuatro estrofas de 4 palabras cada verso. Se toman las cuatro palabras de la cabecilla como guía porque cada una de las estrofas de la décima corregida tiene que caer en una de las cuatro palabras de la cabecilla. Y así sucesivamente hasta llegar al cuarto.

Felicito a Consonante
por su magnífica idea
de tomarse esta tarea
y sacar esto adelante
es que este es muy importante, 
pero ya se está extinguiendo
porque nos estamos yendo
ligerito uno tras otro
y estamos quedando pocos
la décima está muriendo
y estamos quedando poco
la décima está muriendo
desde aquí lanzó un SOS
en pro de esta tradición,
si no prestan atención,
seguro, desaparece
a todos nos pertenece,
pero nada, estamos haciendo
será que no estamos viendo
o que no nos interesa
y esto a mí me da tristeza
la décima está muriendo
y en el pueblo de Fonseca
la décima está muriendo.

Fuertes vientos y lluvias han soplado y caído en el municipio de Tadó, Chocó, en los últimos días. En los barrios San Pedro, Carmelita y Reinaldo, 17 familias quedaron a la intemperie el pasado 4 de agosto cuando un ventarrón ocasionó daños en sus viviendas. Las pérdidas materiales de los damnificados aún no han sido retribuidas por parte de la administración. 

Aunque la Ley 1523 de 2012 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo estipula la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación, así como la atención de desastres y emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación; los habitantes no se sintieron amparados. Tuvieron que utilizar sus propios recursos para resolver las afectaciones y, por eso, insisten en que las ayudas no son oportunas ni suficientes.

Además, no es la primera vez que este año, en Tadó, los habitantes se han visto perjudicados por los cambios de la naturaleza que dejan huella a su paso. En febrero, tras un fuerte vendaval, se registró el mayor número de población afectada tanto en el casco urbano como de la zona rural: 375 viviendas presentaron daños y 528 personas quedaron sin techo durante varios días. En lo que va de 2023, la coordinación de Gestión del Riesgo en Tadó contabiliza 392 casas averiadas. 

Ese fue el caso de Rómulo Ampudia, quien pide que una autoridad investigue cuál fue la cantidad de materiales que llegaron del gobierno nacional al ente territorial y, así mismo, que otorgue respuestas sobre por qué se tardaron casi cuatro meses en llegar las ayudas y un mes más en repartirlas. El momento elegido para empezar la distribución de las ayudas despertó desconfianza en algunas personas que se preguntaron por qué se inició la repartición tan cerca de las próximas votaciones regionales. “Justo en época electoral”, dice una fuente a Consonante. 

Qué dice la gente

“Con el municipio quedé muy inconforme: me estaban dando diez hojas de un zinc (un bulto de hierro) malas, de dos metros, después de que habían hecho el inventario y sabían que el hierro que tenía era de tres metros”,  advierte Rómulo Ampudia. “Me sentí burlado y por eso lo rechacé”.  Nunca le terminó de quedar claro dónde repartieron esas ayudas y por qué beneficiaron a las personas que beneficiaron. 

Lo mismo le pasó a Nelson Ampudia Mosquera, quien vive en el barrio San Pedro en una casa de dos pisos que, con el vendaval ocurrido en febrero, también se quedó sin techo. Tuvo que albergarse con su familia en la planta de abajo y, al otro día, resolverlo por su cuenta.

“Para poder conseguir parte del zinc que perdí presté plata y hasta tuve que empeñar. La ayuda por parte de la administración fue como un pañito de agua tibia porque para un daño necesitaba seis bultos de hierro y, para otro, tres bultos, y solo recibí treinta hojas de zinc de dos metros”, agrega Mosquera. Eso quiere decir que para enmendar los daños recibió una tercera parte. 

“Tuve una pérdida económica por más de cuatro millones de pesos, perdí colchones, televisores. El zinc por completo, zapatos, entre otras”, refuerza. Mosquera recuerda que en ese episodio hubo mucha gente que no tuvo dónde pasar la noche.

Qué dicen las autoridades

Cuando hay un riesgo inminente u ocurre un desastre no previsto, la ley establece que primero los Bomberos y la Defensa Civil lleguen al lugar de los hechos. Allí, deben diligenciar un informe de siniestralidad y pasar el reporte a Gestión del Riesgo que, bajo las disposiciones legales, lo entrega después a la Alcaldía. Esta es la que procede administrativamente, porque tiene a cargo enviar esa información a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que es la que califica finalmente si hubo o no una calamidad pública. 

En caso de que sí, la Unidad designa los organismos que participarán en el plan de acción, las labores que deberán desarrollar y cómo será la articulación de entes territoriales que se harán cargo con algunos funcionarios competentes. “Igualmente -estipula le Ley-, se determinará la forma y modalidades en que podrán participar las entidades y personas jurídicas privadas y la comunidad organizada en la ejecución del plan”.

Leison Agualimpia Gutiérrez, coordinador municipal de Gestión del Riesgo, explica que en efecto es un proceso lento porque después de que recibe el informe debe identificar a cada una de las personas que fueron afectadas así como las instituciones que también sufrieron daños, “y eso se debe hacer de manera minuciosa”. Por eso, explica, las eventualidades, en este caso un vendaval, no son atendidas de inmediato. 

Insiste en que hacer todo ese proceso es algo que toma tiempo “porque se debe ratificar que las personas que solicitan el apoyo sí lo necesiten”. Por eso, se requiere de un proceso contractual que lo evidencie, una categorización del tipo de afectación y hacer las anotaciones en unos formatos llamados EDANES, que traen estipulado cada concepto por el cual se está haciendo el registro de la vivienda.

El comandante de bomberos, Freiler Mosquera, asegura a Consonante que su función ha sido atender el llamado de la comunidad, brindar apoyo, hacer el censo y pasar un informe concreto y que eso es lo que han hecho. Pero Rómulo Ampudia sostiene que ni siquiera fue censado y que tuvo que ir él mismo a la Estación de Bomberos para que lo tuvieran en cuenta en una lista que, según dice, depuraron más tarde. La comunidad denuncia que las ayudas llegan tarde y, cuando llegan, las retienen en la Alcaldía y el personero Yirson Marino Ledesma Martínez afirma que las autoridades siguen sin hacer lo necesario para auxiliar a la población. 

“El propósito de toda entidad pública es que tan pronto tenga conocimiento de un evento como este, acuda de inmediato al lugar de los hechos”, dice. Para Ledesma muchas familias pueden estar en una situación de riesgo, vulnerabilidad o apuros por primera vez y, por lo mismo, no saber qué hacer o a dónde acudir. 

“No se le puede trasladar la carga a los afectados porque para eso está la institucionalidad. Que sea esta la que llegue y mitigue si es posible el mismo día”.

Yirson Marino Ledesma Martínez, personero Tadó

Para el siniestro ocurrido en febrero de este año, cuenta el coordinador de Gestión en Riesgo que al municipio llegaron 2.700 láminas de hierro (270 bultos de Zinc). Estas debían ser entregadas a las personas afectadas. Y aunque corrobora que mil láminas se destinaron para la zona rural y las otras mil setecientas para el casco urbano, la comunidad no las notó

La Ley dispone del principio de oportuna información. Con este asegura que es obligación de las autoridades mantener debidamente informadas a todas las personas sobre: posibilidades de riesgo, gestión de desastres, acciones de rehabilitación y construcción así como también sobre las donaciones recibidas, las donaciones administradas y las donaciones entregadas.

Lo que sigue

Los damnificados del municipio de Tadó quieren crear un fondo común que les permita resolver situaciones de este tipo u otras que no son nada previsibles y con esto acelerar la gestión oficial en casos futuros. Agualimpia, el coordinador de la dependencia, confirma a Consonante que no hay rubros disponibles y que las ayudas se tardan porque dependen del gobierno central.  

Entre los habitantes de Tadó hay desconfianza frente al proceso electoral que se avecina en el que escogerán al próximo alcalde y a once nuevos concejales. Los principales reparos que tienen sobre los siete candidatos que se disputan la Alcaldía municipal es que han participado en administraciones anteriores o tienen relaciones cercanas con exmandatarios. 

Por ejemplo, el conservador Jesús Hamilton Peña, conocido como “Peñita”, quien aspira por segunda vez al principal cargo del municipio y tiene el apoyo de cuatro exalcaldes de Tadó, Arismendi García, Aulio César Ledezma, Marino Ledezma y Víctor Nelio Ramos. Por su parte, Mancio Anilio Agualimpia Caicedo, quien se presentó con el aval del partido Demócrata Colombiano, fue alcalde de Tadó para el periodo 2012 - 2015 y esta es la tercera vez que aspira a la administración municipal. El padre Juan Karlos Palacios, quien es el candidato del Partido Liberal, está siendo apoyado por la exalcaldesa Yocira Lozano.

Los otros cuatro candidatos son Sócrates Kury Perea, quien va por el partido En Marcha Colombia y fue diputado del departamento del Chocó; Ana Yancy Rodríguez de Cambio Radical tiene cercanía con la alcaldía de Cristian Copete; Deisner Palacios, quien es el candidato del Centro Democrático, y el abogado Eugenio Agualimpia, quien tiene el aval de Colombia Justa Libre. La principal propuesta de todos los aspirantes es convertir a Tadó en un destino turístico del Chocó. Otros aseguran que tienen como prioridad la creación de empleo, la inversión en el deporte y en la educación, y apoyar al campesinado. 

Además, algunas personas consideran que sus propuestas no son nuevas y que representan los partidos tradicionales que no han generado desarrollo en la comunidad. Por otra parte, hay quienes son pesimistas sobre quien llegue al poder pues en los últimos cuatro años de intermitencia política no han visto mayores obras o proyectos en temas claves para generar bienestar. “Aquí los movimientos políticos nuevos no tienen la oportunidad de avanzar porque ya hay una figura creada en el departamento: el que tiene las condiciones o la plata es el que llega al poder político. Cuando llegan a la Alcaldía van con otros intereses personales y no a cumplir el programa de gobierno que prometieron”, opina el profesor pensionado Yamil Rueda, conocido como Chepe. 

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Hablamos con jóvenes, campesinos, maestros, líderes y lideresas y ciudadanos en general quienes nos contaron sobre sus expectativas y las propuestas que deberían asumir los candidatos si quieren contribuir al desarrollo de Tadó. Sus principales peticiones son: mejorar la prestación de la educación en el municipio, atender al Hospital San José y desarrollar el campo, el turismo y otros sectores de la economía para que haya más ofertas laborales.

¿Qué pide la gente?

Más inversión en la infraestructura de los colegios

Los habitantes de Tadó coinciden en que el principal reto que debe asumir el nuevo mandatario es la inversión en el mejoramiento de la planta física de los colegios y de las escuelas en el casco urbano y la zona rural. Gabriel Copete, exrector de la Institución Educativo Nuestra Señora de la Pobreza, alerta que la sede San Pedro de Nuestra Señora de la Pobreza y la escuela Carlos Hernan Perea Gómez de la Normal Superior Demetrio Salazar Castillo merecen atención prioritaria. En la primera, detalla, no hay suficientes aulas y los más de 440 estudiantes deben recibir clases en dos jornadas.

“Creo que el próximo alcalde debe ver cómo se amplía esta escuela (la sede San Pedro), que es la más grande del municipio de Tadó, se deben pavimentar los patios para hacer unas canchas y cambiar las cubiertas porque son de asbesto”, dice Copete. “Hay que modernizar los ambientes escolares. Tenemos unas escuelas que no tienen una cancha deportiva en buenas condiciones, no tienen zonas recreativas ni de esparcimiento. Incluso algunas escuelas o colegios hay que sacarlos al centro de la ciudad para llevarlos de pronto a las afueras”, agrega el exrector. 

Fotografía: Gabriel Linares

Francisco Mosquera, uno de los veedores ciudadanos que tiene el municipio y ha hecho seguimiento a las escuelas rurales, asegura que en la zona rural la situación ha sido crítica. En algunos casos no se cuenta con un espacio adecuado para preparar o servir las raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE). “La mayoría de las comunidades tienen sed de que les hagan obras. En lo que tiene que ver con la educación tenemos restaurantes escolares en completo abandono. Hace falta un mejor acompañamiento de la administración municipal”, afirma el veedor.

Alexander Mosquera, un normalista de la Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, asegura que también debe tenerse en cuenta la calidad de la educación que se imparte en el municipio. En particular, considera que debe pensarse en docentes especializados para la población en condición de discapacidad. “Uno de los temas más importantes que debe atender el próximo alcalde es que haya personas capacitadas que puedan brindar conocimiento a los niños que sufran algún tipo de capacidad diferente, con el objetivo de que estos niños jóvenes y adultos puedan acceder a la educación”, dice Mosquera. 

En ese sentido, el exrector Gabriel Copete propone retomar el programa de vinculación laboral para estudiantes de grado noveno, establecido en la ley 115 de 1994, como una alternativa para cubrir la generación de empleo y formación para jóvenes. 

Fotografía: Gabriel Linares

Diversificar las fuentes de trabajo en Tadó

Samir Perea, comerciante del corregimiento Playa de Oro, reconoce que se debe pensar en formación y en la generación de empleos que respondan a otros sectores de la economía como el turismo. “Se debe aprovechar lo del turismo porque es lo que mueve el mundo y si lo sabemos aprovechar vamos a salir adelante”, dice Perea. Sin embargo, reconoce que ha habido falta de inversión para que más familias puedan beneficiarse de este sector.

Durante la administración de Copete se han realizado capacitaciones en el Alto San Juan, la Alcaldía ha hecho alianzas con influencers y artistas que den a conocer los atractivos turísticos y se impulsó la activación de los comités de turismo de los corregimientos de Guarato, Bochoromá y Mumbú. “Los viernes, sábados y domingos suben personas hasta Mumbú, Guarato, Bochoroma y El Tapón pero vuelven y bajan porque no hay un buen hotel donde atenderlos. No estamos aprovechando la plata que pueden dejar los turistas. Se deben arreglar las condiciones de vida para que haya habitaciones donde atender a los turistas y con esos recursos, las familias van a poder tener salud, educación y capacitar a sus hijos. Así se le puede mejorar la vida a las familias del Alto San Juan”, detalla Perea. 

Fotografía: Gabriel Linares

Para Gabriel Copete, exrector de la institución educativa Nuestra Señora de la Pobreza, los jóvenes son la población prioritaria que debe tener en cuenta el próximo alcalde o alcaldesa. Copete indica que al año se están graduando alrededor de 250 estudiantes de bachillerato pero no se logra emplear sino a veinte de estos en puestos temporales. Por eso, propone que haya una mayor articulación con entidades externas.   

“Se deberían montar unos programas asociados con el SENA para ver cómo se genera empleo con ellos”, afirma Copete. “Me parece interesante que este gobierno que está acabando deja la Casa de la Mujer pero este debe ser un espacio de formación y capacitación para el empleo, no tanto que preste un servicio de restaurante o que preste un servicio de belleza sobre todo a las mujeres, sino que se convierta en un centro de capacitación para que la gente pueda generar empleo y subsistir ante la situacion tan dificil que estamos padeciendo”, agrega.  

Las principales fuentes de empleo formal son la Alcaldía municipal, el Hospital San José, la empresa Aguas de Tadó, la Casa de Justicia, las instituciones educativas y la Terminal de Transporte. Sin embargo, estos puestos suelen estar destinados para las personas cercanas al alcalde o las cuotas de quienes lo apoyaron en campaña. Quienes no logran emplearse en estas entidades suelen acudir a crear sus propios emprendimientos, trabajar en minería de oro tradicional o con maquinaría pesada, como empleadas domésticas o rebuscarse con distintas labores en el día a día. El campo se ha envejecido, pues los y las jóvenes no encuentran incentivos para dedicarse a la agricultura. 

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Luis Reinerio Rodríguez, un líder campesino del municipio, lamenta que no se esté impulsando el campo y que esto está afectando la soberanía alimentaria porque la gente ya no tiene suficiente comida para subsistir. Para él es prioritario que se impulse la agricultura. “El vecino pasa y me pide que le regalé un plátano, un banano o un primitivo para darle de comer a su hijo y se lo regalamos pero si no tenemos y el vecino tampoco ¿A quién nos parecemos?”, afirma.

Recuperar el Hospital San José

“Me gustaría que los candidatos en vez de hacer gastos en tratar de comprar la conciencia de la gente, deberían utilizar esos recursos en el hospital que está en malas condiciones. ¿Por qué no hacer una donación de medicamentos y otras cosas que se necesitan?”, comenta Levins Perea, un joven del municipio. En Tadó solo hay un hospital que atiende las urgencias y citas médicas de los habitantes de la zona urbana y rural del municipio. Sin embargo, la Empresa Social del Estado Hospital San José tiene problemas por la falta de insumos, las deudas con proveedores, se encuentra en riesgo financiero y no cuenta con una red de puestos de salud en la zona rural. 

El veedor ciudadano Francisco Mosquera reconoce que ha habido avances en la prestación de salud porque recientemente se adquirió una ambulancia que facilite el traslado de los pacientes a hospitales que tengan equipos y mayor personal. Asegura, además, que no había una planta eléctrica y ya hay una que está funcionando. Para él se deben atender dos puntos principales en los próximos cuatro años: conseguir otra ambulancia para el Alto San Juan y adecuar los puestos de salud.  

Fotografía: Gabriel Linares

“Se están haciendo gestiones ante el Ministerio para dos ambulancias nuevas y ojalá salgan porque una de las ambulancias se puede trasladar al Alto San Juan, al centro de salud de Playa de Oro que está muy bien dotado”, agrega Mosquera. Además, para el veedor debe pensarse en mejorar la planta de empleados para que el servicio sea integral. Hace un llamado para que la inversión no se quede solo en el cemento. “Si existe el puesto de salud, no existe la persona que preste un buen servicio. Entonces, ¿en qué estamos? De nada sirve ponerte una ropa bonita sin bañarte”, afirma. 

Esta propuesta es apoyada por el exrector Gabriel Copete, quien indica que debería encontrarse un mecanismo para llevar un médico dos veces a la semana al puesto de salud de Playa de Oro. “De esta manera se puede aliviar a la gente, dados que los costos de transportes de Guarato a Tadó, de Camerlo a Tadó, de Playa de Oro a Tadó, los tienen que asumir los pacientes porque las EPS no los están asumiendo”, agrega.  

Lo que sigue: dos meses para que se den las elecciones

Por lo pronto, la Registraduría municipal tiene abierta la inscripción de cédulas para que las personas puedan votar en el municipio. Este proceso estará habilitado hasta el 29 de agosto. Hasta esa fecha se tendrá certeza sobre el censo electoral. Este será uno de los factores cruciales de estas elecciones puesto que la demanda contra la elección de Cristian Copete se basó en el número de votantes. Sobre este punto, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Registraduría han alertado por el aumento irregular en el registro de cédulas en algunos municipios del país. 

Mientras se desarrollan las campañas políticas y la comunidad define sus preferencias, algunos habitantes han optado por tomar distancia de la contienda electoral. “El cambio no lo genera uno, las comunidades organizadas porque así uno le va a exigir al mandatario de turno que cumpla con el plan o programa de gobierno que le prometió al pueblo. Sabemos que el alcalde como tal no va a hacer nada, ni su equipo de trabajo, es el pueblo organizado el que tiene que empezar a exigir lo que le pertenece pero desafortunadamente el pueblo no está educado para eso”, lamenta el profesor Yamil Rueda.

Mientras el presidente Gustavo Petro daba su discurso de instalación del Comité Nacional de Participación, que diseñará la forma en la que la sociedad civil participará de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN, cinco miembros de esta guerrilla y un grupo de militares del Ejército Nacional protagonizaban un hostigamiento en la comunidad indígena de Mesetas, en zona rural de Tadó. Los civiles, incluyendo mujeres y niños, quedaron en medio de las balas. Este acto revela que aún hay vacíos en las definiciones dentro del Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (Cfbnt), cómo proteger a la población civil y cómo seguir el protocolo de comunicaciones.

Las acciones ocurrieron a las dos de la tarde del jueves 3 de agosto, fecha en el que comenzaron los 180 días iniciales de cese al fuego. La comunidad de Mesetas, integrada por 75 familias indígenas, notó la presencia de cinco uniformados a pocos metros de sus viviendas. Estuvieron allí por al menos cuatro horas, pero no se relacionaron con los indígenas ni se pasearon por su territorio. Sin embargo, poco antes de las 2 de la tarde, dos mineros afro amigos de la comunidad indígena que iban transitando, se acercaron a los guerrilleros y hablaron con ellos durante varios minutos. En eso comenzaron los disparos.

Según Jairo Tunay, gobernador de Mesetas, la comunidad pensó que los guerrilleros eran militares pues, según confirma Yirson Ledesma, personero de Tadó, en la zona hay presencia permanente del Ejército. La comunidad vio que las balas venían de la “parte de arriba”, es decir, de la vía, donde sí se ubicó el Ejército. “A la gente le dio susto por los tiros y todos corrimos hacia el monte a escondernos”.

Como resultado de los hostigamientos, dos niños de 7 y 8 años estuvieron desaparecidos durante diez horas. A medianoche la guardia indígena los encontró escondidos en un antiguo túnel minero, sin camisa y todavía asustados. 

Las versiones sobre quién inició el fuego son contradictorias, cosa que, según Ángela Olaya, investigadora y cofundadora de la Fundación Conflict Responses (Core) no es nueva. El Frente de Guerra Occidental del Eln emitió un comunicado en el que afirma que “las fuerzas militares cometieron la primer violación del cese” y que “durante 22 minutos fueron atacadas nuestras unidades, en ningún momento se responde al fuego”. Pero de acuerdo con las declaraciones que dio Alejandro Rentería, inspector de Guarato, a medios de comunicación y que también recibió el personero de Tadó, el fuego lo habría iniciado el Eln.

El miércoles 9 de agosto integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) acudieron a Tadó para escuchar las versiones y, en un mes, emitir su primer informe, en el que darán su concepto sobre si este u otros incidentes se califican como violaciones al cese al fuego y de parte de cuál actor, pero es la mesa de negociación la que determinará cuándo hay violaciones al cese. El mecanismo, integrado por la Misión de la ONU en Colombia, el Gobierno, el Eln y la Iglesia Católica, se instaló un día después de que ocurriera el hostigamiento.

Pero mientras el MMV da su primer informe y se discute en la mesa de diálogos si hubo o no una violación al cese, este primer hecho dejó en evidencia que aún existen vacíos en la comprensión de temas fundamentales del cese, como la apropiación del protocolo de comunicaciones, los llamados “contactos armados” o la protección de los civiles.

A propósito de este enfrentamiento, Consonante consultó a varias expertas que analizaron lo sucedido y advirtieron que el enfrentamiento deja varias preguntas abiertas.

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¿Cómo garantizar la protección a los civiles?

Los guerrilleros del Eln estaban lo suficientemente cerca de la comunidad como para que los vieran. Además, junto a ellos había dos mineros, también civiles. Aún así, hubo disparos. El punto 1 del Protocolo de Acciones Específicas establece que no deben realizarse acciones prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario, en particular las contenidas en Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra. Este protocolo dice claramente que “la población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares”.

Sin embargo, en este cese aún no están definidos los actos prohibidos relacionados con la población civil. Lina Mejía, integrante de la Coordinadora Humanitaria, que hace parte del Comité Nacional de Participación, aclara que “hasta el momento tenemos lo mínimo, que es que el DIH es el marco de referencia y de allí se desprendería el listado de actos prohibidos dentro del protocolo”, explica. En esa lista, para Mejía, deberían estar incluidas “situaciones tan mínimas como que no se sigan sembrando minas antipersonal, que existan mecanismos de respuesta para que no se lleven a cabo confinamientos, para que los grupos armados no ingresen a los resguardos, a los consejos comunitarios, que se minimicen las amenazas, que obviamente no hagan presencia en las rutas principales o secundarias o por lo menos donde haya alta afluencia poblacional y que eso sean como los mínimos que se comiencen a cumplir relativos a la protección precisamente de la población civil”.

Camila Fernández, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, dice que aún es pronto para evaluar la situación. “Es importante esperar a que el mecanismo emita un informe esclareciendo lo que pasó y que podamos analizar cómo fue la situación y buscar que no se repita”. Sin embargo, destaca que el mecanismo debe tener un papel clave en la protección de los civiles. “Sabemos que en todos los ceses han existido incumplimientos de las dos partes, pero necesitamos que este mecanismo entregue unas herramientas y unos insumos que permitan que este cese sea sostenible en el tiempo y tenga una vocación de continuidad”.

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¿Cómo establecer cuándo se viola el protocolo?

El Protocolo de Acciones Específicas define cuáles son los actos a los que se comprometen a no incurrir las partes y que, en caso de suceder, deben ser verificados por el MMV. El objetivo es “generar condiciones para que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades”.

En el punto 3 de este protocolo establece claramente que las partes se comprometen a “evitar o evadir en toda circunstancia y no entrar bajo ninguna razón en contacto armado con unidad alguna de las partes”. Además, dice que “si esto llegare a suceder, se debe romper el contacto o la acción defensiva de forma inmediata”. Según el comunicado del Eln y los testimonios de la comunidad, la balacera duró más de 20 minutos.

Este punto despierta preguntas. ¿Cuándo un contacto armado es ofensivo y cuándo defensivo? ¿Cómo deberían identificarse los actores en conflicto para verificar que son miembros de la Fuerza Pública o del Eln? Cuando se dice que se debe romper el contacto “de forma inmediata”, ¿cuánto tiempo debe transcurrir realmente?

Ángela Olaya, cofundadora e investigadora de la Fundación Conflict Responses, afirma que estas preguntas revelan que hace falta llenar de contenido conceptos como “contacto armado”. “Puede haber varias interpretaciones. Para ti pueden ser esas balas, pero yo digo: el contacto armado es cuando se hace intencionalmente, como estrategia de guerra. La Fuerza Pública o el Eln pueden argumentar que ellos siguen en actividades defensivas o en sus actividades regulares”, explica. 

Además, hay otros temas que deberían aclararse a la hora de definir cuando es una violación al cese, por ejemplo, con la identificación de los actores. “En esta zona estaban cerca, pero en contextos como los del Cauca los disparos ocurren de montaña a montaña. ¿En ese contexto en cuánto tiempo se debería parar la acción?”, se pregunta.

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¿Cómo evitar que las partes se acusen públicamente? 

El 4 de agosto el Eln hizo público un comunicado sobre este hecho en el que afirma que el Ejército violó el cese, y el 7 de agosto el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, afirmó que el Eln había hecho lo mismo en seis ocasiones. Ambas comunicaciones van en contra de lo pactado. Según el Protocolo de Comunicaciones, los comunicados públicos sobre el cese serán conjuntos y de común acuerdo. 

Esta decisión, explica Ángela Olaya, es una lección aprendida del cese al fuego de 101 que se desarrolló en 2017. “Uno de los principales problemas es que cada uno estaba emitiendo un concepto y no había una instancia que definiera si ese concepto era válido o no. Entonces lo que ellos decidieron es que la instancia ahorita iba a ser la Mesa de negociación con los componentes delegados”. Sin embargo, esta primera semana de cese deja en evidencia que no se ha apropiado el protocolo. Para Olaya la pedagogía fue insuficiente.

“Es un mal augurio. La vez pasada el cese coincidió con la expectativa del cambio de gobierno y la lectura que se hizo fue que no se cumplieron los protocolos por ejemplo, del levantamiento de la mesa. El hecho de que no se cumpla este protocolo es un mal indicio para la mesa porque puede minar la confianza”, afirma.

Camila Fernández coincide. “El escenario menos ideal sería que de aquí a seis meses todos estén dando declaraciones como las dio el general del Ejército o el Eln”. Para ella este punto es clave porque puede afectar el respaldo al proceso de paz. “Si bien hay un desgaste hacia la guerra, también hay un desgaste hacia la paz y hacia los esfuerzos que se están impulsando en las mesas de diálogo. En este momento es importante respaldar la labor de pedagogía que tiene el Comité Nacional de participación, el MMV para que las comunicaciones que se emitan al contrario permitan esclarecer y dar un paso hacia la participación”. Para ella, las comunicaciones son una prueba de fuego para determinar la cohesión y respeto por lo pactado.

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¿Cómo se verificarán los incidentes en veredas y comunidades alejadas?

De acuerdo con el registro de presencias armadas de la Fundación Paz y Reconciliación, de los 30 municipios que tiene el Chocó, en 28 está el Eln y en 26 está el Clan del Golfo o las Agc. Esto presenta un reto mayor en materia de ocurrencia de hechos. 

“En el Chocó veo un reto muy grande para el Mecanismo de Verificación. El mecanismo está abocado a verificar las acciones del Eln y de la Fuerza Pública, pero vemos que en Chocó hay muchos casos en los que el que está hostigando es el Clan del Golfo y cuando se presentan acciones que afectan a las poblaciones el mecanismo tiene el reto de esclarecer y de ser lo más precisos para hacer seguimiento al Eln”, dice Camila Fernández.

Pero no solo esto. Lina Mejía afirma que tiene que haber celeridad en la instalación local del mecanismo. “Tiene que echarse ya a andar todo el mecanismo. Ya tendrían que estar configuradas las sedes las instancias locales y regionales, porque estamos hablando de una estructura súper amplia:nueve sedes regionales y 22 locales. No podemos esperar uno ni dos meses a ver si se está cumpliendo o no”, explica.

El 14 de agosto se iniciará el cuarto ciclo de negociaciones, que tendrá como sede Caracas. La mesa tendrá que continuar afinando los protocolos y acordando los significados de lo que ya firmaron.

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