“Necesitamos que el nuevo gobierno se comprometa con la paz”

En el Chocó, los desplazamientos y los confinamientos son tan frecuentes que desde las organizaciones sociales afirman que en el departamento se vive una crisis humanitaria sostenida. Estos hechos se han convertido en la principal estrategia de control territorial impulsada por unos grupos armados que cada vez acumulan más poder. 

Este año, la Defensoría del Pueblo ha registrado  94 eventos masivos de confinamiento que han afectado a 27.701 personas de 6.641 familias, pertenecientes a 81 comunidades indígenas y 13 afrodescendientes. También ha documentado 18 desplazamientos forzados en nueve municipios: Bagadó, Bahía Solano, Alto Baudó, Nuquí, Bojayá, El Carmen de Atrato, Bajo Baudó, Medio San Juan y Litoral de San Juan. El más reciente se presentó en noviembre, cuando unas 2.000 mil personas fueron confinadas en la zona rural de Nóvita por la presencia de grupos al margen de la ley.

Representantes de organizaciones de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia realizaron seis misiones humanitarias en 11 municipios del Chocó y del Occidente de Antioquia. Durante las visitas, escucharon a las víctimas y a las autoridades locales, recibieron sus demandas y documentaron las exigencias a los actores armados. Todo con el fin de visibilizar lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional y lograr, de alguna manera, que la gente no siga sufriendo sola y en silencio.

El padre Jesús Albeiro Parra ha participado en la mayoría de estas misiones humanitarias. Parra hace parte de la CRPC, una red de organizaciones étnico-territoriales que trabaja desde hace 15 años alrededor de la defensa de la vida, la autonomía, los intereses y derechos de las comunidades y pueblos del Pacífico colombiano. Él lleva 34 años promoviendo la paz en comunidades chocoanas, y conoce de cerca el conflicto que viven actualmente.

Consonante: ¿Cuál es la radiografía actual del conflicto en el Chocó?

Jesús Albeiro Parra: En un comienzo (con el acuerdo de paz) se crearon muchas expectativas en las organizaciones étnico territoriales y la Iglesia . Tuvimos un año o año y medio de mucha paz y tranquilidad. La gente estaba muy contenta. Pero después de esto lo que ha pasado en el Chocó, digamos que por la bajísima implementación de los acuerdos de paz, es que el ELN se ha fortalecido,  y se ha metido en zonas y municipios donde antes estaban las Farc.

Lo más fuerte que ha ocurrido en este 2021, es lo que nosotros hemos llamado una retoma paramilitar. Estos señores, o cómo se les quiera llamar AGC o Clan del Golfo, ellos siempre han estado ahí. Pero a raíz de la salida de las Farc de los territorios, se han fortalecido. Ya están en todo el Atrato: la cuenca del Atrato, el Bajo Atrato, el Medio Atrato, y el Alto Atrato (...) Ni qué decir de Quibdó, todas las cabeceras municipales y la zona del San Juan, del Baudó y de la costa Pacífica. 

Por otro lado, está la militarización. Cuando las comunidades y quienes las acompañamos reclamamos la presencia del Estado, la única respuesta es aumentar el pie de fuerza. Lo que nos estamos dando cuenta y hemos denunciado es que en muchas regiones como en el Medio y el Bajo Atrato o el mismo San Juan y Baudó hay una convivencia de la Fuerza Pública con las AGC.

Esta sería una radiografía muy general del conflicto armado, que también está ligado al tema del narcotráfico. Eso no lo podemos desconocer, sabemos que hay intereses mucho más profundos y economías ilegales. Y a todo esto se suma la falta de la presencia de un Estado social de derecho real, en materia de educación, salud, y seguridad alimentaria. Hasta en el tema de la pandemia y el proceso de vacunación. El Estado de alguna manera brilla por su ausencia.

C: ¿Cuáles han sido los hechos más graves que ocurrieron este año? 

JAP: Este año se han dado muchos desplazamientos. Al comienzo del año fue el desplazamiento del Alto Baudó, por la confrontación entre estos grupos armados (...) Luego tuvimos otro momento muy fuerte de desplazamiento en la zona de Bojayá, en Murindó. Lo más reciente es la situación del San Juan, a raíz de la ruptura del pacto (de no agresión) que había entre las AGC y el ELN entre mayo y junio. Luego, fue la arremetida por parte de la Fuerza Pública, y el bombardeo dónde murió el jefe del Frente de Guerra occidental del ELN, Fabián. Esto ha traído muchas consecuencias para las comunidades. 

Por otro lado se siguen colocando territorios minados en Baudó, en Bojayá, Murindó, y Riosucio. También está aumentando el reclutamiento de niñas y niños. Desafortunadamente no tenemos cifras, porque a los padres de familia, los consejos comunitarios o los cabildos, les da miedo y no denuncian.

Y lo otro que es muy grave es que las AGC estén llegando a las cabeceras municipales con las vacunas, los impuestos y la intimidación. En una ciudad cómo Quibdó la gente ha tenido que salir de un barrio para otro porque si no pagan las vacunas les cogen la casa a bala. Quibdó está en una zozobra muy grande. 

C: ¿Y qué ha pasado con el acuerdo de paz?

JAP: Para nadie es un secreto la bajísima implementación del acuerdo de paz. Los PDET se supone que eran los que iban a ayudar a la transformación en los territorios, pero solamente se hacen reuniones, burocracia, hay un poco de gente empleada, pero realmente como tal no han arrancado. Lo otro, complicado fue la salida de las Farc. Desde el presidente Santos, nosotros veníamos preguntando cuál iba a ser la hoja de ruta, cuál iba a ser la estrategia para los que iban a ocupar esos territorios. No estábamos hablando solamente de la presencia del pie de fuerza, sino también de cómo se iba a llegar allí en materia de salud, educación, vivienda, y lo que realmente estaban esperando las comunidades. Entonces, no llegó ni lo uno ni lo otro. No llegaron estos proyectos, y tampoco llegó la fuerza pública… y cuando la fuerza pública llegó, llegó más bien aliada. 

En el acuerdo de paz estaba el compromiso de crear rápidamente la estrategia de desmonte de estas estructuras residuales del paramilitarismo, y lo único que se ha hecho con esto es todo lo contrario, y es que cada vez crecen más. (Tampoco) se les ha cumplido a los firmantes. En este momento todavía hay compañeros y compañeras de líderes de las Farc que no han sido ni siquiera bancarizados en Quibdó. Estos compañeros quedaron a la buena de Dios regados por todos lados, y esto ha llevado a que muchos se hayan ido de nuevo a la guerra. 

Lo último fue la ruptura del proceso de paz con el ELN. Nosotros creemos que este proceso no debería haber parado. Iba por buen camino, ya estábamos haciendo diálogos sociales en los territorios, y estábamos empezando a trabajar también el acuerdo humanitario. Con esa ruptura lo que vino fue, digamos, la guerra total. Por eso digo que la baja implementación, el no poner en funcionamiento este compromiso, es lo que ha agudizado el conflicto armado.

C: ¿Qué encontraron en las misiones humanitarias que hicieron este año? 

JAP: El tema de la salud es gravísimo en toda la región. En muchas comunidades no hay un centro de salud ni una enfermera. Esto preocupa muchísimo. Ni siquiera en las cabeceras municipales encontrábamos un médico. Igualmente con el tema de la educación por la pandemia; pues imagínese. Además eso de la tal conectividad…si en Quibdó no hay conectividad, mucho menos en estas escuelas. 

En el marco del conflicto armado encontramos comunidades que han estado confinadas; que no pueden entrar ni salir. Comunidades que porque sus fincas están minadas, no pueden ir a cultivar. Estos son hechos muy tristes para las comunidades. 

También nos hemos encontrado padres de familia que nos contaron cómo sus niños fueron reclutados; con líderes amenazados, que hay que pensar cómo proteger. También nos encontramos con que han aumentado los suicidios entre jóvenes y adolescentes, sobre todo en comunidades indígenas. Eso fue muy fuerte. Y con población en situación de desplazamiento que hay que ver cómo acompañar para un posible retorno.

C: ¿Qué piensa y siente frente a ese panorama?

JAP: Lo que siente es una impotencia muy grande. Saber que lo que hacemos no va a resolver de fondo la problemática. A uno como que le duele eso que no ve el gobierno. Estamos frente a dos paredes: un gobierno que no quiere ceder en nada, y una guerrilla que tampoco. ¿Cómo treparse en estas dos paredes para lograr ver cómo enfrentar esto?.

El gobierno siempre ha querido mostrar que el problema es el narcotráfico. Puede ser que sí, pero es apenas una partecita. No lo es todo. Yo llevo años en el Chocó y el Pacífico, 34 años acompañando estás comunidades, y para mí lo que hay en el fondo son intereses que van mucho más allá de los grupos armados, del conflicto armado. Me refiero a unos intereses ahí ocultos, por toda la riqueza que hay en este territorio. En materia de recursos naturales, y biodiversidad. El gobierno, el Estado, a veces quiere ocultar los megaproyectos, pero siguen vigentes ahí. 

Y entonces, si el gobierno no tiene interés o compromiso político, pues va a ser muy difícil (superar) todo lo que está pasando ahí en el territorio. Lo que hay es una violación a los Derechos Humanos permanente, histórica, y sistemática. Lo que hay es un modelo de desarrollo que las comunidades no necesitan. (...) No hay voluntad para sentarse y construir un modelo que sea adecuado, y sostenible desde la cosmovisión de los pueblos. Desde la territorialidad.

C: ¿Qué demandas hacen las organizaciones sociales desde el territorio?

JAP: Seguimos pensando que la única vía para salir de este conflicto armado y todas estas situaciones que tenemos en el territorio es el diálogo. Las comunidades lo tienen clarísimo, y nosotros creemos que este gobierno no lo ha querido entender. Ni lo va a hacer, ni le conviene. Este gobierno es sordo; pero esperamos que el carácter del nuevo gobierno sea un gobierno más proclive al tema de la paz.

Por eso es muy importante para las comunidades del Chocó que se puedan llevar a cabo los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Porque dan respuesta a los planes de etnodesarrollo de las comunidades negras, y a los planes de vida de las comunidades indígenas. Para nosotros es muy importante el Pacto por La Vida y La Paz porque en últimas lo que está amenazado allí es la vida en toda sus manifestaciones y en todos los niveles. Por lo tanto, al estar la vida amenazada, pues no hay paz. 

En el caso del departamento del Chocó eso se recoge en un documento se llama el Acuerdo Humanitario, una iniciativa que venimos trabajando desde el 2017 en el marco de los diálogos de paz con el ELN. En este pacto por la vida el primer mandato es pedirle, exigirle, suplicarle al Estado colombiano y al gobierno que agilice la implantación de los acuerdos de paz de una manera coordinada e integral. Nosotros queremos desde las organizaciones seguirle apostando a ese acuerdo, porque es lo único que tenemos. 

Hablamos de unos mínimos humanitarios. Le hacemos llamado al gobierno y a los grupos armados para que ojalá se sienten (a negociar) pero como no quieren entonces al menos que haya un cese al fuego bilateral y sino unilateral; que no pongan más minas y que el gobierno haga el desminado humanitario; que saquen a los niños y niñas y adolescentes de la guerra; que no sigan matando y asesinando a nuestros líderes y entre esos a los firmantes del acuerdo de paz; pedimos una verdadera estrategia de autoprotección comunitaria; y el real desmonte de las estructuras paramilitares.

Eso es lo que nosotros queremos, para que con esos mínimos en los territorios podamos sentarnos a través de los diálogos sociales a construir verdaderos planes de desarrollo que tengan en cuenta la cosmovisión de las comunidades. Así como denunciamos y criticamos, así como exigimos, pues también tenemos propuestas. El gobierno no ha querido sentarse a escuchar esas iniciativas de paz, esas propuestas de paz que desde los territorios étnicos se han venido trabajando.

C: ¿El Gobierno ha atendido sus demandas de alguna manera?

JAP: Hay exigencias por parte de las comunidades y de la Iglesia; para  los alcaldes, para el gobernador y para el gobierno a través de los distintos ministerios; pero, ¿qué pasa?. Esas respuestas no se dan o se dan al revés. Los pájaros disparándole a las escopetas. 

Por ejemplo, cuando le planteamos al Ministerio de Defensa todas estas situaciones de violaciones a los Derechos Humanos, casi que nos mandó un memorial diciendo que estamos faltando a la verdad, que estamos calumniando y que lo vamos a tener que demostrar. Y luego nos manda como 70 páginas, casi como una rendición de cuentas. Pero nosotros no pedimos eso. Nosotros simplemente estamos denunciando una violación a los Derechos Humanos. Y no es la primera vez que nos pasa.  Seguramente nos hagan una demanda por injuria y calumnia y nos tocará ir a asumir un proceso en la Fiscalía. El Ministerio del Interior también reaccionó y nos ha dicho que quiere hablar con nosotros y nosotros aceptamos. Pero más que hablar con nosotros es ir a las comunidades a escuchar a los consejos comunitarios, a los indígenas.

Este informe que hemos sacado nosotros a ellos les duele mucho y quieren deslegitimarnos; porque para ellos lo que hay en los territorios es un problema de narcotráfico, un problema de delincuencia común y pare de contar. Nosotros les estamos demostrando todo lo contrario.

C: A estas alturas del mes se suele anunciar un cese al fuego por el fin de año, ¿ha escuchado algo sobre esto?

JAP: El gobierno ha dicho que no, que mientras estén las cosas así no habrá cese al fuego bilateral. De parte nuestra le vamos a pedir a los grupos armados al margen de la ley que ojalá hagan un cese al fuego entre ellos mismos. Vamos a seguir insistiendo, siempre lo hemos hecho para este tiempo de navidad y de fin de año. Unas veces nos han hecho caso, otras no. Y así sean ocho días, son días que las comunidades descansan. Cuando hablamos de mínimos humanitarios, yo digo que no son ni tan mínimos; para las comunidades son máximos humanitarios el poder tener ocho o diez días de tregua. 

C: ¿Qué espera que suceda el próximo año?

JAP: Estamos ante un gobierno que es ciego, sordo y mudo. Tenemos que seguir en resistencia en los territorios. Va a ser un año muy duro porque van a ser casi seis meses que vamos a estar en campaña política. Tiene que venir un Senado, una Cámara, un presidente que sean proclives a este tema de la paz y que miren más hacia los territorios. Porque no solo es el Chocó, es Colombia entera la que está en una situación muy dura y lamentable no solo de conflicto armado sino de vulneración de derechos.