Ilustración: Camila Bolívar
Chocó Entrevista

"Las mujeres no queremos seguir pariendo hijos para la guerra": Yolanda Perea

A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Consonante habló con esta lideresa social y defensora de Derechos Humanos del Chocó. Yolanda Perea, que se encuentra amenazada en estos momentos, denuncia que la violencia del conflicto sigue atravesando todos los aspectos de la vida de las mujeres en el territorio.

En el Chocó, tanto las oenegés como organizaciones de base e instituciones locales coinciden en que uno de los mayores obstáculos para intentar dimensionar la violencia contra las mujeres, es que hay un subregistro. Ninguna entidad tiene datos precisos. Pero este subregistro es la consecuencia de un problema mayor: la desconfianza de las mujeres en la institucionalidad.

Según el informe Violencias en tiempos de COVID, del Observatorio de Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal, en Colombia hasta octubre de 2021 se presentaron 15.644 casos de violencia sexual en los que las víctimas fueron mujeres. En el Chocó, apenas se registraron 96 casos. En cuanto a la clasificación “violencia de pareja”, en el departamento se registraron 74 casos donde las víctimas fueron mujeres. Sin embargo, este número contrasta con el total nacional de 23.679. Ambas violencias están registradas como lesiones no fatales. 

En cuanto a los feminicidios, el reporte de Medicina Legal consigna 69 casos en todo el país. Otra cifra que contrasta con la que tiene la Red Feminista Antimilitarista, que de enero a septiembre de 2021 registró 475 feminicidios en Colombia. 

El Registro Único de Víctimas (RUV) ,con corte al 31 de octubre de 2021, muestra bajo la categoría “Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado”, 2.104 víctimas de violencia sexual en el Chocó, de las cuales 1.885 son mujeres. A nivel nacional esta cifra asciende a 34.079. Comparando las cifras de todos los departamentos en esta categoría, el Chocó ocupa el quinto puesto en número de mujeres víctimas por violencia sexual, después de Antioquia (4.530), Magdalena (3.137), Nariño (2.878) y Bolívar (2.343).

Yolanda Perea lleva años denunciando esta situación. Ella vivió en cuerpo propio la violencia del conflicto: en 1997, a los 11 años, fue víctima de violencia sexual y dos meses después sufrió un aborto cuando sus victimarios la golpearon por haberle contado a su mamá. Luego, vivió sufrió el asesinato de su madre por integrantes del Frente 57 de las Farc. Con el paso del tiempo, y ayuda psicosocial, Yolanda Perea logró entender que las violencias que vivió no fueron su culpa. Y transformó su dolor en fortaleza. Desde entonces, se ha concentrado en trabajar en nombre de su comunidad y de otras víctimas para lograr el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Hoy, como representante de la Mesa de Víctimas del Chocó e integrante de la Ruta Pacífica de Mujeres, se mueve en escenarios nacionales, en charlas y conversatorios compartiendo su experiencia en la reconstrucción del tejido social e insistiendo en el desarrollo de políticas públicas para las víctimas del conflicto, de modo que sean efectivas en las periferias del país. Actualmente es estudiante de Derecho en la Universidad Santo Tomás de Medellín y sigue luchando para que haya justicia y reparación para las víctimas de violencia sexual en escenarios como la Jurisidicción Especial para la Paz.

Hasta hace poco, Perea soñó con la posibilidad de llevar su lucha, una que asume como colectiva, al Congreso. Pero su intención de aspirar a una de las 16 curules especiales de paz se truncó recientemente cuando fue inhabilitada por haber sido candidata a la Asamblea Departamental de Antioquia hace siete años. “Para los violadores de niños y niñas no hay una muerte política pero,oh sorpresa, para las líderes víctimas sí”, reflexiona.

Perea ha sido amenazada por su liderazgo en varias ocasiones. Poco antes de esta entrevista nuevamente recibió intimidaciones por su labor como lideresa social, lo que la ha llevado a preguntarse por su seguridad: ¿pero quién se encarga de mí? , dice. 

Consonante: ¿Cómo están siendo afectadas las mujeres por el aumento del conflicto armado en el Chocó?

Yolanda Perea: Esta escalada del conflicto conlleva al asesinato de líderes y específicamente lideresas, al reclutamiento niñas y niños, a la violación sexual de las niñas y las mujeres, a la desaparición forzada y al desplazamiento masivo. Pero al hablar de la violencia estructural hacia las mujeres hay que entender que somos nosotras las que parimos hijos, habitamos el territorio, y aramos la tierra. Es a nosotras a quienes nos arrebatan la vida de los hijos, esposos, primos, sobrinos, y  hermanos. Tenemos que parirlos y luego acarrear con ese dolor que nos impone la guerra. Casi siempre terminamos afectadas sin tener nada que ver con el conflicto. Pero también nos vemos afectadas directamente cuando no podemos acceder a nuestras tierras porque están ocupadas por grupos al margen de la ley o porque nuestras vidas están amenazadas. 

C: ¿Y la violencia sexual?

YP: ¿Por qué se menciona casi siempre la violencia sexual? Porque es una de las formas de opresión que se ejerce contra la mujer para poder ejercer presión, a su vez, en el hombre. Esto es en hombres jóvenes, padres, primos o tíos, para poder llamarlos a la guerra. Entonces se sufre violencia económica, violencia política, violencia social y violencia psicológica. Porque, sí, la violencia sexual está primero. Pero antes llegan las amenazas, el reclutamiento de los menores, la desaparición y el asesinato de los hombres. Después de todo esto y en medio, incluso, del desplazamiento, ocurre la violencia sexual. Entonces son múltiples violencias que puede vivir una sola mujer. 

Y a todo esto hay que agregarle la violencia social de nuestro país, porque cuando uno sale de su territorio empieza a sufrir estigmatización y discriminación. Esto le pasa principalmente a las mujeres líderes indígenas porque les dicen “¿por qué se vino de su tierra? ¿Por qué está acá si no es de acá? Regrésese”. Pero nadie sabe cómo está el corazón y la mente de uno, divagando alrededor del dolor y el destierro. Y de la culpa por la violencia sexual. La sociedad colombiana no nos dice "ven, te arropo. Esto no debió pasar, es un delito de lesa humanidad, es una violencia”. Y ahí Colombia tiene una deuda por la cual debería hacer una reparación simbólica, legítima, de hecho. 

C: ¿El Estado ha reconocido estas violencias, estas maneras específicas en las que las mujeres viven en el conflicto?

YP: Mira, una cosa es que saquen alertas tempranas como las que saca la Defensoría. Otra cosa es lo que nos toca hacer directamente nosotras como mujeres para poder apoyarnos entre nosotras y ampararnos al Auto 092, a la Ley 1448, actualmente Ley 2078. Estas son acciones que se hacen desde las mesas de víctimas, pero también desde organizaciones como la Red Departamental de Mujeres, la Ruta Pacífica de Mujeres y otros movimientos de mujeres que hemos ido en defensa de la vida. Pero que se tomen acciones directas del Gobierno Nacional frente a las situaciones que vivimos las mujeres, disculpame, pero no. Porque una cosa es ir a hacer unas capacitaciones de un día sobre proyectos productivos,y otra es que se trabaje el tema de seguridad enmarcada en la no violencia, enmarcada en que no sigamos siendo las mujeres un botín de guerra en un conflicto que en el que nada tenemos que ver nosotras.  

C: ¿Qué debería hacer el Estado para detener estas violencias?

YP: Mira, se van a ir incrementando más siempre y cuando el Estado, el gobierno, no se amarre los pantalones y empiece a implementar políticas reales que permitan recuperar la vida en las periferias, no en el centro, como Bogotá. Donde no siga dejando la brecha o el camino abierto para que se sigan generando más víctimas a raíz del descuido territorial. Y cuando hablo del descuido no me refiero que es que falte militarizar el territorio, me refiero que hay que construir políticas públicas acordes a la realidad territorial que incluyan a las mujeres, principalmente, y a los jóvenes, que son la mayoría de quienes se han visto afectados en el marco de la guerra.

C: En este contexto, ¿Qué pueden hacer las organizaciones de mujeres en el territorio?

YP: Nosotros estamos en más de 200 municipios a nivel país por medio de un mecanismo de tejido de colcha pintado, escrito y de esta forma hacemos rejuntancia, fortalecemos la confianza y hacemos una recuperación emocional por medio de este proceso. Es un mecanismo que nos permite conocer los temas legales que les competen a las víctimas: La Ley 1448 y el Auto 092/08. Por otro lado, las mujeres conocen, pero las rutas no funcionan en los territorios porque tenemos funcionarios que no tienen ética profesional al momento de tomar una declaración o al momento de activar la ruta. Las rutas son muy mediocres. Puede haber una política, puede haber un programa, pero a la hora de implementarlos son mediocres porque realmente no están funcionando. Empiezan a tirarse la pelota el uno al otro y ahí dilatan y es ahí donde muchas veces las mujeres terminan muertas. Y la culpa siempre termina siendo del ausente… y si ya está muerto cómo se va a defender. Es importante que los mecanismos que nosotros utilizamos en los territorios para poder defender la vida puedan tener una mayor atención, un mayor apoyo para poder seguir avanzando. Vuelvo y reitero, no es que las mujeres no conozcan los derechos, es que la ruta no funciona. 

C: ¿Cómo dialogan con el trabajo que hacen otras oenegés y organizaciones más grandes?

YP: En algunos puntos nos encontramos, por ejemplo, con la movilización que arrancó desde muy temprano hoy hacia Caucasia, donde nos vamos a encontrar, posiblemente, más de tres mil mujeres en defensa de la vida y el territorio. Y esto lo hace La Ruta Pacífica y otras organizaciones, incluso nosotras hacemos parte de esa ruta. Entonces, por un lado están los movimientos de mujeres, que adjuntan o acogen a otras mujeres en defensa de la vida y la política. Mientras que por otro lado, tenemos organizaciones como las mesas de víctimas y organizaciones que hacen parte de las mesas de víctimas que nos permite tejer un diálogo, construir una memoria enfocada a esa política pública que debe haber de manera estable y duradera. Pero además con la voz nuestra. Porque aquí ya nos cansamos de que muchos hablen de nosotras, pero simplemente se lucran, más no están reconociendo los derechos de nosotras y las organizaciones de los territorios que vienen construyendo, que vienen juntando a otras mujeres podrían hacer mucho más si tuviéramos una entrada económica.

Lo poco o mucho que hacemos, lo hacemos sacando la libra de arroz de nuestros hijos e hijas para poder lograr eso. Y no es fácil. Pero sin embargo lo estamos haciendo: hay organizaciones de mujeres, negras, indígenas, mestizas, empleadas de servicio doméstico. Y todo esto es a raíz de esta expansión y conocimiento que vamos adquiriendo, enmarcado en nuestros derechos humanos, donde no ha sido fácil, pero aquí estamos dando la lucha, defendiendo la vida y el territorio, porque es que nosotras no parimos hijos para la guerra y para la paz todo, para la guerra nada. Y en mi caso digo, prefiero un acuerdo imperfecto a una guerra permanente, que gracias a esos acuerdos, las armas que asesinaron a mi madre, que me colocaron en la cabeza al momento de violarme, no lo harán con mi voz. 

C: En ese sentido, ¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan al trabajar, especialmente, con víctimas de violencia sexual?

YP: Lo más frustrante es ver que hay mucho para hacer y hay una institucionalidad mediocre que no le interesa ver a la gente surgir y que los mecanismos que conseguimos nosotras como mujeres y organizaciones para renacer de nuevo. No les interesan y no los apoyan porque realmente no les generan dinero. Y eso es lo que más me frustra. Nosotras estamos trabajando desde los territorios y la institucionalidad no nos presta atención, porque no les genera dinero. Entonces muchas veces terminamos generando algunos mecanismos o algunas respuestas que son muy buenas y que nos permiten aguantar a nosotras, pero no tenemos el recurso, por lo cual nos toca dejar la red.

También la amenaza y la persecución. En estos momentos  me siento mal porque hace poco recibí una amenaza y estoy en ese punto en que quiero mandar todo al carajo porque uno ve que en este país la vida de las mujeres no vale. Y menos la vida de nosotras como mujeres negras, indígenas y campesinas. Y uno dice bueno, si estoy arriesgando mi vida, porque creo que es un mecanismo para ayudar a resurgir y a rescatar a aquellos que están sumidos en ese dolor y esa vulneración de derechos, ¿pero quién se encarga de mí? 


Mientras encuentra otra opción para llevar su lucha, Yolanda ha recibido propuestas de partidos políticos, pero aún las está evaluando. “He recibido propuestas de un partido de Córdoba, también del Pacífico pero dije que no. En redes sociales sonó mucho una propuesta que hizo Gustavo Bolívar en el Pacto Histórico, sonó mucho pero solo fue eso. Se quedó en redes nada más, porque estuve comunicándome con él y eso nunca pasó. Y ahí estamos estudiando dos propuestas más con movimientos que han surgido últimamente y estamos revisando a fondo a ver si es viable”, concluye. 

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