Justo antes de las pasadas elecciones regionales en Colombia, en 2019, las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas del Chocó bloquearon las principales vías de acceso al departamento por el abandono e indiferencia de los gobiernos.
Con el apoyo de camioneros, que construyeron un muro de contención con sus remolques, la población exigió el cumplimiento de las promesas que líderes políticos seguían sin atender: salud, infraestructura, educación, abastecimiento y conectividad.
Aunque estos fueron algunos de los reclamos urgentes, la gente sumaba una larga lista de pendientes vitales que estaban siendo ignorados y la movilización, que duró casi veinte días, se regó como el agua y entusiasmó a resguardos indígenas embera, de la Asociación Orewa, a protestar y exigir lo que las administraciones públicas local, regional y nacional dejaron por último entre sus prioridades.
Ese fue el caso de la comunidad de Mondo en la vereda El Tabor, cerca a Tadó que pedía la construcción en metal de un puente colgante sobre el río San Juan y una vía de acceso al cementerio; la instalación de una antena de telefonía celular y la adecuación de un centro de salud —con operarios— para quienes viven en la vereda y para quienes están en los resguardos a más de media hora de distancia a pie.
Al poco tiempo quedó electo como el nuevo alcalde de Tadó Cristian Copete Mosquera, y prometió conciliar con Ingevías, MinTIC y la Secretaría de Salud departamental para satisfacer necesidades. Sin embargo, cuatro años después y a pocos días de que la ciudadanía vuelva a elegir, resulta evidente que Copete, al igual que otros antes que él, no ha cumplido con su palabra.
Allí, donde la mayor riqueza natural contrasta con la pobreza, todavía no hay una cobertura decente de servicios básicos y las necesidades urgentes de la gente siguen siendo apremiantes. Consonante recorrió las calles y habló con cerca de 30 personas para conocer sus peticiones, son los reclamos básicos de una agenda ciudadana.
Haga clic en la siguiente imagen para ver en video el recorrido que realizó el equipo de Consonante para recoger la agenda ciudadana urgente en Tadó:
Petición #1: Inclusión social
Los palos de guama y árboles de almendra, marañón y enormes ceibas se levantan imponentes en el parque principal Rey Barule de Tadó. Tras pasar por el puente del Río San Juan, una pizca de selva se erige con belleza entre el contento pero desesperado rebusque de la gente.
Las calles contiguas son menos frondosas, aunque la extensión vegetal que rodea el pueblo impregna de un aire de trópico las casas de cemento. A un costado del barrio Apolo, cerca al parque, se nota el vestigio de un incendio que casi se convierte en tragedia y contrasta con una mujer que, después de recoger agua en una ponchera del río para lavar, extiende ropa en el suelo de una cancha abandonada.
“Aquí hay muchísima pobreza”, anticipa Azael Kury Palacios, quien preside la Junta de Acción Comunal del barrio. A sus 62 años, Palacios suma varias ocupaciones: es veedor ciudadano, fue presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Francisco, presta servicios como albañil y sus ingresos provienen principalmente del barequeo, fregar en una batea la arena para encontrar metales preciosos.
Según reportó a Consonante la Federación de Pequeños Mineros del Chocó (Fedemichocó), al menos 60 mil familias derivan sus ingresos de la minería en este departamento, lo que convierte a esta en la segunda actividad económica más rentable del municipio después de la política. Eso lo confirma Palacios: “la única empresa que hay en Tadó es la administración pública”.
“La única empresa que hay en Tadó es la administración pública”
Azael Kury Palacios
Manifiesta que si hubiera otros proyectos en la zona, trabajaría en ellos, pero no los hay. “Por eso no voy a permitir que el gobierno me ataque, porque entonces, ¿de qué voy a comer? ¿De qué van a comer mis hijos?”, cuestiona. “Si el gobierno nacional o local propone otra forma de vida, la minería no sería un empleo”.
Azael Kury Palacios llega antes de las seis de la madrugada al parque Rey Barule a esperar jeeps que lo llevan junto a otros mineros hacia las minas. Como son tantos con este oficio en el municipio, Palacios se pregunta por qué a él y a sus compadres les persiguen mientras el Estado sigue otorgando títulos mineros a multinacionales.
Según datos de Indepaz, reportados en 2022, en el Chocó hay cerca de 107 títulos vigentes para explotación y otros 22 en estado de suspensión.
En el municipio hay 19.822 personas que residen entre las zonas rural y urbana de Tadó y una proporción casi equitativa entre mujeres y hombres (53,4% y 46,6%, respectivamente, según proyecciones del Dane). Aunque históricamente han sido los segundos quienes se han dedicado a la extracción de minerales, en los últimos cincuenta años, las mujeres, a falta de otras oportunidades de empleo, también se han convertido en lavadoras de oro.
Ese es el oficio de Marta Nelis, de 30 años, quien después de ser testigo de cómo los aludes de arena entierran a otras mujeres en las minas, no encuentra otra opción para ella. Es víctima de su oficio, uno de sus brazos perdió movilidad y duplicó su volumen por sumergirlo en el agua y trabajar a cerca de 28 grados centígrados bajo el sol.
Petición #2: Alimento
Como los mineros con las bateas, así también llegan las cultivadoras y cultivadores a un costado del parque Rey Barule con el pancoger. Sobre el pavimento reposan toneladas de yuca, plátano pía o bultos de arroz. Hay carrozas con pescado y básculas para pesar a granel el alimento.
Aunque en Tadó hay una plaza de mercado, está desocupada porque lo poco que se comercia, se vende más fácil en el parque central. La plaza no tiene estantería pero está recién pintada y con techo —porque lo adecuaron ciudadanos después de que un ventarrón lo levantara—. En el cuadrilátero no hay cultivadores ni comerciantes. “Algún candidato tiene que proponer un macroproyecto para el campo, para producir caña, panela, viche, almidón de yuca, y que sea autosostenible”, dice Omar Castañeda, sentado al frente de su mototaxi, mientras observa la esquina de alimentos. “A veces los campesinos tienen que vender muy barato porque nadie compra”, añade.
Del municipio podría quedarse y salir más alimento que oro para el país y fuera de este, pero no tienen cómo hacerlo posible. De acuerdo con Jesús Bernal Perea Hinestroza, quien es orfebre y minero y se desempeña como veedor ciudadano, la mano más sagrada del pueblo es invisible. “El campesino es el que se encarga de traer la misma comida que no agradece el alcalde cuando tiene su plato servido en la mesa”.
Perea Hinestroza señala que Tadó era uno de los principales proveedores de chontaduro hasta que llegó el picudo, una plaga letal de insectos que acabó con la siembra. Reconoce que el municipio podría alimentarse de lo que produce, pero el abastecimiento asegurado es para quien tiene una porción de tierra, no para quien la trabaja.
El orfebre, de hecho, fue uno de los que participó activamente en la formulación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata. Hoy se pregunta por la razón de ser de las mismas. “Las Umata deberían estar en medio del campo, donde el campesino las necesita. Pero no; las montaron en un segundo piso en el parque Rey Barule y el campesino sabe es de su monte y de su charco, no tiene por qué coger un ascensor para llegar a esas oficinas agrarias”, señala Perea Hinestroza y agrega que de la política, a él le duele el engaño: “al campesinado le prometen hacha y machete pero, en el poder, lo olvidan”.
“Al campesinado le prometen hacha y machete pero, en el poder, lo olvidan”.
Jesús Bernal Perea Hinestroza
En el municipio dicen en coro que sienten hambre y que, a falta de empleo, hay desatención para el cultivo. En este momento tienen otras plagas además del picudo que devoran el plátano primitivo, la caña y la piña, como lo es la sigatoka negra. Las autoridades ambientales (el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA y Agrosavia) han sido negligentes con el control fitosanitario e investigaciones que amerita el problema.
Hay políticas de gestión de riesgo, pero no políticas preventivas. Los campesinos, añade el orfebre y veedor ciudadano, podrían tener el control de planificación para evitar estos desastres y fomentar la soberanía alimentaria en Tadó.
Petición #3: Salud
Para que atiendan en el hospital San José de Tadó a una mujer como Marta Nelis, ella —como la mayoría en Tadó— debe levantarse a las tres de la madrugada del lunes e ir a hacer una fila que puede durar cerca de nueve horas. Si cuenta con suerte, regresa a su casa con un ficho que le garantiza atención quince o treinta días después pero, si no corre con suerte, debe regresar el lunes siguiente a enfilarse de nuevo.
En el municipio tienen un solo hospital para 20 mil habitantes y tres ambulancias que casi nunca funcionan. Como reportó Consonante, los vehículos estuvieron fuera de servicio durante un año y dos meses.
Además, los habitantes tienen que ir a Quibdó o a Risaralda para tener una atención decente. Se deduce que mucha de la gente que sale de Tadó en condición de urgencia no alcanza a llegar con vida a los hospitales aledaños.
Por eso, mujeres como Marta Nelis o Némesis Aidé Murillo piden, urgentemente, un hospital de segundo y tercer nivel en el municipio. Eso implica acceso a interconsultas, remisiones y asesoría especializada para padecimientos agudos.
“Me hicieron un tamizaje y tenía la presión alta, necesitaba un medicamento para bajar la presión y estuve medio mes detrás de un ficho para tener la orden del medicamento”, reza en una mesa de la panadería Némesis Murillo, donde trabaja fritando. “La que entrega los fichos, además, es una mujer grosera, sin educación”, agrega.
También piden atención respetuosa, pues personas como Luis* ven como un acto de violencia que de la atención de las y los tadoseños se ocupen practicantes en sus rurales, lo mismo que sin experiencia.
“Yo llegué al hospital con mi hijo de cinco años casi sin signos vitales. Cuando vi a la médica, estaba en el celular distrayéndose. De una patada casi tumbo la puerta y amenacé a esa auxiliar de enfermería, porque sé que se mueren los pacientes esperando ser atendidos”, cuenta Luis, y añade que el Hospital San José es uno de los peores que hay en Chocó.
Luis ha prestado su vehículo para hacer servicios de ambulancia hacia Quibdó. “Y de noche, hacer ese transporte, es muy peligroso”. La vía Panamericana, que conecta a Tadó y Quibdó, es temida por los habitantes por los retenes informales, hurtos y homicidios.
Quienes optan casi siempre por el norte, Pueblo Rico, en Risaralda, son los indígenas y demás habitantes de la vereda El Tabor. Según el líder del resguardo Mondo, Álvaro Valencia, llevan décadas pidiendo un puesto de salud intercultural —que integre lo mejor de los saberes ancestrales y de la medicina tradicional— pero no lo consiguen.
“El municipio de Tadó no reconoce a los indígenas, nos tienen por debajo”, dice Valencia, quien además aspira al Concejo municipal para poder, por su cuenta, satisfacer las necesidades del resguardo que políticos no indígenas siempre desatienden.
“No hay nada de lo que hemos pedido. Hemos cerrado la vía y los políticos se comprometen, después no cumplen. No tenemos centro de salud y llevamos años pidiendo atención porque es la Guardia Indígena la que debe sacar a la medianoche a los pacientes en una camilla y en el camino nos podemos encontrar con una culebra, uno de los riesgos antes de cruzar la quebrada del río San Juan que se crece”, concluye el líder.
Junto al paludismo (o malaria), la diarrea y desnutrición siguen matando a niños en el Chocó. Según reportó el Ministerio de Salud, en el departamento está el 60% de los índices de estas enfermedades en Colombia, lo que supera con creces las cifras de otros departamentos.
Aunque la Ley 52 de 1990 reconoce las guardias indígenas y campesinas como mecanismo comunitario de protección permanente a la vida, Valencia cree que el apoyo del Estado en los gobiernos comunitarios ha sido abusivo porque ni siquiera tienen apoyo de brigadas de salud. “Aquí hay que atender parejo a afrodescendientes, mestizos, indígenas, a todos, sin excluir a nadie. Y si no cumplen, volvemos a tapar la vía”.
Petición #4: Salud mental y cuidado del ambiente
Este pedido viene de los jóvenes. Para Neiyer Mosquera, quien hace parte de la comunidad LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer), es fundamental una atención y apoyo psicosocial y socio afectivo en el municipio. “Salir del closet —anticipa— es algo normal, pero no siempre es un proceso fácil aquí”.
Mosquera reconoce que padecen rechazo, no les emplean y pide con la misma urgencia —como los demás habitantes— una casa de reunión para su comunidad. “Así como Tadó tiene la Casa de la Mujer, nos gustaría que nos apoyaran con un centro donde nosotres podamos tener nuestro propio espacio de reunión”. Advierte que los políticos se centran en fomentar la economía, pero no fomentan la cultura dentro de ella.
El pedido de atención en salud mental lo repite Leiver Andrés Palacios Copete, líder del Consejo de Juventudes en Tadó y quien, cuando atendió la entrevista, convocó a un debate a los dos candidatos a la Alcaldía de Tadó: Juan Karlos Palacios y Hamilton Perea. De estos, solo el primero atendió la cita.
En la reunión, que se llevó a cabo en el barrio San Pedro, otros jóvenes tomaron la palabra y se preguntaron: ¿por qué no hay una política pública juvenil?, ¿cómo pueden liderar brigadas para descontaminar el agua por la minería a cielo abierto?, ¿cómo atender a las personas con capacidad reducida del municipio?, y ¿cómo enfrentar enfermedades congénitas?
“Somos amigos de la minería artesanal pero también queremos cuidar el medioambiente, por eso nos preguntamos cómo no maltratamos a los mineros, pero también recuperamos el río: era navegable y podíamos pescar, lavar ropa y hoy no podemos por el mercurio”, dijo en el debate una joven.
El único aspirante asistente a la reunión reconoce que Tadó no cuenta todavía con un censo que enseñe el número de personas con capacidades reducidas en un municipio no adecuado para ello, a pesar de que en Colombia, desde 2003, existe la Ley 361 de 1997 que obliga a adecuar el país para todas y todos.
El censo es necesario, pero lo más apremiante sigue siendo una atención con enfoque diferencial y, como dice Marta Nelis, con una atención en salud que no niegue el oficio principal del municipio: ¿Qué asitencia reciben los mineros, las personas con capacidades reducidas y las que padecen enfermedades?
Petición #5: Cultura
Tadó es una de las cunas de los cantos ancestrales afrodescendientes. Allí nació la tambora mágica, una artesanía con la que Antonio Neri Perea Perea, conocido como Compa Mau, inmortalizó la chirimía.
Él es uno de los pocos músicos de Tadó que se ocupó de instruir a Incendio, como se conoce a uno de los dos clarinetistas del municipio y a Raúl Cossio Perea. Ambos acompañan a los músicos veteranos del municipio como el Compa Mau y José Aristóbulo Palacios Mosquera (conocido como El Mono), que hoy reclaman su pensión y apoyo para seguir enseñando el arte ancestral y preservar sus músicas (alabaos, chigualos y gualíes, entre otros).
La mayoría de estos músicos trabaja como albañil o agricultor porque solo en Semana Santa encuentran un espacio destinado por la Administración Pública para hacer sonar lo que suenan. Compa Mau sabe que este apoyo se ha perdido paulatinamente porque, por un lado, siente de las nuevas generaciones que les tratan con desprecio y, por otro, porque la saliente Administración no admite ser retada desde el arte.
“A la mujer del actual Alcalde, Eva Angélica, no le gusta esta música y entonces no nos tienen en cuenta”, relata Compa Mau, que lleva 56 años escribiendo partituras. “Aquí, el que se meta con la pomada, no toca”.
Eso quiere decir que pronunciarse públicamente en el municipio es contraproducente para tener empleo, y el silencio se ha convertido en un modo cultural de operar y en una censura aceptada entre la gente. Eso lo corrobora el minero Azael Kury Palacios, quien dice que “nadie se enfrenta a nadie porque nadie sabe quién va a ser quién después”.
“Nadie se enfrenta a nadie porque nadie sabe quién va a ser quién después”.
Azael Kury Palacios
Los músicos piden más instrumentos, recursos y espacios para formación, uniformes para los pocos grupos que tiene el municipio y fomento para recuperar el tejido espiritual del pueblo a través de la música. “Los políticos nos buscan cuando necesitan de uno, pero después, haga de cuenta que uno no existe”, advierte el Compa. “Todos los músicos con los que aprendí a tocar ya se han muerto y aquí en Tadó ningún músico joven sabe de marchas fúnebres ni de levantamiento de tumbas”.
Petición #6: Bienestar e infraestructura
Durante toda la administración de Cristian Copete Mosquera las mujeres de Tadó presionaron para la construcción de la Casa de la Mujer, un espacio donde pudieran capacitarse y emplearse. Aunque el edificio fue construido antes de que el actual alcalde entregue las llaves del pueblo, hay mujeres que no están conformes.
El espacio tiene a un costado el mobiliario de cocina y al otro costado funciona como un salón de belleza. A eso se opone Sandra Perea, quien es docente, hace parte de la Casa Social de la Mujer y es madre líder del programa Familias en Acción. “Belleza y alimentación no pegan”, advierte. “Debieron ubicar la cocina en la parte de atrás porque al arreglar las uñas, estamos desechando y debieron separar las zonas para que la alimentación sea sana”.
En Tadó hay muchas mujeres con potencial que no son visibles para el municipio, cree Perea, y dice que eso es importante para salir del desarraigo. “La mujer es excelente tesorera, nosotras sabemos administrar muy bien los recursos, podemos ser coordinadoras en cualquier área, podemos estar en muchos ámbitos, además de ser amas de casa”, continúa Perea.
Ella también hace parte del programa Adulto Mayor. Reconoce que está el programa de recreación, de alimento caliente, de un mercado mensual para adultos vulnerables que no tienen a nadie que mejore su calidad de vida. Pero denuncia que tanto sus cenas como sus mercados no aparecen. Esa denuncia se suma a la que hace Némesis Aidé Murillo en la panadería, quien recuerda las incontables veces que las operadoras del ICBF han hecho paros porque no reciben su salario al estar a cargo de niños y niñas.
Una gran parte de la población de Tadó pertenece a la infancia. Según el Dane, el 23,4% tiene menos de 12 años. Para ellos, pide el entrenador de fútbol del municipio de 52 años, Dalio Murillo, escenarios deportivos a la altura. Considera que eso despertará su interés en ocupaciones que generen bienestar. De su club, además, han salido siete jugadores que hoy están en el fútbol profesional colombiano y en equipos internacionales y que se entrenaron en polvo a cielo abierto.
“No tenemos ni siquiera uniformes. Practicamos el fútbol en este escenario porque nos gusta el deporte, pero este escenario no es óptimo. Está la cancha de Pantanito —que ha sido pilar en Tadó— y la del barrio San Pedro, pero los mandatarios las han descuidado”. La infraestructura, sin embargo, no lo es todo. Según el mototaxista Leimar Lloreda, “el pavimento lo echan de presencia y luego dicen que se acabó la plata y las obras quedan inconclusas”.
Una gran parte de la población de Tadó pertenece a la infancia. Según el Dane, el 23,4% tiene menos de 12 años.
Murillo recibe de sus amigos los balones y un par de petos para jugar, solo eso. Propone que es momento de que las mujeres entren en la cancha y, para ellas, también se requiere apoyo.
Entre más voces, más peticiones. Según Francisco Antonio Asprilla, de 56 años y habitante del barrio Reinaldo, el próximo alcalde de Tadó debería encontrar la manera en que los campesinos salden las deudas que tienen con el Estado que, según dice, más que una ayuda han sido una condena.
Según Gloria Mosquera Murillo, de 61 años y quien es licenciada en educación pero vende comida en el parque principal, Tadó necesita ocupar a la gente en lo que la gente sabe hacer. Ana Julia Perea, de 54 años, quiere cajeros porque el único que existe, no siempre está disponible y hay que ajustarse al horario de los comercios para usar corresponsales bancarios.
El veterinario David Mazo pide pedagogía ambiental para la preservación de especies y el reconocimiento de la fauna y flora que atrae a empresas extranjeras para investigación en su territorio, y que los tadoseños no conocen y por eso no cuidan.
Luis Alfonso Murillo Moreno, quien fue tres veces presidente del Concejo, diputado y actualmente es gestor ciudadano, cree que al haber sido el responsable de que haya postes de cableado eléctrico en el municipio, algunas calles, un par de escuelas y de haber traído los primeros transformadores a Guarato durante su vida pública, lo que requiere Tadó es una Ley de anticorrupción.
“No tiene límites lo que los políticos dan por votos. Ven la necesidad de la gente y, según esa, compran sus votos. Son rumores coloquiales: si usted como aspirante a la Alcaldía gana con favores, cuando se monte tiene que pagarlos”.
CRÉDITOS
Texto
Manuela Saldarriaga Hernández
Reportería
Sory Marcela Jordán
Manuela Saldarriaga Hernández
Fotografías
Gabriel Linares López
Videografía
Gabriel Linares López
Montaje documental
Gabriel Linares López
Manuela Saldarriaga Hernández
Edición general
Jonathan Bock Ruiz
Carolina Arteta Caballero
