El 7 de marzo, a las 5:30 de la tarde, fue asesinado el líder indígena de la comunidad de Tarena, Jarinson Oky Valencia, atacado a tiros por hombres armados entre las veredas El Dos y Las Ánimas, en Unión Panamericana, municipio fronterizo de Tadó (Chocó). Jarinson, según cuentan sus allegados, se desplazaba con un compañero en una motocicleta cuando fueron interceptados por hombres armados que le dispararon y huyeron. A sus 26 años era un reconocido líder de la zona, licenciado en Matemáticas, ideólogo y formador de la Guardia Indígena.
Oky Valencia aparecía en una lista junto a otros siete líderes amenazados en la comunidad de Tarena. Desde su asesinato 1.164 habitantes de nueve comunidades Embera Katio (Bacoda, Brisa Jobaró, Medio Mondó, Mombará, Piedra Blanca, Alto Tarena, Agua Clara, Coroto y Tarena Central) se desplazaron y confinaron en Tarena Central. “Nos dijeron que hay una lista para asesinar a varios compañeros y que no tenemos nada que hacer en el casco urbano de Tadó, sentimos temor ante las amenazas y por eso nos confinamos”, cuenta un miembro de la comunidad, que por seguridad pide no ser identificado.
“Nos dijeron que hay una lista para asesinar a varios compañeros y que no tenemos nada que hacer en el casco urbano de Tadó, sentimos temor ante las amenazas y por eso nos confinamos”
Líder indígena
Llegar a Tarena Central demora más de cuatro horas. Primero, se debe tomar un mototaxi o vehículo que tarda una hora desde Tadó hasta el corregimiento El Tabor, pasar hasta Mondó y caminar por trocha por más de tres horas. Para cruzar siempre debe estar presente la Guardia Indígena, quienes se encargan de proteger a la comunidad y estar alerta ante la presencia de nuevas minas antipersonal que los grupos armados dejan en el camino.
Las 250 familias están hacinadas y al estar tan alejadas del casco urbano se sienten abandonadas. Duermen en cambuches en la cancha, en la casa cultural, en el centro de salud y en la escuela. Por estar confinados no pueden salir a conseguir alimentos, además padecen enfermedades por la falta de agua potable. “El centro de salud no funciona, no hay nadie que los atienda. Ellos hacen sus necesidades en el río y ahí mismo les toca recolectar el agua. Está incrementado la malaria, el paludismo, dolores estomacales, vómitos y fiebre”, explican los funcionarios del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch) quienes fueron al lugar para hacer una misión humanitaria el 1 de abril.
Además, en la comunidad hay 363 niños que no reciben clase desde hace más de un mes. La infraestructura de la escuela está en mal estado, no hay tableros, sillas, material pedagógico ni la cantidad de profesores necesarios para dar las clases.
La comunidad cree que a Jarinson lo mataron por su liderazgo en el fortalecimiento de la Guardia Indígena, proyecto que impulsaba para contrarrestar el reclutamiento de menores y jóvenes por parte del Eln y las Agc, los dos grupos que se disputan, por igual, el territorio y los negocios ilícitos en Tadó y todo el departamento.
Desde la Defensoría del Pueblo, regional Chocó, se informa que recibieron el reporte de las amenazas en contra de Jarinson desde hace tres años, al parecer del Eln por ser el grupo que se mueve en esta zona. “Su nombre se habló en un comité sobre personas amenazadas y se había solicitado medidas de protección, pero no fueron individuales sino colectivas. Al parecer porque los líderes estaban tomando acciones para que los menores no se fueran de la comunidad al grupo ilegal”, agrega. La Defensoría advierte que conoce de la lista de amenazas, por denuncia de las comunidades, y han pedido reforzar las medidas de protección colectiva.
En medio del confinamiento las comunidades piden más ayuda. “Hubo casos de violencia y de orden público pero todo se ha quedado quieto. Ayer (1 de abril) nos llegaron alimentos por parte de Fisch, se nos murió una compañera durante un parto, hay muchos enfermos y no han ido los médicos”, puntualiza. Por su parte, desde la Alcaldía de Tadó informan que se está buscando apoyo de las agencias de cooperación internacional para hacer el acompañamiento psicosocial y llevar alimentos a Tarena.
Las Agc están cerca de la zona urbana y el Eln en la montaña
Situaciones como las del resguardo de Tarena se han repetido a lo largo de Tadó. Aunque no se ha dicho de manera oficial que el Eln es el responsable de la muerte de Jarinson Valencia, la configuración territorial del conflicto en el municipio hace que sean los principales sospechosos.
La Diócesis, la Alcaldía, la Defensoría y otras organizaciones sociales advierten que la zona urbana de Tadó es controlada por las Agc y que en la zona rural, cerca al nacimiento de los ríos, predomina el Eln. “Las Agc tienen más presencia en la cabecera municipal, con control de extorsión y tráfico (de drogas). Y el Eln, desde la ruralidad, conserva el corredor hasta el Valle y Risaralda. En ese corredor pasan por resguardos indígenas y son libres y felices sin presencia militar ni de las Agc”, explican desde la Defensoría del Pueblo.
"Las Agc tienen más presencia en la cabecera municipal, con control de extorsión y tráfico (de drogas). Y el Eln, desde la ruralidad, conserva el corredor hasta el Valle y Risaralda. En ese corredor pasan por resguardos indígenas y son libres y felices sin presencia militar ni de las Agc"
Defensoría del Pueblo
Según la Defensoría del Pueblo, en el municipio hacen presencia las comisiones del Frente Manuel Hernández el Boche y Cacique Calarcá del Eln, quienes desde 2017 se han expandido y fortalecido. “Se registra particularmente avance (del Eln) hacia la parte sur del municipio, en límites con el municipio de Unión Panamericana, lo que configura un cerco a la cabecera municipal de Tadó”, dice la Alerta Temprana 073 de 2018, que fue expedida por la institución debido a la situación de riesgo y confinamiento que desde ese año han enfrentado las comunidades afrodescendientes e indígenas del municipio, y que se extiende a la cabecera municipal, corregimientos, veredas y resguardos.
Aunque la alerta fue expedida hace seis años, la Defensoría del Pueblo asegura que el riesgo sigue: “La situación de riesgo no ha desaparecido, sino que al contrario se va concretando. Los informes de seguimiento y de prevención mantienen activa la alerta cuando los riesgos se concretan”. Esto significa que han aumentado las denuncias de amenazas, extorsiones, secuestros, restricciones a la movilidad, entre otras.
En la alerta también se advierte que la presencia de las Agc es principalmente en la cabecera municipal, donde realizan acciones delictivas relacionadas con la cadena del tráfico y comercialización de estupefacientes. “En la zona urbana de San Juan, por ejemplo, de Istmina, o Tadó, ha sido de más control paramilitar”, confirma el Fisch.
El grupo de las Agc en esta zona se autodenomina “Frente carretera”, o “Héroes de Jesús”, perteneciente a la estructura Jairo de Jesús Durango, que además de estar en el Chocó, está en el suroeste antioqueño, el Pacífico y el Valle. A esto se suma que, según Indepaz, las Agc cuentan con redes de apoyo y bandas o combos delincuenciales tercerizados o subcontratados con presencia en ciudades principales y centros urbanos principalmente.
En medio de este panorama, la ausencia de la Fuerza Pública hace que el conflicto sea más fuerte e incontrolable en la zona rural, donde viven en su mayoría comunidades étnicas: indígenas y afrodescendientes. “Si el Estado no aparece, los actores armados sí, y con la plata”, concluyen desde la Diócesis.
Por ejemplo, a lo largo de la carretera que comunica a Tadó con Pereira se han encontrado banderas del Eln: en julio de 2022 en el corregimiento de Carmelo y en agosto de 2023 en el sector de Peñas del Olvido. Además, a comienzos de 2024 por la vereda Guarato se informó de encuentros entre el Eln y el Ejército. En esos casos, se conoce que la guerrilla se esconde cerca de las comunidades indígenas para prevenir confrontaciones.
Desde la Alcaldía reconocen la gravedad de la situación: “Aquí en la cabecera municipal tenemos Ejército y Policía, pero de salir de aquí al primer corregimiento que conseguimos ya queda uno a la merced de un grupo porque no hay presencia constante”. En el recorrido que hizo Consonante, durante dos días por toda la carretera Tadó- Pereira, solo se vio presencia militar en una ocasión. Mientras que de Quibdó a Tadó había más puntos de control.
“Aquí en la cabecera municipal tenemos Ejército y Policía, pero de salir de aquí al primer corregimiento que conseguimos ya queda uno a la merced de un grupo porque no hay presencia constante”
Alcaldía de Tadó
Tanto las autoridades locales, como las organizaciones y las comunidades señalan que el Eln y las Agc tienen la misma fuerza en el municipio. “Están los dos grupos por igual. Algunas veces llegan y se identifican y, en otras ocasiones, vemos hombres armados y es mejor ni preguntar. Las dinámicas de ellos son iguales”, comenta un indígena.
Confinamiento, desplazamiento y reclutamiento en medio del silencio
Desde que la Defensoría expidió la alerta temprana se advirtió del sometimiento de los y las tadoseñas a violencias como el confinamiento, los homicidios, las amenazas, el señalamiento a líderes comunitarios, los secuestros con fines extorsivos, el reclutamiento forzado de menores, las minas antipersonales, distintos desplazamientos, redes de microtráfico y afectación a las prácticas tradicionales de producción. Sin embargo, en el municipio pocos se atreven a hablar sobre el tema. “Aquí hay una tensa calma aparente y mentirosa. La gente no cuenta y no habla. Nadie dice nada”, comentan en la Diócesis.
Según datos del Fisch, en 2023 más de 94.000 personas sufrieron algún tipo de afectación por el conflicto en todo el Chocó. “Teniendo en cuenta que somos un departamento de unos 500.000 habitantes eso significa que el 20 por ciento de la población está siendo afectada por los diferentes hechos”, explican. En este contexto, la práctica más recurrente es el confinamiento, seguido del desplazamiento.
Varias instituciones han recibido denuncias de algunos casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes de Tadó este año. La Alcaldía y la Iglesia conocen tres casos denunciados en lo que va del 2024. “Ambos grupos reclutan, pero la guerrilla consigue más gente”, comentan.
El año pasado, un integrante de la Diócesis se cruzó con un comandante de la guerrilla y evidenció la gravedad del reclutamiento. “El comandante del Eln habló con nosotros y nos dijeron que supiéramos que esta es zona de guerrilla. Tenían muchos niños y niñas indígenas en las filas, por lo menos 40 adolescentes de 12 a 16 años”, asegura.
“Aquí hay una tensa calma aparente y mentirosa. La gente no cuenta y no habla. Nadie dice nada”
Diócesis
A pesar del alto subregistro que reconocen las instituciones, según datos del Fisch, el año pasado se presentaron por lo menos 57 casos de reclutamiento en todo el departamento. “Nosotros podemos estar hablando que esas cifras se triplican. Hay muchos casos en que nos ha tocado ayudar en los procesos de rescate con la Guardia Indigena o los Consejos Comunitarios. El año pasado fueron al menos 10 casos y estos no aparecen en las cifras”, agregan.
Las estrategias para el reclutamiento incluyen ofrecer dinero, ropa, celulares y, en general, un estilo de vida distinto a los y las jóvenes. “Ellos llegan comprando, son los que hacen los campeonatos de fútbol en algunas comunidades. Llegan y montan una fiesta y eso es cerveza, canastas y con la plata montada en la mesa mostrando que esa vida da rentabilidad. A las mujeres les ofrecen vestidos bonitos y tenis”, explican desde el Fisch.
El riesgo constante hace que las comunidades se confinen o decidan desplazarse. “Sentimos temor que se sigan llevando a nuestros niños, niñas y jóvenes. Las familias han preferido irse ante toda la violencia. Algunas nos decían que no podían dormir, no es como dijo Francia Márquez de ‘vivir sabroso’. Acá se vive con zozobra, con miedo, es bastante compleja la vida de los indígenas”, comenta un líder.
Además del desplazamiento de Tarena, en marzo de este año, en 2023 se registraron dos desplazamientos en la comunidad de Mesetas después de enfrentamientos entre el Ejército y el Eln. Para la primera semana de agosto se fueron tres familias y el 18 de agosto, 63 familias decidieron abandonar el resguardo y desplazarse al corregimiento de Santa Cecilia, en la frontera entre Risaralda y Chocó.
Esto, reconocen los líderes y voceros de la iglesia, ha generado además afectaciones culturales y daños psicológicos. “Las comunidades no se pueden encontrar, no pueden salir a pescar por la noche. Tienen espacios sagrados a los que ya no pueden ir porque ahora son privados. No los dejan hablar”, denuncian.
El Chocó con 23 municipios en medio de la guerra
La Defensoría tiene 17 alertas tempranas activas en el departamento por hechos de violencia que afectan a 23 de los 30 municipios. El último informe de la Cruz Roja Colombiana señala que en lo corrido de este año 11 personas han sido víctimas de minas antipersonal (8 en Sipí, 1 en Istmina y 2 en Litoral del San Juan).
El alcalde de Sipí, Jairo Murillo Bedoya, indicó que las comunidades de San Agustín y Las Brisas están confinadas luego de que dos jóvenes perdieron sus extremidades al pisar minas antipersonales. El 11 de abril se efectuó un consejo de seguridad en Quibdó con el Ministerio de Defensa, alcaldes y la Fuerza Pública para tratar la situación de seguridad en el departamento.
El 13 de febrero, 40 familias de la comunidad Chambacú tuvieron que desplazarse de Sipí a Istmina por combates entre las Agc y el Eln . Y la comunidad de Doidó, en Istmina, también se vio afectada por enfrentamientos en medio del paro armado decretado por la guerrilla. El paro armado del Eln a comienzos de año confinó a 27000 habitantes de los municipios Istmina, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Sipí y Nóvita y sus zonas rurales.
Las comunidades hacen un llamado a la paz
Las comunidades indígenas insisten en que en sus territorios no hay paz. “Salió la guerrilla de las Farc y llegó otro grupo, nunca hemos tenido paz. La situación siempre ha sido igual, ahora se siente calma, pero sabemos que por momentos se activa. El Eln ha enviado a sus representantes, con la Diócesis y la Defensoría del Pueblo, pero no hay paz total y menos para los pueblos indígenas”, señala un líder de Tarena.
Desde sus resguardos y ante todas las dificultades a las que se enfrentan por la falta de comida, los indígenas sueñan con el pasado que vivieron sus ancestros. “Ellos podían salir y estar tranquilos, pero con estos grupos armados no se puede salir a cazar, a pescar, ni movilizarse. Estamos en peligro de minas antipersonal, reclutamiento y violaciones. No tenemos a nadie en quién confiar”.
“Pedimos vivir en paz y que entreguen sus armas, queremos territorios libres y al Gobierno que atienda nuestras necesidades y no nos olviden”
Líder indígena
El Fisch plantea el “Acuerdo Humanitario Ya”. “Es importante que se haga una coordinación interinstitucional para responder de manera estructurada a la crisis humanitaria, eso no da espera. Y eso implica que estemos coordinados con las autoridades étnicas, con la Iglesia, con la academia y con todas las agencias que hacen presencia en el departamento”.
Desde la Iglesia piden diálogos abiertos y en donde estén todos los actores armados. “Hemos pedido diálogos con todos, no solo con el Eln, y que entren las Agc, que llamen al orden a las disidencias. Tenemos que lograr que todos estén y que se respeten”, dice un vocero. Además, cuenta que hay mesas permanentes de comunicación para informar de los hechos de violencia y del impulso del cese bilateral al fuego.
Sin embargo, la principal preocupación de la Iglesia es que el Eln está dividido. “Unos tienen voluntad de paz y otros no. Ellos dicen que no, pero eso se nota”, dice. “Los diálogos van avanzando, se toman decisiones en la mesa nacional, pero es un proceso muy lento y que no pasa por los territorios”, puntualiza.
Por su parte, la comunidad de Tarena, que completa siete semanas confinada con el miedo de ser atacada, pide que se haga justicia con el asesinato de Jarinson Oky Valencia: “La comunidad está muy adolorida. Ellos tienen temor de que algún grupo quiera entrar allá a asesinarlos. Pedimos atención de las autoridades competentes y que nos digan por qué lo asesinaron. Que nos digan por qué lo mataron”.
