Más de 50 personas, entre conductores y representantes del gremio del comercio, protestaron este martes 6 de febrero en contra de los comparendos interpuestos tras la instalación de una cámara de fotomultas sin previa socialización en Fonseca. Los manifestantes recorrieron la avenida principal, desde la calle 13 con carrera 22 hasta la carrera 2, donde se encuentra la unidad móvil que registra las infracciones de tránsito.
El sistema de fotomultas fue instalado el 30 de diciembre del 2023 junto a un aviso de detección electrónica por la empresa Milenium System SAS, contratada por el Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca. En la primera semana de febrero, los conductores empezaron a recibir multas que van desde los 565.000 pesos y suman, en algunos casos, hasta seis millones de pesos por haber sobrepasado los 30 kilómetros por hora, que es el límite de velocidad establecido.
Al revisar los comparendos, los infractores expresaron su rechazo al considerar que no se cumplió con la debida socialización del cobro de fotomultas. Además, alegan que esa zona no es de alta peligrosidad en accidentes, por lo que no se requiere una cámara de fotomultas.
De acuerdo con la ley 1843 de 2017, todo sistema para la detección de presuntas infracciones al tránsito debe cumplir con los criterios técnicos de seguridad vial establecidos por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que incluyen soportar los análisis de accidentalidad y flujo vehicular y peatonal en la zona.
“Tiene que haber un estudio que demuestre que es una zona de alta accidentalidad, que hay elementos de riesgos como tener una escuela muy cerca, donde la alta velocidad puede representar un riesgo. Ese estudio debe ser aprobado por el Ministerio de Transporte para poder expedir la resolución”, explica Víctor Cantillo, investigador y consultor en Ingeniería de Transporte y Movilidad de la Universidad del Norte.
Sin embargo, de acuerdo con Miguel Peñaloza, funcionario de Milenium System SAS, la instalación del sistema de fotomultas en la vía Fonseca - Barrancas cuenta con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Fidel Pitre, uno de los líderes de la Asociación de Cooperativas de Transporte del Sur de La Guajira, considera que “esa cámara se instaló sin tener en cuenta el traumatismo social y económico. Ya se están viendo esas afectaciones y están llegando los comparendos. Estamos muy preocupados”.
“No queremos repetir la historia, porque la primera vez que pusieron una cámara de fotomultas en ese punto, de forma ilegal, y luego la quitaron, dejaron una cantidad de comparendos que ni pagando nos han bajado. Hoy tenemos ciudadanos y compañeros a los que les han embargado cuentas y el perjuicio ha sido irreparable”, cuenta Pitre.
"Esa cámara se instaló sin tener en cuenta el traumatismo social y económico. Ya se están viendo esas afectaciones y están llegando los comparendos. Estamos muy preocupados".
Fidel Pitre, miembro de la Asociación de Cooperativas de Transporte del Sur de La Guajira
Jhon Jairo Otero, un empresario del sector exequial, manifestó su sorpresa al encontrar en la página web del SIMIT que “estaba reportado con una fotomulta del 4 de enero desconociendo la existencia de este dispositivo de detección de velocidad, ya que en ningún medio escuché o leí donde se socializara la instalación de una cámara fotomulta”.
José Ospino, un ingeniero que trabaja en Fonseca y Barrancas, cuenta: “Me aparecieron varias multas en mis dos vehículos que recorren diariamente esa vía”. Uno tiene comparendos por 4 millones 300 mil pesos y el otro por 5 millones 200 mil pesos, dice Ospino. “Nadie me informó hasta cuándo sería el límite de la fotomulta pedagógica. Además, me parece extraño tener estos reportes siendo una persona respetuosa de las leyes, así que espero una respuesta pronta por parte del tránsito de Fonseca para poder resolver esto”, agrega.
Evelmar Ramírez, trabajador de la empresa Dialnet, cuenta que “desde mi empleo me llamaron notificando que a la camioneta a mi cargo le aparecen dos fotomultas que suman más de dos millones de pesos y que debería buscar la forma de cancelarlos, situación que me tiene bastante preocupado porque mi salario no alcanza para pagar todo ese dinero y puedo perder mi empleo”. De acuerdo con Ramírez, “nunca he sobrepasado el límite de velocidad indicado, que es de 30 kilómetros por hora”.
"Esta situación me tiene bastante preocupado porque mi salario no alcanza para pagar todo ese dinero y puedo perder mi empleo".
Evelmar Ramírez, conductor
Andrea Cuesta, estudiante de Ingeniería Industrial, recibió una notificación falsa de fotomulta, “algo que me extrañó porque no tengo ni licencia de conducción ni mucho menos vehículo”. Según Cuesta, “me pedían entrar a un link y me pareció sospechoso, así que fui directo a la página del SIMIT y no me aparecía nada. Los malhechores se están aprovechando de los comparendos y mandan este tipo de correos para estafar”, advierte.
En entrevista con Consonante, Miguel Peñaloza, funcionario de Milenium System SAS, anunció que “estamos analizando si se amplía el plazo de fotomultas pedagógicas, que estuvo desde el 30 de diciembre del 2023 hasta el 14 de enero del 2024”. Esta decisión, en palabras de Peñaloza, se tomaría teniendo en cuenta “el alto porcentaje de infracciones cometidas”.
“Vamos a ver de qué manera le damos manejo a la situación y bajamos los comparendos. Así mismo, le pedimos a la ciudadanía que se culturice frente a las normas viales que se deben respetar para evitar hechos lamentables”, aseguró.
"Estamos analizando si se amplía el plazo de fotomultas pedagógicas, que estuvo desde el 30 de diciembre del 2023 hasta el 14 de enero del 2024".
Miguel Peñaloza, funcionario de Milenium System SAS
De acuerdo con Peñaloza, las personas que registraron sanciones deben “acercarse hasta nuestras oficinas para realizar el procedimiento correspondiente para tumbar la infracción”. De esta forma, los infractores no deberán cancelar las multas pero sí “hacer unos cursos obligatorios para poder quedar a paz y salvo del proceso”.
Fidel Pitre, miembro de la Asociación de Cooperativas de Transporte del Sur de La Guajira, asegura que, en caso de no ver resultados, “el gremio, la comunidad y los comerciantes iniciaremos una toma pacífica”. “No vamos a aceptar más atropellos por parte del Tránsito Municipal de Fonseca”, agrega.
Desde hace tres meses, 1.020 familias se asentaron en un terreno de 20 hectáreas destinado a la construcción de viviendas de interés social en San Vicente del Caguán. Los habitantes se organizaron para construir cambuches de lona y casas de madera como respuesta al incumplimiento por más de diez años de la Alcaldía.
A lo largo de tres administraciones municipales encabezadas por Domingo Emilio Pérez (2012–2015), Humberto Sánchez Cedeño (2016-2019) y Julián Alfredo Perdomo (2020-2023), los sanvicentunos esperaron la entrega de alrededor de 810 viviendas en la urbanización Villas de Marsella y 180 viviendas en Villa Joel.
Ante el constante incumplimiento, las familias, muchas de ellas de escasos recursos y víctimas del conflicto armado, se tomaron el sector conocido como Los Tubos, que llamaron Cataleya I. También ocuparon un terreno baldío del barrio La Orquídea, que bautizaron como Cataleya II, y una zona aledaña al humedal Yarumal, en la vía Palestro.
Para levantar su propia urbanización, los habitantes escogieron un vocero por manzanas distribuidas en 20 hectáreas. Las familias han contado con el acompañamiento de la Coordinadora del Suroriente Colombiano para los Procesos Agrarios Ambientales y Sociales (Coscopaz) y la guardia campesina del Losada Guayabero, un colectivo de protección territorial. Ambas organizaciones les han brindado apoyo técnico para su organización jurídica. En el caso de Yarumales, las 110 familias ya cuentan con Junta de Acción Comunal, mesa directiva y comités de concilio, deporte y trabajo.
Ariannys Milagros Valverde, residente de Cataleya I, cuenta que para todas las familias “la necesidad es muy fuerte”. “Al principio no teníamos agua, gracias a Dios ya tenemos. No tenemos energía y tampoco teníamos alcantarillado, así que tuvimos que hacer pozos sépticos”.
“Muchos somos padres y madres de familia, estamos acá por la necesidad. Necesitamos que el gobierno nos ayude, así sea que a todos nos toque pagar los lotes o reubicarnos en otro sitio porque también sabemos que este terreno era para otro proyecto, pero queremos que nos ayuden porque somos muchas familias, niños y ancianos que necesitan un techo donde vivir”, agrega Valverde.
"Muchos somos padres y madres de familia, estamos acá por la necesidad. Necesitamos que el gobierno nos ayude, así sea que a todos nos toque pagar los lotes o reubicarnos en otro sitio".
Ariannys Milagros Valverde, residente de Cataleya I
En eso coincide Ramón Antonio Rojas Martínez, un mototaxista habitante de Cataleya I. Para Rojas, lo más importante es tener “una casa, algo para habitar, porque el trabajo que uno tiene no da para mucho, alcanza solo para comer y para sobrevivir”.
Yuri Sisa, madre de dos niños y empleada doméstica, se mudó al asentamiento Yarumales porque “el sueldo para casi todas las mujeres es muy bajito, nosotras las las señoras que trabajamos en casa de familia no tenemos un salario mínimo y yo pagaba arriendo, pero no me alcanza”.
De acuerdo con Sisa, “lo único que le pedimos al gobierno es que nos den la oportunidad, que uno va pagando así de a poquito, porque uno no tiene toda la plata para conseguir un lote legalizado”.
Para mejorar las condiciones de vida en Yarumales, Shirley Muñoz, auxiliar de enfermería, le pide al alcalde que “trabajen de la mano” con las familias. “No queremos que nos regalen nada, pedimos un financiamiento para ir cancelando el lote”, dice Muñoz, quien destaca el trabajo de la comunidad. “Entre nosotros hemos construido la tubería, las cunetas y los pozos sépticos”, cuenta.
"Lo único que le pedimos al gobierno es que nos den la oportunidad, que uno va pagando así de a poquito, porque uno no tiene toda la plata para conseguir un lote legalizado".
Yuri Sisa, habitante de Yarumales
Para contar con el servicio de agua potable, las familias consiguieron el apoyo de Aguas del Caguán, cuenta Eduar Fabián Cano Almario, vicepresidente de Yarumales. Su prioridad ahora es lograr la ayuda de Electrocaquetá para contar con energía eléctrica. Sin embargo, dice Cano, “hemos hablado de eso en la comunidad, pero todavía la electrificadora no nos ha sacado el tiempo para dialogar”.
El alcalde de San Vicente del Caguán Luis Trujillo se reunió en diciembre del año pasado con un grupo de habitantes de Yarumales, Cataleya I y Cataleya II para escuchar sus necesidades y peticiones.
En una segunda reunión, que se realizó el 10 de enero de este año, el alcalde y su gabinete de trabajo anunciaron que adelantan gestiones de concertación con el Ministerio de Vivienda y Comfaca, la caja de compensación familiar para el Caquetá. Además, contó que se trabaja en un proyecto de acuerdo para presentar ante el Concejo Municipal en aras de resolver la situación, según informó el medio la Ventana Digital en su página en Facebook.
Luego de estos encuentros, Ariannys Milagros Valverde, residente de Cataleya I, cuenta que se espera que la Alcaldía realice un censo para conocer la situación de vulnerabilidad de las familias que habitan los asentamientos. “Viene una caracterización lote por lote, casa por casa, para hacer un filtro. Los estamos esperando en cualquier momento”, dice.
De acuerdo con Domingo Emilio Pérez, exalcalde del municipio, para sacar este tipo de proyectos adelante es muy importante que se “instale una mesa técnica con el gobierno nacional, departamental, municipal y con la constructora”. Y advierte: “hay un déficit de vivienda que debe estar incluido en la agenda de todo alcalde porque forma parte de la garantía de los derechos de las personas”.
Desde hace cuatro años, la Casa de la Mujer en San Vicente del Caguán permanece cerrada. El inmueble, ubicado en el barrio Las Villas, fue cedido en comodato a las mujeres en un estado de deterioro: la cocina y los baños están destruidos, el techo tiene goteras, las paredes presentan humedad y no hay servicio de energía eléctrica ni de agua. La casa tampoco está en condiciones de ser remodelada, según reconoció la administración municipal, porque hacer obras representa un riesgo para las personas.
Ante la falta de un espacio digno, las mujeres se han visto obligadas a detener sus proyectos de modistería, aromáticas y artesanías, así como a buscar espacios alternos para hacer sus reuniones. Las máquinas de cóser y los implementos de oficina que habían recibido como donación están guardados y sin usarse.
Este 26 de enero, las integrantes de la Mesa Municipal de Mujeres y Género elaboraron un documento dirigido al gobernador del Caquetá Luis Francisco Ruiz Aguilar para solicitarle que incluya la construcción de una nueva Casa de la Mujer en el Plan de Desarrollo Departamental 2024 - 2027.
“Desde hace más de diez años las mujeres estamos en la lucha por tener un espacio propio de encuentro y capacitación, que sea un centro integral de servicios donde nos podamos encontrar, trabajar juntas, capacitarnos y fortalecer todas las acciones de emprendimiento y formación”, se lee en la carta.
Para las mujeres, contar con la Casa de la Mujer Renacer Yariseño les permitirá “impulsar el empoderamiento económico, educativo, político y el derecho a una vida libre de violencias”. Además, servirá para “seguir apostándole a la transformación del territorio y el fortalecimiento del tejido social”, dice el documento.
De acuerdo con Zunilda Córdoba, mujer campesina y líder comunal de la vereda Puerto Berrío, “la casa que nos dieron en comodato hace cuatro años nunca la pudimos usar porque estaba bastante deteriorada y en riesgo de caerse”.
“El sueño de todas las mujeres sanvicentunas es tener nuestra casita. Eso es por lo que más hemos luchado (...) Nos han salido muchos proyectos y por no tener la casa nos hemos perdido de participar”, agrega Córdoba.
“El sueño de todas las mujeres sanvicentunas es tener nuestra casita. Eso es por lo que más hemos luchado (...) Nos han salido muchos proyectos y por no tener la casa nos hemos perdido de participar”.
Zunilda Córdoba, líder comunal de la vereda Puerto Berrío
Adela Molano, líder comunal y emprendedora, cuenta que “nos sentimos engañadas por el alcalde saliente [Julián Alfredo Perdomo Losada] porque nos dejó mucho tiempo así y nunca realizó las cosas”. Según Molano, “somos muchas las mujeres que sabemos de modistería, manualidades y artesanías. Podríamos sacarle mucho provecho, hay muchas cosas por hacer, pero no tenemos el sitio adecuado para eso”.
"Somos muchas las mujeres que sabemos de modistería, manualidades y artesanías. Podríamos sacarle mucho provecho, hay muchas cosas por hacer, pero no tenemos el sitio adecuado para eso".
Adela Molano, líder comunal y emprendedora
Para Yaqueline Suaza Medina, integrante de Asomupiel, una asociación que fabrica aromáticas, la Casa de la Mujer debe ser “un lugar en el que nos podamos encontrar al menos 20 organizaciones de mujeres de San Vicente del Caguán”.
En eso coincide Sandra Blanco, fundadora de la Fundación Saber Crear, que promueve el arte en niños y mujeres. Según Blanco, la casa serviría también para ofrecer estadía a mujeres y niños que, por ejemplo, “tienen una capacitación y no tienen donde quedarse un par de días”.
Para poder poner en marcha sus proyectos, las mujeres tomaron la iniciativa de buscar un espacio que fuera arrendado por la administración municipal, pero se encontraron con una serie de exigencias que los arrendadores no podían asumir. “No fue posible arrendar un espacio por la cantidad de requisitos exigidos por la administración para el arrendador”, cuenta Oneida Escobar, representante de las artesanas y presidente de la Mesa Municipal de Mujeres.
Las mujeres están a la espera de la respuesta del gobernador Luis Francisco Ruiz, quien escuchó sus propuestas durante los Diálogos de Convergencia Regional, y les prometió gestionar recursos propios o con cooperantes para ponerles a disposición un espacio digno.
En ese mismo encuentro, el alcalde de San Vicente del Caguán Luis Trujillo Osorio le manifestó a un grupo de delegadas de la Mesa Municipal de Mujeres que revisará predios que son propiedad del municipio para que se construya allí una nueva casa . El mandatario agendó una reunión para escuchar las peticiones de las mujeres el jueves 1 de febrero, pero canceló a última hora.
“Esperamos que los resultados de una próxima reunión sean positivos para la mesa y así obtener por fin un espacio donde nosotras las mujeres podamos reunirnos y fortalecernos más. Y planear los objetivos de este 2024”, dice Oneida Escobar Obando, presidenta de la Mesa Municipal de Mujeres de San Vicente.
En Tadó, las y los estudiantes regresaron a clases el 15 de enero con la ilusión de aprender y compartir con sus compañeros en medio del deterioro físico y la falta de recursos que persisten en las instituciones educativas: baños destruidos con baterías sanitarias dañadas, techos con goteras, salones sin ventiladores, falta de computadores y, en algunos casos, ausencia del servicio de transporte escolar.
Esta situación afecta los colegios Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de la Pobreza, Normal Superior Demetrio Salazar Castillo y el Instituto Técnico Agroambiental. Los alumnos de la institución Nuestra Señora de Fátima sede Mumbú, por ejemplo, reciben las clases en una casa comunal debido al estado tan deteriorado de sus instalaciones.
Ante ese panorama, algunos rectores elaboraron informes y enviaron cartas al alcalde Juan Carlos Palacios solicitando su apoyo urgente para gestionar e intervenir en la mejora de las condiciones de cada plantel educativo. Y, en el caso de la Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, hacer frente a una deuda que asciende a más de 30 millones de pesos por el servicio de energía eléctrica.
De acuerdo con Carlos Copete Gómez, rector de la institución Nuestra Señora de Fátima, las once sedes necesitan intervenciones que van desde “el mejoramiento de las plantas físicas hasta la dotación de ventiladores”.
“Esperamos que el alcalde realice las gestiones pronto y puedan llegar a las instituciones los elementos que necesitamos para el funcionamiento adecuado: buenos pupitres, baños, computadores y servicio de transporte”, dice Copete.
"Esperamos que el alcalde realice las gestiones pronto y puedan llegar a las instituciones los elementos que necesitamos para el funcionamiento adecuado: buenos pupitres, baños, computadores y servicio de transporte".
Carlos Copete Gómez, rector de la institución Nuestra Señora de Fátima
Entre las peticiones escritas en su informe también está la contratación de cuatro buses escolares, teniendo en cuenta que el servicio de transporte que prestan los dos buses actuales resulta insuficiente. “Deben hacer varios recorridos y los estudiantes deben madrugar demasiado y se exponen notablemente ya que la institución no cuenta con vigilancia”, se lee en la carta.
Por su parte, la rectora de la Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, Eude Celina Ramírez, cuenta que “aunque todas las instituciones tienen problemas similares, la mía necesita mucha inversión ya que las instalaciones presentan problemas generales y no contamos con ventilación adecuada ni con un auditorio”.
En su carta, la rectora también manifiesta que se necesitan cubiertas para cuatro espacios deportivos, el mantenimiento de los pisos de tres salones y nuevo material escolar: 200 computadores, 300 pupitres, 500 sillas y 70 escritorios para el cuerpo docente. Además, destaca la importancia de cumplir con las obligaciones financieras de la institución, entre las cuales se encuentran el pago de 30 millones de pesos por el servicio de energía eléctrica, cuatro millones de pesos por agua y dos millones de pesos por el internet.
Guido Ledesma, coordinador académico del Instituto Técnico Agroambiental, cuenta que “desde el colegio principal hasta las escuelas necesitan baños para que los estudiantes hagan sus necesidades”. Además, “el colegio viene con dificultad hace muchos años en el servicio de transporte escolar porque el bus que tenemos tiene más de diez años, ya cumplió su ciclo, se vara mucho y la mayoría de los recursos se nos van en reparación del mismo”.
"El bus que tenemos tiene más de diez años, ya cumplió su ciclo, se vara mucho y la mayoría de los recursos se nos van en reparación del mismo".
Guido Ledesma, coordinador académico del Instituto Técnico Agroambiental
Finalmente Marcial Blandon, rector de la institución Nuestra Señora de la Pobreza, cuenta que, aunque todavía no se ha hecho el diagnóstico, sabe que se necesita la construcción de varias aulas en la sede San Pedro y un sistema de encerramiento en la sede Reinaldo.
Carmen Copete, madre de una estudiante de la Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, cuenta que “el colegio necesita que lo mejoren, los salones necesitan ventilación o aire acondicionado ya que nuestros niños y niñas se sienten sofocados o desesperados por el calor y quieren salirse de los salones”.
“El colegio tiene maleza, le falta pintura, adecuación de los baños, arreglo de la cubierta y un auditorio o salón para reuniones de padre de familia”, agrega Copete.
Sobre la escuela Francisco Miranda, Leidy Mosquera, madre de familia, dice que “es una escuela muy vieja y está en mal estado”. “El área de recreación y deporte donde forman los estudiantes necesita adecuación y el comedor necesita elementos para que los niños se sienten a comer tranquilos. Esta escuela tiene parte del techo que cuando llueve hay goteras impresionantes”, denuncia.
"El área de recreación y deporte donde forman los estudiantes necesita adecuación y el comedor necesita elementos para que los niños se sienten a comer tranquilos. Esta escuela tiene parte del techo que cuando llueve hay goteras impresionantes".
Leidy Mosquera, madre de familia
El alcalde de Tadó, Juan Carlos Palacios, reconoce que “tenemos deterioro más de un 50% de las instituciones educativas”. “Hoy estamos muy mal en infraestructura. He podido constatar y sí es verdad que debemos trabajar en armonía para lograr esa dignidad en materia educativa”, dice.
De acuerdo con el mandatario, desde la administración se han hecho gestiones para presentar las necesidades ante el Ministerio de Educación. “Haré todo lo posible para que en el primer semestre logremos hacer ese trabajo de dignificar nuestros planteles. Próximamente vamos a entregar algunos inmobiliarios y trabajaremos de la mano con los rectores para ver cómo logramos mejorar la educación en el municipio”, asegura Palacios.
"Haré todo lo posible para que en el primer semestre logremos hacer ese trabajo de dignificar nuestros planteles. Próximamente vamos a entregar algunos inmobiliarios y trabajaremos de la mano con los rectores para ver cómo logramos mejorar la educación".
Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó
A pesar de contar con un convenio firmado con la Alcaldía, a través del cual las instituciones educativas recibían recursos económicos con el propósito de 'fortalecer la calidad educativa', los rectores coinciden en que estos fondos resultan insuficientes. Según Carlos Copete Gómez, rector de la institución Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro, los fondos solo cubrían el pago de transporte, servicios públicos y el mantenimiento de algunas sedes.
Ante esta situación, el alcalde Palacios asegura que la nueva administración revisará los convenios para “tomar una buena decisión”. “No sabemos todavía si continuaremos con los convenios hasta que no hagamos la revisión para no errar y que los procesos educativos funcionen de la mejor manera”.
De acuerdo con Brenda Mosquera, coordinadora de educación municipal, “tenemos unos recursos mínimos para intervenir y mitigar la situación. Vamos a resolver los problemas más avanzados y luego realizar gestiones para solucionar el problema de fondo debido a que la razón de ser de nuestro municipio son sus niños”.
Cuando Norma Caicedo Mosquera era una niña, creía que los bebés eran traídos por una cigüeña que viajaba desde París hasta Tadó. La primera vez que vio a un niño salir de una vagina tenía ocho años. Era su madre quien estaba dando a luz a dos mellizos y Norma quedó tan impresionada de ver el parto que empezó a seguirle los pasos a su mamá y a su abuela, ambas parteras tradicionales, para ayudarles a traer niños al mundo.
En Tadó, Norma es una partera muy reconocida. Y como ella, muchas se dedican a ayudar a las mujeres a parir, a cuidarlas durante el embarazo, hacer seguimiento a su alimentación, preparar tomas y baños con plantas medicinales para curarlas y acompañarlas hasta que hayan cumplido los cuarenta días después del parto.
Pero por esa atención y cuidados, las parteras no reciben un pago. La mayoría ofrecen sus servicios como ayuda a las mujeres que no pueden llegar a un centro médico, y entonces atraviesan carreteras destapadas, cruzan quebradas, ríos y zanjas con tal de llegar a tiempo. A cambio, reciben entre 50.000 y 60.000 pesos, e incluso lo que puedan reunir las familias como agradecimiento eterno a su labor.
Para los parteros y las parteras en Tadó, este es un don heredado por sus madres y abuelas. Un saber empírico que hace parte de las prácticas ancestrales afro, indígenas y campesinas, pero que históricamente ha sido incomprendido, excluido y mal remunerado. Por eso, la declaratoria de la partería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, que se anunció el 6 de diciembre de 2023, las llena de ilusión y alegría. Norma Caicedo Mosquera espera que por fin sean reconocidas y remuneradas por sus conocimientos, habilidades y prácticas.
Norma Caicedo Mosquera: No puedo describir ni dar una fecha, porque ser partera es un camino que se inicia con una semilla, viendo lo que hace la mamá, la abuela o la vecina. El primer parto lo vi a los ocho años, cuando no sabía que los niños nacían por la vagina. Yo tenía entendido que los bebés venían de París y los traía la cigüeña. En ese tiempo mi mamá estaba en embarazo. Empezó con un dolor de estómago y ahí me dijo que llamara a una partera y yo la llamé. Ese día vi que era un servicio que uno prestaba y que era tan gratificante, porque una partera cuando está parteando se toma ese trabajo como si fuese su propia hija o hijo. Eso me motivó a convertirme en partera. Cuando vi cómo se abría la vagina, como un globo que se infla, y salía una criatura, fue el momento más bonito. Desde ahí mi abuela me llevó a sus partos para que fuera aprendiendo. A los 14 años me fui a Charco Negro con mi abuela y me dijo venga coja el bebé y yo le corté el ombligo, ya sabía cómo hacerlo. Ya ahí me lancé a partear y no llamaba a mi abuela, ella después veía y me decía: mija, ya usted es una partera.
N.C.M: Es una gran responsabilidad, una vocación. Ser partera es ser escogida por Dios para cumplir con la misión de ayudar a traer un hijo al mundo. Es salvar a la madre y al niño. A veces una debe atender a personas de otros grupos que no conoce y que necesitan una partera. Una se mete en medio de aguaceros en la carretera, cruza quebradas, pasa por el río crecido, pendiente de una culebra, para atender los partos.
"Una partera se mete en medio de aguaceros en la carretera, cruza quebradas, pasa por el río crecido, pendiente de una culebra, para atender los partos".
Norma Caicedo Mosquera
N.C.M: La mejor lección que me dejó mi abuela es que debemos partear sin mirar a quien. Antes el que parteaba hacía las veces de padrino y se convertía en parte de la familia. Si alguien se peleaba con una partera, los demás le decían: hija, si esa mujer te sacó a vos misma, cómo vas a pelear con ella, más bien ayúdale a esa muchacha. Por eso mi abuela decía “haga el bien sin mirar a quien”, porque a nadie se le niega una ayuda, así sea su enemigo. Si alguien pide ayuda es porque la necesita y si usted no cumple con este don mi Dios le cobra eso.
N.C.M: Sentí una gran felicidad cuando escuché en el noticiero que nos habían declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sentí alegría, pero también tristeza porque nuestras matronas murieron sin tener reconocimiento de nada. Yo le doy muchas gracias al presidente Petro y las parteras de Buenaventura, a la Asociación y todas quienes lideraron esos proyectos, pero también le digo al Gobierno: así como nos reconocieron como luchadoras de la salud, que también nos reconozcan con incentivos económicos. Algunas parteras ya no pueden trabajar porque son muy mayores, les duele la espalda, la cintura. En la pandemia a los médicos les reconocieron pero a nosotras no nos llegó un peso y seguimos prestando el servicio.
N.C.M: Nos están reconociendo lo que nunca nos han reconocido, pero no nos pagan bien. Cuando yo inicié como partera a nosotras no nos pagaban. A veces nos daban regalos, una gallina, o nos daban buen trato. A la fecha de hoy nos pagan hasta 100.000 pesos pero en dos o tres cuotas.
Nos están reconociendo lo que nunca nos han reconocido, pero no nos pagan bien. (...) En la pandemia a los médicos les reconocieron, pero a nosotras no nos llegó un peso y seguimos prestando el servicio.
Norma Caicedo Mosquera
N.C.M: Mire, yo estaba en mi casa durmiendo con mi esposo. Había llovido mucho y de repente la puerta sonó tum, tum, tum y me dijeron que una mujer andaba con dolores sola, entonces me fui para su casa que estaba al lado de una quebrada. Vi un montón de pescados ahí y nosotros teníamos una situación mala, pero no alcanzaba a cogerlos. Ella no tenía cama, entonces cogí unos cartones, los doblé y los puse encima de una tabla y ahí parió. Cuando ya terminé eran como las tres de la mañana y llegó un vecino a pedir ayuda porque había otra mujer que necesitaba una partera. De ahí salí para donde la otra mujer y llegué a mi casa después de dos partos sin comer, sin un solo peso y sin ningún pescao (risas).
N.C.M: Ahora usamos tijeras y alcohol, pero antes no teníamos y era con machete y agua que se hervía en el fogón. En vez de gazas usábamos trapos y hacíamos los partos con la mano sin protección, nos lavabámos las manos bien y teníamos las uñas bien corticas. Ahora no podemos estar sin guantes por tantas infecciones y enfermedades. Las plantas también son muy importantes. Cuando la mujer tiene hemorragias nosotras les hacemos tomas con plantas medicinales y las ponemos en diferentes posiciones. Aunque yo he tenido más de 80 partos y no me ha tocado una mujer con hemorragias.
N.C.M: A mí me tocó una señora, una prima hermana mía, que tenía como 12 días de estar con dolor. La llevaron al médico y le dijeron que todavía no iba a parir. Cuando le toqué eso allá abajo estaba blandito y botaba agua de sangre. La mandé al médico pero la regresaron de nuevo a la casa. Le conté a mi mamá y sacamos cuentas y la mujer ya estaba pasada. Como a las tres de la mañana me llamaron y me dijeron que estaba pasando una cosa más fea. Fui y le saqué un niño que tenía más de un metro, la cabeza no se formó, le creció solo el cabello y las piernas, pero el cuerpo parecía un acordeón. Fue el único parto de un bebé muerto. Cuando la mamá lo vio, lloró asustada.
N.C.M: Es muy importante saber qué planta se debe usar en qué momento. Lastimosamente con las fumigaciones no tenemos tantas a la mano como teníamos antes. Antes si usted necesitaba una planta para una madre parida que debía botar la maleza, para las parteras, para pujar, para lo que sea, siempre había una. Nosotras las parteras nos vamos compaginando con las plantas y su esencia, para unirlas y hacer jarabes, bebedizos y baños. Si una mujer siente un dolor, uno pica las plantas y las pone a hervir, cuando está caliente se pone en un balde y se tapan La mujer que recibe ese vapor se cura.
N.C.M: No solo en Tadó, en ninguna parte debe morir la partería. Nosotras estamos dispuestas a sembrar esa semilla y a enseñar. Ahora como están las parteras no vemos que somos tan valiosas, que este es un servicio muy importante para las mujeres y los hospitales. Hay muchas mujeres embarazadas que están listas para parir y no pueden por la crisis de los hospitales que no tienen cómo atenderlas.
"No solo en Tadó, en ninguna parte debe morir la partería. Nosotras estamos dispuestas a sembrar esa semilla y a enseñar".
Norma Caicedo Mosquera
N.C.M: Yo dejaré de ser partera cuando me muera. Yo he parteado a amigas, a personas que no conozco, incluso a una que pensaba era mi enemiga. Había una mujer que hablaba mal de mi y que cuando estaba con dolores llamó a una patrona de patronas, a mi tía Rosa Elena. Mi tía me pidió que la ayudara a atender el parto, yo hice mis cosas y la mujer parió a su hija. Esa muchacha es ahora como hija mía.
N.C.M: Que se anime, que se capacite. Si tiene ese sueño y esa vocación, seguro va aprender. Solo necesita tener coraje y encontrar a una partera con paciencia. No piense que va a tener plata ni que se va a enriquecer. Si le digo eso sería una mentira. Ser partera es gratificante porque una recibe el reconocimiento de las personas y va a estar contenta por ayudar a mujeres y familias. Va a llegar a la casa y todos, la mamá, la abuela, todos esperan por usted como un ángel. La esperanza la ponen en uno. Cómo voy dejar ese trabajo tan bonito, yo nunca pensaría en dejarlo.
A días de las elecciones regionales en Colombia, cuando se conocían las propuestas de los candidatos a la Alcaldía pero no lo que pide la gente, el equipo periodístico de Consonante recorrió las calles de Tadó y El Carmen de Atrato, en el Chocó, y Fonseca y San Juan del Cesar, en La Guajira, para escuchar las necesidades urgentes y las emociones políticas de la ciudadanía. Este especial, que incluye texto, video e imagen, reúne más de cien voces que expresan los requerimientos de las personas para los nuevos alcaldes y alcaldesas.
¿Qué sentido tiene buscar justicia desde lugares donde la impunidad es muy alta y no se garantizan ni siquiera los derechos fundamentales? Esta es una serie de historias que narran la lucha de madres, hijas, campesinos y campesinas, jóvenes y comunidades de regiones diversas para visibilizar qué entienden, cómo abrazan y cómo calman su idea de justicia. A través de este especial, Consonante acompaña los trabajos de periodistas regionales de los departamentos del Chocó, Cauca, Bolívar, Antioquia, Nariño y Putumayo.
El Festival del Retorno es una de las festividades más representativas del Caribe colombiano, que se realiza hace más de 50 años en Fonseca. Aunque este encuentro surgió para fomentar y celebrar el folclor, con los años ha perdido su razón de ser. En esta serie de tres historias se cuenta cómo los políticos se han adueñado del evento, los jóvenes no encuentran un lugar y los decimeros están en el olvido institucional.
Durante siglos, el río Ranchería ha regado las tierras del sur, de la media y parte de la alta Guajira. Es el más importante, pero también el más impredecible. Por eso fue construida una represa que aunque se contempló hace 40 años, fue entregada incompleta en el 2010. Hoy el Ranchería no solo no vierte como antes sus aguas en el delta; sino que el agua dulce no llega a varios corregimientos. ¿Cómo es vivir sin agua en medio de una península? Este especial cuenta las maromas que hacen los vecinos de la represa. que embalsa 198 millones de metros cúbicos de agua, para abastecer a sus hogares.
La trágica muerte de Eliécer Daza Cuello, un obrero de 47 años que cayó en una zanja de seis metros de profundidad mientras hacía oficios varios en una obra, dejó al descubierto las deficiencias de seguridad en la construcción del sistema de alcantarillado en Guayacanal, Corral de Piedras y Zambrano, en San Juan del Cesar. Consonante investigó el caso y expuso las irregularidades que pusieron en peligro la vida no solo de los trabajadores, sino de los habitantes del corregimiento: huecos y zanjas sin señalización en las vías, alcantarillas destapadas, falta de protocolo de seguridad, ausencia de entibación, un sistema de contención que mantiene estable las zanjas.
La empresa Atico Mining, que opera la única mina de cobre activa en el país, tiene una deuda con la nación por más de 87.900 millones de pesos y su licencia de explotación está vencida desde hace 18 meses. Sin embargo, continúa funcionando y su poder sigue intacto: es la principal fuente de trabajo en el municipio, los últimos tres alcaldes han sido empleados de la compañía y su influencia social es evidente. En este reportaje, Consonante investiga las irregularidades de la empresa: desde las deudas, los amparos que le permiten seguir operando, las estrategias para tener todo a su favor y los lazos tan estrechos con la Alcaldía.
En la vereda ‘Pueblo Paz’ viven 168 núcleos familiares de excombatientes de las Farc. Allí han construido sus casas y le han apostado a la consolidación de proyectos productivos en un esfuerzo por integrarse con las comunidades del sur de la Guajira. Pero para las mujeres firmantes, ese proceso de reincorporación ha sido agridulce, pues han visto cómo viejas costumbres que limitaban sus derechos y su participación dentro del grupo guerrillero se han mantenido en esta nueva etapa. En este reportaje, la periodista cuenta las historias de varias firmantes de paz y cómo se enfrentan ante estas prácticas.
Cuatro meses después de que la Superintendencia Nacional de Salud ordenara el cierre de la EPS Comfaguajira, sus 270 mil afiliados fueron trasladados a otras entidades con la promesa de que estas le garantizarían la atención básica. Desde entonces, la mayoría de usuarios se enfrentan a una serie de inconvenientes para acceder a los servicios. Muchos están atrapados en los recovecos de un sistema que, en vez de ayudarlos a gestionar su salud, empeora sus enfermedades. Esta investigación muestra la complejidad de la situación a través de cinco casos de personas afectadas por la salud interrumpida.
En Colombia, las mujeres no tienen muchos de los derechos primordiales garantizados a plenitud: el derecho a una vida libre de violencias, a participar políticamente, a disfrutar la sexualidad sin ningún tipo de violencia y a poseer tierra. En este especial, Edilma Loperena, Yolanda Perea, Elizabeth Moreno y Liuba Molina, cuatro mujeres del Chocó y La Guajira, cuentan con sus propias palabras cómo han defendido eso que tanto les ha sido negado.
Vicente Villasmil Zambrano vendía frutas con la angustia de no poder contar el dinero o escuchar a sus clientes debido a la pérdida gradual de la vista y la audición. Preocupado por su salud, buscó atención médica en la Nueva EPS de Fonseca, pero se encontró con los obstáculos que enfrentan los fonsequeros: falta de acceso a medicina especializada, demoras en la entrega de medicamentos y programación de citas y altos costos por la necesidad de traslado a otros municipios.
“Después de dos años de citas, el médico me dio la orden de ponerme unos audífonos. Fui al día siguiente a la Nueva EPS y me dijeron que debía esperar 15 días, pasaron los 15 días y me dijeron que otros 15 días más. Esperé y me mandaron a la Alcaldía para tener respuestas. A las dos semanas volví y la doctora me indicó que se habían vencido los documentos, que tenía que empezar todo desde cero después de dos años de estar en esas”, cuenta Villasmil, migrante venezolano de 53 años y radicado en Fonseca hace más de cinco años.
Ante ese panorama, el único camino para Villasmil fue interponer una acción de tutela. El 10 de agosto de 2023, el Juzgado Segundo Penal del Circuito San Juan del Cesar falló a su favor y le ordenó a la Nueva EPS cumplir con la entrega de las ayudas auditivas que necesitaba. El juzgado consideró que la Nueva EPS no le brindó al paciente las garantías a su derecho a la salud, vida y dignidad humana.
A pesar del fallo, la Nueva EPS sigue sin cumplir, razón por la cual se instauró un incidente de desacato con fecha de atención del primero de septiembre. “Nos vimos en la necesidad de activar nuevamente los mecanismos judiciales a través de un incidente desacato para poder obligar a la EPS a que le entreguen el dispositivo que le ordenaron y poder restablecer su capacidad auditiva”, cuenta Octavio Parodi Deluque, abogado especialista en derecho administrativo y constitucional.
Por otra parte, Villasmil lleva esperando diez meses una reprogramación de un examen médico ocular que deben practicarle, razón por la cual el abogado adelantó una nueva medida tutelar.
En Fonseca es muy frecuente que las personas recurran a derechos de peticiones, tutelas y desacatos para acceder a un buen servicio de salud, señala el personero Juan Jaime Peralta Martinez. Mensualmente, dice, se reciben alrededor de cinco derechos de petición, dos tutelas y dos incidentes de desacato en contra de las EPS Sanitas, Cajacopi y la Nueva EPS.
De acuerdo con Sandra Ricaurte, gerente zonal de la Nueva EPS, esto ocurre debido a la “escasa oferta en el departamento de algunos servicios en salud como los procedimientos de cuarto nivel, como alergología, proctología, oncología”.
Esas dificultades se han visto intensificadas en el municipio luego de la liquidación de Comfaguajira, que dejó a 273.029 afiliados repartidos en ocho entidades. La Nueva EPS fue la segunda en recibir a más usuarios (46.443), luego de Cajacopi (63.626).
Para recuperar su audición, perdida en un 80 por ciento, Vicente Villasmil visitó en varias ocasiones la sede de la Nueva EPS, se comunicó constantemente a través de llamadas telefónicas y del chat de WhatsApp para interponer quejas con los funcionarios.
En su búsqueda por obtener las ayudas auditivas, pasó por diferentes clínicas en Riohacha, Valledupar, Maicao, San Juan del Cesar y Barrancas, donde debió cubrir sus gastos personales y los de su acompañante. En ningún lugar obtuvo una respuesta favorable.
Luego de tantos obstáculos, Villasmil hizo pública su denuncia en el programa radial Enfoque, opinión y debate, dirigido por Jorge Gómez en la emisora Utay Estereo. A través de este espacio coincidió con el abogado Octavio Parodi Deluque, quien le prestó sus servicios sin costo. “Conocí la situación del señor, que por pertenecer al régimen subsidiado había recibido atención a través de la EPS. Desafortunadamente esta entidad desatendió los requerimientos que hizo el médico de adoptar unos audífonos para que pudiera superar su dificultad”, explica Parodi.
En medio de la espera, Villasmil alcanzó a perder la audición en un 80% y la visión en un 75%. A raíz de esas afectaciones, sus tres hijos de 9, 13 y 18 años son quienes lo ayudan en todos sus quehaceres, incluyendo la venta de frutas y verduras.
“Tu me ves normal, pero el ojo izquierdo lo tengo quemado y en el derecho tengo un 75% de visión. Hay gente que llega al puesto y me pide que le despache un aguacate, por ejemplo, pero si yo no le escucho en el momento el cliente se va”, cuenta Villasmil.
Ante realidades como la de Villasmil, los usuarios tienen tres alternativas, destaca Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia y director de Colombia Saludable: interponer un derecho de petición ante la entidad que presta el servicio de salud, un mecanismo de tutela ante un juez y un reclamo ante la Supersalud.
Para presentar una acción de tutela, por ejemplo, no se requieren los oficios de un abogado, explica Silva. “El paciente puede ir al juzgado más cercano y ahí le toman su declaración sin costo. Puede ir también a la Personería o la Defensoría del Pueblo o a una organización de pacientes que conozca cómo funciona el sistema para que le ayuden a presentar una tutela”.
"El paciente puede ir al juzgado más cercano y ahí le toman su declaración sin costo. Puede ir también a la Personería o la Defensoría del Pueblo o a una organización de pacientes que conozca cómo funciona el sistema para que le ayuden a presentar una tutela".
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia
En el caso de que el derecho fundamental a la salud se haya violado reiteradamente, señala Silva, hay una cuarta alternativa. Las personas pueden acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su página web, para presentar una queja. “Aunque es un proceso lento, la Comisión puede formular recomendaciones al Estado y es mandatario acoger esas recomendaciones”.
De acuerdo con Silva, todos estos recursos “le dan un poder indiscutible al paciente para hacer valer sus derechos”, aunque muchas veces haya desconocimiento de los mismos. “El sistema de salud cubre medicamentos POS y no POS (Plan Obligatorio de Salud), tratamientos, hospitalización, citas con médica general, ayudas diagnósticas, laboratorio clínico, todo lo que el paciente necesite para su salud. Si la EPS no cubre a través de su red, el usuario se puede trasladar a otra EPS que no tenga los mismos problemas para que mejore su servicio. Si vive en La Guajira y no hay un determinado especialista, la EPS debe enviarlo a una ciudad con convenio y cubrir los viáticos del paciente y de un acompañante”, explica.
Desde hace más de dos años, los habitantes de la vereda Puerto López deben atravesar un camino peligroso para llegar a Fonseca. La travesía incluye zanjas y barrancos de hasta tres metros de profundidad que han causado accidentes y que obligan a las personas, en muchos casos, a caminar entre cuatro y cinco horas. Los campesinos deben elegir constantemente entre poner en riesgo sus vidas o quedar aislados del municipio.
Por eso, en varias ocasiones, las familias han puesto el problema sobre la mesa de la Alcaldía de Fonseca y la Unidad para la Gestión del Riesgo, pero no han obtenido una solución. También han denunciado a través de las redes sociales y los medios de comunicación, pero la vía sigue siendo cada vez más intransitable.
“Este año tomamos la decisión de hacer un documento que llevamos a Riohacha y lo entregamos a la Procuraduría, a la Unidad de Riesgo, a los periodistas y a otras entidades, pero aún no hemos tenido respuesta. Estamos esperando a ver si se acuerdan de nosotros o no”, cuenta Fredesminda Moreno, campesina y miembro del Comité Cafetero de Puerto López.
Para llegar a Fonseca, los habitantes de la vereda deben transportarse en mula o a pie hasta llegar a la estación de transporte, también conocida como Guácimo, donde llegan camiones que los acercan hasta Fonseca. Unos pocos se atreven a trasladarse en moto, arriesgándose a caer por los abismos que han dejado las lluvias.
Fredesminda Moreno cuenta que muchas veces debe madrugar para llegar a tiempo a la estación para bajar los productos hasta el municipio. “Para poder salir nos toca levantarnos desde las 3 a.m., pero me da miedo porque han ocurrido accidentes. Un señor de la tercera edad se cayó y se rompió la cabeza con las piedras”, cuenta.
Para ir a Puerto López se debe tomar un transporte en la carrera 14 con calle 17 de Fonseca. De ahí salen camiones que deben pasar por el intrincado camino y aguantar el peso de las cargas durante una hora y 20 minutos de recorrido, hasta llegar a la estación.
La estación es un punto en la vía hacia Puerto López donde pueden llegar los carros. El resto del camino está lleno de huecos y zanjas que pueden provocar accidentes. En los últimos dos meses se han presentado siete accidentes, en su mayoría de conductores de motos.
“Yo hago carreras en la sierra, Las Colonias y Las Marimondas, pero la vía más mala ahora mismo es la de Puerto López”, considera Luis Alberto Márquez, mototaxista en la serranía.
En sus recorridos por la vereda, Márquez ha tenido varios accidentes, aunque sin heridos de gravedad. “En Puerto López tuve una experiencia porque esa vía está muy mala y la moto se me resbaló. A mí no me pasó nada pero el pasajero se maltrató un poquito”, cuenta.
Para las mujeres con niños pequeños el trayecto es más duro porque deben cargarlos o caminar despacio. Este es el caso de María Fernanda Navarro, ama de casa, quien debe madrugar y destinar casi todo un día de viaje. “Yo me levanto a las dos o tres de la madrugada para darles comida a los niños y no llevarlos con hambre porque hay que caminar bastante”, cuenta.
“El camino es pesado. Toca descansar tres o cuatro veces y me toca cargar al bebesito porque es difícil para él. Al día siguiente amanezco con dolencias en los brazos y en las piernas”, agrega.
A pesar de las denuncias, los habitantes de Puerto López no han visto la voluntad de las administraciones por arreglar la vía. Susana Jiménez, habitante de Puerto López, cuenta que solo han tenido visitas y falsas esperanzas, pero no una solución que les permita transitar con normalidad de la vereda hasta Fonseca.
“Hace dos años le pedimos al señor alcalde una ayuda para esta vía. Fue una comisión con más de ocho campesinos que fueron hasta la Alcaldía, pero nunca hubo respuesta. El año pasado les enviamos un video y el alcalde mandó un encargado a ver la situación de la vía, pero a pesar el señor vio la carretera y tampoco recibimos apoyo”, recuerda.
Debido a la falta de atención de las entidades municipales, algunas personas decidieron hacer las peticiones a nivel departamental, por lo que Jiménez se tomó la tarea de organizar un documento junto a 77 habitantes de la vereda para llevarlo a la Unidad de Gestión de Riesgos y a la Procuraduría en Riohacha.
Pese a la falta de respuesta, los campesinos de Puerto López no pierden la esperanza de contar una carretera en buenas condiciones que les permita desarrollar la vida con mayor facilidad. De acuerdo con Fredesminda Moreno, una carretera en buenas condiciones les cambiaría la vida. “Para nosotros, que la vía esté en buen estado es la solución a muchas cosas. Podríamos viajar seguros, sacar los productos a tiempo y sería más fácil llevar a los niños al control de la salud. Una buena vía nos cambiaría la vida”, dice.
La reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, que fue presentada el pasado 13 de febrero, trae cambios de fondo en el sistema de salud enfocados en la atención primaria, la organización territorial y el manejo de los dineros públicos. El propósito, en palabras de la ministra Carolina Corcho, es reivindicar el derecho universal de la salud. Es decir, que todos y todas tengan acceso al sistema, sin importar donde estén y sin necesidad de un carnet de afiliación.
La discusión pública sobre la reforma, que ha sido calificada de ambiciosa e idealista por parte de los sectores opositores e incluso de los cercanos al gobierno, gira en torno a la pregunta de si las propuestas planteadas podrán resolver los problemas del sistema. O, por el contrario, acentuarlos.
El documento está en manos del Congreso y será revisado y debatido en Cámara y Senado en las próximas semanas, teniendo en cuenta que se tramitará como una ley ordinaria y por la Comisión Séptima.
Consonante consultó a varios expertos en sistemas de salud que explicaron los principales cambios propuestos y sus posibles consecuencias; los vacíos que deja; y los retos a los que se puede enfrentar el gobierno al ponerla en marcha en las regiones.
Para garantizar la cobertura en todo el país y acortar las brechas, la reforma propone visitas médicas de manera permanente, rutinaria y constante a las familias en sus territorios, incluyendo las zonas dispersas y alejadas de los centros urbanos. Con esto busca prevenir y detectar enfermedades tempranas, eliminarlas si es posible o atenderlas en un estado primario.
“Lo que queremos es que un médico pueda ir a cualquier lugar del territorio nacional y atender a cualquier persona (...) que una médica pueda ir a atender en la casa de una familia campesina por muy alejada que esté”, dijo el presidente Petro durante el acto simbólico de radicación de la reforma.
Para lograrlo, el gobierno plantea desarrollar una política integral que incluya estímulos e incentivos salariales y no salariales para motivar a los trabajadores de la salud a trasladarse a esos lugares. Esto supone un enorme reto, teniendo en cuenta los siguientes vacíos:
¿Qué podría servir para solucionar este problema? Para Andrés Vecino, investigador en sistemas de la salud de la Universidad Johns Hopkins, una respuesta es enseñar medicina a personas arraigadas en esas zonas. “Así se crea capital humano en los territorios. Es cierto que esto es responsabilidad de otro sector, pero el Ministerio de Salud podría sacar becas para que las personas puedan estudiar medicina y regresar en cinco años a sus territorios”.
2. Posibles riesgos financieros y de transparencia en la Adres
Una de las propuestas clave de la reforma es que los dineros públicos en salud sean manejados por el Gobierno y no por privados. Según el texto presentado, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) se convertirá en una especie de pagadora única. Esta entidad deberá recibir los recursos, girar los dineros directamente a los prestadores de servicios de salud, hacer contratos y auditorías y garantizar la transparencia. Con esto se pondría fin a la intermediación que hacen actualmente las EPS, que aunque no serían eliminadas, dejarían de administrar el grueso del dinero y pasarían a ser prestadoras de salud a través de sus clínicas y hospitales.
En ese proceso podrían aflorar tres problemas:
En esto coincide Tatiana Andia, profesora de sociología de la Universidad de los Andes y experta en salud pública, para quien los fondos “añaden un nivel de complejidad que, a menos que sea para fines políticos, no tienen utilidad”. Para la especialista, entre menos manos toquen el dinero, menos posibilidades de que se lo roben.
3. Falta un plan para garantizar el acceso a servicios de mediana y alta complejidad
Para prevenir, diagnosticar, tratar y paliar enfermedades a tiempo, la reforma propone la creación de los Centros de Atención Primaria Integrales y Resolutivos en Salud (Capirs). Estos centros ofrecerían servicios básicos de urgencias, medicina general y partos, a los cuales podrían acceder los pacientes dependiendo del lugar de vivienda o trabajo. Es decir, cada quien buscaría atención en su Capirs más cercano, pues se prevé habilitar un centro por cada 25.000 personas.
Esto aliviaría el acceso y beneficiaría a las personas en sus territorios, en especial en las zonas rurales y dispersas, teniendo en cuenta que en Colombia, de casi 1.100 municipios, hay 600 sin centros de salud y 183 con una sola sede.
(Además: Vuelven a habilitar los servicios sellados en el hospital San José, ¿ahora qué sigue?)
El asunto aquí es si se puede garantizar el acceso a los servicios de mediana y alta complejidad en las regiones más apartadas, teniendo en cuenta las barreras geográficas, pues para llegar a algunas zonas se necesita de transporte aéreo o fluvial. De acuerdo con el texto, los Capirs podrán referir pacientes a instituciones más especializadas, pero no ofrece detalles sobre cómo funcionaría este proceso en territorios dispersos.
“Esa es una tarea que necesita inteligencia poblacional y que no se puede hacer desde un hospital primario porque no sabes dónde hay disponibilidad, al menos que tengas un sistema de ensueño en el que todos puedan ver todo al mismo tiempo. Ahí hay muchísima incertidumbre”, dice Tatiana Andia.
4. Más desorden en el sistema de salud por la transición
Finalmente, la reforma contempla un traslado masivo de los pacientes que hacen parte de las EPS en liquidación, quienes serían acogidos por la Nueva EPS o por las EPS con estados financieros óptimos. El presidente Gustavo Petro y la ministra Carolina Corcho han enfatizado en que durante la transición, ningún paciente se quedará sin cobertura o tratamiento, algo que es “fácil de decir, pero muy difícil de lograr”, dice Tatiana Andia, profesora de sociología de la Universidad de los Andes y experta en salud pública. Una de las razones:
Actualmente, la Nueva EPS tiene más de 10 millones de pacientes asegurados. En caso de recibir los afiliados de las EPS en liquidación, la Nueva EPS o las EPS avaladas por el Gobierno tendrían que acoger a 11 millones de personas.
