Por qué es importante
Las emisoras Fonseca Estereo, Radio Nacional y Utay Estereo, que transmite desde el resguardo wayuu de Mayabangloma, manejan los principales espacios noticiosos de este municipio guajiro. La información suele moverse a través de grupos de WhatsApp del periodista independiente Yonairo Gómez y el voz a voz. Algunos fonsequeros y fonsequeras han optado por otros canales informativos en busca de contexto para las noticias, la explicación de las autoridades locales y nacionales, y la visibilización de temas silenciados por el flujo informativo del día a día y los intereses políticos locales.
Qué pasó en 2021
En la agenda noticiosa de Fonseca estuvieron presentes los reclamos de los padres y madres de familia, docentes, rectores y estudiantes de los colegios por el mal estado de la planta física de las instituciones para garantizar el regreso a clases. Además, los 187 exguerrilleros y exguerrilleras que viven en el espacio de reincorporación de la vereda Pondores estuvieron a la espera de su reubicación para tener mejores viviendas. El aumento del precio de los agroinsumos y la dificultad para obtener ganancias con el cultivo de arroz agudizó la economía de los agricultores de este municipio del sur de La Guajira.
La influencia cultural de la migración venezolana en la gastronomía fonsequera y las voces de reclamo sobre la falta de inversión de la Alcaldía en el proyecto de vivienda Cristo Rey y el arreglo de las vías rurales fueron protagonistas en 2021.
1. Educación: “El techo le puede caer a mi hijo encima”
Desde que el Ministerio de Educación anunció el regreso a clases en todo el país, las fotografías del mal estado de los diez colegios de Fonseca comenzaron a circular por las redes sociales. Los padres y madres de familia, los docentes, los rectores y estudiantes denunciaron que no estaban garantizadas las condiciones mínimas para la presencialidad en medio de la pandemia. Al 2 de agosto, no había personal de aseo contratado, se habían robado las turbinas de agua y los lavamanos, y las aulas no tenían suficiente espacio para el distanciamiento fueron algunas de las quejas que enlistaron.
“Prefiero la virtualidad. Trato de hacerle un refuerzo a mi hija, y prefiero eso a que ella pueda adquirir una enfermedad que nos ponga en riesgo a todos. Hay padres que sí están con sus niños desde casa, pero hay otros que no. Yo creo que son esas personas las que quieren regresar así les cueste la vida”, afirmó Magdalena García, una de las madres de familia.
En septiembre de 2021, la mayoría de los colegios habían regresado a la presencialidad por algunas mejoras y acuerdos con las administraciones locales y departamentales. Sin embargo, la escuela primaria Clotilde Poveda, adscrita al Colegio Roig y Villalba y una de las sedes educativas más antiguas de Fonseca, continuaba en crisis. “La escuela da tristeza porque todo está en mal estado. No envío a mi hijo porque hasta los techos se le pueden caer encima, pues están podridos y llenos de nidos de comején”, dijo Leidy Rubio, madre representante ante el Consejo Directivo del Roig y Villalba, en esta nota. “[El 3 de agosto] se lo dijimos a una comitiva que vino de la Alcaldía. Los padres de familia están de acuerdo en no enviar a sus hijos porque si pasa algo, quién nos responde”, puntualizó.
Después de que las directivas enviaron una carta a las autoridades educativas, la Alcaldía anunció la construcción de la sala de maestros, que durante años había sido inexistente en la sede Clotilde Poveda.
2. Una reincorporación a medias
En 2021, la firma del Acuerdo de Paz cumplió cinco años. Los líderes y lideresas del AETCR Amaury Rodríguez, ubicado en la vereda Pondores, hicieron un balance sobre las garantías para la reincorporación política, económica y social. Aunque había avances en cuanto al desarrollo de iniciativas como Confecciones Fariana, el vivero Dama Verde, la Granja San Luis y el Centro Ecoturístico Farianos Del Perijá, hacía falta: el acceso a tierras para desarrollar más proyectos productivos y construir viviendas propias, y las garantías de seguridad.
Marinelly Hernández, quien tiene a cargo la reincorporación con enfoque de género en el espacio, aseguró que ve un “ETCR cada día más deteriorado y unas estructuras habitacionales indignas para la población que habita. El AETCR ya está pasado de moda. Esto era por seis meses y llevamos cinco años. No tiene sentido que sigamos acá. Es una situación indigna”. Es por esto que esperaba que se diera pronto la construcción de la nueva ciudadela de paz en Portobello, para cumplir su plan de “tener una casa digna, un pedazo de tierra para construir arraigo y constituir un núcleo familiar''.
Uno de los principales logros que los exguerrilleros y exguerrilleras reseñaron fue la compra de la finca Portobello, por parte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), para que pudieran construir sus viviendas propias. En este predio, de 8,7 hectáreas que costó casi 4.000 millones de pesos del Fondo Colombia en Paz en la vigencia 2019-2020, los firmantes de la paz esperan construir 200 casas. Al terminar el año 2021 no estaba clara la fecha del futuro traslado porque faltaban los resultados del estudio de prefactibilidad que determinarán cómo se edificará la nueva ciudadela.
3. Infraestructura: promesas incumplidas
Fonseca es uno de los 170 municipios cobijados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con los que el Estado se comprometió a generar transformaciones profundas para crear mejores condiciones en el campo colombiano. Aunque las obras de infraestructura vial entre veredas se priorizaron, los habitantes de la vereda Puerto López, en inmediaciones de la Serranía del Perijá, continuaban aislados por el mal estado de la vía que conduce al municipio a mediados de 2021. Esto era un obstáculo además para la comercialización de sus productos agrícolas: yuca, tomate, fríjol, café y guineo.
A inicios de septiembre, las 100 familias que viven en Puerto López decidieron arreglar 14 kilómetros de malla vial a pesar de la falta de inversión estatal. Para esto organizaron una colecta: cada familia debía aportar dos galones de ACPM y donar parte de sus productos para la alimentación del operario de una retroexcavadora que consiguieron prestada. Aunque alcanzaron a iniciar las obras, la Alcaldía municipal les anunció que apoyaría su iniciativa con el suministro de la gasolina, la contratación de más maquinaria para los siete kilómetros de vía que faltaban y reintegrar el dinero que ya habían invertido.
En la zona urbana de Fonseca, más de 250 víctimas del conflicto armado llevan esperando diez años para que les entreguen las viviendas de interés social que les prometió la Alcaldía. Cuatro alcaldes habían pasado por el municipio y sólo avanzaron en la construcción de 74 casas. No dejaron un documento público que dé cuenta de cuánto dinero se giró a la Unión Temporal Urbanización Cristo Rey y en qué se invirtió. Incluso, el 29 de diciembre de 2020, Fonvivienda declaró la medida administrativa de incumplimiento sobre el proyecto y le ordenó al municipio devolverle 699.106.625 millones de pesos que ya habían sido girados por la entidad para la urbanización.
Mientras reciben una solución de fondo, las víctimas han tenido que padecer situaciones precarias por no tener un techo donde vivir. “Desde que comenzó el proyecto dijeron que lo iban hacer y eso a la hora de la verdad nada, no se ha cumplido nada. Uno está pidiendo su casita porque no tiene para donde más coger, el arriendo me viene por 200.000 pesos. Yo estoy viviendo en una casita que no tiene ni techo, nada más lo que tiene techito son los dos cuarticos donde vivo”, narró Dineris Cañezares Mora, una de las beneficiarias que no ha recibido la casa. Algunas familias migrantes, que han invadido los predios donde debía estar la urbanización Cristo Rey, también esperan apoyo de la administración municipal y departamental.
4. Migración: enriquecer la cultura
Fonseca es el tercer municipio que más migrantes de Venezuela recibe. Según un informe de Migración Colombia a corte de agosto de 2021, 8.086 venezolanos y venezolanas estaban registrados allí. Esto ha llevado a que haya una integración entre ambas culturas, que se ha visto reflejada en la aparición de cuatro restaurantes donde se vende comida tradicional del vecino país: tequeños o palitos de queso, los pepitos y el tequeyoyo son algunos de los fritos que se pueden conseguir.
“Vendemos hamburguesas, patacones, pepitos, arepas rellenas… Todo es comida rápida. Trabajo para más que todo para el venezolano porque es el sabor nuestro. Pero el colombiano que viene aquí y prueba la comida nuestra, dice: 'ya no como más salchipapa'. Está saturado y esto es algo nuevo”, dijo José Luis González, un maracucho que inauguró hace dos años el restaurante Pa que Lulú. El recibimiento de los migrantes también se ha dado en el AETCR Amaury Rodríguez, donde viven doce familias de migrantes venezolanos -75 personas en total-. Algunos de ellos y ellas, como Betsabé Molero, se han vinculado a los proyectos productivos de la reincorporación.
5. Crisis arrocera
Los agricultores de arroz pasaron angustias este año porque el kilo se estaba comercializando a 800 mil pesos en promedio, el precio más bajo de los últimos dos años, y los agroinsumos que aumentaron casi en un 25 por ciento su valor. Ambos factores les generaron millonarias pérdidas con el cultivo, que da subsistencia a cerca de 5.000 personas a nivel local. El Ministerio de Agricultura anunció que la crisis se debía a la sobreproducción del cereal a nivel nacional, lo que aumentó la oferta.
“Si dejamos de sembrar el arroz, acá va a haber un conflicto serio porque la fuente [de dinero] es ese cultivo. ¿Qué otra cosa nos ponemos a hacer? El precio del maíz está por el suelo. Si sembramos melón o patilla, no tenemos quién nos comercialice. Nos toca vender los productos en la avenida y muchos se dañan”, aseguró Eider Jesús García, quien se ha dedicado al arroz desde hace 36 años.
Ante la crisis arrocera, algunos agricultores optaron por pasarse al cultivo del algodón. Sin embargo, todos insistieron que necesitaban mayor control por parte del gobierno nacional a los agroinsumos para evitar que las importaciones de estos productos afecten el bolsillo de los agricultores; más subsidios y apoyos para acceder a fertilizantes e insecticidas; generar un mecanismo de cobertura sobre el cultivo del arroz, que permita establecer un precio base antes de distribuir el producto, y apoyo en la alternancia del cultivo del arroz con otros alimentos. Además, solicitaron que se garantizaran las rutas de comercialización y capacitación.
