Cinco años del Acuerdo de Paz: las deudas de la reincorporación en La Guajira

Cuatro años después, ¿qué ha pasado en Pondores?

En febrero de 2017, 225 personas llegaron a la vereda de Pondores del municipio de Fonseca, La Guajira, para hacer su proceso de reincorporación en la entonces Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZTVN). Después de cuatro años, en el Antiguo Espacio de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Amaury Rodríguez viven 187 exguerrilleros, que pertenecieron al Bloque Martín Caballero de las extintas FARC; doce familias de migrantes venezolanos -75 personas en total- que encontraron un espacio de acogida, y alrededor de 100 familiares de excombatientes.

El AETCR se encuentra en proceso de traslado a la finca Portobello, un espacio de 8,7 hectáreas que costó casi 4.000 millones de pesos del Fondo Colombia en Paz en la vigencia 2019-2020 y que ya fue escriturado a nombre de los firmantes de la paz. Sin embargo, aún tiene serios vacíos que han dificultado la puesta en marcha como: los estudios de prefactibilidad del nuevo terreno, el proyecto de vivienda que propone adelantar la comunidad, la titulación individual de la tierra, y los estudios de mercado que definan la empresa constructora de las viviendas.

Los exguerilleros y exguerrilleras han puesto en marcha distintos proyectos productivos a través de la Cooperativa Multiactiva Para La Paz De Colombia (Coompazcol), que se sostienen financieramente con recursos de agencias de cooperación internacional. Este es el caso de iniciativas como Confecciones Fariana, el vivero Dama Verde, la Granja San Luis, la Autoconstrucción de vivienda asistida y el Centro Ecoturístico Farianos Del Perijá. Coompazcol se ha convertido además en fuente de empleo para los y las migrantes venezolanas que viven en el AETCR. 

Estas son cuatro historias que hablan de desconfianza, también de reunificación familiar y de cómo, con el paso del tiempo, la vida toma forma en estos espacios.

Reincorporación con las mujeres

Marinelly Hernández tiene a cargo la reincorporación con enfoque de género. Lidera el Comité de Género del AETCR, que reúne a 29 mujeres firmantes de la paz, indígenas y migrantes que viven en el espacio, y diez hombres. Para Hernández, a través de su labor ha logrado impulsar los liderazgos de las mujeres en distintos procesos e iniciativas. “En trabajos tales como cooperativas y juntas comunales hemos tenido participación y ha sido interesante porque muchas mujeres se han sumado a ese proceso, sin decir que nosotras como mujeres firmantes no hubiéramos desempeñado estos trabajos. Nosotras lo hemos hecho desde siempre dentro de la organización”.

Hernández, tiene 48 años y logró sacar junto al comité la iniciativa Dama Verde, en el que las mujeres y hombres trabajan en la siembra de plantas aromáticas y proyectan desarrollar un vivero de árboles nativos. Aunque han logrado sacar adelante varias iniciativas, es enfática en que se han quedado cortas en la sostenibilidad para garantizar la reincorporación económica. Asimismo, dice que además “la seguridad es un fracaso porque hay más de 200 firmantes de paz asesinados. En la implementación jurídica han venido procesando camaradas a pesar de que están en la reincorporación”.

Desde 2017 hasta 2018, Marinelly Hernández estuvo al frente de la reincorporación en el AETCR. Ha visto la implementación desde el día cero, por eso es enfática en asegurar que ve ahora un “ETCR cada día más deteriorado y unas estructuras habitacionales indignas para la población que habita. El AETCR ya está pasado de moda. Esto era por seis meses y llevamos cinco años. No tiene sentido que sigamos acá. Es una situación indigna”. Es por esto que espera pronto la construcción de la nueva ciudadela de paz en Portobello, para cumplir su plan de  “tener una casa digna, un pedazo de tierra para construir arraigo y constituir un núcleo familiar''. Asimismo, afirma que seguirá luchando por trabajos remunerados para las mujeres y hombres del AETCR.

El médico de los nuevos hogares

A Heiner Arrieta lo conocen como el médico por los más de 15 años que estuvo al frente de misiones médicas del Bloque Caribe. Hoy es el hombre a cargo de la reincorporación y de la coordinación de la salud en el espacio territorial, donde hay construidos dos consultorios de odontología y enfermería. Arrieta hace parte del 70 por ciento de los integrantes de la extinta guerrilla de las Farc que no tienen una casa donde vivir después de la firma del Acuerdo de paz, según el censo de la Universidad Nacional de 2017. Por esto, se ha mantenido en Pondores para liderar además “iniciativas productivas que sirvan como base a los proyectos de vida de todos y todas”.

En un balance del estado del AETCR, Arrieta explica que “la fluctuación que ha tenido la población en el espacio territorial no es tan notable como en otras áreas a nivel nacional”. En su lugar, “nuestra población ha tenido un incremento demográfico como efecto de nuevos nacimientos, reunificación familiar y conformación de nuevos hogares de excombatientes con población aledaña y viceversa”, afirma. De 2017 a octubre de 2021, solo 93 personas han dejado el AETCR a diferencia de otras zonas como Filipinas (Arauca) y Colinas (Guaviare) de donde se han ido poco más de la mitad de firmantes.

Arrieta, quien tiene entre sus planes graduarse de Trabajo Social, ha liderado parte del proceso de traslado del AETCR a la finca Portobello. Su labor le ha permitido hacer seguimiento a la implementación. “El estado actual del AETCR refleja muchos de los incumplimientos del acuerdo puesto que este estaba diseñado sólo para 6 meses por qué se encuentra construido en material de poca resistencia”, detalla. Pero para él, a pesar de esto mantiene la idea que “dentro de unos años el espacio territorial sea referente de reconciliación y de memoria de paz para el territorio en donde se albergó un grupo de hombres y mujeres con el ánimo de construir paz”.

Cine, podcast y periodismo

De los nuevos liderazgos en el AETCR, resalta Yeslie Hernández quien está a cargo de las comunicaciones. Hernández es artista audiovisual de la Universidad del Atlántico y una de las fundadoras de la colectiva Guasimas, Artes y Comunicación. Guasimas, nombre que recibe su nombre por ser el femenino del fruto Guasimo, ha producido principalmente podcast con los que esperan llegar a distintas zonas de difícil conectividad en la Serranía del Perijá.

El acuerdo de paz comprendía la comunicación como un medio para hacer pedagogía sobre los avances en la implementación, una de las iniciativas insignes fueron las emisoras de la paz. En La Guajira funciona una de estas que se puede escuchar al aire por Radio Nacional. Sobre la implementación de la democratización de las comunicaciones, Hernández asegura que aún falta un largo camino por transitar en cuanto aún se ven sesgos de información y desinformación en los medios que cubren la implementación.

Sin embargo, asegura que “se ha logrado ganar espacios que antes no se tenían y han sido necesarios. Estamos haciendo la visibilización y se está plantando la democratización pero otra cosa es que se haya ejercido e implementado de una forma correcta”. Para Yeslie Hernández, quien protagonizó una película sobre los exguerrilleros de Pondores, “hay que entender que históricamente la organización (FARC) manejó sus propios medios y el personal en proceso de reincorporación tiene una cierta experiencia en los medios de comunicación. Tanto así que cada AETCR tiene o ha tenido un comité de comunicación. esto ayuda a descentralizar porque no dependemos de los grandes medios”.

Aunque Yeslie Hernández no es guerrillera, decidió quedarse en el AETCR Amaury Rodríguez para apoyar la reincorporación. Por esto, para ella es clave resaltar que una de las falencias en el punto de comunicaciones es que en “los territorios para quienes no somos parte del poderío mediático es más complicado porque la comunicación en los territorios no es rentable para muchos cuando la prioridad es sacar adelante la reincorporación económica”.

Migrar y encontrar un lugar

Antes de llegar a Pondores, Betsabé Molero vivía en la serranía de Las Marimondas donde recogía café. Llegó allí por la crisis en Venezuela a mediados del 2017. Si bien allí se familiarizó con los exguerrilleros y exguerrilleras, “tenía miedo y desconfianza porque en la ciudad se maneja un concepto muy distinto de lo que son estas personas. Ahí comienzo a conocer a los excombatientes”. Finalmente y a punto de parir a su bebé, decide instalarse en el AETCR Amaury, donde asegura tenía “más facilidad de acceso a la salud. Si es difícil para un colombiano tener acceso a la salud, ahora más para los venezolanos”.

El AETCR se ha convertido en espacio para los y las migrantes venezolanos, que llegan en la mayoría de los casos provenientes del estado Zulia. En particular, Molero resalta que uno de los motivos para quedarse fueron las cosas que tenían en común con los exguerrilleros. “Debido a la estigmatización que nos hace el Estado y la sociedad, es cuando yo decido qué quiero estar en esta comunidad y que se hagan cumplir los derechos de nosotros los migrantes”. Actualmente, Betsabé Molero hace parte del Comité de Género, ha hecho cursos de liderazgo y apoya labores de la cooperativa.

Aunque Molero no descarta en unos próximos años regresar a su país cuando la situación económica mejore, está decidida a sacar adelante la cooperativa Coompazcol. Asegura que como migrantes esperan vincularse a los proyectos que han venido acompañando para acceder a un trabajo digno. “En Coompazcol nos contratan para cultivos, para trabajar en la granja y para trabajar en múltiples actividades. Por ejemplo, yo trabajo en comunicaciones y otras veces estoy como recepcionista”. Un panorama que contrasta con lugares como “Fonseca porque de pronto no quieren pagarte el día lo que es y piden muchos requisitos que hacen casi imposible acceder a un trabajo digno”, cuestiona.

En contexto

A finales del 2020 el Gobierno del presidente Iván Duque y el Consejo Nacional de Reincorporación establecieron los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), con el propósito de convertir las zonas destinadas para la reincorporación de los excombatientes en un espacio permanente y ya no transitorio. De los 24 AETCR que existen en el país, solo se han comprado los predios de nueve de estos para consolidarlos como centros poblados. Los demás continúan en arriendo.

Los AETCR son escenarios clave para medir la implementación del acuerdo en los puntos de reforma rural integral, participación política y seguridad, principalmente. “Con todos los bemoles que se puede tener sobre el proceso de reincorporación, sí es donde se ha concentrado la mayor cantidad de avances tangibles en términos de implementación del acuerdo. Sin embargo, no se puede entender de forma aislada a la integralidad del acuerdo”, dice Harold Martínez, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Esa integralidad que menciona el investigador se traduce en las dificultades del acceso a tierras para desarrollar proyectos productivos, construir viviendas propias y la falta de garantías de seguridad que ha llevado a cientos de exguerrilleros a buscar otros territorios donde hacer su reincorporación. Sin embargo, algunos de los AETCR siguen acogiendo a los firmantes de la paz, sus familias y población migrante, como es el caso de Pondores.

Miguel Suárez, investigador senior del área de construcción de paz de la FIP, explica que “la reincorporación se comunica también con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y con otros puntos. El acuerdo era un rompecabezas que no podía verse de manera aislada. Por ejemplo, si el PDET funcionaba, había mejores condiciones productivas, los negocios de todas estas personas (exguerrilleros) seguro iban a tener mejores oportunidades. Esto iguala a todo el mundo por lo bajo”. 

Lo que sigue

Faltan 10 años para terminar la implementación del acuerdo de paz. Los investigadores de la FIP son enfáticos en cuatro puntos que hace falta atender para garantizar la reincorporación: la sostenibilidad en los ingresos económicos para los firmantes de la paz, el acompañamiento a los procesos en la Comisión de la Verdad, al Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, la agenda legislativa y garantizar recursos desde el Gobierno central.

Miguel Suárez, investigador del área de construcción de paz de la FIP, añade que se deben hacer análisis continuos sobre el acuerdo de paz. “Es un país distinto indiscutiblemente: ¿qué sigue siendo viable hoy? y ¿qué se tendría que adaptar a las nuevas realidades? sin renunciar ni modificar los principios fundamentales sobre los que está construido el acuerdo. Sobre todo, en un acuerdo que está proyectado para 15 años. El acuerdo debería ser adaptable a las realidades territoriales y no una estructura rígida”, resalta.