La caza, el rezago del conflicto armado, la percepción de seguridad ciudadana y la posición geográfica cercana a Venezuela, que hace una millonaria inversión en armamento y lo distribuye por la frontera, son razones por las que se volvió cotidiana la tenencia y porte de armas en San Juan del Cesar.
En Colombia, donde está prohibido, más de 330 mil personas naturales cuentan con permiso para tener armas y un número incalculable las tiene y usa sin permiso. Tan solo en La Guajira, en 2022, la policía incautó más de medio millón.
En este municipio, al sur del departamento, para algunos es oficio y para otros es tradición. Según datos extraoficiales, las armas que más se mueven son las de tipo traumáticas. Se consiguen en varias presentaciones y precios que podrían variar desde los doscientos mil hasta quinientos mil pesos, y el tiro (o bala) se consigue por tres mil quinientos pesos. Para las fuentes consultadas, son asequibles. Eso creen que tiene que ver con las personas que las usan, que aseguran son principalmente jóvenes sin empleos formales.
Caza
“La primera arma que ví fue cuando tenía la edad de 7 años”, cuenta Juan*. “Mi papá y un tío, con los que vivía, tenían escopetas en la casa y me enseñaron a cazar”. Su primera experiencia en el monte fue a sus 12 años, cuando las piernas le temblaban al sostener la escopeta. “Fue con la de un vecino, que me la prestó. Salimos a cazar y en una de esas vi un conejito, y le disparé. El animal quedó enredado en unos bruscos, me prestaron un machete para limpiarlo, pero yo seguía temblando después de haber disparado", expresa.
Conejos, palomas, iguanas y hasta cauqueros, parecidos al venado, son traídos del monte después de ir de caza. La piel del mamífero la secan para colgar en las paredes y también los cachos. En el caso de la iguana, los huevos se comercializan y la carne se come con yuca.
Hoy, dieciséis años después, Juan tiene esos recuerdos de su infancia y en su poder dos escopetas. Una de 12 milímetros y otra de 16 milímetros. Ninguna con papeles. Asegura que las compró en San Juan del Cesar a un conocido, pero se abstiene de dar el nombre y mucho más de dar información del lugar donde las venden.
“Aquí se pueden conseguir armas pero es confidencial, para evitar problemas, porque es ilegal”, advierte. Para evitar rendir cuentas a las autoridades, Juan decidió guardar las armas fuera de su casa. Ambas las deja en fincas cercanas a los lugares donde va de cacería o donde un amigo. No transita con ellas en las calles por temor a una denuncia o a encontrarse con la policía.
La caza es una actividad muy apetecida por los pobladores de este municipio y la desempeñan para poder llevar comida a sus casas o solo por hobbie. Juan asegura que tener un arma es importante y atractivo por el oficio que desempeña, pero considera que no es indispensable y mucho menos cuando se usa para otros fines como la delincuencia.
“En mi caso es atractivo porque es algo que viene de generación: mi papá y familiares son cazadores de oficio y ahí fue que me nació el gusto de portar armas para cazar. Pero hay muchas personas que las utilizan con el fin de atracar, hacer daño y eso afecta a la población", concluye.
Como Juan, Elías* también se crió en un entorno familiar donde había armas. Hoy, con 44 años, asegura que en su familia se conserva una escopeta de caza de 16 milímetros, pero también un revólver calibre 38 ―el arma con la que más se mata en Colombia― que consiguió hace unos años. “El arma larga (escopeta) es la que sirve para el sustento de la familia ―de ese modo crecí―, y el arma corta (revólver) la guardo como una manera de protegerme de la violencia que atropella estos lugares”, asegura.
El rezago del conflicto
San Juan del Cesar es uno de los municipios que más víctimas puso en el conflicto de toda La Guajira. Datos de la Unidad de Víctimas confirman que la cifra abarca más de 22 mil personas que recibieron violencia de muchos tipos.
La presencia de grupos armados como las Agc, la guerrilla de las Farc y el Eln dejaron una huella imborrable. Desplazamientos, asesinatos y delincuencia común son unas de las tantas consecuencias del conflicto que hoy producen temor a que la historia se repita.
Pero no es sólo una percepción. De acuerdo con Hugo Acero, sociólogo, experto en seguridad ciudadana, secretario y asesor de seguridad en varias ciudades del país, el conflicto armado es un factor determinante para el porte de armas en cascos urbanos y rurales.
Se ha comprobado que algunas de las armas que portan los habitantes son las que han quedado de actores desmovilizados que, tras la desmovilización, son vendidas. “Con todos los conflictos armados, una vez se logra el proceso de desarme, pasa que algunos ex miembros encuentran en sus manos un capital, una inversión o un objeto de gran valor al que no están dispuestos a renunciar”, dice el experto refiriéndose a las armas. “Además, no todos los grupos entregan la totalidad de su armamento, algunos terminan entregando cosas viejas o medianamente usadas, y lo nuevo, terminan guardándolo y vendiéndolo en el mercado negro, eso sucede en todos los conflictos”, asegura Acero.
Las armas que tienen los ciudadanos provienen de la guerra, y no solo en Colombia. “La desmovilización de casi todos los conflictos internos del sur de América deja armas en todos sus países en manos de particulares”.
Percepción de seguridad
San Juan del Cesar es conocido en la zona como “el deshuesadero” de carros. Ponen tachuelas en las vías que pinchan las llantas de los vehículos y, después de asaltar a las personas al punto de dejarlas malheridas, se llevan todo. Frecuentemente se ve el robo de teléfonos, motos y este año, como en el pasado, se encuentran jóvenes muertos sin identificar a los responsables.
Los habitantes de este municipio consideran que vivir en él ya no es seguro. Por eso, para ellos tener un arma es sinónimo de protección, más que un simple gusto o lujo.
En los últimos años, la población ha crecido y la despensa de recursos es menor. La escasez está directamente relacionada con la consolidación de los grupos que se dedican a la delincuencia común, por la pobreza.
La gente manifiesta que ni siquiera en sus propias casas tiene tranquilidad de poder pasar la noche. Es el caso de Raúl*, quien hace poco fue atracado en horas de la madrugada, mientras dormía con su esposa. Ambos viven en un barrio periférico de este municipio con sus tres hijos.
"Fui víctima de un atraco nocturno, se metieron en mi casa y nos sometieron a mi esposa y a mí por unas horas”, anticipa. “A raíz de ese evento de forma forzosa, para seguridad mía y de mi familia, tomé la decisión de comprar un arma a pesar de que no estoy a favor del porte”, recuerda Raúl, todavía con algo de miedo por esa noche.
Después del episodio, se dirigió hasta el batallón militar La Popa ubicado en la ciudad de Valledupar, a 45 minutos de San Juan del Cesar, para poder comprar el arma que, en ese entonces, le costó alrededor de 9 millones de pesos e incluía los papeles de porte necesarios.
"Aquí en La Guajira siempre se ha mantenido que el hombre es el macho de la casa y ante el otro siempre está la rivalidad, el machismo y el poder que impone el ego para la resolución de conflictos. El ego, relacionado con la rabia y el uso de las armas, puede terminar en una desgracia", reconoce Raúl.
Aunque el ciudadano sabe que violencia produce violencia, reclama que no hay control de estos episodios delictivos por parte de las autoridades y que la justicia, en estos casos, opera en contra de quienes emplean armas en su defensa y a favor de los delincuentes que agreden e intimidan.
Con eso coincide Emiliano*, "el que realmente necesita un arma, no la puede portar porque la policía no hace convenio con uno, sino que vienen y se lo llevan preso. Mientras que el bandido sí porta el arma con libertad”.
Emiliano tiene 25 años y es dueño de un establecimiento comercial nocturno en la avenida Manuel Antonio Dávila en San Juan del Cesar. Los establecimientos comerciales han sido las principales víctimas del hurto que ha crecido en los últimos años, según dice Emiliano. Aunque reconoce que portar un arma en su negocio podría hacer que la policía se lo cierre, desde hace más de tres años tiene un arma de fuego que guarda en un lugar al que solo él tiene acceso.
"Tengo mi arma para protegerme y proteger lo mío”, anticipa Emiliano, “pero es un riesgo grandísimo porque uno no tiene los papeles pertinentes y lo pueden meter preso". La consiguió en un municipio cercano al ver constantes robos en el sector. "El hurto, las extorsiones, la inseguridad que está manejando el pueblo, le hace a uno conveniente portar su arma" relata.
Como él, hay otros comerciantes de establecimientos, incluso diurnos, que portan armas legales o ilegales. También comerciantes informales, como Luis*, de 25 años de edad, quien lleva un arma sin papeles porque asegura que la necesita para su trabajo, como ‘pago diario’, en el que opera como un cobrador de dinero prestado.
Corredor de armas
Entre las estribaciones de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, está San Juan del Cesar. Esa es zona fronteriza con el país de Venezuela. Por muchos años, además de migración humana, este ha sido un corredor de gasolina, droga y armas de fuego que se distribuyen de lado a lado.
"Está probado que algunos miembros de las fuerzas armadas venezolanas han comercializado material bélico con grupos armados colombianos", agrega Acero. Según el experto, la frontera se mueve con armas nuevas, usadas y con las que algunos países dan de baja al mercado. “Son utilizadas después por los contrabandistas y mafiosos para regar ese material en distintos lugares”, añade el experto.
Con la llegada de migrantes, también se evidencian roces entre una cultura y otra. Eso, además, altera la percepción de seguridad que tienen los sanjuaneros. “No digo que sea un problema [la migración], sé que ha sido un factor que altera la seguridad del municipio por hurtos y enfrentamientos entre las personas”, dice José*, quien fue víctima de un robo.
En 2018, el Gobierno de Colombia reportó la incursión de un camión de artillería venezolano con misiles y armamento antiaéreo que, a pesar de que se dirigía para el estado de Táchira, pisó suelo ajeno. Desde hace décadas caen redes de tráfico de armas y explosivos provenientes de Maicao. Según una denuncia de Ariel Ávila, al país entran armas de Venezuela por la zona de Guasdualito, en Arauca; por el Catatumbo y ahora también por Uribia, en La Guajira. Por información pública, Venezuela actualmente obtiene este arsenal al comprarlo principalmente de Irán y Rusia.
“Los mercados ilegales son dinámicos, como los carros que se venden nuevos y de segunda. Quizás sea más rentable el comercio ilegal de armas porque las guerras, la delincuencia, los enfrentamientos y el narcotráfico las demandan. Para este tipo de organizaciones, el mercado legal no es rentable, entonces implica ir a otros países a hacer los procesos requeridos", agrega Acero. “Todo eso se ha normalizado socialmente, pero no es normal y tampoco legal”.
* Los nombres de algunas fuentes fueron cambiados para proteger su integridad.
