Las Agc intimidan a los pobladores de Zambrano mientras la Fuerza Pública guarda silencio

En la noche del 26 de abril los pobladores de Zambrano, un corregimiento a solo diez minutos del casco urbano de San Juan del Cesar, escucharon el sonido de una motocicleta, dos disparos y el ladrido ahogado de un perro. Cuando se acercaron a la casa de donde salían los ruidos, la de Jaime Pájaro Cuello, lo encontraron muerto en su chinchorro. 

Pájaro se dedicaba a ordeñar vacas, pero también era consumidor de drogas y por eso fue amenazado mediante uno de los más de seis panfletos que han circulado en San Juan del Cesar en el último año, la mayoría firmados por las Agc (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo). Según habitantes de Zambrano consultados por Consonante, tras el panfleto, hombres armados se acercaron a él para repetir la advertencia que luego se convirtió en realidad: si no dejaba el consumo o se iba del municipio, sería asesinado. Dos personas más que también fueron amenazadas se fueron del corregimiento. 

Otras personas también han recibido mensajes amenazantes por parte de hombres que se han presentado en moto o a caballo. Les han dicho que las Agc están en el territorio para “cuidarlos”, y que se harán sentir si no se acatan sus órdenes. Incluso, un habitante de este corregimiento le dijo a Consonante que a unos seis kilómetros del pueblo se instalan algunos de ellos por varios días. 

Sin embargo, nadie se atreve a denunciar ante las autoridades lo que está sucediendo. A la gente le da miedo que la información se filtre y las Agc los asesinen.  A esto se suma que desde que empezaron a circular los panfletos, hace más de un año, ni la Policía ni el Ejército han reconocido su autenticidad ni muchos menos que integrantes de este grupo armado están haciendo presencia en esta zona del departamento de La Guajira. 

“Desde inteligencia venimos haciendo un análisis, teniendo en cuenta que estos panfletos no corresponden a las características que normalmente tienen los que producen estos grupos, y no han sido validados como originales”, afirma coronel Javier Rincón, comandante de policía de La Guajira. Según Rincón la policía no ha identificado tal presencia de ningún grupo armado en San Juan del Cesar. Aun así, agrega que “tampoco se descarta que los que hagan presencia en el departamento del Cesar se hayan movilizado a esta zona de La Guajira, cometan algún acto ilícito y retornen nuevamente hacia el Cesar, donde se tiene conocimiento de una presencia fuerte de diferentes grupos armados”. El comandante confirma que hasta el momento no han recibido denuncias. 

A la posibilidad de movilidad del grupo armado se suma que este 8 de mayo la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia para el municipio de Agustín Codazzi, Cesar. En ella se alerta que las Agc se han presentado “uniformados y con fusiles, para reclutar jóvenes y también a perseguir a otros en las mal llamadas ‘limpiezas sociales’”. Aunque Codazzi está a una hora y media de San Juan, los comunica una vía importante que facilita el tránsito. 

Por parte de la comandancia del Ejército en la región se abstienen de dar declaraciones. Sin embargo, Consonante conoció que para los próximos días está programada una reunión con la Defensoría del Pueblo y otras autoridades para determinar si se emite una alerta temprana o no.

¿Qué explica la presencia de las Agc?

Organizaciones de defensa de derechos humanos e investigación, como Insight Crime y la Plataforma de defensores de derechos humanos, activistas y líderes de la Sierra Nevada han documentado la presencia de las Agc en el sur de La Guajira, incluyendo San Juan del Cesar. Además, han alertado sobre su expansión.

Para Luis Fernando Trejos, profesor investigador de la Universidad del Norte que estudia las dinámicas del conflicto en la región Caribe, las acciones en San Juan del Cesar pueden hacer parte de esa expansión. “En este momento hay un proceso de expansión territorial de las Agc por todo el Caribe, y dentro de esa expansión una forma de penetración de territorios puede ser a través de las mal llamadas limpiezas sociales. Eso les otorga una cierta legitimidad dentro de las comunidades porque aparecen como garantes de seguridad”, afirma el investigador.

La expansión sin mayores actos de violencias, como masacres o combates, se explica en la medida en que este grupo armado no está disputando el territorio. “En este momento no es necesaria una presencia en clave de estructuras militares. Primero, porque no hay otra organización a la cual ellos tengan que quitarle el territorio y, segundo, tampoco pareciera que hay otra que los vaya a amenazar a ellos, entonces utilizan la violencia muy dosificada y selectiva contra individuos que para las comunidades aparecen como ‘indeseados’”, dice Trejos. Por ejemplo, a través de panfletos contra personas a las que acusan de ladronas o expendedoras de drogas, y de asesinatos selectivos a las mismas. Por medio de esta estrategia transmiten la sensación de que son quienes aseguran también el bienestar o las buenas costumbres.

Este control les es útil para continuar con el negocio que, según los investigadores, han establecido en la región: el tráfico de droga desde la región del Catatumbo y desde el sur de Bolívar hasta distintos puntos de la frontera con Venezuela en La Guajira o en la salida al mar en el mismo departamento. 

¿Por qué no hay denuncias? 

A pesar de las amenazas, el desplazamiento de dos personas en Zambrano y el asesinato de Javier Pájaro, en San Juan del Cesar nadie denuncia. Según Johana Daza, personera municipal, su oficina no ha recibido ninguna denuncia relacionada con vulneraciones de derechos por cuenta del conflicto armado o por el accionar de los grupos ilegales. Según seis habitantes de la región consultados, la explicación sobre este silencio es el miedo. “Uno no sabe si lo que dice se va a filtrar”, dijo una persona. 

Para Luis Fernando Trejos esto es producto de, lo que él llama, un aprendizaje producto de los años más duros del conflicto. “San Juan fue un territorio castigado duramente por la violencia, entonces creo yo que hay un aprendizaje comunitario en clave de autopreservación de la seguridad y en este sentido el silencio siempre aparece como un mecanismo de protección”.

Lo que sigue

El gobierno de Gustavo Petro está a punto de radicar en el Congreso la ponencia para la ley de sometimiento de bandas criminales, y aún persiste la discusión sobre si las Agc cabrían dentro de esta ley o si, por el contrario, se les reconocería un estatus político que llevaría a una mesa de negociación de paz. En esta incertidumbre siguen las poblaciones controladas por este actor armado con el que el gobierno rompió conversaciones y cese al fuego el 19 de marzo. 

En medio de este contexto, Luis Fernando Trejos afirma que, en adelante, es posible que las acciones de las Agc avancen hacia su consolidación. “El paso siguiente es el cobro de extorsión o lo que ellos llaman las contribuciones o los impuestos para poder mantener esa supuesta tranquilidad o ese contexto de orden. No creería que se vayan a presentar combates o masacres porque no hay ningún grupo armado que en este momento esté controlando el territorio”. Sin embargo, es posible que se sigan presentando asesinatos selectivos y panfletos dirigidos a la delincuencia común que no está aliada con ellos. 

Mientras no se define si habrá o no cese al fuego, diálogos o sometimiento, muchos habitantes de San Juan se resguardan y acatan órdenes como no salir de noche o irse del pueblo. Otros, como dijo una habitante, “no creen si no ven muertos”. Lo cierto es que en toda la población está rondando el miedo de volver a las épocas de control paramilitar que vivió San Juan hace 20 años.