En las últimas semanas el país estuvo a la expectativa de la prórroga del cese al fuego entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf) al mando de alias ‘Calarcá’, en el marco de las negociaciones de paz que con altibajos se llevan a cabo desde el 2023. Este es uno de los procesos que sigue en pie en el marco de la iniciativa de Paz Total.
La prórroga se dio días después de su vencimiento, acompañada del anuncio de la realización de un nuevo ciclo de diálogos a partir del 18 de mayo y la expedición del decreto 0448 en el que además de suspender las operaciones de la fuerza pública en contra del Embf, se anuncia el preagrupamiento del Bloque Magdalena Medio, una de las estructuras de esta disidencia.
Además, el decreto resalta la necesidad de las transformaciones territoriales y anuncia que el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, se constituirá en laboratorio de soberanía alimentaria y será foco de rehabilitación de la Amazonía. Este departamento ha sido un lugar clave para el actual proceso con la estructura de ‘Calarcá’, por el control armado que ejercen en el territorio, que ha hecho que sea escenario de las negociaciones y que esté en el centro de la agenda que se discute en el proceso de paz.
Consonante conversó con Camilo Bermeo, personero de San Vicente del Caguán, sobre el estado actual de las negociaciones y los posibles escenarios para la población civil con estas decisiones del Gobierno nacional.
Camilo Bermeo: La mesa de diálogos para el Caquetá se recibe como una oportunidad esperanzadora. Aquí todos tenemos claro cuál es la realidad histórica del municipio y lo que más nos gustaría es poder cambiarla. Que cese la utilización de las armas de fuego, tanto para fines bélicos como para fines extorsivos, y todas las medidas que se utilizan en el marco del conflicto. Siempre hemos acompañado el espacio de construcción de paz, un escenario en el que se pueda llegar a acuerdos positivos para el municipio y el departamento.
C.B: Se generan muchas dudas y una situación de inconformidad que viene tensionando el escenario puntual de las conversaciones, y sobre todo el apoyo territorial al acercarse el cambio de gobierno. Desafortunadamente, se puede leer que los grupos armados sentados en la mesa tienen una voluntad de paz, pero continúan con acciones puntuales en contra de la población civil, como la extorsión; cuando la población civil conoce esto, se genera una desazón. Se da por entendido que estamos negociando algo que se va a alargar en el tiempo y que puede que no llegue a nada.
C.B: Eso es lo más importante dentro de este proceso, porque el escenario de entrega de armas se ve lejano, y lo que se viene diciendo en los diálogos es que se deben hacer transformaciones territoriales de manera paralela . Que las apuestas de las comunidades se vean reflejadas en esos acuerdos, aunque comprendiendo que tenemos unos retos de ordenamiento territorial, ya que hay una variedad de figuras administrativas, sobre todo para la ocupación humana y la protección de los ecosistemas. Para nosotros es realmente prioritario aprovechar este enfoque que le están dando a la mesa y contar con la presencia de los representantes del Gobierno nacional aquí. Considero que se debe accionar puntualmente con el fortalecimiento asociativo y comunitario para la protección ambiental.
Porque al final San Vicente del Caguán debe aprender a vivir en un escenario de explotación económica, pero también con respeto ambiental, en el que se comprenda que lo más importante que tiene el Caquetá es la selva amazónica.
C.B: Las comunidades de San Vicente del Caguán han puesto su territorio históricamente tanto para el conflicto armado como para la construcción de paz. Han puesto sangre y han dado esperanza. Y es eso en lo que siguen trabajando, justamente, la esperanza de habitar el territorio en paz y también en paz con la naturaleza. Quieren contar con títulos de sus propiedades y, sobre todo, un modelo de producción eficaz. Entonces, yo creo que la apuesta de las instituciones que acompañamos el proceso es realmente verificar y apoyar esas transformaciones territoriales. Porque la población civil, sobre todo la rural, busca que se desarrollen alternativas integrales en la producción y economías que se vean reflejadas en el sustento de sus familias y del entorno con el que se convive; eso implica toda una cadena de producción y comercialización que dependerá de esos avances significativos que involucran tanto al gobierno como al actor en armas.
C.B: Es confuso, las acciones ejecutadas en territorio, la reforma agraria hecha por ellos, significa tomar baldíos de la nación y que las personas vengan y se asienten. En muchos de ellos hay presencia de bosque o material vegetal; hemos visto cómo se ha ampliado la frontera agrícola, autorizaciones para talar cierta cantidad de hectáreas por familia, entre otras cosas.
Hay unas intenciones retóricas y dialécticas de la protección de la Amazonía, de generar conciencia ambiental, pero cuando vienen proyectos para apoyar temas ambientales se encuentran con bloqueos de parte del grupo armado.
El año pasado el Instituto Alexander Von Humboldt tuvo que salir del municipio. En territorio y en acciones las prácticas son confusas, ya no estarían por cuidar, sino que la atención se centra en la reforma rural que dicen representar.
Pero la población que se encuentra asentada en esos territorios desde hace épocas empieza a preocuparse y tiene posiciones claras respecto a la conservación ambiental y no solo diría que ella, sino todas las personas de San Vicente, y ahí es donde el Estado debe responder con eficacia y agilidad.
C.B: Muchas, y todas negativas, eso significaría acciones ofensivas y más control territorial. El panorama presentado en la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, la 001 del 2025, en la que señala la multiplicidad de actores en el territorio aumenta la zozobra. La comunidad será la más afectada por la incertidumbre de quién está y a quién escuchar o hacer caso, y eso va a significar muertes, amenazas, desplazamientos y desafortunadamente son situaciones que hemos vivido desde siempre. Eso es lo bueno en este momento del cese al fuego, que hay una relativa paz. No tenemos ofensivas por parte de fuerzas militares, no hay ataques y eso significa de verdad mucho. Pero no podemos dejar de pensar: y si ingresa la Segunda Marquetalia por Balsillas, ¿qué va a pasar?, y si ingresa la estructura de Iván Mordisco por la parte de Cartagena del Chairá, ¿qué va a pasar?, y si llega eventualmente el ELN por la parte del nororiente ¿qué va a pasar? La proliferación de los otros actores, terminaría siendo un caldo de cultivo para una oleada de conflicto mucho más fuerte.
C.B: En la Comisión Interinstitucional y Comunitaria para las Transformaciones Territoriales de las Sabanas del Yarí, están incluidas tanto organizaciones sociales como instituciones públicas, que estamos por fuera de la oficina del Alto Comisionado para la Paz y en la comisión del Estado Mayor de los Bloques. La Comisión funciona como un mecanismo verificador, puntualmente dentro de los diálogos entre los actores con un protocolo de participación. Nosotros desde el territorio seguimos apostándole a la construcción de paz, pero también queremos ver resultados, queremos que los actores también demuestren una voluntad de paz real.
El país en este momento ha entrado en algo que los conocedores de la guerra señalan como la atomización de los actores armados y eso genera aún un ciclo de violencia mucho más fuerte, porque todos los actores quieren llegar a territorios a controlar.
C.B: El decreto va a apostar, y el Gobierno también lo ha hecho con el nombramiento del ministro de Defensa, por establecer acciones puntuales y voluntades puntuales, si no lo que viene es una embestida bélica por parte de las Fuerzas Armadas. Y eso lo está viendo el Estado Mayor Central liderado por ‘Mordisco’, que está siendo atacado. Siento que el mensaje que da el Gobierno es que acabamos el cese al fuego como medida de presión, incluso en su nuevo discurso, ahora ya es reagrupación en puntos, identificación de unidades, georreferenciar las unidades y las personas que son, y eso es algo que no se había leído en el conflicto en esta mesa de diálogo.
La mesa tiene que ir dirigida a que el actor que está sentado cambie la retórica de mencionar que nunca van a entregar las armas y, segundo, meter el acelerador porque al Gobierno Petro le queda año y medio. Hay que implementar los acuerdos de parte y parte de manera urgente.
El 4 de febrero un grupo de trabajadores del Consorcio Redes Fonseca 2022, se encontraba realizando labores de construcción del acueducto en la vía Distracción - El Silencio, en Fonseca, cuando tres hombres armados llegaron al lugar en motocicletas. Les pidieron recoger la maquinaria e interrumpir las labores, afirmaron además que no permitirían que retomaran obras hasta no pagar el dinero que requerían. “Estos individuos emitieron la orden de detener las actividades, bajo la amenaza de agresión en caso de incumplimiento”, señala en un comunicado Carlos Duque, representante legal del Consorcio.
Desde ese momento la empresa tomó la decisión de suspender los contratos de todo el personal que labora en este proyecto. Esto, como señala la empresa, afecta a cerca de 200 personas que trabajan en las obras y a 40 empresas locales que tienen alguna relaciones comerciales como estaciones de servicio, ferreterías, restaurantes, canteras, proveedores de arena, ventas formales e informales, venta de productos cárnicos y droguerías.
Además, la interrupción de los trabajos afecta a miles de hogares que están a la espera de la optimización del sistema de acueducto, especialmente porque el proceso ya se encontraba en la etapa final, con un avance en el 90% en la instalación de las tuberías. “El consorcio se ve en la obligación de mantener la suspensión de las actividades hasta que se garanticen las condiciones de seguridad en las áreas de influencia del proyecto”, señala el comunicado.
Este es apenas uno de los muchos casos de extorsión que se presentan en Fonseca y en otros municipios de La Guajira, que imponen el miedo sobre la población, especialmente sobre los comerciantes.
Según el monitoreo de la Fundación Paz y Reconciliación, en el municipio de Fonseca hay presencia de los grupos armados ilegales Ejército de Liberación Nacional (Eln) y del Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), actores que generan diferentes riesgos de seguridad para los habitantes del municipio.
Aunque las autoridades no señalan a los responsables detrás de las extorsiones y afirman que los casos están en investigación, los comerciantes continúan recibiendo llamadas, mensajes de texto y de WhatsApp, a través de los que exigen altas sumas dinero, que de no ser pagadas pueden generar riesgos para la vida de propietarios y trabajadores. Muchos de estos mensajes son firmados presuntamente por Egc, Agc y Clan del Golfo.
"Estamos muy preocupados porque las llamadas extorsivas han aumentado con exigencias muy altas de dinero, que si no pagamos no van a responder por nuestras vidas. Esto nos ha llevado a no responder ninguna llamada de teléfonos desconocidos porque no sabemos si es para amenazarnos", afirma un comerciante que por motivos de seguridad pidió reservar su nombre.
El pasado 2 de marzo, Jovani Antonio Giraldo Hernández, un comerciante de Fonseca fue asesinado con arma de fuego en su local de venta de repuestos de motos. Al parecer, esta persona estaba siendo hostigada para pagar una extorsión. Seis días después el Gaula detuvo a un joven, que sería el responsable del hecho.
Este homicidio generó conmoción en el municipio y se organizó una movilización en la que participaron decenas de personas, para rechazar el hecho y pedir a la institucionalidad y a la fuerza pública garantías.
"Mi negocio solo nos da para pagar proveedores, trabajadores y servicios, no estoy en capacidad de pagar un peso más por ningún otro concepto y menos que no va a representar ningún beneficio para mí", señaló en medio de la marcha la propietaria de un local del municipio.
El alcalde Micher Pérez Fuentes lideró un consejo de seguridad el 4 de marzo con la participación de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y el CTI, en el que tomó la decisión de ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita esclarecer el homicidio del comerciante. Además, se emitió el decreto 028 del 4 de marzo de 2025, que dispone la prohibición en el área rural y urbana del uso de elementos que cubran el rostro y que dificulten la identificación de las personas; esto incluye a la población civil y a integrantes de la fuerza pública, Policía Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación- CTI, Defensa Civil, Bomberos y Unidad Nacional de protección.
El decreto también considera la prohibición de parrilleros hombres mayores de 14 años y la circulación de vehículos sin placa. Estas medidas, que se sustentan en el deber de conservar el orden público en Fonseca, serán vigiladas para su cumplimiento por la fuerza pública y el Instituto de Tránsito y Transporte.
Mientras se esperan respuestas por parte de la institucionalidad, la población ha realizado diferentes manifestaciones para pedir al alcalde acciones que permitan restablecer la seguridad y dar garantías a los habitantes y comerciantes. El 28 de marzo en la Alcaldía de Fonseca se llevó a cabo un plantón para pedir seguridad y reiniciar las obras del acueducto y, de manera reciente, el 4 de abril, un grupo de trabajadores de este proyecto realizó una manifestación en la alcaldía del vecino municipio de Distracción con las mismas exigencias.
Según una persona del Consorcio Redes Fonseca 2022 que pidió no ser identificada, se han realizado reuniones entre los alcaldes de Fonseca, Distracción, el contratista, la Gerencia Integral de Proyectos (contratante), la interventoría, la Policía y el Ejército, con el fin de buscar mecanismos que garanticen la seguridad del Consorcio, los trabajadores y la maquinaria.
En Inírida, capital del departamento de Guainía, las basuras se están convirtiendo en una amenaza ambiental. En los últimos meses, los residuos sólidos se han acumulado de forma visible en las principales vías del municipio, en caños, humedales y zonas residenciales. Bolsas plásticas, botellas, cartones y desechos de todo tipo terminan contaminando cuerpos de agua y suelos frágiles, lo que agrava los riesgos para la salud pública y los ecosistemas locales.
“La gente no tiene conciencia y siguen tirando la basura al suelo o en las vías públicas. A pesar de que tenemos contenedores por el centro, se miran bolsas de basura tiradas por todo lado”, explica Homero Navarro, coordinador de la empresa de aseo APC.
Para mitigar el problema, APC instaló contenedores en varios puntos estratégicos del municipio. Sin embargo, su uso ha sido limitado o inadecuado. Muchos residuos no llegan a los puntos de recolección y terminan dispersos, afectando especialmente los humedales urbanos, que cumplen una función clave en la regulación del agua y la biodiversidad del territorio.
¿Qué dice la gente?
La mala disposición de los desechos provoca afectaciones en algunos sectores, tal es el caso del barrio Berlín, ubicado en la zona occidental de Inírida, allí la proliferación de los desechos es permanente, y a pesar de campañas y acciones que se han realizado es un problema que no se ha logrado resolver. Así lo señala Einer Pinto, ingeniero ambiental: “si bien se hacen campañas, se adelantan jornadas de recolección de residuos sólidos en las microcuencas, la gente se acostumbró a que son las entidades quienes tienen que estar recogiendo”, afirma.
Helena Demate, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Berlín, asegura que la raíz del problema está en la falta de conocimiento y conciencia sobre el manejo adecuado de los residuos. “Las personas sacan la basura después de que pasa el carro recolector, o la sacan todos los días cuando quieren. Como hay zonas verdes cerca, van y botan ahí; incluso he visto gente en bicicleta o en moto tirando las bolsas en medio del bosque”, relata.
Ante esta situación, desde la Junta se han organizado jornadas de limpieza en caños y espacios públicos, así como campañas para promover una mejor disposición de los residuos. Pero los esfuerzos duran poco. “Limpiamos un día, y al poco tiempo ya hay basura de nuevo”, cuenta Demate. A pesar de haber probado distintas estrategias, aún no se logran resultados sostenidos. Una de las propuestas más recientes ha sido instalar cerramientos y señalización en puntos críticos, con la esperanza de frenar el uso inadecuado de estos espacios y avanzar en el cuidado del entorno.
“Tenemos que buscar acciones de otras formas para que la gente comprenda que estos sitios no son para botar, y hacer un llamado a la corporación CDA que son los encargados de nuestra parte ambiental”, afirma Demate.
¿Qué dicen los expertos?
El problema con las basuras en el municipio es complejo por los impactos que genera en diferentes niveles, desde contaminación al medio ambiente hasta afectaciones a la vida cotidiana y la salud de los habitantes del municipio.
Uno de los efectos ha sido la contaminación de las fuentes hídricas. En el área urbana del municipio se encuentran las microcuencas Terpel, Motobomba, Limonar y Ramón, que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). En estos lugares se presenta disposición de residuos sólidos, que cuando se descomponen generan líquidos contaminados conocidos como lixiviados estos, según el ingeniero ambiental Einer Pinto, contaminan el agua, “ van a nuestras fuentes subterráneas, se contaminan e Inírida básicamente se abastece de estas fuentes a través de pozos subterráneos”, afirma.
El abandono de las basuras en estos sitios y en las vías públicas también provoca afectaciones en las redes de alcantarillado. En las temporadas de lluvia los residuos se acumulan en las calles y son arrastrados por el agua, esto “hace que se tapen las rejillas y los canaletes por donde van las aguas lluvias, colapsando y provocando el rebosamiento”.
Estas situaciones generan afectaciones a la salud pública. Como lo indica Einer Pinto, se identifican “problemas de la dermis; descomposición de las basuras que generan vectores que transmiten enfermedades de tipo zoonótico, como las cucarachas, esto en la ciudad y en las comunidades donde prácticamente se convive con estos animales y con la mala disposición”.
Además, Pinto agrega que en verano los desechos dispersos en la zona rural generan posibilidad de incendios forestales, que provocan riesgos para la vida humana y de las diferentes especies de fauna, además de afectaciones en el aire que producen enfermedades respiratorias.
La mala gestión de las basuras es un problema persistente, a pesar de los ritmos de recolección de la empresa de aseo APC. Según el coordinador Homero Navarro, la recolección se realiza en rutas que cubren todos los barrios de Inírida entre lunes y sábado. “Hay un cambio notable en el ejercicio de la recolección. En años anteriores se tenían muchas dificultades. Del año inmediatamente anterior a este año, la gestión de la empresa ha sido evaluada de manera más positiva por la frecuencia de la recolección y la cobertura”, dice.
Agrega Navarro que la empresa se ha encargado de realizar pedagogía para reciclar: “hicimos jornada casa a casa para que no toda la basura fuera al relleno. Al comienzo algunos hicieron caso, pero no llegamos a un acuerdo”. Por esta razón el volumen de desechos que generan las familias continúa siendo alto, y se convierte en un problema cuando se dispone en sitios no permitidos y cuando se saca a la calle fuera de los días de recolección correspondientes.
Lo que sigue
El municipio de Inírida ha presentado un crecimiento poblacional significativo en los últimos años, según los censos poblacionales realizados por el DANE. En 2005 se identificó una población de 17.866 personas, mientras que a 2024 se contaba con una población de 37.917, esto significa un incremento del 112% en casi 20 años.
El crecimiento del número de hogares también implica un aumento en la generación de residuos, lo que conlleva retos para la administración municipal. “Se hace necesario contar con un plan de ordenamiento territorial, el crecimiento poblacional ha sido grande y ha superado la forma de control”, afirma Einer Pinto.
Según el ingeniero, en este contexto es esencial contar con un proyecto de educación ambiental que se realice en un trabajo articulado con la institucionalidad. “Concientizar a las personas, a los niños, más que todo en los colegios para que sean la base de esta información y esa conciencia. Trabajar con las Juntas de Acción Comunal que son los que están más pendientes, son veedores”, señala.
Además, agrega que la clasificación de los residuos es muy importante para mejorar el manejo de las basuras. La presidenta de la Junta de Acción Comunal Helena Demate coincide con esta percepción, pues considera que el reciclaje además de reducir la contaminación puede generar muchos beneficios a su comunidad. “Como presidenta de la Junta de Acción Comunal estoy indicando a la gente que debemos reciclar porque es una manera de tener un ingreso, ya que esta es una labor que bien manejada deja dinero y se puede volver negocio”, dice.
Además, agrega que su barrio tiene una proyección para mejorar esta situación: “podemos hacer una empresa de reciclaje en el mismo barrio, que el mismo barrio recoja su reciclable y lo venda, la idea es organizarnos en esa forma. Hay que hacer este año lo que más podamos para ver si podemos sacar adelante nuestra parte ambiental porque estamos mal de basura”, afirma.
“Esto lo podemos hacer entre todos”, dice Helena Demate, su mayor preocupación es el futuro del municipio y lo que se heredará a sus hijos y nietos. Asunto que para el ingeniero ambiental Pinto es muy importante porque considera que los menores son clave en la conciencia ambiental, ya que son quienes habitarán el territorio, “es importante que esa conciencia ambiental en ellos se fortalezca mucho para poder reducir esa problemática”, afirma.
Según cifras de la Cámara de Comercio de La Guajira, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 en las vías del departamento se realizaron 200 manifestaciones en medio de las que se generaron bloqueos. Esto significa un incremento del 119.8 % en comparación con el año 2023 cuando se registraron 91 casos. A pesar de la iniciativa de crear una mesa permanente de paro en la que se aborden las demandas que motivan las protestas de las comunidades esta idea no se ha concretado, y en lo que va del 2025 varias comunidades han optado por salir a las carreteras para exigir respuestas a problemas estructurales.
La mayoría de estas tienen lugar en la Troncal del Caribe y en la parte alta de La Guajira. La manifestación más reciente ocurrió el 11 de febrero, se trató de un paro del orden departamental convocado por diferentes organizaciones sociales campesinas, afrodescendientes, indígenas y de firmantes de paz, que tuvo una duración de dos días. Este bloqueo preveía una parálisis total en la región para lograr resultados satisfactorios frente a las solicitudes de las comunidades.
El paro estuvo motivado por temas entre los que aparecen la reforma rural integral, los conflictos ambientales y mineros, la crisis de la educación y la salud, seguridad y paz, educación a la primera infancia, y transporte informal. Después de 48 horas se llegó a un acuerdo con representantes del gobierno, se levantaron los bloqueos y se creó una mesa de concertación que actualmente continúa activa, con la que se busca que tanto el gobierno departamental cómo el nacional cumplan las demandas de organizaciones y comunidades.
Según Ariel López, secretario técnico de la Coordinadora Campesina del departamento de La Guajira, se acordó establecer mesas técnicas con entidades como el Ministerio de Ambiente, la Agencia de Desarrollo Rural y Ministerio de Salud, además de avanzar en la ejecución de proyectos productivos integrales y otras acciones que buscan mejorar las condiciones de vida de las comunidades. “Nosotros continuamos en asamblea permanente, pero trabajando por llevar a feliz término todos estos procesos”, afirma.
A pesar de la persistencia de las protestas y de los acuerdos a los que se llega en cada oportunidad, un común denominador es el cumplimiento parcial de los compromisos, lo que provoca que en cada manifestación se repitan los mismos temas en los pliegos de peticiones. Varios de ellos son asuntos de fondo que han marcado un contexto de desigualdad en el departamento, entre los que se encuentran los proyectos mineros, el acceso a la tierra y el acceso al agua.
En el departamento de La Guajira se ubica una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, se trata del Cerrejón, una mina que comenzó la explotación de manera activa desde 1984 y que al día de hoy continúa con una alta producción y exportación de este mineral.
Además de carbón en La Guajira se explota arcilla, yeso, cal, material para la construcción, entre otros minerales, con operaciones a gran y pequeña escala. Según la Agencia Nacional de Minería, en La Guajira se han otorgado 69 títulos mineros, que tienen actividad en el 86% del departamento.
De acuerdo con las demandas de las comunidades en las diferentes protestas, estos proyectos mineros han provocado situaciones como reasentamientos de comunidades enteras, afectaciones al medio ambiente, falta de inversión en las zonas de impacto y conflicto intercultural con comunidades indígenas. Esto a pesar de que el departamento recibe una cifra alta por concepto de regalías.
Solo la mina del Cerrejón, propiedad del grupo anglo-australiano BHP Billiton, en 2023 aportó $10,6 billones en regalías al país, según cifras de la misma empresa, pero estos recursos no se traducen en inversiones para el desarrollo del segundo departamento del país con mayores índices de pobreza monetaria, según la actualización metodológica del DANE sobre la pobreza en 2023.
Estas desigualdades históricas han generado resistencias frente a los proyectos de explotación. Es el caso del consejo comunitario Los Negros de Cañaverales en el municipio de San Juan del Cesar, que se oponen a la explotación de carbón en su territorio por parte de la empresa Best Coal Company (BCC), la cual está tratando de gestionar la licencia ambiental para comenzar la explotación a pesar de las opiniones de la comunidad.
Uno de los más recientes acuerdos frente a la minería de los líderes de las protestas con el Gobierno nacional ocurrió en el mes de febrero. Según Ariel López, secretario técnico de la Coordinadora Campesina del departamento de La Guajira, se contó con el compromiso de la Agencia Nacional de Tierras, la ANLA, Corpoguajira, Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería para mapear algunas áreas asignadas a títulos mineros, “la intención es reversar esas asignaciones para que estas tierras sean entregadas a los campesinos de La Guajira”, afirma. Además, dice que se plantea adquirir 10 mil hectáreas de tierra para asignarlas a comunidades campesinas, consejos comunitarios y resguardos indígenas.
Otro de los temas que aqueja a La Guajira es la falta de agua potable, tanto en las zonas urbanas como en la rurales. Según el último Estudio Nacional del Agua del Ideam, el 100% de los municipios del departamento son susceptibles al desabastecimiento de agua en temporada seca, en un territorio en el que, según la misma entidad, es donde menos llueve en Colombia. Esto genera que muchas comunidades se enfrenten a la ausencia total del agua, mientras que otras deben comprarla de manera permanente, lo que genera afectación económica a las familias en uno de los departamentos más pobres del país.
El pasado 11 de marzo, con la visita al municipio de Fonseca del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, líderes del comité del paro departamental discutieron aspectos importantes para cerrar esta brecha social que ha afectado de manera histórica el derecho de la población de acceder al agua, un derecho fundamental como lo ha reconocido la Corte Constitucional en diferentes sentencias.
Producto de esta visita, estos ministerios pactaron compromisos como el de crear Proaguas, un instituto de aguas para La Guajira para gestionar a nivel territorial soluciones a problemáticas de las comunidades relacionadas con el agua. Además, se realizaron compromisos frente al acueducto del resguardo indígena de Mayabangloma, cuyo proyecto está en fase de asignación de recursos según el Gobierno nacional, y frente al acueducto del corregimiento Conejo, al cual antes de finalizar el año se le asignarán recursos para su reanudación.
Como lo señala Benedicto González, líder social de la Coordinadora Campesina del departamento de La Guajira, “el agua es un derecho fundamental y más de aquellas comunidades que en pleno siglo XXI no tienen agua”. Por esta razón, organizaciones sociales promotoras del paro departamental declararon una asamblea popular por el agua, lo que ellos mismos entienden como una “gobernanza hídrica” para hacer veeduría a los compromisos a los que hasta el momento se ha llegado con el Gobierno nacional y departamental.
La falta de articulación entre los actores institucionales del departamento de La Guajira ha marcado en gran medida la falta de respuestas estructurales y los incumplimientos a los acuerdos a los que se llega con las comunidades. Así lo reconoce Francisco Ceballos, obispo de Riohacha, “la conflictividad y carencia de planes de articulación, se traduce en atoramiento para dialogar y concertar proyectos”, dice.
En este contexto, después del último paro departamental, el Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira y el Frente Amplio de Usuarios de los Servicios Públicos, convocaron un espacio de diálogo con el que se busca llegar a un “gran acuerdo para el desarrollo de La Guajira”. En estas conversaciones participarán instituciones como la Gobernación, la Universidad de La Guajira, la Cámara de Comercio departamental, el Sena, Juntas de Acción Comunal, asociaciones de arquitectos y ganaderos, representantes de la sociedad civil, entre otras. La iglesia católica, en cabeza de la Diócesis de Riohacha, actuará como facilitadora de los diálogos.
El objetivo de este espacio es “la construcción de un proyecto estratégico, que solo es posible mediante la unidad de las organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, étnicas, iglesias, academia, partidos y fuerzas políticas, gremios de la producción, medios de comunicación y, obviamente, la institucionalidad, con el objetivo de construir democracia y ciudadanía”, afirma en un comunicado el obispo Ceballos.
Esta propuesta pretende resolver el problema reiterativo de la falta de respuestas institucionales, para resolver los problemas de fondo que aparecen siempre en cada paro, bloqueo o manifestación. A mediados de marzo se realizó el primer espacio de diálogo social, este avanza a la par de diferentes mesas de negociación con entidades de Gobierno para buscar salidas a demandas históricas.
Rogelio Carihuasari, abuelo de la etnia Cocama, tuvo un sueño hace 16 años. Se vio a sí mismo en las playas de los ríos, allí protegía a las tortugas, cuidaba de ellas. Un cazador que sueña premonitoriamente su futuro como protector en el proceso de conservación más importante para la comunidad indígena de Santa Sofía.
Hace muchos años, cuando Rogelio navegaba por el río Amazonas y sus afluentes, observaba decenas de tortugas en las playas. Igual que él otras personas de la comunidad las cazaban para comer su carne o utilizar los caparazones en los rituales, por el significado de este animal en su cultura. Pero para el momento en el que tuvo el sueño se había percatado de que cada vez era más difícil encontrarlas.
El abuelo sintió angustia por el futuro de sus hijos y nietos, porque no llegarían a conocer las diferentes especies de tortuga de río, ni entender su significado espiritual. Por esta razón en el 2008 creó el proceso comunitario de conservación de tortugas de río en Leticia, Amazonas, en compañía de otros abuelos, con el apoyo de la asociación indígena Curuinsi Huasi y de Fernando Arbeláez, biólogo y director general de la Fundación Biodiversa.
Con este proyecto los cazadores se convirtieron en guardianes de las tortugas. Como lo explica Nabil Carihuasari, excazador y coordinador de la asociación indígena Curuinsi Huasi, durante décadas los indígenas desarrollaron habilidades para la cacería con el fin de buscar alimento y en ese sentido aprendieron los comportamientos de las tortugas: los lugares donde desovan, el tipo de arena que buscan, los meses de nacimiento. Pero ahora, esos conocimientos junto con la orientación científica de la Fundación Biodiversa, son fundamentales para proteger a las especies Cupiso (Podocnemis sextuberculata), Taricaya (Podocnemis unifilis) y Charapa (Podocnemis expansa). Las dos últimas se encuentran en riesgo de extinción.
El trabajo en equipo ha sido la base para sostener esta propuesta. La asociación Curuinsi Huasi y la Fundación Biodiversa trabajan desde un diálogo de saberes, con el seguimiento de las tortugas, la recolección de huevos, los análisis de las recolectas y sistematización de la información, aunque el biólogo Fernando Arbeláez afirma que “son realmente ellos los que saben conservar”.
Sentir, vivir y comprender el territorio ha sido la clave de este proceso de conservación. Al reconocer las dinámicas de la selva y del río los guardianes saben de antemano que en aguas altas, cuando el nivel de agua sube, algunas tortugas se protegen entre la selva inundada; pero cuando las aguas bajan, aprovechan la formación de playas para iniciar la reproducción y desove.
Con esa observación de las tortugas los guardianes saben que la especie más pequeña es la cupiso, que entre los meses de junio y agosto deja sus huevos en las arenas finas, en una profundidad máxima de 10 centímetros, y estos eclosionan aproximadamente a los 60 días. La Taricaya inicia el desove a mediados de agosto y finaliza en septiembre, pero tiene la particularidad de poner sus huevos en un suelo con una mezcla de barro y arena o también en barrancos, con una profundidad mayor a los 10 centímetros, eclosionando a los 55 días. Y por último la Charapa, que es la especie más grande de las tortugas de río de América, desova desde septiembre hasta mediados de octubre, deja sus huevos en arenas gruesas y los entierra a una profundidad mayor de los 10 centímetros, estos eclosionan 40 días después.
Los guardianes se activan especialmente en las noches “para protegerlas de otras especies, de los pescadores y cazadores”, comenta Camila Muñoz, ecóloga y voluntaria de la asociación de Curuinsi Huasi. En época de desove se recorren las playas y recolectan los huevos para protegerlos y posteriormente hacer su liberación. Además, se realiza un control para saber cuántas madres se protegen durante cada temporada de anidación, se observan y describen características básicas como la especie, la cantidad de huevos y el ancho del rastro que deja la tortuga en la arena. De esta forma se identifica si las poblaciones aumentan o disminuyen. “Al cuidar las playas, se protegen las madres” señala Fernando Arbeláez.
Este proceso tiene sus bases en la educación ambiental, ya que es la herramienta que ha permitido que niños, jóvenes, adultos y abuelos de diferentes etnias y quehaceres se sumen a la conservación. El proyecto comenzó en Santa Sofía, y en la actualidad un total de cinco comunidades actúan como guardianas. Este hecho se traduce en la protección de un mayor número de individuos. “Lo lindo de todo esto fue que logramos unir comunidades colombianas y peruanas para preservar un recurso que no es de ningún país”, dice Fernando Arbeláez.
Además, Arbeláez agrega que al “apropiarse de todos estos conocimientos han ido transformándolos de acuerdo con su contexto para conservar mejor”; esta ha sido la clave para sostener el proceso durante 16 años y lo será para darle continuidad, ya que como afirma Nabil Carihuasari, el apoyo para que esto continúe “viene desde la gente, desde trabajar con acuerdos”.
La educación ha sido fundamental para que las comunidades cuiden su entorno, no solo desde la recuperación de las especies, sino también desde el reconocimiento de su importancia cultural pues, como lo señala Carihuasari, los más jóvenes también deben conocerlas debido a la importancia que tienen para los diferentes pueblos indígenas que habitan la Amazonía.
Debido al uso cultural de las tortugas, este programa también busca conseguir un uso sostenible, de manera que cada pueblo pueda continuar con sus rituales. Es el caso de la pelazón para los Ticunas, donde la Taricaya representa protección a la mujer; o los Cocamas con su ritual con la Charapa, que para ellos significa abundancia; mientras que para los Yaguas la Cupiso representa alimento. Por esta razón “la asociación busca luchar por la transformación de nuevas alternativas, para que los indígenas puedan seguir sosteniendo la selva”, afirma Nabil Carihuasari.
En el 2013 este proceso se detuvo por falta de recursos económicos. Las consecuencias fueron grandes, ya que el número de animales de cada especie disminuyó. Esto, según Fernando Arbeláez, ocasionó que “se esté en un punto de quiebre que es muy delicado, pues con una sola temporada sin cuidar y la disminución es inmediata”, dice.
Para que esto no ocurra el proceso debe ser constante, pero no es fácil. Como lo menciona Camila Muñoz, “los recursos varían todos los años, pues depende de los proyectos que se puedan formular y sean avalados”. Por eso, señala Carihuasari, todo el tiempo están en una lucha constante por conseguir recursos.
Por otro lado, aparecen riesgos ambientales de carácter global, como lo es el aumento de las temperaturas por los gases de efecto invernadero en los últimos años. Esto ha ocasionado que “muchas tortugas nazcan hembras, haciendo que no tengan con quién reproducirse”, agrega Camila Muñoz. Por este mismo hecho los huevos en las playas están en peligro; recientemente han identificado que en algunos nidos de la tortuga Cupiso “ya que no entierran a mucha profundidad sus huevos, se están cocinando”, afirma Muñoz.
Estas transformaciones generan preocupación en los indígenas, ya que pueden llevar a un cambio en las prácticas culturales, como lo reflexiona Nabil Carihuasari: “nosotros nos consideramos como protectores de la selva, pero así como va creciendo y se va transformando la sociedad, los nativos vamos a ser los principales depredadores de la selva, porque no hay alternativas”.
Sin embargo, para no llegar a este punto la apuesta de cinco comunidades es la conservación. De hecho, como lo señala Muñoz, lo que ha demostrado esta iniciativa es “una apropiación de sus recursos”. De esta manera hay un reconocimiento de las interrelaciones de la vida en la selva y de la necesidad del cuidado, ya que con esto se protege la memoria de los pueblos. Las tortugas del río Amazonas tienen una importancia más allá de sus procesos ecológicos, el mayor impacto se genera a nivel espiritual y social, por esta razón el proyecto ha logrado que todos se sientan “orgullosos de cuidar y luchar por las tortugas” dice Fernando Arbeláez.
Chocó es uno de los territorios con mayor riesgo a nivel nacional debido a la presencia de grupos armados ilegales y a las disputas territoriales. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia, el impacto de la violencia en este departamento en el 2024 se ubica en un nivel “muy alto”, con registro de agresiones como desplazamientos forzados, confinamientos y masacres.
Esta violencia ha afectado a municipios como Tadó, ubicado en la subregión del Alto San Juan. En los últimos meses allí se han presentado acciones de los grupos ilegales como paros armados, hostigamientos, enfrentamientos y homicidios. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobierno e Integración Social del municipio, en el 2024 se registraron 16 homicidios, cifra que significa un incremento del 167% frente a los casos registrados en el año anterior.
En este contexto, los jóvenes son uno de los sectores que se encuentra en mayor riesgo, debido a las acciones de grupos armados como el Eln y el Egc, y a las vulnerabilidades marcadas por las condiciones de pobreza. Según la Unidad de Víctimas, en lo que va del 2025 en el Chocó los jóvenes han sido víctimas de 52 agresiones. Además, la Defensoría del Pueblo ha registrado 2 reclutamientos en el departamento entre enero y febrero, lo que representa el 29% del total nacional.
En el mes de febrero en Tadó se realizó una movilización en contra de la violencia en el territorio, para pedir garantías para la vida de las personas en el municipio, especialmente de los jóvenes. Una de las entidades que se sumó a esta marcha fue la Personería municipal, con el fin de rechazar las situaciones que ponen en riesgo la integridad de los jóvenes.
Consonante conversó con Guillermo Panesso, personero del municipio, para entender la situación de los jóvenes y las acciones que se pueden tomar para brindar garantías a esta población en un contexto de conflicto armado.
G.P: La situación en materia de seguridad no es alentadora ante las distintas injerencias de los actores armados, tanto en zonas rurales como en las zonas urbanas, donde los jóvenes están a merced de los grupos armados ilegales.
Nosotros tenemos que ser muy claros en que siempre hemos dejado nuestra postura de preocupación en los distintos comités y en los distintos espacios en donde nos ha tocado intervenir, puesto que a un corto plazo no vemos una salida a estas situaciones de violencia que ocurren en el territorio.
La invitación es que aquellas personas que se sientan en una situación de riesgo acudan de manera pronta, o que sus familiares acudan de manera pronta a las entidades, para que nosotros podamos realizar las acciones urgentes y necesarias, tendientes a garantizarles sus derechos y a salvaguardar la vida y la integridad física.
G.P: Política pública como tal escrita sí hay, pero el tema es la materialización. Nosotros somos conscientes de que el territorio no es ajeno a esa extensa costumbre de tener regulado todo, pero de no aplicar absolutamente nada, esa situación es clara aquí. Hay muchas normativas que nos regulan, hay muchos planes que se expiden, que son aprobados en los distintos espacios que normativamente así lo disponen, pero el tema es la materialización. Hoy vemos la carencia de espacios deportivos, se hace un esfuerzo por parte de la administración municipal pero, de una u otra forma, eso es una de las carencias históricas para los jóvenes en el municipio de Tadó.
Vemos el tema de la de la infraestructura física de algunos centros educativos que también requieren una intervención urgente del nivel departamental, del nivel local y también del nivel nacional, que se tienen que articular porque estamos hablando de que desafortunadamente hay un déficit en el tema de la construcción y de las adecuaciones de las aulas de las distintas sedes educativas, en las sedes rurales y en las sedes urbanas.
Hay un déficit en la implementación de programas culturales en el municipio de Tadó, aunque se hace un gran esfuerzo, tal vez no es suficiente. Entonces, en ese sentido se tienen que articular todas las entidades de los distintos niveles para que esa política pública de juventudes se materialice de manera efectiva en el municipio de Tadó, lo cual consideramos que podría reducir enormemente esos índices de violencia y de vulneración derechos a nuestros jóvenes.
G.P: Juegan un papel sumamente importante, ¡un papel trascendental! Son una política pública que está estructurada para evitar reclutamiento forzado, para evitar que los jóvenes sean objetivo de los grupos armados ilegales.
Si nosotros somos conscientes, los jóvenes y las jóvenes que hacen parte de estos grupos armados ilegales son abordados en sus momentos de ocio, en sus momentos libres. Si nosotros no fortalecemos, no ejercemos una política pública de juventudes tendiente a que en los espacios autónomos, en los espacios de esparcimiento de los jóvenes, ellos puedan hacer sus tareas escolares, donde ellos puedan practicar sus deportes, donde ellos puedan ejercer sus temas culturales, si nosotros no hacemos una debida intervención en esas temáticas los jóvenes van a seguir siendo reclutados, los jóvenes van a seguir siendo vulnerados en sus derechos y vamos a seguir incrementando de manera desafortunada los índices de homicidios y vulneraciones de derechos de los jóvenes de nuestro territorio.
G.P: En un futuro próximo salvo de que haya una injerencia permanente, un despliegue de actividades culturales, deportivas en todos los horarios y que invite a la mayoría de la población joven del municipio, que accedan estos programas que ya mencioné, vamos a continuar en lo que está pasando ahora, que es la vulneración de derechos. Aquí hay programas que se están aplicando en las tardes, jornadas lúdico-recreativas, en la biblioteca y demás escenarios, pero sabemos que eso no es suficiente, impacta a algunos jóvenes del casco urbano, pero si nos vamos a las zonas rurales del municipio de Tadó el panorama es totalmente diferente.
Teniendo en cuenta la gran población de jóvenes, de mujeres, de niños y adolescentes que tenemos nosotros en el territorio, sabemos que estas acciones no son suficientes para lo que ellos requieren.
G.P: La política pública está escrita, la podemos buscar, pero el tema es la materialización, como todos sabemos eso no solamente pasa en la política pública de jóvenes, sino en muchas políticas públicas en la de salud, en la educación, etc. que están escritas. Quisiéramos no vivir en ese mundo del deber-ser y que la trajéramos al plano terrenal, para de esa forma nosotros poder avanzar y no vulnerar tantos derechos en nuestro territorio.
G.P: Soy consciente de que se hacen grandes esfuerzos por parte del señor alcalde y sus distintas secretarías, pero hay que ser claro y es que esto es un trabajo mancomunado, esto es un trabajo de articulación.
La administración municipal a través de sus políticas públicas hace un gran esfuerzo, pero si no va de la mano con la seguridad que tiene que garantizar la policía y el ejército no estamos haciendo absolutamente nada, muestra de ello son los desplazamientos y los confinamientos que ocurren. Se atiende de manera cíclica, pero hay un componente de la seguridad que no se está garantizando.
La administración municipal puede hacer diez mil acciones, pero si eso no va de la mano con otras instituciones, no vamos a poder decir: los jóvenes del municipio de Tadó están fuera de riesgo.
G.P: El mensaje que le doy a los jóvenes es que hay que seguir adelante, seguir con los estudios, enfocados en sus objetivos personales que es ser un gran bachiller, seguir estudiando, porque el estudio es uno de los mecanismos fundamentales para salir adelante, tanto individual y para sacar adelante a nuestra población.
Ustedes, jóvenes, van a ser mañana los distintos mandatarios, los distintos personeros municipales, concejales y demás, llamados a cambiar y a poner su grano de arena en este territorio, por ende son los que van a suceder esta generación, y en ese entendido no le podemos dar cabida a los actores armados en nuestro territorio. Sabemos que ellos están, que nos pueden persuadir, pero de nosotros depende si nosotros accedemos a sus pretensiones o seguimos fortaleciéndonos y generando estos espacios para que con posterioridad seamos nosotros quienes contribuyamos a sacar al territorio adelante.
Todos los días al puerto del resguardo indígena El Paujil en Puerto Inírida, llegan bocachicos, palometas, bocones, nicuros, pavones, mojarras y otra variedad de peces que crecen en los ríos Inírida, Guaviare, Orinoco y sus afluentes. Los pescadores recorren sus aguas con sus mallas, arpones y redes de pesca. Una vez tienen suficientes pescados llegan hasta el resguardo para venderlos allí.
La plaza de mercado de El Paujil es el principal centro de comercio de productos del municipio de Puerto Inírida y de todo el departamento de Guainía. Allí, en casetas elaboradas de manera artesanal con madera y costales, se ofrecen productos de la región como casabe, manaca, ají, fariña y almidón, pero uno de los productos más buscados es el pescado, uno de los alimentos más consumidos en el territorio.
A pesar de su importancia y demanda, la comercialización del pescado en el resguardo se ha convertido en un escenario de disputa que involucra a pescadores y revendedores.
En el puerto los pescados se venden por sartas, es decir, varios atados a una misma cuerda. Una sarta puede componerse de cinco pescados grandes o siete medianos. Su valor va desde los 15 mil hasta los 22 mil pesos, dependiendo de la especie. Estos precios están regulados en la plaza de mercado y la guardia indígena se encarga de verificar su cumplimiento. Como lo señala José Pérez, capitán (autoridad) de la comunidad indígena Limonar, esta regulación fue producto de un acuerdo entre nueve comunidades, con el fin de unificar los precios que establecen los revendedores.
Los pescados que se comercializan en la plaza de El Paujil son comprados por revendedores a los pescadores que llegan hasta el puerto todos los días. Generalmente a cada sarta se le deben aumentar dos mil pesos frente al valor de compra, para que los intermediarios puedan tener alguna ganancia, sin embargo, para algunos revendedores este margen es muy poco.
Nicanor Medina es revendedor de pescado en la plaza de mercado desde hace más de 20 años, afirma que la ganancia es poca, “a veces nosotros perdemos plata, nos toca vender al mismo precio o hasta menos”, afirma. En la plaza la sarta de la mayoría de pescados cuesta 22 mil pesos, por eso cuando Medina le compra a los pescadores trata de negociar, pero casi siempre debe comprar la sarta a 20 mil pesos. Además, afirma que los revendedores tienen un gasto adicional que es la bolsa en la que empacan el producto a los compradores, lo que implica una disminución en el margen de ganancia.
Para Nicanor Medina, una solución para esta situación sería que se establezcan precios fijos a los pescadores, de la misma manera que están establecidos en la plaza de mercado, para que los revendedores puedan conocer los valores y evitar especulaciones a la hora de comprar.
Otra opción, como afirma el capitán José Pérez, es que los pescadores vendan directamente al consumidor, evitando intermediarios y para eso señala que se podría realizar una feria del pescador, en la que se genere un espacio para la venta directa. “Necesitamos apoyo para reunirnos todos los pescadores del Guainía y realizar una feria o un festival, en tiempo de veda. Necesitamos el apoyo de las entidades, la alcaldía y todos los funcionarios”, afirma.
En los últimos años los consumidores han evidenciado un incremento en los precios del pescado que, según afirman los pescadores, se debe (en parte) al incremento del valor de la gasolina, producto que necesitan para movilizarse en sus botes. Mientras en Bogotá un galón de gasolina cuesta alrededor de 16 mil pesos, en Puerto Inírida está cerca de los 19 mil pesos, y cuando se vende en comunidades alejadas de la capital del departamento, los precios incrementan.
La razón de este valor es sencilla: las distancias. El departamento de Guainía se encuentra ubicado en la Amazonía colombiana, en medio de la selva. Llegar hasta su capital sólo es posible por vía aérea, desde Bogotá y Villavicencio, o fluvial, principalmente a través del río Guaviare y después de varios días de recorrido. Todos los productos entran por estos dos medios, incluida la gasolina. Por esta razón al llegar al departamento su precio ha aumentado de manera significativa.
Esto impacta directamente a los habitantes del departamento, en este caso, a las personas consumidoras de pescado en Puerto Inírida. Así lo reconoce Alirio Córdoba, representante del gremio de pescadores de Guainía, quien afirma que el precio de este producto ha presentado variaciones en los últimos años, principalmente por los costos de la gasolina, “si sube el combustible sube todo. Ese es el problema”, agrega.
Arismar Rondón, habitante de Puerto Inírida, dice que su familia consume pescado todos los días, y aunque ha sentido el cambio en el precio considera que es justo por el valor actual de la gasolina, además del tiempo y los esfuerzos que deben hacer los pescadores, que en muchos casos deben pasar las noches en el río para pescar.
La compradora Arismar Rondón, percibe que hay escasez de pescado en Puerto Inírida, una situación que puede incidir en el incremento de precios. De hecho, una investigación de José Usma, Fernando Trujillo y Luis Naranjo realizada en 2022 sobre la diversidad biológica y cultural del departamento de Guainía, señala como una amenaza la pesca sin control, esto sumado a la contaminación de los ríos del departamento por las malas prácticas de la minería está generando escasez de peces.
“Si nosotros mismos no nos comprometemos con nuestro recurso para cuidarlo, con el apoyo de las entidades no estamos en nada”, afirma Alirio Córdoba. Para él es fundamental generar un compromiso para la conservación de los recursos naturales, que pueda hacer la pesca sostenible, de lo contrario señala que en máximo diez años la situación va a cambiar de manera radical.
Además, considera que es importante que los mismos pescadores elaboren una propuesta clara para las instituciones, con el fin de generar sostenibilidad y cuidado de los recursos porque “la única manera de disminuir la extracción es la agricultura”, dice.
Este es un tema relevante, especialmente para las comunidades indígenas que no solo comercializan el pescado, sino que también lo consumen. La facilidad para acceder a los ríos lleva a que estos sean lugares esenciales para garantizar la soberanía alimentaria. Según la investigación sobre diversidad biológica, en cuatro ríos de Guainía se han identificado 364 especies de peces, muchos de ellos con valor para el consumo humano.
En el departamento existen grupos de monitores locales de pesca de consumo que, según la Fundación Omacha, han identificado reducción en la talla de los peces, lo que dificulta su pesca para consumo y comercialización al no cumplir con los estándares mínimos. Esto, sumado a la disminución de las diferentes especies, implica retos a futuro para los pescadores que, como lo señala Córdoba, están en un momento crucial en el que las prácticas de conservación pueden determinar que las comunidades continúen encontrando una fuente de alimento y de ingresos en los ríos.
Los pueblos indígenas tejen la vida y habitan el territorio a través de la palabra. La lengua es un vehículo para heredar tradiciones y mensajes ancestrales que se convierten en la guía para habitar y entender el mundo. Alrededor del fuego, en un tejido, en una pintura, en una danza, en un canto, allí habita la palabra y, a la vez, la poesía.
En Colombia existen 115 pueblos indígenas y 67 lenguas diferentes, ¿por qué su poesía le resulta tan ajena a la mayoría de la población?
Lenguas en orden de aparición:
Ẽbẽra (pueblo Ẽbẽra Chamí), quechua (pueblo Yanakuna), mɨnɨka (pueblo Murui Muina)
Locución: Valeria Ortiz
Entrevistas: Sirley Muñoz
Guión: Sirley Muñoz y Valeria Ortiz
Edición: Valeria Ortiz
Ilustración: Camila Bolívar
Editora general: Ángela Martin Laiton
Entrevistados:
Lida Constanza Yagarí González - Docente de lengua Ẽbẽra Chamí
Wiñay Mallki (Fredy Chicangana) - Poeta indígena del Pueblo Yanakuna
Selnich Vivas Hurtado - Docente de literatura y de poesía mɨnɨka
Cada 12 de febrero, se conmemora el Día de las Manos Rojas, una fecha que simboliza la lucha contra el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados. Pero en Colombia, esta conmemoración en 2025 llega en un momento crítico: cientos de menores siguen siendo arrebatados de sus hogares y forzados a empuñar armas en medio de la violencia.
El último informe de la Defensoría del Pueblo es alarmante. Solo en 2024, al menos 409 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados ilegales, un aumento del 19,59 por ciento con respecto al año anterior. Detrás de estas cifras hay vidas truncadas y familias desgarradas. “Vincular las nuevas generaciones a las dinámicas de conflicto y criminalidad organizada es perpetuar décadas de violencia”, advierte Lourdes Castro, consejera presidencial para los derechos humanos. Los efectos no solo se sienten en los menores reclutados, sino también en sus familias, que muchas veces deben enfrentarse solas a las secuelas emocionales y psicológicas que deja esta tragedia.
Según las cifras de la Defensoría del Pueblo, en solo cuatro años se ha registrado un aumento del 1.005 por ciento en los casos de reclutamiento, con un pico importante en 2023, que coincide con hechos como el fortalecimiento de los grupos armados ilegales y las disputas territoriales. Este nuevo balance de fuerzas ha sido documentado por organizaciones de la sociedad civil y por el mismo gobierno, que identifica un incremento en las zonas bajo el control de estos actores y el recrudecimiento en sus disputas.
A pesar de ser una cifra alta, la Defensoría reconoce que existe un subregistro de casos, lo cual significa que la situación real probablemente es mucho más grave. Según Hilda Beatriz Molano Casas, coordinadora de la secretaría técnica de la coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), este subregistro se presenta por tres factores: miedo a denunciar por desconfianza institucional, por amenaza de los actores armados o por la normalización de este tipo de violaciones a los derechos, al ser esta la realidad en la que históricamente han vivido.
En las disputas por el territorio, una de las principales necesidades de los grupos armados es contar con combatientes que sostengan la guerra. En este contexto los menores de edad de las zonas de conflicto se convierten en un objetivo. “La presencia del conflicto y la violencia armada en los territorios es uno de los principales riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes que terminan siendo vinculados a las dinámicas de la guerra. Adicional a las condiciones de empobrecimiento, ausencia de las instituciones civiles del Estado y la falta de oportunidades”, afirma Molano.
Para la vocera de Coalico, “esta situación se sigue presentando por decisión de los grupos armados. No hay un compromiso de su parte en cesar esta violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes”. Pero, por otra parte, debe considerarse que paralelo al aumento del reclutamiento, también incrementan los datos de niñez desvinculada, es decir, de los menores de edad que de diferentes formas se apartan de los grupos armados ilegales. De acuerdo con Unicef, esta cifra pasó de 213 en el 2023 a 318 en 2024.
El reclutamiento de menores de edad por parte de los actores armados no es una práctica reciente. De hecho, el informe final de la Comisión de la Verdad registró casos de reclutamiento desde 1990. Esta violación se da de diferentes maneras, pero recientemente se identificó el uso de las redes sociales por parte de los grupos armados para captar la atención de los menores de edad y vincularlos a los grupos. Así lo evidenció en 2024 una investigación de Indepaz y Pacifista, que en un periodo de tres meses identificaron 85 cuentas de grupos armados que generan una especie de oferta tomando como punto de partida la idealización de la vinculación a los grupos. La mayoría de estas cuentas corresponden, según dicha investigación, al Estado Mayor Central (Emc) y a la Segunda Marquetalia.
Este dato coincide con lo registrado por la Defensoría del Pueblo, que identifica que los grupos que presuntamente tienen mayor responsabilidad en el reclutamiento son las disidencias sin especificar (162 casos) y el Emc (135 casos). Justamente las diferentes estructuras de disidencias en el 2024 estuvieron en medio de negociaciones con el gobierno nacional en el marco de la política de Paz Total, antes de las divisiones ocurridas al interior del EMC y de la Segunda Marquetalia.
El 73 por ciento de los casos de reclutamiento registrados en 2024 ocurrieron en Cauca. Los menores de edad en este departamento se encuentran en alto riesgo por la presencia de varios grupos armados ilegales entre los que, según la Fundación Ideas para la Paz, se identifican el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Emc y la Segunda Marquetalia.
Como lo señala la Defensoría, el 51 por ciento de los menores de edad reclutados en 2024 son indígenas. Según Hilda Molano, el hecho de que las niñas, niños y adolescentes indígenas sean las principales víctimas de reclutamiento se debe a diferentes factores “como la cercanía y accionar de los grupos armados a las comunidades y territorios indígenas”, afirma.
Una de las zonas que en este departamento tiene mayor concentración de la violencia y de reclutamiento forzado es el norte del Cauca. Así lo evidencian las cifras documentadas por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, que muestran la agudización de esta violación de los derechos de los niños y niñas desde el 2019. Varios de estos menores de edad han sido recuperados por la Guardia Indígena de manera posterior a su retención.
Entre 2018 y 2025, la Defensoría del Pueblo ha emitido 39 alertas tempranas. En 32 de ellas se incluye a los indígenas como población afectada y en 34 se advierte el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes.
El factor étnico es un elemento importante en esta violación a los derechos de los niños, ya que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional. Como lo señala Lourdes Castro, el reclutamiento “afecta profundamente el tejido social en las comunidades y los lazos intergeneracionales que deben existir en ellas. Pone en riesgo la identidad cultural y pervivencia de pueblos indígenas”.
Además de los menores de edad pertenecientes a comunidades indígenas, otras poblaciones son víctimas de este hecho, como lo afirma Hilda Molano. Los indígenas “son las mayores víctimas reportadas en los registros que se logran, pero es importante tener en cuenta que niños y niñas afro, campesinos y mestizos igualmente están en riesgo”, afirma.
Lourdes Castro afirma que para prevenir el reclutamiento se deben generar entornos protectores para las niñas, niños y adolescentes, lo que requiere de una articulación efectiva a diferentes niveles: entre entidades del Estado y de gobierno que hacen parte de la Comisión Intersectorial de Prevención, así como entre el Estado y actores sociales, autoridades étnicas y la comunidad internacional. Además, añade que la respuesta institucional en materia de prevención debe atender a las realidades territoriales.
El reclutamiento de menores de edad está en el radar de los temas de interés para el Estado colombiano y, como señala la consejera presidencial, también debería ser motivo de preocupación para la sociedad en general, ya que las estrategias para su prevención necesita “elevar la exigibilidad de los ciudadanos y ciudadanas a los actores armados para que paren toda forma de vinculación de los niños, niñas y adolescentes, y a las mesas de negociación en curso para que este tema tenga un lugar preponderante y parámetros en las conversaciones que continúen con algunos de los actores armados”.
Si conoce casos de reclutamiento puede activar las rutas de atención con las autoridades de cada municipio. “Debe activarse el equipo de acción inmediata que es la articulación institucional pública para dar respuesta, ellos deberán revisar, analizar y tomar las medidas necesarias”, indica Hilda Molano.
Según lo señala la vocera de la Coalico, los puntos de entrada a la ruta pueden ser: personerías, Defensoría del Pueblo, ICBF, o la Policía de Infancia y Adolescencia.
El sol apenas se asomaba sobre el río San Juan cuando los primeros golpes de almocafre rompieron el silencio de la madrugada. El barro húmedo cedía bajo la fuerza de las manos curtidas de los mineros, que desde tiempos inmemoriales han encontrado en la tierra su sustento y su condena. En Tadó, la minería artesanal no es solo un oficio, sino una herencia que se transmite de generación en generación.
Tadó es un municipio ubicado en la parte oriental del departamento del Chocó, allí la minería artesanal ha sido una forma de subsistencia para muchas familias. Esta práctica, que involucra técnicas en pequeña escala, se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para los habitantes de la región. Desde tiempos ancestrales, la minería se ha llevado a cabo con herramientas como almocafres, chachos, barras, bateas, palas y azadones, en métodos como la echada de una cuelga (guache) y el mazamorreo.
El oro en Tadó ha sido tanto una bendición como una maldición. A lo largo de los siglos ha atraído la codicia de colonizadores, comerciantes y grandes empresas mineras, dejando tras de sí una historia de explotación, resistencia y supervivencia. En el siglo XVII, Tadó fue uno de los principales centros mineros de la colonia española, donde miles de personas esclavizadas extraían el metal precioso bajo condiciones inhumanas. Con el tiempo, aunque la esclavitud fue abolida, la minería continuó siendo el eje de la economía local, primero con métodos artesanales y luego con la introducción de tecnologías más avanzadas.
Entre las historias de esta tierra dorada, destaca la de una mujer que desafió las cadenas de la esclavitud: la negra Agustina, una mujer que se rebeló y luchó para que los esclavizados dejaran de trabajar en condiciones infrahumanas. Se convirtió en la primera mujer en liderar una revolución contra la esclavitud en Tadó, defendiendo a sus coterráneos africanos que fueron traídos a la región. Su valentía la convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la dignidad de su pueblo.
Durante la época colonial, la minería en Colombia dependía en gran medida del trabajo forzado de personas esclavizadas. Los españoles introdujeron métodos de extracción de oro y plata en minas de su propiedad, forzando a los esclavizados a trabajar en condiciones extremas. Según el historiador y docente tadoseño Hernán Valderrama, "el trabajo en las minas era agotador y peligroso, con largas jornadas desde el amanecer hasta el anochecer, seis días a la semana. Además del esfuerzo físico, los esclavizados sufrían abusos de sus amos y capataces, sin derecho a educación ni libertades básicas".
Por su parte, Helmer Sinisterra, historiador tadoseño, explica que la minería artesanal en la región pasó por distintas etapas. Antes del siglo XIV, los indígenas recolectaban oro en las playas de los ríos, especialmente en el Alto San Juan en el corregimiento de Playa de Oro, donde encontraban el metal tras las crecientes del río Andagueda. Con la llegada de los españoles, la recolección se transformó en minería esclava, con técnicas como:
La minería tradicional evolucionó en Tadó y sus alrededores. En el siglo XX, en la zona de Las Ánimas (hoy Unión Panamericana), apareció el método del guache, una forma de minería subterránea en la que se excavaban túneles de hasta 100 metros siguiendo vetas de oro. Este método implicaba el uso de barrenos, madera para reforzar las paredes y un sistema de extracción manual. Con la llegada de las motobombas en 1960, se facilitó la remoción del agua acumulada en los pozos.
Marlovis Mosquera, quien ha trabajado en la minería artesanal por más de 17 años, cuenta que "ante la falta de empleo en Tadó, me tocó dedicarme a esto. Es un trabajo duro, y en ocasiones me ha tocado desempeñar diferentes roles dentro del guache, como pañadora o galandro". También relata el temor que siente ante posibles derrumbes o fugas de gas que pueden ser mortales.
La minería artesanal está rodeada de mitos y creencias que han perdurado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se dice que las mujeres en menstruación no pueden trabajar en la mina porque "esa sangre echa el oro". También existen supersticiones sobre ciertas oraciones, como la del Ángel de la Guarda o la Santísima Trinidad, que supuestamente ahuyentan el oro. Helmer Sinisterra comenta que, durante festividades religiosas como la Semana Santa o San Antonio, los mineros detienen su trabajo por miedo a perder el oro.
La cantidad de oro extraído en la minería artesanal se mide en unidades tradicionales como el cuarto, la tapa, el grano, el tomín y el castellano. Estas medidas han sido utilizadas por generaciones para determinar la cantidad exacta de metal precioso obtenido en cada jornada.
La historia de Tadó sigue marcada por la minería. Desde la época colonial hasta la actualidad, los habitantes han vivido de la extracción del oro, con sus riesgos y sacrificios. Sin embargo, la falta de oportunidades económicas ha mantenido a muchas familias atadas a esta actividad. Mientras unos ven en la minería su única fuente de sustento, otros buscan alternativas para cambiar el rumbo de la región.
La historia de la negra Agustina nos recuerda que la lucha por la dignidad y la justicia sigue vigente. En Tadó, la resistencia sigue viva, con las manos en la tierra y la esperanza en el futuro.
Desde el 16 de enero en la región del Catatumbo se libra una guerra de alto impacto. La guerrilla del Eln decidió atacar al Frente 33 de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente, estos ataques, según lo expresó el Eln en diferentes comunicados, se han iniciado contra los integrantes de ese grupo armado y contra firmantes de paz.
Los combates han generado una crisis humanitaria en el territorio que, según el Puesto de Mando Unificado de Norte de Santander con corte al 25 de enero, ha dejado 41 homicidios, 47.084 personas desplazadas, 12 firmantes de paz desaparecidos y 23.757 personas en situación de confinamiento.
Esta situación llevó al Gobierno nacional a decretar el 24 de enero el estado de conmoción interior, una figura consagrada en la Constitución Política de 1991, en el artículo 213, que permite a los gobiernos hacer uso de las facultades necesarias para superar perturbaciones de orden público que pongan en riesgo la estabilidad institucional y que no puedan ser controladas por las vías normales. Este se puede declarar en todo el país o en algunos territorios.
Les contamos qué significa esta declaratoria y qué implicaciones tiene para el país.
El estado de conmoción interior cubre los municipios de la zona del Catatumbo, departamento de Norte de Santander: Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa de Belén, El Tarra, Tibú y Sardinata. También incluye el área metropolitana de Cúcuta que agrupa los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander. Además, aparecen dos municipios del Cesar, Río de Oro y González, por ser receptores de parte de las personas que se desplazan de manera forzada de la zona del Catatumbo.
A pesar de que se esperaba que el Gobierno incluyera en el decreto al departamento de Arauca, esto no ocurrió. En una entrevista con Caracol Radio, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo afirmó que decidieron concentrar los esfuerzos en el Catatumbo, ya que existía la posibilidad de no cumplir con los requisitos para decretar la conmoción en Arauca.
Este decreto tiene una vigencia de 90 días, con posibilidad de prórroga dos veces, cada una por 90 días más.
Como el mismo Gobierno nacional lo reconoce en el Decreto 0062 de 2025, la intensidad de los combates en el Catatumbo y sus consecuencias desbordan la capacidad ordinaria del Estado. Señala, además, que esta situación “crea una demanda de recursos no prevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para conjurar la perturbación e impedir la extensión de sus efectos”.
Algunos de los aspectos que requieren atención del Estado a través de esta medida excepcional son la crisis humanitaria, la afectación de funciones esenciales del Estado, el riesgo de crisis alimentaria, el riesgo de ataques contra infraestructura energética y vial de la región, y la limitación en prestación de servicios de salud por parte del Estado.
Uno de los hechos más visibles es la situación humanitaria. El desplazamiento forzado de casi 40 mil personas en menos de diez días requiere la activación de medidas de atención de emergencia por parte de los gobiernos locales y nacional. Para entender la magnitud de esta situación, en poco más de una semana en una sola región se ha desplazado el doble de personas que se registró en todo el 2024 en Colombia, año en que la Defensoría del Pueblo documentó 25.611 casos.
Como mencionamos anteriormente, el decreto cobija 19 municipios, por esta razón, las medidas que se tomen en el marco de la conmoción interior tendrán efecto directamente sobre estos territorios. Sin embargo, este puede tener implicaciones para todo el país de acuerdo con el alcance de las estrategias del gobierno. Una de ellas sería la recaudación de recursos para atender la crisis, situación sobre la que en los últimos días se ha pronunciado Diego Guevara, ministro de Hacienda, quien plantea eliminar la exención de IVA a los juegos de azar como una fuente de recaudo en el marco de la conmoción interior.
Además, como lo menciona Pilar Castillo, abogada y directora de la Asociación Minga, una organización social que trabaja en el Catatumbo, “la conmoción interior tiene un fuerte impacto político. No se esperaba que un gobierno de izquierda, que ha puesto la paz como una de sus principales prioridades, recurriría a medidas de excepción, que históricamente han sido vistas como una forma de privilegiar el enfrentamiento armado como respuesta a los conflictos”, señala.
Agrega también que con la conmoción se pueden restringir derechos como el “de libre movilidad, el derecho de reunión y manifestación, y otros derechos relacionados con la libertad personal y de expresión”, dice. No obstante, se debe garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales.
El país está a la espera de las medidas que se tomarán en el marco de la conmoción interior.
Como lo señala Pilar Castillo, los procesos sociales del territorio han expresado su preocupación por la expedición del decreto de conmoción interior, “la incertidumbre persiste sobre el impacto que estas decisiones tendrán en la región y en las garantías fundamentales de sus habitantes”, afirma.
Vale la pena recordar que desde el 2024 el Gobierno nacional adelanta el Pacto Social por la Transformación Territorial del Catatumbo, una iniciativa liderada por el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio. Esta estrategia de planeación busca generar inversiones con impacto regional, construir acuerdos sociales con las comunidades para el desarrollo territorial y articular la oferta gubernamental. Sin embargo, aún no ha sido firmada.
La conmoción interior podría ser clave para impulsarla. El Gobierno nacional ha dado algunas pistas sobre esto, el presidente Gustavo Petro en una publicación en la plataforma X realizada el 25 de enero hace mención al estado de conmoción, señalando que “billones de pesos serán transferidos al gran Pacto Social con el Catatumbo”.
Además, el ministro del Interior afirmó en entrevista con Caracol Radio que el objetivo es que “el Catatumbo se convierta en un modelo de lo que debe hacer el Estado colombiano en el mediano y largo plazo para transformar los territorios, si realmente queremos alcanzar paz y seguridad”. Será necesario esperar a la expedición de los decretos para entender un poco más sobre el alcance de este modelo.
El Decreto 0062 es apenas el primer paso. El Gobierno nacional debe expedir otros decretos que son los que definirán las medidas concretas, “estos decretos especificarán cómo se llevará a cabo la intervención en la región y qué acciones se tomarán en términos de seguridad, orden público y otros aspectos relacionados con la situación de conmoción”, afirma Castillo.
Como se consagra en la Constitución Política, el Gobierno debe entregar al Congreso de la República un informe sobre las razones que motivaron la conmoción interior. El Congreso citó una sesión para el martes 28 de enero en la cual revisarán el informe que se debe entregar. Cada 30 días se deberá remitir un informe sobre la evolución de las medidas y de la situación.
La Corte Constitucional es otro actor clave en este proceso, ya que ejercerá control sobre los decretos que se expidan en medio del estado de conmoción. De hecho, la Corte tiene la facultad de negar la petición actual una vez revise el decreto, como ocurrió en el pasado en los gobiernos de César Gaviria y de Álvaro Uribe.
Aunque esta medida es una posibilidad constitucional, es polémica porque, como afirma la abogada Castillo, “históricamente en Colombia, los estados de excepción han estado asociados con la restricción de derechos, violaciones de derechos humanos y abusos de poder”.
A lo anterior agrega que los procesos sociales del Catatumbo están preocupados por este decreto, “muchos consideran que su adopción no era necesaria, ya que el Estado podría haber iniciado otras acciones tendientes a restablecer el orden y salvaguardar las garantías sin recurrir a un estado de excepción”, afirma.
De hecho, el 21 de enero en una reunión llevada a cabo entre las plataformas de derechos humanos y el presidente Gustavo Petro, las organizaciones “hicieron un llamado directo para que no se expidiera este decreto, ya que preocupa que las medidas que se adopten impliquen una fuerte militarización del territorio. La experiencia ha demostrado que este tipo de medidas no han contribuido a la pacificación ni a la resolución de los conflictos”, agrega Castillo.
En noviembre del 2024, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 026 con la cual alertaba sobre el riesgo por nuevas dinámicas del conflicto armado para la región del Catatumbo y el sur del Cesar. Dos meses después esta alerta se concretó en la situación que hoy motiva la declaratoria del estado de conmoción.
Es importante mencionar que hay otras alertas vigentes que podrían concretarse en medio de una situación similar, una de ellas la emitida un día después del decreto de conmoción, la 001-25, que plantea riesgos para la población civil por la confrontación entre los grupos disidentes comandados por alias ‘Calarcá’ y la estructura de alias ‘Mordisco’, esto en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca.
Aunque algunos de los grupos armados ilegales que hoy están en confrontaciones se encuentran en procesos de negociación, como es el caso del Estado Mayor de los Bloques, las alertas de la Defensoría dejan ver un escalamiento de las acciones armadas que podrían complicar la situación de seguridad en buena parte del país.
Por esa razón, las plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales continúan defendiendo las negociaciones como la mejor opción posible en este momento, como lo menciona Pilar Castillo: “seguimos haciendo un llamado enérgico al Gobierno nacional para que no abandone la senda de la paz y el diálogo como el camino más acertado para resolver de fondo los problemas que han generado tanta violencia”.
Hace más de 30 años la vía entre San Vicente del Caguán, Caquetá, y la inspección de Campo Hermoso era solo una trocha que abrieron los propios campesinos con machete y pala, por la necesidad de conectar sus comunidades con otros municipios. El traslado podía durar un día completo. Los caminos se mejoraron poco a poco y hoy, aunque no se encuentran en las mejores condiciones porque pocas veces han sido intervenidas por el Estado colombiano, gracias al esfuerzo de la comunidad se puede llegar de un punto a otro en una hora.
Tener esta carretera no ha sido fácil. Miller González, conductor de transporte público de la empresa Cootranscaguan, transitaba de manera frecuente los caminos de la inspección. A finales de la década del noventa, por las malas condiciones de la vía él y otros conductores tenían que ir todos los miércoles con picas, palas, hachas y machetes para hacerle mantenimiento. Un año estuvieron en esa situación hasta que llegaron carros nuevos, con mayor resistencia a las condiciones de los caminos, por lo cual la gente los comenzó a preferir, dejando de lado los vehículos antiguos que manejaban personas como González.
Esa situación llevó a que 12 conductores hicieran un paro en Campo Hermoso con el bloqueo de la vía, atravesaron sus vehículos a la espera de una respuesta. “Después de un día de debate, se concluyó que lo mejor era poner un peaje para que todos los que pasaban por la vía hicieran su aporte a la carretera”, afirma González. De esta manera nació el peaje comunitario de la vereda El Guayabo, uno de muchos más que surgirían en los años siguientes en el municipio y que hoy continúan en funcionamiento bajo la administración de las comunidades campesinas.
Como lo señala Obed Montenegro, habitante de Campo Hermoso, aunque esta iniciativa comunitaria es reconocida como un peaje, en lo estricto no lo es porque no está regulado. Este tipo de acuerdos comunitarios nacen de una necesidad de los habitantes de los territorios rurales de San Vicente del Caguán y como consecuencia de la ausencia de los diferentes gobiernos y la implementación de políticas sociales que incluyan la infraestructura.
“Realmente falta mucho que el gobierno mire a nuestro municipio, que San Vicente no sea siempre estigmatizado por el tema de la violencia, por el tema de los procesos de paz”, afirma Nini Johana Collazos, concejal de San Vicente del Caguán. Ella reconoce que el presupuesto con el que cuenta el municipio es mínimo, lo que ha dificultado que se puedan resolver necesidades básicas de su población. “Nuestro municipio tiene zona de Parques Naturales, zona de reserva campesina, hasta una de reserva forestal, todo el territorio no paga impuestos, entonces eso hace que el presupuesto sea mínimo para las necesidades que tenemos tan grandes”, agrega.
Reconoce que esa es la razón que motivó a las comunidades a organizarse y constituir lo que se conoce como peajes comunitarios; tomando en cuenta las cantidades de vías que deben recibir mantenimiento de manera constante para tener unas condiciones mínimas, de manera que la comunidad campesina se pueda movilizar y sacar los productos que cosechan en las veredas. Ana Varón, habitante de Campo Hermoso y quien trabajó varios meses en el peaje de su comunidad, afirma que este es un aspecto importante para fortalecer las economías propias de los campesinos, ya que “de la zona salen todos los derivados de la leche, sale mucho queso, sale la leche líquida, de acá también están sacando productos agrícolas”.
Las comunidades rurales que hoy tienen estas iniciativas consideran necesario mantenerlas pues, como lo afirma Montenegro, “existe un abandono total del Estado, especialmente de Invías que no se apropia de esta que es una vía secundaria. Si no existiera ese recurso se nos daña y no sería transitable, es muy importante tenerlo y sostenerlo porque es el recurso que entra para que la vía esté medianamente funcional”.
La concejal Nini Collazos señala que en el momento no hay una posibilidad real de pavimentación de la vía que conecta San Vicente del Caguán con Campo Hermoso. Aunque desde hace varios años existe una propuesta registrada en el banco de proyectos del departamento, no ha sido posible asignar recursos, “yo creería que nos toca continuar a las comunidades, con la organización social, trabajando para que podamos transitar en las vías. Esperar recursos del gobierno es muy dispendioso”, afirma.
Por su parte, Obed Montenegro sabe que no siempre se ve con buenos ojos que existan peajes comunitarios, pero frente a la falta de soluciones por parte del Estado esta es la única alternativa que han encontrado, “es tristemente el único recurso que le queda al campesinado en muchas situaciones para poder sostener las vías”, señala.
El de Campo Hermoso es solo uno de los muchos peajes que las comunidades han creado en las veredas de San Vicente del Caguán, así lo afirma Gleodulfo Pulido Zúñiga, inspector de policía de la inspección de Campo Hermoso, “a medida que se abrían más trochas hacia veredas y centros poblados iban naciendo nuevos peajes con el único propósito de recolectar el dinero necesario para mejorar las vías y mantenerlas en buen estado, es el caso de los peajes de Luz, Chiquita, El Guayabo, Villa Carmona, Villa Lobos, Las Damas, la Novia Celestial, Palmichales 1, Betania, Mandalay, Heliconias y otros más”, dice.
Estos peajes nacieron en la década del noventa, cuando las Juntas de Acción Comunal de las veredas decidieron organizarse para gestionar la iniciativa y administrar los recursos. Su esencia es comunitaria, son los mismos campesinos de las veredas quienes suplen las diferentes necesidades de los peajes y también hacen parte de los comités veedores de los recursos que se recogen todos los días.
Las personas que trabajan en el punto de cobro llevan un registro minucioso de la cantidad de vehículos que transitan y a final de mes realizan un inventario para organizar los recursos. Todos los vehículos que se transportan por las vías en las que existen los peajes deben dar un aporte económico que se determina según el tipo de medio de transporte. El dinero recolectado es administrado por el comité de carreteras designado por las mismas comunidades. También se supervisa la vía, se gestiona la contratación del personal y la maquinaria necesaria para los trabajos de mantenimiento. La veeduría la realizan los habitantes de cada vereda.
“El propósito de la recolección de este dinero es para el arreglo general de la carretera ahí se incluyen puentes, alcantarillas y el arreglo de la carretera como tal”, afirma Ana Varón. Por lo general las personas encargadas de realizar estos trabajos son los propios habitantes que tienen los conocimientos o la maquinaria necesaria para adelantar las labores de mantenimiento, así lo señala Obed Montenegro.
El propio esfuerzo de las comunidades rurales ha permitido que en la actualidad los campesinos cuenten con vías para comunicar sus veredas, sin embargo, estas no se encuentran en las mejores condiciones y obligan a la propia población a realizar esfuerzos para cubrir los altos costos de su mantenimiento.
San Vicente del Caguán es uno de los 170 municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, que se determinaron en el acuerdo de paz del 2016. En la actualidad se ha dado inicio a la ejecución de 25 iniciativas relacionadas con infraestructura, algunas de las cuales buscan mejorar las vías con su pavimentación. Es el caso del proyecto de pavimentación de dos kilómetros entre San Vicente del Caguán y Campo Hermoso, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por las mismas comunidades con recursos de los peajes comunitarios. Sin embargo, a casi nueve años de la firma del acuerdo, las comunidades siguen a la espera de mayor intervención por parte del Estado.
En el Chocó, donde el río San Juan murmura historias de la selva y el canto de los pájaros parece conversar con el viento, nació Monseñor Wiston Mosquera Moreno. Andagoya, su tierra natal, vio sus primeros pasos en 1967, en un pueblo donde la mezcla de culturas afrodescendientes, indígenas y mestizas conforma una identidad única y vibrante.
Desde pequeño Wiston fue testigo de los relatos que su abuela Floriana, una mujer sabedora de historias, le contaba a él y a otros niños de la comunidad, así lo relata Pastor Murillo, miembro del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de la Naciones Unidas. Sentados alrededor de ella, al caer la noche, escuchaban los cuentos de Anansi, tío tigre y tío conejo, figuras que representaban no solo la sabiduría ancestral, sino también el alma de un pueblo que ha logrado resistir el paso del tiempo y la opresión. Esos relatos, cargados de lecciones profundas, fueron los que le dieron las primeras herramientas para comprender el mundo que lo rodeaba y, tal vez, para empezar a pensar en un mundo mejor.
Monseñor Wiston Mosquera no es solo un líder religioso, es un hombre que ha vivido la realidad de su tierra y de su gente. Su vida no se ha limitado a las fronteras de un altar o una parroquia; ha sido un incansable misionero, un pastor que ha dedicado su vida a llevar esperanza y consuelo en medio de las adversidades de departamentos como el Valle del Cauca y el Chocó, marcados por la violencia, el olvido estatal y la pobreza.
Después de años de trabajo en la comunidad chocoana, el camino de Wiston lo llevó a Cali para formarse como catequista y teólogo, donde, en el corazón del distrito de Aguablanca, asumió diversas responsabilidades pastorales. No fue fácil, pero en cada parroquia, en cada barrio golpeado por la marginalidad, dejó una huella profunda de fe, esperanza y resistencia. Su carácter cálido y cercano hizo que los feligreses lo vieran no solo como un líder espiritual sino como un hermano, un amigo, alguien que entendía sus dolores y sus luchas diarias.
Fue en Cali donde Wiston Mosquera comenzó a brillar aún más, allí fue vicario de la Arquidiócesis de Cali y párroco de La Ermita. Además, la comunidad lo reconoció como un hombre con una visión clara: la de un mundo más justo, sin distinciones, sin racismo. Sin embargo, no fue sino hasta que el Papa lo nombró obispo de la Diócesis de Quibdó, en octubre de 2024, que su labor alcanzó nuevas dimensiones. Regresar al Chocó no fue solo un regreso físico, sino un regreso al llamado profundo que él sentía por su gente, por su tierra, por su historia.
Al asumir como obispo, monseñor Mosquera se enfrentó a un panorama desolador. Quibdó, como muchos otros rincones del Chocó, está marcado por un desorden público alarmante. La violencia, la pobreza y la corrupción han dejado cicatrices profundas en su población, y Wiston, con su voz de pastor y líder social, no ha dudado en hablar con firmeza sobre lo que realmente le duele. "No se puede desconocer que aún estamos en una Colombia que tiene demasiado racismo y segregación", ha dicho en varias ocasiones, refiriéndose a la lucha constante de los afrodescendientes por su dignidad.
Pero Monseñor no se queda solo en las palabras. Como buen hijo del Chocó sabe que la acción es vital. En sus primeras intervenciones ha hecho un llamado a todos los actores sociales y gubernamentales a trabajar con "transparencia y manos limpias", refiriéndose a la corrupción que ha carcomido las instituciones públicas en la región. "Si algo nos hemos ganado como chocoanos es la mala fama por la corrupción", señala, apuntando a la necesidad urgente de un cambio en las estructuras de poder.
Para él, la misión pastoral en Quibdó va más allá de lo espiritual. Se convierte en un puente, en un articulador entre lo religioso y lo público. "Nuestro trabajo no es político sino pastoral, pero al final todo se conecta. Lo social, lo espiritual y lo público deben ir de la mano para transformar esta tierra", afirma con la convicción de quien ha vivido las luchas de su pueblo y de quien sabe que el cambio comienza en lo más profundo del corazón de las comunidades.
La llegada de Monseñor Wiston Mosquera a la Diócesis de Quibdó no solo ha sido un acontecimiento eclesiástico. Ha sido una esperanza renovada para muchos chocoanos que ven en él una figura de autoridad moral capaz de inspirar un cambio real, un cambio que empodere a su pueblo y lo saque del estancamiento. "No es solo una misión espiritual, es una misión social", dice con fuerza, consciente de que su tarea es mucho más grande que cualquier estructura religiosa o administrativa.
Hoy, el Chocó mira a Monseñor Mosquera con una mezcla de esperanza y respeto. Su tarea no será fácil, pero para él, cada paso dado en su tierra natal es una victoria. Como él mismo lo ha dicho: "Nuestro trabajo no es solo ser párrocos, sino ser pastores del pueblo, ser articuladores de la vida de las personas".
Así es Monseñor Wiston Mosquera: un hombre de fe, de acción y de profunda raíz chocoana. Un líder que no olvida sus orígenes y que, con cada palabra y cada acción, sigue buscando el bienestar de su gente.
Para muchos chocoanos, Monseñor Wiston representa más que un líder espiritual: es un ejemplo de lo que el pueblo negro puede lograr. Edison Vergara, sacerdote de la Iglesia Episcopal, lo celebra con júbilo, destacando que su nombramiento abre puertas para futuras generaciones de hombres y mujeres afrodescendientes dentro de la Iglesia. “Nos da la posibilidad de que podemos ser buenos administradores de las cosas de Dios y del mundo”, afirma.
Por su parte, Henry Diego Mosquera González, abogado y líder social, reflexiona sobre el impacto histórico de este nombramiento. “Es un cambio de paradigma que muestra que nosotros mismos podemos orientar a nuestra población desde el contexto del evangelio. En un momento donde los negros hemos optado por estar en todas las estructuras sociales, esto es un símbolo de inclusión y transformación”.
“Colombia sigue siendo un país con demasiado racismo y segregación”, dice monseñor Wiston, al tiempo que enfatiza en la necesidad de un cambio real, tanto en la percepción como en las acciones de las instituciones y la sociedad.
Para el pueblo chocoano, su llegada trae esperanza. No solo por su labor pastoral, sino por su llamado a la transparencia y la ética en el manejo de los recursos. “La corrupción aquí ha sido casi del cien por ciento, y los dineros públicos no van donde tendrían que ir. Pero nuestra misión es trabajar desde lo espiritual para impulsar lo social”, enfatiza.
Monseñor Wiston Mosquera Moreno es, para muchos chocoanos, la personificación de un nuevo capítulo en la historia del departamento. Un capítulo donde las voces negras no sólo son escuchadas, sino que lideran con fuerza y dignidad. En él, los relatos de Floriana cobran vida, y el pueblo de la Calle de la Virgen ve en su obispo a un hombre que, como los cuentos de Anansi, teje puentes de esperanza en un territorio donde durante demasiado tiempo solo ha reinado el olvido.
Cuando era una niña, Edith Sonia Mosquera asistió su primer parto: el de su madre. Ese día solo se encontraban ellas y la partera que asesoraba el embarazo, quien le pidió ayuda para cortar y amarrar el que sería su primer ombligo. Desde ese momento aprendió sobre la medicina ancestral; para preparar bebedizos con plantas medicinales, como el poleo y la hierba de la virgen, con el objetivo de ayudar a sus hermanas y a la comunidad de Corcovado, un corregimiento del Alto San Juan del municipio de Tadó.
En zonas rurales como Corcovado, donde el acceso a servicios de salud es limitado, las parteras son esenciales para garantizar la vida y la dignidad de las gestantes. El centro de salud local de este corregimiento se encuentra abandonado y no cuenta con las condiciones adecuadas, lo que obliga a los habitantes a recorrer un promedio de 22 kilómetros hasta el Hospital San José de Tadó, ubicado en el casco urbano. “En ese tiempo, todo era al lado opuesto. Donde la mujer sale y el río está grande. Eso mismo le enseña a uno que tiene que aprender a defenderse en la vida”, recuerda Edith Sonia, resaltando cómo la partería la empoderó para enfrentar cualquier dificultad.
La labor de la partería no es únicamente ejercida por mujeres, Luis Américo Mosquera es otro defensor de esta tradición, quien aprendió de manera empírica a atender a las parturientas junto a su maestro José Brandino Mosquera (QEPD). Su interés por este oficio, ya había comenzado previamente al ofrecer su servicio como promotor de salud en la comunidad de Angosturas en Tadó y recibir capacitaciones teóricas en conjunto con varias parteras y parteros de la zona rural.
Para él, la partería trasciende lo clínico, pues representa una conexión en la que pueden acompañar el esposo, la cuñada o una vecina, por lo que afirma: “Quien nace con partera, nace en familia y el que nace en el hospital o clínica, nace con un personaje diferente”. El parto humanizado se caracteriza por algo que los hospitales no siempre pueden ofrecer: un acompañamiento cercano y continuo. Durante el proceso, las parteras se transforman en figuras maternas cuidadoras, brindando no solo atención física, sino también emocional y psicológica a la gestante.
Américo se convirtió en el primer representante legal de la organización Asorediparchocó, una entidad local sin ánimo de lucro que resignifica a los y las parteras ancestrales como gestores de procesos sociales de salud, al capacitarlos en la asistencia técnica de la partería y en el cuidado materno e infantil.
Durante la pandemia, muchas mujeres optaron por buscar parteras tradicionales ante el miedo al contagio por COVID-19 en los hospitales. Este contexto generó grandes desafíos para los y las parteras, que tuvieron que brindar apoyo en situaciones complejas. “Nosotros presentamos una tutela, que se llama la T-128 de 2020, por no habernos tenido en cuenta durante la pandemia”, comenta Luis Ámerico Mosquera.
Gracias a esta exigencia, en 2022, la Corte Constitucional reconoció la partería tradicional como un saber ancestral en la Sentencia T-128, instando al Ministerio de Salud a integrarla en el Sistema de Seguridad Social en Salud. Mosquera resalta, sin embargo, que este reconocimiento no sólo debe ser simbólico, sino acompañado de un respaldo económico real: “Lo que no queremos es que por llamarnos a trabajar en salud básica ya el Ministerio de Salud piense que está cumpliendo con nosotros”.
Posteriormente, en 2023, la ‘Partería: conocimientos, habilidades y prácticas’ fue incluida en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Un respaldo que ha sido clave para la resignificación de este conocimiento, lo que ha impulsado esfuerzos para su recuperación y fortalecimiento.
Uno de los mayores desafíos ha sido motivar a las nuevas generaciones a continuar esta tradición, debido a la falta de incentivos económicos para quienes ejercen como parteros. “Por eso le estamos pidiendo al gobierno, a través de la Federación Nacional de Parteros y Parteras del Pacífico, que nos tenga en cuenta y que nos haga también un reconocimiento económico” señala Américo, consciente de que un apoyo tangible podría asegurar el relevo generacional en esta labor esencial para las comunidades.
Esta es una vocación que nace del deseo de ayudar a los demás, demanda tiempo, empatía y, sobre todo, el compromiso de acompañar a las mujeres en momentos cruciales, donde muchas han perdido la vida ante la falta de ese apoyo, por lo que es esencial asegurar que en cada comunidad siempre haya alguien dispuesto a brindar atención y prevenir situaciones de riesgo.
A pesar de la dedicación y el cuidado que los parteros brindan, no siempre el resultado es el esperado, ya que hay circunstancias que escapan a su control. Uno de los partos que acompañó en la comunidad de Corcovado, marcó profundamente la carrera de Luis Américo; en el proceso todo parecía estar en orden — las hierbas seleccionadas con paciencia y la preparación realizada con precisión —, al recibir al bebé en sus brazos, notó que no respiraba. A pesar de sus esfuerzos por reanimarlo, cada intento fue en vano.
Tras la pérdida, Américo continuó el proceso, en búsqueda de acompañar a los padres en su dolor. Junto a la familia convocaron a la comunidad para llevar a cabo un gualí, una tradición arraigada en la cultura chocoana. En este ritual comunitario, los vecinos se reúnen como compañeros espirituales, creando un espacio para entonar un canto sincero que honra a los niños fallecidos menores de ocho años, al ritmo de la tambora.
Chocó, en el 2024, fue el cuarto departamento a nivel nacional con mayor número de nacimientos asistidos por parteras/os tradicionales, quienes acompañan a las mujeres en sus hogares antes, durante y después del parto. Según las estadísticas vitales del DANE, de los 3.626 nacimientos registrados en el Chocó, 272 fueron atendidos por estas guardianas de la vida.
En este arte que combina el conocimiento ancestral, el instinto y la dedicación a la comunidad, María Griseldina Martínez, una destacada representante de la Red Interétnica de Parteras y Parteros del Chocó de los parteros del municipio de Tadó, aprendió desde sus siete años, como semilla de su madre, a cuidar de la vida en su forma más vulnerable. Hoy habla de los 214 milagros a los que ha asistido sola, en los que no ha muerto ninguna gestante ni un bebe en este procedimiento.
Actualmente, María Griseldina desempeña su labor como partera tradicional en un hospital, trabajando en conjunto con psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras y médicos. Su rol, que en el pasado estuvo marcado por restricciones legales, hoy es valorado y reconocido dentro del sistema de salud.
Sin embargo, esta situación no fue siempre así. Durante décadas, normativas como el Decreto 2311 de 1938 y el Decreto 1260 de 1970 obstaculizaron la labor de las parteras tradicionales, al exigir que solo médicos o enfermeras certificadas pudieran asistir partos y expedir certificados de nacimiento, lo que invisibilizó su labor y dejó a muchas familias sin acceso a registros formales para sus hijos.
El panorama comenzó a cambiar en 1997, cuando se permitió que los nacimientos pudieran registrarse mediante testigos, aunque esta práctica siguió siendo rechazada por muchos hospitales, que consideraban la partería como una actividad ilegal. Esto dificultó el registro de los recién nacidos atendidos por parteras y contribuyó a la llamada “falta de identificación heredada”, un fenómeno en el que la falta de registro de los padres impedía también el registro de los hijos.
No obstante, con la llegada del Decreto 356 de 2017 y la Resolución 3676 de 2021,la situación dio un giro histórico. Estas normativas autorizaron oficialmente a las parteras tradicionales a certificar nacimientos, permitiéndoles participar en los procesos de registro civil y reconociendo su papel esencial en la atención materna en zonas rurales.
Gracias a una estrategia liderada por el DANE, las parteras ahora reciben capacitación para llenar formatos de notificación de nacimientos, los cuales se envían para su inclusión en las estadísticas nacionales. María Griseldina asegura que cada nacimiento que atiende es registrado de manera formal. "Como representante hago ese documento, lleno el formato de nacimiento y se lo envío al DANE. También lo registro en la Registraduría, donde ya saben que soy yo quien maneja los formatos de nacimiento", explica.
Las parteras notifican nacimientos inmediatos bajo el concepto de “cabecita mojada” —un término que describe a los bebés recién nacidos—, asegurando que cada nuevo ser humano sea contado en el censo nacional. Incluso en casos donde el padre se niega a registrar al bebé, las parteras garantizan que el niño reciba los apellidos de la madre, protegiendo su derecho a la identidad y asegurando su inclusión formal en el sistema.
Los parteros han heredado una tradición amplia en el uso de plantas medicinales, las cuales emplean en la preparación de bebedizos para aliviar dolores y promover el bienestar de las gestantes. En estos remedios se destaca el uso del viche, un destilado artesanal elaborado a partir de la caña de azúcar, típico de las comunidades negras y afro del Pacífico colombiano. Considerado un afrodisíaco, el viche no solo es apreciado por su sabor, sino también por sus propiedades medicinales para calmar los cólicos y aumentar la fertilidad, lo que lo convierte, como María Griseldina explica, en un elemento natural, puro e indispensable que puede mezclarse con raíces y semillas.
Sin embargo, con el paso de los años y el uso indiscriminado de herbicidas, el acceso a las plantas esenciales para realizar la medicina ancestral no solo se ha reducido, sino que también ha afectado sus propiedades curativas. Para María Griseldina, como muchos parteros, hierbas como la celedonia, carpintero, altamisa y el poleo son ingredientes fundamentales, por lo que ha encontrado en los cultivos en azotea una solución para cultivarlas y mantener la tradición viva en la comunidad.
En la práctica de la partería ancestral, cada dolencia tiene un remedio específico, razón por la cual este reportaje recoge una pequeña parte de la sabiduría de estos tres parteros, quienes comparten algunas de sus técnicas y conocimientos para atender las necesidades de las gestantes y los recién nacidos.
El frío es una condición que los parteros del Pacífico enfrentan con frecuencia pero que puede influir en el bienestar de la gestante, al generarle dolores falsos que se pueden confundir con el inicio del parto. Según su cosmovisión, la mujer puede adquirir frío de manera inadvertida al realizar tareas o hábitos cotidianos como: sentarse en suelos de lugares transitados, lavar ropa o bañarse en ríos crecidos donde el agua llega hasta la cintura.
Luis Américo explica que, para combatir este mal, recurren a baños de asiento y vahos. Los baños de asiento consisten en sumergir la vagina de la mujer en agua tibia con hierbas, mientras que los vahos aprovechan el vapor generado por la cocción de plantas medicinales, como el nudillo criollo y el eucalipto. Edith Sonia, comparte una práctica similar realizando vahos con poleo, albahaca y aguardiente, mientras que María Griseldina prefiere preparar agüita de Celedonia con canela, complementada con una ramita de Carpintero, al realizarle este tipo de remedios a la mujer, el bebedizo calmará los dolores, y, por el contrario, si aumentan los pujos es porque la mujer se encuentra preparada para dar a luz.
Para tratar el encajamiento, cuando el bebé se incrusta o se acomoda en una mala posición cerca a la pelvis, las parteras intervienen con masajes en el abdomen para corregir la posición del bebé y facilitar su salida. Esta condición puede incomodar a la gestante e impedir el movimiento. María Griseldina explica que: “se los ubica desde pequeños, se los organiza, se les desencaja para que la madre pueda caminar cómodamente. Con unas pocas indicaciones, uno les enseña cómo pueden manejar esta situación si llega un momento en que la partera no está cerca”.
El embarazo se describe como un estado caliente, una línea delicada entre la vida y la muerte. Por eso, las comadronas alistan cuidadosamente las sábanas, preparan los implementos y adecúan un espacio sin contaminación dentro de la vivienda, creando un refugio seguro para este tránsito sagrado.
Después de que la parturienta termine su labor de parto, es necesario que la mujer expulse la placenta, un acto conocido como alumbramiento. Para facilitar este proceso, Edith Sonia Mosquera utiliza baños con la hierba de la virgen durante el embarazo, protegiendo a la mujer del frío y previniendo que se haga daño. También busca evitar que alguien, de manera consciente o inconsciente retrase, haga una contraria o una maldad que complique el parto poniendo en peligro la vida de la madre y el bebé.
Por su parte, María Griseldina muele altamisa, extrae su zumo y lo mezcla con un poco de aguardiente o viche, ofreciéndole a la gestante. Si la placenta no es expulsada de manera natural, emplea otro recurso: induce náuseas a la mujer colocando un tallo de cebolla larga en su boca.
Proteger el cuerpo de la mujer durante el parto es una prioridad. En este contexto, el rol de las parteras es velar por la reducción de muertes maternas y de los menores, asegurando una buena salud reproductiva de la mujer y evitando prácticas que puedan caer en violencia obstétrica en otros contextos. Estas matronas escuchan a la madre, respetan su cuerpo y buscan intervenir de la manera menos invasiva posible. María Griseldina lo resume con claridad: “Para no rasgar a la mujer, nosotros buscamos una compresa y le sostenemos ahí, esa parte donde va a salir el bebé, lo sostenemos para que suba” lo que facilita la salida del bebé.
Por su parte, Edith Sonia Mosquera utiliza una técnica llamada "la filosofía del hueso" para evaluar y asistir el parto. De manera cuidadosa introduce dos dedos para identificar la posición del hueso púbico y, si está bajo, ayudar a corregirlo para evitar obstrucciones en el canal de parto. Sin embargo, reconoce la necesidad de recurrir a un hospital cuando las circunstancias lo demandan. Al introducir tres dedos entre el canal vaginal y el hueso, reconoce si hay espacio suficiente para el paso del bebé.
El pasmo es un malestar que persigue a las mujeres tras el parto ante cualquier descuido. Una dieta inapropiada o la exposición al frío pueden desencadenar dolores de cabeza intensos, cólicos y una debilidad que impide la recuperación de la mujer. María Griseldina explica que una de sus curas más efectivas es encender un cigarro envuelto en base de algodón en el oído de la mujer, generando humo que puede calmar los dolores de cabeza causados por el pasmo (lo que en el Chocó se conoce comúnmente como pasmo cagalerudo).
Edith Sonia, con la seguridad de quien ha atendido innumerables partos, enfatiza en la urgencia de tratar el cuerpo herido: “la bebida que se toma, curte por dentro y limpia. Y la de abajo, va sanando por debajo, porque usted queda con una herida”. Esto se hace para evitar que la vagina quede "chacu chacu", expresión que hace referencia al ruido generado por las partes íntimas durante el acto sexual, permitiendo así que la mujer pueda disfrutar plenamente de su sexualidad.
Recuperarse implica tiempo, descanso y una comunidad que comprenda la importancia de sanar desde adentro con la guía de una matrona que escuche, acompañe y aconseje una dieta que devuelva el equilibrio a la mujer. María Griseldina aconseja que las primeras cenas post parto contengan gallina criolla o carne de cerdo, evitando la carne de res y el huevo, comidas que pueden generar malos olores.
En el Chocó, durante el periodo conocido como "las cuarenta panelas", que corresponde al cuidado de una mujer después de dar a luz, se toman medidas especiales para evitar complicaciones. Entre estas, se cubre la cabeza de la madre con un amarracabezas y se coloca algodón en sus oídos para protegerla del pasmo.
Después del nacimiento, los parteros inician con la atención y cuidado del niño, enfocándose especialmente en la sanación del ombligo. Edith Sonia Mosquera subraya la importancia de mantenerlo limpio y tapado para que no le entre frío y así evitar complicaciones como “el mal del ombligo”. Una condición que se manifiesta con un cambio de color a blanco, y un mal olor que puede afectar gravemente la salud del infante.
Como explica Luis Ámerico Mosquera: “Siempre estamos pendientes en los primeros ocho días, todos los días, hasta que caiga el ombligo. Ayudamos a bañar al niño y a hacer la limpieza del ombligo, que en este momento solo está autorizado con alcohol, sin añadir otros líquidos”.
Esta última aclaración surge en contraste con prácticas de tiempos pasados, cuando se realizaban rituales durante el corte del cordón umbilical. En ellos, un integrante de la familia aplicaba elementos de origen natural, como hierbas, animales o polvos minerales, en el ombligo del recién nacido con fines espirituales, buscando bendiciones o protección. Sin embargo, estas prácticas han caído en desuso debido a los riesgos biológicos asociados, como infecciones o complicaciones en la cicatrización. Además, este ritual ancestral incluye enterrar el ombligo o incluso la placenta para conectar al niño con sus raíces y el territorio.
Alguna vez se ha preguntado ¿cómo se vive diciembre en otras regiones de Colombia?, ¿qué tradiciones permanecen entre las generaciones? y ¿a qué suenan las fiestas de fin de año en esos lugares del país?
En San Vicente del Caguán, Caquetá, diciembre trae muchas oportunidades para reunirse con la familia, los amigos y los vecinos, y revivir tradiciones, unas que se han heredado de generación en generación y otras más recientes que se han instalado en los sanvicentunos y que generan reflexiones más allá de la época decembrina, como el cuidado del medio ambiente.
Desde la puerta de entrada a la Amazonía colombiana, llega este especial de diciembre de Consonante. Recorrerán las calles de San Vicente del Caguán, decoradas con hermosas figuras realizadas en material reciclable, producto del trabajo colectivo. También conocerán la receta de nochebuena, un dulce de papaya que tiene como ingredientes secretos el tiempo y la paciencia.
Un estruendo se escuchó en el barrio Villa Norte de San Vicente del Caguán en la tarde del 22 de diciembre. La tierra se movió y el sonido llegó hasta las casas del sector. “Esto me hizo recordar anteriormente como cuando colocaban bombas”, nos contó una habitante de la zona. Esta vez la causa fue la desactivación controlada por parte del Ejército de un artefacto explosivo abandonado en la vía de ingreso al barrio.
Este no es un caso aislado, de hecho es bastante frecuente en este y en otros municipios del país. Las balas y las explosiones siguen ocurriendo cerca de la población civil, especialmente de campesinos, indígenas y afrodescendientes.
Miles de personas no terminan este año con la tranquilidad y alegría que viven otras en las principales ciudades en medio de las festividades. El recrudecimiento del conflicto armado interno deja más que cifras: incrementa la precarización de la vida de las comunidades y la imposibilidad de vivir en paz en la ruralidad colombiana.
Durante el 2024 en Colombia se presentó un deterioro de la situación de seguridad. Así se evidencia en el fortalecimiento y expansión de los grupos armados no estatales en casi todo el país, como lo documentan diferentes organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia, cuya representante saliente Juliette de Rivero, reconoció recientemente en una entrevista con El Espectador que algunos grupos armados han aprovechado el escenario de diálogos con el Gobierno para consolidar su poder.
Este es un tema importante para entender la situación en la que se encuentra el país en materia de seguridad y el estado de las garantías para la población civil. Ya ha transcurrido más de la mitad del periodo presidencial de Gustavo Petro, y los reflectores están puestos sobre los avances en la política de Paz Total que durante 2024 pasó por diferentes momentos que han cambiado el mapa de las alianzas y estructuras de los grupos armados.
Era un frente del ELN en el departamento de Nariño, pero el 7 de mayo se separó oficialmente para acercarse al Gobierno y abrir una negociación independiente. Podría decirse que hoy es el proceso más avanzado en el marco de la política de Paz Total. Recientemente finalizó el quinto ciclo de negociaciones en el que llegaron a acuerdos importantes como la concentración de los combatientes en Zonas de Ubicación Temporal, lo que dará paso a la reincorporación y construcción de un movimiento político. Además, se acordó la destrucción de material de guerra del grupo armado que se realizará bajo los protocolos del Gobierno nacional con el acompañamiento de la MAPP-OEA y, por último, se pactó un cese al fuego bilateral por 180 días a partir de enero.
Presencia territorial: según el Gobierno nacional, este grupo hace presencia en el departamento de Nariño, particularmente en 10 de sus municipios.
Desde el inicio este proceso ha estado marcado por desencuentros. El primero fue la negativa del ELN de sumarse al cese bilateral decretado por el Gobierno el 31 de diciembre de 2022. En julio de 2023 se declaró el inicio de las negociaciones y se pactó un cese al fuego bilateral temporal desde el 3 de agosto de ese año.
El 30 de mayo de este año, el ELN condicionó la continuidad del proceso a que fueran retirados de la lista de “Grupos Armados Organizados”, concretar la creación del Fondo Multidonante (sobre el que no hay mucha claridad) y suspender las conversaciones entre el Gobierno y el frente Comuneros del Sur en el departamento de Nariño. Nada de esto ha ocurrido.
Las conversaciones estuvieron congeladas desde mayo, pero en septiembre, después del ataque a una base militar en Puerto Jordán, Arauca, se generó una crisis que hizo que el presidente Gustavo Petro dejara en vilo la continuidad del proceso.
En noviembre se dieron acercamientos en los que se acordó realizar un nuevo encuentro en el mes de enero del 2025. En un comunicado que ha circulado desde el 22 de diciembre, este grupo anunció un cese al fuego unilateral entre el 23 de diciembre y el 3 de enero.
Presencia territorial: según la Fundación Pares este grupo tiene presencia en 231 municipios.
En marzo de este año, el Gobierno suspendió el cese al fuego con el EMC en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, tras un ataque de este grupo a una minga indígena del pueblo Nasa, en el que fue asesinada la lideresa Carmelina Yule Paví.
Después de esto, el EMC se dividió en dos facciones: una, comandada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Losada “Mordisco” y la otra por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”.
Mientras siguen las hostilidades contra el EMC, particularmente contra el grupo de “Mordisco”, que el 16 de abril fue expulsado de la mesa de conversaciones, el proceso de negociación se mantiene con la facción de “Calarcá” nombrada Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc (Estado mayor de los bloques "Comandante Jorge Suárez Briceño", Magdalena Medio "Comandante Gentil Duarte" y frente "Comandante Raúl Reyes").
En octubre se finalizó el sexto ciclo de diálogos con este grupo en el que, entre otras cosas, se acordó la extensión del cese bilateral hasta abril de 2025.
Presencia territorial: según la Fundación Pares, en agosto de este año el grupo de “Calarcá” hacía presencia en 86 municipios. Por otro lado, el grupo de “Mordisco” actuaba en 123 municipios.
En junio de este año el Gobierno acordó el inicio de diálogos de paz con la Segunda Marquetalia, en cabeza de Iván Márquez. Esta estructura llegó a la mesa con dos aliados: Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Sin embargo, en el mes de noviembre estos dos últimos grupos decidieron desligarse de la Segunda Marquetalia y se agruparon bajo el nombre de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. El Gobierno continuó en la mesa con la Coordinadora, mientras que Iván Márquez se apartó de las negociaciones.
Presencia territorial: según la Fundación Pares, la Segunda Marquetalia tiene presencia en 66 municipios.
En el mes de febrero de este año cambiaron su nombre a Ejército Gaitanista de Colombia (Egc). En julio el Gobierno autorizó la instalación de un Espacio de Conversación Sociojurídico y reconoció a seis representantes de este grupo para participar como voceros.
Existe una tensión importante en este proceso, porque en varias entrevistas el abogado del Egc ha dado a entender la necesidad de que se le reconozca estatus político a este grupo paramilitar, hecho al cual el Gobierno se ha negado y que cambiaría todas las condiciones de la negociación.
Presencia territorial: actualmente este es el grupo con mayor control y capacidad militar. Según la Defensoría del Pueblo, están presentes en 392 municipios.
En agosto de este año, el Gobierno colombiano reconoció a cuatro miembros representantes de la Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada para que participen en el Espacio de Conversación Sociojurídico, que estaría orientado a fijar unos términos de sometimiento a la justicia.
Este año tuvo eco la solicitud de alias “Camilo”, vocero de ese grupo armado, quien en abril pidió que Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fuera gestor de paz en este proceso. Cuatro meses después, con la Resolución 244 del 14 de agosto, Mancuso fue nombrado gestor de paz, una decisión polémica sobre la que, incluso, se ha manifestado la Corte Suprema de Justicia, al negar su libertad por considerar que no hay proporcionalidad entre la intención del Gobierno al ponerlo en ese rol y la necesidad de justicia y derechos de las víctimas.
Presencia territorial: según InSight Crime, este grupo tiene presencia en 14 municipios.
Continúan los espacios de diálogos sociojurídicos:
La mayoría de los grupos armados ilegales que se encuentran en negociaciones o diálogos sociojurídicos, presentan un fortalecimiento y expansión territorial.
Esta situación tiene efectos sobre la población civil. Como se registra en el informe enero-septiembre 2024 de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 171.700 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado durante ese periodo, agresión que se ha generado por causas como los enfrentamientos entre grupos armados no estatales y las amenazas directas a las comunidades.
Por otra parte, esta organización humanitaria registró 104.803 personas víctimas de confinamientos. La mayoría de eventos de este tipo han tenido lugar en el departamento del Chocó, con concentración particular sobre las comunidades que se encuentran sobre el río San Juan.
Además de estas formas de violencia, otros hechos generan alerta frente al fortalecimiento de los grupos armados ilegales, como las masacres; los homicidios selectivos de defensores de derechos humanos y firmantes de paz; y el reclutamiento de niñas, niños, jóvenes y adolescentes.
A pesar de que la Paz Total se propuso como una política que permitiría desescalar la violencia y proteger la vida de la población civil, a dos años de su inicio no se ha logrado cerrar alguno de los procesos abiertos ni avanzar en las promesas de garantías de seguridad. Por el contrario, han sido muchos los obstáculos y tensiones que han marcado esta iniciativa. Uno de ellos, la atomización de los grupos armados en negociación, como el caso del Estado Mayor Central y el Ejército de Liberación Nacional, que a futuro podrían continuar modificando la geografía de la guerra en el país.
El alcalde de Tadó, Juan Carlos Palacios, convocó a una audiencia pública de rendición de cuentas en el salón comunal del barrio San Pedro. La convocatoria fue anunciada mediante perifoneo en las calles y corregimientos, cumpliendo con la Ley 1757 de 2015 sobre participación ciudadana. Durante la sesión, la administración municipal presentó un informe detallado sobre sus logros, retos y gestiones realizadas.
El alcalde explicó que Tadó enfrenta una crisis financiera con cuentas embargadas, lo que limita las inversiones. A pesar de esta situación, se lograron mejoras en las baterías sanitarias de escuelas urbanas y rurales, aunque reconocen que falta mucho por hacer debido al abandono histórico de los planteles educativos. Palacios también mencionó que las gestiones ante el gobierno nacional han tenido resultados limitados, con promesas que muchas veces no se traducen en acciones concretas.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Paterson Palacios, informó que se ha ejecutado un presupuesto de más de 25 mil millones de pesos, priorizando pagos judiciales y nóminas. Mientras tanto, el secretario de Gobierno, Denier Palacios, se refirió a los avances en seguridad, con 13 consejos de seguridad realizados y dotación tecnológica para las fuerzas públicas. Además, se impulsaron iniciativas para la juventud y el turismo, así como ayudas a víctimas, alcanzando a más de 1.300 personas, incluyendo comunidades negras e indígenas.
En el área agrícola, Jorge Betín Pino, destacó el trabajo en el cultivo de maracuyá y la capacitación en manejo de agroquímicos para reducir riesgos. Además, anunció gestiones futuras para comercializar productos como borojó, chontaduro y peces, buscando fortalecer la economía local. Lina Marcela Mosquera, secretaria de Planeación, informó sobre proyectos de infraestructura educativa y pavimentación en barrios como San Pedro y Esfuerzo, así como la regulación urbanística del municipio.
En cuanto a educación y salud, Brenda Yuliet Mosquera explicó que se ha avanzado en atención primaria con ocho equipos básicos, reduciendo la congestión hospitalaria. También se han realizado actividades recreativas y se ha aumentado la cobertura para adultos mayores, beneficiando a 250 personas frente a las 150 atendidas previamente.
Durante la audiencia, habitantes del municipio expresaron sus inquietudes. Amin Orejuela Andrade, representante de personas con discapacidad, preguntó sobre proyectos concretos para su población y solicitó una casa de atención especializada. Por su parte, Yineth de Bruteaba pidió la intervención urgente en el puente del río San Juan para evitar posibles tragedias, destacando que su comunidad no recibe suficientes inversiones.
Un tema crítico fue el del agua potable. Francisco Valderrama Moreno, gerente de ESPAT, rindió cuentas al concejo municipal sobre la gestión del acueducto. Sin embargo, no presentó un plan claro de mejoras, lo que generó críticas del concejal Jaminton Perea Peña. Además, se expresaron preocupaciones sobre la calidad del agua, presuntamente contaminada por actividades antrópicas.
La administración reiteró su compromiso de trabajar por el progreso de Tadó e invitó a todos los sectores políticos y sociales a unirse en diálogo para buscar soluciones conjuntas a los problemas que afectan al municipio. Se enfatizó en la necesidad de mayor claridad en los planes de acción para 2025, especialmente en temas como la potabilización del agua y la infraestructura vial, para garantizar un mejor futuro para la comunidad.
San Juan del Cesar es conocido como la tierra de los compositores de música vallenata. Allí nacieron y se forjaron compositores como Hernando Marín, Máximo Móvil, Roberto Calderón, Marciano Martinez, el recién fallecido Luis Egurrola, entre otros. Es normal que en cada familia alguien cante vallenato, componga canciones, toque el acordeón, o algún otro instrumento. Este género musical hace parte de la vida y la cultura de los sanjuaneros. Por eso es que justo allí se celebra todos los años el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata.
Este hecho, que marca la vida del municipio, llevó a que en el 2021 el compositor Roberto Calderón creara el Museo de Compositores con el objetivo de salvaguardar la música vallenata, pero especialmente desde el oficio de los compositores, con el fin de investigar su vida y obra y, de esta manera, construir memoria.
Calderón decidió crear el museo luego de investigar y encontrar poca información sobre los compositores. Descubrió que no se estaba conservando su historia y que no se reconocía su lugar en la música vallenata. “Con esa base fundamental, teniendo en cuenta que San Juan es la cuna de los compositores, que ha parido más de un centenar de compositores exitosos, consideré que era la ciudad apropiada para crear un museo y salvaguardar la memoria de cada compositor de la música de nuestra tierra”, afirma.
En 2018 Calderón decidió crear la Fundación Cultural Museo de Compositores, lo que daría paso tres años después al lugar de memoria de la música vallenata que funciona en la actualidad.
Para que este sitio fuera una realidad, en varias oportunidades Calderón tuvo que tocar las puertas de entidades gubernamentales y no gubernamentales pero ninguno le apostó a su idea, de ellos siempre recibió una negativa. Pero esto no fue un impedimento para materializarla. “Terminé haciendo los esfuerzos propios y utilizando los recursos de mi patrimonio personal, llevando a cabo todo lo que tiene que ver con la inversión, que es una inversión grande”, relata.
El museo hace parte del Sistema Nacional de Museos y, según Calderón, recibieron la certificación SIMCO, con la que se reconoce que es un espacio de investigación y de exposición novedoso en el país.
El nacimiento de esta iniciativa coincidió con la declaratoria del vallenato como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la Unesco, lo que hizo que este lugar fuera atractivo y tuviera gran acogida por el Ministerio de Cultura y el Sistema Nacional de Museos de Colombia. “Nosotros habíamos creado el Museo de Compositores como una herramienta para salvaguardar, cosa que corrobora con las tareas que impulsó la UNESCO para la investigación y la sostenibilidad de la música vallenata tradicional”, agrega Calderón.
El museo de compositores funciona como una entidad privada. Pero su misionalidad y visión cultural se enfoca en el ámbito público. Como señala Ricardo Calderón, “todos los museos del mundo funcionan como entidad pública porque están al servicio del público”.
Los compositores y sus composiciones juegan un papel fundamental en la música vallenata. Por muchos años ambos han sido los protagonistas de grandes éxitos que a diario suenan en la región Caribe y en el mundo. Roberto Calderón, el creador de este museo, piensa que la composición es la materia prima del canto vallenato. “Puedes tocar acordeón y puedes hacer melodía en acordeón, pero sin la composición que implica literatura y melodía, sin eso no habría música vallenata, no habría música en el mundo”, dice.
Aunque desde su fundación se salvaguarda la vida y obra de los compositores, la construcción y funcionamiento del museo ha generado posiciones distintas entre algunos de ellos.
Para el compositor Jesús Villero, el museo es un espacio importante porque permitirá que la tradición del “sanjuanero compositor” siga trascendiendo de generación en generación. “El Museo del compositor es tan importante porque acá nosotros hacemos el rescate autóctono de la composición, y a través del museo las nuevas generaciones van aprendiendo y se dan cuenta de quiénes fueron esos grandes autores que le han dado vida al vallenato”, afirma.
Para él este es un proyecto innovador y resalta la iniciativa de Roberto Calderón, especialmente porque se creó en San Juan del Cesar, “que es el templo nacional y universal de la composición vallenata porque aquí nacieron y han nacido los mejores compositores de la historia de la música vallenata”, señala.
Rodrigo Celedón, por su parte, reconoce que tener en cuenta a los compositores en este museo es una manera de estimular su trabajo y que las nuevas generaciones conozcan de esos grandes autores que han sido parte de la historia del género. Sin embargo, cuestiona el hecho de que los fundadores del museo no hayan tenido en cuenta a todos los grandes compositores para ser exaltados en este lugar, pues muchos nombres quedaron por fuera. “Un museo no se hace excluyendo personas, a mí no me parece, porque cada quien es merecedor de lo que hizo, de lo que trabajó y una persona que esté generando dinero en Sayco por sus canciones creo que debe estar ahí incluida”, relata.
Celedón se atreve a plantear una idea sobre lo que se puede mejorar en el museo de compositores: “me imagino un museo del compositor donde no se excluya a nadie, si tú hiciste una sola canción ya tú eres un compositor deberías estar ahí metido. La grabación te da para entrar, no sé si en letras grandes o letras pequeñas, pero deberían estar”, recalca.
Por la relevancia de este lugar para la promoción de la cultura de la región, es muy importante contar con el compromiso de la administración municipal. Si bien el museo es una iniciativa privada de Roberto Calderón, al tratarse del vallenato, reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se requeriría una apuesta de diferentes actores sociales, dentro de ellos las instituciones públicas, para su preservación.
Según Yeferson Moya, enlace de Turismo y Cultura de la administración municipal, el museo es un espacio importante para el municipio, porque es una iniciativa que ayuda a preservar la cultura vallenata. “Estamos en un momento de la historia donde muchas personas no están componiendo vallenato tradicional, que es una preocupación que tenemos de que se pierda el vallenato”, afirma.
Además, asegura que desde la alcaldía se están realizando iniciativas para dar a conocer este lugar y promover desde allí el turismo. “Nosotros tenemos un proyecto en estos momentos con Fontur con el que se hace todo un tema de grabaciones y visita de influenciadores, y la idea es que ellos puedan conocer el museo”, dice. Además, agrega que “es imposible hacer turismo en San Juan y no hablar de vallenatos, y hablar de vallenato y no hablar de cultura y tradición, entonces siempre van de la mano”.
Generar esfuerzos conjuntos es fundamental para la promoción de un espacio tan importante para San Juan del Cesar que permite preservar la historia y memoria del vallenato a partir del rol de los compositores, especialmente porque, como afirma Roberto Calderón, la memoria se está perdiendo con la muerte de estos maestros, “la memoria del compositor se pierde porque no hay quien la salvaguarde”, afirma.
Este rol lo resaltan los mismos compositores, entre ellos Jesús Villero, quien piensa que ellos juegan el papel más importante de la historia de la música vallenata. “El compositor es la materia prima, porque detrás de cada uno de ellos hay una historia, una vida, una letra, una música, una canción que aquel oyente vive, siente y le marca la vida en su corazón en cualquier etapa emocional que esté viviendo”, asegura.
Para Rodrigo Celedón, los compositores se comunican por medio de sus letras con el mundo, de ahí que exaltar este oficio, particularmente en la música vallenata, sea tan importante para La Guajira y para el país. “Llevamos los mensajes a la gente que nos escucha”, dice Celedón.
“La composición vallenata ha sido parte de la historia de San Juan del César, es ese el valor agregado que tenemos nosotros, para poderle mostrar al mundo por qué somos tierra de compositores y por qué se celebra el Festival Nacional de Compositores”, dice.
Al ser el primer y único museo que hay en San Juan del César, no ha sido tarea fácil que la comunidad se apropie de él y lo visite, por eso Calderón ha optado por invitar a los colegios y a la ciudadanía. “Hago publicidad para que la gente vaya, porque les cuesta ir al museo. Entonces, eso es lo que estoy trabajando hoy en día socializando, haciendo conferencias en los colegios, haciendo foros para después llevarlos a visitar”, afirma.
El Museo de Compositores está abierto al público de martes a domingos entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m. Para grupos grandes es necesario comunicarse para agendar la visita.
Maryori Villalobos conocida como Yuli, sale todos los días de su casa a las nueve de la mañana. Con una carretilla recorre las calles de Fonseca para recoger plásticos, vidrios, papel y otros materiales para vender. Hay días buenos, en los que puede regresar a su casa a la una de la tarde, pero hay otros en los que le cuesta un poco más conseguir material, y camina hasta que tenga suficiente reciclaje para ir a la chatarrería, venderlo y conseguir algo de dinero para los gastos diarios.
Villalobos tiene 38 años, es de nacionalidad venezolana y desde hace más de seis años vive en Fonseca con sus siete hijos y tres nietos. Relata que empezó a reciclar por sugerencia de una amiga que le mostró que esta actividad, más allá de ser ambientalmente útil, era una fuente de ingresos. "Yo no sabía cómo hacerlo, pero ella me enseñó, me explicó todo y desde ese momento me dedico al reciclaje, esto no es cualquier cosa; reciclar tiene su técnica", afirma.
Como ella, decenas de recicladores informales recorren las calles de Fonseca todos los días, pero lo hacen en condiciones difíciles y en medio de la informalidad. Las propias personas que se dedican a esta labor, han identificado que aproximadamente 60 familias en el municipio dependen de esta actividad como única fuente de ingresos. Sin embargo, operan sin respaldo ni reconocimiento oficial, ya que el municipio carece de un sistema eficiente de reciclaje formal.
La labor de estas personas es fundamental en el municipio, ya que su trabajo evita que muchos materiales terminen en los rellenos sanitarios, con lo que se reduce la contaminación y se extiende la vida útil de productos contaminantes que tardan mucho tiempo en descomponerse, como el plástico.
El Decreto 596 de 2016 reconoce la importancia de esta labor en medio de una cadena que permite disminuir el impacto de las basuras sobre el medio ambiente y, por esta razón, busca la formalización progresiva de los recicladores de oficio y su inclusión en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).
Sin embargo, este decreto también considera la necesidad de que los usuarios entreguen los residuos debidamente separados, labor que es un reto en municipios como Fonseca en los que existe poco conocimiento sobre el reciclaje, especialmente en los hogares. Por esta razón, a través de esta normativa se solicita a los entes territoriales realizar campañas educativas que permitan brindar información para mejorar la separación de residuos.
Esto es importante porque, además de los riesgos para el medioambiente, los recicladores también se exponen a residuos peligrosos, ya que trabajan sin equipos de protección. El agua estancada y las basuras traen problemas por posibles infecciones o accidentes con objetos afilados, "algo que me ha pasado varias veces: la basura siempre tiene pañales, toallas sanitarias, papel higiénico o hasta excrementos de perro, algunos compañeros evitan meter la mano, pero yo lo hago porque necesito recolectar material para mantener a mis hijos y nietos. Si no reviso no recojo nada", afirma Maryori Villalobos.
La realidad de Yuli es la misma de muchas personas que dependen del reciclaje en Fonseca, una labor que es tan esencial para el medio ambiente como difícil y peligrosa para quienes la realizan.
Si en la cabecera municipal la separación de residuos es un reto, en las zonas rurales esta dificultad es mayor. En las veredas y lugares alejados no hay servicios básicos como la recolección de basuras, lo que lleva a que la gente en estas zonas encuentre formas para manejar los residuos que pueden generar contaminación. Una de las más utilizadas es la quema de basuras.
Los habitantes se ven obligados a acudir a esta alternativa para gestionar los residuos porque de otra manera se acumularían, incluso, en estos lugares no es común encontrar recicladores. En medio de esta situación las personas en las zonas rurales tienen prácticas de uso alternativo y aprovechamiento de los residuos.
Lidis María Caro es una mujer de 66 años, habitante de la vereda El Paujil. Toda su vida ha habitado en zonas rurales, donde el servicio de aseo y recolección de basuras no es una opción con la que ella pueda contar. Por esta razón aprendió a clasificar los residuos sólidos de manera muy particular, para aprovechar al máximo los materiales que se pueden reciclar. Lava las bolsas plásticas para reutilizarlas, la ropa vieja la convierte en limpiones de cocina y coge ollas, las botellas las convierte en artículos del hogar como cuchareros y jaboneras; “uno tiene que cuidar el lugar donde vive”, afirma.
Ella recoge los materiales como botellas de vidrio, plásticos y bolsas, cuando acumula mucho material que no usará lo guarda en sacos para los recicladores que pasan por la vereda cada 15 días. “Las botellas de gaseosas me sirven para hacer maceteros y también las utilizo para guardar las cucharas y los cepillos de dientes”, dice.
Elenia Sierra, ingeniera ambiental adscrita a la Secretaría de Planeación de la alcaldía de Fonseca, afirma que en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos existen varias prioridades como el plan para manejar los residuos, catalogar a los chatarreros como recicladores de oficio, programas de Basura Cero, programas de charlas en las diferentes instituciones educativas con respecto al manejo de residuos sólidos, además, se busca caracterizar y crear bases de datos con los recicladores de oficio.
“Todo esto lo hacemos tratando de que se cumpla a cabalidad cada una de las actividades que están plasmadas en el PGIRS, como lo son revisar todo lo del manejo del relleno sanitario y el manejo de los recicladores”, afirma Sierra. Agrega, además, que para este fin existe un comité conformado por entidades como Veolia, Interaseo, Bomberos y Defensa Civil.
La alcaldía plantea también la puesta en marcha de proyectos escolares denominados PRAES (Proyectos Ambientales Escolares), para promover la educación ambiental entre los niños y niñas. La iniciativa busca desarrollar capacitaciones y clases enfocadas en temas como la gestión de residuos sólidos, con el propósito de convertir a los colegios en instituciones ambientalistas, según afirma Elena Sierra.
La inclusión de los recicladores informales en el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos, como lo regula el Decreto 596 de 2016, sería una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las personas que se dedican a esta labor y, además, junto con los programas y acciones pedagógicas que plantea la administración municipal, podría optimizar el aprovechamiento de los residuos reciclables y disminuir el impacto de estos sobre el medio ambiente en el municipio de Fonseca.
Alguna vez se ha preguntado ¿cómo se vive diciembre en otras regiones de Colombia?, ¿qué tradiciones permanecen entre las generaciones? y ¿a qué suenan las fiestas de fin de año en esos lugares del país?
A orillas del río San Juan, en el Pacífico colombiano, diciembre se vive en una conexión directa con los ancestros: con el sancocho trifásico cuya receta ha pasado de generación en generación y que todavía se prepara con los mismos ingredientes; o con la tradición de la veintiochada, que se realiza desde hace muchas décadas para celebrar el día de los inocentes, el 28 de diciembre.
En esta entrega del Especial de diciembre de Consonante nos trasladamos hasta el municipio de Tadó en el Chocó, para entender la importancia de la unión y de la alegría que marca las celebraciones de los chocoanos.
