El 17 de diciembre, la Fiscalía anunció que el exalcalde de Leticia, José Huber Araujo, había sido enviado a la cárcel por presunta corrupción. Según la entidad, el exfuncionario fue señalado de recibir dinero para direccionar el contrato del muelle fluvial, en el sector conocido como ‘La isla de la fantasía’, que tenía un valor de 12.600 millones de pesos. Pero no es la única obra que tiene al alcalde dando explicaciones en los entes de control.
Araujo, fue alcalde de Leticia entre 2016 y 2019. Llegó a ese puesto con el aval del Centro Democrático y con más de 6.400 votos. Según La Silla Vacía, en siete de los ocho contratos de más de 800 millones de pesos que revisó el medio y que fueron por licitación pública — o sea, un convocatoria abierta para quienes cumplan unos requisitos mínimos —, sólo hubo un proponente.
Los cuestionamientos no vinieron sólo de los medios. Según la Procuraduría, entre 2017 y 2024, Araujo tuvo 46 procesos disciplinarios. Con corte al 20 de diciembre, de esos procesos: 16 fueron archivados porque el hecho no existió, 12 porque Araujo no cometió la falta, cuatros prescribieron, tres porque la falta no estaba prevista, otros seis porque no podían continuarse, en dos fue sancionado y en uno absuelto. En otros dos casos, los procesos están en pliego de cargos y son los únicos que están activos en el ente.
Los dos procesos que siguen abiertos son los que en los últimos meses se han estado moviendo y tienen al alcalde en líos con los entes de control. Se trata de la construcción de dos obras: la del muelle fluvial y la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar). Cada una tenía un costo de alrededor de 12 mil millones de pesos.
En 2018, Araujo anunció la construcción del muelle fluvial de pasajeros con recursos del Sistema General de Regalías — es decir, con el dinero que llega a las regiones como contraprestación por la explotación de recursos no renovables —. El muelle se iba a construir en el río Amazonas en el sector conocido como ‘La isla de la fantasía’.
Esa ubicación es clave porque se trata del principal punto de conexión y la vía de transporte más importante con las ciudades fronterizas como Manaos en Brasil, y Caballococha en Perú, con las que el municipio tiene una estrecha relación. Además, se trata de un punto de llegada importante para los turistas. Un dato no menor teniendo en cuenta que, según la Cámara de Comercio del Amazonas, “el turismo es el componente más significativo de la economía regional”.
El muelle tenía la intención de facilitarle a turistas, comerciantes y habitantes del municipio y de las ciudades vecinas la llegada y salida de Leticia en el invierno, a pesar de la crecida del caudal del río, y en el verano, cuando este disminuye y deben cruzar puentes improvisados para llegar al punto al que se trasladan las balsas para movilizarse. Además, la obra contaba con un puente metálico para conectar el malecón turístico de Leticia con ‘La isla de la fantasía’.
El contrato del muelle inició el 5 de diciembre de 2018 y debía entregarse el 4 de diciembre de 2019. Pero, según un informe de 2020 de la Contraloría, a dos meses de cumplirse la fecha de entrega, la obra sólo tenía un avance del 13,23 por ciento. El ente también establece que “existen incrementos en el costo y en el tiempo para la ejecución de las obras del muelle, los cuales fueron modificados en la etapa de formulación del proyecto” sin soportes técnicos que sustenten esos cambios. Sin embargo, el muelle quedó en veremos.
“En la época de invierno nos acordamos de esa obra porque si la tuviéramos todo sería más fácil. Hoy sólo vemos los 35 pilotes oxidados que nos dejaron y, hasta hace poco, una máquina abandonada que estaba en el sector”, dice Kevin Murillo, veedor de Leticia y quién le ha hecho seguimiento a ambas obras.
Esa es la obra por la cual el exalcalde está en prisión y fue imputado por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Según un comunicado de la Fiscalía, Araujo es señalado de tener reuniones y conversaciones con un único oferente para direccionar el contrato a favor de la Unión Temporal Faro, conformada por tres empresas que no tenían la experiencia necesaria para la obra. Además, el ente dice que Araujo habría recibido al menos 2 mil millones de pesos por esas actuaciones.
También han salido salpicados en el escándalo la exasesora jurídica de la Alcaldía de Leticia, Ángela Julieth Bautista Grimaldo; el exsecretario de Planeación Municipal, Argemiro Perdomo Santos; Édgar Eduardo Santacruz Morales, copropietario de una compañía de ingeniería y José Luis Hernández Serrano, dueño de una empresa de construcción. Los últimos dos, al parecer, prestaron sus empresas para ser parte de la unión temporal, simular que cumplían con los requisitos y salir favorecidos.
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) centralizada de Leticia fue un proyecto de un poco más de 13.500 millones de pesos que fue aprobado en 2019 y financiado con recurso del Sistema General de Regalías. El proyecto se había basado en los diseños financiados por el Ministerio de Vivienda en el marco del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio.
El fin de la obra era construir la Ptar para tratar las aguas residuales que se producían en el casco urbano de Leticia. Así, estas se dejarían de vertir en los ríos cercanos, incluyendo el río Amazonas. A pesar de la importancia de la obra, esta fue polémica desde el principio por su ubicación.
“Está ubicada en un lugar céntrico de la ciudad, cerca al río Amazonas. En otras ciudades suele ubicarse en sectores lejanos. Acá los vecinos no se quedaron quietos y pasaron una acción popular por ese tema, pero seguimos esperando que la justicia también les responda ellos”, dice el veedor Murillo.
La obra también ha sido cuestionada por presuntas irregularidades. En un informe de la Alcaldía de noviembre de 2023 en donde recopilan y actualizan lo sucedido con la Ptar y que coincide con lo comunicado por la Procuraduría, dice que el contrato fue adjudicado al Consorcio Construcción Ptar Leticia en diciembre de 2019, pero el acta de inicio de la obra sólo se firmó en octubre de 2021 y las obras iniciaron en noviembre de 2022.
Según la Alcaldía, esas demoras se debieron a problemas para adquirir el predio en el que se iba a hacer la Ptar, al cumplimiento de normas ambientales que exige Corpoamazonía – la autoridad ambiental del departamento — y a la pandemia por covid19.
Sin embargo, en agosto de 2024, la Procuraduría formuló cargos contra Araujo por presuntas irregularidades. Según el ente de control, el exalcalde actuó sin tener en cuenta que la Ptar no iba a cumplir con los tiempos acordados desde el inicio y, por eso, “pudo vulnerar los principios de moralidad y eficacia”.
La Procuraduría dijo que la demora para adquirir el previo debió preverse y que la conducta de Araujo fue una “falta gravísima cometida a título de culpa gravísima”. Eso quiere decir que, para el ente, el exalcalde desconoció reglas que debían cumplirse y que él debía conocer.
Hasta inicios de 2024, y según el Plan de Desarrollo de la actual alcaldía de Leticia, la construcción de la Ptar tenía un avance del 35,46 por ciento. Para Murillo, la obra de la Ptar hubiera sido un aporte positivo en medio de la crisis ambiental que atraviesa el mundo: “Lo que termina en el río Amazonas no deja de contaminarlo. Con esa obra hubiéramos podido avanzar en materia de cuidado del medio ambiente. Es lamentable que ambas obras (la Ptar y el muelle) hayan quedado tan mal planeadas”.
Hace tres años, el Congreso aprobó la ley 2158 de 2021. Con esta se daban los lineamientos para proteger la producción, comercialización y las prácticas culturales alrededor del viche, un destilado de la caña de azúcar reconocido como bebida artesanal y ancestral de las comunidades negras y afro del Pacífico colombiano. Su vitrina principal eran los territorios donde se producía y el Festival Petronio Álvarez, el festival afro más importante de Latinoamérica y el mundo, en el que suele comercializarse.
El viche suele usarse con fines medicinales, como analgésico para aliviar cólicos menstruales; preventivos, para evitar la mordedura de serpientes; culturales, como acompañar ceremonias o velorios; ocio, como bebida alcohólica; y hasta afrodisiaco.
Aunque la producción del viche es un saber y una práctica ancestral, hubo intentos de terceros por apropiarse de este. El ejemplo más claro fue el del exconcejal de Cali, Diego Ramos, que en 2017 registró la marca ‘Viche del Pacífico’ y un años después pidió que se tomaran medidas cautelares contra cualquiera que vendiera viche, incluso en el Petronio.
Las acciones causaron revuelo a nivel nacional y llevó a que las comunidades negras y afro del Pacífico (Chocó, Valle, Cauca y Nariño) empezaran a pensar cómo luchar contra la apropiación cultural y económica en torno a la bebida.
Ese fue el germen de la Ley del viche que la semana pasada fue reglamentada bajo el decreto 1456 de este año que fija los conceptos y normas para aplicarla.
El decreto es clave porque operativiza la ley, la aterriza y establece, por ejemplo, la certificación de precios de venta al público, la creación del Plan Especial de Salvaguardia del Paisaje Cultural Vichero, o la concertación de programas para proteger, fomentar, posicionar y promocionar a los productores del viche.
También incluye los requisitos para ser acreditado como productor vichero, que incluye puntos como usar el cultivo de caña de azúcar de acuerdo a las costumbres de las comunidades negras de la zona y presentar un certificado del consejo comunitario al que pertenece, que corrobore que la caña es cultivada en ese territorio y que ha sido productor.
Con el fin de conocer cuáles son los avances después de tres años de aprobada la ley y qué significa para las comunidades negras y afro, Consonante habló con Jhon Arley Murillo, exrepresentante a la Cámara por las comunidades negras, actual presidente del partido Colombia Renaciente y coautor de la Ley del viche. Además, Murillo es un chocoano descendiente de familias vicheras, por lo que conoce los procesos, las implicaciones y la importancia del viche y lo que rodea a esta bebida.
Consonante: ¿Qué lo impulsó a formular este proyecto?
Jhon Arley Murillo: La situación detonante fue cuando un concejal de Cali registró la marca Viche del Pacífico como su propiedad. Luego le pidió al Festival Petronio Álvarez que prohibiera la venta de cualquier producto de viche porque, según él, tenía la propiedad de la marca. Eso generó una alerta grande, no sólo para los productores de viche sino para toda la comunidad del Pacífico, lo que llevó a una iniciativa judicial que logró revocar el registró de la marca .
Después, cuando yo estaba en el proceso de ser candidato (a la Cámara de Representantes) tuve reuniones en donde las comunidades nos hablaron de la necesidad de un instrumento de protección legal para el viche. Así que desde campaña, junto con transformadores y productores de este bebida, me comprometí a que si llegaba al Congreso plantearía una normativa para proteger los saberes ancestrales, alrededor del viche, que estaban en riesgo. En especial porque había una apropiación del saber y del proceso de explotación de ese saber ancestral que dejaba en segundo plano a los productores reales.
También debo decir que fue importante mi origen y contexto familiar. Mi familia – tanto la materna como la paterna–, en algún momento se dedicaron a la producción del viche. Eso ayudó para asumir el reto de presentar el proyecto de ley de forma conjunta con el representante Juan Fernando Reyes Kuri.
C: La ley delimita que las comunidades productoras de viche/biche solo están en Chocó, Valle, Cauca y Nariño, ¿cuál es la historia del viche/biche en estos territorios?
J.A.M.: Lo que se evidenció en los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño es que este destilado que las comunidades llaman viche va acompañado de unas prácticas de producción específicas y de un contexto cultural que lo hace distinto a otros destilados como caperuza, el charuco, el ñeque o el chirrinchi en la Costa Atlántica.
Además de producir la bebida alcohólica, en el Pacífico, el viche se usa para acompañar procesos de fertilidad, partería y hasta religiosos. En varios estudios como el de ‘La ruta del viche’ de la Universidad del Pacífico, se describen las particularidades en el proceso de producción y el relacionamiento con las comunidades que hace que, desde la punta del Chocó hasta Esmeraldas en Ecuador, sea distinto a los destilados de otras zonas del país.
C: ¿Por qué es importante para las comunidades negras del Pacífico proteger y garantizar la producción tradicional del viche/biche?
J.A.M.: Es importante porque el viche es parte de la identidad de las comunidades del Pacífico. Más allá del proceso de convertirlo en una bebida alcohólica, que no es lo menos importante, el viche hace parte de prácticas cotidianas y comunes en la región. Por ejemplo, algunos viejos en el Pacífico, cuando se van a trabajar al monte, se toman un ‘Maravillo’, que es un trago de viche curao’, para trabajar protegidos de las picaduras de serpientes.
El viche también es fundamental en la fertilidad del hombre y la mujer, con esta bebida dicen que ‘sacan el frío’ de la persona para que el aparato reproductivo trabaje.
Incluso se usa en el trabajo de partería y hasta en el posparto; también en las fiestas, en los bailes de marimba, en la música del Pacífico, en los productos medicinales de la región. Hace parte de la vida diaria de la gente del Pacífico, por eso es tan importante.
Además de eso, el viche también es el motor de la economía del Pacífico. Muchas familias derivan su sustento económico de la producción de esta bebida. Siempre he dicho que el viche también fue una palanca que ayudó a la igualdad de la mujer frente al hombre. El hombre salía a trabajar a la calle, a pescar, a jornalear y la mujer también era productiva porque se quedaba en la casa, a veces junto con los hijos, trabajando en la fermentación y destilación del viche.
También es importante aclarar que la ley dice que el viche se produce en Chocó, Valle, Cauca y Nariño, pero no es en toda la región, es en los municipios del litoral Pacífico, incluso los que tienen una vocación vichera ligera.
C: ¿Cómo fue la participación de los pueblos negros y afro en el proyecto y la reglamentación de la ley?
J.A.M.: Fue total. Primero, desde el llamado de las comunidades del Pacífico para que le pusiéramos atención al tema durante la campaña al Congreso como representante de las comunidades afrocolombianas. Segundo, esta ley fue pensada y co-creada por las comunidades. Para el debate en el Congreso hicimos muchas reuniones virtuales porque estábamos en pandemia, el articulado que conocemos fue co-elaborado y revisado por las comunidades para tener la certeza de que lo que quedara allí llevara su visión. La batalla y la celebración de la ley fue acompañada por varios actores clave de las comunidades que estuvieron desde el inicio y a los que también agradecemos por su participación.
C: Han pasado tres años desde que se aprobó y sancionó el proyecto de ley, ¿qué avances ha visto en temas de protección, comercialización y reglamentación en este tiempo?
J.A.M.: Primero aclarar que nosotros habíamos planteado un periodo de máximo un año para la reglamentación teniendo en cuenta la importancia de esta, así que el plazo de tres años fue muy largo.
Sin embargo, creo que en este tiempo, la noticia de la ley y el ‘boom’ que generó ayudó a difundir el concepto de lo que es el viche. El apoyo mediático que tuvo la discusión de la ley fue clave para que el viche saliera de las fronteras del Pacífico y se diera a conocer en el resto del país. Eso fue una ganancia enorme. El ‘boom’ es tanto que hoy hay escasez de la bebida. Los vicheros me dicen que la demanda es tan alta que lo que antes tardaban meses en vender, hoy lo venden en semanas y ya no tienen cómo producir viche.
Este ‘boom’ también ha implicado un retorno de recursos muy importante para los territorios por el aumento del consumo del viche en el Pacífico y por fuera. Hay avances claves en ciertos sectores gastronómicos, se ha multiplicado exponencialmente las cartas de restaurantes donde encuentras cocteles a base de viche. Yo estoy aterrado porque cuando empezamos con la Ley del viche encontrábamos la bebida presentada en botellas de plástico con una etiqueta muy sencilla, hoy hay mucha creación alrededor de esta, productos muy bien presentados de cara a lo que pide el mercado nacional e internacional.
En términos de profesión, creo que faltaba el decreto de reglamentación para materializar cómo se iba a generar esa protección a los vicheros para que no vengan personas que no son de las comunidades afrodescendientes del litoral Pacífico a producir y comercializar viche. Más allá de la demora, esto ha sido muy positivo, la ley ayudó a sacar el viche de la lógica del Pacífico y de la lógica cultural del Petronio Álvarez
C: ¿De qué forma le ha servido a las comunidades contar con una ley que protege la tradición y comercialización vichera?
J.A.M.: Creo que la principal ayuda es que la comunidad vichera y afro cuenta con un instrumento sobre el cual avanzar en la protección, promoción y ejecución del viche y los saberes asociados a este.
A veces en los pueblos veo que las mujeres, los hombres, las matronas, los productores, van llegando con la ley debajo del brazo. La gente la lee y ya sabe de derechos. Por ejemplo, hay un artículo que indica que el etiquetado de la botella tiene que decir de qué comunidad viene el viche, quién lo produjo, qué familia o qué consejo comunitario. Debido a eso me he encontrado a mujeres productoras de viche reclamando a ciertas marcas por no cumplir con ese requisito.
Como dijo alguien por ahí, creemos que después de la declaratoria de libertad y de la Ley 70 (de 1993), esta ha sido la tercera ley más importante para las comunidades afrodescendientes en Colombia.
La ley no es perfecta, falta mucho, pero es un avance importante porque las comunidades negras y afro cuentan con el viche como un activo cultural representativo, visible y valorado por todo el país.
C: Pero también hubo dificultades. La más conocida fue que las comunidades vicheras/bicheras tenían que tramitar, pagar y contar con un registro del Invima que apenas se creó este año y que los tuvo en el limbo todo este tiempo. ¿Cómo la ley y el decreto que la reglamenta facilita estos procesos para las comunidades?
J.A.M.: Lo facilita porque hay un derrotero clave de cómo poder acceder a esos requisitos. El registro Invima, que otorga la categoría de ‘artesanal étnico’ al viche y que se creó con la ley, fue una iniciativa del Ministerio de Cultura que permite que el viche pueda comercializarse a todo el mundo.
Tener el decreto nos permite saber qué se debe hacer, quién lo debe hacer, cómo lo debe hacer. La gente estaba en la nebulosa, ahora tenemos una ruta: está el decreto y la resolución que sacó el Invima a comienzos de año (que dice, por ejemplo, los requisitos y las condiciones necesarias para la producción del viche). Eso le da tranquilidad a la gente para iniciar el proceso de registro y así vender el viche en estancos, restaurantes y, como quiere nuestra comunidad, exportarlo.
C: ¿Cuál considera que es el reto más grande para la implementación de esta ley?
J.A.M.: El poder organizarnos como comunidad para poder sacarle el mayor provecho a la ley, para generar esa protección real, esos procesos de encadenamiento productivo, de cooperativismo, de unidad comercial, de movilidad económica. También en organizarnos para atacar y combatir la usurpación o la apropiación que generan actores que no son de la comunidad. Los beneficios deben ser solamente para las comunidades que han protegido esta tradición.
Cómo gestionar va a ser muy clave para las comunidades, en especial porque la ley también creó el Paisaje cultural vichero y el Plan especial de salvaguarda de ese paisaje que, esperamos, mueva el sector turístico a través del conocimiento y la presentación de ‘La ruta del viche’. Esto sólo se puede lograr si las comunidades logran apropiarse de este proceso.
C: Usted decía que la ley no es perfecta y que le falta mucho, ¿qué falta?
J.A.M.: Yo quería que así como la producción quedó garantizada de manera exclusiva para las comunidades, también lo fuera la comercialización. Pero eso generó mucha discusión por temas de libertad para crear empresa. La idea era tener el monopolio de la comercialización para garantizar que las marcas y todo el recurso que produjera la cadena del viche llegara a esas comunidades empobrecidas del litoral pacífico para mejorar su calidad de vida.
Ese fue un pendiente que esperamos lograr a futuro porque sólo la aprobación de la ley fue difícil: tuvimos que conseguir los votos de cuatro debates, sólo contábamos con mi voto y con el apoyo del Partido Liberal con Juan Fernando Reyes Kuri. Hasta el último momento tuvimos que luchar y explicar, por ejemplo, porque esto era sólo para las comunidades negras y afros del Pacífico.
C: Para los pueblos negros y afro el viche/biche tiene usos medicinales, espirituales, culturales, entre otros; pero hacia afuera muchas veces se comercializa sólo como licor o bebida afrodisiaca, ¿Cómo esta ley puede ayudar a proteger el significado y la relevancia del viche hacia afuera sin caer en la apropiación cultural y la exotización de los pueblos negros y afro?
J.A.M.: Esa es una discusión muy fuerte que también se dio en el planteamiento del articulado. Ahí será clave el Comité Intersectorial que será conformado por representantes de las comunidades vicheras y que será el ente regulador de la ley. Será importante para plantear las condiciones para que, asociado a la venta, vaya la información y la pedagogía en torno a que el viche no es una bebida para emborrachar sino que representa y condensa la cultura, la historia y las prácticas sociales de una comunidad.
La ley plantea que el gobierno tiene que dar recursos para el proceso de difusión de la ley y la cultura afro. El reto ahora es construir esa ruta de socialización pedagógica, que el gobierno entienda que debe darle recursos a las comunidades y que las comunidades se apropien del tema para proteger el viche y venderlo como representación cultural, más allá de una bebida alcohólica que exotice a quienes lo producen o consumen.
En el corregimiento de Conejo, en Fonseca al sur de La Guajira, Acevedo Gómez, un hombre de 57 años, es conocido como “Quevedo agua”. Su apodo es el resultado de un grito que se escuchó por casi tres décadas afuera de su casa como un llamado al trabajo: “¡Quevedo, agua!”. ‘Quevedo’ porque era más fácil de recordar que Acevedo y ‘agua’ porque era lo que faltaba a Conejo y en lo que consistía su labor: que el agua fluyera por el rústico acueducto del corregimiento.
A finales de los 90, y junto a un vecino que le enseñó todo lo que sabe, ‘Quevedo’ fue contratista de la Alcaldía de Carlos Alberto García (1995-1997). Trabajó durante tres años con un sueldo mensual de 400 mil pesos. Su labor consistía en hacerle mantenimiento al acueducto y garantizar que el agua llegara a las casas del corregimiento. Para eso quitaba las hojas que caían de los árboles, removía el barro que impedía que el agua fluyera, limpiaba el canal para que esta no llegara turbia y acomodaba los costales que ayudaban a represar el agua del río.
Cuando la Alcaldía y el contrato se acabaron, la comunidad siguió buscando a ‘Quevedo’ y él continuó haciendo su trabajo de forma voluntaria. “Yo lo hacía por amor a la comunidad”, dice.
Durante 26 años, ‘Quevedo’ respondió a cada llamado de la comunidad. Salía de su casa, cogía una moto que en 20 minutos lo llevaba a la entrada de la finca que atravesaba hasta llegar a un pequeño riachuelo.
De ahí en adelante, era un camino de unos 30 a 40 minutos que recorría solo entre mosquitos, sonidos de monos aulladores, sombras de árboles enormes y pequeños abismos que atravesaba todas las semanas, y a veces todos los días, para llegar hasta el acueducto y revisar qué impedía que el agua corriera.
Más de una vez, a ‘Quevedo’ le tocó arreglar tuberías, inventarse formas para que funcionaran, recibir contribuciones de la comunidad para comprar materiales, solucionar daños y convidar a los habitantes — que poco le copiaban —- a jornadas de limpieza para no tener que hacer el trabajo solo. Algunos lo acompañaban de forma intermitente, otros sólo esperaban atentos frente a la llave.
Pero ‘Quevedo’ se cansó. Se cansó de trabajar 23 de los 26 años sin un sueldo, una ayuda económica o un incentivo de parte de los conejeros ni de la Junta de Acción Comunal del corregimiento. Se cansó de no tener horario o vacaciones y de solucionarle el agua a todos mientras tenía que pensar cómo rebuscarse el sustento diario. Por eso, el domingo 20 de septiembre, ‘Quevedo’ renunció.
El detonante fueron varios dolores en su cuerpo y la recomendación médica de parar trabajos que requerían mucho esfuerzo, como el que hizo por más de dos décadas. La renuncia duró dos meses porque la emergencia invernal que tiene a Conejo sin el agua del acueducto hace más de 10 días, lo hizo regresar — por ratos y con un pago moderado — al trabajo.
Pero el corregimiento primero tuvo que pasar más de una sequía y una emergencia antes de volver la mirada al acueducto y de reconocer a medias el trabajo de ‘Quevedo’. Su historia es una muestra de cómo la responsabilidad del Estado, de garantizar que todas las personas tengan acceso a derechos básicos como el agua, termina recayendo sobre los hombros de unos pocos que asumen estas tareas.
‘Quevedo’ habla despacio, enredado y se salta algunas palabras. Contesta exactamente lo que le preguntan y no se pone con detalles. Tal vez porque durante décadas guardó toda la energía que podía gastar en palabras para los trayectos que debía recorrer. Se acostumbró tanto a esos caminos que hasta hace poco no usaba tenis ni zapatillas, sino sandalias o crocs, como si caminara en el patio de su casa. ‘Quevedo’ lleva casi la mitad de su vida pendiente del agua y el acueducto de Conejo, no sólo sabe cómo funciona, también es la memoria de ese proceso.
Mientras llena el envase plástico con el agua cristalina del río por el que camina, ‘Quevedo’ cuenta que el acueducto en realidad fue pensado como una represa para surtir al corregimiento cuando faltara agua, pero se convirtió en la única forma de obtenerla. El acueducto está compuesto por un tanque de unos cuatro metros de ancho y tres de alto. Lo construyeron para surtirse del río Masteban y alzaron un muro de concreto para contener el agua de este. Así, al llenarse, una parte de esta se filtraría por el canal que conduce al tanque y desde ahí se distribuiría por las mangueras que se conectan al punto principal.
Según las cuentas de ‘Quevedo’ y de la comunidad, el acueducto fue construido hace unos 30 años. Pero sólo estuvo funcionando de forma óptima los primeros cinco. Luego, el muro que debía contener el agua a modo de represa, se desprendió. La respuesta más rápida fue apilar costales para reemplazar el muro. Pero lo que parecía una solución transitoria, se convirtió en permanente.
A pesar de esto, el sistema no funciona adecuadamente, el agua disminuye su presión a medida que va bajando y hay sectores a los que puede no llegar en meses. Sin embargo, es lo más cercano que tiene el corregimiento de casi 3 mil habitantes, para surtirse de agua. Según un diagnóstico de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (2022), en promedio, el 15,3 por ciento de los habitantes de Fonseca no tiene acceso a fuentes de agua mejorada. Cuando se excluye la cabecera urbana, el porcentaje sube al 23,2 por ciento.
En los últimos años, el mantenimiento y los arreglos del acueducto han recaído sobre unos cuantos. ‘Quevedo’ fue el principal. Tras su renuncia, el agua dejó de bajar durante seis días y Conejo sintió una de las sequías más duras de los últimos años.“Estoy que renunció, hoy se me secaron los tanques — dijo en septiembre, después de cinco días sin agua, una habitante que se dedica a vender almuerzos —. Estoy trabajando gota a gota, con una poncherita y una olleta pequeña”.
“Esta vaina está tesa, no tenemos agua hace cinco días, compramos una paquita (30 bolsas pequeñas) de agua para tomar que nos tienen que durar tres semanas porque acá somos tres personas”, contaba Nicolás Durán, un hombre de la tercera edad.
Valentin Jaraba, era uno de los pocos habitantes de Conejo que acompañaba o suplía a ‘Quevedo’ cuando lo necesitaba. Lleva 10 años siendo una especie de sustituto de aguatero. La mayoría del tiempo sacrificaba sus domingos para subir con su compañero, Ramiro Arciniegas, desde las 7 de la mañana. Ambos pasaban el día limpiando y arreglando el acueducto y regresaban alrededor de las 2 de la tarde. “Alguna persona por ahí nos colabora, pero es rarita. Nosotros vamos, limpiamos y no recibimos un peso de nadie. Vamos porque todos necesitamos del agua”, agrega.
La labor de Jaraba y de Arciniegas podía ser una opción para suplir por momentos el trabajo permanente que hacía Quevedo. Pero las lluvias torrenciales de las últimas semanas aumentaron el caudal del río Masteban que terminó arrasando las mangueras que se conectaban al tanque de agua. Debido a esto, Conejo lleva once días sin agua.
La emergencia hizo que ‘Quevedo’ volviera para unirse a las gestiones de la Junta de Acción Comunal buscando soluciones. Su experiencia y conocimiento también le sirvió para negociar algunos pagos. Consonante intentó contactarse con ‘Quevedo’ en las últimas semanas, pero no fue posible. Carlos Fernández, líder social de Conejo contó que el trabajo de ‘Quevedo’ está siendo reconocido por ratos: “A él le están pagando el día, pero si vamos más personas no se lo pagan. El problema es que con el daño que hay arriba se necesita que participe más gente del pueblo”.
Hasta ayer la situación era caótica dado que las fuertes lluvias dejaron al pueblo sin acceso a agua potable. La Unidad de Atención de Riesgos y Desastres trató de responder a la emergencia, pero solo ha podido proporcionar carrotanques con agua para calmar la sed de los habitantes de Conejo.
Actualmente Quevedo, junto con la comunidad de Conejo, los bomberos y la Junta de Acción Comunal, están trabajando para colocar las mangueras que el río se llevó y reparar las guayas para sujetarlas.
Pero el regreso de ‘Quevedo’ no es una solución si no se invierte en los arreglos y el mantenimiento del acueducto de Conejo. En el corregimiento esperan que la solución no sea a corto plazo, ni para el suministro de agua ni para el reconocimiento económico de ‘Quevedo’. De lo contrario, el pueblo seguirá dependiendo de él o de quién decida ser el próximo aguatero.
Ayer terminó la COP16, el evento de biodiversidad más importante del mundo que se llevó a cabo en Cali. Durante los 11 días en los que casi 200 países discutieron cómo cuidar la biodiversidad de aquí a 2030, las mujeres y los pueblos afrodescendientes también reclamaron su espacio y reconocimiento en el cuidado y la conservación ambiental.
Las mujeres tomaron la palabra el pasado 23 de octubre cuando, durante el Foro Internacional de Mujeres y Biodiversidad, entregaron a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y a la vicepresidenta, Francia Márquez, la Declaración de Inírida. El documento fue construido en mesas de trabajo compuestas por mujeres de diferentes regiones, comunidades y edades, y busca que los tomadores de decisiones reconozcan, escuchen y valoren el papel de las mujeres en el cuidado del medio ambiente.
Además, la Declaración de Inírida recoge el compromiso de las mujeres para liderar soluciones a los desafíos y retos ambientales que afronta cada región. A la par la vicepresidenta Francia Márquez lideró en la COP16 una iniciativa para reconocer a los pueblos afrodescendientes como actores clave en la protección de la biodiversidad.
Las discusiones y compromisos coincidieron con la publicación de un informe de la Iniciativa para lo Derechos y Recursos (RI) y la Alianza de Mujeres del Sur Global (WiGSA) que resalta, entre otros temas, que entre 2018 y 2019, las niñas, mujeres y personas trans negras recibieron menos del 0,5 por ciento del financiamiento de fundaciones globales.
En ese contexto, Consonante habló con Francis Blandón, una lideresa ambiental afro del municipio de Unguía, en Chocó, sobre el papel de las comunidades y las mujeres afro en la conservación del territorio, la relación con sus saberes ancestrales y la pelea que dio la vicepresidenta Marquez por el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes como protectores de la biodiversidad.
Blandón es presidenta del Consejo Mayor del Bajo Atrato Cocomaunguia e impulsora del grupo Guardianes del Planeta (para la recolección de residuos sólidos). La semana pasada fue reconocida por el Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM) de la Universidad Icesi, la compañía Unilever y la Fundación WWB Colombia como una de las 16 colombianas influyentes en la COP.
Francis Blandón: El liderazgo no es fácil cuando se es mujer. Creo que el amor hacia las comunidades y el trabajo que siempre he hecho es el que me da fuerzas para salir adelante. Pero es difícil, te doy un ejemplo del contexto en el que yo vivo: cuando una mujer de acá sale del territorio a hacer su ejercicio de liderazgo (cuando va a charlas o eventos), siempre hay desconfianza, la comunidad empieza a decir que vamos a hacer algo diferente a nuestro liderazgo. Pero cuando un hombre sale, la gente sí cree que va a trabajar.
Yo por fortuna soy madre soltera y no tengo ningún compromiso, así que sigo adelante y que digan lo que quieran decir, pero otras compañeras no pueden hacerlo por miedo a lo que dice su pareja o la sociedad.
F. B.: Creo que no hay un consejo comunitario que no se haya puesto la camiseta para el cuidado ambiental del territorio. Para nosotros conservar nuestros territorios es fundamental, siempre lo hemos hecho porque nos nace, porque es nuestra vida. Los consejos comunitarios nos hemos dado la pela para conservar. En nuestro caso, en el municipio de Unguía (Chocó), cada verano tenemos muchos incendios forestales y lo que hacemos es que, después de estos, tratamos de restaurar el territorio. Pero nadie manda un mercado para que comamos mientras cuidamos y tratamos de mitigar los daños ambientales.
A nosotros nos toca unirnos a un proyecto para buscar beneficios para el territorio. Una vez en una reunión en Bogotá con la autoridad ambiental del Chocó, Codechocó, me tocó pararme y decirles: “necesito que vayan a nuestra ciénaga para que vean cómo está de sedimentada y contaminada. Nosotros queremos dejar de pescar, pero que nos garanticen un tema de conservación 100 por ciento”. A los días llegaron con una visita al territorio y de ahí empezamos a trabajar de forma integradora en lo que hoy se conoce como el Distrito Regional del Manejo Integrado (DRMI, una categoría para proteger ecosistemas) Lago Azul - Los Manatíes.
F.B.: El tema ancestral es muy importante para nosotros y se combina con la conservación de especies y el uso de estas para temas medicinales. Por ejemplo, no permitimos la cacería indiscriminada, ahora ni siquiera la estamos permitiendo para el consumo de las comunidades.
También hay árboles que no permitimos que se tumben y los preservamos porque están escasos. En nuestro territorio tenemos árboles de Tometo y Kativo, plantas que la gente ha reconocido como maderables y medicinales. Nosotros los conservamos y los cuidamos para usarlos como plantas medicinales a través del conocimiento que hemos heredado de nuestros ancestros. También hemos modificado prácticas, antes la comunidad se comía los manatíes de la zona, ahora eso no se hace.
Todo eso que hacemos en el territorio es lo que lleva a la conservación del territorio. Esa es la importancia de que la gente y la juventud conozca nuestro contexto y lo que estamos haciendo. No se trata de decir “después vemos qué hacemos porque hoy hay mucho de esto o de aquello”. No, siempre ha habido bastante, pero cuando no cuidamos las cosas, se acaban.
F.B.: Somos muy pocas las mujeres afro que estamos en temas de conservación del territorio. En mi caso, yo estudié y me interesé por estos temas, por eso tenemos un DRMI (Distrito Regional del Manejo Integrado), por eso en la comunidad hemos dicho: ‘no más basura’, ‘vamos a recoger los residuos sólidos’, ‘no vamos a permitir que caiga más basura al río’.
Eso, por ejemplo, lo está haciendo un grupo de 22 mujeres, con unos cinco o seis hombres que además de recoger los desechos también conservan plantas para la parte medicinal tradicional. Yo no hago parte de ese grupo, pero sé que son las que han realizado ese trabajo duro. Ellas a veces se quejan porque no tienen ayuda ni un aporte económico, todo lo hacen por amor. A veces no tienen ni para comprar unos guantes, pero siguen trabajando.
Ese es el aporte de las mujeres afro en los territorios y por eso es importante resaltar la labor de conservación que se está haciendo. En este tema las mujeres somos importantes, aunque somos pocas hacemos un trabajo sustancioso, no como en otros espacios que son bastantes personas y no hacen nada.
F.B.: Hemos tenido choques y tensiones porque hay personas con intereses en el territorio y en el comercio que creen que la tierra es de ellos y me lo han dicho. Yo les digo que no, que este es un territorio colectivo, de las comunidades. Cuando hemos tenido incendios forestales, me he montado en helicópteros para llegar a sitios que han quedado destrozados, y siempre hay alguien a quien le molesta y que cuando me ve dice: “Ah, esta mujer está en todo”.
No he tenido amenazas de muerte, pero sí verbales. Cuando a uno le dicen “usted no puede andar por aquí”, se altera la paz porque hay gente tratando de limitar nuestro trabajo. A esas personas les molesta nuestra autonomía. También está el tema de género. Hay hombres y mujeres muy machistas. Ese machismo es lo que hace que sea tan fácil oponerse a lo que uno como mujer logra hacer.
F.B.: Acá, la garantía que necesitamos es poder tener un apoyo, un proyecto donde uno pueda trabajar y tratar de vincular a otras personas porque no todos conservan por amor, como lo hacemos nosotras, sin ganarnos un peso. Por eso queremos proyectos de restauración que nos den trabajo, así uno puede decirle a la gente “nos salió un proyecto, vamos a trabajar”. Esas son las garantías, el empleo y la sostenibilidad.
Nosotros queremos cultivar los territorios que son muy fértiles, podemos hacerlo con un buen apoyo gubernamental, pero no tenemos apoyo de nada. Creo que las garantías para nosotras (las lideresas ambientales) no son sólo tener un polícia encima en el campo, eso nos pone en más peligro. Siempre hemos dicho que una de las garantías es poder trabajar, que la gente diga: “Están luchando por el territorio, trabajando en el territorio y con la gente del territorio”. No hay más garantías que esa para las comunidades que estamos en resistencia.
F.B.: Ojalá hubiera sido un reconocimiento con aportes significativos, que hubiéramos podido decir: “esto se dio y a través de este reconocimiento nuestros territorios van a mejorar, vamos a tener cómo conservarlos, cómo restaurar, cómo sembrar más árboles de los que han cortado”. Pero si fue un reconocimiento como el de la sentencia T - 622 (que declaró el río Atrato como sujeto de derechos) que después de cinco años no ha pasado nada, no creo que nos sirviera. Queremos acciones claras, acciones conjuntas, acciones en las que se vea el resultado. ¿Para qué más reconocimientos?, ¿para tenerlos en un papel?
Si esto se va a dar en algún momento es porque hay garantías a través de ese reconocimiento. No para que mundialmente digan que a los pueblos afro o a los territorios del Chocó se les dio un reconocimiento especial, mientras acá seguimos en las mismas. Me parece que hay que trabajar en un reconocimiento que realmente le llegue a la comunidad, que va a ser escuchado y que no va a quedarse en el papel.
Cuando el agua lleva más de tres días sin bajar por la tubería, Nailin Molina, de 39 años, duerme con la llave de la ducha abierta. El sonido del agua que cae sobre el piso le avisa que ya puede empezar a recogerla. En la casa de Molina; ubicada en El Hatico, un corregimiento a 10 minutos del casco urbano de Fonseca; eso puede pasar a la una de la madrugada, a las dos de la tarde o a casi cualquier hora del día.
Lo más común es que el agua llegue alrededor de las cuatro de la mañana, hora en la que empieza el día de Molina. Además de alistar a sus dos hijos para el colegio, despachar a su hermana y dejar la casa aseada antes de salir a trabajar, Molina debe estar pendiente y aprovechar el hilo de agua que le llega porque no sabe por cuánto tiempo la tendrá ni cuándo regresará.
Primero llena los baldes que usa para cocinar, lavar los alimentos, los trastes y todo lo relacionado con la cocina. Luego, el tanque de afuera que suele usar para bañarse, asear la casa, vaciar los baños y lavar la ropa. Aunque esta última prefiere hacerla cuando el agua aún sale de la manguera, así no corre el riesgo de gastarse el agua que a futuro le pueda servir para otras actividades.
Si el agua llega en la madrugada y por al menos cuatro días consecutivos a la semana, Molina puede gastar un total de ocho horas — el equivalente a una jornada de trabajo— llenando baldes de agua para surtir su casa y prever una escasez de al menos dos días. Pero si el agua llega en la tarde, mientras Molina está trabajando en el hogar en el que realiza oficios varios en Fonseca, sabe que no podrá recogerla y que en los próximos días no tendrá agua. La opción que le queda es sacar 3500 pesos diarios para comprar una paca de agua, de 30 bolsas pequeñas, que le durarán casi un día, hasta que logre surtirse de nuevo.
Nailin Molina no paga servicio de agua, no tiene contador ni le llega recibo, pero dice que estaría dispuesta a pagarlo con tal de tenerlo: “Si uno quiere una comodidad sabe que la comodidad tiene un precio”. Hasta el momento, ese es un sueño lejano. Molina dice que lo que ha escuchado hasta el momento es que el agua que les llega viene del casco urbano y sólo a esa hora, a la madrugada, suele alcanzar una presión suficiente para llegar hasta el punto de El Hatico en el que vive.
En respuesta a un derecho de petición a Veolia Aguas de la Guajira, el operador de la infraestructura que presta servicios de acueducto y alcantarillado en el departamental, la empresa aseguró: “la comunidad del Hatico toma el agua de manera no autorizada dada la facilidad de acceso a la red de conducción, lo que genera altas pérdidas por consumos sin control, así como unos costos importantes” que asume Veolia. La empresa sólo presta servicios en el área urbana del municipio, pero dice que lo que sucede en El Hatico es una de las varias razones por las cuales en el casco urbano de Fonseca el servicio de agua tiene un promedio de 11.2 horas al día, es decir la mitad del día los fonsequeros no tienen acceso al agua.
“Yo estoy bien, o sea, yo veo el agua. Pero para allá, para atrás del polideportivo, a veces duran hasta un mes sin agua”, dice Molina.
La escasez de agua para los habitantes contrasta con el reconocimiento que tiene El Hatico como despensa agrícola de Fonseca y como un tierra arrocera, un cultivo que requiere de grandes volúmenes de agua para su cosecha. Según la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), para producir una tonelada de arroz se requiere un promedio de 2.650 metros cúbicos de agua, el equivalente a lo que contiene una piscina olímpica.
El Estudio Nacional del Agua (ENA) de 2022 dice que el cultivo de arroz representa el 6,8% de la demanda hídrica de todos los cultivos. En el caso de El Hatico, gran parte de los cultivos de arroz toman las aguas del río Ranchería, el más importante de la región. En 2011, Corpoguajira, la autoridad ambiental del departamento, decía en una resolución que en la cuenca del Ranchería, cerca de 3500 usuarios se beneficiaban de las corrientes hídricas y, hasta 2021, había otorgado 129 concesiones de agua del río para cultivos de arroz.
En El Hatico lo saben. “Esa agua de los arroceros viene del (río) Ranchería”, dice Carmen Pinto, habitante del corregimiento. Ella, además de vivir durante décadas en El Hatico, hizo parte de la Junta de Acción Comunal de su barrio, y sabe de memoria los manantiales y acequias del río Ranchería que atraviesan el corregimiento. Las tiene claras porque de estas se llegó a surtir, y en momento de sequía, lo sigue haciendo.
A Carmen Pinto no le preocupan los cultivos de arroz, pero sí la represa del río Ranchería y lo que podría significar para las comunidades. “Esos miles de litros de agua que caen ahí y no salen son una bomba de tiempo. Eso era para que hubiera agua para reventar las plumas (llaves) de la casa”, comenta. Rodeada de agua por donde se le mire, ya sea por vivir en una península, por tener un río represado o por los cultivos de arroz que no se secan, a Pinto le toca hacer de tripas corazón y rebuscarse el agua para su diario vivir.
Hace tres años, Pinto tenía que caminar todos los días unos 20 minutos hasta el manantial más cercano para surtirse de agua. Pero cuando los políticos vieron que cavar pozos para surtir de agua a algunas comunidades podría traducirse en votos, empezaron a prometerlos y, en ocasiones, a hacerlos una realidad. Carmen Pinto y sus vecinos tuvieron suerte y les dieron un pozo profundo que, impulsado por una turbina que conectan a redes eléctricas de barrios que cuentan con energía, logran halar agua subterránea.
Recurrir a aguas subterráneas, que son la mayor reserva de agua del mundo, es una práctica común en El Hatico y en toda La Guajira para poder tener el líquido. El Estudio Nacional del Agua (ENA) de 2022 mostró que el departamento es el tercero más susceptible de desabastecimiento y a la vez, junto con Cauca y Quindío, el que tiene a todos sus municipios con una alto potencial de aprovechamiento de aguas subterráneas.
Con los pozos, Pinto se ahorró las caminatas y ahora cuenta con esa agua para hacer aseo, lavar la ropa y cocinar. Al menos cuando no hay cortes de energía en los barrios vecinos. Cuando estos son constantes y se quedan sin agua por días, termina yendo junto con sus vecinos a bañarse a El Paso de la Iguana, un balneario propiedad del alcalde Micher Pérez, por el que cruza un riachuelo que, según Pinto, es una acequia del Ranchería.
Para el agua que consume cada día, Carmen Pinto tiene que meterse la mano al bolsillo. “Hace unos días pagué 5 mil pesos por cinco canecas de agua, cada una es de cinco galones de agua. Esas me toca pedirlas cada semana”, asegura. Pero cuando el dinero no alcanza, le toca beber de la del pozo. “Toca picarle hielo porque heladita pasa mejor y le quita lo salado”, dice entre risas. A pesar de eso reconoce que el consumo de ese tipo de agua, aunque es poco, ya le ha pasado factura a sus hermanos que han sufrido de cálculos renales “porque llevamos ya tantos años tomando esa agua”.
“Así sea malo o lo que sea, aquí tenemos agua, no importa cómo la consigamos. En la alta Guajira es peor. Hay personas con más problemas para conseguirla”, dice Pinto. Aún con lo mucho que le agradece a Dios por tenerla, guarda la esperanza de que un día abra la llave y salga agua: “Eso sería bonito — dice con la mirada perdida, como si imaginara las posibilidades —. Un anhelo que tenemos los hatiqueros antes de que nos muramos es que tengamos agua en la plumilla (llave), no importa que sea comprada, no importa que toque pagarla. Que haya agüita”.
Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre, Cali será sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, también llamada la "Conferencia de las Partes” (COP16). Se trata de un evento internacional que se realiza cada dos años y que convoca a más de 196 países.
Su fin es que los mandatarios y tomadores de decisión de diferentes países discutan y negocien cómo frenar la pérdida de la biodiversidad en las próximas décadas. Este año también revisarán cómo avanza la implementación de los compromisos adquiridos en la COP anterior, los cuales quedaron estipulados en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal.
Esos acuerdos son claves en medio de la crisis climática por la que atraviesa el mundo, ya que en este contexto se han hecho múltiples llamados desde o la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hacerle frente al cambio climático y porque, además, están pensados con metas a 2030, un año decisivo para frenar la pérdida de biodiversidad en el mundo.
Como parte de los eventos previos a la COP16, el ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, convocó una cumbre campesina con representantes de asociaciones y organizaciones de todo el país. El objetivo fue ratificar el compromiso del campesinado con el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.
La declaratoria es una muestra más del papel que tienen los campesinos en el cuidado ambiental y que resulta clave en un país donde el 30% de la población se identifica como campesina. Además, tiene un peso extra: el año pasado, el Congreso aprobó una ley que modificó el artículo 64 de la Constitución y reconoció a los campesinos como sujeto colectivos de derechos y de especial protección en Colombia.
Consonante habló con Carlos Quesada; director de la línea de investigación en tierras y campesinado de Dejusticia, un centro de estudios jurídicos y sociales de Colombia; sobre el papel del campesinado en el cuidado ambiental, el desarrollo sostenible y la COP16.
Carlos Quesada: Es un hecho que genera justicia histórica para el campesinado en Colombia. A lo largo del siglo XX, en especial en la segunda mitad, el campesinado sufrió una serie de agresiones que Dejusticia y la Comisión de la Verdad llamaron ‘La guerra contra el campesinado’. Esa guerra se manifestó en un altísimo nivel de violaciones de derechos humanos que hicieron que las comunidades campesinas fueran las mayores víctimas del conflicto armado en el país.
Esa guerra también originó una disminución conceptual, y si se quiere simbólica, de los sujetos campesinos porque se desplegaron un montón de discursos anti campesinos. Discursos que mostraban al campesinado como un sujeto criminal, incapaz e improductivo. Esto fue calando en la sociedad colombiana a tal punto que se instalaron, incluso dentro del mismo derecho, una serie de dispositivos, de normas anti campesinas que llevaron a su desconocimiento como sujeto de derechos.
Cuando se da el reconocimiento constitucional con la modificación del artículo 64, lo que se está tratando de hacer es resarcir esa injusticia histórica y resarcir los efectos de esa exclusión y de esa guerra que sufrió el campesinado en el siglo XX.
C.Q: La Constitución del 91 pactaba las bases de una sociedad más justa, democrática, progresista y mandataba por que se superaran discriminaciones como las que sufría el campesinado. Sin embargo, en el texto constitucional y en el proceso constituyente los campesinos sufrieron un déficit de reconocimiento que llevó a una asimetría en el acceso a derechos que la Corte Constitucional admitió y fue subsanando de manera progresiva.
Frente a las demoras para corregir estas asimetrías, creo que la razón fundamental es que desde los años 80 hasta los 90 el campesinado era casi que equiparado a un agente criminal. En la segunda mitad del siglo XX, Colombia intentó hacer la reforma agraria y el campesinado, particularmente la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), jugó un rol determinante en impulsar estas agendas redistributivas. En los 70 esa agenda redistributiva empieza, no sólo a detenerse, sino a revertirse.
Ese proceso de reversión es clave en el desmonte de las políticas reformistas y en la victimización del sujeto campesino. El actor que propendiera por una agenda redistributiva entre los años 80 y 90 tenía un alto riesgo de ser criminalizado y eso le pasó al campesinado. Las organizaciones campesinas sufrían la criminalización, sufrían montajes judiciales, sufrían violencias de parte de todos los actores armados y, en ese proceso, reconstruir una representación simbólica y social del campesinado de forma justa y democrática, fue muy difícil. Más difícil aún volver a hablar de la necesidad de la redistribución de las tierras en Colombia
La Corte Constitucional intentó hacer este este ejercicio de reconocimiento del sujeto campesino a través de su jurisprudencia. Sin embargo, durante los años 90 es muy escasa la jurisprudencia favorable a los sujetos campesinos y la que podemos encontrar se concentra principalmente en un enfoque productivista, es decir, la valoración del sujeto campesino se da en torno a la capacidad que se tiene para producir alimentos.
Sobre el 2002 y hasta el 2004 se empieza a reconocer que el campesinado puede ser un sujeto especial de protección, sobre todo en contextos de alta victimización.
Esta transformación jurisprudencial llega a su punto más alto en el 2017 cuando la Corte Constitucional reconoce que el campesinado tiene un vínculo especial con la tierra y que, derivado de ese vínculo especial, existe todo un conjunto de derechos que le asisten para garantizar su dignidad humana. Con esta noción en la mano es que se llega a la reforma del artículo 64.
C.Q: La dimensión ambiental es muy importante porque atiende una de las más recientes expresiones de esa disminución del sujeto campesino. La emergencia de las políticas ambientales creó otro sesgo que recayó sobre el sujeto campesino. Ya no solamente era improductivo y criminal sino que también era un agente contaminante. Ese prejuicio llevó a que las políticas ambientales que se hacían en sus territorios, muchas veces, vulneraran sus derechos fundamentales. Un ejemplo claro es la Operación Artemisa, donde el derecho penal y la fuerza punitiva del Estado deja de ser la última herramienta para controlar el daño ambiental y se convierte en la primera.
Reconocer la dimensión ambiental del campesinado es romper ese estigma y decir que el campesinado no solamente tiene la capacidad de participar de esas políticas de conservación ambiental, sino que tiene una relación que hemos llamado ‘de dependencia vulnerable con su entorno’. Eso quiere decir que, aunque todos los seres humanos dependemos del entorno natural en el que vivimos, las comunidades campesinas tienen un nivel de dependencia especial que las lleva a que cualquier daño en el entorno natural en el que viven sea profundamente lesivo para sus derechos.
Estos daños pueden estar enmarcados en procesos de contaminación, deforestación, degradación, pero también, como está documentado ampliamente con evidencia científica, en los procesos de conservación ambiental en los que se pueden dar formas de acaparamiento verde. Ya los acaparadores de tierra no son sólo los latifundistas, también se puede dar a través de políticas de conservación ambiental que expulsan al campesinado de su territorio.
En el marco de la discusión global en torno, por ejemplo, a la protección de la biodiversidad ahora con la COP16, este reconocimiento de la dimensión ambiental es clave porque pone al campesinado como un aliado en los procesos de conservación de la biodiversidad. Además, impone un deber al Estado y a los organismos multilaterales de reconocer ese vínculo del campesinado con su entorno y de hacer que las políticas de conservación no rompan esa relación con la tierra.
C.Q: Hay distintas formas de entender la biodiversidad. Una de las más integrales dice que la biodiversidad incluye la diversidad cultural de comunidades que han habitado en estos ecosistemas desde una perspectiva de coproducción del territorio. En ese sentido, las comunidades campesinas han desarrollado conocimientos que les permiten adaptarse o transformar los entornos y convertirse, de alguna manera, en guardianes de esa biodiversidad.
El conocimiento, por ejemplo, en materia de gestión, conservación y adaptación de las semillas que tienen las comunidades campesinas es clave para mantener niveles de agrobiodiversidad saludables para todo el planeta. Tienen un saber ligado a la producción alimentaria que debe recibir incentivos financieros, que debe evitar su desaparición progresiva desmontando los incentivos perversos de los paquetes tecnológicos de la ‘Revolución verde’ y que debe ser protegido y respaldado en el marco de la COP16.
La comunidad internacional tiene la oportunidad de apoyar estas formas diversas, biodiversas y agrobiodiversas del conocimiento.
C.Q: Hace poco, en un evento donde las comunidades campesinas de todo el país se reunieron a hablar sobre la importancia de reconocer esta dimensión ambiental, nos encontramos con varios ejemplos. La Asociación Campesina del valle del río Cimitarra (Magdalena Medio) tiene procesos de ordenamiento territorial alrededor de lo que ellos han llamado ‘La línea amarilla’. Consiste en que las comunidades se ponen de acuerdo para respetar o conservar zonas de bosque o rondas hídricas. A la vez, garantizan un mecanismo de apropiación territorial colectivo de esos bosques sin que ello implique su transformación. Esto es muy importante porque lo que siempre se le ha dicho al campesinado, desde la Colonia, es que la forma de apropiarse de la tierra es talando.
También estuvieron campesinos y campesinas de la montaña caucana, del municipio de Inzá, que nos mostraron cómo a través de ejercicios de educación ambiental han realizado actividades de monitoreo de la diversidad natural con ayuda de algunas universidades. Así, han logrado documentar especies endémicas, hacer monitoreo y documentar la presencia de otras que desde hace años no eran registradas. También contaban cómo han desarrollado actividades de siembra de frailejones en zonas del Páramo de Guanacas en Cauca y le han hecho seguimiento a estas para garantizar una repoblación de estas especies.
Otro ejemplo interesante es el del Festival del Jaguar. Las comunidades campesinas del Guaviare han desarrollado procesos de educación ambiental, generando conciencia en niños y niñas, en torno a la importancia de esta especie como un regulador ecosistémico y como un indicador de la salud del ecosistema. A la vez han realizado procesos de cercamiento para que el ganado no llegue a las zonas donde habitan los jaguares
Estas iniciativas campesinas han sido gestionadas con recursos y esfuerzos del campesinado y son un claro ejemplo de su dimensión ambiental.
C.Q: La modificación del artículo 64 es un gran avance, genera un mandato de transformación y de adecuación institucional; pero tanto a nivel nacional como global persisten enfoques que disminuyen al campesinado y lo restringe en participación. Eso, lamentablemente, no excluye a la COP16.
Es cierto que el gobierno nacional ha hecho esfuerzos muy importantes. Las ministras Marta Carvajalino (de Agricultura) y Susana Muhammad (de Ambiente), hicieron un encuentro de comunidades campesinas donde hubo oportunidad para el diálogo y donde el gobierno mostró su compromiso. Pero a nivel internacional, el reconocimiento de las comunidades campesinas sigue siendo muy exiguo.
Sólo hasta 2018 tuvimos una declaración de derechos de las comunidades campesinas por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. El Convenio Marco de Biodiversidad no reconoce explícitamente estas comunidades, habla únicamente de ‘comunidades locales’ y pueblos indígenas. Por eso urge que se creen rutas para fortalecer el reconocimiento, para visibilizar a las comunidades campesinas tanto en el plano nacional como internacional.
En lo nacional creo que es clave que las comunidades campesinas participen con mayor decisión en el monitoreo del Plan Nacional de Biodiversidad. Veo con mucha satisfacción cómo se han desarrollado amplios escenarios de consulta para este plan en pueblos y comunidades étnicas, pero siento que el gobierno pudo esforzarse más por permitir la participación activa y efectiva de las comunidades campesinas en la actualización del Plan Nacional de Biodiversidad.
C.Q: Los compromisos explícitos en torno al campesinado son exiguos. El marco Kunming-Montreal (los compromisos resultantes de la Conferencia de Biodiversidad de la Organización de las Naciones Unidas de 2022) todavía no nombra al campesinado. Aún no lo reconoce con la suficiente fuerza. Uno podría decir que está reconocido dentro de la categoría de ‘comunidades locales’ y en ese sentido hay una serie de mandatos tanto para el fortalecimiento de rol de estas comunidades, como para el reconocimiento de sus conocimientos tradicionales.
En el marco de Kunming-Montreal queda claro que los objetivos de conservación de la biodiversidad no se lograrán únicamente a través del establecimiento de áreas protegidas. Si queremos que la protección de la biodiversidad sea una realidad no podemos hacerlo sólo a través de medidas restrictivas, tenemos que hacerlo también a través de la adecuación de las actividades productivas y en particular de la producción agroalimentaria. En eso, aunque no se nombra por su falta de reconocimiento, el campesinado es el actor llamado a hacer el protagonista del aumento de esa agrobiodiversidad.
Lo qué se espera de la COP16 es que se empiece a hablar de los campesinos, a llamarlos con nombre propio, que se les reconozca como sujetos de derechos ambientales en el marco de la Convención de Biodiversidad. También se espera que se trace una ruta para que los esfuerzos económicos que están haciendo los organismos multilaterales lleguen realmente a las comunidades campesinas que son las guardianas efectivas de la biodiversidad.
María Elena Álvarez, de 74 años, ha construido un espacio de memoria que de vez en cuando traslada a la puerta de su casa. En la pared cuelga un par de afiches con la foto de su mamá y la frase: “Corina Álvarez, la colitera mayor”. Sobre la mesa ha puesto una serie de premios y reconocimientos que ha ganado. El más reciente se lo dio el Concejo de Fonseca, en agosto de este año, por conservar la “colita abierta y colita cerrá’, un baile autóctono del municipio.
Lo característico de la ‘colita abierta y colita cerrá’ es que se trata de un baile similar a la cumbia, pero con algunos instrumentos típicos de lo que hoy se conoce como vallenato: el acordeón, la guacharaca y la caja. El baile gira en torno al coqueteo y la picardía entre la pareja. Sus pasos son similares a los del paseo vallenato con ritmos cortos de merengue que lo hacen más dinámico. (Aquí puede ver una muestra del baile)
El trabajo de conservación de Álvarez lo ha hecho sola y con las uñas. Durante décadas ha dado clases gratis en los colegios, ha tocado la puerta de políticos para que la apoyen con recursos para presentaciones dentro y fuera del municipio, ha abierto grupos de bailes de diferentes edades y se ha endeudado por comprar vestuarios para los bailarines.
Aunque la ‘colita abierta y colita cerrá’ lleva más de 70 años de historia en Fonseca, no cuenta con apoyo económico, espacios ni eventos propios de divulgación y, con los años, en lugar de fortalecerse y darse a conocer, el baile parece sólo figurar una vez al año durante el desfile inaugural del Festival del Retorno.
Los esfuerzos para que no desaparezca la ‘colita abierta y colita cerrá’ han recaído en Álvarez y en docentes, gestores culturales y folcloristas que con recursos propios o a partir de sus saberes, lo enseñan, difunden e impulsan.
“Como le dije a un alcalde, los zapatos míos ya no sirven de subir las escaleras de la Alcaldía para ver si nos apoyan”
María Elena Álvarez, la colitera mayor
Estos saberes pueden desaparecer si no se pasan de una generación a otra o si esta última no está interesada en aprenderlos y retransmitirlos. “Si me muero antes de lo que pienso, este baile se desaparece porque aquí no le dan la importancia que deben darle”, dice.
Más allá de lo que puede significar para María Elena y su familia o para los que están interesados en que el baile se conserve, la relevancia de mantenerlo como tradición es para todo el municipio. Carmen Julia Molina, coordinadora de Cultura y Turismo de Fonseca, resalta que el baile “conecta a la región con la naturaleza y sus ancestros, siendo parte esencial de la cultura guajira. Aunque se desconocen sus orígenes, ha fortalecido la identidad cultural y la cohesión social, manteniendo viva la herencia en eventos de celebración y encuentro”.
Carlos Maldonado, investigador cultural y docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Popular del Cesar, explica que la importancia se debe a la relación que tiene con la identidad cultural del municipio: “La difusión de los bailes y las danzas es clave por la proyección que toma la cultura popular y el folclor como saberes populares. Por eso nos damos a la tarea de investigarlos, contarlos y conservarlos como una identidad cultural (...) y no permitir que se contamine de otra identidad foránea”.
Maldonado cuenta que en la década de los años 40, entre lo que hoy es Cesar y La Guajira, llamaban ‘Colitas’ a las reuniones que se formaban en los barrios populares para bailar. El término del nombre es difuso, hay quienes aseguran que se llamaban ‘Colitas’ porque se realizaban en los patios que quedaban en la parte trasera de la casa, otros por las filas o ‘colas’ que se formaban para entrar al baile.
En algunos territorios, como en Valledupar, Maldonado dice que se llamaba así porque los jóvenes de la élite que se colaban a estas fiestas iban vestidos de Frac, con las dos colas que le cuelgan al traje. A modo de burla los llamaban “las colitas” y así se popularizó ese nombre. Lo real es que era un punto de encuentro para bailar en el que se mezclaban toda clase de ritmos, desde puya hasta merengue.
“‘Las colitas’ fueron una manifestación cultural que se asentó en la provincia — dice el investigador Maldonado—. Ya lo que hizo Fonseca es que le puso su sello: la organizó con un patrón coreográfico, vestuario y música y la llamaron ‘colita abierta y colita cerrá’”. Eso sucedió gracias a Marta Corina Álvarez Oñate, quien se convirtió en la principal representante del baile y que fue clave para la preservación de este legado cultural que recibió de su madre Carmen Alvárez.
Marta Corina se encargó de difundirlo a través de tertulias con la comunidad. Reunía a vecinos, hijos, nietos y familiares para mostrar el baile que había llevado desde el corregimiento de Caracolí, al casco urbano de Fonseca. En estas reuniones montaba a una pareja sobre un cajón de madera para mostrar el baile a los asistentes. A la par, Corina empezaba a versear sobre momentos de la vida cotidiana, convirtiéndose también en unas de las primeras mujeres verseadoras.
El nombre de ‘colita abierta y colita cerrá’ también obedece a un tema cultural propio de Fonseca. Yomaldri Toncel, licenciada en educación básica en danzas y quien investigó sobre este baile, cuenta que ‘las colitas’ en Fonseca tuvieron dos versiones: colita abierta y colita cerrá.
Toncel afirma que la colita abierta era cuando los hombres iban con sus esposas o parejas a un lugar común para bailar, y todos participaban en la celebración. En cambio, la colita cerrá era cuando las personas se reunían en lugares privados con una novia, amante o pretendiente, y no era un evento abierto al público. Cada uno iba con su pareja y se citaban específicamente para bailar la colita cerrá, que tenía un carácter más íntimo.
Aunque el nombre del baile tiene ese antecedente, este se popularizó por un verso de Marta Corina Álvarez: "colita abierta, colita cerrá, una amarilla y dos colorá". Su hija, María Elena, cuenta que el verso va de acuerdo a los pasos del baile, cuando dicen “la colita abierta” las mujeres abren las faldas y cuando es “la colita cerrá”, la cierran. El ritmo fue tan contagioso que de tanto repetirse se convirtió en el nombre y la letra de la canción referente del baile fonsequero.
“Es un baile que invita a la alegría, impregnando el ambiente con un espíritu festivo que caracteriza a la comunidad — dice Toncel — . Así, la ‘colita abierta colita cerrá’ no solo es una manifestación artística, sino también una forma de conectar y celebrar la vida en Fonseca”.
Yomaldri Toncel, licenciada en educación básica en danzas
En 1999, el Concejo de Fonseca declaró a la ‘colita abierta y colita cerrá’ como baile autóctono de Fonseca, eso quiere decir que pertenece y es originario del municipio. En ese documento quedó la obligación de que el baile debe presentarse cada año en el Festival del Retorno, como se ha venido haciendo en el desfile inaugural. Pero este espacio se ha quedado pequeño para los que buscan que se le dé más relevancia a las tradiciones propias.
“A las administraciones municipales les parece insignificante hacer la colita, lo que ha llevado a que parte de nuestra tradición se esté muriendo. Esa cultura ha ido desapareciendo poco a poco, a pesar de que el Consejo Municipal, en algún momento, emitió un decreto que hacía oficial y obligatorio el baile de la colita”, cuenta Hermes ‘El Mello’ Solano, profesor de danza por más de 35 años.
Solano asegura que deben realizarse talleres y capacitaciones para dar a conocer el baile: “Es importante que las personas no solo bailen, sino que también comprendan la tradición que están representando”. También recordó que hubo momentos en los que se realizaron concursos de coliteros que fueron positivos para la divulgación del baile y que podrían retomarse ofreciendo buenos premios.
“La administración podría promover y preservar esta tradición para el futuro, ya que tienen los recursos necesarios para hacerlo. Se podría crear la ‘Casa de la Colita’, lo que dejaría un legado para los niños que aprenden este baile y ayudaría a difundirlo entre todos. Así, con el tiempo, más personas se sentirían atraídas por este baile”, dice María Elena Alvarez, colitera mayor, quien afirmó que en varias ocasiones ha llevado esa propuesta a diferentes alcaldías, pero ninguna se ha comprometido realmente.
La actual administración de Fonseca, encabezada por el alcalde Micher Pérez, propuso en su Plan de Desarrollo el cumplimiento del acuerdo en el que el baile fue declarado como autóctono. Para eso, la alcaldía está elaborando un plan de salvaguarda a corto y largo plazo que tiene como fin garantizar la continuidad de las tradiciones locales.
Según, Carmen Julia Molina, coordinadora de cultura “nuestro objetivo es materializar todos los proyectos programados a nivel cultural para garantizar que esta tradición no desaparezca”.
Mientras esos planes aterrizan, las iniciativas propias no paran. Álvarez sigue vendiendo almuerzos, endeudándose para comprar sus vestidos y rebuscándose lo del transporte para asistir a presentaciones que le permitan dar a conocer el baile.
“A veces me pagan y a veces no, pero voy porque quiero mostrar lo que me gusta y enseñar a los demás. Es importante que los niños y los jóvenes aprendan sobre la colita, ya que nosotros, los coliteros mayores, no estaremos siempre. Quiero que ellos sean los nuevos coliteros y mantengan viva la tradición. Así, la colita se promueve y se lleva a todas partes”, agrega Álvarez.
“‘La colita abierta y la colita cerrá’ es una tradición poco conocida, pero importante. Mi objetivo es difundir entre las nuevas generaciones para preservar esta costumbre. Rescatar este baile es fundamental”.
Yomaldri Toncel, licenciada en educación básica en danzas
Por su parte, Álvarez, gestores culturales y profesores de danza esperan que Fonseca se convierta en sede permanente de este encuentro, donde todos bailen al ritmo de la colita abierta y colita cerrá.
Hace dos semanas, los firmantes de paz que vivían en la vereda de Miravalle en San Vicente del Caguán (Caquetá) llegaron desplazados al municipio del Doncello. La noticia hizo eco a nivel nacional desde junio cuando fueron amenazados por los enfrentamientos entre las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc que se disputan el control territorial de la zona con La Segunda Marquetalia.
Las 60 familias desplazadas llevaban 7 años en el espacio territorial de capacitación y reincorporación (Etcr) Oscar Mondragón, uno de los 24 lugares a nivel nacional destinados para que los excombatientes hicieran su tránsito a la vida civil. El desplazamiento se sumó a lo sucedido en el mismo departamento a mediados de 2019, cuando los habitantes del Etcr Urias Rondón, en Playa Rica - La Y, tuvieron que trasladarse en medio de las amenazas, la reconfiguración del conflicto armado y la crecida de las disidencias de las Farc.
El caso de los firmantes de Miravalle fue visto como la muestra más reciente de cómo el Estado le falló a quienes decidieron dejar las armas y apostarle a la paz. “Sabíamos hace años que los firmantes de paz de Miravalle sufrían amenazas. Fue anunciado, hubo alertas tempranas. La pregunta es: ¿qué pasó?, ¿por qué no hubo respuestas antes?”, dice Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia de Crisis Group, una organización internacional independiente que previene la guerra y le apuesta a la paz.
Dickinson resalta que una de las razones por las que esto pasó es que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) no han logrado su objetivo. “Que los Pdets no hayan aterrizado es fundamental para la nueva vulnerabilidad en la que están las mismas comunidades”, dice. Los Pdets son uno de los puntos claves del acuerdo de 2016 que consistía en que el Estado llegara e invirtiera en los territorios rurales más golpeados por el conflicto armado. Su intención era cambiar el contexto de estos lugares cerrando brechas de desigualdad.
Por eso, lo sucedido a los firmantes de Miravalle ha sido tomado también como una evidencia más de la falta de implementación del Acuerdo de Paz.
“La única forma para evitar la violencia en general y la violencia contra los firmantes, es cambiando el contexto. Eso era lo que iban a hacer los Pdet, pero no lo han logrado y eso nos pone en la posición de ser reactivos y buscar soluciones a corto plazo”, explica Dickinson.
Los excombatientes de la columna Teófilo Forero perteneciente al Bloque Sur de las antiguas Farc, iniciaron su tránsito a la vida civil en los terrenos del Etcr Óscar Mondragón, ubicado en El Pato, zona rural de San Vicente del Caguán. El municipio era clave para las antiguas Farc porque fue uno de los territorios en los que se movió el entonces secretariado y donde esa guerrilla tuvo mayor control territorial. La zona de El Pato también fue significativa porque históricamente ha cargado con el estigma de ser considerada una “zona roja” o zona guerrillera.
La llegada de los firmantes de paz a la zona también trajo inversión para ellos y las veredas aledañas: iniciaron proyectos de producción hidropónica (que consiste en cultivar plantas sin suelo, con soluciones minerales y nutrientes en el agua) de lechugas y tomates, tanques para cultivos de tilapia, invernaderos para producir pimentón y un impulso a emprendimientos y comercios pequeños como panaderías y minimercados en el Etcr. El trabajo mancomunado también fortaleció los lazos comunitarios hasta el punto de crear organizaciones como el Comité de Reincorporadas Asociadas por la Paz (Creapaz) o asociaciones de mujeres productoras de café de la zona.
Para Eliana Hernández; enlace regional de la Fundación Instituto para la Construcción de la Paz (Ficonpaz), un organismo de la Arquidiócesis de Bogotá; lo que pasaba en la zona era la oportunidad para ser testigo de que El Pato estaba convirtiéndose en un eje de desarrollo para el municipio. “Hubo nuevas experiencias de transformación no solamente en construcción de paz, sino en temas productivos. También hubo procesos sociales diferenciados con firmantes de paz y otros sobre la intervención de ellos en la vida social de los Sanvicentunos”, cuenta.
Los firmantes de paz también empezaron a integrarse a la vida civil en espacios de participación como el consejo de planeación municipal, la mesa municipal de turismo y el consejo territorial de paz, reconciliación y convivencia que permitieron visibilizar sus apuestas. Esos vientos de paz fueron breves, pero no se quedaron sólo en el Etcr.
“En los primeros años, cuando preguntaban qué ha mejorado desde la firma del acuerdo de paz, el ejemplar era Caquetá — recuerda Dickinson de Crisis Group —. La violencia bajó, las oportunidades para el desarrollo incrementaron, el ecoturismo era una apuesta real, no había restricciones de movilidad, no había grupos armados. La tranquilidad era impresionante”. En San Vicente y en El Pato fue igual.
Carlos Ariel García, director y cofundador de Caguán Expeditions e integrante del equipo Remando por la Paz, recuerda cómo la paz se tradujo en más oportunidades para el municipio: “nacen procesos asociativos lecheros, frijoleros, plataneros, procesos de expedición botánica hacia el parque Cordillera de los Picachos, nacen acuerdos de conservación, llegaron bibliotecas y maestros para la paz. Pero, por supuesto, la deuda es grande en este territorio”.
Hace unos meses, en entrevista con Consonante, García dijo que los incumplimientos al Acuerdo se podían ver en los reclamos históricos que siguen sin subsanar: vías, educación, salud, conectividad eléctrica. “La gente no ve en realidad cambios significativos en su vida”, dijo. En ese contexto, los incumplimientos al Acuerdo empezaron a pesar más.
Wilmar Vargas, firmante de paz y presidente de la cooperativa ‘Forjadores de paz’ que vincula víctimas del conflicto armado, considera que el Acuerdo ha avanzado poco y ha llevado a que algunos que apostaron por la paz regresen a las armas. Para él, la responsabilidad va en dos vías, primero por el lado del gobierno nacional:
“De parte del gobierno no se ha dado el cumplimiento que estábamos esperando. Por eso a muchos firmantes les tocó volver a coger el monte porque miraron que no había cumplimiento ni en seguridad ni en vivienda ni en tierra ni en espacios políticos”, afirma.
Vargas también cree que pesó la relación actual entre la base social y los dirigentes del partido Comunes — que fue el que nació del Acuerdo para darle participación política a los firmantes de paz —. Asegura que uno de los problemas es que no hay comunicación directa con ellos. A eso se suma la falta de compromiso por parte de los gobiernos locales. “Los culpables son varios, mientras uno está en la reunión todo se da. En el Congreso o en la Alcaldía le palmotean la espalda a uno, pero nunca se ven los resultados. Siempre son promesas y promesas que nunca se cumplen”, anota Vargas.
“Yo creo que todos los avances dependen de la voluntad política, entonces faltó en los gobiernos anteriores — dice Hermidez Linares Montiel, líder del proceso Remando por la paz y vocero del traslado de los firmantes a Doncello —. Aunque llegaron varios proyectos que beneficiaron a las comunidades como turismo, proyectos productivos y educación, otros temas no avanzaron. Y ahora las disputas territoriales por la cordillera central y su paso estratégico afectan de nuevo a todos los habitantes”.
La reconfiguración del conflicto armado y el engrosamiento de las filas de los grupos disidentes tras la firma del Acuerdo de 2016, fue una muestra más de la falta de implementación de lo acordado. Según la Fundación Conflict Responses (CORE), que le hace seguimiento al conflicto armado en Colombia, hasta 2023, las dos disidencias de las antiguas Farc, el Estado Mayor Central y La Segunda Marquetalia, tenían capacidad de injerir en la realidad local de manera sostenida y de forma directa o indirecta en Caquetá. Ambas se disputan el control territorial en El Pato.
Pero el desplazamiento de los firmantes y la pelea a fuego en El Pato es sólo una muestra de los incumplimientos al Acuerdo de Paz que, tras ocho años de firmarse, sigue con una implementación lenta que ha hecho que las violencias se reciclen. Pero esa realidad en San Vicente del Caguán no sólo la sienten los reincorporados del Etcr. El Pdet, que debía ser el aterrizaje del acuerdo a nivel local y rural, no ha logrado transformar el día a día de los habitantes de la ruralidad que siguen siendo los más golpeados por el conflicto armado y las desigualdades.
Los Pdets fueron pensados como una hoja de ruta para que en 10 años transformaran las zonas rurales de los 170 municipios de las regiones más pobres y golpeadas por la violencia. Pero terminaron en un listado de iniciativas generales que a más de la mitad del tiempo estipulado, aún no se concretan.
“La historia de los Pdets en una palabra es ‘politización’. Lo que se requería acá era un compromiso por parte del Estado, no por parte de un gobierno. Pero, como pasa en Colombia, cada gobierno entra con su propio programa y descarta los avances de los anteriores. Todos los gobiernos que han tenido que implementar una parte del acuerdo tienen culpa en esto”, explica Dickinson de Crisis Group.
La mirada no es muy distinta desde las comunidades. Para Nelson Armando Gonzáles; miembro del grupo motor del Pdet Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, integrado por los 16 municipios de Caquetá y uno del Huila; después de cinco años de suscribirse el plan de acción para transformar en el territorio con más de 3 mil iniciativas, el Pdet parece no impactar de forma trascendental la vida rural.
“Sigue uno teniendo el sinsabor de que el Estado no ha tenido en cuenta las obras de impacto necesarias. Nos dicen que en el Caquetá se han invertido 1,7 billones de pesos, pero seguimos esperando que se implementen los mismos proyectos que fueron escogidos por las comunidades hace unos años”. En San Vicente del Caguán, uno de los municipios de la subregión Pdet, lo sienten igual.
“Nos preguntamos: ¿qué pasó con los Pdets? Acá sé que se politizó, no pasó lo que tenía que pasar”, dice Carlos Ariel de Caguán Expeditions
Del municipio salieron 240 iniciativas que iban desde implementar proyectos productivos y hacerle mantenimiento a vías terciarias, hasta solucionar conflictos económicos y socioambientales en áreas protegidas.
A corte del 30 de junio de este año, más de la mitad de las iniciativas (130) contaban con una ruta de implementación activa que, en palabras sencillas, se refiere a cualquier tipo de avance. Pero no siempre significa que sea visible o impacte el territorio. Sara Arias, coordinadora del Pdet Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, explica que la ruta de implementación puede equivaler a una contratación o a cualquier tipo de acción referente a una de las iniciativas.
“La lógica de las iniciativas se hizo también para no cumplirse”, dice Arias criticando la parte de la implementación del acuerdo que le correspondió al gobierno de Iván Duque.
“En este Pdet se calcula que se requieren un promedio de cuatro proyectos para darle cumplimiento total a una sola iniciativa”, cuenta Arias.
Eso quiere decir que la subregión necesitaría más de 13 mil proyectos y San Vicente del Caguán unos 960 para poder cumplir todo lo propuesto, eso sin contar la inversión, la dificultad de llevar a cabo algunas y el tiempo de ejecución.
Todo eso ha impedido que la transformación esperada por las comunidades llegue a los territorios. Aunque más de la mitad de las iniciativas están andando, las que son primordiales para campesinos, jóvenes, mujeres, reincorporados y otras comunidades, no parecen avanzar. Así lo cuenta una mujer integrante del grupo motor del Pdet de San Vicente del Caguán. Para ella, que prefiere no ser nombrada porque teme que su liderazgo se vea minado por su opinión o que termine señalada por criticar la implementación del acuerdo, el derecho a la propiedad privada, ya sea entregando tierras o facilitando la titulación de tierras que están en áreas protegidas, hubiera traído grandes cambios al municipio.
“Queremos y estamos buscando la tenencia de tierras. Tener títulos y escrituras mejoraría las condiciones de vida de muchos porque podríamos tener autonomía económica, tendríamos la satisfacción de generar empleos formales para que la gente no tenga que salir del territorio y así mismo tendríamos una responsabilidad ante el Estado”, comenta.
En toda la subregión del Pdet, entre 2017 y 2022 se formalizaron y adjudicaron 65,8 hectáreas. Pero en San Vicente no se ha sentido. “Hasta donde yo sé, en el municipio no se ha formalizado ni una”, dice la lideresa.
Los firmantes de paz que están dispersos en este territorio, opinan igual. “Eso es algo que no ha avanzado, creo que ni ha comenzado. Lo poco que sé es que apenas unos Etcr están en proceso de legalización”, dice Wilmar Vargas, reincorporado y presidente de la Cooperativa Forjadores de Paz.
Aunque las comunidades de San Vicente han logrado que se cumplan algunas iniciativas relacionadas con proyectos productivos, Vargas critica que estos sean “plata de bolsillo”: “A nosotros nos salió un proyecto de 8 millones de pesos. Pero no es un proyecto productivo autosostenible. De ahí no podemos sostener ni la familia ni el proyecto”.
Para jóvenes como Yerson Camilo Muñoz, que hace parte del grupo motor del Pdet integrado por más de 30 personas, una de las iniciativas claves que transformaría el territorio sería la de la construcción de un campus universitario. “La educación es la base de cualquier cambio social. Un campus universitario garantizaría que los jóvenes podamos hacer una carrera y podamos tener una alternativa de vida”, dice Muñoz. También resalta la importancia de la Casa Refugio de la mujer, para brindar más oportunidades a las mujeres rurales.
En lo que sí coinciden todos los entrevistados es que el cumplimiento de las iniciativas no hubiera solucionado todas las problemáticas del territorio, pero su aporte sería relevante.
“El cumplimiento de las iniciativas Pdet es una forma de empezar a subsanar esa deuda histórica que tiene el Estado con los territorios violentados”, asegura Muñoz.
Sara Arias, coordinadora del Pdet Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño también comparte ese pensamiento. Por eso dice que por parte del gobierno de Gustavo Petro le han apostado a escuchar a las comunidades y priorizar proyectos. Una muestra de eso fue que hace dos semanas se reunió parte del gobierno y de la sociedad civil de la subregión para revisar las iniciativas, actualizar la visión del Pdet a 2033 y avanzar en los compromisos.
“Queremos avanzar en la construcción de 30 proyectos para superar la lógica de las iniciativas, que tengamos una hoja de ruta mucho más clara para que los proyectos se concreten y se hagan realidad”, afirmó Arias. Entre los puntos priorizados está el de diseñar un programa de comunicación para dotar, formalizar y legalizar medios de comunicación comunitarios y alternativos para implementar estrategias de pedagogía de paz y memoria histórica.
También quedó priorizada la construcción de un puente vehicular, la implementación de sistemas productivos como huertas, la construcción y mejoramiento de alcantarillados, la titulación de predios de instituciones educativas, y embarcaciones para fortalecer el transporte escolar.
Para lograrlo, la coordinadora asegura que a nivel nacional este gobierno amplió la bolsa de obras por impuestos (que permite que las empresas paguen sus impuestos construyendo obras en estas zonas): “Pasamos de 50 mil millones a un billón para que los contribuyentes pongan sus impuestos en clave de obras. Esto, teniendo en cuenta que el anterior gobierno redujo a la mitad el presupuesto de implementación del Acuerdo de paz”. En 2016, el costo estipulado para el Pdet en la subregión fue de 6.2 billones de pesos.
“Es cierto que el presupuesto limitado no va a transformar en cuatro o cinco años unas estructuras inequitativas y desiguales que se han construído en un estado centralista, machista y patriarcal”, dice Arias. Pero la esperanza está puesta en que los cambios que se logren sí lleguen a las comunidades y puedan cumplir con la idea principal de los Pdets de cambiar las zonas rurales que más han sufrido la violencia para que estas cesen y no se repliquen.
En especial para que casos como los de los firmantes de paz de Miravalle no se repitan. Elizabeth Dickinson, de Crisis Group lo dice así: “Más que un listado de exigencias, la idea real de los Pdets era obligar a las instituciones del Estado a estar permanentemente en terreno y ese despliegue del Estado es lo que ha faltado”.
El municipio de El Carmen de Atrato en Chocó tiene una nueva área de protección ambiental: El Parque Natural Regional (PNR) Las Tangaras. Constituido por más de 2300 hectáreas que pertenecen a la Fundación Proaves, una organización que busca conservar y estudiar especies de aves y anfibios que tienen algún grado de amenaza de extinción. Esos predios son el refugio de más de mil especies de flora y fauna y de 1 de cada 20 especies de aves que hay en el mundo.
La noticia llegó a los principales medios del país por su importancia ambiental. Pero en el municipio ha levantado críticas y cuestionamientos frente al papel que ha tenido Proaves desde que llegó al territorio. A la vez, generó molestia porque la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), que es la autoridad ambiental del departamento y la que hizo la declaratoria de área protegida, usó una imagen del Cañón de Guaduas para promocionar la declaratoria de Las Tangaras.
Aunque en la imagen dice que se trata de un ecosistema de montaña de la vereda Guaduas donde hicieron jornadas de avistamiento de aves, esta hace parte de una publicación relacionada con la inauguración del Parque Natural Regional. Además, fue replicada por medios y funcionarios del Gobierno Nacional como si se tratara de Las Tangaras.
“Para nosotros es doloroso que hagan uso de una imagen de nuestro territorio para promocionar una reserva que es privada. Nos podrán decir exagerados, pero uno no busca vender una casa promocionando la del lado”, dice Marcela Sánchez. Para María Fernanda Vélez, la publicación de esa imagen, como si fuera de Las Tangaras, fue como si borraran la lucha campesina de esta comunidad e invisibilizan la vereda Guaduas. “Estamos recogiendo firmas para que se retire la imagen que también fue movida en medios nacionales y para que aclaren de qué se trata. Pondremos la queja correspondiente”.
Por ahora, líderes de El Carmen dicen que, aunque aplauden el trabajo de conservación y la protección del ambiente, sienten que las comunidades han sido excluidas y no ven cómo pueden participar de la declaratoria que, aseguran, no fue socializada con gran parte de las comunidades.
Las Tangaras —el nombre de una familia de pájaros de colores brillantes que son nativas de las áreas tropicales de América — pasó a ser Parque Natural Regional en enero de este año y su inauguración se dio el 19 de julio. “Lo que esto significa es que hay un nivel de protección superior para esa área y que con Proaves, como administradores del lugar, tendremos más vigilancia, más comunicación y objetivos ambientales en común”, contó Arnold Rincón, director de Codechocó.
Rincón explicó que darle ese estatus a la zona es clave por tres aspectos: en el lugar hay un ecosistema de alta montaña que es poco común en el departamento; en una parte del parque está el nacimiento del Atrato, un río que está bajo protección especial como sujeto de derechos; y es una zona con amplia diversidad de flora y fauna. Por su parte, Proaves asegura que una de las ideas principales es que el territorio se pueda conservar, incluso si la fundación no hace presencia en el territorio. También creen que esto puede traer beneficios para las comunidades.
“Con la declaración puede haber una más posibilidad de que entidades nacionales y extranjeras inviertan en proyectos. Eso ayudaría a conseguir fondos para el uso sostenible del suelo o para la educación ambiental de las comunidades aledañas. También buscamos que con esto crezca el turismo de naturaleza que ha venido cogiendo impulso en el país”, dice Juan Lázaro, director de estrategias conservación de Proaves y uno de los que estuvo al frente del proceso de declaratoria.
Pero líderes ambientales, sociales, étnicos y representantes de organizaciones de El Carmen aún no ven ni proyectados esos beneficios a los que se refiere Proaves. Así lo dice Ramón Cartagena, representante de la Mesa Social y Ambiental del municipio:
“Creo que las comunidades no ganan nada. Infortunadamente siguen perdiendo. El día de la inauguración estuve allá y sólo habían unas personalidades, pero no estaban los campesinos, los indígenas, los habitantes del territorio. Si las comunidades no están ganando nada, entonces los únicos que ganan son los de Proaves”
Proaves llegó a El Carmen alrededor de 2007 cuando empezó a formar la reserva Las Tangaras comprando predios. Marcela Sánchez, activista ambiental y miembro de la Plataforma Campesina del municipio, dijo que en ese momento no hubo socialización de la llegada o el objetivo de Proaves. Según cuenta, el nombre de la fundación empezó a sonar porque estaban comprando varios predios en el municipio justo cuando el conflicto armado estaba en su pico por la presencia del Ejército Revolucionario Guevarista, una disidencia del ELN que operó entre 1993 y 2008 en seis departamentos, incluyendo el Chocó.
Eso despertó dudas sobre quiénes estaban detrás de la fundación y cuál era el fin de la misma. Incluso hubo rumores sobre si lo que buscaban era explotar o vender recursos naturales, más en un municipio que ha sido declarado como una de las 50 zonas con mayor número de especies endémicas (que sólo se dan en la región) de Suramérica. “No entraron bien al municipio porque la gente quedó con desconfianza”, asegura Sánchez.
La desconfianza también se dio porque hubo un sinsabor entre algunos de los que le vendieron tierras a Proaves. Ese fue el caso de Luis Humberto González quien asegura que, junto con dos familiares, tenían unas mil hectáreas que vendieron a la fundación por unos 800 millones de pesos en 2011. Eso quiere decir que cada hectárea costó alrededor de 800 mil pesos de la época.
González dice que Proaves lo buscó para comprarle el predio. Asegura que inicialmente sólo quería vender una parte de la montaña para quedarse con unas 200 hectáreas que eran productivas. Pero cuenta que desde la fundación le dijeron que estaban interesados en la totalidad del predio y no en partes del mismo. Al final González decidió vender por las constantes amenazas y extorsiones de las que era víctima en ese momento y lo vio como una opción de dinero para poder salir del municipio.
Una de las familiares de González — que prefirió no ser nombrada porque ha sido víctima del conflicto y no quiere estar relacionada con estos temas — dijo que Proaves fue transparente en el proceso y desde el inicio aclaró el uso que le daría a los predios. A pesar de eso, ella siente que se aprovecharon de la situación que vivía el municipio por el conflicto.
“Ellos sabían que para uno era mucha plata y más sabiendo que debíamos desocupar la finca”, dice.
Casos como el de González y sus familiares se volvieron vox populi en el municipio y ahondaron la desconfianza que ya existía. Hubo otros casos como el de Héctor Cardona que ofreció sus terrenos, los vendió y considera que fue una venta transparente y a un precio justo. Pero historias como las de González pesaron más.
En 2013, Proaves intentó que Las Tángaras fuera declarada como una Reserva Natural de La Sociedad Civil, que es un área protegida privada que busca aportar a la conservación. Pero Parques Nacionales Naturales declaró el desistimiento de esta porque pasaron dos meses en los que no adjuntaron la documentación solicitada.
A Proaves le pedían: un plano digital con las coordenadas de los predios que componen la reserva, certificados de extensión de seis de los nueve inmuebles que iban a ser parte de este y aclarar la situación de dos predios que podrían figurar con la falsa tradición, un fenómeno en El Carmen que consiste en que propietarios no legítimos realizan transferencia de derechos de propiedad.
Hasta hoy, Proaves dice que tiene 3652 hectáreas en el municipio. Una cifra que sólo fue clara hasta 2016. Ese año, el Concejo Municipal de El Carmen invitó en mayo y en noviembre a la fundación para hablar sobre su labor en el territorio y para, según el Facebook de la corporación, despejar las inquietudes de la comunidad.
Las sesiones en el Concejo consistieron en aclarar el trabajo de la fundación, transparentar el número de hectáreas que tenían en el municipio, recibir críticas por la compra de tierras, insistirles en articularse con las comunidades y en el compromiso de Proaves de no sacar beneficios económicos, ni recursos naturales de El Carmen en ese momento ni a futuro.
Jesús Antonio Londoño fue uno de los concejales que estuvo en ambas sesiones. En la actualidad es el presidente de la corporación y dice que lleva unos 15 años haciéndole oposición a Proaves. Reconoce que la labor de conservación ambiental es importante y necesaria, pero cuestiona que se haga en tierras que, dice, son productivas. Londoño cuenta que hace unos 12 años hizo las cuentas del impacto que generaba la compra de tierras de la fundación. Su ejercicio consistió en recorrer varias comunidades y preguntar por los empleos que generaban los terrenos adquiridos por Proaves y por la cantidad de ganado que hubo en su momento.
Según los cálculos de Londoño, en El Carmen se dejaron de producir 1500 cabezas de ganado y entre 20 y 30 empleos que fueron reemplazados por 2 o 3 guardabosques. Además de esto, asegura que el otro problema es que siente que la empresa no ha sido clara con sus intenciones en el territorio.
“Por acá sospechamos que se puede tratar de un negocio de bonos de carbono, pero eso es lo que no dicen. No sabemos qué pretenden, no son abiertos y esa es la desconfianza”, afirma el concejal.
Los bonos de carbono son un modelo de negocio que se ha popularizado cada vez más en territorios del Sur Global con empresas del Norte. Este consiste en que industrias contaminantes que deben compensar los gases de efecto invernadero que emiten, firman contratos para pagar los trabajos ambientales que hacen las comunidades indígenas, afro o campesinas que conservan un bosque. Dentro de los múltiples problemas que tiene esta nueva forma de colonización de bosques y selvas, están los intermediarios entre las comunidades y las empresas que en ocasiones venden bonos de carbono sin la autorización de las comunidades que hacen la conservación.
Como sucedió en el caso de las comunidades indígenas de Pirá Paraná en el Amazonas. Hace un mes la Corte Constitucional falló a su favor diciendo que habían violado su gobierno propio y, entre otras directrices, ordenándole al Ministerio de Ambiente que formule un protocolo con perspectiva étnica para la implementación de proyectos de bonos de carbono. Esa es una muestra de lo poco regulado que está este negocio en el país.
Mientras que en el casco urbano de El Carmen hubo una socialización sobre la labor de Proaves, en zonas aledañas a sus predios, las comunidades dicen que esto no ha pasado. Es el caso del resguardo Sabaleta, de la etnia Embera Chamí, vecino de Las Tangaras. Efraín Velásquez, gobernador indígena, dice que se sienten incómodos con la fundación por considerar que sus acciones van en contra de la cosmovisión que tienen como pueblos indígenas.
“Somos el resguardo más antiguo del municipio y acá nunca nos dijeron que iban a vender esos predios ni por qué. Nosotros sólo escuchábamos: ‘Proaves’, pero no sabíamos su rol, no sabemos por qué están al lado”, relata Velásquez.
El gobernador dice que conocieron el rol de Proaves cuando tuvieron que reunirse con ellos porque uno de los territorios de la fundación se traslapa con los del resguardos, es decir, no es claro dónde empieza y dónde termina la propiedad de cada uno. Pero no es la única diferencia. Velásquez dice que para los pueblos indígenas la selva no es privada, como lo son los predios de Proaves, y el único permiso que deben pedir para entrar a esta es a su dios, no a una entidad.
“La selva virgen debe quedarse quieta. La finca, los potreros deben trabajarse. Pero acá no es así”, cuenta Velásquez y dice que siguen con la duda sobre la fundación: “¿van a estar aquí?, ¿se van a quedar siempre o cuánto tiempo? Queremos saber, pero no nos dicen”.
Juan Lázaro, director de estrategias conservación de Proaves, reconoció en entrevista con Consonante que quizá Proaves no llegó de la mejor forma a El Carmen de Atrato. “Eso tal vez generó cierta molestia en las comunidades que creían que comparábamos bosque para vender agua, oxígeno o traer minería, y no. También pesó el desconocimiento de la gente”, sostiene.
Lázaro cuenta que una de las críticas que han recibido por usar tierras productivas es equivocada porque la ganadería, en una tierra con tanta precipitación como El Carmen, tiene una productividad muy baja. “A veces nos achacan que se haya acabado la ganadería en esos predios, pero cuando los compramos, prácticamente no tenían ganadería y tampoco eran pequeños propietarios, eran terrenos extensos de personas que, en su mayoría, vivían en Medellín”, dice Lázaro.
El director de estrategias de conservación de Proaves también aseguró que han estado trabajando para abrirse más y acercarse a las comunidades. Asegura que uno de los limitantes es que no tienen el presupuesto suficiente para generar proyectos o trabajar de la mano porque casi todo el presupuesto se les va en conservación, pero que están tratando de apoyar a las comunidades, en especial a las vecinas.
Entre esos acercamientos, Lázaro asegura que están trabajando con comunidades indígenas para apoyarlas en la comercialización de artesanías, hacen talleres de sensibilización y educación ambiental, y campañas de esterilización para animales domésticos como perros y gatos.
Líderes sociales, ambientales e indígenas de El Carmen, reconoce que en los últimos años la entidad ha sido más abierta y han tenido acercamientos con las comunidades, pero consideran que estos se han quedado cortos, han sido insuficientes o incluso los ven como oportunistas. Por eso coinciden en decir que la declaratoria del Parque Natural Regional Las Tangaras sólo le traerá beneficios a Proaves, a la que ven como promotora de un turismo pensado para extranjeros que se desarrolla únicamente en los predios privados de la fundación.
Una mujer ambientalista, que prefirió no ser nombrada porque cree que podría perder posibilidades de empleo con Proaves, dice que de los 12 años que lleva en El Carmen, hace unos dos ha notado que la fundación ha abierto más las puertas al municipio. Lo dice porque recuerda que fue citada, junto con unas 10 o 15 personas, para socializar una propuesta de Proaves para agrandar una de las reservas.
“Fue para ver qué opinábamos de esto. Quedamos de socializar de nuevo, pero no volvieron. Quizá sólo necesitaban firmas y fotos con las comunidades para decir que estaban trabajando con nosotros. Su política de puertas abiertas es entre comillas porque es para lo que ellos necesitan que apruebe la comunidad”, dice. Resalta que Proaves piensa más en un turismo para las personas de afuera y no articula con las comunidades. También critica que no haya promoción de la fundación dentro del municipio, ni sobre el municipio.
En su página web, Proaves dice que para llegar a la reserva de Las Tangaras no es necesario llegar a El Carmen. Esto ha sido tomado como una muestra de desconexión con los habitantes. “ Es una institución que no viene, no trabaja, no coopera, no coordina, no articula las actividades con el resto de organizaciones. Preocupa mucho que después de tantos años en El Carmen mantengan esa postura tan alejada”, asegura Ramón Cartagena, representante de la Mesa Social y Ambiental.
Similar opina Marcela Sánchez de la Plataforma Campesina. Asegura que sí ha habido acercamiento y relacionamiento entre las comunidades y Proaves, pero muy pocos se han concretado o han sido constantes.
“Esta relación ha sido intermitente. Están por ratos. Se van y vuelven a aparecer cuando van a hacer un proyecto. Por ejemplo, en noviembre o diciembre del año pasado estuvieron por acá porque iban a hacer un proyecto de bonos de carbono, ahí nos buscaron, pero como no se dio, no los volvimos a ver”, dice Sánchez.
Frente a esto, Proaves dijo que sólo sirvieron de enlace entre las comunidades y los interesados en el proyecto. Resaltaron que ni les interesaba ni estaban en la capacidad de llevar a cabo un negocio de bonos de carbono.
Sánchez también critica que Proaves promocione Las Tangaras como un parque que están protegiendo de la deforestación o del riesgo de deforestación. “Eso significa que los vecinos del parque somos unos depredadores. Resultamos siendo los malos de la película”, dice. Ese es un estigma con el que el campesino ha tenido que cargar de forma histórica.
Carlos Duarte, docente de la Universidad Javeriana e investigador sobre el reconocimiento del campesinado como sujeto político y de derechos, explica que los campesinos han sido señalados como culpables de la deforestación cuando esta ha sido el resultado del accionar de empresas de alto nivel. “No es el campesino el que deforesta, en realidad cuida el agua y la naturaleza porque la agricultura misma depende de la conservación del medio ambiente”, dice.
Duarte también llama la atención sobre los avances que hay en relación con las comunidades campesinas, indígenas y afros frente a los temas de conservación. “En el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Montreal en La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP), vemos la evolución del ambientalismo. Ya no es cuestión sólo de preservar, es de preservar con la gente y de distribuir esos beneficios con la gente que está ahí”. Eso es algo que en el municipio aseguran que no ha pasado.
Agroecotur es una muestra de la importancia que las comunidades de El Carmen le han dado a la conservación. Se trata de una asociación agropecuaria, ecológica y turística, que cuenta con 39 asociados de Guaduas, una vereda vecina de Las Tángaras. María Fernanda Vélez hace parte y a la vez es una de las coordinadoras de turismo. Aunque reconoce que Proaves les donó una báscula hace un tiempo, también resalta que no hay una articulación total con la entidad.
“En Guaduas tenemos un enfoque ambiental, de conservación y turismo comunitario, pero para lo de la declaratoria del Parque (Natural Regional Las Tangaras) no nos tuvieron en cuenta, no se invitó ni se socializó con las Juntas de Acción Comunal (JAC) ni a las organizaciones de acá”, dice Vélez.
Gertrudis Sánchez, vicepresidenta de la JAC de Guaduas también criticó que no les consultaron sobre la declaratoria: “Si no es el 100%, al menos el 98% de la comunidad está disgustada y estamos rechazando que no nos consultaron nada sobre el Parque Natural Regional. Nunca se habló sobre eso”.
Arnold Rincón, director de Codechocó, le dijo a Consonante que sí hubo socialización.
“Hubo talleres en los que participó la administración municipal y los colonos de la zona. Ellos conocieron el proceso y ayudaron a construir documentos bases. Lo de la socialización depende de a quién le pregunte, eso no es para socializar con todo el mundo”, aseguró.
A pesar de la molestia, Gertrudis Sánchez fue la única de las entrevistadas que vio un lado positivo para las comunidades. Según ella, esto podría ayudarlos en la formulación de proyectos y en buscar recursos económicos por fuera del municipio. Todos los demás entrevistados concuerdan en que, por ahora, no ven ningún beneficio porque dicen que los visitantes, el turismo y las cadenas de valor que este genera se quedan en los dueños de los predios de Las Tangaras.
Aseguran que eso pasa porque no hay articulación con las comunidades ni los comercios y los visitantes ni siquiera llegan a conocer el municipio. Lo cierto es que los predios del ahora Parque Natural Regional no son públicos, siguen siendo de Proaves y es la entidad la que decide sobre su administración.
Ante esta avalancha de críticas, desde Proaves dicen que aparte de los proyectos mencionados que están en marcha, han estado capacitando guías y formando personas en temas de avistamiento de aves para que puedan aprovechar las potencialidades del municipio. También resaltan que este año pasaron un borrador de proyecto de acuerdo al Concejo para proyectar a El Carmen como la capital ecológica del Chocó e impulsar el aviturismo.
El proyecto — que Consonante conoció — propone por ejemplo: el cambio del nombre de la carrera 4 a “carrera 4 Avenida Las Tangaras” en homenaje al parque y el de la carrera 3 se llame “carrera 3 Avenida Los Loros”, crear una oficina de turismo sostenible, vincular a las comunidades locales en la prestación de servicios de turismo y que sea la alcaldía la que evalúe y los monitoree, e incentivar la adquisición de productos y servicios locales.
También propone: “exoneraciones y descuentos tributarios en los impuestos prediales unificados y de impuestos por actividades turísticas en el municipio que favorezca los predios que se encuentren al interior del Parque Regional Natural Las Tangaras, de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, y de predios que acrediten su destinación a la conservación de la biodiversidad y la ejecución de actividades de turismo sostenible”.
El concejal y presidente de la corporación, Jesús Antonio Londoño, dijo que no estaba de acuerdo con la propuesta de exonerar a Proaves de impuestos. También aclaró que el borrador de proyecto está en estudio por parte del área jurídica. Para Juan Lázaro, director de estrategias de conservación de la fundación, las propuestas que pasaron al Concejo son una parte de esos beneficios que tendría la comunidad, de la importancia del aviturismo y del trabajo que ha realizado esta entidad.
“Creo que ha sido decisivo que Proaves esté en el municipio porque es la que ha generado todo el interés en el gremio de conocer las aves en El Carmen. Si no estuviera esta reserva de Proaves, el municipio estaría como olvidado en el mundo pajarero o en el imaginario de los que quieren avistar aves no sólo en Colombia sino en otras regiones del mundo”, comentó Lázaro.
Por su parte, la activista ambiental Marcela Sánchez, dice que declaratorias como la del PNR y el trabajo que ha realizado proaves le recuerdan a la relación extractivista con las comunidades. Lo dice porque siente que la entidad aprovecha los recursos, pero cree que los beneficios de estos no retornan a los habitantes del municipio.
“Sobre nuestro territorio hay muchos intereses extractivistas. El tema de conservación se ha vuelto así si lo vemos como los países ricos que extraen recursos de países pobres para su beneficio. En este caso vemos que Proaves, una fundación, está captando gran cantidad de recursos de cooperación internacional o empresas basándose en el ‘capitalismo verde’”, que consiste en que el capital viene de los recursos naturales, dice Sánchez.
La casa de Pascuala Sánchez sólo tiene una pared de ladrillo. La construyeron luego de que un político les entregara algunos materiales a cambio del voto que le dieron. Una parte del piso es de cemento porque una profesora se los regaló. La otra parte, igual que el resto de la casa, es de tablas o retazos de tablas que le ha regalado uno de sus cinco hijos que es aserrador. La mayoría están húmedas o podridas por el agua que se filtra debido a las constantes lluvias que caen en el corregimiento de Carmelo en Tadó, municipio del Chocó, donde viven.
El techo, que no alcanza a cubrir toda la casa, en realidad es una seguidilla de tejas de zinc. La cocina es más un rincón con estantes que sostienen ollas y platos vacíos. Afuera de la casa, bajo un pequeño techo, está el fogón de leña en el que Pascuala suele cocinar.
El campo funciona como letrina porque no tienen baño. En las tres habitaciones en las que apenas cabe una cama pequeña, duermen las siete personas que viven en la casa: Pascuala, dos de sus hijos, su hermana y sus tres sobrinas. Ninguno tiene un empleo formal ni seguro.
El único ingreso fijo son los 80 mil pesos que el gobierno nacional, por medio del programa Colombia Mayor, le gira cada mes a Pascuala por ser de la tercera edad, no tener pensión, vivir en condición de pobreza y ser menor de 80 años.
El subsidio se va en un par de kilos de arroz, un galón de aceite, algo de queso y unos huevos, que no alcanzan para el mes completo. El arroz no rinde más de una semana porque es la principal comida.
-Aquí se van cuatro libras de arroz al día. Desayunamos arroz con lo que haya: huevo, queso o revuelto del día anterior. Lo mismo para la cena – dice William Sánchez, hijo de Pascuala quien, junto con su mamá, se hace cargo de la casa.
—¿Y qué almuerzan?
Silencio.
—-No… no almorzamos.
Pascuala y su familia hacen parte de las más de 5,7 millones de personas en Colombia que viven en situación de pobreza extrema, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) que se publicó en julio para el año 2023. Para esa entidad, una persona vive en pobreza extrema cuando tiene ingresos mensuales menores a 218 mil pesos o cuando los ingresos totales de un hogar, divididos entre los miembros de este, no alcanzan esa cifra.
En Tadó, no hay cifras ni un censo exacto sobre la cantidad de personas que viven en pobreza. “A veces no se trabaja la estadística desde la población sino con proyecciones de censos y tenemos censos del Dane muy viejos, de 2018”, explica Brenda Julieth Mosquera, Secretaria General de Tadó al referirse a las cifras estadísticas del municipio. Cuenta que aunque no se hace una encuesta casa a casa, se hacen proyecciones con las cifras que existen de 2018 cuando se hizo el último censo nacional.
Mosquera también dice que, aunque se hicieran proyecciones, estas no serían tan realistas. Lo dice porque no reflejarían el impacto económico que ha tenido la caída de la minería en ese municipio en el que la mayoría de habitantes dependían de esa actividad.
Tadó está a hora y media en carro desde Quibdó, la capital de Chocó y la ciudad con el mayor porcentaje de pobreza extrema en el país, según cifras del año pasado: 28 de cada 100 habitantes viven en esas condiciones.
Las cifras por departamentos no se conocen aún, pero en 2022 el Dane reportó que el Chocó tiene el mayor porcentaje de habitantes en condición de pobreza monetaria extrema, es decir el 44 por ciento de su población. Ese puesto también lo ocupó en 2018, de ahí en adelante ha estado de segundo detrás del departamento de La Guajira.
En el lugar donde está ubicada la casa de tablas no hay acueducto. El agua llega por una manguera delgada que se conecta metros más arriba a una pequeña bocatoma que construyó hace unos años el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
A sus 64 años, Pascuala Sánchez recorre uno, dos, tres o las veces que sea necesario en un día, el trayecto de ida y vuelta que separa su casa de la bocatoma. Lo hace para limpiar la conexión de la manguera que en ocasiones impide que el agua fluya. A paso de Pascuala pueden ser unos 15 minutos lo que tarda en ir y quitar la arena que se ha colado. De ahí debe regresar para ver si el agua fluye o si le toca subir de nuevo a remover más arena.
Con esa agua prepara las dos comidas del día. Cuando alcanza para las dos. Se levanta a las cinco o seis de la mañana para prender el fogón de leña y que el desayuno pueda estar listo a eso de las ocho o nueve de la mañana. A veces la preparación tarda dos horas más porque la lluvia humedece el fogón o la leña y el fuego no crece o la comida tarda más en cocinarse. Lo mismo pasa con la cena que suele servir entre ocho y nueve de la noche.
La hora de dormir de Pascuala dependerá de qué tanto le rinda con el fogón a esa hora. La comida podría estar más rápido si se hiciera en la estufa eléctrica de dos boquillas que tienen en uno de los cuartos. Pero eso dispararía el servicio de energía eléctrica que usan para encender en la noche el único bombillo que hay en la mitad de la sala y conectar, de vez en cuando, la pequeña nevera oxidada que tienen.
“En los últimos tres años venía cara la energía. A veces tocaba pagar 80 mil por dos meses, entonces decidimos desconectar la nevera. Ahora nos llega por 17 mil pesos”, dice William Sánchez, hijo de Pascuala.
Como el subsidio del programa Colombia Mayor no alcanza para cubrir los gastos del mes, el rebusque es lo que queda. Dora Ligia, la hermana de Pascuala trabaja barequeando — como se le dice a extraer oro del río de forma artesanal —, pero no le deja muchas ganancias.
La minería a gran escala se ha tomado el río, es difícil dar con un gramo del metal precioso y cada vez los mineros artesanales son menos necesitados en esas labores. A veces, Dora Ligia tarda hasta una semana completa en recoger migajas de oro que, si se juntan, pueden costar unos 50 mil pesos. Otras veces pasa la semana entera sin recoger un gramo.
Por su parte, William Sánchez busca ganar unos pasos ayudando a su hermano aserrador a transportar madera. Viaja con él y se encarga de trasladar la madera de un lado a otro. En ocasiones va acompañado de un caballo que lleva gran parte de las tablas, en otras, cuando es una zona de difícil acceso, debe cargarlas en el hombro hasta el caballo o hasta la vía.
El peso constante de las tablas sobre los hombros le ha generado a William un lipoma, una especie de tumor de grasa que es inofensivo, pero puede ser doloroso, y que en su caso ya supera el tamaño de una pelota de tenis.
A pesar de eso, William sigue trabajando con su hermano porque le asegura un pago diario de 60 mil pesos. Ese dinero suele recibirlo días después cuando su hermano ha vendido la madera, para ese momento, lo que podría ser un ingreso, ya es dinero que debe en las pocas tiendas que aún le fían.
Un poco de dinero viene de lo que a William le pagan en los velorios a los que va a cantar alabaos, como se le llama a los cantos a capela que se le hacen a los difuntos en algunas comunidades afro del Pacífico. Pero eso no representa un ingreso fijo ni un dinero seguro porque esa labor no tiene una tarifa y William tampoco quiere ponerla.
“Muchos me han dicho que ponga precio, pero no. Una vez hablé con la persona que me enseñó lo de los alabaos y me dijo que aquí no se pone precio al rezo. La comunidad sabe que tiene que colaborar porque uno tiene su necesidad. Esa es la tradición”, explica Sánchez. A veces, esa colaboración es sólo darle las tres comidas del día durante el velorio y el novenario (nueve días) o pagarle unos 100 mil pesos por acompañar con los alabaos todos esos días.
Pascuala suele sumarse a las visitas de alabaos. A pesar del cansancio o las dolencias, no falta en el acompañamiento a un difunto. Casi siempre pasa los velorios y novenarios a punta de pan, aromática y unas copas de aguardiente que le ayudan a seguir cantando y que suele dar la familia del muerto.
Cuando no está cocinando o acompañando a los difuntos, Pascuala se dedica a lavar ropa en el río, a buscar oro con un pedazo de batea que aún conserva, a dormir cuando el tifo o el paludismo le repiten — como ya es costumbre — o a ofrecerse o recibir labores varias para tener un poco de dinero o comida.
“La gente se aprovecha. Les da cualquier 10 mil o 20 mil pesos, un plato de comida o una libra de arroz para que limpien un patio o hagan un oficio. Para mí, eso es una humillación, pero eso les sirve a ellos teniendo en cuenta la situación en la que están”, dice Luz Samira Mosquera, una de las sobrinas de Pascuala que vive cerca a ella. Mosquera también asegura que de los siete habitantes de la casa, al menos seis tienen algún tipo de discapacidad cognitiva, aunque sólo dos cuentan con un certificado que lo corrobora.
“Son discapacidades cognitivas, pero no sabría decirle exactamente qué porque no tenemos un diagnóstico”, cuenta Mosquera. Para ella eso se nota en que su dos tías (Pascuala y Dora Ligia) tiene problemas para comunicarse, hablan poco y se expresan mejor asintiendo o negando con la cabeza y con sonidos muy precisos.
Su primo William también tiene dificultades para expresarse, pero más para el aprendizaje; por eso tuvo que terminar el bachillerato con acompañamiento de un tutor. Mosquera dice que las tres niñas, sobrinas de Pascuala, también tienen una discapacidad cognitiva, pero sólo dos lograron certificarse porque el día que fueron a ser examinadas los turnos eran limitados.
Mosquera conoce bastante sobre el tema de discapacidad, lleva años siendo líder en este tema en el corregimiento de Carmelo en Tadó. Según cuenta, en el municipio hay entre 300 y 400 personas con algún tipo de discapacidad, pero sólo unas cien cuentan con certificado.
“Si ella tuviera plata, creo que tendría una guardería porque sí que le gusta ayudar a los niños”, dice Cruz Medarda Sánchez, hija menor de Pascuala. Asegura que, desde que tiene memoria, su mamá se ha dedicado a criar niños propios y ajenos. Según sus cuentas, contando muy por encima, ha criado unos 12 niños. Pascuala se ríe y asiente con la cabeza cuando le dicen la cifra.
Aunque Medarda no vive en la misma casa que su mamá, sino unos metros más arriba, baja casi todo los días a visitarla. No puede ayudarla económicamente porque también se gana la vida en lo que salga: barequeando, limpiando, pegando zapatos. Lo que le resulte para llevarle comida a los tres hijos que tiene. A pesar de eso, sueña con tener un ingreso fijo y, a veces, con un salario mínimo que le dé para mejorar la casa a Pascuala. De esa forma, el hogar de su mamá dejaría de ser “un nido de tifo y paludismo”.
“Mandar a arreglar este pedazo”, dice Pascuala mientras señala un espacio sin techo por el que entra la luz, el sol y el agua. “Eso, y que cada quien tuviera su cuartico”, dice Medarda completando la frase de su mamá.
Para William, un salario mínimo significaría, por lo menos, tener la certeza de que va a poder cubrir gastos como las dos comidas al día o el servicio de energía. Tal vez con eso podría dejar la nevera conectada todo el día o comprar el cable que le falta para que el televisor, que en algún momento esperan conectar, pueda dar imagen.
*Consonante intentó entrevistar a la directora del DANE para conocer más sobre las cifras de pobreza nacionales y locales, pero hasta el momento de publicar esta historia no fue posible.
En abril de 2023 alias Iván Mordisco, máximo jefe del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), una disidencia de esa antigua guerrilla, anunció desde las Sabanas del Yarí, en San Vicente del Caguán, que iniciarían una negociación de paz con el Estado en cabeza del gobierno de Gustavo Petro. Desde ese momento, el EMC ha dicho que el proceso debe priorizar y poner en el centro a las comunidades, una premisa que ha sido replicada por todas las estructuras que lo componen.
“La diferencia en esta conversación que llevamos, es que no buscamos puestos burocráticos, no buscamos alcaldías, gobernaciones, ni puestos en el Senado. Queremos que el pueblo sea el que esté ahí (...) si algo sale de aquí debe ser para el pueblo”, dijo en una entrevista en abril de este año alias Calarcá, comandante del Bloque Jorge Briceño del EMC que opera en Caquetá y sur del Meta. Calarcá es considerado el segundo al mando de la disidencia y es vocero de la estructura en los diálogos de paz.
Aunque el EMC ha insistido en que la participación de las comunidades y las organizaciones sociales es fundamental para implementar los acuerdos que se hagan, hasta el momento no hay una hoja de ruta, un espacio formal ni garantías suficientes para que participen del proceso. En municipios como San Vicente del Caguán, en Caquetá, las comunidades campesinas, indígenas y las organizaciones sociales ven con buenos ojos la posibilidad de ser escuchados en la mesa y están jugados con el proceso de paz. Pero se debaten entre la desconfianza en el Estado y el temor de quedar a merced de uno o varios actores armados.
El papel que puedan tener las comunidades de San Vicente es clave en varios aspectos. Primero porque el municipio ha sido protagonista del actual proceso de paz: fue ahí donde se llevó a cabo la reunión exploratoria para el diálogo en septiembre de 2022 y donde reapareció alias ‘Iván Mordisco’ — quien era dado por muerto — para anunciar; frente a campesinos, indígenas y organizaciones sociales que reunió la Coordinadora del Suroriente Colombiano para los Procesos Agrarios y Sociales (Coscopaas); el inicio de esa negociación.
Segundo por el peso histórico que tiene este municipio en los procesos de paz anteriores: en 1998 fue el epicentro de los diálogos y la zona de distensión o de despeje durante el fallido proceso de paz entre el presidente Andrés Pastrana y las Farc. También fue donde se llevó a cabo la última conferencia de las Farc antes de dejar las armas en el marco del Acuerdo de Paz de la Habana.
Tercero, por el significado que tiene San Vicente del Caguán en medio del conflicto armado, antes y después del proceso de paz de 2016. Por ejemplo, fue la zona por la que se movió alias ‘Tirofijo’ y gran parte del secretariado de esa guerrilla y en la que tenían una presencia fuerte hasta el punto de llegar a poseer más de 200 mil hectáreas de baldíos que fueron recuperados en 2015. También porque las disidencias de las Farc, que no se acogieron o se salieron del Acuerdo de Paz firmado en noviembre 2016, tienen una presencia fuerte y un amplio control territorial.
Según la Fundación Conflict Responses (CORE), que le hace seguimiento al conflicto armado en Colombia, hasta 2023 en al menos siete de los 16 municipios del departamento, incluyendo San Vicente, el EMC extorsionaba o controlaba economías ilegales, realizaba acciones militares o tenía disputas con otros actores armados e imponía reglas a los civiles. Sin embargo, la misma fundación muestra que tanto las disidencias de La Segunda Marquetalia — de alias Iván Márquez — como las del Estado Mayor Central de las Farc tenían capacidad para injerir en la realidad local de manera sostenida y de forma directa o indirecta ampliamente en Caquetá y por tanto en San Vicente del Caguán.
Esa injerencia muestra el reto que implica para las comunidades participar en una mesa de diálogo de forma autónoma y sin la presión de los actores armados, más cuando el mismo EMC ha dicho que una de sus condiciones en este diálogo es que no entregará las armas hasta que se implemente lo acordado. Sin embargo, las dos disidencias que están en San Vicente, se disputan el control territorial en algunas zonas, una situación que puede terminar en acciones militares como las del fin de semana del 25 y 26 de mayo cuando el EMC y La Segunda Marquetalia se enfrentaron en zona rural.
Eso es una muestra de las tensiones que vive la comunidad aún cuando hay un cese al fuego entre el Estado y el EMC. También es un reflejo del riesgo que corren los líderes sociales pues pueden ser señaladas de colaboradores o a fines de uno de los dos grupos armados, esto termina estigmatizándolos y poniéndolos en riesgo. Por ese temor a ser identificados y señalados, los líderes de diferentes organizaciones sociales de San Vicente del Caguán con los que habló Consonante prefirieron no ser nombrados.
Todos coinciden en apoyar el diálogo y querer participar, a pesar del panorama adverso en el que se encuentran. Cabe resaltar que cada uno representa un sector específico en temas sociales y geográficos. “Las comunidades no son un actor homogéneo, menos ahora con la reconfiguración del conflicto”, dice Estefanía Ciro, doctora en sociología y fundadora e investigadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonia colombiana A la Orilla Del Río que le ha hecho seguimiento a los temas de conflicto y paz en la región.
“Las comunidades no son un actor homogéneo, menos ahora con la reconfiguración del conflicto”
Estefanía Ciro, doctora en sociología y fundadora e investigadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonia colombiana A la Orilla Del Río.
Ciro cuenta que hace años había plataformas organizativas a nivel nacional y regional que hoy no existen por la fractura organizativa que hay en el Caquetá. “Hay que saber y entender que las comunidades tienen múltiples intereses y legitimidades, hay gente de acuerdo y gente que no. En el Caquetá no hay vocerías claras y eso es algo que aún no entienden hacia afuera”, explica Ciro.
“Lo que para algunos fue un fracaso con los diálogos del Caguán en el 98, para nosotros fue una experiencia de motivación: motivó la economía y la seguridad, (durante ese tiempo y antes de que se rompiera el diálogo) la gente podía vivir más tranquila”, cuenta un integrante de la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive, que reúne a líderes de diferentes organizaciones. El vocero se refiere a lo que fue el fallido proceso de paz del presidente Andrés Pastrana en 1998. Por eso, dice, el anuncio de los diálogos de paz con el EMC y el protagonismo que tendría el municipio en estos, revivió la esperanza de algunas comunidades de San Vicente del Caguán de vivir sin tensiones y de que el Estado volviera la mirada a su territorio para tramitar sus necesidades.
Karen*, integrante de una Junta de Acción Comunal en Las Sabanas del Yarí, coincide en que esa esperanza no la sentían desde el 98. También admite que el cese al fuego que se pactó desde octubre del año pasado y que sigue vigente en el departamento, es quizás el mayor cambio que ha sentido en el sector en el que vive y en el que sólo hay presencia del EMC. Tampoco quiere decir que la disidencia se haya hecho a un lado. Karen cuenta que sus integrantes siguen convocando a reuniones para hablar del diálogo que adelantan o para dar directrices, o como dicen desde el EMC, para ‘dar orientaciones’. De igual forma, para ella y para los habitantes de su territorio, la mesa y el cese ha significado que desde el año pasado la comunidad pueda estar más tranquila y sin temor a enfrentamientos.
Algo similar opinan desde la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán (ACISC). “Desde que la mesa está en el territorio hemos bajado la tensión, no hay presión y ninguno de los dos actores armados ha vuelto a molestar”, dijo un vocero que habló de forma colectiva. Esto a pesar de que hay resguardos que están cerca a veredas donde hay disputas entre el EMC y la Segunda Marquetalia como los ocurridos entre el 25 y 26 de mayo en la vereda Guayabal.
“Desde que la mesa está en el territorio hemos bajado la tensión, no hay presión y ninguno de los dos actores armados ha vuelto a molestar”
Vocero de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán (ACISC)
Para las comunidades indígenas, no sólo es el cese. Contar con la mesa de negociación en el territorio y con reuniones como la del 10 de mayo en la que algunos representantes de diferentes organizaciones y comunidades fueron escuchados por delegados del proceso de paz, les da más peso para hacer solicitudes y gestiones ante funcionarios locales. “Socialmente, cuando mencionan la mesa de negociación en la Alcaldía, los funcionarios se ponen más activos y tienen mayor disposición”, aseguran desde ACISC.
En la Asociación de Cabildos Indígenas también dicen que la mesa ha ayudado a crear lazos y reconectar con los liderazgos sociales. “Desde 2021 las organizaciones no nos veíamos. Este espacio nos ha ayudado a pensarnos el territorio de forma colectiva, ya no nos sentimos tan solos”, comenta el vocero. Una forma de cómo se está pensando el territorio quedó plasmada en el acuerdo especial sobre transformaciones territoriales de Caquetá, Meta y Guaviare que se firmó el 10 de marzo. Ese acuerdo consiste en acciones prioritarias en los territorios para empezar a implementar lo acordado. En el caso de lo firmado para Caquetá, Meta y Guaviare, priorizan reuniones con entidades nacionales, solicitudes de información, apoyos a proyectos productivos y giros de dinero para, por ejemplo, fortalecer o garantizar el funcionamiento de un hospital.
Aunque son acciones precisas que pueden beneficiar a unos sectores específicos, las comunidades consideran que puede traer grandes beneficios. “Confiamos en que el Estado dé soluciones a las problemáticas, queremos que los acuerdos territoriales den fruto, que muestren un gesto de paz y que las comunidades seamos parte de este gesto de reconciliación”, afirmó Liliana*, líder de una organización campesina. A pesar de la ilusión que tiene en el proceso, Liliana desconfía: “Hay unos acercamientos, pero no un acuerdo. Esto apenas está empezando, uno ve la zona militarizada y le genera zozobra, eso también nos pone en riesgo y más en una región como la nuestra en la que otros actores (armados ilegales) quieren entrar”. Esa desconfianza no pasa sólo por la presencia del Ejército, sino por lo que representa: el Estado.
Por eso, aunque las comunidades tienen los ojos sobre la mesa de negociación, ven con sospecha el compromiso que puede llegar a tener el Gobierno Nacional. Karen comenta que se han sentido escuchados por el EMC, pero no sienten lo mismo por parte del Gobierno. Lo dice porque antes de la firma de los acuerdos territoriales que le corresponden a Caquetá, ella y otros líderes de la zona pasaron una lista de propuestas que incluían fortalecer o invertir en escenarios rurales, comunales y proyectos campesinos, pero no quedaron en ese documento ni lograron una respuesta favorable de los delegados del gobierno.
“No sabemos si el Estado está comprometido con las propuestas, no dicen ni sí ni no. (...) El EMC dice que estará en la mesa a beneficio de las comunidades, ahí la duda es que el gobierno cumpla”, asegura Karen. Para ella, se trata de algo que va más allá de la desconfianza: “No podemos hablar de desconfianza porque ni confianza nos han dado, nunca nos han mirado, esto es un caso de olvido estatal”. Pero los cuestionamientos de algunas comunidades no son sólo por lo que el Estado pueda cumplir, también por el papel actual que está teniendo, por la falta de garantías para participar y por las dudas que tienen alrededor de la voluntad del EMC para que la mesa sea amplia y participativa.
“No podemos hablar de desconfianza porque ni confianza nos han dado, nunca nos han mirado, esto es un caso de olvido estatal”
Karen*, integrante de una JAC en Las Sabanas del Yarí
El 15 de mayo, más de 20 líderes del Putumayo y Caquetá viajaron a Bogotá para reunirse con entidades nacionales y organizaciones internacionales. Su fin era denunciar violaciones a los derechos humanos en ambos departamentos. Según el informe presentado, a nivel nacional, la violencia territorial aumentó en un 36 por ciento en los primeros tres meses de este año frente al mismo periodo del anterior. La cifra hace parte del balance realizado por la Coordinadora Humanitaria — un espacio que reúne organizaciones y líderes sociales de más de 15 departamentos y que es apoyado por la corporación Vivamos Humanos del expresidente Ernesto Samper—.
El informe también dice que de los 129 posibles hechos de violación del cese al fuego a nivel nacional, 22 ocurrieron en el Caquetá, lo que representó un aumento del 57 por ciento de hechos violentos reportados en ese departamento frente al mismo periodo de 2023. De esos 22, 15 fueron responsabilidad del EMC. Las cifras, sumadas a las del Putumayo, fueron parte de los argumentos que llevaron los líderes para sostener que hay pocos avances en la política de Paz Total de este gobierno.
Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos de la Corporación Vivamos Humanos, que le hace seguimiento al conflicto armado que se vive en los territorios, dijo que el informe y el viaje de los líderes a Bogotá son una muestra de la realidad que se vive en medio de los diálogos de paz. “En el marco del proceso de paz y de estos últimos meses se han dado algunas situaciones con el EMC como la arremetida contra el tejido organizativo y la creación de ONGs para legitimar que este actor armado tiene un proceso organizativo. (...) Esa arremetida es una forma de legitimar la mesa, llegar más fuerte a negociar, arrinconar a las organizaciones de base y restarles voz”, dice Mejía.
"Esa arremetida es una forma de legitimar la mesa, llegar más fuerte a negociar, arrinconar a las organizaciones de base y restarles voz"
Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos de la Corporación Vivamos Humanos
Por eso, uno de los retos es garantizar que la participación de las comunidades sea amplia. “El EMC ha tendido a creer que las comunidades son ciertos sectores que de una u otra forma son afines y es respetable, pero no debe ser así — dice Estefanía Ciro de A La Orilla del Río — . El actor armado no ha logrado construir una mesa donde las voces a favor, en contra, de denuncia y de apoyo, se encuentren. Cuando hablan de introducir a las organizaciones en sus diálogos ha sido muy parcial, muy fragmentado y no ha logrado convocar a la sociedad”.
Debido a esto, algunos líderes y organizaciones han sido críticos con el proceso que se lleva a cabo, ese es el caso de Rodrigo*, un líder del Caquetá que hace parte de una organización integrada por Juntas de Acción Comunal y comunidades indígenas y campesinas. “Lo que tenemos ahora es un proceso de amedrentamiento y sujeción de los tejidos organizativos del Caquetá. Actores armados están construyendo aparatos para cooptar organizaciones y liderazgo sociales. De paso hay una desatención institucional, está dejando por fuera la protección de las comunidades”, afirma.
Rodrigo dice que está de acuerdo con el proceso de paz, pero quiere que este tenga las garantías para que las comunidades participen de forma autónoma en la mesa y no bajo presión de los actores que están en el territorio. “Las comunidades están siendo instrumentalizadas. Las sientan y les preguntan si quieren vías, si quieren un colegio para (Las Sabanas del) Yarí y asienten porque lo quieren y lo necesitan”, dice Rodrigo quien insiste en que hay improvisación y una desarticulación institucional que impide garantizar la protección de las comunidades.
No todos lo ven de esa forma. “Presión no ha habido. Aunque también puede ser que hayamos normalizado la presencia y las orientaciones del grupo armado. Pero si ellos nos dicen que hay un diálogo y que nos van a escuchar, queremos estar ahí y no nos sentimos obligados”, dice Karen de una de las JAC de Las Sabanas del Yarí, a quien cuando le preguntan qué cree que pasaría con los que han participado en la mesa si ésta se levanta sin un acuerdo, se queda en silencio. “No lo hemos pensado — menciona Karen y después de unos minutos de meditarlo sigue —. Creo que ninguno tiene garantías si se llega a alzar la mesa. El gobierno no ha llegado antes y no va a llegar a defendernos si se acaba la negociación. Si eso pasa, las comunidades vamos a estar a disposición del EMC o del grupo que llegue”.
Hasta el momento no hay nada formal sobre la participación comunitaria en la mesa. “No hay un protocolo ni claridad sobre la participación de las comunidades. En cuanto a garantías de seguridad o en lo que hemos llamado ‘el día después de la participación’ no hay nada concreto ni específico”, dijo Kyle Jhonson, fundador e investigador de CORE. Según los informes de esta fundación sobre la mesa de negociación con el EMC, en la situación actual de este proceso, las organizaciones, comunidades y líderes que participan en la mesa pueden estar en situaciones que ponen en riesgo su seguridad.
Algunas comunidades son conscientes de esto y han asumido ese riesgo. Por el lado de Caguán Vive, uno de sus voceros aseguró: “Nadie quiere y nadie busca ser señalado ni perseguido por participar en la mesa de negociación, pero si eso pasa, es una consecuencia de lo que se juegan los liderazgos y están dispuestos a asumirlo”. Otros, mientras participan o critican la mesa, han buscado sus propios espacios para alzar su voz y hacer propuestas.
"Nadie quiere y nadie busca ser señalado ni perseguido por participar en la mesa de negociación, pero si eso pasa, es una consecuencia de lo que se juegan los liderazgos y están dispuestos a asumirlo"
Vocero de la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive
Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán, además de dejar constancia de su intención de participar en la mesa, ha empezado a empoderarse del proceso y hacer sus propias rutas. Por ejemplo, una de sus propuestas es que puedan tener un espacio autónomo desde una mesa con autoridades indígenas. Para ellos, la propuesta que hacen de la mesa alterna podría blindar el proceso porque las comunidades indígenas se sentirán más autónomas con un espacio propio. “Entendemos que es un proceso en construcción, que hay protocolos que se vienen esbozando. Lo que estamos haciendo es impulsar los procesos. Ya no esperamos que la ruta la organicen ellos, ahora también proponemos nosotros”, dicen desde la asociación.
Similar es la propuesta que tiene Rodrigo: una mesa alterna para las comunidades con el fin de discutir y aportar al proceso sin presiones. Además, con el respaldo que tiene de comunidades campesinas e indígenas y con organizaciones sociales, pide al Gobierno Nacional que también atienda las solicitudes que hacen sin que estas pasen necesariamente por la mesa. “Dialoguen, pero nosotros también tenemos agendas que merecen atención. No limiten la acción del Estado a lo que pueda conseguir el EMC”, comenta.
"No limiten la acción del Estado a lo que pueda conseguir el EMC"
Rodrigo*, líder del Caquetá e integrante de una organización de Juntas de Acción Comunal y comunidades indígenas y campesinas
Ese es uno de los problemas que ve la investigadora Estefanía Ciro en el proceso que se lleva a cabo: “La gente naturalizó que es ese actor armado el que trae al funcionario. El inconveniente es que el Estado valide y nutra esta idea y crea que para hacer política tiene que entrar de esa forma a las regiones”. Sin embargo, Ciro explica que aún con todas las visiones que hay sobre la mesa es claro que las comunidades quieren que esta continúe porque es un gana-gana. Por un lado trae al Estado al territorio y por el otro, la mesa se convierte en una forma de controlar al actor armado.
Pero a la duda de lo que pueda pasar entre el Estado y el EMC, se le suma la incertidumbre de lo que pasa al interior de la disidencia luego de que una parte de esta, la de alias Calarcá, que comanda los frentes en Caquetá y Meta, decidiera continuar en la mesa de negociación, mientras los otros se apartaron de esta. “Mira lo complejo: se factura el EMC y se fractura Caquetá y Guaviare. Ya las comunidades no están temerosas de si se rompe o no la mesa, ahora están temerosas del actor armado que se sale de la mesa entre gente que se conocía”, concluye Ciro.
*Nombre cambiado a petición de la fuente
**Consonante intentó comunicarse con Camilo Gonzáles Posso, coordinador de delegados del gobierno nacional en los diálogos de paz con el EMC, pero hasta el momento de publicar esta historia no contestó los mensajes.
Todos los días a las 4:30 de la tarde, el camino que conduce al Colegio Corazón de María, en el casco urbano de El Carmen de Atrato, pasa de ser una calle a convertirse en el punto de encuentro deportivo para los niños y jóvenes del municipio. Patines, balones de fútbol y bicicletas se combinan en uno de los espacios más óptimos que tiene el territorio para practicar deporte. La escena diaria es una muestra de la falta de escenarios deportivos, también es el resultado de la autogestión de escuelas, semilleros, padres de familia y deportistas por fomentar y realizar actividad física.
Según lo proyectado en el Plan de Desarrollo Municipal presentado por el alcalde Jaime Arturo Herrera — que es la propuesta de hoja de ruta para los cuatro años de su gobierno —, El Carmen cuenta con al menos 18 espacios deportivos entre placas polideportivas, canchas de fútbol, una piscina y un coliseo. El mismo documento asegura que estos espacios se quedan cortos porque sólo están atendiendo una quinta parte (300) de los más de 1500 niños y niñas que hay en el municipio.
La necesidad no es nueva. Hace cuatro años, el Plan de Desarrollo del alcalde Jaiberth de Jesús Ríos consignaba que en las mesas de trabajo para construir ese documento, la comunidad fue reiterativa en decir que hacía falta construir y reparar escenarios deportivos. Esa es una situación que pesa en todo el municipio, pero se siente con más fuerza en la zona rural: de las 31 veredas que tiene El Carmen sólo hay escenarios deportivos y/o recreativos en tres, y solo dos de las 32 comunidades indígenas cuentan con estos. Los demás se encuentran en liceos, escuelas, seminarios o en el casco urbano.
A las carencias en infraestructura se suma la falta de apoyo y de inversión en el deporte que, en ocasiones, pasa por el apretado presupuesto del municipio que en 2022 superó los 14 mil millones de pesos, sin embargo la ciudadanía también señala la falta de voluntad política. Por eso, la autogestión se ha vuelto una regla: desde la zona rural cada quien debe financiar el transporte para las prácticas deportivas en el casco urbano, las escuelas deportivas han tratado de buscar patrocinadores y los uniformes y viáticos para competir por fuera del municipio suelen salir del bolsillo de las familias de los deportistas o de rifas y bingos.
A pesar de este escenario adverso para el desarrollo del deporte en el municipio, la comunidad se resiste a abandonar las prácticas. Por ejemplo, en este momento hay 10 deportes que se practican en el municipio y al menos 80 deportistas carmeleños han participado en competencias locales, departamentales y regionales.
“Cómo podemos trabajar en pro de nuestros jóvenes y exigir entrenadores si no tenemos dónde recrearnos”, dice Dora Elcy Gallego, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Mariela parte alta. Esa es una realidad que se repite en la zona rural de El Carmen donde ni la mitad de las veredas cuentan con escenarios deportivos. En algunos casos, las construcciones existían, pero se fueron perdiendo.
Raúl Ruiz, presidente del barrio La Paz ubicado en una vereda cercana al casco urbano, cuenta que hasta el año 2000 tuvieron un polideportivo en la zona que ese año fue arrastrado por una avalancha. Asegura que las alcaldías no han querido invertir en otro escenario deportivo argumentando que el barrio no está legalmente constituido. El caso de la vereda Habita es distinto, según Ángela Galeano, delegada de la JAC, hace 25 años contaban con una cancha, pero con la falta de uso que duró varios años por el conflicto y recientemente por la pandemia, terceros aprovecharon para tomar el predio que terminó siendo propiedad privada. “Me gustaría retomar y organizar los parques para los niños y niñas y que la administración municipal pueda buscar un espacio para recuperar la cancha”, dice Galeano.
Las pocas veredas que cuentan con espacios deportivos aseguran que no pueden usarlos por diferentes razones. Olivia Úsuga, de la JAC de la vereda Guaduas cuenta que ha tratado de rescatar las dos canchas que eran públicas y que hoy se convirtieron en potreros privados: “Así es muy difícil apostarle al deporte a pesar de que los guadueños somos muy apasionados por el fútbol y fuimos, en algún tiempo, potencia deportiva en El Carmen de Atrato”.
"Así es muy difícil apostarle al deporte"
Olivia Úsuga, de la JAC de la vereda Guaduas.
Por su parte, Carlos Montaño, presidente del JAC del Pueblo de la Memoria Histórica, dice que cuentan con una cancha, “pero hay que acondicionarla para poder recibir invitados de otras veredas y hacer intercambios con otros jóvenes y adultos”. En el caso de la vereda El 15, Luis Carlos Muñoz Pineda, de la JAC, afirma que aún con un polideportivo, le faltan balones y uniformes para que las personas entrenen adecuadamente.
Con la falta de escenarios y de implementos para hacer deporte en la zona rural, los padres de familia han optado por enviar a sus hijos al casco urbano para hacer actividad física. Una de ellas es Lina Bedoya, madre de tres hijos deportistas que deben viajar hasta éste para practicar deporte. Su hijo mayor entrena fútbol y, los dos menores, natación. A los tres debe pagarles transporte particular en mototaxi, porque no cuentan con transporte público, y asumir los gastos de alimentación, uniformes y demás viáticos cuando hay campeonatos.
“Para apoyar a mis hijos tengo que hacer un sacrificio muy grande, no solamente en tiempo, sino en recursos, porque no tenemos una administración que apoye todos esos deportes. Cuando uno pregunta a la Alcaldía porque no mandan instructores a las veredas, se queda sin respuestas. En las administraciones pasadas mandaban un entrenador para fútbol, pero ahora ni eso”, comenta Bedoya. Para ella, situaciones como estas deben contar con estrategias de inclusión como un subsidio de transporte y alimentación si la actividad física sólo se puede realizar en la zona urbana.
El problema es que no todas las personas pueden trasladarse de lo rural a lo urbano para realizar deporte. Katty Moreno ama de casa y deportista de la vereda La Argelia cuenta que disfruta de jugar microfútbol, pero este año no han iniciado los entrenamientos: “Hasta el año pasado nos habían sostenido el entrenador, éramos un promedio de 13 mujeres que entrenamos de forma constante, participamos en campeonatos en diferentes veredas y municipios e incluso quedamos de sub campeonas. Pero en esta administración el profesor no ha venido. Nos dijeron que iban a traer uno de aeróbicos, pero tampoco”.
“En este momento la dificultad más grande que tenemos es que no hay entrenadora. Muchas que somos amas de casa disfrutamos y necesitamos mucho el deporte, pero no tenemos quien nos guíe”, afirma Diana Isabel Valderrama una de las mujeres que hoy extraña los entrenadores que llegaban hasta la zona rural. Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia realizada en 2015, a nivel nacional sólo la mitad de los adultos cumplen con las recomendaciones de actividad física. De esos adultos, sólo el 42 por ciento son mujeres.
"Muchas que somos amas de casa disfrutamos y necesitamos mucho el deporte, pero no tenemos quien nos guíe"
Diana Isabel Valderrama, ama de casa en la zona rural.
Valderrama también está de acuerdo con que se implemente un subsidio para garantizar que los niños de la zona rural hagan deporte si deben trasladarse hasta el casco urbano. Para ella la administración debe invertir más en este tema para que los carmeleños tengan más oportunidades y no sólo abstenerse de practicar deporte o pagarle a una escuela privada. “Para la vereda La Argelia, en este momento, tenemos un profesor del Club de la Salud (un instructor enviado por la Alcaldía para los adultos mayores). Nos aceptan a algunas que no tenemos la edad, pero en el momento de hacer actividades o intercambios municipales interveredales, toca pagar particular, porque no nos cobija los seguros (que paga la administración por cada uno en los viajes que realizan) por no cumplir con los requisitos (como ser adulto mayor).
Aunque más de la mitad de los escenarios deportivos de El Carmen están en la zona urbana, muchos no han tenido mantenimiento, se han deteriorado o no están en las mejores condiciones. Por eso, además de la calle que conduce al Colegio Corazón de María, está el Coliseo Cubierto “Noel Enrique Robledo Perea” que tampoco garantiza la práctica de deportes como voleibol, baloncesto, fútbol, patinaje y ciclismo. “No podemos entrenar en el coliseo cuando llueve debido a que se moja el piso y corremos el riesgo de lesionarnos”, cuenta Oscar David Herrera Taborda, un joven que practica voleibol.
“Hacen falta más escenarios deportivos y también mejores, hay que promover el cuidado y mejora de los que ya tenemos” cuenta Camila Machado, madre de dos de los niños que hacen parte del semillero plateado.
Herrera dice que los limitantes no son sólo por el espacio deportivo, asegura que casi no reciben ayuda de la Alcaldía ni de otras entidades, lo que los ha llevado a buscar otras formas para financiar las salidas y las necesidades del equipo: “Para costear gastos hacemos rifas y recogemos dinero entre los jugadores”.
El equipo de fútbol de salón de El Carmen de Atrato es un ejemplo de esa autogestión. Han participado en la Copa Suroeste que se realiza a nivel regional y en la liga profesional nacional, pero para financiarse han tenido que hacer rifas, vender pasteles y boletas para eventos que ellos mismos gestionan. Los gastos suelen ser elevados: sólo para garantizar el transporte en chiva de 35 personas deben recoger 9 millones de pesos.
Un entrenador que sabe cómo funciona el deporte en El Carmen, y que prefirió no ser nombrado, dijo que cada alcalde ha tratado de brindar soluciones a las carencias deportivas del municipio y ha intentado garantizar lo básico de los deportistas en eventos locales y nacionales, pero no dan abasto. “Uno siente que hacen milagros. El presupuesto para el municipio y para la cantidad de deportistas es mínimo, antes han hecho magia”, afirma.
Como la Alcaldía no alcanza a cubrir parte de esas necesidades económicas del deporte, la minera El Roble ha empezado a financiar aspectos claves. Por ejemplo, le paga a entrenadores en algunas zonas, dona uniformes o implementos deportivos y cubre parte de los viáticos de los jugadores que representan al municipio en torneos municipales, departamentales o nacionales. Lo hace tanto en deportes que ofrece la Alcaldía como en escuelas privadas del municipio. Estas últimas, aunque tienen recursos propios, también la tienen difícil para garantizar su funcionamiento.
Por ejemplo, la escuela de ciclismo Plateado Academy cobra unos 30 mil pesos de mensualidad con los que trata de cubrir los viáticos a encuentros dentro y fuera del municipio, ceremonias en fechas especiales y otras actividades. Aunque han recibido donaciones de la Alcaldía y de la minera, los jugadores también se ven obligados a buscar sus propios recursos por medio de rifas y a usar espacios que no son tan óptimos para el deporte.
Similar pasa en Atrato Swimming Club, la escuela de natación del municipio. “El año pasado tuvimos, en parte, el apoyo de la administración que cubría el salario mío y los padres de familia se encargaban de los gastos de mantenimiento de la piscina. Me gustaría que la actual administración municipal apoyara este club tanto en el salario del profesional como en el mantenimiento de la piscina”, comenta Cristian Sánchez, entrenador de natación, quien resalta la falta de escenarios deportivos municipales.
"Me gustaría que la actual administración municipal apoyara este club tanto en el salario del profesional como en el mantenimiento de la piscina"
Cristian Sánchez, entrenador de natación.
"Necesitamos un lugar adecuado para que nuestros niños entrenen, un lugar donde puedan darlo todo en la bicicleta. Aquí el espacio es muy reducido y no pueden salir a correr o montar en bici en otro lugar debido al peligro de los carros", cuenta Camila Machado, mamá de un integrante del semillero. A pesar de todos los inconvenientes para realizar deporte en El Carmen, el ánimo por continuar no ha cesado.
Machado considera que las nuevas generaciones han traído un reto a El Carmen al incursionar con deportes nuevos en el municipio como patinaje, natación o ciclismo. “Esto crea la necesidad de tener espacios deportivos amplios y diversos, donde estos nuevos deportes se desarrollen de manera plena para lograr que los deportistas exploren su máximo potencial. También es importante que no tengan que exponer sus vidas entrenando en las calles del municipio como lo vemos”, asegura.
El voleibolista Óscar David Herrera cree que el interés deportivo y la proliferación de nuevas actividades se debe a todos los beneficios que deja el deporte: "Creo que el deporte puede ayudar a prevenir el consumo de drogas, ya que nos permite concentrarnos en algo positivo y nos enseña habilidades importantes, como la comunicación y el liderazgo". Esas bondades también las tienen en cuenta desde la Alcaldía, según el proyecto de Plan de Desarrollo, las actividades deportivas y recreativas ayudan a reconstruir el tejido social, a promover una convivencia sana y aprovechar el tiempo libre.
Por eso, el alcalde Herrera propuso — como lo hizo desde que era candidato — construir un polideportivo con cancha sintética y pista para patinaje y ciclismo y construir una pista de bicicross. En su proyecto de Plan de Desarrollo también propone hacerle mantenimiento y/o construir unos seis gimnasios al aire libre, realizar mantenimiento o mejoramiento a cuatro escenarios deportivos del municipio, adecuar y recuperar la piscina, apoyar al menos tres eventos deportivos por año, reactivar el centro de iniciación deportiva y fortalecer los clubes de salud y las capacidades de los monitores que orientan los grupos deportivos. Además, la semana pasada, la Alcaldía publicó que estaban socializando el diseño para construir un estadio de fútbol en El Carmen.
Desde el Concejo, esto ha sido visto con buenos ojos. La concejala Gloria Calle, del partido Alianza Verde, dijo que antes de que se presentara el proyecto de Plan de Desarrollo, ya habían hablado con Herrera sobre la importancia de los escenarios deportivos en El Carmen. Para ella, la propuesta del alcalde que quedó plasmada en el documento es ambiciosa y recoge las necesidades de las comunidades rurales.
“Consideramos que es una propuesta que en deporte abarca mucho, nos da tranquilidad, incentiva a niños, jóvenes y profesores, piensa en la educación de los padres para que le den ese espacio de deporte a sus hijos y busca formar en nuevos deportes”, dice la concejala. Herrera había comentado en entrevista con Consonante que el deporte iba a ser importante en su alcaldía. Por ahora, el alcalde tiene cuatro años de gestión para responder a las expectativas y necesidades deportivas de los carmeleños.
En la zona rural de Fonseca, se ha invertido para que los paneles solares sean una alternativa frente a la falta de energía eléctrica. Sin embargo, esta solución se ha vuelto susceptible a los robos que ocurren en esta parte del municipio. En el último mes Consonante ha conocido al menos cinco casos. Según Ramiro Bravo, un campesino de la vereda de Cañaboba, sólo en la vereda Trigo se han contado al menos seis casos.
Técnicamente, los paneles solares son sistemas fotovoltaicos que transforman la energía solar en eléctrica. La mayoría están compuestos por un regulador, un inversor, una o varias baterías, los módulos que son los que absorben la luz solar y la estructura que los soporta. Su funcionamiento permite el desarrollo de actividades básicas que van desde prender focos o cargar el celular hasta conectar la nevera.
En La Guajira, los paneles solares se han convertido en un elemento clave para la población porque facilitan el acceso a energía eléctrica en un departamento que tiene el 58,8% de cobertura de este servicio. Incluso el gobierno del presidente Gustavo Petro ha dicho que en la región Caribe cambiará de forma gradual la producción de energía para producirla por medio de paneles solares. Esta iniciativa hace parte de la bandera de transición energética y de producción de energías limpias de este gobierno.
Aunque es una propuesta que ha empezado a andar a paso lento, tiene varios obstáculos. El primero es que los paneles o sistemas fotovoltaicos son costosos: su precio puede ir desde los cinco hasta los ciento cincuenta millones de pesos. Por eso, desde hace años, el mismo Estado ha tratado de financiar esta transición. En Fonseca, fue promovida por las últimas dos alcaldías de Misael Velásquez y Hamilton García bajo los proyectos ‘Fonseca uno’ y ‘Fonseca dos’ que tenían como fin entregar paneles solares para las zonas no interconectadas del municipio. Hasta el año 2023, 551 campesinos se beneficiaron con el proyecto.
El otro problema es que así la Alcaldía de Fonseca entregue los paneles, y la inversión no la hagan las familias, los productos son muy visibles por la naturaleza de su instalación. Eso los hace atractivos a los robos por su alto valor y por la necesidad que cubren, lo que puede llevar a desincentivar la compra o el uso de los paneles solares. Además de los hurtos, los campesinos aseguran que no tienen respuestas a las denuncias que han puesto en las autoridades. Ese es el caso de Roland Ojeda, Ramiro Bravo y Rosangela Guerra.
Los robos de paneles solares no son nuevos en La Guajira. En 2021 ya había reportes de hurtos de estos elementos en colegios rurales de municipios como Maicao. En Fonseca se han reactivado estos casos en los últimos meses, como le ocurrió al exalcalde Jaime Alonso Daza, a quien le robaron todo el sistema de paneles solares que tenía en su finca ubicada en la vereda Corea.
Lo mismo le pasó a Roland Ojeda, un abogado de 45 años que desde 2019 tiene una granja en el kilómetro 8 en la vía que conduce al corregimiento de Sitio Nuevo, a 12 minutos de Fonseca. Ese predio también era su sustento económico: comercializaba cerdos, gallinas, huevos, vacas, peces y diferentes cultivos a supermercados, pequeños comerciantes y habitantes del pueblo. A Ojeda lo robaron el 3 de abril cuando unas cinco personas armadas entraron a su finca y atracaron a los que la estaban cuidando: “A mi tío lo desarmaron y luego entraron a la casa a revisar para seguir robando”.
A Ojeda le robaron cerca de 60 millones de pesos en elementos que iban desde herramientas para el mantenimiento de su finca; como machetes, palas y martillos; hasta una motobomba, una turbina sumergible y dos paneles solares que generaban energía a las dos casas que tiene la finca. Sólo estos dos últimos le habían costado unos 32 millones de pesos.
Ojeda cuenta que ese mismo día, a las 9 de la noche, fue a la estación de Policía para que lo acompañaran hasta la granja y le hicieran seguimiento al robo, pero tuvo que esperar más de tres horas para lograrlo. Al día siguiente puso una denuncia en la Fiscalía, pero hasta ahora no ha tenido respuesta. También dice que, desde entonces, él y sus empleados viven con miedo de sufrir un nuevo atraco.
Los robos de paneles solares no se limitan sólo a los comerciantes que tienen negocios estables o con una amplia inversión, también a familias y pequeños productores que accedieron a paneles gracias a las ayudas brindadas por gobiernos anteriores. Ese es el caso de Ramiro Bravo Ariza, un campesino de 59 años que tiene una finca en la vereda Cañaboba en la vía que conduce al corregimiento de Sitio Nuevo en Fonseca.
Hace 10 meses, a Bravo le robaron cerca de 3 millones de pesos en un par de herramientas como palas y carretillas que usaba en su finca y la planta solar que le había entregado el gobierno municipal al ser beneficiario del programa Fonseca uno y dos. Aunque su funcionamiento era limitado, para Bravo era importante porque la usaba para conectar su nevera y tener luz en la casa. “Casi todas las plantas se las están robando — dice Bravo —. Por (la vereda) Trigo van como seis”.
“Casi todas las plantas se las están robando. Por (la vereda) Trigo van como seis”.
Ramiro Bravo Ariza, campesino víctima de los robos de paneles solares.
Pero no se limita a esa zona. En la vereda La Unión, a Rosangela Guerra también le robaron una parte del sistema de paneles solares que le entregó el gobierno. Guerra tiene 42 años, es ama de casa y pasa el fin de semana en su finca donde vende huevos y siembra para consumo de su familia. Hace 15 días le robaron la batería de los paneles solares que surtían de energía la finca.
“Llegaron dos tipos encapuchados y armados diciendo que iban por la batería. Forcejearon la puerta con una barra, quitaron la batería y echaron al trabajador al cuarto donde él duerme y le dijeron ‘usted quédese ahí mientras nosotros agarramos lo que vinimos a buscar’”, cuenta Guerra.
"Llegaron dos tipos encapuchados y armados diciendo que iban por la batería"
Rosangela Guerra, víctima de robo de los paneles solares.
Sin la batería de los paneles, Guerra y su familia deben andar con linternas, compran los alimentos que consumen el mismo día porque no hay forma de que la nevera funcione y para cargar los celulares deben ir a una finca cercana.
Para Rosangela Guerra, denunciar el robo ha sido un camino largo que aún no termina. Según cuenta, la Fiscalía le dijo que para hacer la denuncia debía adjuntar el serial de la batería, pero en la oficina de técnicos de la garantía del panel le dijeron que el producto no contaba con este.
Para otros, como Ramiro Bravo y Roland Ojeda, la denuncia fue fácil, pero aún no tienen respuesta. Bravo, por ejemplo, cree que nunca tendrá una. “Yo puse la denuncia en la Fiscalía, ¿Pero qué hago con ponerla si no resuelven nada?, no hacen nada. (...) Uno se decepciona porque por ahí muy poco va la Policía, no hay acompañamiento con la ley”, asegura el campesino.
Consonante intentó comunicarse con la Policía de Fonseca, pero hasta el momento de publicar esta historia no obtuvo respuesta.
Los robos no sólo han significado pérdidas, también han dificultado contratar trabajadores. Ojeda dice que cada vez es más difícil encontrar a alguien para cuidar la finca, por la percepción de inseguridad que hay en la zona. “Uno pide una carrera en Fonseca y ninguno quiere ir para allá porque lo que piensan las personas es que lo van a robar”, comenta.
La situación ha prendido las alarmas en la comunidad y ha llevado a que la misma ciudadanía empiece a buscar alternativas para contrarrestar la inseguridad. “En la vereda hicieron una reunión y estaban optando por unas alarmas parecidas a las que colocaron en San Juan que son como una sirena. Cuando una persona necesita ayuda en caso de un robo toca un timbre que activa las alarmas”, cuenta Guerra. Por ahora, ella y su familia optaron por tener una escopeta en la finca y pretenden contratar una pareja que administre la propiedad.
“Hasta el momento, (las autoridades) no han hecho nada. Creo que tendremos que tomar las cosas por cuenta propia porque el campesinado de Fonseca y los dueños de finca están cansados de que se nos estén llevando lo poquito que tenemos”, comenta Ojeda, quien decidió que tras el robo no aceptará visitas y pondrá un letrero para prohibir la entrada de cualquier persona.
El pasado 21 de marzo, una comisión de la Alcaldía visitó la inspección de Campo Hermoso para conocer las solicitudes y propuestas de las Juntas de Acción Comunal (JAC) para los próximos cuatros años. La visita hace parte de una estrategia de participación ciudadana que promueve el alcalde Luis Trujillo para construir lo que será su Plan de Desarrollo Municipal, la hoja de ruta de su gobierno, en el que planteará sus prioridades, proyectos, metas y los recursos que dispondrá para cumplirlos.
Para lograrlo las JAC son claves porque son las que conocen de primera mano las necesidades de los barrios y veredas que representan. En San Vicente hay 400 de estas organizaciones entre el área rural y urbana, por lo que recogen una parte significativa de los habitantes.
El documento final del Plan de Desarrollo deberá ser aprobado por el Concejo, a más tardar, el 31 de mayo. Desde la organización comunal, la desconfianza sigue presente porque llevan años haciendo las mismas solicitudes sin que estas sean resueltas; pero, del mismo modo, con cada alcaldía nueva, guardan la esperanza de que esta vez puedan cumplirse.
San Vicente es sobre todo un municipio rural. Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para 2018, el 53,2% de su población vive en zona rural. Hoy, el municipio está dividido en inspecciones que contienen centros poblados con cerca de 400 habitantes, a su vez, estas se dividen en veredas.
La ruralidad también es clave porque en la campaña a la Alcaldía, Trujillo se concentró en esta zona que representaba el 33% del censo electoral, aunque más de la mitad de su votación vino del casco urbano. Ambos sectores son relevantes y coinciden en decir que la urgencia más grande que tienen, y que ha sido una solicitud histórica, es la de contar con acueducto y alcantarillado.
Por ejemplo, en la zona rural, hasta hace cuatro años, la cobertura de saneamiento básico era nula. Martín Eduardo Palacio, fiscal de la JAC de la inspección Campo Hermoso, contó que tienen dos necesidades principales. La primera es la construcción de un acueducto porque el agua que usan sale de un pozo, y aunque se distribuye a las casas no es tratada. Eso es algo que sucede en toda la zona rural. El Plan de Desarrollo de hace cuatro años — que tiene el diagnóstico más actualizado del municipio— cuenta que en la ruralidad no había acueducto y la mayoría bombeaba agua de pozos y quebradas o recogían el agua lluvia para su consumo.
La segunda es la mejora del alcantarillado, que se quedó corto para los más de 2 mil habitantes. “Tenemos un acueducto en pésimas condiciones, el agua no es potable y el alcantarillado que hay no es suficiente para la población existente” dice Palacio. Hasta 2020, la zona rural no contaba con cobertura de alcantarillado y las aguas residuales se vertían a ríos, quebradas o pozos sépticos. Estos últimos tampoco funcionan de la mejor manera, sólo el 65% de las aguas residuales son tratadas.
“Tenemos un acueducto en pésimas condiciones, el agua no es potable y el alcantarillado que hay no es suficiente para la población existente”
Martín Eduardo Palacio, fiscal de la JAC de la inspección Campo Hermoso.
En la zona urbana no es muy distinto. Hasta 2020, apenas el 61% del casco urbano de San Vicente contaba con redes de alcantarillado y sólo el 30% están en buen estado. “Necesitamos con urgencia el alcantarillado porque realmente las aguas corren por las cunetas ocasionando muchas enfermedades, mal olor y demasiados zancudos”, comenta Claudia Castañeda, presidenta de la JAC Villa Camacho. Asegura que para hacerle frente a esto han tenido que hacer jornadas de limpieza, pagadas de su bolsillo, para disminuir la proliferación de insectos.
La petición va de la mano con acciones que han adelantando algunas JAC. María Fernanda Palencia, presidenta del Sector 3 de Ciudad Bolívar, dice que ya han adelantado la solicitud de permisos ante Corpoamazonía (la Corporación Autónoma Regional que cubre al municipio), Aguas del Caguán y el dueño de un predio para gestionar una posible conexión con el alcantarillado. “Hemos pagado topografía, diseños y estamos dispuestos a poner la mano de obra. Lo que ha faltado es voluntad política”, comenta Palencia.
En eso coincide Yudi Lomelin, presidenta de la JAC Villa Colombia - Ciudad Bolívar: “Creo que ya es hora de que estas peticiones sean una realidad. (...) Acá somos muy organizados, ellos (la Alcaldía) nos puede donar la tubería del alcantarillado y nosotros ponemos la mano de obra”. La propuesta va de la mano con la naturaleza de las JAC en el país que, hasta el 2018 y según el Ministerio del Interior, eran las responsables de construir el 30% de la infraestructura comunitaria nacional.
Por el aporte que pueden dar en planeación y ejecución del Plan de Desarrollo, es que tanto en la zona rural como urbana ven como una necesidad su fortalecimiento organizativo. “Necesitamos que capaciten a cada junta con su directiva”, dice Lomelin, pero también pide que sea con enfoque de género para las JAC que cuentan con mujeres que tienen otras ocupaciones y no pueden dedicarse tiempo completo a esta labor.
“Necesitamos que capaciten a cada junta con su directiva”
Yudi Lomelin, presidenta de la JAC Villa Colombia - Ciudad Bolívar.
También piden que la Alcaldía pueda contar con un gestor de proyectos para las Juntas de Acción Comunal que podría significar un alivio económico y mayores posibilidades de gestión para las comunidades que representan. “No ha sido posible tener esta vinculación (el gestor), nosotros sacamos los recursos y pagamos a una persona que nos cobra casi el 20 o el 30 por ciento de los proyectos para poder postularnos”, dice Palencia de la JAC de Ciudad Bolívar.
Aunque las redes de acueducto y alcantarillado y el fortalecimiento organizativo son las principales necesidades, no son las únicas.
En la zona urbana las Juntas de Acción Comunal coinciden en tres necesidades: atender el riesgo de deslizamientos en algunas zonas, mejorar las vías y ampliar el alumbrado público. Claudia Castañeda, presidenta de la JAC Villa Camacho, dice que para responder a los riesgos por deslizamientos que tienen algunas zonas requieren más información: “Necesitamos el estudio detallado de cada una de las viviendas para saber cuáles son las que están realmente en riesgo y así construir los muros de contención”, cuenta.
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de San Vicente, dice que hay varios barrios que están en zonas con riesgo de deslizamiento de tierras. Desde las Juntas de Acción Comunal, como la que representa Castañeda, han propuesto la construcción de muros de contención para que sean una respuesta rápida y una forma de mitigar este riesgo.
Por otro lado están las solicitudes relacionadas con el espacio público. Isnory Montoya, presidenta de la Junta del barrio Buenos Aires, cuenta que para ellos el arreglo de las vías ha sido tan importante que ya se han metido la mano al bolsillo para mejorarlas. “Nosotros habíamos arreglado las vías con plata de la comunidad y la administración pasada había prestado la maquinaria”, dice Montoya. Pero esa obra sólo duró un par de meses en buen estado. Según cuenta, las vías se deterioraron con el paso de la maquinaria pesada que se movía por estas para la construcción del Parque Poli-recreativo que entregaron a finales del año pasado. Por esto, la necesidad de intervenir la vía ha vuelto a ser una prioridad para la comunidad.
En cuanto al alumbrado público, Montoya dice que hay sectores que no cuentan con ningún tipo de iluminación. Montoya asegura que por el momento esto no representa un riesgo para la seguridad, sino que es más un tema de apropiación del espacio público. En la JAC de Villa Camacho también sienten que el alumbrado público es necesario, pero en este caso consideran que es clave para iluminar las vías y evitar accidentes de tránsito en la noche.
Mientras que en la urbanidad las solicitudes son más de infraestructura, en la zona rural requieren más inversión en temas de salud. Martín Eduardo Palacio, fiscal de la JAC de la inspección de Campo Hermoso, dice que necesitan la intervención del único puesto de salud de la inspección que hoy cuenta con más de 2 mil habitantes. “El puesto se encuentra en estado precario: solo hay una enfermera, pero necesitamos un médico y una ambulancia”, asegura Palacio. Eso dificulta la atención de emergencias en salud. La cifra más actualizada dice que hasta 2018, el municipio contaba con 0,13 ambulancias por cada mil habitantes.
Un ejemplo de esto es lo que sucede en la vereda Las Damas de Campo Hermoso. Gonzalo Lombana, presidente de esta Junta de Acción Comunal, cuenta el reto que implica no tener un puesto de salud en buenas condiciones: “la falta de recursos y la distancia entre el caserío y la cabecera municipal son los principales desafíos a la hora de atender las emergencias de salud”. Lombana dice esto porque todas las emergencias deben trasladarse a la cabecera de San Vicente que está a dos horas de distancia.
Hasta el momento, la participación de las JAC ha sido activa y la estrategia de enviar comisiones a zonas rurales ha sido bien recibida. “Estamos muy sorprendidos porque esta administración sí trajo ese Plan de Desarrollo a estas caseríos para poder mostrar las necesidades que tenemos”, cuenta Lombana. Esa esperanza de ser escuchados se combina con la desilusión que han vivido con anteriores mandatarios.
“La esperanza es lo último que se pierde, pero queremos hacerle un llamado al alcalde para que coloque el 100% de él para que todo sea viable a favor de las comunidades”, dice María Fernanda Palencia de Ciudad Bolívar. Un llamado similar hace Claudia Castañeda de la JAC de Villa Camacho: “Pónganse la mano en el corazón y cumplan, las cosas no se hacen es por falta de compromiso político”.
"Las cosas no se hacen es por falta de compromiso político”
Claudia Castañeda de la JAC de Villa Camacho.
La esperanza es que esta alcaldía pueda dar cumplimiento a las solicitudes de las Juntas en los casi tres años y medio que tendrá Trujillo para llevar a cabo sus propuestas. Para las JAC esa sería una forma de demostrar que no son relevantes sólo en época electoral. “A nosotros nos manosean cada cuatro años. Cuando hay elecciones se acuerdan que estamos sin agua, sin luz, sin alcantarillado, sin infraestructura en el puesto de salud”, dice James William Giraldo presidente del caserío de la inspección de Puerto Betania.
El primer paso para que se cumplan las solicitudes de las JAC es que estas sean tenidas en cuenta en el Plan de Desarrollo y que desde la Alcaldía propongan proyectos, estrategias y destinen recursos para suplirlos. Una decisión que está en manos de la Alcaldía de Trujillo y de las proposiciones y modificaciones que haga el Concejo.
La empresa minera Best Coal Company (BCC) quiere llevar a cabo una mina para explotar carbón a cielo abierto por 10 años en el corregimiento de Cañaverales en San Juan del Cesar. El lunes, el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales anunció que se opone a la entrada de la minera al territorio.
El anuncio es importante porque el consejo comunitario hace parte de las nueve comunidades que se verán impactadas por el proyecto y la única con la que la empresa no tiene acuerdo. La decisión, tomada de forma unánime durante una asamblea el 13 de abril, sucede un mes después de que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) archivara la solicitud de licencia ambiental de BCC para el proyecto minero.
La medida sirvió de insumo al consejo comunitario para sustentar que la empresa no está llevando a cabo procesos de consulta previa ni tiene licencia ambiental, y por eso su presencia no es bienvenida en el territorio. En la comunidad es leída como una posición de resistencia ante una multinacional — BCC es filial en Colombia del conglomerado turco Yildirim Holding —.
Sin embargo, el archivo de la solicitud de licencia y la declaratoria no significan el impedimento del proyecto, ya que la empresa le dijo a Consonante que está reiniciando el proceso para solicitar la licencia de nuevo, y el comunicado puede quedarse en lo simbólico o en procesos internos de la comunidad si la autoridad ambiental o de consulta previa no lo tiene en cuenta.
Por ahora, la decisión de Corpoguajira y la declaración del consejo comunitario abre de nuevo la discusión sobre las tensiones que genera el proyecto con la comunidad. Más cuando BCC está a la espera de la aplicación del test de proporcionalidad, una herramienta para medir las afectaciones del proyecto y que, de aprobarse, descartaría la posibilidad de preguntarle al consejo si quiere o no el proyecto minero.
Mientras eso pasa, Los Negros de Cañaverales se apoyan en una comisión del Congreso y en el Ministerio de Agricultura para insistir en la consulta previa, incentivar la vocación agrícola en lugar de la minera, proteger el manantial que los surte de agua y frenar la posibilidad de una mina en su territorio.
¿Qué dice la comunidad?
Para el consejo comunitario, oponerse a la presencia de la empresa es una respuesta a lo que consideran un actuar poco transparente por parte de BCC. “Siempre se meten a desarrollar actividades sin socializar ni consultar a los que habitamos el territorio”, contó Ifener Mendoza, miembro de la junta directiva del consejo comunitario.
También lo ven como una forma de mitigar lo que, para ellos, son los impactos de la minería. Este proceso ha dividido a la comunidad, entre los que apoyan o se oponen al proyecto, o vecinos y amigos que se chiflan e insultan en reuniones, también ha generado impactos en la salud mental de algunos habitantes. “Hay afectaciones sicológicas debido a que nuestros niños y nuestros ancianos principalmente, creían que la maquinaria que entró en su momento venía a destruir todo a su paso”, dice Mendoza.
“Sacamos el comunicado para que BCC no siga entrando. (La empresa) se está metiendo a ganar terreno y nosotros no queremos eso”, dice Dayelis Gamez, habitante de Cañaverales. También asegura que la empresa intenta dividirlos: "Sobre todo son actos de mala fe cometidos: solicitar licencia a Corpoguajira en el momento en que hacia la consulta previa sabiendo que eso no se puede hacer, dilatar la consulta, pedir aplicación del test de proporcionalidad".
En el corregimiento los ojos están puestos sobre toda la información relacionada con la mina. La esperanza es que las decisiones y opiniones de la comunidad sean tenidas en cuenta. “Si el juzgado dice que se retoma la consulta previa, ellos podrían venir; pero como no tienen ningún plan de trabajo ni obras, entonces no tienen nada que hacer aquí”, dice Orangel Moya del consejo comunitario.
"Como no tienen plan de trabajo ni obras, entonces no tienen nada que hacer aquí"
Orangel Moya, miembro del consejo comunitario Los Negros de Cañaverales
Para la comunidad de Cañaverales, la declaratoria es más que un acto simbólico, es sentar un precedente sobre su posición y la defensa del territorio. Rosa Mateus, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo (Cajar) que ha acompañado el proceso en el corregimiento, dice que la declaratoria del consejo comunitario puede trascender el carácter simbólico que tiene hasta el momento. “Se espera que en el marco del procedimiento de licenciamiento ambiental, (esta declaratoria) sea tenida en cuenta en las valoraciones que hacen los funcionarios en el análisis del componente social que se evalúa en el proceso”, dice la abogada.
De la misma manera , Mateus asegura que más que consultarle a la comunidad si quieren o no el proyecto minero (consulta previa), lo que debe hacerse es un proceso de consentimiento. De esta forma, no se trataría sólo de preguntarles, sino de que la respuesta que obtengan sea vinculante al proceso que debe llevar la autoridad ambiental a cargo de dar el visto bueno o no a la mina.
Frente al archivo de la solicitud de licencia ambiental por parte de Corpoguajira, Mateus comentó que lo de hacer la solicitud a la entidad lo ven como una estrategia de la empresa. “Da cuenta de cómo ellos pretenden dividir el proyecto y decir que es pequeño, que no lo pueden comparar con el Cerrejón. El país no puede comerse el cuento de que se trata de una mina pequeña cuando al juntar los títulos nos damos cuenta que es un proyecto a gran escala”, afirma.
Mateus critica que BCC haya hecho la solicitud de licencia ambiental en Corpoguajira argumentando que sólo explotarán determinadas toneladas de carbón por año. Según explica Mateus, debe tenerse en cuenta la totalidad del impacto ambiental: “El fraccionamiento del proyecto imposibilita hacer una valoración real de impactos y daños teniendo en cuenta la magnitud del problema”, cuenta la abogada.
Para Mateus, la licencia debe tramitarse ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales por el impacto total de las toneladas. Pero para BCC, el trámite pasa por Corpoguajira.
¿Qué dice BCC?
Gabriel Bustos, gerente ambiental de BCC, dice que la solicitud se hizo por Corpoguajira porque es la entidad ambiental que se encarga de las licencias ambientales cuando los proyectos mineros de explotación de carbón en el departamento no superan las 800 mil toneladas al año. Ese es un punto que la misma entidad corrobora en el auto emitido en marzo.
Pero en ese mismo documento, la corporación toma como referencia una tabla con cálculos de 2021 que muestra que la mina proyectada superaría esas toneladas de explotación en el segundo año. Como sobrepasa las funciones de Corpoguajira, la entidad dice que la solicitud debe hacerse ante la Anla. Pero Bustos le dijo a Consonante que el proceso era con Corpoguajira porque en los últimos años han actualizado el proyecto y el volumen de explotación es menor al que muestra la tabla de 2021. “Antes, el promedio de explotación anual iba a ser de 1,4 millones de toneladas de carbón, ahora redujimos ese volumen a 800 mil”, asegura el gerente.
"El promedio de explotación anual iba a ser de 1,4 millones de toneladas de carbón, ahora redujimos ese volumen a 800 mil"
Gabriel Bustos, gerente ambiental de Best Coal Company (BCC)
Los cambios son reales. Según un informe de abril del año pasado del Global Energy Monitor, la empresa proyectó en su página web que la mina de Cañaverales produciría un promedio de 2,5 millones de toneladas al año. Esas cifras se redujeron casi a la mitad y quedaron en un aproximado de 1,1 a 1,4 millones de toneladas al año. Esto según el documento disponible en la página de la Agencia Nacional de Minería con fecha de septiembre de 2022 y en una respuesta de la empresa al consejo comunitario en agosto de 2023, pero en ninguno dice que explotará las 800 mil toneladas a las que se refiere la minera.
Bustos dijo que el archivo de la solicitud de licencia ambiental lo ven como un formalismo: “Nos falta un documento, el de arqueología, y lo presentamos de nuevo”. Se refiere al registro de un Programa de Arqueología Preventiva que entrega el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh). Pero según Corpoguajira, no es el único que falta por entregar.
La corporación dice que no presentaron el certificado del Ministerio de Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y un pronunciamiento de la Dirección Nacional de Consulta Previa (Dancp) sobre si procede o no este mecanismo de consulta. Este punto es clave porque BCC pidió que se aplique el test de proporcionalidad, argumentando que la consulta previa se ha dilatado, algo que niega el consejo comunitario.
Corpoguajira también dice que a la minera le faltaba la evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto; el plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto, este último debe incluir lo que harán si hay derrames, incendios u otras afectaciones por fuera de los límites permitidos.
Frente al comunicado en el que el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales declara la presencia de la empresa como no grata en el corregimiento de Cañaverales, Bustos dijo que no se pronunciaría sobre esto porque al momento de la entrevista no conocía el comunicado. También afirmó que esto no afecta el proyecto y que el proceso continúa con normalidad.
El 9 de abril, la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira (Asodegua) inició un paro en Riohacha, capital del departamento, que va hasta mañana. Según un comunicado que emitieron, el paro tiene varias razones, una de ellas es “la desidia” del gobernador y algunos alcaldes por la demora en el nombramiento de quienes ganaron el concurso docente y “la lenta reubicación” de los profesores provisionales que cubren esas vacantes o las incapacidades.
La problemática es clave porque termina afectando el proceso de aprendizaje de los jóvenes; más en un departamento en el que hasta 2022 sólo 26 de cada 100 estudiantes se matriculan en los grados décimo y once para obtener el título de bachiller, según el informe socioeconómico de la Cámara de Comercio de La Guajira. “Por medio de asambleas informativas y de una reunión de rectores de instituciones educativas el 24 de febrero, recogimos la radiografía del departamento. La situación está diagnosticada, ya hay que actuar desde el campo administrativo. Esto es de gestión en el territorio”, dice Milad Fernando Estrada, presidente de Asodegua.
La exigencia de Estrada es consecuencia de una problemática que se ha extendido por el departamento y que puede verse con más detalle en los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca, al sur de La Guajira: a dos meses de haber iniciado las clases, una parte de las instituciones educativas públicas aún no cuentan con el número de docentes necesario para dictar las clases.
El primer periodo del año académico está ad portas de terminar, los profesores que están cubriendo las vacantes de los que ganaron un ascenso o una reubicación apenas están llegando a los colegios. Hay estudiantes que no han recibido clases de materias específicas desde que entraron al año lectivo y otros que no cuentan con director de grupo. Por esa razón, para algunos estudiantes, el colegio en Fonseca y San Juan ha pasado de ser un espacio de aprendizaje activo, a uno en el que buscan ocuparlos mientras intentan solucionar la falta de profesores.
“Algunos docentes nos ayudan con turnos, las psicoorientadoras también se hacen cargo de los cursos — cuenta Ricardo Bonivento, rector de la Institución Educativa José Eduardo Guerra en San Juan del Cesar —. En los colegios estamos haciendo de tripas corazón subsanando la problemática con lo poco que tenemos, casi haciendo magia para que los niños puedan acceder a la educación, pero no es la educación integral que da el maestro”.
"En los colegios estamos haciendo de tripas corazón subsanando la problemática con lo poco que tenemos"
Ricardo Bonivento, rector de la Institución Educativa José Eduardo Guerra en San Juan del Cesar.
Por eso, Bonivento insiste en que la Secretaría de Educación Departamental debe acelerar procesos y cubrir las necesidades de las instituciones educativas. Al igual que en otros 10 municipios de La Guajira, la gestión y administración de la educación en Fonseca y San Juan del Cesar dependen de la Gobernación por ser municipios no certificados. Sólo en Riohacha, Maicao y Uribia, las alcaldías y su respectiva secretaría son las administradoras de la educación.
Los rectores no son los únicos en pronunciarse. Estudiantes y padres de familia ya han protestado para exigir que las instituciones tengan la planta de docentes completa. Por esa razón, a inicios de marzo, los estudiantes de la institución María Auxiliadora de San Juan del Cesar entraron en paro. Sólo en tres instituciones de este municipio hay más de 600 estudiantes afectados por la falta de docentes.
En Fonseca, y por la misma razón, algunos padres de familia bloquearon la Institución Educativa Agropecuaria y los estudiantes del Juan Jacobo Aragón protestaron y se tomaron la Alcaldía, exigiendo también la contratación de personal de aseo y vigilancia. A esa movilización se le unieron algunos estudiantes del Ernesto Parodi Medina.
Rectores, docentes nuevos y antiguos, y funcionarios y exfuncionarios públicos aseguran que la situación no es nueva, pero que se ha ahondado en este año por los retrasos para designar a los docentes en puestos temporales.
Una de las razones por las cuales faltan docentes en las instituciones de Fonseca y San Juan está relacionada con el concurso de ascenso y reasignación salarial que llevó a cabo el Ministerio de Educación a nivel nacional. Este consiste en que los profesores pueden, por ejemplo, pasar de ser docentes a coordinadores, trasladarse de una institución a otra para dictar la misma clase y aumentar su salario de acuerdo a sus conocimientos, experiencia o estudios. Quienes sean elegidos en este concurso, serán nombrados por la secretaría de Educación Departamental en la nueva plaza y esta misma entidad deberá buscar un reemplazo en la vacante que dejan los docentes.
Elizabeth Mendoza, secretaria de Educación de San Juan del Cesar, dice que algunos rectores le han reportado que no han llegado los docentes provisionales (que reemplazan por un tiempo a los que se fueron) y tampoco el de planta o el que debe ser nombrado. En ocasiones también ocurre que, aunque el docente llega al puesto que le corresponde, renuncia o regresa a su anterior cargo después de unos días o semanas. De esa forma, el puesto queda disponible de nuevo y la secretaría departamental debe buscar quién lo ocupe.
Adaulfo Manjarrez, exsecretario de educación departamental, cuenta que hay municipios en el sur de La Guajira donde los docentes nuevos de planta o provisionales tienden a renunciar después de ser nombrados. Esto sucede por varios factores, como las distancias que deben recorrer para llegar a un colegio, por tener que vivir en zonas con presencia de grupos armados ilegales, por enfrentarse a realidades más complejas de las que esperaban en el aula de clase o porque la vacante no cumple con sus expectativas.
“El caso de varios municipios al sur de La Guajira es una experiencia nefasta. Esta es una situación que pesa mucho en el sistema educativo, que siempre está ocurriendo y que genera inestabilidad. Los que no renuncian a su cargo, pasan el periodo de prueba y piden traslado, pero esto es una excepción que igual impacta en la educación de los niños”, dice Manjarrez. Aún sin la renuncia y con la solicitud de traslado, continúa la inestabilidad que comenta el exsecretario porque implica un trabajo extra al departamento de buscar un reemplazo al docente que decide cambiar.
Algo similar pasa en Fonseca. Unos días antes de semana santa llegaron algunos docentes nuevos a suplir de forma temporal las vacantes que dejaron los que se fueron. Es el caso de Leiner Carrillo, profesor de matemáticas de la Institución Educativa Agropecuaria, que explica todo el proceso que tuvo que surtir para llegar a ese puesto: “Había 51 vacantes, pero no se presentaron seis y tardaron un mes en convocar esas seis personas. De ahí los reubicaron, y las plazas que dejaron pasaron a estar en vacancia, de ahí nos ubicaron, pero como profesores temporales porque los que se fueron están en periodo de prueba y pueden regresar a su cargo si lo desean”.
Mendoza, secretaria de San Juan, dice que en la comunicación constante que tiene con la Secretaría Departamental, le ha informado que ya se han hecho más de mil procesos relacionados con estas vinculaciones, pero que el proceso de asignar docentes en las instituciones podría terminar de surtirse en octubre. “Sí, ha sido complejo, pero sabemos que la situación se va a estabilizar cuando todos estén organizados en sus plazas. Esta problemática no se va a repetir cada año, fue algo coyuntural”, explica la funcionaria.
"Esta problemática no se va a repetir cada año, fue algo coyuntural"
Elizabeth Mendoza, secretaria de Educación de San Juan del Cesar
A este contexto se le sumaron otros aspectos que han sido constantes y que han ahondado la problemática de la falta de docentes. Uno de estos son las licencias de maternidad, de luto o las incapacidades de más de tres días que requiere designar un docente temporal para evitar que se interrumpa el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Además de la burocracia que implica enviar la solicitud a la Secretaría Departamental para llenar esa vacante y las demoras que pueden llevar encontrar y designar un reemplazo, también puede pasar que las licencias o incapacidades se renueven y deba realizarse el proceso de nuevo.
Un ejemplo de esto es lo que sucede en la Institución Educativa María Auxiliadora del municipio de San Juan del Cesar: “Aquí tengo una docente que lleva seis años en un proceso de incapacidades mensuales. No entiendo por qué el comité evaluador de la EPS o a quien corresponda no ha solucionado este problema pensionando a la docente. Con esto ya habrían nombrado un docente de planta”, cuenta el rector Darlin Gámez. En este colegio, por ejemplo, no hay docente de lengua castellana.
En la I.E. Normal Superior de San Juan no hay docente de inglés ni de ciencias sociales y al menos 280 estudiantes están afectados por esto. A la institución se le suma la falta de intérpretes de lengua de señas que son necesarios para el proceso de aprendizaje de los niños en condición de discapacidad auditiva. Son cuatro docentes que requiere la institución y que cada año son contratados por el departamento por prestación de servicios; pero en estos procesos suele haber retrasos y empiezan sus funciones en abril. Eso significa que al menos los dos primeros meses del año lectivo la institución no cuenta con intérpretes.
Según Mendoza, secretaria de Educación de San Juan, esto se da por los procesos de contratación que exigen a las entidades públicas a nivel nacional: “Esta normativa que busca garantizar menor corrupción y mayor transparencia muchas veces termina siendo obstáculo para que los procesos se lleven de forma más ágil”.
Aunque no es una tarea que le corresponda, la secretaria ha intentado apoyar a los maestros teniendo una comunicación constante con la Secretaría Departamental, recibiendo las quejas diarias que le llegan por la falta de docentes y tratando de suplir las necesidades de intérpretes de señas con funcionarios que tienen estos conocimientos o a punta de convenios con instituciones para emplear practicantes.
Debido a que los procesos de nombramiento y designación de docentes en San Juan y Fonseca dependen de la Secretaría Departamental que hace parte de la Gobernación, los rectores de diferentes instituciones han insistido en agilizar el proceso. Incluso en una reunión realizada a inicios de marzo con el gobernador Jairo Aguilar y los rectores del departamento, acordaron acelerar los procesos.
Uno de los compromisos, según Mendoza, fue que la misma institución recomendara el docente que debía reemplazar a otro en caso de incapacidad o licencia. Aunque los rectores dicen haber cumplido su parte, siguen presentando demoras.
“Junto a la Asociación de Rectores del Sur de La Guajira hemos asistido en reiteradas ocasiones a la Secretaría de Educación Departamental y solo hemos recibido promesas. Una de ellas es que tendríamos toda la planta de docentes, dos meses después (de iniciadas las clases) el panorama sigue igual o peor, además de la falta de docentes no tenemos servicio de aseo ni vigilancia”, asegura Leonel Rizo, rector de la Institución Juan Jacobo Aragón en Fonseca.
Por eso, Milad Estrada, directivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira (Asodegua), exigió respuestas por parte de la gobernación. “Las directrices deben venir del departamento. Ha habido negligencia administrativa, desidia por parte del gobernador, por eso le vamos a exigir a la ministra de Educación (Aurora Vergara) que se pronuncie”, comentó Estrada.
Por su parte, Adaulfo Manjarrez, exsecretario de Educación departamental, hace un llamado en doble vía. Primero invitando a los padres de familia a matricular de forma oportuna a los estudiantes, ya que la mayoría de ocasiones este proceso se da en abril, después de semana santa, y no permite que haya un registro actualizado de la cantidad de estudiantes reales matriculados en el departamento. El segundo es la necesidad de la ampliación de la planta docente en la Guajira, una tarea que le corresponde al Ministerio de Educación.
Según el exfuncionario, el ideal es que un profesor de básica y media tenga un promedio de 35 estudiantes a su cargo. En La Guajira hay más de 80 mil estudiantes y 3 mil docentes, por lo que las cuentas, ante el Ministerio de Educación, podrían ser acordes.
Pero la realidad en el territorio es otra, así lo explica Leonel Rizo, rector de la I.E. Juan Jacobo Aragón en Fonseca: "Hay una percepción errada del ministerio frente a la distribución de docentes en el departamento. Según ellos aquí sobrarían docentes, pero desconocen que tenemos mucha población dispersa. Hay zonas rurales donde puede haber ocho estudiantes por docente".
"Hay una percepción errada del ministerio frente a la distribución de docentes en el departamento"
Leonel Rizo, rector de la I.E. Juan Jacobo Aragón en Fonseca.
Manjarrez coincide con el déficit de docentes frente al número de estudiantes: “La planta de docentes actual no se ha actualizado frente a los 8 mil niños nuevos que han sido matriculados y que tampoco se reflejan en el SIMAT (Sistema de Matrículas Estudiantil). Hoy faltan al menos 435 maestros en el departamento, y para suplirlos toca asignar horas extras o contratar por prestación de servicios”. Pero la peor parte la llevan los estudiantes porque son ellos los directamente afectados al interrumpir sus procesos educativos.
“Los de grado once no tenemos profesor de Economía. Este mes se acaba el periodo y en el boletín no vamos a tener esa nota”, dice Valeska Pitre, estudiante de la institución Juan Jacobo Aragón de Fonseca. “Algunos sextos, séptimos y octavos no van a tener notas de Español, porque nos hace falta una docente de esa área. En primaria faltan tres directores de grupo y por eso hay cursos con 50 o 60 estudiantes a cargo de un profesor”, continúa. Según el rector Rizo de la institución, hay más de 100 estudiantes afectados, pero hasta el momento no han tenido una respuesta departamental ni municipal.
No sólo se trata de las estrategias que hacen los rectores para suplir las necesidades de la institución, sino de las consecuencias que acarrea esto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. “La ausencia de un docente rompe el proceso pedagógico. El niño puede perder el hábito de la lectura, la escritura y la concentración, y se van borrando las competencias que se habían sembrado en ciclos anteriores. Aparte del descontento de los padres de familia y de la apatía de aportar al colegio, los niños también se desmotivan y aumenta la probabilidad de deserción”, explica María Fernanda Guerra, docente de Ciencias Naturales de la institución María Auxiliadora de San Juan.
Para hacerle frente a la deserción y no perder el hábito de asistir al colegio, en instituciones como José Eduardo Guerra en San Juan, evitan suspender las clases por la falta de docentes y buscan cómo ocupar a los estudiantes.
“A los niños no los podemos mandar a la casa, tenemos que darles el servicio educativo, vamos a seguir haciéndolo el tiempo que sea necesario”, dice el rector Ricardo Bonivento. Una de sus preocupaciones es que ante la demanda de matrículas ampliaron la cobertura, crearon un salón más en cuarto de primaria, pero después de dos meses de arrancar las clases no tienen un docente que dirija el grupo.
Incluso, si los profesores requeridos llegan a las instituciones en este momento, se supliría la necesidad, pero no significa que el proceso educativo se subsane. En realidad, los docentes nuevos llegan con el reto de nivelar al grupo, avanzar con los temas que ya debían ser dictados y continuar con los que están estipulados en la materia.
Esa es una labor que debe hacer Leiner Carrillo, un docente nuevo de la Institución Educativa Agropecuaria de Fonseca: “Los estudiantes tienen aproximadamente un año sin docente de Matemáticas. Encontramos la problemática de unos muchachos con unos conocimientos no muy nivelados y unas condiciones mínimas en el área”.
Carrillo cuenta que una de sus labores es sondear el nivel académico de los estudiantes y de acuerdo a esto ir generando contenido en la materia. “Si empiezo las clases de acuerdo a los estándares establecidos por el Ministerio obviamente que los muchachos no me van a responder”.
Para los estudiantes también representa un cambio importante y un choque académico. Ángel Calderón, estudiante de grado once y personero de la I.E María Auxiliadora en San Juan del César, considera que se están viendo afectados durante y después de que se dan los procesos de contratación.
“Cuando estos docentes se incorporan no tienen notas nuestras, así que tienen que tratar de sacar la mayor cantidad de notas posibles para darnos una definitiva a final de periodo. No me parece que esto sea así, porque no aprendemos nada", cuenta Calderón quien considera que se privilegia la nota por encima del conocimiento.
Con problemas permanentes y otros coyunturales, la preocupación de estudiantes, padres de familia, rectores y docentes va de la mano con la realización de las Pruebas Saber que son las que evalúan el desempeño y los conocimientos de los estudiantes al final de la educación básica (grado noveno) y media (grado once).
“¿Qué rendimiento pueden tener esos niños en las pruebas Saber de este año?, ¿cómo el Estado, el Ministerio de Educación, la secretaría de Educación municipal y departamental exigen calidad académica en una institución donde faltan los docentes?”, se cuestiona Patricia Guerra, madre de familia de dos estudiantes en San Juan.
*Consonante intentó comunicarse con la secretaría de Educación de Fonseca, pero no contestó los mensajes enviados. Al momento de publicar esta historia tampoco obtuvimos respuesta a las preguntas enviadas a la secretaría de Educación Departamental.
Entre el 21 y el 22 de marzo se conformó el primer Comité Municipal de Reforma Agraria y Desarrollo Rural de El Carmen de Atrato. Dentro de sus funciones está la de participar en la gestión de los procesos de formalización de la tierra y formular y aprobar el plan para implementar la reforma agraria en el municipio, cuyo propósito es redistribuir la propiedad de la tierra, producir alimentos de forma sostenible y llegar con proyectos productivos para dinamizar la economía campesina.
Este comité es importante porque en El Carmen hay campesinos que llevan más de 20 años esperando una reforma agraria que les permita, por ejemplo, tener acceso a la tierra, cultivar y comercializar sus productos para mejorar su calidad de vida. “Somos un equipo organizado para ejecutar la reforma agraria, que tiene que ver con la adquisición de tierras y la productividad de estas", cuenta Larry Mosquera, funcionario de la Agencia Nacional de Tierras, territorial Chocó. “Se estaba esperando el comité, desde hace 30 años para canalizar los proyectos productivos (para el campo)”, dice Froilan Zapata, campesino y presidente de la Organización de Víctimas del Pueblo de la Memoria Histórica.
Los comités de reforma agraria no son nuevos, nacieron con la Ley 160 de 1994 que los implementó en los municipios implicados en esa reforma. Sin embargo, fue el gobierno de Gustavo Petro, a través del Plan Nacional de Desarrollo, el que estableció que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) debe ir a los municipios, acercarse a las organizaciones y reactivar los comités como instancias de participación de la sociedad civil.
En ese sentido, el comité del Carmen hace parte del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que busca que el Estado y las comunidades trabajen de forma articulada para materializar esta reforma. Está conformado por trece miembros entre los que hay representantes de organizaciones campesinas, sociales, culturales, agrícolas, de mujeres, de jóvenes rurales, organismos comunales (como las Juntas de Acción Comunal y las Asocomunales) y comunidades indígenas.
También está abierta la posibilidad de que el consejo comunitario afro participe activamente de este comité, aunque no asistió a su conformación por falta de recursos. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) acompañará y coordinará el proceso y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) de la Alcaldía serán los encargados de la secretaría técnica.
"Los campesinos y campesinas no hemos logrado tener una voz visible a lo largo de los diferentes periodos de gobierno. Hoy vemos este comité como una posibilidad de participar, visibilizar y tomar decisiones", dice Doris Elena Sánchez, delegada de la Plataforma del Campesinado ante el comité. Para ella este espacio es clave porque les permitirá, por ejemplo, gestionar propuestas productivas y de vivienda en las zonas rurales del municipio.
Para Froilán Zapata, líder campesino, la reforma agraria es importante para los cultivadores de café porque puede ayudarlos a tecnificar y mejorar su producto que, según él, ya no es tan rentable. Esto es clave en una reforma que busca invertir y apoyar la producción del campo, más si se tiene en cuenta que El Carmen es el único municipio del Chocó en el que se produce café. “Como campesino que produce café y busca agregarle valor, le pido al Estado asistencia técnica y respaldo científico para los que vivimos de esto. Hoy el grano no es viable debido a sus precios (en el mercado). Eso tiene que ver con la reforma agraria”, dice Zapata.
"Como campesino que produce café y busca agregarle valor, le pido al Estado asistencia técnica y respaldo científico para los que vivimos de esto"
Froilan Zapata, líder campesino.
Leonardo Estev Vitucay, líder e integrante de la organización indígena Jamaica del resguardo del 18, resaltó la importancia del encuentro y la necesidad de proyectos agropecuarios para beneficio de su comunidad, que actualmente carece de tierras para cultivar plátano, banano, maíz y otros productos que han sembrado tradicionalmente. “Hay tierras pero no son fértiles. Nos hace falta un proyecto más avanzado que dé frutos para el desarrollo de las comunidades”, cuenta. Además resaltó la labor del comité de recopilar y transmitir información en el territorio sobre los proyectos que se desarrollan y que son primordiales para las 22 comunidades indígenas de El Carmen.
Aunque la lucha por la reforma agraria lleva más de dos décadas, hay organizaciones nuevas en el municipio que también integran el comité. Es el caso de la Asociación de Mujeres Floreciendo, una organización creada este año, que busca generar empleo en el cultivo de flores.
Oliva Gloria Agudelo; representante de la asociación, siente que el comité podría aportar a la comunidad. “Es importante para velar por los derechos de los campesinos y volver a una economía agrícola que fue abandonada en favor de una economía extractivista”, comentó en referencia a la mina que hay en el municipio. Entre las propuestas que tiene Agudelo para El Carmen está armar invernaderos y producir semillas de calidad que puedan abastecer las necesidades locales a largo plazo y exportar los productos carmeleños.
"Es importante para velar por los derechos de los campesinos y volver a una economía agrícola que fue abandonada en favor de una economía extractivista"
Oliva Gloria Agudelo, representante de la Asociación de Mujeres Floreciendo.
Para Johana Ríos, funcionaria de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la convocatoria para crear el comité fue muy satisfactoria. Además encontró una mesa integrada por representantes de diferentes culturas y organizaciones que conocen el territorio: “Me llamó mucho la atención que, a pesar de tener sus diferencias, puedan concertar y hacer aportes constructivos entre sí”. Ríos se comprometió a transmitir al Gobierno Nacional la necesidad del municipio de contar con personal más capacitado a nivel municipal para informar sobre los procesos y proyectos correspondientes al campo. “El gobierno central tiene muy buenas intenciones, y esperamos que puedan aprovechar al máximo este espacio”, aseguró la funcionaria.
El miércoles 27 de marzo, el comité realizó su primera reunión. En esta, los delegados decidieron enviarle una solicitud al alcalde Jaime Arturo Herrera para reunirse el próximo 10 de abril con el fin de buscar garantías para que haya una participación efectiva. La idea de la reunión es pedirle al mandatario que garantice transporte, alimentación y, en algunos casos, alojamiento de los delegados que viven en sectores alejados. La solicitud, que fue radicada el lunes, se dio porque algunos delegados no asistieron a la primera reunión por no contar con recursos para el transporte y la alimentación en el casco urbano de El Carmen.
Además de la carta a la Alcaldía, el comité inició la formulación de su plan de acción y planteó otros asuntos importantes para el buen funcionamiento del mismo, como la creación de un reglamento interno. Por ahora, según Froilán Zapata, lo que más esperan los campesinos es la formalización de sus tierras y la entrega de insumos. La expectativa está en que el comité no se quede en el papel, al contrario, que pueda gestionar e impulsar acciones concretas que toquen el día a día de los que trabajan en el campo.
Las Juntas de Acción Comunal (JAC) han sido claves para empujar proyectos y obras a favor de las comunidades. Por eso, el Gobierno Nacional ha impulsado iniciativas para que las JAC sean quienes ejecuten proyectos de infraestructura vial en sus territorios teniendo en cuenta que son los que mejor conocen las necesidades de la comunidad. Para esto se han creado programas como “Caminos comunitarios para la Paz Total”, el piloto del gobierno de Gustavo Petro para contratar la construcción de vías terciarias con las Juntas de Acción Comunal.
El programa es clave para el desarrollo del campo y en El Carmen de Atrato lo saben. Por eso, una asociación de juntas de acción comunal no dudó en postularse a la convocatoria nacional. Se trata de Asocomunal, una asociación fundada hace 32 años que actualmente cuenta con 15 juntas agremiadas y entre 700 a 800 socios. El proyecto presentado a “Caminos comunitarios para la Paz Total” fue el de la construcción de placa huella de 185 metros de la vía que conduce a la vereda La Argelia y tiene un costo de 200 millones de pesos.
Aunque es un proyecto pequeño, representa un avance importante en infraestructura para los habitantes de la vereda y quienes se trasladan hasta esta. Sin embargo, este proceso se ha visto truncado por obstáculos como el exceso de documentación solicitado para postularse a la convocatoria y las exigencias para el desembolso de los recursos. A esto se suma la falta de capacitación y experiencia para acceder a la postulación y ejecución de estos proyectos, y las limitaciones económicas que han tenido durante años.
En julio de 2022 el presidente Gustavo Petro ya había anunciado que en su gobierno contrataría a las Juntas de Acción Comunal para intervenir las vías terciarias del país. Pero sólo hasta el 26 de febrero de 2023, aseguró que daría alrededor de dos billones de pesos para llevar a cabo su propuesta y un mes después empezó a implementar su propuesta.
La noticia fue recibida con alegría por las comunidades. Según Albeiro Montoya, presidente de la junta de la vereda La Clara e integrante de Asocomunal, la prioridad fue organizarse y saber qué querían para su vereda: “Puede ser un piloto, pero si manejamos poquito y lo sabemos hacer, después vamos a saber manejar mucha más plata. Tenemos que ser muy honestos y amar nuestra comunidad”.
No obstante, cuando el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de la Democracia y la Participación Ciudadana, envió la lista de la documentación necesaria para participar de estos proyectos, empezaron los inconvenientes. La lista incluía una serie de requerimientos que chocaron con la realidad de cómo funcionan las JAC.
Entre los documentos solicitados estaba, por ejemplo, las actas de las asambleas deben escanearse y subirse a una plataforma en un departamento en el que sólo 4 de cada 100 habitantes tienen acceso fijo a internet. También solicitaron el Registro Único Tributario (RUT), que permite conocer la actividad económica de la organización. Aunque es un documento obligatorio, de las 20 juntas de El Carmen de Atrato que están registradas ante el Ministerio del Interior, solo seis de ellas cuentan con este.
Una de las razones por la cual la mayoría de las juntas del municipio no cuentan con RUT, es porque para tramitarlos requiere sacarlo en Medellín o Quibdó, lo que implica un viaje mínimo de cuatro horas, más los gastos de transporte y viáticos. En El Carmen han intentado facilitar el trámite del RUT, pero los problemas de conectividad no han ayudado.
“A finales del año pasado, hicieron una jornada supuestamente para que las JAC pudieran sacar el RUT. (El trámite) era virtual, el sistema se cayó y sólo pudieron sacar el de (la vereda) La Clara”, contó Laura Giraldo, presidenta de la Asocomunal. Esa es una muestra de los retos a los que se enfrentan las JAC cuando les exigen trámites digitales Por esta razón, Giraldo dice que las JAC en El Carmen solo existían en el papel y que la falta de conocimiento por parte de los funcionarios gubernamentales sobre la naturaleza y funcionamiento de estas ha sido un desafío recurrente.
A pesar de estas dificultades, la organización comunal logró presentar los documentos y ser seleccionada para pavimentar 185 metros de la vía que conduce a La Argelia. Pero la ejecución de esta obra tampoco ha sido fácil. Uno de los primeros retos con los que se encontró Asocomunal fue la aprobación de la cuenta bancaria a la que girarían el dinero para el proyecto.
Según Doris Cardona, presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Arboleda y tesorera de Asocomunal, no les aceptaron la cuenta bancaria que tenían con Bancolombia. Por esta razón la representante legal de la organización tuvo que viajar varias veces a Quibdó para abrir una nueva. “En El Carmen de Atrato no podemos ir a Quibdó cada vez que vayamos a hacer un pago. ¿Cómo vamos a hacer? Nos toca ir a sacar la plata y traerla, hay que tener en cuenta el riesgo que eso implica”, dijo Cardona. Al final lograron abrir una cuenta con el Banco Agrario, un proceso difícil porque la entidad exige más de 10 requisitos, incluido un balance financiero firmado por un contador.
"En El Carmen de Atrato no podemos ir a Quibdó cada vez que vayamos a hacer un pago"
Doris Cardona, presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Arboleda
Después de superar el impase con la cuenta bancaria, la Asocomunal recibió la noticia de que tenían un error en las pólizas de seguros, unos documentos que son claves porque protegen el proyecto de acuerdo a los riesgos que estos puedan tener. Aunque desde el Instituto Nacional de Vías (Invías) les dijeron que ellos se encargarían de corregirlo, Cardona asegura que llevan dos meses esperando a que lo hagan. Debido a esto, la obra no ha empezado a ejecutarse y se ha convertido en un proyecto lleno de inconformidades.
A las dificultades que han tenido las juntas para ejecutar el proyecto con el gobierno, se le suman otros problemas que impiden el fortalecimiento de la organización. La falta de un espacio para reunirse y las dificultades económicas que enfrentan son una muestra de esto. Albeiro Montoya, presidente de la junta de la vereda La Clara, cuenta que a pesar de los esfuerzos por conseguir un salón comunal, aún no tienen los recursos necesarios para construirlo.
Los encuentros de la JAC se dan en las casas de vecinos que los apoyan, pero no tener un punto de encuentro fijo dificulta la toma de decisiones en conjunto e impide que haya un sólo lugar en el que, por ejemplo, se archiven documentos claves como los libros de tesorería o las actas de las asambleas. “Necesitamos un centro comunitario, ya estamos tocando puertas para conseguirlo. (...) Es lamentable no contar con un espacio”, afirma Montoya.
“Necesitamos un centro comunitario, ya estamos tocando puertas para conseguirlo. (...) Es lamentable no contar con un espacio”
Albeiro Montoya, presidente de la junta de la vereda La Clara.
Los retos económicos no son sólo para construir un salón comunal, también lo son para suplir las necesidades diarias de las JAC: desde fotocopias y transporte hasta la intervención en pequeñas obras que benefician a la comunidad. Para sostenerse económicamente algunas juntas han optado por recoger fondos. En ocasiones, los miembros aportan una cantidad mensual, otras veces apoyan actividades con el fin de generar ingresos. Este es el caso de la junta de la vereda La Arboleda en la que consiguen recursos a través de actividades como bingos. Con el dinero recolectado han logrado, por ejemplo, construir un baño completo en la escuela de la vereda.
Este método les ha brindado independencia financiera. Sin embargo, es un modelo insostenible a largo plazo. Doris Cardona, miembro de una de la junta de La Arboleda, nos cuenta que no están preparados para asumir ni trabajar con dinero del Estado que sobrepasa por millones los presupuestos que han manejado. Además, asumir el reto de llevar a cabo una obra implica el buen manejo de los recursos, la preparación para relacionarse con el Estado en términos de contratación y el tiempo para ejecutarla.
Este último ha sido uno de los grandes retos porque el trabajo en las juntas es voluntario y no remunerado. Lo que implica que los integrantes de las organizaciones deban buscar otras alternativas de sustento económico, y no puedan dedicarse tiempo completo a, por ejemplo, ejecutar una obra. “No estamos preparados para asumir los recursos y los requisitos que ellos exigen, y no tenemos el tiempo como miembros de la JAC para ofrecerlo exclusivamente a eso. Yo estoy jubilada, pero tengo mis cosas, otros tienen que ganarse el pan de cada día y casi todas (las integrantes son) mujeres cabeza de hogar”, destaca Cardona.
En ese mismo sentido opina Laura Giraldo, presidenta de Asocomunal: “Nosotros ponemos todo, pero hay límites. Dentro de los proyectos aparece plata para pagarle al ingeniero, al contador, pero no aparece plata para que se bonifique, por lo menos, una parte del trabajo que hemos hecho”.
Por esta razón, Giraldo considera que es necesario que en los proyectos se destine una bonificación o un recurso para viáticos para los que están al frente de la junta y que son los que se dedican a ejecutar los proyectos que terminan beneficiando a la comunidad. Por ejemplo, en la vereda Guaduas, sus habitantes, de la mano de las Juntas de Acción Comunal, se movilizaron por más de diez años y lograron que el Gobierno Nacional se comprometiera a invertir en su única vía de acceso. Lo que muestra el poder que pueden llegar a tener las JAC a nivel local y nacional.
A pesar de todos los obstáculos en la participación del programa “Caminos comunitarios para la Paz Total” y de no haber podido ejecutar el proyecto que les fue adjudicado, líderes de El Carmen consideran que los obstáculos también pueden ser un aprendizaje. Para ellos, esta también es una forma de prepararlos para que más adelante puedan seguir contratando con el gobierno.
Para lograrlo, las juntas piden capacitaciones y dotación de equipos digitales, con el fin de responder a un gobierno que quiere empoderarlas, pero que aún no les da las herramientas para hacerlo. “Las Juntas de Acción Comunal no manejamos computadoras porque no tenemos. Prácticamente no tenemos nada, trabajamos con las uñas y el gobierno, muy bueno y todo, pero hasta este momento no han abierto ni siquiera las convocatorias para que nosotros nos capacitemos y podamos ejecutar”, agrega Laura Giraldo.
“Es la primera vez que se instala una comisión para hacerle seguimiento a una consulta previa”, dijo la senadora Imelda Daza, del partido Comunes. Era 12 de marzo y estaba dando las primeras palabras en la comisión accidental que ella impulsó y cuya tarea es la de hacerle seguimiento al proceso de consulta previa que se realiza en el corregimiento de Cañaverales, San Juan del Cesar, al sur de La Guajira. Allí, la minera Best Coal Company (BCC) quiere llevar a cabo el proyecto “Mina Cañaverales” para explotar carbón a cielo abierto por 10 años.
Cañaverales, un corregimiento de vocación agrícola, es clave en el plan de BCC porque es liderado por el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales, una de las nueve comunidades que serán impactadas por la mina, y la única con la que la empresa aún no tiene un acuerdo. Para lograrlo, BCC y el consejo comunitario deben surtir un proceso de consulta previa, que es un derecho que tienen los grupos étnicos para decidir sobre las acciones, proyectos u obras que se pueden hacer en sus territorios.
Pero la minera argumentó que la consulta previa se ha dilatado, algo que niegan desde el Consejo Comunitario, y solicitó que se aplique el test de proporcionalidad. Si eso sucede, la consulta previa se descarta, se pasa a estudiar las afectaciones del proyecto y es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la que finalmente da el visto bueno o no a la mina. La posibilidad de saltarse la consulta previa fue lo que llevó a la senadora Daza a proponer que se le hiciera seguimiento al proceso.
Hasta el momento, la instalación de la comisión ha sido la movida más visible a nivel nacional sobre el proyecto minero. Pero hace parte de una serie de decisiones y medidas que, intencionales o no, pueden repercutir en la posibilidad de hacer una mina en Cañaverales y que se han venido impulsando desde finales del año pasado. Además, estas medidas son afines a las banderas ambientales que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro y de su propuesta de “pasar de una economía extractivista a una productiva”.
La comisión del Congreso está del lado de la comunidad
Hasta noviembre del año pasado, el proyecto minero de BCC en Cañaverales era un tema que se movía más en la agenda de La Guajira y el Caribe. Pero la intervención de la senadora Imelda Daza en una de las últimas sesiones del Congreso el año pasado, llevó a que este tema se pusiera en la agenda nacional. En su intervención del año pasado, Daza hizo un llamado para que se respetara la consulta previa asegurando que el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales se han opuesto a la mina desde 2009 y que esta “amenaza la supervivencia” del manantial que surte de agua al corregimiento y al menos otros cuatro territorios.
Daza le dijo a Consonante que conoció sobre el proyecto minero en Cañaverales de dos formas: porque una de las integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativa (UTL) es del corregimiento y porque hace unos cuatro años, en una visita a un festival de La Guajira, tuvo la oportunidad de hablar con representantes de Cañaverales que le contaron sobre la posible mina.
Desde entonces, la senadora ha seguido de cerca el proceso entre la comunidad de Cañaverales y el proyecto minero. En especial porque ve en la explotación minera una amenaza para la vida humana y la naturaleza. “Ellos (la minera) no cuentan eso, sólo hablan de un futuro prometedor. Yo estaba acá cuando se iba a iniciar la explotación de los carbones del Cerrejón y escuché cantidad de conferencias de las maravillas que iban a explotar”, dice Daza quien asegura que la mina del Cerrejón ha dejado pueblos fantasmas como el caso de Tabaco.
El llamado a respetar la consulta previa en Cañaverales se tradujo en una comisión accidental, como se le llama a la unión de varios congresistas que deciden hacerle seguimiento a un tema. A Daza se le sumaron otros siete senadores entre los que están Iván Cepeda del Polo, Aida Avella de Unión Patriótica, Aída Quilcué de Mais y Pablo Catatumbo de Comunes.
En la propuesta inicial que pasaron para crear la comisión su objetivo principal es hacerle seguimiento a la consulta previa. Pero entre sus funciones también está: presentar informes sobre los impactos sociales y ambientales asociados a la mina, fomentar la participación de la sociedad civil y la academia, y promover un diálogo transparente y constructivo asegurando “que la voz de la comunidad de Cañaverales sea escuchada equitativamente”.
Ese último punto es clave porque el sentir desde el consejo comunitario es que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (Dancp), del Ministerio del Interior, que debería ser imparcial, se ha inclinado a favor de la empresa minera. Así lo expresó Óscar Gámez, presidente de Los Negros de Cañaverales, en entrevista con Consonante a finales del año pasado: “La Dancp, no sólo sus funcionarios sino la dirección, le ha colaborado a la empresa con la aplicación del test de proporcionalidad porque es la que, en principio, dice si aplica o no. La dirección ha avalado lo que ha dicho la empresa para que pida el test”.
"La Dancp ha avalado lo que ha dicho la empresa para que pida el test"
Óscar Gámez, presidente de Los Negros de Cañaverales.
La senadora Daza también ha estado en desacuerdo con la forma en la que se ha dado la relación entre el Ministerio del Interior y la comunidad. Según contó, en la última reunión en Cañaverales en la que esa entidad hizo presencia y a la que ella asistió, notó que los funcionarios del ministerio estaban más interesados en escuchar a la empresa que a la población. “Cuando salieron a hablar los del consejo comunitario y comentaron el impacto que tendría la mina en el manantial y lo que representa para la creación de versos musicales y el impacto cultural en la comunidad, los funcionarios hacían gestos burlescos”, comentó.
Frente a las acciones e incidencia que puede tener la comisión en el consejo comunitario y en el proceso de consulta previa, la senadora Daza dijo que convocarán a una audiencia pública con las comisiones de Senado y Cámara en temas ambientales, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y a voceros de partidos verdes en Europa para que los acompañen. La congresista no dio más detalles sobre lo que harán: “Eso no te lo puedo responder, no le voy a dar los argumentos a las BCC”. Pero aseguró que tienen un objetivo: “Se trata de buscar por todos los caminos que no se dé la licencia para explotar carbón en Cañaverales”.
La presencia de la senadora en Cañaverales, que viene desde hace años, y la creación de la comisión ha tenido una buena acogida por parte de la comunidad. Para Dayeli Gámez, del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales, esa es una de las formas que tienen de incidir y demostrar que también tienen apoyo en otras instancias.
Por su parte, Gabriel Bustos, gerente ambiental de BCC, dice que desde su mirada personal, la comisión llega con prejuicios al proyecto: “Si la comisión fuera neutral, bueno; pero la comisión llega con un sesgo. En Cañaverales, la senadora Imelda nos dio un discurso en el que mostraba que para ellos la minería es un desastre, pero el desastre es la minería ilegal. Nosotros queremos ser objetivos, el proyecto no va a acabar con la vocación agrícola, ni con el manantial, es un negocio en el que todos participan”.
"El proyecto no va a acabar con la vocación agrícola, ni con el manantial, es un negocio en el que todos participan"
Gabriel Bustos, gerente ambiental de BCC.
El Ministerio de Agricultura quiere incentivar la vocación agrícola
El 17 de febrero, en el polideportivo del Cañaverales, el Ministerio de Agricultura se reunió con más de 100 habitantes del corregimiento. Los dos funcionarios del ministerio que asistieron al evento abierto llevaron un aviso importante: Cañaverales será declarado un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), que son territorios rurales relevantes en la producción de alimentos que contribuyen al derecho a la alimentación. Por lo mismo, son zonas de interés especial que deben protegerse y en las que se debe promover el uso eficiente del suelo rural con fines agrícolas y ganaderos.
Las APPA son un esquema de ordenamiento territorial, es decir que la gestión y la planeación del lugar que es declarado como tal debe hacerse en función de esta. José Quiroga, director de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Agricultura, asegura que la decisión de declarar a Cañaverales fue estratégica en dos aspectos.
El primero es que el corregimiento tiene un sistema de riego que ha permitido que en una región en la que prima un ecosistema de bosque seco, se produzcan múltiples alimentos como plátano y yuca. “En el peor momento del Fenómeno del Niño lo que garantizó la alimentación en la zona fue la acequia del manantial”, dice Quiroga y cuenta que el corregimiento es considerado la despensa agrícola del sur de La Guajira.
El segundo es que es una forma de garantizar que la comunidad sea consultada y que en lugar de que prime la vocación minera, se fortalezca la vocación agrícola. Quiroga explica que al declararse una APPA, la infraestructura, el comercio y la minería están supeditadas a esta. Eso podría ser un problema para el proyecto que quiere hacer BCC en Cañaverales porque, según el funcionario del ministerio, los efectos de esa declaratoria son inmediatos: “Sería un nuevo escenario que reafirma que no se puede explotar sin que se consulte a las comunidades y, si se hace, requieren los impactos y consecuencias ambientales del proyecto”.
Quiroga cuenta que estaban implementado la respectiva ruta metodológica que formularon para declarar una APPA cuando empezaron a escuchar y documentar el caso de Cañaverales con el proyecto minero. Eso los impulsó a que el área fuera declarada en la zona: “En el ministerio tenemos un mandato constitucional que es el de proteger y garantizar los derechos territoriales de los pueblos negros, indígenas y campesinos”. La declaratoria de la APPA aún no se ha firmado, pero en julio del año pasado se declaró la Zona de Protección de Producción de Alimentos, el territorio más amplio del que se seleccionan las áreas, que está integrada por nueve municipios, varios de ellos convergen o limitan con Cañaverales.
Para Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que acompaña el proceso del lado de la comunidad que se opone a la mina, lo que hace el Ministerio de Agricultura es cumplir con sentencias que ha dictado la Corte Constitucional en años anteriores. “No es un tema caprichoso del ministerio decir que hacen esto porque se les ocurre, hay múltiples sentencias judiciales que así lo ordenan. Lo que vemos es que el ministerio está tratando de cumplir con algunas pautas de esas sentencias como la de la Ventanilla Minera”, afirma.
"No es un tema caprichoso del ministerio decir que hacen esto porque se les ocurre, hay múltiples sentencias judiciales que así lo ordenan"
Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
La sentencia a la que se refiere Mateus confirma, por ejemplo, el amparo de los derechos colectivos a un ambiente sano, a la conservación de especies animales y vegetales y a la protección de áreas de especial importancia ecológica. Mateus también dice que la declaratoria del ministerio da insumos para evitar que se lleve a cabo el proyecto “Mina Cañaverales”. Según ella: “Ayuda a revalorar la vocación agrícola de un territorio para decir que ahí no puede primar un proyecto que destruya esa vocación en un mundo en el que estamos hablando de descarbonización”.
Por ahora, la resolución que oficializa la APPA está demorada. Las áreas debían determinarse en octubre, pero se prorrogó hasta enero y luego hasta abril. Según el Ministerio de Agricultura, la demora se debe a que siguen levantando información, pero la APPA es un hecho. Incluso la ministra Jhenifer Mojica se ha referido a esta en sus redes como una realidad. De hacerlo, sería la primera Área de Protección de Producción de Alimentos que se declara en La Guajira.
“Para nosotros es como un premio que nos merecemos. Queremos fortalecer nuestra vocación agrícola y no la minera que nos puede destruir el territorio. La declaración de la APPA seria un reconocimiento a nuestra labor campesinos”, dice Orangel Moya, integrante de la asamblea del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales. Pero no se trata sólo de la declaratoria, los habitantes del corregimiento también están esperanzados en las promesas que hizo el Ministerio de Agricultura en su visita.
"La declaración de la APPA seria un reconocimiento a nuestra labor campesinos"
Orangel Moya, integrante de la asamblea del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales.
Edwar Fragozo, un agricultor de 25 años, cuenta que la entidad se comprometió a apoyarlos con maquinaria, equipos e insumos para fortalecer el campo en Cañaverales. “También nos van a ayudar con la planificación porque uno siembra con la esperanza de vender, pero no sabe a quién. Lo importante es que las instituciones lleguen para reforzar la economía”, afirmó.
Por su parte, Bustos, gerente ambiental de BCC, dijo que están a la expectativa de lo que pueda pasar: “Estamos atentos a lo que defina el gobierno. Creo que las autoridades respetarán las concesiones mineras que se han otorgado porque esto no es ilegal. Ambas decisiones son del Estado, tanto las tierras para la producción alimentaria como para la explotación minera”.
Hay una decisión más que podría inclinar la balanza a favor de la comunidad que se opone al proyecto minero. Se trata del decreto firmado en enero de este año por el Ministerio de Ambiente en el que da los criterios para identificar, delimitar y declarar Reservas de Recursos Naturales. Entre ellos está que en el territorio haya áreas de importancia estratégica para conservación de recursos hídricos que surtan, por ejemplo, acueductos o que soporten la disponibilidad de agua para garantizar la alimentación.
En ese caso, el manantial de Cañaverales podría considerarse como una posible reserva porque aparte de surtir el riego, también hace parte del consumo diario y del acueducto comunitario del corregimiento. Bustos de BCC, cree que las condiciones para declarar la reserva e impedir la mina deben ser muy precisas e insiste en que la operación de esta sería muy pequeña y no generaría impactos ni al manantial ni a la región. Consonante intentó comunicarse con el Ministerio de Ambiente para conocer el alcance de este decreto, pero no contestaron las preguntas enviadas.
Para Mateus de Cajar, decretos como el del Ministerio de Ambiente son el aterrizaje del discurso que ha tenido el actual gobierno frente a la descarbonización, la protección del medio ambiente y la priorización del campo: “Por fin estamos viendo reflejados en algunos decretos de entidades del Estado la materialización de las banderas que ha tenido el gobierno a nivel nacional”.
La incertidumbre con el test de proporcionalidad
Mientras esas decisiones del gobierno obstaculizan el proyecto minero y benefician a la comunidad que se le opone, otras parecen incentivarlo. El ejemplo más reciente es el de la aplicación del test de proporcionalidad que se saltaría la consulta previa.
La empresa y la comunidad de Cañaverales esperaban el fallo del juez para definir si se aplicaba o no el test. Pero el 18 de diciembre del año pasado, el juez Ceilis Riveira del Juzgado Primero Administrativo de Riohacha dijo que esa labor le correspondía a la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa (Dancp) y que debía atenerse a lo resuelto en octubre y noviembre de 2022 cuando el mismo juez ordenó suspender el test de proporcionalidad y reactivar la consulta previa, aunque esta decisión ha sido apelada por el ministerio.
Jaime Álvarez, gerente social de BCC, dijo que desde la empresa le pidieron a la Dancp que se pronunciara al respecto para saber en qué estaba el proceso. Álvarez aseguró que la respuesta fue que el test quedó en firme porque la comunidad fue renuente a hacer la consulta. Consonante conoció la respuesta al oficio que presentó BCC y que es firmada el 2 de febrero por el subdirector de gestión de la Dancp. Según esta, el test de proporcionalidad queda en firme. Sin embargo, desde el Consejo Comunitario dijeron que no han sido notificados sobre esta decisión. Hasta el momento, la jefa de prensa de la Dancp no respondió cuál es el estado de este proceso.
A pesar del aviso que recibió BCC, en la práctica continúan los intentos por defender la consulta previa con la puesta en marcha de la comisión del Senado. Ese mismo día, el Ministerio de Agricultura pidió ser un tercer interviniente para ayudar, desde el lado del corregimiento de Cañaverales, en el proceso de seguimiento de la acción de tutela que puso el consejo comunitario contra BCC, el Ministerio del Interior, entre otros, y con la que buscaban proteger el derecho a la consulta previa.
Por ahora, el oficio que deja en firme el test de proporcionalidad ha sido difundido entre la comunidad de Cañaverales, pero sin un documento oficial, como una resolución sobre lo decidido, y sin haber avisado a las partes, no queda claro cuál es el proceso a seguir. Mientras que para BCC es el de aplicar el test y luego esperar la respuesta en la Anla, el de la comunidad es seguir insistiendo en la consulta previa.
Hace un año, el gobierno de Gustavo Petro lanzó ‘Caminos comunitarios para la Paz Total’, un programa liderado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) en el que las organizaciones de acción comunal (como juntas, asociaciones, asocomunales, entre otras) postulaban un tramo de una vía que estuviera en su área de influencia para que ellas mismas lo intervinieran con el fin de mejorarlo o rehabilitarlo. Ese era el primer gran paso para cumplir la directriz que Petro dio cuando recién fue elegido presidente: contratar la construcción de las vías terciarias del país con las Juntas de Acción Comunal (JAC).
La propuesta de que el Estado contratara con las JAC no era nueva ya que la ley lo permite desde 2012 por medio de los llamados ‘Convenios solidarios’; que son un mecanismo de contratación en el que ambas partes se unen para desarrollar proyectos o programas en beneficio de una comunidad. “Esos convenios son una apuesta desde la propia ley para que la comunidad participe de manera directa en la ejecución de proyectos dirigidos a satisfacer sus propias necesidades”, cuenta Alejandro Sarmiento, gestor de la subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente, la entidad rectora de la contratación en el país.
Uno de los propósitos de ‘Caminos comunitarios para la Paz Total’ es el de incentivar la participación comunitaria con el fin de “jalonar el desarrollo social”, según su página web . El programa también tiene como meta intervenir más de 33 mil kilómetros de vías, que equivalen casi a una cuarta parte del total de las vías terciarias que estaban en mal estado en el país hasta el 2018.
Las JAC son claves en ese sentido por ser organizaciones cívicas y comunitarias, sin ánimo de lucro, que tienen como fin atender las necesidades de las comunidades que representan a nivel veredal o barrial. Además, según el Ministerio del Interior, hasta 2018 fueron las responsables de construir el 30% de la infraestructura comunitaria en el país.
A ‘Caminos comunitarios para la Paz Total’ se inscribieron 29.350 propuestas de las más de 63 mil Juntas de Acción Comunal que hay en el país. Con corte a octubre del año pasado, según la rendición de cuentas de Invías, se suscribieron 557 convenios con organismos de acción comunal. Aunque según la página web del programa, se firmaron 1381 convenios, más del doble de lo que iba hasta octubre.
La apuesta del gobierno fue bien recibida por la acción comunal, viéndolo como una forma para fortalecer sus proyectos en el territorio. Pero en la ejecución de los convenios se han tropezado con exigencias como la de contar y digitalizar más de 18 documentos para participar en la convocatoria, los retrasos para girar los recursos y lo que los comunales consideran que es un desconocimiento de cómo funcionan sus organizaciones.
“La intención del gobierno es buena, pero en el terreno hemos encontrado mucho problema con los técnicos, con los abogados, con la intermediación de la corrupción, con el chantaje a las juntas y con la burocracia”, cuenta Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal.
"La intención del gobierno es buena, pero en el terreno hemos encontrado mucho problema"
Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal.
Lenin González; presidente de la Federación de Acción Comunal del Chocó, la organización que reúne a las juntas de acción comunal de todo el departamento; dice que desde el día uno vio con buenos ojos la propuesta del gobierno de contratar con ellos la construcción de las vías. “Acogimos la propuesta con ganas de trabajar”, afirma. Para él, esa fue la primera vez en la que sintió que un gobierno le daba importancia a las Juntas de Acción Comunal, más allá de la época electoral en la que suelen buscarlos por los votos que representan.
Pero los inconvenientes empezaron desde la postulación al programa. González dice que hubo juntas que no pudieron presentarse porque no estaban registradas ante el Ministerio del Interior y por lo mismo no contaban con personería jurídica, documento obligatorio para postularse a la convocatoria. Otras, por ejemplo, tuvieron dificultades para completar los 18 documentos que les solicitaban, entre los que estaban los estatutos actualizados, libros de afiliados, libros de tesorería y actas que debían escanear y subir a una plataforma.
Niria Brito, presidenta de la Federación de Acción Comunal de La Guajira, también escuchó quejas similares, una de las principales fue el desconocimiento y las barreras en temas digitales: “Para estar en la acción comunal lo único que se necesita es tener voluntad para servir, por eso muchos de nosotros no tenemos conocimientos de esa tecnología y de todos esos procesos que ellos estaban exigiendo. Ahora, si nosotros en lo urbano tenemos problemas de conectividad, imagínese nuestros compañeros en la ruralidad”.
"Si nosotros en lo urbano tenemos problemas de conectividad, imagínese nuestros compañeros en la ruralidad"
Niria Brito, presidenta de la Federación de Acción Comunal de La Guajira
Según ‘Caminos Comunitarios para la Paz Total’, de los casi 30 mil registros que hubo a la convocatoria, 6.112 no terminaron el proceso por falta de documentación. Para González, en el Chocó la falla principal es que no hubo un acompañamiento institucional en un proceso que, para ellos, era nuevo.
Después de que las propuestas fueron aprobadas y se firmaron los convenios con Invías, vinieron los problemas con la entidad. Comunales como Brito, de La Guajira, aseguran que hay un desconocimiento sobre cómo funciona la organización y eso ha impedido que la ejecución fluya de la mejor manera. “Si el presidente de la junta no está o no puede firmar, nosotros nos reunimos en asamblea y definimos otro dignatario para que lo haga, como lo permiten los estatutos, pero el asesor jurídico que manda Invías no quiere aceptarlo cuando esa fue una decisión que tomamos bajo nuestra estructura y normativa”, afirma.
Brito dice que desde la entidad les han pedido que, para aceptarles el documento, el presidente de la junta debe renunciar y que otro asuma el cargo, pero sienten que con esas exigencias los funcionarios de Invías se está extralimitando y vulnerando la autonomía que tienen como organización de acción comunal. “Ese es un choque que nos ha impedido avanzar”, asegura. Pero no es el único.
Cardona, de la Confederación Nacional, señala que los requisitos que ha impuesto Invías para ejecutar las obras también se han convertido en un “factor de perturbación” para llevarlas a cabo y ha coartado la libertad de la junta para moverse financieramente. Cuenta que uno de los requisitos es que el certificado de la cuenta a la que se va a girar la plata de las placas huellas esté firmado por un miembro de la junta y un funcionario de Invías.
“Esto, sumado a que la entidad sea la que ponga el interventor, me parece que ha enredado y complicado todo y ha abierto la puerta para que los mismos funcionarios chantajeen a las juntas. Tenemos denuncias de comunales a los que los funcionarios de Invías les imponen los contadores o los ingenieros por presión o porque de lo contrario la junta no pasa la interventoría”, comentó Cardona, pero no habló de ningún caso en particular ni dio nombres de funcionarios. “Esas son cosas que pasan y que seguro en el gobierno no saben, pero en el territorio sí se dan”, asegura.
A todo esto se han sumado los retrasos en el giro de los recursos para iniciar algunas obras. Julián Higuita, de la Federación de Acción Comunal de Antioquia, dice que las demoras se deben a que las mismas juntas no conocen los documentos que deben presentar para que les hagan los giros. “Debido a esto hay funcionarios técnicos de Invías que se aprovechan y cobran a las juntas para hacer los informes de avance”, cuenta.
"Hay funcionarios técnicos de Invías que se aprovechan y cobran a las juntas para hacer los informes de avance"
Julián Higuita, de la Federación de Acción Comunal de Antioquia
Para Niria Brito, de La Guajira, las demoras han significado un retraso en el pago de la deuda de dos millones de pesos que adquirieron con el fin de pagar las pólizas que les pedían para el convenio. También ha sido un factor de incertidumbre: “Pensábamos iniciar las obras en septiembre, pero no fue posible. No nos giraron, no sabemos por qué y ahora Invías nos dice que no han contratado a las personas con las que nos vamos a entender”.
Por ahora, la gran prueba del gobierno para contratar con las juntas no ha llenado las expectativas de los comunales. Aunque esta ha sido la más visible y pública, hay otros procesos, más pequeños, que están marchando con sus aciertos y desaciertos.
Antes del programa ‘Caminos comunitarios para la Paz Total’ hubo otra convocatoria dirigida a organizaciones de acción comunal. Su fin era financiar ollas comunitarias, por medio de alianzas público-populares, para garantizar la alimentación de personas afectadas por la ola invernal. El programa, encabezado por la Unidad de Gestión del Riesgo, fue criticado por los comunales porque hubo fundaciones que, en lugar de ser facilitadoras, se convirtieron en contratistas o terminaron manejando la logística de las ollas comunitarias.
Así lo denunciaron varios líderes de Juntas de Acción Comunal en la subregión de La Mojana en la costa Caribe. Por esto, y porque decían haber recibido elementos de mala calidad, decidieron parar la ejecución del proyecto. Algo similar pasó en La Guajira, Niria Brito resaltó el papel que tuvieron las fundaciones y que los terminó desplazando de la contratación: “Necesitamos que no sean terceros los que manejan estos contratos, que sean las organizaciones de la sociedad civil. De lo contrario, se pierde el sentido de lo comunitario”, dice.
"Necesitamos que no sean terceros los que manejan estos contratos, que sean las organizaciones de la sociedad civil"
Niria Brito, presidenta de la Federación de Acción Comunal de La Guajira
Otras ollas comunitarias también pararon, pero esta vez por retrasos en el pago. María Stella Valencia, quien estuvo al frente de la olla comunitaria del barrio Santana en Quibdó– Chocó–, cuenta que la ejecución del proyecto inició alrededor de julio, tenía una duración de tres meses, pero no se ha terminado porque el último giro, que lo esperaban entre septiembre y octubre, no ha llegado. Aunque Valencia dice que la suspensión fue una decisión tomada en una asamblea de la Junta de Acción Comunal y fue consecuencia de los manejos internos que ha tenido Gestión del Riesgo, la imagen de los líderes es la que termina afectada porque son ellos los que ponen la cara a la comunidad y a los que responsabilizan de la ejecución.
“Desde el año pasado estoy esperando el desembolso. El proceso ha sido traumático para nosotros porque, cuando el proyecto se demora en reiniciar, la comunidad empieza a pensar que nos robamos los recursos y es la imagen de la junta la que queda en entredicho. La gente desconoce que esto es por procesos internos de la entidad y no nuestros”, dice Valencia. A pesar de eso, resalta lo que significó el proyecto: darle dos comidas diarias a 150 personas todos los días durante dos meses.
La petición de la acción comunal se resume en lo que dice el presidente de la Federación de Acción Comunal del Chocó, Lenin González: “Necesitamos que el Estado sea más efectivo”. Por ejemplo, el proceso que para ellos puede replicarse es el de la Red Nacional de Brigadas Forestales, una iniciativa del Ministerio de Ambiente junto con la Unidad de Gestión del Riesgo, que vincula a las Juntas de Acción Comunal para prevenir, monitorear y responder de forma más inmediata a los incendios forestales.
"Necesitamos que el Estado sea más efectivo"
Lenin González, presidente de la Federación de Acción Comunal del Chocó
“Mis respetos para el trabajo que está haciendo el Ministerio de Ambiente; nos ha capacitado, ha facilitado el proceso y lo más importante, dignifican a los comunales porque también les dan unos honorarios por el trabajo que están haciendo”, dice Julián Higuita, de la Federación de Antioquia. Hasta finales de 2023, había unas 80 brigadas en 24 departamentos integradas por más de mil personas.
Para Cardona, de la Confederación Nacional, el éxito de las brigadas con el Ministerio de Ambiente se debe a que los requisitos para participar en esta fueron construidos de forma conjunta. “El problema de algunas ofertas del gobierno es que fueron lanzadas sin contar con la estructura comunal de la confederación, las federaciones y las asociaciones municipales y sólo nos llaman cuando hay problemas que quieren que resolvamos”, manifiesta.
Por eso la propuesta de Cardona es que el diálogo con la acción comunal se dé antes de lanzar un programa para que pueda llegar a los territorios y ejecutarse de la mejor forma sin poner en riesgo a sus representantes. Cardona explica que este punto es clave porque la acción comunal es una de las más victimizadas y corre mayor riesgo cuando son los responsables de ejecutar proyectos o manejar presupuestos. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de los 188 asesinatos de líderes sociales que hubo el año pasado, las organizaciones comunales pusieron el mayor número: 50.
A pesar de los tropiezos, desde la acción comunal dicen estar dispuestos a seguir en el proceso y abrirse a otros campos como el manejo del Plan de Alimentación Escolar (PAE), llevar conectividad al campo y desplegar programas de prevención en salud en los territorios, como lo ha propuesto el presidente.
*Consonante solicitó una entrevista con el Instituto Nacional de Vías (Invías) para hablar sobre el proyecto ‘Caminos comunitarios para la Paz Total’, pero hasta el momento de publicar esta historia no habían contestado las preguntas enviadas.
