Por qué es importante
En Santa Ana, según el plan de desarrollo municipal 2020-2023 el déficit habitacional en 2019 era de 694 viviendas, que equivalen al 10,02 por ciento de la población. Es ese documento, la administración de Wuillman Antonio Bermúdez Silvera reconoce que la falta de vivienda se concentra en la zona rural donde se crearon invasiones "por lo que será necesario adelantar un programa de legalización y formalización que permita mejorar las condiciones de habitad de familias en un alto grado de vulnerabilidad", se lee en el texto.
Qué está pasando
Cerca de cien familias viven en la Urbanización Villa del Rosario pero no tienen el servicio de agua, luz ni gas domiciliario. En mayo cumplieron un año de haberse tomado las viviendas que recibieron del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Villa del Rosario. Según los beneficiarios, decidieron habitar las casas, que no les fueron entregadas de manera oficial, porque necesitaban un lugar para vivir. Entre los habitantes de la urbanización hay víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.
Los detalles
El proyecto Urbanización Villa del Rosario fue realizado a través de un convenio que firmó la Alcaldía con el Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda. Según el documento, la Alcaldía aportó el predio donde se construyó la urbanización, y Fonvivienda se comprometió a desembolsar los recursos necesarios para construir hasta 100 viviendas que serían entregadas a modo de subsidios en especie para personas en pobreza extrema, desplazados o habitantes de zonas consideradas de alto riesgo.
En el acuerdo suscrito con el Fonvivienda, la alcaldía de Santa Ana se comprometió a apoyar la socialización del proyecto con la comunidad, acompañar el proceso de entrega de redes de servicios públicos domiciliarios, y verificar que se realizara el proceso de desenglobe catastral de las viviendas construidas. Antes del inicio de la obra, la administración municipal debía construir la vía de acceso al proyecto y la conexión al alcantarillado. Una vez terminada la construcción, la alcaldía no solo debía asumir la custodia y vigilancia de las viviendas una vez fueran entregadas por el ejecutor del proyecto, que en este caso fue Colpatria, sino entregar las viviendas así como acompañar varias actividades comunitarias como la elección de la Junta de Acción Comunal y la primera Junta de Copropietarios.
Cada vivienda del proyecto costó 55,4 millones de pesos, unos 67 salarios mínimos a costo de 2019. El constructor fue Ticom SA y realizó las viviendas en el marco de un contrato firmado entre el Fonvivienda y el Consorcio Alianza - Colpatria.
El convenio fue firmado en 2017 y debía ser ejecutado en 24 meses. Sin embargo, en 2019 la obra todavía no estaba lista. Finalmente, entre mayo de 2020 y marzo y abril del año pasado, el Ministerio de Vivienda asignó 82 subsidios de vivienda en la Urbanización Villa del Rosario. Por esa razón, los beneficiarios decidieron ocupar las casas en mayo a pesar de que muchas estaban en mal estado y no cumplían las especificaciones del proyecto.
Karina Peñalosa, una de las habitantes de la urbanización, dice que habitó la vivienda sin estar terminada la obra porque no tenía otra opción. “En mi caso soy víctima del conflicto armado y soy desplazada. Estaba viviendo en una casa alquilada y ya el propietario me la había pedido. Por eso decidí que si ya había salido beneficiada era mejor recibirla y mudarme”. Karina recibió su casa sucia, y con las tuberías del acueducto tapadas con concreto. Cuenta que le tocó pagar para que le arreglaran la tubería y poder tener agua potable para sus necesidades básicas.
“No encontramos ninguna clase de servicios: no había luz ni agua. Todavía tenemos esa problemática del gas y estamos comprando la bombona y somos de bajos recursos. Cada una nos sale en 80 mil pesos”.
Karina Peñalosa, habitante de Villa del Rosario.
Hoy, su principal problema es que aún no cuentan con los títulos de propiedad. Pero los beneficiarios también se quejan de que el predio es considerado estrato 2. Esto, a pesar de que l artículo 17 de la ley 1537 de 2012 que resuelve que "se considerarán como estrato socioeconómico uno las viviendas de interés prioritario durante los diez (10) años siguientes al registro de la adquisición de la vivienda en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos".
A la incorrecta estratificación de las casas actualmente se suma la inseguridad que enfrentan en el barrio. Solo el último mes se conocieron tres casos de hurto.
Qué dice la gente
Algunas personas de la comunidad están conformes con las viviendas entregadas, mientras otras consideran que es importante que les entreguen, al menos, las escrituras. Además, dicen que necesitan seguridad, una vía de acceso y mejores condiciones, en general, en el barrio.
Lo que sigue
Las y los habitantes de la Urbanización Villa del Rosario continúan a la espera de recibir la información que los acredite como dueños, así como una carta por parte de la adminstración municipal con la que puedan exigirle a Afinia la nueva estratificación del predio en estrato 1.
Por qué es importante
Los estudiantes sufrieron dos años de intermitencia escolar debido a la pandemia de Covid-19, y esta nueva interrupción profundiza el rezago escolar acumulado. Además, la comunidad de Mumbú está compuesta por familias desplazadas que han retornado paulatinamente al territorio luego de una incursión paramilitar en 2002. Hoy, cerca de 50 familias han regresado e intentan reconstruir sus vidas en el corregimiento ubicado a media hora de la cabecera municipal de Tadó.
Qué está pasando
En Mumbú, nueve niños y niñas, de entre 4 y 12 años, aún no han podido comenzar el año escolar. La Secretaría de Educación no ha enviado un profesor que acompañe a los estudiantes de primaria que no han recibido una sola hora de clases en lo que va del año.
Sin embargo, los problemas para estudiar en Mumbú vienen de tiempo atrás. El año pasado los estudiantes del corregimiento tuvieron que recibir las clases en la caseta comunal, porque la sede de la escuela está abandonada: no tiene ventanas, el techo se está cayendo y no hay un solo pupitre donde sentarse. Para adaptar la caseta fue necesario que Carlos Copete, rector de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro a la que pertenece la escuela, se encargara de instalar un tubo provisional para que la estructura por lo menos tuviera agua. Aún así, el profesor que se encargaba de las clases de primaria solo iba unos días sí, y otros no. En noviembre dejó de asistir por completo.
Carlos Copete, rector de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro, a la cual pertenece la escuela de Mumbú, explica que la asignación de un profesor para los estudiantes le corresponde a la Secretaría de Educación departamental. Afirma que a inicios de año no se abrió la matrícula por falta de estudiantes, pero que tenía previsto trasladar una docente de Guarato a Mumbú. “Luego vinieron con cinco niños matriculados”, cuenta el rector quien asegura que ya se están realizando las diligencias para que la escuelita de Mumbú vuelva a funcionar. “Yo he estado muy interesado en la situación de la falta de maestros pero no soy ente nominador, hablé con el secretario de Educación departamental, se investigó en el SIMAT y de hecho aparecen 6 niños matriculados, lo cual es viable para enviar un docente que probablemente se asigne para el segundo semestre del año lectivo”, dice Copete.
Qué dice la gente
En la comunidad mumbuseña la mayor preocupación, además del atraso en materia de educación, es la cantidad de tiempo libre que tienen los niños que no están asistiendo a clases. Los padres de familia creen que pueden adquirir malos hábitos e, incluso, perder las ganas de volver a estudiar.
¿Por qué es grave?
Arturo Charria, exsecretario de educación de Cúcuta y experto en pedagogía, explica que la intermitencia en la educación de los niños y niñas de Mumbú es preocupante por varios motivos. “No solamente es este año, con la pandemia se podría decir que son más de dos años de educación interrumpida”, aclara. Charria enumera tres razones para entender la gravedad de esta situación:
1. Se está vulnerando su derecho a la educación
La falta de una sede en buenas condiciones y un profesor o profesora encargada, lleva a que los nueve niños de primaria se les esté respetando el derecho a la educación consagrado en la Constitución de 1991. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”, explica el experto.
2. Profundiza los problemas de aprendizaje
“Hay etapas para aprender ciertas cosas, en términos de motricidad, lenguaje, habilidades socioemocionales que no se pueden aprender el siguiente año. No funciona así”, dice Charria, quien asegura que la educación en primera infancia es fundamental para el buen desarrollo de los niños y niñas.
“Si a un niño no se le fortalecen ciertas habilidades de movilidad gruesa, trabajos con el hombro, el codo y la muñeca, luego no va a tener la fuerza para agarrar el lápiz o para poderlo sostener durante periodos de tiempo más largos. Y eso no se logra simplemente aprendiendo a jugar en el parque o con los primos. Son ejercicios que van de la mano con la motricidad fina de la escritura. Perder eso a una temprana edad implica que el niño más adelante va a tener problemas de lectoescritura y espacialidad”, ejemplifica.
Asegura también que es fundamental trabajar el lenguaje desde temprana edad. “Cuando no se está en el colegio, el vocabulario no aumenta. Las palabras son fundamentales para nombrar el mundo y tener una comprensión de él. Es una pérdida que hace que su comprensión del mundo sea más limitada. Si no sabemos nombrar las cosas, no existen”, dice. “Eso pasa cuando hay educación interrumpida”.
3. Aumentan los factores de riesgo
Además de los atrasos en educación, el contexto también puede agravar la situación de los niños. La escuela es un lugar seguro para los niños y niñas. Charria asegura que cuando los estudiantes están por fuera de las aulas de clase aumenta su exposición al trabajo infantil, la violencia intrafamiliar y a las dinámicas de un entorno con economías ilegales. Todo esto puede poner en riesgo la condición física de un niño.
Lo que sigue
La Secretaria de Salud intensificó esta semana la búsqueda puerta a puerta de las personas que aún no tienen la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19. Aunque en San Juan del Cesar el 75 por ciento de la población ya tiene el esquema de vacunación completo, a las autoridades les preocupa el 33 por ciento de quienes no tienen la tercera dosis. La estrategia parte de la alerta que hizo el Ministerio de Salud a partir del incremento en los casos de coronavirus y el aumento de infecciones respiratorias agudas en varias ciudades del país. Hasta la fecha San Juan del Cesar tiene 5.600 contagiados de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.
“Sabemos que hay gente contagiada pero no hay cifra real porque no se están haciendo pruebas. Con el equipo PRASS hacemos pruebas aleatorias para ver cómo está actuando el virus”, explica López sobre los casos nuevos en el municipio. “El monitoreo lo estamos haciendo a través de las EPS y EPSI vacunadoras que nos reportan el avance que van teniendo día a día de la vacunación”, añade. Ante esta situación, la Alcaldía ha hecho un llamado a seguir portando el tapabocas, principalmente en espacios cerrados como los colegios donde ya se han presentado casos.
El pasado 15 de junio, el Ministerio del Interior citó en Bogotá a funcionarios de la Alcaldía para hablar sobre la aplicación del test de proporcionalidad sobre el proyecto minero que se desarrollaría en Cañaverales. Esta es una herramienta que tiene el Estado para desarrollar la consulta previa sin vincular necesariamente a las personas afectadas. Se aplica cuando no se logra un acuerdo entre la comunidad étnica y la empresa Best Coal Company (BCC), en este caso. Sin embargo, Rosa María Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, cuestiona que se tome esta medida cuando los habitantes de Cañaverales han mostrado disposición para el diálogo y han exigido que se les entregue toda la información sobre la licencia minera.
Por su parte, el Ministerio del Interior confirmó que ahora será la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado quienes evalúen si ha habido disposición al diálogo. Además, los funcionarios fueron enfáticos en que la comunidad no permitió que se diera el proceso de consulta. Johana Daza, personera del municipio, dijo que como autoridades locales deberán garantizar que se escuche la voz de Cañaverales y que el próximo 28 de junio se iniciarán las visitas de la Procuraduría, la Defensoría y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entre otras entidades, al corregimiento para verificar las afectaciones en la naturaleza y la comunidad que generaría la mina. “Vamos a denunciar y presentar nuevamente las quejas disciplinarias que correspondan y vamos a solicitar a Naciones Unidas, que han participado en varias etapas del proceso, se pronuncien y hagan un llamado de respeto a las garantías”, dice Mateus.
La comunidad de Cañaverales ha exigido que se entregue información sobre el proyecto minero de BCC antes de sentarse a dialogar. El Tribunal Administrativo de La Guajira amparó su derecho a la información y hace un mes recibieron una caja con toda la información del proyecto. El consejo comunitario afro Los Negros de Cañaverales, quien lidera la oposición a la mina, es el único que hace falta por desarrollar la consulta previa de los nuevos consejos que se verían afectados por la explotación de carbón.
Con el decreto de ley seca comenzaron los preparativos para las votaciones del próximo 19 de junio en San Juan del Cesar. A través del decreto 040 del 13 de junio del 2022, el alcalde Álvaro Díaz ordenó que desde las 6:00 pm del sábado 18 de junio hasta el mediodía del lunes 20 de junio se aplicará esta medida. Por otra parte, la Registraduría municipal tendrá habilitadas 104 mesas, distribuidas en 28 puestos de votación, ubicados en la zona urbana y rural.
Ena Loperena, directora de Equidad y Género de la Organización Wiwa Golkushe Tayrona del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, alertó a través de un comunicado sobre los casos de violencia de género y las amenazas a líderes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su pronunciamiento se dio después de que se conociera sobre el asesinato de Maritza Loperena Nieves, artesana y lideresa wiwa, en su casa ubicada en la vereda Piñoncito del corregimiento de Caracolí. El hecho se da seis días después de haberse desarrollado la Mesa de Trabajo Interinstitucional para la implementación y seguimiento de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger al pueblo wiwa.
“Esperamos que las autoridades occidentales se apoderen de este caso, de este feminicidio, pero nosotros como pueblo indígena también tenemos que ponernos a trabajar ritualmente para que no se sigan presentando estos casos y así proteger a las mujeres que están en los pueblos y comunidades”, dice Ena Loperena. Aunque todavía las autoridades están estableciendo quiénes son los responsables, el coronel Gabriel García, comandante de la Policía departamental, asegura que no encontraron antecedentes familiares o que pudieran estar vinculados a grupos armados organizados. Este es el tercer hecho violento que se presenta en menos de un año contra una mujer wiwa. En noviembre de 2021, Loperna denunció amenazas de muerte en su contra.
Un grupo de 10 emprendedores sanjuaneros fueron elegidos para ser financiados por el Ministerio de Ciencias, la Gobernación de La Guajira y la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, en el marco de la Reactivación Turística de La Guajira. Inversiones Murillo Giovannetti SAS, Wiwa Travel & Adventures, Las Tres J Restaurante, Eclipse Bar Restaurante, Sazón Caracolicero, Asociación Turística El Totumo, asadero y restaurante Con Mucho Gusto, Saraje SAS, Asociación de Administradores Turísticos y Recreativos Cañaverales (Cañatur) y Villa Edem San Juan son los beneficiados.
En San Juan del Cesar, el turismo se ha convertido en uno de los sectores de interés para reactivar la economía después de la pandemia y mejorar los ingresos de los habitantes de la zona rural y urbana del municipio.
Este domingo, la Registraduría instalará 20 mesas distribuidas así: 15 en la cabecera municipal y otras cinco en 4 corregimientos El Piñon, Guaduas, La Mansa y El 18. En el municipio hay un potencial de 6013 votantes de los cuales votaron 3341 en la primera vuelta presidencial (sin contar los votos nulos).
En cuanto a las campañas de los dos candidatos, en los últimos días se sintió la “Rodolfoneta” en el municipio con una caravana de cierre. Sin duda, el movimiento de apoyo a Rodolfo Hernández cobró fuerza después de su triunfo en la primera vuelta, cuando se convirtió en el candidato más votado en el municipio con 1.251 votos a su favor, por encima de Federico Gutiérrez (1.054 votos) y Gustavo Petro (908 votos). El Carmen fue el único municipio del Chocó en el que no se impuso Gustavo Petro.
Después de que la comunidad enviara una solicitud a la alcaldía pidiendo la instalación del alumbrado público en los sitios públicos de la vereda como la cancha de micro, el salón comunitario, la escuela y la capilla, esta semana se inició la instalación de varios postes de energía a lo largo de la vía de acceso a la vereda. El proceso comenzó el miércoles cuando cuatro trabajadores del Grupo EPM, encargado del alumbrado público en el municipio, se acercaron a la comunidad para pedir permiso para ingresar a los predios e instalar y adecuar los postes en la entrada de El 5. Según la secretaría de Planeación, esto hace parte de un proyecto de la administración para llevar el alumbrado en un sector de las veredas La Arboleda y La Argelia.
A pesar de que la comunidad ha celebrado la gestión, algunos líderes lamentan que solamente se esté haciendo en la vía pública y no en los sitios donde había solicitado el servicio. Además dicen que aún no entienden por qué se les cobraba el servicio sin tener una sola lámpara instalada en la vereda. Francisco Higuita, presidente de la junta de acción comunal de la vereda, asegura que no tiene información clara frente al proyecto y dice que la alcaldía debería socializar este tipo de acciones antes de su ejecución “para tomar mejores decisiones”.
Dieciocho niños de la selección de El Carmen disputaron el torneo BabyFutbol que se inició el sábado 11 de junio en Andes, Antioquia, y contó con la participación de equipos de los municipios de todo el suroeste antioqueño. El equipo compitió en el grupo A junto con Minas Amaga, Tarso, Támesis y Ciudad Bolívar, y llegó hasta cuartos de final. “Los niños fueron muy disciplinados y varios de los integrantes de Veredas como la Argelia, Habita y el Pueblo de la Memoria histórica, mostraron su liderazgo” expresó el entrenador del equipo Johan Gandhi Palma.
Por su parte, 10 niñas de El Carmen participaron en la Segunda Parada Deportiva del Suroeste Antioqueño, un evento deportivo que contó con la participación de 203 patinadores y deportistas de Amaga, Ciudad Bolivar, El Carmen de Atrato, Hispania, Jardín, La Pintada, Pueblorrico, Tarso y Andes. Evelyn Cárdenas Franco y Luciana Soto Patiño lograron el menor tiempo en la parada de patinaje dirigida por ASDESA. Ambas deportistas ya habían participado antes en otras competencias en municipios cómo Tarzo, Venecia, y por segunda vez en Andes, Antioquia.
Eucaris, Esteban, Olga y Roberto le contaron a Consonante los secretos para la preparación del chorizo carmeleño, un embutido que cautiva los paladares de los habitantes y los visitantes de la región.
Un grupo de 100 mujeres, principalmente lideresas, de los municipios del sur de La Guajira y de la zona rural y urbana de Fonseca, recorrieron este sábado 11 de junio algunas calles del pueblo hasta el comando del Pacto Histórico para mostrar su apoyo a las ideas impulsadas por Gustavo Petro y Francia Márquez, en el marco del cierre de campaña previo a las elecciones del próximo 19 de junio. Los simpatizantes y líderes transportistas también hicieron una caravana de carros y motos el pasado 12 de junio. “Rechazamos las declaraciones que dio el candidato Rodolfo Hernández de que las mujeres deben de estar en la casa y no liderando. Nuestro candidato Gustavo Petro está impulsando el voto y el empoderamiento femenino”, dice Sara Olivero, promotora de la campaña de Petro.
Mientras tanto, aunque la campaña de Rodolfo Hernández había pasado desapercibida para la primera vuelta, esta vez los seguidores del candidato Rodolfo Hernández hicieron una campaña intensiva puerta a puerta con los comerciantes, líderes políticos y algunas familias reconocidas del municipio. "Se han venido sumando varios sectores del comercio, algunos ganaderos y movimientos políticos del municipio y eso ha influido en la reactivación de la segunda vuelta", dice Jazen Suárez, promotor de campaña de Hernández. Además, a diferencia de la primera vuelta, esta vez los promotores de la campaña instalaron un comando para centralizar las acciones de propaganda y garantizarán testigos electorales en los puntos de votación. En segunda vuelta esperan sacar de 6.000 a 7.000 votos, dice Suárez.
¿Cómo será la logística este domingo?
Para la segunda vuelta presidencial, la Registraduría municipal tiene habilitados los mismos puntos de votación de la primera vuelta: cuatro puntos en la zona urbana y ocho en el área rural. Se espera que en estas elecciones participen alrededor de 30 mil personas, tres mil votantes más de los que participaron en las de 2018.
Durante la rendición de cuentas del Hospital San Agustín este 13 de junio, Nayib Cuesta Solano, enfermero y coordinador del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), destacó que hasta la fecha más del 78 por ciento de la población tiene el esquema de vacunación completa y el 43 por ciento cuenta con la primera dosis de refuerzo. “Hoy podemos hablar tranquilamente sin tapabocas porque cumplimos con los requisitos hace mucho tiempo. Eso no lo pueden decir ni siquiera algunas capitales de departamento”, dice Cuesta. El anuncio de Cuesta Solano es importante teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud advirtió que el país se está acercando a un quinto pico de Covid-19 e invitó a la ciudadanía a tener precauciones ahora que se acerca la temporada de vacaciones.
Por su parte, Yelitza Ayala Redondo, gerente del centro médico de primer nivel, detalló que en este momento la institución tiene seis proyectos de infraestructura aprobados por cerca de 50 mil millones para ”reposición de la sede física” de la planta principal y los puestos de salud de 1ro de Julio, del resguardo de Mayabangloma, Los Haticos, Sitio Nuevo y Conejo. “Estamos a la espera de que lleguen esos recursos para toda la comunidad fonsequera”, agregó.
Acá puede encontrar los videos de la rendición de cuentas, en la que estuvo el alcalde Hamilton García Peñaranda, los secretarios de Desarrollo Social y Planeación y algunos ediles del municipio.
Martha Iguarán Daza, directora de Air-e en La Guajira, inauguró el pasado 14 de junio la nueva infraestructura eléctrica en el barrio Villa Amistad, en El Hatico. Alrededor de 60 familias recibieron la instalación de tres transformadores, 25 postes y 2.1 kilómetros de nuevas redes eléctricas de media y baja tensión. Con el nuevo equipamiento, en el que la compañía invirtió 93 millones de pesos, la comunidad espera que mejore el servicio de energía que presta en esa zona del corregimiento. La infraestructura en mal estado ha sido uno de los argumentos de Air-e ante los cortes inesperados de energía en Fonseca.
La comunidad reconoció que con esta inversión han visto mejoría en la baja tensión que ha dañado sus electrodomésticos y los apagones. Sin embargo, durante el evento algunos habitantes cuestionaron a la gerente Daza por el alto costo de las facturas a pesar de que sus casas no tienen contador. “La gerente nos dijo que convocaramos una reunión para este 24 de junio para solucionar esa inquietud, porque si no teníamos medidores, transformadores ni línea, cómo nos llegaban facturas y un día cualquiera apareció una planilla con personas con deuda de energía”,dice Erlinda Ortiz, secretaria de la Junta de Acción Comunal de El Hatico.
El pasado 12 de junio, fueron seleccionados los primeros 20 jugadores del municipio que serán entrenados en las Escuelas Deportivas para Todos, una iniciativa desarrollada en alianza por la Fundación Luis Díaz y el Ministerio del Deporte para formar a 450 niños, niñas y adolescentes de La Guajira que puedan alcanzar el talento del delantero nacido en Barrancas. El proceso de selección se hizo en la vereda Los Toquitos, en jurisdicción de Almapoque, donde 30 jóvenes jugaron partidos de fútbol para ser escogidos por su desempeño en la cancha. En las nueve escuelas que se conformarán en Barrancas y Fonseca, los seleccionados recibirán clases, uniformes y balones, cuenta Luis Guillermo Quintero, profesor del Club Semilleros, escogido para ejecutar el proyecto en el municipio.
“Aquí en la vereda tenemos unos jóvenes que se les ha denominado ‘Generación Águila’, quienes han tenido la bendición de ser parte de este gran proyecto que nos da una esperanza de ver realizado los sueños, muchos truncados por la falta de apoyo por parte del Estado y la escasez de recursos de sus padres”, dice Sobeida Diaz, lideresa social de la zona veredal de Almapoque. Por su parte, Yeison Enrique Díaz, uno de los jóvenes escogidos, cuenta que: "Este año en febrero debía ir a México, lamentablemente la situación económica de mis padres no me permitieron tener esa oportunidad de jugar en el exterior”. “Tenemos muchos talentos en Fonseca y en las zonas rurales pero es triste ver que no hay apoyo para seguir avanzando”, agrega. El proceso de eliminatorias continuará en el corregimiento de Conejo.
Después de recibir quejas de pobladores por el deterioro ambiental, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) llegó esta semana hasta las veredas Puerto López y Las Colonias, donde ordenó la suspensión de dos minas de extracción de barita que trabajaban sin los permisos necesarios y las licencias ambientales establecidas por ley. “Tenían poco tiempo de estarse desarrollando y a pesar de ser una extracción manual ya se evidenciaba daño a los recursos naturales y a la salud: socavaciones, los trabajadores estaban sin implementos y había árboles caídos y otros con raíces descubiertas derivado de las excavaciones”, dice Estela Freile, directora Territorial de Corpoguajira para el sur del departamento. En las próximas semanas, asegura Freile, van a intensificar la pedagogía en la zona rural de Fonseca para informar sobre los requisitos para estas actividades y generar conciencia ambiental en los niños y niñas.
El Hospital San José de Tadó reportó un promedio de 54 casos positivos de paludismo en las últimas cuatro semanas, una cifra que representa un aumento significativo pues —según Luis Tirson Domínguez, encargado del laboratorio del hospital— normalmente se registran entre 25 y 30 casos en ese periodo de tiempo. La mayoría de enfermos está en la zona rural. Así lo comprobó el equipo del centro médico después de hacer una brigada de salud en esa parte del municipio esta semana.
¿A qué se debe el aumento? Tirson Domínguez explica que es normal que se presenten casos de paludismo en el departamento pues es una enfermedad endémica en la región, pero el aumento de las lluvias, el mal manejo de los residuos, el bloqueo de los caños y el poco lavado de los recipientes donde se alberga agua podrían estar causando el incremento. El especialista hace un llamado para que la gente se acerque al centro médico y se haga una prueba para identificar el tratamiento adecuado pues hay dos tipos de parásitos que causan esta enfermedad. Esto, teniendo en cuenta que muchas personas se tratan los síntomas con medicina tradicional en sus casas. “Actualmente la estoy combatiendo con plantas medicinales, plantas amargas como el saúco, el varejón y el venadillo”, cuenta Lia Copete, habitante del municipio.
Para combatir la enfermedad, desde la secretaría de Salud y Educación iniciarán unas charlas de sensibilización. “La Secretaría Departamental nos está ayudando con la asistencia técnica en los pozos y las letrinas”, agrega Michael Mosquera, secretario de Salud y Educación.
Las autoridades municipales están preparadas para la jornada electoral de este 19 de junio. Así lo confirmó, Jhonas Copete, registrador municipal, quien explicó que en Tadó habrá 42 mesas de votación, 25 en la cabecera municipal y 17 en los corregimientos, y hay 13.830 personas aptas para votar. Sin embargo, hay alerta por posibles hechos violentos.
Según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo hay nueve municipios del Chocó donde existe una alta probabilidad de ocurrencia de actos violentos por parte de grupos armados ilegales con afectaciones graves a la vida, integridad y seguridad de las personas el día electoral. Aunque Tadó no es uno de ellos, las autoridades municipales activaron sus planes de seguridad. Yussi Samira Asprilla, secretaria de Gobierno municipal, afirma que este domingo “la fuerza pública estará cubriendo todos los corregimientos y veredas para que todos los ciudadanos puedan ejercer su libre derecho al voto: además activaremos el decreto de ley seca de acuerdo con lo estipulado por el Ministerio del Interior”.
En el municipio hay un ambiente de tensión. Las campañas se han dado sin mayores protagonismos ni con grandes despliegues; solo se han escuchado publicidades en mototaxis de ambos candidatos. Al parecer, nadie quiere hacer muy explícita su candidato de preferencia por temor a los resultados. “Colombia ya no está para hablar de izquierda o derecha si no que tengamos todos una visión de paz; invito a todas la población votar a conciencia para que después no estemos lamentándonos, respetemos los resultados de estas elecciones gane quien gane”, comenta Jhon Jairo Aguirre.
Del 13 al 17 de junio, la Secretaría Departamental de Educación y la Fundación Soluciones de Vida avanzaron en los preparativos para el regreso de jóvenes, adultos y adultos mayores a las aulas el próximo 4 de julio, luego de que el programa permaneciera suspendido tres años. “Estoy muy contenta. Esperé mucho tiempo para terminar mis estudios de bachillerato y así poder iniciar a estudiar una carrera. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero me gustaría estudiar enfermería”, dice Wendy Mayerli Minota Copete, una de las estudiantes matriculadas.
Esta semana, la Fundación Soluciones de Vida –corporación contratada por la Secretaría Departamental de Educación para ejecutar el programa,–contrató a los docentes quienes serán los encargados de dictar las clases en las cuatro instituciones educativas del municipio, hizo la caracterización de los matriculados, abrió nuevos cupos y preparó el material con el que se va a trabajar el próximo semestre. Según Francisco Asprilla, director de la fundación, se implementará una metodología de horarios flexibles, “semi presencial y a distancia, de acuerdo a las condiciones de los estudiantes”, asegura. Hasta el 18 de mayo se habían matriculado 338 estudiantes en los seis ciclos de primaria y secundaria, pero el miércoles, en una jornada de inscripción se sumaron 50 más. Solo falta definir con los directivos de las instituciones educativas las jornadas y los horarios de los estudiantes, que está mediado por la capacidad de las instituciones y la disponibilidad del servicio de energía.
Por qué es importante
La Junta está en el mapa turístico del Caribe por ser la cuna de Diomedes Díaz. Después de la muerte del cantante de vallenato en 2013, miles de turistas colombianos y extranjeros visitan el pueblo para conocer sobre la vida de Díaz. La mayoría de los atractivos turísticos del corregimiento han sido creados por los propios habitantes. El parque El Cacique es la primera gran inversión que la alcaldía hace en La Junta para impulsar el turismo y, en consecuencia, mejorar la economía de sus habitantes.
Qué está pasando
En el centro de La Junta se erige una estatua de Diomedes Díaz de cuatro metros de alto, rodeada de calles polvorientas. La estatua, de resina y metal, es el principal símbolo de lo que será el parque El Cacique, una obra en honor al fallecido cantante vallenato que nació en este corregimiento hace 65 años, y en la que se han invertido 2.700 millones de pesos. Pero el paisaje alrededor de la estatua no se parece al de una obra que está ad portas de ser inaugurada: las sillas de concreto están sin espaldar, las zonas verdes son pedazos de pasto que ha crecido por las lluvias de las últimas semanas y tienen algunas plantas sembradas por la comunidad, y, en las noches, la estatua y los 32 triángulos de piedra pegados al suelo que representan los CD’s que grabó Díaz en vida permanecen en total oscuridad.
El problema de la obra no solo es que no corresponde a los planos del proyecto, sino que la estructura tiene fallas evidentes. En La Junta, la gente dice que la plata que se invirtió no se ve y que los materiales utilizados fueron de mala calidad. Fidelia Ariza, fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento, ha denunciado varias veces que la obra tiene serias fallas. A inicios de abril pasado, Ariza compartió por Facebook y Whatsapp un video en el que caminaba por el parque a medio terminar. “Solamente piso y miren lo fácil que es despegar las baldosas del Parque El Cacique. El material es más arena que cemento. Miren, sigo caminando y el piso tiene movimiento”, dice Ariza mientras levanta con facilidad los cuadrados de losa.
En ese momento, la fiscal de la JAC también denunció que la obra no tenía canales para las aguas lluvias, los jardines que aparecían en los planos no se veían por ninguna parte y tampoco funcionaban los baños construidos. “Yo me tomé el atrevimiento de hacer un video porque al ver una obra y la magnitud de dinero que fue invertido ahí, para nosotros ha sido poco comparado con lo que era Diomedes Díaz. Si es un parque en honor a él no le vemos la verdad el dinero ni la calidad. Hubieran podido hacer algo mejor”, dice Ariza.
Sin embargo, está previsto que la alcaldía inaugure el nuevo parque este mes. En estos días se ven algunos obreros caminando alrededor de la estructuras “afinando detalles”. Hace poco terminaron la construcción de la estructura de ladrillo donde funcionará la cafetería y los baños. Hasta ahora, quienes más le sacan provecho al parque son los niños y niñas de La Junta que juegan en el parque infantil. La Alcaldía de Hatonuevo, como contratante, dice que la obra está al 97 por ciento terminada y solo hace falta el certificado de Air-e sobre las instalaciones eléctricas del alumbrado público.
El proyecto
Los planos del parque El Cacique incluían baños con un pozo séptico, zonas verdes, una cafetería, sillas con espaldar, dos cicloparqueaderos, instalación de luminarias, canecas de basura, una cicloruta, y un parque con gimnasio, juegos infantiles y piso de caucho. Surgió de una iniciativa que presentaron en 2019 los exalcaldes de Hatonuevo y San Juan del Cesar, ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Caribe, para financiar con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). El documento establecía que se debían adecuar, reconstruir y construir un parque infantil y recreativo para cada uno de los municipios.
El OCAD Caribe determinó que la Alcaldía de Hatonuevo sería la contratante de la obra. Es decir, estaría a cargo de seleccionar el contratista y el interventor, y garantizar que se hiciera la construcción. El proyecto de infraestructura tiene un presupuesto total de 5.452 millones de pesos, para El Cacique se destinaron 2.700 millones y para el parque “El Porvenir” en Hatonuevo, los otros 2.700 millones de pesos restantes. El contrato de la interventoría de la obra para ambos municipios costó 404 millones de pesos. El Consorcio Parque Infantiles 2020 tenía que entregar terminado el parque El Cacique el 30 de diciembre de 2020.
La estatua de Diomedes Díaz no estaba incluida en el proyecto inicial porque no se pueden financiar obras de arte con recursos de regalías. Sin embargo, Luis Manuel Daza, exalcalde fallecido de San Juan del Cesar, se comprometió con la comunidad a gestionar la compra de la imagen del cantante que había sido fabricada por Jhon Peñaloza, escultor de Valledupar. Al respecto, el alcalde de Hatonuevo dice que el monumento fue donado por el contratista y “no costó un centavo público”. “Los entes territoriales tenemos prohibido hacer donaciones a particulares o entes que no sean el propio municipio”, explica.
Las irregularidades
Además de la deficiente instalación de las baldosas y las falencias en el desagüe de las aguas lluvia, la comunidad ha denunciado que nunca se instaló una valla con información sobre el proyecto. Tampoco se han instalado todas las luminarias, no se han construido los cicloparqueaderos y no se han vuelto a poner los espaldares de la silletería que fueron enviados a mantenimiento porque se zafaron a medida que la gente comenzó a usarlas. Además, la zona verde no cuenta con plantas de la región que puedan resistir a las temporadas de sequías. “Quedamos en que iba a dar trinitarias (veraneras). Ya era hora que las hubiesen sembrado porque está lloviendo con frecuencia para que ellas puedan crecer”, dice Ariza.
Por eso, muchas personas en La Junta se preguntan dónde está la plata que se debió invertir. La comunidad sostiene que es imposible que la construcción actual haya costado casi 3 mil millones de pesos. “Estuve viviendo en Patillal y allá hicieron un parque maravilloso, costó 5.000 mil millones de pesos. Pero es un parque que tiene prácticamente doce hectáreas. La misma obra pudo haberse hecho acá con 2.700 millones de pesos. Acá no hay siquiera una hectárea construida, hay 8.000 y pico de metros mal construidos”, dice Libardo López, veedor del parque.
Qué dicen los responsables
Hace un mes, Álvaro Díaz, alcalde de San Juan del Cesar, envió una carta a Luis Arturo Palmesano, alcade de Hatonuevo, y al representante de la empresa contratista Consorcio Parques Infantiles 2020 para que revisaran las fallas en la construcción. “Mediante una inspección de la obra se evidenciaron las siguientes irregularidades en algunas actividades ejecutadas: grietas que se están presentando en losas de concreto y bordillos, estancamiento de aguas lluvias en áreas considerables y desprendimiento del piso en tablón por NO (sic) cumplir con el proceso constructivo adecuado en varias áreas del parque El Cacique”, dice el documento.
El 15 de mayo, el Alcalde de Hatonuevo y el interventor recorrieron las obras y se reunieron con la comunidad, algunos concejales y Rafael Humberto Frías, secretario de Planeación de San Juan del Cesar para verificar las falencias. Durante la visita, Palmesano ordenó realizar un estudio a la mezcla que había sido utilizada para pegar las baldosas y un modelado hidráulico para evitar el empozamiento de las aguas en el parque.
A pesar de los reclamos de la comunidad y de la alcaldía de San Juan del Cesar, el alcalde Palmesano insiste en defender la obra y afirma que solo faltan algunos detalles para que sea entregada este mes. Sobre las diferencias con los planos, dice que no son su responsabilidad porque él solo llegó a ejecutar una obra que ya estaba aprobada. Además, asegura, que el problema con el suelo se debió al mal estado del pegamento. “Se utiliza un pegante especial para eso. Se compró el de mejor calidad pero lo que pasó es que algunas de las bolsas de los lotes que se compraron estaban vencidas. ¿Cómo se corrigió? Se quitaron las baldosas de nuevo, se compró nuevamente el pegante de la mejor calidad y se verificó que este lote estuviera con fecha vigente”, dice.
En cuanto a los baños, afirma que el proyecto no incluía la construcción de alcantarillado y se dejará instalado el pozo séptico. Sobre el jardín expresa que “la comunidad solicitó que se echara un tipo de gravilla para embellecer” y se sembraron las plantas como se había solicitado.
Palmesano asegura que no ha habido corrupción y destaca, inclusive, que el proyecto costó menos de lo presupuestado inicialmente. “Todo se ha manejado con transparencia desde la contratación pública, que fue abierta, y así mismo se dio con el proceso de adjudicación. Se ha desarrollado la obra como estaba contemplada en el proyecto, que inicialmente era casi de 6.000 millones de pesos y bajó a menos de la mitad: 2.900 (millones de pesos) incluida la interventoría y los descuentos del Estado. Se hizo un parque muy bonito”, dice Palmesano.
Hasta la fecha, la obra no ha tenido ningún seguimiento por parte de los entes de control. Además, la veeduría, aseguran Libardo López y Fidelia Ariza, nunca funcionó y fueron algunos líderes de la comunidad quienes se convirtieron en veedores. “Vi una raja en el concreto que se estaba dilatando y tomé foto. Luego, cuando llovió vi la piscina y dije ‘ve, no habían dicho que esto iba a tener una piscina’ y tomé una foto. Donde pusieron la estatua de mi compadre también quedaba agua empozada y le tomé foto. Se las envié al Secretario de Planeación y así se hizo presión al Alcalde”, cuenta Rubén Darío Araujo, uno de los amigos íntimos de Diomedes Díaz.
Rafael Humberto Frías, secretario de Planeación de San Juan del Cesar, dice que su administración sólo tiene la responsabilidad política de hacer control social. “Al municipio de Hatonuevo le corresponde como ejecutor contratar la interventoría y como ejecutor le corresponde, dentro de sus competencias, el ejercicio de la supervisión. Son ellos los que tienen que responder por la ejecución de la obra de conformidad como fue diseñada”, explica. “Hasta ahora hemos hecho algunos controles de advertencia y hemos interactuado con el municipio de Hatonuevo para que se mejore la calidad de las obras en cuanto a especificaciones técnicas, tomando como base las quejas que ha presentado la comunidad”, agrega Frías.
Para Libardo López es evidente que la comunidad se tendrá que conformar con lo que les entregaron. “La apuesta últimamente es corregir algunos detalles de construcción, pequeños detalles, pero hasta ahí no más. Aquí se destruyó el parque antes de terminarlo, y lo que lo destruyó fue la mala calidad de los materiales y la aplicación de los mismos. La infraestructura de la obra no se va a mejorar, esto queda así y nosotros los junteros tenemos que acostumbrarnos a ver esta cosa que ellos llaman parque”, dice.
"La infraestructura de la obra no se va a mejorar, esto queda así y nosotros los junteros tenemos que acostumbrarnos a ver esta cosa que ellos llaman parque”
Libardo López, veedor y periodista de La Junta
Qué dice la gente de La Junta
En el corregimiento esperaban que el parque estuviera listo el 26 de mayo, para celebrar el cumpleaños número 56 de Diomedes Díaz, a quien conocen como “El Cacique de La Junta”. Pero, al igual que en 2021, ese día no pudieron inaugurar la obra. La celebración a su ídolo, a quien además le agradecen el surgimiento del turismo como fuente de empleo, quedó empañada. La construcción hoy es, además, un punto de discordia entre quienes defienden a la administración de Hatonuevo y las demás personas que creen que poco se cumplió de lo prometido en los planos.
Lo que sigue
Esta semana, la Corte Constitucional revisó el fallo de tutela del Consejo de Estado que regresó a Hamilton García Peñaranda a la alcaldía en julio de 2021. Aunque todavía no hay un comunicado oficial del alto tribunal, el abogado Carlos Mario Isaza —quien representa a García— dijo en una entrevista con Cardenal Stereo que la Corte Constitucional avaló la decisión tomada el año pasado por la sección tercera del Consejo de Estado. Con esta decisión, que habría sido tomada por los magistrados este jueves 9 de junio, el mandatario podrá terminar su periodo en 2023.
Además, se pondría punto final a la inestabilidad política que vivió el municipio desde inicios de 2021, cuando el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira ordenó anular la elección del alcalde al considerar que el mandatario estaba inhabilitado para aspirar a un cargo público por tener parentesco en segundo grado de consanguinidad con Flor Elvira García Peñaranda. García Peñaranda se desempeñaba para la época de campaña electoral como gerente del Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha.
Fabián Acosta Peralta, quien es licenciado en Psicopedagogía y magíster en Ciencias de la Educación, se posesionó esta semana como secretario de Educación de La Guajira. Acosta tiene experiencia como docente de tiempo completo en Dibulla y fue secretario de Educación de ese municipio durante la Alcaldía de Bienvenido José Mejía Brito (2016-2019), quien es el actual contralor del departamento. Aunque el nombre de Acosta Peralta no es muy conocido en La Guajira, los rectores y docentes esperan que con su llegada al cargo finalmente consigan avanzar con la contratación de personal de aseo y seguridad, las mejoras en la infraestructura de los colegios y el nombramiento de más docentes.
Los directivos del sur del departamento llevan seis meses exigiendo que mejoren las condiciones en las instituciones educativas para el correcto desarrollo de las clases presenciales. En abril habían llegado a un acuerdo con Olidey Meza Freyle para que se hicieran inversiones en estos frentes, pero no pasó nada. Acosta es el tercer Secretario de Educación que ha tenido el departamento desde que Nemesio Roys asumió como gobernador en 2020.
El Ministerio del Interior entregó esta semana cinco motocicletas a la Policía de Fonseca para que los uniformados puedan aumentar la frecuencia y el número de rondas de patrullaje por el municipio. La entrega de la dotación se realizó en el marco de la Cumbre de Gobernadores, en la que el ministro Daniel Palacios anunció la destinación de 786 millones de pesos para mejorar la seguridad en Fonseca, Maicao y Riohacha. El capitán Breyner Bustos, comandante de la Policía municipal, dijo que con esta dotación priorizarán los barrios 12 de octubre, Prudencio Padilla, 8 de enero y Villa Hermosa, donde se han identificado más casos de microtráfico y lesiones personales.
Por su parte, el alcalde Hamilton García se reunió esta semana con miembros de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Fonseca (Acoemprofon), quienes han protestado por los robos de los que han sido víctimas. “Nos sentimos preocupados y por eso levantamos nuestra voz de protesta porque si no hacemos nada nosotros, acá no va a pasar nada”, dice Martha Acosta, una de las representantes de la asociación. Durante la reunión, el mandatario se comprometió a aumentar el pie de fuerza, instalar 35 cámaras de seguridad en menos de dos meses, prohibir el parrillero en moto y formalizar a los mototaxistas.
Una comisión del resguardo de Mayabangloma, liderada por el cacique gobernador Ederman Uriana, expuso las afectaciones que ha sufrido esta comunidad por la represa del río Ranchería durante una audiencia pública organizada por la Comisión Legal Afro del Congreso en San Juan del Cesar. Alfredo Uriana, líder indígena de Mayabangloma, denunció que el agua está siendo desviada a los monocultivos de palma y arroz, mientras en la comunidad sufren sequías.
“No se piensa en el wayuu que se está muriendo de hambre en Uribia porque no hay agua. Pa’l Cesar se está yendo al parecer una tubería más grande y nosotros que tenemos el agua aquí no la vamos a ver, porque allá hay más voluntad del gobierno”, dijo Uriana. “En Mayabangloma no tenemos un acueducto. Uno se siente solo y desamparado”, agregó. Ante la falta de soluciones de fondo de las autoridades, Uriana invitó a las comunidades afectadas a unirse. Además, los y las participantes no descartan tomarse de manera pacífica la represa. Puede ver el video de la audiencia pública aquí.
Unas 20 familias de las veredas Cañaboba, Las Iguanas y Trigo quedaron incomunicadas con el casco urbano de Fonseca este miércoles 7 de junio, por el desbordamiento del río Masteban y el arroyo La Quebradita. Estas inundaciones afectaron, además, los cultivos de yuca, plátano y maíz, generaron la pérdida de animales domésticos y afectaron las clases de los niños y niñas porque no había vías para transportarse. Los líderes veredales han pedido ayuda de las autoridades pero hasta el momento no había una respuesta.
“Llevamos varios días comunicándonos con Corpoguajira, con el alcalde Hamilton García Peñaranda y con Luis Alberto Borja, el director de Riesgos y Desastres, para que por favor tomen cartas en el asunto porque hay muchas familias que no tienen abastecimiento de alimentos y agua, pero no hemos obtenido ninguna ayuda por parte de la administración municipal frente a esta emergencia", dice Noira Argote Peralta, presidenta de la Junta de Acción Comunal de estas veredas. “En estos momentos la comunidad residente en esta zona se encuentra totalmente incomunicada”, agrega.
Fabián Acosta Peralta se posesionó esta semana como secretario de Educación de La Guajira. Acosta viene de desempeñarse como docente en el municipio de Dibulla y contratista del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Fue también Secretario de Educación de Dibulla durante la Alcaldía de José Mejía Brito (2016-2019), quien es el actual contralor del departamento. Aunque el nombre de Acosta Peralta no es muy conocido en La Guajira, los rectores y docentes esperan que con su llegada al cargo finalmente consigan avanzar con la contratación de personal de aseo y seguridad, las mejoras en la infraestructura de los colegios y el nombramiento de más docentes. Los directivos del sur del departamento llevan seis meses exigiendo que mejoren las condiciones en las instituciones educativas para el correcto desarrollo de las clases presenciales. En abril habían llegado a un acuerdo con Olidey Meza Freyle para que se hicieran inversiones en estos frentes, pero no pasó nada.
Acosta es el tercer Secretario de Educación que ha tenido el departamento desde que Nemesio Roys asumió como gobernador en 2020.
Los líderes de las comunidades indígenas y campesinas de Caracolí denunciaron esta semana que la construcción de la represa El Cercado acabó con los cultivos tradicionales de sus veredas y solo ha beneficiado a algunos cultivadores de palma y arroz del Cesar y La Guajira. Sus reclamos se dieron durante una audiencia pública organizada por la Comisión Legal Afro del Congreso en Caracolí para conocer, precisamente, los problemas que ha ocasionado el megaproyecto que permanece detenido desde hace 12 años. En el encuentro participaron alrededor de 100 personas del municipio y de Fonseca, el alcalde Álvaro Díaz y el gobernador (e) Alberto Ariza Cujia.
Marcelino Camargo, líder comunal, y Ladimiro Vallejo, presidente de la Junta de Acción Comunal, recordaron que el proyecto de la represa que contiene las aguas del río Ranchería incluía la adecuación de nueve acueductos para las comunidades, y debía favorecer a las comunidades de nueve municipios del sur de La Guajira a través de nueve distritos de riego y una hidroeléctrica. “La represa solo generó un impacto ambiental destruyendo fauna y flora. Además, destruyó la economía de los caracoliceros porque producíamos una de las mejores yucas de la región y deterioró nuestra vía de acceso“, dijo Camargo. Por su parte, Víctor Loperena, líder de los wiwa, denunció que nunca fueron consultados por el gobierno nacional antes del inicio del proyecto y que cerca de 65 espacios sagrados quedaron bajo el agua.
Las comunidades que participaron no descartan tomarse de manera pacífica la represa si no responden sus denuncias y se solucionan las deficiencias de la primera fase de la construcción de la represa. Reviva la audiencia pública acá
El ciclismo aficionado toma fuerza en el municipio. Esta vez, 150 ciclistas profesionales y aficionados participaron de la primera edición de la Ruta del Cambio, un recorrido de 17.3 kilómetros, que inició desde el Palacio municipal hasta el corregimiento La Junta, cuna de Diomedes Díaz. La jornada, que se desarrolló el pasado 5 de junio y fue organizada por la Alcaldía en el marco del Día Mundial de la Bicicleta, tenía como objetivo promover el uso de este vehículo para tener hábitos de vida saludable y proteger el medio ambiente. “La práctica de este deporte permite que los jóvenes se alejen del alcohol y las drogas, y generar hábitos saludables. También ayuda a generar conciencia ambiental entre los habitantes del municipio”, dice Rafael Augusto Daza, coordinador de ciclismo de San Juan del Cesar.
Wilmar Frías, Nelson Frías, Kike Vega, Laura Severiche, Jesualdo Morales conocido como el hijo de la selva y Enrique Vega Mindiola participaron en el Encuentro Internacional de Literatura al Mar. El evento itinerante –que es organizado por la escritora sanjuanera Delia Bolaño desde hace diez años– se inició el pasado 5 de junio en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (Infotep) con un intercambio poético con escritores de Perú, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos y otros lugares de Colombia. Durante los dos días que permaneció el evento en el municipio, se realizaron talleres y conversatorios en distintos colegios.
“Ese intercambio es enriquecedor porque en los escritos hay vivencias y sentimientos. Conocemos y afianzamos más ese arte. Estos eventos permiten que la letra, la poesía y la literatura no se marchiten y deberían hacerse más de una vez al año”, dice Laura Severiche, poetisa de San Juan del Cesar. El encuentro Literatura al Mar también ha recorrido Riohacha, Manaure, Uribia y concluirá el próximo 12 de junio en el Cabo de la Vela.
Los representantes de los 15 consejos comunitarios afro del municipio le propusieron al Ministerio del Interior crear una mesa técnica en la que puedan abordar los requisitos para la titulación de tierras el pasado 3 de junio durante una capacitación del Ministerio sobre los planes de etnodesarrollo. Según los líderes, esto les permitirá avanzar en tareas relacionadas con la defensa de su derecho a una propiedad colectiva para desarrollar iniciativas productivas y salvaguardar su identidad cultural.
“La gente está cansada de esas entre comillas capacitaciones del Ministerio del Interior porque nunca se llega a nada concreto”, dice David Martínez, asesor de los consejos comunitarios Caminos hacia el Desarrollo y Rafael Zúñiga. Martínez destaca el acuerdo de la creación de la mesa. “Se plantearon varios temas que se deben tratar: concesiones mineras, titulación minera, tierras ancestrales sin titular, inscripciones de los consejos comunitarios. Es necesario debatir todos estos temas para que los consejos tengan claro cuáles son las tierras que se les pueden adjudicar”, agrega.
Por qué es importante
Según informe del plan de desarrollo de la Alcaldía de Plato para el período 2020-2023, la producción agrícola en el municipio ha disminuido en un 70 por ciento por factores ambientales, como las altas temperaturas y las sequías, así como las intensas olas invernales y las inundaciones en varias zonas del área rural.
Qué está pasando
Las y los campesinos de Plato, en la subregión centro del Magdalena, han perdido gran parte de sus cultivos por las inundaciones a causa del adelanto de la ola invernal. A pesar de estar en una zona privilegiada geográficamente a orillas del río Magdalena y ser parte del complejo Cenagoso de Zárate, Malibú y Veladero, tienen dificultades para subsistir y abastecer el mercado local desde hace por lo menos tres meses.
Los detalles
Ramón Hernández Osorio cultiva en los playones de Plato desde hace 30 años, y dice que este año perdió toda su cosecha por el adelanto de las lluvias. Hernández siembra, sobre todo, yuca y maíz. “El río creció en marzo porque este año la creciente se adelantó. El río creció y se hundió todo”, afirma.
Pero las inundaciones no afectan solamente a las y los campesinos sino también a los consumidores de yuca, el principal producto cultivado en Plato, y de otros alimentos como la ahuyama, el ajonjolí, el frijol, el maíz tradicional y la patilla que escasean en el mercado local. “Los campesinos están arrancando la yuca delgadita porque el agua se las está llevando toda y esa no es apta para el consumo. Me ha tocado comprar en otros pueblos como en El Carmen de Bolívar, San Jacinto y Tierra Alta Córdoba para poder abastecer al municipio”, afirma Jairo García, un comerciante que trabaja en el mercado desde hace 20 años.
A la escasez de alimentos se ha sumado el aumento de los precios de los productos de la canasta básica familiar y de los insumos agrícolas. Esto es evidente, sobre todo, en el caso de la yuca, que es muy difícil encontrar en las tiendas de barrio. Cuando hay yuca en las tiendas, la libra puede llegar a costar 1.500 pesos, a pesar de que antes solía costar 500 pesos. Por otro lado, según el agricultor Armando Mulford, un veneno para los cultivos costaba 40 mil pesos y ahora se consigue por 140 mil pesos.
La apuesta de la alcaldía para hacerle frente a esta situación ha sido fortalecer otras líneas de producción de alimentos. “Es una situación compleja porque tiene un componente humano que incluye al campesino en su tarea y en una tradición que viene desde hace muchos años; pero aparte de eso implica un tema predial y un tema ambiental, porque esas playas hacen parte de un humedal”, sostiene Carlos Lara, Coordinador de Desarrollo Agrícola de la alcaldía. Lara cuenta que el año pasado, la administración municipal les ofreció unas capacitaciones al Comité de playeros Aribote para elaborar un silo de maíz. “Les dimos una herramienta que les permitiera que cosechar el producto de otra manera al momento en que vieran que el cultivo no iba a llegar a feliz término. Así, podían vender toda la materia verde, la mata completa picada y empacada, y nosotros les ayudamos a conseguir clientes para vender esto”, cuenta.
Lo que sigue
En Plato, no hay una salida clara para la crisis. Los agricultores que pueden se dedican a otras actividades como la pesca y oficios varios. Nilson Ávila, dice que aunque el oficio se hace cada vez menos rentable, prefiere no perder la fe. “Hay que salir otra vez a cultivar con las mismas ganas a ver si en el próximo año recogemos lo perdido”.
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En los comicios del pasado 29 de mayo, Gustavo Petro superó a Federico Gutiérrez con 6.398 votos. Gutiérrez, por su parte, obtuvo 5.412 votos, y Rodolfo Hernández, 4.092. Estos resultados marcaron un giro en la tendencia política del municipio, donde siempre habían sido elegidos candidatos de partidos tradicionales. Para Bety Daza, promotora de la campaña del Pacto Histórico, “esto es una muestra que el pueblo y sus corregimientos están diciendo que quieren cambio y están cansados de los políticos tradicionales que siempre vienen con la misma cantaleta y los mismos fraudes”. “Es un triunfo grande que se hizo sin compra de votos”, agrega.
Por su parte, Claudia Daza, promotora de la campaña de Federico Gutiérrez, asegura que el triunfo de Petro “fue la tendencia en el departamento, pero también la abstención marcó este proceso”. El próximo 19 de junio, se definirá quién será el futuro presidente: Petro o Hernández. La campaña del Pacto Histórico intentará duplicar la votación e invitar a los abstencionistas a votar.
El programa Familias en su Tierra, coordinado por Prosperidad Social, donó una unidad odontológica, una planta eléctrica, camillas, sillas y otros implementos al puesto de salud de La Junta el pasado 27 de mayo. En el corregimiento viven 80 familias beneficiarias del programa, quienes decidieron que el programa invirtiera en el puesto de salud para mejorar las condiciones del lugar. Con la llegada de esta dotación, el médico encargado por el Ministerio de Salud retomará el servicio permanente en el pueblo.
Para Libardo López, veedor de la Junta de Acción Comunal de La Junta, esta donación también mejorará la calidad de los servicios turísticos que ofrecen en el corregimiento. “A buena hora llegan debido al momento que está viviendo la junta con la reactivación turística por el legado que nos dejó Diomedes Díaz”, dijo López. María Isabel González, gerente del Hospital San Rafael, invitó a la comunidad a vigilar el uso adecuado de los equipos recibidos.
Aunque Luis Díaz nació en Barrancas, a 40 minutos de San Juan del Cesar, el municipio se paralizó durante el debut del guajiro en la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool, el pasado 28 de mayo. Durante las dos horas del partido, algunas clases universitarias se aplazaron, y muchas personas se dieron cita en las tiendas de los barrios y corregimientos para ver el juego que ganó el Real Madrid 1-0. La fama de Luis Díaz en el fútbol europeo ha movilizado proyectos deportivos al sur de La Guajira. En abril pasado, la Fundación Luis Díaz anunció una alianza con el Ministerio del Deporte para construir nueve escuelas en Barrancas y Fonseca.
Aleider Silva, habitante del corregimiento Corraleja, encontró esta semana unos restos humanos y varios pedazos de vasijas de barro a orillas del río Capuchino, que baja de la Serranía del Perijá, mientras estaba de paseo con sus hijos. El material hallado fue entregado a Alcides Vence, cabildo gobernador del asentamiento Cariachil. Vence trabajará con el Instituto Colombia de Antropología e Historia (ICANH) para determinar la antigüedad de las piezas y la cultura precolombina a la que pertenecen. La comunidad ve en los hallazgos arqueológicos una oportunidad turística para la región. Este hallazgo se suma a otros de tinajas de arcilla encontrados en años anteriores que fueron replicadas y donadas a la escuela primaria del corregimiento.
Rocío Araujo, magistrada del Consejo de Estado, admitió esta semana una demanda interpuesta por más de diez excandidatos de las curules de paz de la circunscripción 12 contra la elección de Jorge Tovar como representante de las víctimas de los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena. Juan Ariel Hinojosa, candidato de San Juan del Cesar, hace parte del grupo de accionantes.
La jueza Araujo consideró que Jorge Tovar no cumple con el requisito de tener un arraigo territorial en la zona rural y habría incurrido en doble militancia durante la campaña política. Desde finales del año pasado, los excandidatos habían protestado por la candidatura de Tovar pues consideran que no cumple con la idoneidad del cargo por su relación de consanguinidad con el exjefe paramilitar Jorge 40, quien actuó en la zona.
Esta semana el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito le ordenó a la Alcaldía de Fonseca reanudar la construcción del barrio Cristo Rey en un plazo de dos meses y entregar en un año las casas a las 175 familias que aún no han recibido sus viviendas. La decisión la tomó el juez el pasado 26 de mayo en respuesta a seis tutelas interpuestas por algunos beneficiarios al Ministerio de Vivienda por la vulneración de su derecho a una vivienda digna. El fallo a favor de los beneficiarios tendría efecto comunitario, es decir, beneficiaría a todos las víctimas que están en la misma situación.
El Juzgado, además, compulsó copias del fallo a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía para que ejerzan sus competencias. Cabe recordar que la orden del juez de San Juan del Cesar se da después de que en marzo, el Ministerio de Vivienda le pidiera al alcalde Hamilton García que devolviera 991 millones de pesos que se habían destinado para construir Cristo Rey.
Esta semana, 65 padres y madres de familia de la escuela Clotilde Poveda radicaron una carta ante la Secretaría de Educación departamental y municipal. En el documento alertan sobre los retrasos en la formación de los y las estudiantes de quinto grado porque no se ha nombrado una nueva docente, desde que se retomó la presencialidad en enero. “Nos prometieron que después de iniciadas las clases inmediatamente nombrarían al docente del grupo que falta, ya casi es medio año trabajando y aún no hay respuestas positivas”, se lee en la carta.
Los padres y madres también se quejan de las deficiencias en la infraestructura de la sede y la falta de personal de aseo para garantizar los protocolos de bioseguridad. Sobre todo, porque desde comienzos de año los docentes alternan las clases presenciales entre dos grupos de alumnos pues la cantidad de estudiantes aumentó y no tienen suficiente espacio para estudiar. “Nuestros hijos lloran y preguntan por el día en que puedan asistir como los otros niños a la escuela. No queremos más alternancia, queremos presencialidad total”, dicen en la carta.Los directivos reconocen que esta situación está llevando a que los alumnos se desacostumbren al hábito de estudio.
El envío de la carta se da en medio de la renuncia de la Olidey Meza Freyle como Secretaria de Educación de La Guajira a finales de mayo. Por el momento, José Jaime Vence está a cargo de la Secretaría mientras el gobernador Nemesio Roys nombra a alguien más.
En las elecciones del pasado 29 de mayo participaron 14.689 personas de las 30.593 que estaban habilitadas para votar. El candidato presidencial Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez lograron la más alta votación con 9.396 votos. Con esa cifra, el Pacto Histórico se consolida como una fuerza política en Fonseca, que tradicionalmente ha sido liberal. En el segundo puesto estuvo Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara con 2.397 votantes y en tercer lugar, la dupla de Rodolfo Hernández y Marelen Castillo con 2.091 votos.
El próximo 19 de junio se realizará la segunda vuelta de elecciones, en el que los fonsequeros escogerán entre Petro y Hernández. Luis Dario Ortiz, coordinador de campaña del Pacto Histórico en Fonseca, asegura que esperan conseguir 12 mil votos ese día. Por otra parte, aunque la campaña de Hernández no ha sido tan fuerte en el municipio, es posible que los seguidores de Federico Gutiérrez se vuelquen a hacerle propaganda en las próximas semanas.
Además
El pasado 28 de mayo concluyó la primera etapa para que los venezolanos y venezolanas en Fonseca obtuvieran el Permiso de Protección Temporal (PPT), un documento indispensable para la población migrante porque regulariza la situación migratoria y facilita el acceso a derechos como la salud, educación y el trabajo. Durante un año, los funcionarios de Migración Colombia recibieron a las personas que por primera vez iban a realizar el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV). El proceso se retrasó pues Migración Colombia identificó inconsistencias en la información recogida de 229 personas. Dentro de los próximos tres meses, se espera que reciban el carné del PPT. En Fonseca residen 8.086 venezolanas y venezolanos, según las últimas cifras de Migración Colombia de agosto de 2021. Esto lo convierte en el tercero municipio de La Guajira que más población migrante recibe.
Los habitantes de las veredas Los Toquitos y Quebrachal del sector Almapoque protestaron el pasado 24 de mayo por la contaminación auditiva y ambiental que generan las volquetas que transitan por la vía principal. A los habitantes les preocupa principalmente el aumento de enfermedades respiratorias entre los 20 niños y niñas de la Unidad Comunitaria de Atención (UCA). Además, alertaron del deterioro del corredor vial que conecta al casco urbano con nueve veredas productoras de yuca, maíz, cría de pollo y huevos, y es la vía de acceso al relleno sanitario intermunicipal del sur de La Guajira.
“Decidimos hacer un plantón en forma de protesta por el exceso de velocidad con que se movilizan las volquetas, que traen un material que sacan de una cantera. Esto pone en riesgo la vida y la salud de niños, personas de la tercera edad y habitantes en general con la generación de polvos que está causando afectaciones respiratorias. Acordamos con el propietario sacar de circulación las volquetas doble troque de la vía pavimentada, porque este pavimento no tiene capacidad para esos equipos pesados y nos está dañando la vía", cuenta Wilmer Díaz, presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Toquitos.
Después de cinco meses, no hay un registrador posesionado en el municipio. Natalia Rodríguez es la registradora encargada mientras se desarrollan los comicios de este domingo 29 de mayo. En el casco urbano habrá cuatro puestos de votación habilitados: María Auxiliadora, el megacolegio del barrio La Prosperidad, María Emma Mendoza y la Normal Superior. En la zona rural habrá 44 mesas de votación divididas en los 24 corregimientos.
En San Juan del Cesar, las campañas presidenciales se han movido silenciosamente. Sin embargo, los seguidores de Federico Gutiérrez son optimistas por la tendencia política conservadora en el municipio. “Mucha gente está con Fico, se está trabajando para eso aunque puede hacerse una mejor campaña”, dice Claudia Daza, promotora del candidato. Por su parte, Bety Daza, organizadora de la campaña de Petro, espera “vamos a superar la votación pasada. No vamos a decir que vamos a superar los 10 mil votos pero nos acercamos porque se ha hecho una buena campaña”. Sin importar ambas candidaturas, los habitantes coinciden en la importancia de reanudar la operación de la represa del río Ranchería. “La gente quiere un cambio, que se le invierta al campesinado. Sea Petro, Fico o Rodolfo Hernández les pido que cumplan con sus propuestas y acaben con tanta pobreza”, dice Elder Iguarán, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Corraleja.
Esta semana circularon por Whatsapp tres audios en los que amenazan con asesinar a las personas que voten por Gustavo Petro y en otro, afirman que supuestamente las Autodefensas Unidas de Colombia extenderían el paro armado hasta el 25 de mayo. Esto ha generado incertidumbre entre los habitantes de la zona urbana y rural del municipio, porque temen participar en las elecciones del domingo 29 de mayo. “Hay rumores que si gana Petro habrá muchos muertos. Ninguna autoridad dice nada por esas grabaciones”, dice un habitante del vecino del Hospital San Rafael.
Al respecto, el alcalde Álvaro Díaz, en entrevista con Cardenal Estereo, intentó dar un parte de tranquilidad. “Hay una alerta pero las autoridades estamos garantizando la realización normal de las elecciones”. Asimismo, aseguró que hay destinados 100 millones de pesos para logística, que se utilizarán ante cualquier eventualidad.
El jueves 26 de mayo, los concejales se comprometieron a enviar un oficio al Alcalde para coordinar una reunión con él y los consejeros municipales de juventud. El anuncio se dio durante una sesión en la que cuatro consejeros denunciaron las dificultades que han tenido para sesionar por falta de interlocución con la Alcaldía. Dijeron que hasta el momento no se ha dado una reunión oficial con el mandatario; no han recibido el auxilio económico, ya que varios jóvenes son de la zona rural, y tampoco cuentan con papelería para funcionar, como lo establece la Ley Estatutaria 1622 de 2013.
"Esperamos que nos cumplan con llevar esta información hacia el alcalde, a ver si nos dan los recursos, nuestras herramientas para poder trabajar", manifiesta la consejera Izamar Cujia Díaz. “Primero vamos a indagar cómo está la situación con los consejeros de juventud y, posteriormente, mirar qué podemos hacer para propiciar estos encuentros. Es necesario que los jóvenes puedan sesionar”, dijo Leonardo Gámez, presidente del Concejo. Esta no es la primera vez en que los consejeros hacen estas denuncias. El 9 de mayo, enviaron un derecho de petición al mandatario municipal para conocer las acciones que se están haciendo para cumplir La Ley Estatutaria. La respuesta fue: “se gestionó ante el Concejo Municipal el préstamo de las instalaciones para que puedan realizar las sesiones (...) Asimismo, se están realizando las gestiones presupuestales”.
Rosa Elvira Díaz y Marena Rocío Díaz, las hijas mayores de Diomedes Díaz, conmemoran el cumpleaños de su padre con una misa el pasado 26 de mayo en la iglesia de La Junta. A la ceremonia asistieron cerca de 15 fanáticos. Al final de la tarde, turistas y pobladores se reunieron en la estatua del “Cacique” para celebrar. Jhon Jairo Acosta, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento, lamentó que durante la jornada no hubo participación de la Alcaldía municipal para desarrollar otro acto público. “Yo no me explico por qué tienen tanto desapego si en el tema del turismo este pueblo ha sido el más fuerte en todo el departamento por lo de la Ruta del Cacique”, dijo.
En la madrugada del martes, 69 habitantes del resguardo indígena embera katío El Dieciocho se desplazaron a Medellín por temor a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Según un comunicado del resguardo, el pasado 8 de mayo, en el marco del paro armado decretado por el grupo paramilitar, varias viviendas amanecieron marcadas con las siglas “Agc” y hubo tiroteos alrededor de la comunidad. Por esa razón, dicen, quedaron confinados, lo que “ha afectado las actividades cotidianas y la recolección del pancoger”. A pesar de que desde entonces la población retomó sus actividades diarias, varios miembros de la comunidad continuaron sintiendo miedo. Así lo confirmaron periodistas de Consonante que visitaron el resguardo esta semana.
La Alcaldía municipal, la Personería y la organización Asorewa supieron de esta situación el 11 de mayo, cuando la comunidad les remitió cartas pidiendo su ayuda. Adanies Palacios Rivas, personero de El Carmen de Atrato, afirma que ese mismo día, cuando recibieron la comunicación de la comunidad, pusieron la situación en conocimiento de la Fuerza Pública. “Ayer hicimos un comité de prevención y reparación con la Alcaldía de Medellín y hoy (viernes) hicimos un comité de justicia transicional aquí en El Carmen para definir la ruta a tomar. El 2 de junio haremos la visita a la zona y la verificación de los hechos”, dice Palacios.
A dos días de la elección de la presidencia y vicepresidencia, la Registraduría se prepara para instalar 17 mesas en cinco puntos del municipio, mientras que la política electoral se ha movido en silencio. Los candidatos que más resuenan son Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, aunque Rodolfo Hernández ha ganado en la última semana gran popularidad entre los carmeleños, especialmente por redes sociales y WhatsApp, a pesar de que no hay un líder de campaña visible ni un comité estructurado. Varias personas repiten la frase de que “este país necesita un cambio” y hablan de no tolerar la corrupción. Tiene 4 pasacalles ubicados en la zona urbana y en la vereda el siete. La campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez, que viene sonando desde las elecciones anteriores por cuenta de la consulta del Pacto Histórico, se ha hecho desde el voz a voz, por redes sociales y con volanteo, pues tiene un comité de campaña Incluso, este 26 de mayo una delegación de esta campaña asistió a un evento con Francia Márquez en Quibdó. Federico Gutiérrez, por su lado, tiene el apoyo del partido de la U y de algunos sectores del partido liberal. Sin embargo, no cuenta con comité conformado oficialmente ni una sede de campaña. En el pueblo hay dos pasacalles en la zona urbana, propaganda en algunas de viviendas y en vehículos.
Pocas personas hablan sobre por quién van a votar, sin embargo, sí mencionan algunos tema que los motivan. Fany Restrepo, por ejemplo, dice que le pide al próximo presidente “acabar con la corrupción y desigualdad tan grande que hay , que le den más oportunidades a los jóvenes de ejercer sus profesiones”. A Juan Carlos Muñoz, por su parte, le preocupa la economía. “La exigencia que yo tendría para con el presidente es que vuelva a reactivar sobre todo el campo y la agricultura, porque somos un país netamente agrícola y ha quedado demostrado que cuando el país ha estado activo en la agricultura, la economía es fluida”. Hasta el día de hoy nada se escucha acerca de pagos por votos, ni de vehículos que vayan a dirigirse a las veredas a recoger votantes.
Tal y como lo advirtieron hace cuatro semanas, los diez resguardos indígenas del municipio iniciarán un paro desde la medianoche del próximo lunes 30 de mayo por el incumplimiento de los acuerdos pactados con la Gobernación del Chocó y la Agencia Nacional de Tierras, entre otras entidades. Así lo confirmaron a través de un comunicado publicado el jueves. Las comunidades piden respuestas sobre la construcción de un colegio, la titulación de la tierra que habitan y la atención en salud de niños y niñas. “Nuestra prioridad es la titulación del territorio, proyectos productivos y deporte y cultura. Pero nos deben tener en cuenta a nosotros”, dijo Julio Cesar Querágama, líder indígena, en entrevista con Consonante hace un mes.
El Concejo Municipal citó esta semana al alcalde Jaiberth Ríos Oquendo para que explique qué acciones tomará la administración municipal para atender a las ocho familias que viven en el edificio del antiguo sanatorio de tuberculosis, en el Pueblo de la Memoria Histórica, hace aproximadamente siete años. Según el presidente del Concejo, Diego Fernando Jiménez, les preocupa el estado de la infraestructura del sitio y las condiciones en las que viven las personas. La sesión es este viernes 27 de mayo a las 5:00 p.m.
